Capítulo I
¿UNA IDEA NUEVA?
Por «renta básica» entendemos aquí un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida. Nacida de los anhelos que han hecho suyos, de forma independiente, numerosas personas que han vivido en épocas y en lugares distintos, esta propuesta ha sido denominada de forma muy diversa, habitualmente por la conjunción de un sustantivo —«renta», «subsidio», «dividendo», «prima», «salario»— y un adjetivo o complemento —«universal», «general», «garantizado», «nacional», «de base», «del ciudadano», «de ciudadanía», «de existencia»—, así como, en ocasiones, por una palabra compuesta —«borgerløn», «basisinkomen», «demogrant».
Cada una de estas expresiones presenta sus ventajas y sus inconvenientes. «Subsidio universal»,* por ejemplo, tiene la ventaja de suscitar una analogía con respecto a la idea de sufragio universal, pero arrastra el inconveniente de apuntar a un vínculo necesario con cierta perspectiva a escala mundial. «Renta de base», prevaleciente en la discusión internacional, presenta la ventaja de evocar la idea de un suelo común a todos con respecto al ingreso, suelo al que se añaden integralmente rentas de otras fuentes, pero también el inconveniente de sugerir un vínculo necesario con cierta noción de necesidades básicas.
«Renta básica»: el baile de los sinónimos
Dividendo territorial: Joseph Charlier, Bélgica, 1894.
State bonus: Dennis Milner, Reino Unido, 1918.
National Dividend: C. H. Douglas, Reino Unido, 1932.
Basisinkomen: Jan Tinbergen, Países Bajos, 1934.
Social dividend: George D. H. Cole, Reino Unido, 1935.
Basic income: George D. H. Cole, Reino Unido, 1953.
Demogrant: James Tobin, Estados Unidos, 1967.
Borgerløn: Niels Meyer y otros, Dinamarca, 1978.
Allocation universelle: Collectif Charles Fourier, Bélgica, 1984.
Bürgergeld: Joachim Mitschke, Alemania, 1985.
Reddito di cittadinanza: CGIL, Italia, 1988.
Revenu d’existence: Henri Guitton, Francia, 1988.
Dividende universel: Christine Boutin, Francia, 2003.
La elección de una denominación atinada dista de carecer de consecuencias, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre la factibilidad política de la propuesta. En cualquier caso, lo que interesa por encima de todo es aprehender plenamente el contenido de la propuesta que se está designando, sobre todo distinguiéndola cuidadosamente de los dispositivos para la seguridad de la renta actualmente existentes. Si bien la aparición de la idea de una renta mínima garantizada se remonta a Moro y Vives, a principios del siglo XVI, la forma particular de ingreso mínimo que representa la renta básica, que asoma la cabeza furtivamente a mediados del siglo XIX, no se convierte en el objeto de un primer (y efímero) auténtico debate hasta inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial.
1. ANTECEDENTES
La asistencia pública: de Moro y Vives a las Poor Laws
Hasta el siglo XVI, la asistencia a los más desfavorecidos se limita en Europa a la caridad local privada, algunas veces coordinada por congregaciones religiosas. La subsistencia jamás se había hallado garantizada y la propia noción de renta mínima se desconocía por completo. Es en Utopía de Tomás Moro (1478-1535), publicada en Lovaina en 1516, donde se encuentra la sugerencia más antigua de una garantía de la renta: el viajero Rafael la recomienda elocuentemente al arzobispo de Canterbury como un instrumento mucho más eficaz que la pena capital para luchar contra la criminalidad.
Pero es a un amigo de Moro, Johannes Ludovicus Vives (1492-1540), humanista catalán de origen judío y profesor en Lovaina, a quien debemos el primer plan detallado y cuidadosamente argumentado de una renta mínima garantizada. Publicado en honor de los burgomaestres y concejales de Brujas, su De Subventione Pauperum (1526) muestra la legitimidad del hecho de que los poderes municipales se hagan cargo de la asistencia a los pobres. Al decir de Vives, la asistencia pública de tal modo instaurada procedería igualmente de la obligación judeocristiana de la caridad y, en consecuencia, se vería alimentada solamente con la limosna libremente dada. Sin embargo, aquélla se mostraría mucho más eficaz que la asistencia privada al hallarse mejor conducida —hacia todos los necesitados y solamente hacia ellos— y al poder ser fácilmente asociada a una legítima exigencia de la prestación de una contrapartida en trabajo: «A ningún pobre que por su edad y su salud pueda trabajar debe permitírsele permanecer ocioso».
La renta mínima garantizada versión Speenhamland
En mayo de 1795, el municipio de Speen, en el sur de Inglaterra, instituye un derecho a un subsidio en metálico para todos los necesitados domiciliados en su territorio. Enfrentados a los tumultos ocasionados por la cuestión del pan y ante la perspectiva de una verdadera hambruna, los magistrados locales dictan una resolución por la que obligan a las parroquias a abonar un subsidio que complete los salarios de los trabajadores pobres de manera que se alcance un umbral para cuya determinación se toma en consideración la composición del hogar y que queda indexado con respecto al precio del trigo. Los beneficiarios quedan obligados, en la medida en que les sea posible, «a satisfacer por sí mismos las propias necesidades». Este dispositivo, conocido bajo el nombre de «sistema de Speenhamland», se extendió progresivamente a otras localidades.
Sus efectos sobre la pobreza, el paro y el crecimiento económico se convirtieron enseguida en el objeto de un debate intenso que aún persiste (Block y Somers, 2001). Algunos, como Thomas Malthus (1766-1834), cuyo Ensayo sobre el principio de la población (1798) data de esta misma época, reclaman la revocación de toda forma de Poor Law: una generalización de la ayuda pública a los pobres tiene como consecuencia que éstos trabajen y ahorren menos, que se casen más jóvenes y procreen más, y que el precio de los bienes que consumen aumente, reduciendo así el salario real. Otros, en cambio, como Karl Polanyi (1886-1964) en un célebre capítulo de La gran transformación (1944), ven en tales ayudas un momento clave del reajuste de las instituciones sociales ante el desafío sin precedentes que supone la Revolución industrial. En cualquier caso, el controvertido sistema de Speenhamland será definitivamente revocado en 1834. Las Poor Laws son entonces reactivadas y las workhouses reestablecidas.
A lo largo de los decenios siguientes, diversos municipios europeos adoptaron formas más o menos embrionarias de asistencia a los desfavorecidos de acuerdo con este modelo. Así, en 1531, una ordenanza de Carlos V generaliza, para el ámbito del conjunto de los Países Bajos, diversas disposiciones tomadas en el nivel local. En Escocia (1579), primero, y, después, en Inglaterra (1601), se promulgan leyes para pobres (Poor Laws). Tales leyes imponen a los municipios la obligación de hacerse cargo de los indigentes por medio de una prestación en especie, a la vez que obligan a los perceptores que sean capaces de ello a trabajar a cambio, si es necesario en workhouses establecidas para tal efecto. Durante algunos decenios (1795-1834), el temor de que los tumultos provocados por la hambruna muden en revolución hizo que las Poor Laws inglesas adquirieran una forma (el sistema de Speenhamland) que guarda un notable parecido con los dispositivos modernos de rentas mínimas del tipo de la RMI.
La seguridad social: de Condorcet al Estado social bismarckiano
En el siglo XIX, la Revolución industrial y el rápido desmoronamiento de las solidaridades tradicionales hacen cada vez más acuciante la necesidad de formas de protección social que superen el limitado marco de la ayuda a los indigentes. En su afán por contrarrestar las reivindicaciones del movimiento socialista, el canciller prusiano Otto von Bismarck pone en pie, a partir de 1883, el primer sistema generalizado de seguros obligatorios para todos los trabajadores, cuya idea había sido formulada por vez primera por Condorcet (1745-1794) en su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1795).
En lo que constituirá más tarde el modelo «bismarckiano» o «conservador-corporatista» (Esping-Andersen, 1990) adoptado por una gran parte de la Europa continental, la protección social se halla altamente vinculada al trabajo y al estatus de asalariado. Al deducir cotizaciones obligatorias de la remuneración de los trabajadores, aquélla permite preservar, al menos parcialmente, la renta de éstos y de sus familias en caso de realización de cierto número de riesgos: paro, enfermedad, invalidez, vejez y deceso. A partir de Bismarck, la protección social de tal modo metamorfoseada deja de constituir una actividad marginal para convertirse poco a poco en una de las tareas esenciales de las autoridades públicas. Se trata del nacimiento del Estado social, en el que la seguridad relega a la asistencia a los marginados, sin que por ello la segunda devenga totalmente redundante.
La asistencia social renovada: de Beveridge a la RMI
Un sistema de seguridad social excluye de forma efectiva, de facto, a aquellos que no tienen acceso al estatus de trabajador: la solidaridad se ejerce entre asalariados. La puesta en marcha de un sistema de seguridad social, pues, no permite despejar definitivamente la cuestión de la renta mínima. Ésta retornó al primer plano en la estela del célebre informe Social Insurance and Allied Services (1942) preparado bajo la dirección de William Beveridge. Con la National Assistance Act de 1948, Gran Bretaña se dota de un verdadero sistema de renta mínima en metálico, garantizada, sin límite de tiempo, a todos los hogares y a un nivel suficiente para cubrir sus necesidades de subsistencia, lo que venía a completar un sistema nacional reforzado y unificado de subsidios familiares y de seguros contra la enfermedad, la invalidez, el paro involuntario y la vejez.
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, mecanismos análogos, más o menos generales y generosos, serán creados en otras partes de Europa, donde se va reconociendo progresivamente la insuficiencia de una protección social basada exclusivamente en los sistemas de seguros. Los países nórdicos son los primeros en integrar las diversas formas de ayudas sociales en programas nacionales de seguridad de la renta. Los Países Bajos los siguen en 1963 y Bélgica lo hace en 1974. En Alemania, una ley federal de asistencia social (1961) determina reglas generales, pero su aplicación se deja a la discreción de las autoridades locales. De ello resultan variaciones relativamente modestas en la interpretación de las reglas de elección y en el cálculo de los montantes conferidos a quienes tienen derecho a las asignaciones. Pero es en Francia donde el debate público sobre la instauración de una renta garantizada tomará la mayor amplitud, con la creación tardía, en 1988, de un ambicioso dispositivo nacional bautizado como «revenu minimum d’insertion» (RMI).
Asimismo, se desarrollan mecanismos para la seguridad de la renta en todas las provincias de Canadá y en el conjunto de la federación australiana. En Estados Unidos, ningún programa alcanza un grado de generalidad comparable. El programa Aid to Families with Dependent Children (AFDC) fue creado en 1935 para dar asistencia a las familias pobres. Transformado en 1996 en la Temporary Assistance to Needy Families (TANF), este programa determina, desde entonces, una duración máxima para la asistencia y combina una financiación federal uniforme con una amplia autonomía por parte de los Estados en la modulación de los gastos (subsidios en metálico, guarderías infantiles, subvenciones al transporte, etc.). Por otro lado, el programa de Food Stamps, instaurado en 1964 en el marco de la War on Poverty de Lindon B. Johnson, procura a adultos activos en el mercado laboral, en determinadas condiciones relativas a la disposición de recursos, bonos para la compra de alimentos válidos en establecimientos autorizados.
Si bien varían notablemente en sus configuraciones concretas, estos diversos dispositivos pretenden establecer una red de salvamento para los más desfavorecidos al garantizarles el acceso a un mínimo de medios de subsistencia. Recogiendo el testigo dejado por los magistrados de Speen, rechazan en la mayoría de los casos el pago en especie y el trabajo obligatorio asociados a la concepción más antigua de la asistencia social —la de Vives y de las Poor Laws, pero también de los defensores contemporáneos del workfare, la modalidad más coercitiva del Estado social activo (véase § IV.2)—. De todos modos, comparten con dicha concepción el principio fundamental de la asistencia —la ayuda a las personas que se hallan involuntariamente en situación de necesidad— y la triple condicionalidad que normalmente se le asocia: toma en consideración de la situación familiar, control de recursos, disposición a trabajar.
LA EUROPA DE LOS MÍNIMOS SOCIALES
(EU15)
Fuente: Esta tabla solo recoge los dispositivos generales, regulados a nivel estatal, los cuales pueden asimismo ser administrados de forma (a veces altamente) descentralizada. En varios casos, la denominación y las condiciones para la concesión de la renta mínima han evolucionado notablemente a lo largo del tiempo. Por otro lado, ciertos Estados que no han instaurado ningún dispositivo de ámbito estatal han adoptado, sin embargo, programas de asistencia relativamente uniformes. Éste es el caso, por ejemplo, de España, donde todas las comunidades autónomas han ido estableciendo gradualmente dispositivos que presentan numerosas similitudes entre sí.
2. PIONEROS
La dotación universal de Thomas Paine
Ninguna de estas tres condiciones se encuentra presente en la propuesta que dirige al Directorio Thomas Paine (1737-1809), prócer de las revoluciones americana y francesa, en un opúsculo intitulado Agrarian Justice. Radicalmente inconfundible con respecto tanto a la idea de seguridad social como a la de asistencia social, la propuesta de Paine es la de asignar incondicionalmente una modesta dotación uniforme a cada hombre y a cada mujer que hayan alcanzado la edad adulta, a la vez que una también modesta pensión de jubilación. A su modo de ver, no se trata aquí de caridad, ni aun de solidaridad, sino de justicia: para Paine, la distribución igual entre todos del valor de la tierra da adecuada concreción a la idea de justicia más abstracta, esto es, aquella según la cual, tal como había postulado el humanista holandés Hugo Grotius (1583-1645) en De jure belli ac pacis (1625), la tierra es la propiedad común de la especie humana.
Con justificaciones a veces diferentes, la misma idea reaparecerá ulteriormente en otros autores. Así, en 1829, en Estados Unidos, Thomas Skidmore (1790-1832), dirigente del efímero Workingmen’s Party, propone que el valor de las propiedades de los fallecidos en el transcurso de un año sea distribuida igualitariamente entre todos los que hayan alcanzado la edad adulta durante ese mismo año. Con la misma inspiración, el filósofo francés François Huet (1814-1869) propone distinguir, en el patrimonio de cada persona, lo que ésta debe a su propio esfuerzo y lo que ha obtenido por medio de la herencia. De la primera parte puede disponer a su voluntad, pero la segunda es recuperada a su muerte por la colectividad, y contribuye así a financiar una dotación de base igual para todos los jóvenes (Huet, 1853).
Tras un largo eclipse, esta idea de una dotación de base ha recuperado su reputación gracias al trabajo de Bruce Ackerman y Anne Alstott (1999), profesores de la Yale Law School (Estados Unidos): combinada con una pensión de jubilación universal, una dotación de 80.000 dólares sería distribuida, en cuatro fases, entre todos los jóvenes que terminen la enseñanza secundaria, y financiada, en lo esencial, a través de un impuesto sobre la herencia y la fortuna.
La justicia agraria según Thomas Paine
El plan propuesto consiste «en crear un fondo nacional para pagar, a todos los individuos que habrán alcanzado la edad de 21 años, la suma de 15 libras esterlinas en concepto de indemnización del derecho natural, del que el sistema de propiedades de la tierra los ha desprovisto. Y en pagar anualmente la suma de 10 libras esterlinas, durante toda su vida, a todos los individuos que hayan alcanzado la edad de 50 años, y a los demás, a medida que lleguen a dicha edad». Estos pagos serán concedidos «a todos los individuos, pobres o ricos», pues «todos los individuos tienen un igual derecho a ello, independientemente de las propiedades que puedan haber creado o que puedan haber adquirido por medio de la herencia o de cualquier otro modo» (Paine, 1796).
El socialismo utópico de Spence, Charlier y Mill
Lo que justifica la igual propiedad de la tierra —dice Paine— es una dotación para todos. Uno de sus contemporáneos, el maestro de escuela y militante radical inglés Thomas Spence (1750-1814), es, sin duda, el primero en ver en ello la justificación de un ingreso regular. En un panfleto publicado en Londres bajo el título de «Los derechos de los niños», empieza por criticar la Agrarian Justice de Thomas Paine por no haber erigido, sobre la base de una verdad fundamental, más que un «execrable edificio de oportunismo y de acomodamiento». Spence reformula a continuación la propuesta que dice defender infatigablemente desde su juventud: que cada localidad saque a subasta el uso de todos los bienes inmuebles que en ella se encuentren, que utilice los ingresos para cubrir todos los gastos públicos locales, incluyendo los de construcción y conservación de los edificios, así como los impuestos debidos al gobierno, y que distribuya trimestralmente el excedente en partes iguales a todos sus residentes, cuya subsistencia se vería de este modo asegurada. El plan de Spence fue objeto de un debate intenso entre los reformadores radicales ingleses de la década de 1820, para caer posteriormente en el olvido.
El excedente distribuible según Thomas Spence
«En cuanto al excedente, una vez que todos los gastos públicos hayan sido sufragados, los dividiremos equitativa e igualitariamente entre todas las almas vivas de la parroquia, sean hombres o mujeres, casados o solteros, legítimos o ilegítimos, de un día de edad o de la edad más avanzada, sin hacer distinción alguna entre las familias de los granjeros y comerciantes ricos [...] y las de los obreros y artesanos pobres [...], concediendo al cabeza de cada familia una parte plena e igual por cada alma bajo su techo [...].
»Podemos suponer razonablemente que este excedente, que debe ser distribuido el primer día de cada trimestre entre todas las almas que vivan en la parroquia, asciende a dos tercios del total de los alquileres sustraídos. Pero, sea cual sea su importe, esta parte del excedente de los alquileres es un derecho imprescriptible de todo ser humano de la sociedad civilizada en concepto de equivalencia con respecto a los ingredientes naturales de su patrimonio común, de los que son privados como consecuencia de su puesta en alquiler para los fines de la cultura y el progreso» (Spence, 1797, pág. 87).
En Francia, hacia la misma época, el excéntrico y prolífico Charles Fourier (1772-1837), uno de esos visionarios radicales desdeñosamente calificados por Marx como «socialistas utópicos», proclama que el orden civilizado debe a cada hombre un «mínimo de subsistencia abundante» por haber violado esos derechos fundamentales que son las libertades de caza, de pesca, de cosecha y de pastoreo. Esta idea de un mínimo incondicionalmente garantizado se halla presente ya en su Lettre au Grand-Juge (1803), pero es en La Fausse industrie (1836) donde la desarrolla con mayor precisión. En el planteamiento de Fourier, sin embargo, si bien es evidente que la compensación es debida a los pobres sin contrapartida por parte de ellos, no resulta menos claro que aquélla no se dirige más que a los pobres y que debe tomar la forma de prestaciones en especie.
El mínimo de subsistencia según Charles Fourier
«El primer derecho, el de recolección natural, uso de los dones de la naturaleza, libertad de caza, cosecha y pastoreo es el fundamento del derecho a alimentarse, a comer cuando se tiene hambre. Este derecho es denegado en el mundo civilizado por los filósofos y concedido por Jesucristo en estas palabras: [...] Jesús, con estas palabras, consagra el derecho de tomar, cuando se tiene hambre, lo necesario allá donde se encuentre, y este derecho impone al cuerpo social el deber de asegurar al pueblo una mínima subsistencia: dado que la civilización lo despoja del primer derecho natural, el de caza, pesca, cosecha y pastoreo, la civilización misma le debe una indemnización» (Fourier, 1836, pág. 491).
Su discípulo Victor Considérant (1808-1893) parece dar un paso en la dirección de una verdadera renta básica, desde el momento en que habla de «anticipar el mínimo al pueblo» (Considérant, 1845). Pero es a la pluma del pensador belga de inspiración fourierista Joseph Charlier (1816-1896) a la que debemos la primera propuesta elaborada de renta básica nacida en el continente europeo. En el mismo momento en que Marx y Engels acaban el Manifiesto del partido comunista, Charlier publica en Bruselas una ambiciosa Solution du problème social (Charlier, 1848). Con Paine, Spence y Fourier, Charlier insiste en su obra en el hecho de que todos los hombres tienen el derecho a gozar de los recursos naturales creados por la Providencia para permitirles satisfacer sus necesidades. A su modo de ver, la propiedad privada de la tierra es, de este modo, incompatible con la justicia, y el Estado debe, con el tiempo, convertirse en el solo y único propietario del suelo. Pero, reformista, Charlier no encausa los títulos de propiedad existentes, y propone un régimen transitorio que conceda «rentas vitalicias» a los propietarios de la tierra, asegurando a todos los demás, la abrumadora mayoría de no propietarios, un «mínimo garantizado» incondicional, abonado trimestral o mensualmente, que bautizará en un libro ulterior (Charlier, 1894) con el nombre de «dividendo territorial». Para determinar el nivel de este «mínimo garantizado», propone un modo de cálculo preciso basado en la evaluación de la renta de la tierra.
Los escritos de Joseph Charlier fueron poco leídos y rápidamente olvidados. Pero apenas un año después de la publicación de su Solution du problème social, otro admirador de Fourier, el economista y filósofo inglés John Stuart Mill (1806-1873), uno de los espíritus más influyentes del siglo, publica una segunda edición de sus Principios de economía política. En ella discute con profundidad el sistema de Fourier, «la más hábilmente elaborada de todas las formas de socialismo», y la interpreta sin ambigüedades como una justificación de la atribución a cada cual, sea o no capaz de trabajar, de un mínimo de subsistencia.
Al margen de la tradición fourierista, la idea del derecho de cada cual a una parte igual del valor de los recursos naturales reaparece de cuando en cuando durante los decenios siguientes, como por ejemplo en los primeros textos del sociólogo Herbert Spencer, o en la estela que dejó el alegato en favor del «impuesto único» del reformador americano Henry George, o en los escritos normativos de uno de los padres fundadores de la economía matemática, el francés Léon Walras (Vallentyne y Steiner, 2000a). Pero tal idea toma forma concreta, generalmente, en la propuesta de financiar por esta vía partidas de gasto público supuestamente provechosas para todos, más que en el pago a todos de un subsidio en metálico. En la actualidad, se encuentra de nuevo en la obra de los «libertarianos de izquierdas» (Vallentyne y Steiner, 2000b) una conexión estrecha entre propiedad de los recursos naturales y renta básica (véase § III.4).
El mínimo garantizado según Joseph Charlier
Joseph Charlier no excluye que su «mínimo garantizado» pueda constituir una «prima para el fomento de la pereza», pues permitiría vivir sin trabajar. Pero los límites impuestos por la propia naturaleza de la justificación a la que el pensador recurre reducen notablemente dicho riesgo: «Peor para los perezosos: éstos quedarán limitados a la porción congrua. El deber de la sociedad no va más allá: se trata de asegurar a cada cual su justa participación en el goce de los elementos que la naturaleza ha puesto a su servicio, sin usurpaciones de los unos en perjuicio de los otros» (Charlier, 1894, pág. 56).
3. PRIMEROS DEBATES
Del militantismo a la respetabilidad: la Inglaterra de entreguerras
Unas pocas referencias dispersas en la literatura, la mayoría de las veces apenas consideradas, no bastan para constituir un verdadero debate público. No es hasta 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se encadenan, en Gran Bretaña, una serie de hechos que se le empiezan a parecer. En Caminos de libertad (1918), el filósofo Bertrand Russell (1872-1970), premio Nobel de literatura y pensador político anticonformista, ofrece un argumentado alegato en favor de un modelo de sociedad que pretende combinar las ventajas del socialismo y del anarquismo. Este modelo incluye la atribución a todos, «trabajen o no», de una «renta modesta, suficiente para cubrir las necesidades primarias».
En el mismo año, un joven ingeniero de nombre Dennis Milner (1892-1956) publica, junto con su esposa Mabel Milner, Scheme for a State Bonus, un corto panfleto que propone la instauración de una renta incondicionalmente conferida con periodicidad semanal a todos los ciudadanos del Reino Unido. Indexada con el producto nacional, la «prima de Estado» (State Bonus) debe permitir resolver el problema de la pobreza, especialmente acuciante en el contexto de la Europa en reconstrucción. Poseedores de un derecho moral a los medios mínimos de existencia, cualquier obligación de trabajar impuesta a los individuos como consecuencia de la carestía de aquéllos queda excluida. Precisada en un libro publicado poco después (Milner, 1920) y apoyada por una efímera State Bonus League, esta propuesta es discutida seriamente con motivo de un congreso del partido laborista británico en 1920, el cual la rechaza finalmente el año siguiente. Milner pasa entonces a dedicarse a otras actividades y emigra a Estados Unidos.
Poco después, otro pensador inglés, Clifford H. (llamado «Major») Douglas (1879-1952), impresionado por la productividad de la industria británica al término de la guerra, se interroga acerca de los riesgos de sobreproducción. ¿Cómo podría una población empobrecida por cuatro años de conflictos consumir bienes en abundancia, cuando los bancos se muestran reticentes a concederles créditos y el poder de compra progresa muy lentamente? Para resolver este problema, Douglas (1924) propone, en una sucesión de conferencias y de escritos a menudo bien confusos, la introducción de mecanismos de «crédito social», uno de cuyos elementos constitutivos consiste en atribuir a cada familia un «dividendo nacional» mensual (Van Trier, 1995). El movimiento del crédito social correrá suertes diversas: no logra implantarse en Gran Bretaña, pero reúne a numerosos adeptos en Canadá, donde un Social Credit Party gobernará la provincia de Alberta desde 1935 hasta 1971, renunciando rápidamente, sin embargo, a instaurar un dividendo nacional.
Paralelamente, la idea prosigue su camino en el círculo de los intelectuales próximos al partido laborista británico. Entre ellos, el economista George D. H. Cole (1889-1959), primer titular de la cátedra de teoría política de Oxford. En varios libros (1929, 1935, 1953), se convierte en el defensor cada vez más resuelto de lo que él mismo será el primero en bautizar como «dividendo social» (Cole, 1935). Asimismo, la presentación que hace de J. S. Mill en su History of Socialist Thought (1953) parece también haber sido el primer texto en el que se encuentra, para designar la renta básica, la expresión inglesa basic income («renta de base»), que terminará por imponerse en la discusión internacional. Sin embargo, en su versión neerlandesa (basisinkomen), se podía hallar la misma expresión ya en 1934, en concreto en los textos de Jan Tinbergen, primer premio Nobel de economía (1969).
Políticamente menos activo pero científicamente más reputado que Cole, otro economista de Oxford, el premio Nobel James Mea de (1907-1995), defendió el «dividendo social» con una tenacidad todavía mayor, desde su «Outline of an Economic Policy for a Labour Government» (1935) hasta sus ultimísimos escritos (1989, 1993, 1995), que promueven una «agatotopía» o asociación de intereses entre capitalistas y trabajadores, y un dividendo social financiado por el patrimonio público, con el objetivo de alcanzar una solución conjunta a los problemas del paro y de la pobreza. Una variante de la idea se halla todavía en el corazón del «nuevo contrato social» propuesto por la liberal lady Juliet Rhys-Williams (1943). Pero es el plan rival de otro liberal, William Beveridge (1942), el que se impone en el Reino Unido antes de extenderse por toda Europa, barriendo la renta básica del debate británico durante varios decenios.
En la Europa continental, durante este tiempo, aparecen algunas ideas próximas a la de una renta universal conferida a cada ciudadano, como por ejemplo las del Die allgemeine Nährptlicht [Deber de alimentar] de Josef Popper-Lynkeus (1912), las del movimiento «distributista» de Jacques Duboin (1932) o las del movimiento federalista de Alexandre Marc (1972). Pero, al igual que en los escritos del novelista socialista estadounidense Edward Bellamy (1888), tales propuestas se hallan estrechamente asociadas a un sustancial servicio social obligatorio que hace de ellas, en lugar de una renta de base universal, un salario uniforme.
Fulgurantes fuegos de artificio: los Estados Unidos de la década de 1960
En los turbulentos Estados Unidos de la década de 1960, donde culmina el movimiento de los derechos civiles, sale de nuevo a la superficie un verdadero debate sobre la renta básica. Su inspiración es triple. En primer lugar, el economista estadounidense Milton Friedman propone en Capitalismo y libertad (1962), un libro para el gran público que se convierte poco a poco en un best seller mundial, una reestructuración radical del Estado social norteamericano a partir de la instauración de un «impuesto negativo». La expresión, utilizada por vez primera por el economista francés Antoine Augustin Cournot (1838) y retomada por el economista británico Abba Lerner (1944), designa, en Friedman, un crédito impositivo fijo y reembolsable, unido a una imposición lineal sobre la renta. Un crédito impositivo reembolsable de un importe G consiste en una reducción impositiva de hasta una cuantía de G para los contribuyentes que adeuden una cuota impositiva por lo menos igual a G y, para los demás, en una exoneración del impuesto unida a una transferencia igual a la diferencia entre G y el impuesto debido (véase § II.4). Desde la óptica de Friedman, este dispositivo está destinado a sustituir el amasijo formado por los innumerables dispositivos de protección social existentes.
El impuesto negativo según Cournot, Lerner y Friedman
1838: «La prima, invención de los tiempos modernos, es lo opuesto al impuesto: es, para decirlo en lenguaje algebraico, un impuesto negativo.» Antoine Augustin Cournot (1801-1877), padre fundador de la economía matemática.
1944: «La introducción de impuestos negativos [...] significa que el gobierno, en lugar de tomar dinero de la gente, se lo da. Esto puede tomar la forma de ayuda social, de pensiones, de primas y hasta de un dividendo social, desde el momento en que se aspira a aumentar el consumo globalmente.» Abba Lerner (1903-1982), teórico del socialismo de mercado en un libro del que Milton Friedman publica una reseña en 1947.
1962: «Para empezar, un programa tal debe ser concebido para ayudar a las personas en tanto que personas y no en tanto que miembros de cierto grupo profesional [...]. En segundo lugar, en la medida de lo posible, el programa, aun operando por medio del mercado, no debería violentarlo ni poner trabas a su funcionamiento. [...] Desde un punto de vista puramente mecánico, el dispositivo que se recomienda de entrada es el impuesto negativo sobre la renta.» Milton Friedman (1912), inspirador del neoliberalismo, galardonado con el premio Nobel de economía (1976).
En segundo lugar, con el apoyo de cierto número de intelectuales más o menos «alternativos» reunidos en su Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, Robert Theobald (1929-1999) defiende en diversas publicaciones (Theobald, 1963, 1967) una propuesta más vaga de renta mínima garantizada inspirada por la convicción de que la automatización propende a hacer del trabajo remunerado algo obsoleto y de que una renta distribuida por el Estado sin contrapartida es esencial para asegurar el sostenimiento del consumo.
Por último, y sobre todo, el futuro premio Nobel de economía James Tobin (1918-2002) y otros economistas «liberales» —en el sentido estadounidense del término— defienden, en una serie de artículos (a partir de Tobin, 1965), la idea de una renta mínima garantizada más general y más generosa que los programas de asistencia existentes. Desde entonces, pues, se interesan en el impuesto negativo sobre la renta, del que Tobin y sus colaboradores publican el primer análisis técnico (Tobin y otros, 1967). Para nada se trata aquí, a diferencia de lo que ocurre en los textos de Friedman (1962, 1968), de introducir un impuesto negativo decididamente modesto para sustituir con él todo el conjunto de transferencias sociales con vistas a simplificar radicalmente el Estado social para luego desmantelarlo, sino, más bien, retomando los títulos de diversas publicaciones de Tobin, de «aumentar la renta de los pobres», de «terminar con la pobreza en Estados Unidos» o, incluso, de «mejorar el estatus económico de los negros». Por consiguiente, más que administrar la renta garantizada bajo la forma de un crédito impositivo reembolsable, Tobin hace pública su inclinación hacia la idea de un pago automático a todos —una verdadera renta básica, que él denomina demogrant—, dejando abierta la posibilidad de que aquellos que así lo deseen puedan solicitar su transformación en una reducción impositiva. Es este demogrant lo que Tobin, convertido en el principal consejero económico del demócrata de izquierdas George McGovern, logrará incorporar en su programa de candidato a las elecciones presidenciales de 1972.
Entre tanto, la administración del presidente republicano Richard Nixon había hecho ya de una variante del impuesto negativo el corazón de un ambicioso programa de protección social, el Family Assistance Plan (FAP), elaborado en 1969 por el senador demócrata Daniel Patrick Moynihan. El FAP preveía la abolición del programa de asistencia dirigido a las familias pobres (AFDC) y su reemplazo por una renta garantizada combinada con complementos financieros para los trabajadores. Adoptado en abril de 1970 por parte de la Cámara de los Representantes, el plan de Nixon fue, sin embargo, rechazado, por escaso margen, por el Senado en octubre de 1972, pese a múltiples revisiones de las que fue objeto (Moynihan, 1973).
Junto a la derrota de McGovern contra Nixon en noviembre de 1972, al estallido del caso Watergate en marzo de 1973 y a la dimisión de Nixon en noviembre de 1974, esta derrota en el Senado marca el final de la hora de gloria del impuesto negativo en el debate norteamericano (Lenkowsky, 1986). Sin embargo, la discusión proseguirá en un ámbito más académico a través de la realización de experimentos a gran escala y de la controversia acerca de sus resultados (Widerquist, 2004). Nacido en la misma época, el debate se muestra más intenso en Canadá, donde, con el nombre de «renta anual garantizada», ciertas variantes del impuesto negativo se proponen regularmente en informes oficiales federales y provinciales, desde principios de la década de 1970 y hasta mediados de la de 1980. Asimismo, dicho debate conoce también algunas extensiones efímeras en Europa, donde el impuesto negativo, generalmente conocido solo en la versión de Friedman, halla tanto emuladores (Engels y otros, 1973; Stoleru, 1974) como críticos (Greffe, 1978).
4. DESARROLLOS CONTEMPORÁNEOS
Nuevo punto de partida: la Europa de la década de 1980
A finales de la década de 1970, con el debate sobre el demogrant prácticamente olvidado en Estados Unidos, en el norte de Europa emerge un nuevo debate sobre la renta básica, en la mayoría de los casos con un total desconocimiento con respecto a los desarrollos anteriores. Así, en Dinamarca, tres intelectuales defienden la propuesta con el nombre de «salario del ciudadano» en el best seller nacional ulteriormente traducido al inglés bajo el título de Revolt from the Center (Meyer y otros, 1981).
Pero es en los Países Bajos donde la discusión sobre la renta básica levanta realmente el vuelo. Desde 1975, J. P. Kuiper, profesor de medicina social en la Universidad de Ámsterdam, preconiza una desvinculación del empleo y de la renta para combatir el carácter deshumanizador del trabajo asalariado: solo una «renta garantizada» decente permitirá al hombre desarrollarse con independencia y autonomía (Kuiper, 1976). En 1977, el pequeño partido de los radicales (Politieke Partij Radicalen) se convierte en la primera formación política europea dotada de representación parlamentaria que integra oficialmente la renta básica (o basisinkomen) en su programa electoral, lo que supone la puesta en marcha del debate en la arena política neerlandesa. Este movimiento se ve rápidamente amplificado gracias a la entrada en escena del sindicato de la alimentación, el Voedingsbond FNV. A través de una serie de publicaciones y de acciones en las que se defienden simultáneamente una renta básica y una reducción drástica del tiempo de trabajo, y alojando en sus locales a la asociación neerlandesa que promueve la renta básica, este sindicato desempeña un papel destacado en el debate neerlandés a lo largo de la década de 1980.
El debate en Francia: AIRE versus MAUSS
Presidida inicialmente por el académico Henri Guitton (1904-1992), la «Asociación para la instauración de una renta de existencia» (Association pour l’instauration d’un revenu d’existence-AIRE) fue fundada en 1989 gracias al impulso de Yoland Bresson, profesor de economía en la Universidad París-XII. Desde L’Après-Salariat (1984), Bresson defiende la idea de una renta incondicional que debería ser conferida a todo ciudadano de una nación a un nivel modesto (alrededor de 250 euros en 2005) que fuera incrementándose a medida que la productividad avanzara y que fuese posible de terminar objetivamente a través de la noción de «valor-tiempo». En la mayoría de sus escritos posteriores, Bresson adopta una argumentación menos esotérica —el tránsito de una sociedad de pleno empleo a una sociedad de «plena actividad», la lucha contra la «fractura social»— para promover lo que, siguiendo a Guitton, dará en llamar «renta de existencia». Su perspectiva ha inspirado la propuesta de «dividendo universal» de la di putada Christine Boutin (2003) (véase § IV.2).
Fundado en 1981 por iniciativa de Alain Caillé, profesor de sociología en Caen y, después, en Nanterre, el «Movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales» (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales-MAUSS) pretende promover una metodología que se oponga a la hegemonía del enfoque económico (utilitarista) y pro pone un análisis de los fenómenos sociales en términos de donativo y de contradonativo. La asociación no ha tardado en mostrar un interés activo por la idea de renta básica, primero tomando el relevo y extendiendo, en un número especial de su revista (Du revenu social: audelà de l’aide, la citoyen neté?, 1987), el debate lanzado en Bélgica por el Colectivo Charles Fourier; después, publicando otro número especial que reúne numerosos artículos inéditos —también sobre la puesta en práctica de la propuesta—; realizando la contribución todavía hoy más sustancial del debate francés (Vers un revenu minimum inconditionnel, 1996), y, finalmente, editando una monografía bien documentada en la que se relata la historia política y social de la renta garantizada en Francia (Geffroy, 2002). El mismo Alain Caillé ha publicado varios ensayos sobre el tema (Caillé, 1994; Caillé e Insel, 1996). Caillé e Insel proponen sustituir la RMI por una «renta de ciudadanía», que es preciso entender como «una apuesta de confianza primera y primordial del Estado y de la sociedad en los excluidos, que se hace con la mirada puesta en su libertad y en su libre inversión en actividades de interés colectivo» (Caillé e Insel, 1996, pág. 165).
En 1985, la discusión neerlandesa alcanza un primer punto culminante con ocasión de la publicación de un informe del prestigioso Consejo científico para la política gubernamental (WRR), informe que recomienda la introducción de una «renta de base parcial», es decir, una renta básica insuficiente para cubrir las necesidades de una persona sola y, por tanto, insuficiente también para sustituir por completo el sistema existente de rentas mínimas garantizadas (WRR, 1985) (véase § IV.3).
Paralelamente, pero con mucha más discreción, el debate toma forma también en otros países. En 1984, el Basic Income Research Group (BIRG), que se convertirá en 1998 en el Citizen’s Income Trust, se constituye en el Reino Unido bajo los auspicios del National Council for Voluntary Organisations. En Alemania, es Befreiung von falscher Arbeit, un libro editado por el ecolibertario berlinés Thomas Schmid (1984), el que lanza la discusión. Bien pronto, varios volúmenes colectivos que se inscriben en el movimiento verde seguirán la senda abierta por el de Schmid (Opielka y Vobruba, 1986; Opielka y Ostner, 1987). Durante el mismo período, Joachim Mitschke (1985), profesor de hacienda pública en la Universidad de Francfort, emprende una larga campaña en favor de una «renta del ciudadano» (Bürgergeld) administrada bajo la forma de un impuesto negativo, a la vez que otros universitarios reputados, como Claus Offe (1992, 1996), próximo a los verdes, y de forma más efímera Fritz Scharpf (1993), próximo a los socialdemócratas, subrayan la pertinencia de la idea.
En Francia, intelectuales de renombre toman posición en favor de la medida. El sociólogo y filósofo André Gorz, si bien inicialmente había defendido una versión próxima a la de Edward Bellamy y de los distributistas —una renta universal como contrapartida de un servicio social universal de 20.000 horas (Gorz, 1985)—, evoluciona gradualmente hacia la defensa de una verdadera renta básica (Gorz, 1997). Por su lado, el filósofo Jean-Marc Ferry inscribe su alegato en favor de la renta básica en el seno de una reflexión sobre el contrato social y la ciudadanía europea (1995, 2000). En un contexto en el que el pleno empleo, en el sentido clásico, ya no es realizable, una renta de base sustancial debe permitir la emergencia de un sector «cuaternario» en el que se ejerzan actividades socialmente útiles. Asimismo, contribuyen también a alimentar el debate dos asociaciones de naturaleza muy distinta, la Asociación para la instauración de una renta de existencia (Association pour l’instauration d’un revenu d’existence-AIRE) y el Movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales-MAUSS).
Una ampliación inesperada: la Basic Income Earth Network (BIEN)
Estos desarrollos más o menos modestos, altamente independientes los unos de los otros, y estos autores más o menos discretos, a menudo desconocedores del pasado de la idea, se descubrirán los unos a los otros y se reforzarán mutuamente gracias a la creación de la BIEN. Bajo el pseudónimo de «Colectivo Charles Fourier», un grupo de investigadores y de sindicalistas próximos a la Universidad de Lovaina presenta, en marzo de 1984, un estudio titulado «La renta básica» a un concurso sobre el futuro del trabajo organizado en Bélgica por la Fundación Rey Balduino. El estudio es premiado en octubre de 1984 y la retribución permite al Colectivo Charles Fourier organizar, en septiembre de 1986, un coloquio que reúne en Louvain-la-Neuve a algunos de los que han desempeñado un papel más activo en los inicios de la discusión sobre la renta básica en sus respectivos países. Asombrados al descubrirse tan numerosos como estudiosos de una idea de la que creían ser prácticamente los únicos defensores, los participantes deciden constituir la Basic Income European Network (BIEN), que emprende la publicación de un boletín de información regular y que organiza un congreso cada dos años.
La renta básica según el Colectivo Charles Fourier
«Supriman los seguros de paro, los sistemas legales de jubilaciones, los sistemas existentes de ayuda social y de renta mínima garantizada, los subsidios familiares, las deducciones y créditos impositivos para personas a cargo, las becas de estudios, las subvenciones al empleo, la ayuda del Estado a las empresas con dificultades. Pero abonen cada mes a cada ciudadano una suma suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de un individuo que viva solo. Abónenla trabaje o no trabaje, sea pobre o rico, viva solo, con su familia, en concubinato o en comunidad, haya trabajado o no en el pasado. Hagan todo esto y observen después lo que ocurre» (Colectivo Charles Fourier, 1985, pág. 345).
El texto íntegro puede encontrarse en <www.etes.ucl.ac.be>.
El nacimiento de redes análogas en Estados Unidos, en Sudamérica, en Sudáfrica, el fortalecimiento de contactos con redes preexistentes en Australia y en Nueva Zelanda y la presencia, en los congresos de la BIEN, de un número de participantes no europeos cada vez mayor conduce a esta organización a mundializarse tras su décimo congreso, celebrado en Barcelona en septiembre de 2004. Desde entonces, prosigue con sus actividades bajo el nombre de Basic Income Earth Network, cuyos primeros copresidentes son el economista Guy Standing, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el senador brasileño Eduardo Suplicy.
Discreto pero concreto: Alaska
Sin embargo, es lejos del espacio en el que tales debates han tenido lugar donde se introduce y se desarrolla el único verdadero sistema de renta básica existente en la actualidad. A mediados de la década de 1970, el gobernador republicano del Estado de Alaska (Estados Unidos), Jay Hammond, muestra su inquietud ante la posibilidad de que la enorme cantidad de riqueza generada a partir de la explotación del petróleo de la bahía de Prudhoe, el yacimiento más importante de América del Norte, beneficie de forma exclusiva a la población actual del Estado. Hammond propone en consecuencia constituir un fondo destinado a asegurar, a través del depósito de una parte de los ingreso del petróleo, la perennidad de estas riquezas. Así, en 1976 se crea el Alaska Permanent Fund a través de una enmienda de la Constitución del Estado. A fin de interesar a la población de Alaska en su durabilidad y en su crecimiento, el gobernador Hammond idea la asignación anual de un dividendo a todo residente, en proporción al número de años de residencia. Llevada ante la Corte Suprema de Estados Unidos por considerarse discriminatoria con respecto a los inmigrantes procedentes de otros Estados, la propuesta es declarada incompatible con la «cláusula de igual protección», la decimocuarta enmienda de la Constitución federal. Modificada para superar este obstáculo, se transforma y logra finalmente la introducción de una verdadera renta básica (Alaska Permanent Fund Corporation, 1988).
Desde el momento en que el programa entra en vigor, en 1982, todas las personas que hayan residido legalmente en Alaska por lo menos durante seis meses —en la actualidad, alrededor de 650.000— reciben cada año un dividendo igual, sean cuales sean su edad y la duración de su residencia en el Estado. Este dividendo corresponde a una parte del rendimiento medio, a lo largo de los cinco años precedentes, del fondo permanente constituido a partir de los ingresos de la explotación del petróleo. Este fondo, cuyos recursos se invirtieron en un principio exclusivamente en la economía del Estado, fue tomando posteriormente la forma de una cartera diversificada a escala mundial, el importe de cuyo dividendo permite, a su vez, amortiguar las fluctuaciones de la coyuntura local en lugar de aumentarlas (Goldsmith, 2004). El importe del subsidio ha pasado de alrededor de 300 dólares por persona y año durante los primeros años a más de 2.000 dólares en 2000, lo que ha hecho de Alaska el Estado más igualitario de Estados Unidos. Posteriormente ha descendido como consecuencia de la incertidumbre asociada a la coyuntura bursátil (920 dólares en 2004). Pese a que ha sido propuesta en algunas ocasiones para otras regiones (véase § IV.4), la fórmula puesta en práctica en Alaska sigue siendo la única de su naturaleza.