14. LA CRISIS DE LA EUROZONA

 

 

 

 

1. LOS PROBLEMAS EMERGENTES EN LA EUROZONA

 

La recesión económica de 2008-2009 se agravó con una crisis persistente que empezó con los problemas de la deuda soberana de los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia y Grecia) y quedó marcada por el inicio de las medidas de austeridad que aquejaron a los miembros de la eurozona, a instancias de la Unión Europea, el BCE y el FMI. En general, los niveles de deuda aumentaron en todo el continente, reflejando un crecimiento más lento. El resurgimiento de Alemania fue la excepción, y paradójicamente reafirmó su dominio a pesar de sus reticencias a actuar como el principal acreedor europeo. La difícil situación reavivó el debate sobre la futura dirección de la Unión Europea y puso en duda la pervivencia de la moneda única. En 2011, la resolución de la crisis de la deuda soberana se convirtió en una cuestión omnipresente —supuso la caída de diversos gobiernos incapaces de hacerle frente— y amenazaba con provocar una crisis bancaria mayor, cuya onda expansiva podía arrastrar de nuevo a la economía mundial a la recesión. En efecto, tras unos inicios benignos económicamente, el futuro de la eurozona se hallaba bajo la amenaza de una tormenta de deuda que se negaba a ser aplacada por unos políticos que luchaban por tranquilizar a unos implacables mercados financieros que habían detectado sangre. La crisis siguió a la crisis a medida que aparecían más economías con problemas, mientras quienes recibían ayudas tenían dificultades para poner en marcha las medidas contingentes de austeridad, ante la reacción política de sus poblaciones, con manifestantes en las calles y la condena en las urnas de dichos políticos. La falta de resolución produjo periódicos estallidos de pánico y predicciones calamitosas, seguidos de estados más atemperados hasta que nuevos acontecimientos avivaban de nuevo las llamas. Por ejemplo, Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea entre 1985 a 1995, fue citado por Le Soir en agosto de 2011, advirtiendo que «Europa está al borde del abismo».

La creación por parte de una serie de estados de la UE de la moneda única desafió abiertamente la máxima de J. M. Keynes: «Quien controla la moneda controla el gobierno». Fue tal el impulso político de la eurozona, que nadie prestó atención a los problemas que podían surgir cuando los miembros se encontraran en graves dificultades económicas. Se supuso que habría una convergencia creciente entre dichos estados miembros, a pesar de sus dispares resultados económicos, revelándose como un error de cálculo monumental. La euforia en torno a la eurozona ignoró las lecciones de la historia, que evidenciaban que las uniones monetarias entre países se colapsan tarde o temprano. La introducción del euro en unas condiciones económicas relativamente benignas cegó a los responsables ante los peligros venideros. Durante sus primeros años, el euro se apreció frente al dólar —debilitado por los escándalos contables de Enron y WorldCom—, alcanzando un máximo de 1,2185 dólares en junio de 2004. La tendencia se mantuvo hasta el 15 de julio de 2008, cuando se alcanzaron los 1,6038 dólares y Estados Unidos quedaba enredado en la recesión. Sin embargo, cuando la eurozona se topó con sus propios problemas de deuda, éstos repercutieron negativamente en el valor del euro. Sólo la fortaleza de la economía alemana y de otros miembros del norte de Europa impidió experimentar un declive catastrófico. Aun así, a finales de 2011, el euro se negociaba a mínimos históricos frente al dólar y el yen japonés; la moneda siguió luchando para mantener su valor durante el 2012 cuando la crisis se negaba a desaparecer.

Los franceses fueron los mayores defensores del proyecto de moneda única, y les costó persuadir a los alemanes, especialmente al Bundesbank. Siempre prudentes, fueron los únicos que retuvieron sus antiguos billetes y monedas a título de precaución. El Bundesbank insistió en que el BCE no podía actuar como prestamista de último recurso y en descartar los eurobonos. Para Berlín, el atractivo de una moneda única era poder superar el problema de un marco alemán demasiado fuerte y permitir que los exportadores alemanes vendieran su producción a precios artificialmente bajos. Otro beneficio adicional era que sus competidores dentro de la zona del euro no podrían devaluar sus monedas para restablecer la competitividad, como había sucedido frecuentemente en el caso italiano para beneficiar a los coches Fiat. Los alemanes se engañaron a ellos mismos, pensando que la disciplina financiera necesaria para poder ser miembro sería mantenida. De hecho, una vez que los participantes cruzaron el umbral, todas las restricciones se tiraron por la ventana, sobre todo porque no se había establecido un mecanismo de salida para los miembros descarriados. En ese momento, William Hague, el entonces líder del partido conservador británico, fue ridiculizado por referirse a la eurozona como «un edificio en llamas sin salidas», aunque más tarde se le vindicaría. Los economistas estadounidenses y británicos que criticaron el proyecto advirtieron que un solo banco central y una sola moneda sin un estado unificado —como el sistema monetario de Estados Unidos— no funcionarían. Jacques Delors, cuyo informe instigó el proyecto de la moneda única, explicó posteriormente que debían tenerse en cuenta las políticas económicas comunes para armonizar los programas de fiscalidad, empleo y bienestar, pero su propuesta fue barrida. Tampoco se prestó atención a la necesidad de una vigilancia constante por parte del Consejo de Ministros para asegurarse que los estados miembros cumplían con los criterios de convergencia económica. El euro fue diseñado para evitar que los mercados financieros distinguieran entre países a partir de los tipos de cambio. En su lugar, los mercados discriminaron a partir de las tasas de los bonos y muchos inversores privados se vieron tentados por las tasas más atractivas que ofrecían los miembros periféricos, lo que, en el marco de una nueva moneda única, parecía ofrecer una inversión segura y un mejor rendimiento.

Las bajas tasas de interés de las exigentes economías centrales —con Alemania como centro— alentaron préstamos irresponsables de los gobiernos e instituciones financieras a los miembros mediterráneos e Irlanda. El núcleo de las economías del norte tuvo un mejor rendimiento en el marco de la nueva moneda, mientras las economías periféricas del sur se esforzaban, asumían más y más deuda, y creaban una bomba que pronto explotaría. La tentación de los préstamos baratos (en realidad, se trataban como equivalentes en Alemania) resultó demasiado grande y se dejaron llevar por sus fantasías, mientras que Alemania, siempre consciente de la hiperinflación de los años veinte y la Gran Depresión, que llevó a su Némesis —Hitler— al poder, se resistió. La consecuencia fue que no se produjo en Alemania ni burbuja crediticia, ni explosión de los salarios y los precios de las propiedades se mantuvieron estables, mientras que el gobierno se mantuvo fiscalmente prudente, sabiendo que cualquier otra actuación sería inaceptable para sus electores. Los bancos alemanes fueron la excepción a la hora de financiar a los prestamistas extranjeros, ahondando en el mercado americano de hipotecas de alto riesgo, fondos de cobertura, coberturas por incumplimiento crediticio, el auge inmobiliario irlandés, los bancos islandeses y los bonos gubernamentales griegos. Lamentarían esta decisión.

Poca reflexión se destinó a los choques asimétricos de la eurozona. Los economistas recomendaron dejar entre un 2 y un 3 por 100 del PIB para enfrentarse a dicha contingencia, pero el eje franco-alemán de Helmut Kohl y François Mitterrand hizo caso omiso de la idea. Una vez más, la Comisión Europea debatía sobre la creación de una Hacienda común, para dejarla caer tranquilamente cuando la propuesta creó oposición. En junio de 1997, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una iniciativa alemana, surgió de la Cumbre de Ámsterdam, con el objetivo de impedir que los miembros de la unión monetaria permitieran que sus déficits se escapasen del control, imponiendo un tope del 3 por 100 del PIB. «La justificación del Pacto de Estabilidad», escribían Eichengreen y Park (2004, p. 422), «es que el déficit de hoy puede implicar el déficit de mañana, y que los déficits crónicos son problemáticos porque pueden dar lugar a problemas de sostenibilidad de la deuda que obligarían al banco central a proporcionar un rescate de la deuda inflacionaria». Sin embargo, los países más grandes se mostraron renuentes a ser limitados, rechazando los esfuerzos de la Comisión Europea y de los miembros pequeños para imponer una disciplina colectiva. Irónicamente, en vista de los acontecimientos posteriores, fueron los alemanes, en lidia con los costes de la reunificación, quienes primero infringieron las normas en 2003, seguidos de Francia, con un mayoría de ministros de economía votando en contra de multarlos; se establecía así un precedente que alentaba delitos adicionales. Entre las mayores economías, Italia resultó el peor infractor. Admitida en la eurozona a pesar de que no cumplir con los criterios de Maastricht, Italia se reveló siempre como susceptible de crear dificultades. Por razones políticas —miembro fundador de la Comunidad Económica Europea—, Italia no podía quedar fuera y el canciller alemán, Gerhard Schroeder, teniendo en cuenta la propensión italiana a la devaluación, insistió en unirlos a la eurozona, mientras que, por miedo a que quedar fuera se convirtiera en una ventaja competitiva para los agricultores de dichos países, los franceses estaban ansiosos por incorporar a países del sur como Italia. Así que se hicieron trampas, ya no era necesario que los participantes tuvieran una deuda nacional por debajo del 60 por 100 de su PIB, sólo necesitaban demostrar que ésa era su tendencia, algo que Roma podía hacer. Todo resultó un brindis al sol. En julio de 2005, los ministros de economía de la UE decidían no castigar a Italia por permitir que su déficit presupuestario alcanzase el 5 por 100 del PIB, muy por encima del límite del 3, mientras que su deuda total se aproximaba al 108 por 100 del PIB, dando a Roma dos años para reducirlo, a pesar de que su gobierno se hallaba embarcado en una serie de imprudentes recortes fiscales. España fue el único gran actor que no superó el límite de endeudamiento anual entre 1999 y 2007, pero después sería arrastrado fuera de él al iniciarse la crisis financiera de 2008 y al estallar su burbuja inmobiliaria.

Grecia fue siempre el eslabón más débil de la eurozona. No cumplió los requisitos para entrar en el euro en su primer intento, cuando su deuda pública era del 106 por 100 del PIB, pero lo consiguió al segundo intento en enero de 2001 mediante estadísticas fraudulentas. El engaño contó con la ayuda de Goldman Sachs. Un empleado griego de su oficina de Londres, Addy Loudiadis, encontró un resquicio legal en las regulaciones contables de la Unión Europea que ayudaron al gobierno griego a crear la ilusión de un descenso de la deuda nacional. Una permuta financiera de divisas permitió a Grecia ocultar mil millones de euros de su deuda y el gasto militar fue castrado. De hecho, nunca la economía griega estuvo dentro de la meta del 3 por 100. En octubre de 2011, la disparidad en el comportamiento económico entre los miembros más fuertes y los más débiles se reflejaba en el hecho de que Alemania podía emitir bonos a diez años con un rendimiento del 1,74 por 100, mientras que para Grecia se situaba en un 23,89 por 100. Tras su independencia en 1830, Grecia quedó fuertemente endeudada con las grandes potencias, lo que la condujo a impagos de sus deudas en 1843, 1860, 1893 y 1932. De hecho, Grecia tiene el triste récord de ser quien incumple con sus acreedores con más frecuencia que cualquier otro país europeo. Dentro de Europa, también posee el récord de amortizaciones perdidas (la mitad del período desde 1800). Grecia ha sido llamada como «el país más rico en el mundo en no hacer nada». La economía griega depende del turismo, la agricultura y la marina mercante para generar ingresos. En 1981, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), de izquierdas, llegó al poder con Andreas Papandreu, e hincó el sector público, creando puestos de trabajo a cambio de votos. Este contrato social entre el gobierno y la población aseguró las elecciones al PASOK, mientras vendían un mito griego donde todo iba bien pero, al vivir más allá de sus posibilidades, la implosión había de llegar tarde o temprano. La situación se vio agravada por el elevado y continuo gasto en defensa debido a la rivalidad con Turquía por el control del Mar Egeo. La tensión nacía ante la perspectiva de una explotación de los recursos minerales allí localizados y por la violación del espacio aéreo griego por parte de los turcos.

Grecia fue admitida en la Comunidad Europea en el año 1981 por razones políticas, con la esperanza por parte de los responsables en Bruselas de que, con el tiempo, la productividad de la economía griega mejoraría, sin embargo, y a pesar de las inyecciones continuas de ayudas, ninguna transformación fundamental tuvo lugar. Los griegos celebraron su entrada en la eurozona, y su primer ministro prometió una mayor estabilidad y nuevos horizontes. Esta euforia ilusoria se acentuó al convertirse Grecia en sede de los Juegos Olímpicos de 2004. Con los ojos del mundo sobre ella (los escépticos anticiparon una puesta en escena desastrosa), las autoridades griegas no escatimaron esfuerzos en la construcción de la sede y en la modernización de los medios de transporte, incluyendo el lujoso metro subterráneo de Atenas y el nuevo aeropuerto internacional de diseño alemán. Aunque los juegos transcurrieron con éxito, el coste de la celebración (doce mil millones de euros) incrementó el déficit e inició su espiral de descontrol. Al mismo tiempo, no se realizó ninguna transformación estructural de la economía griega. En lugar de modernizar, los gobiernos socialistas siguieron ampliando el ineficiente sector público para crear puestos de trabajo y tratar de obtener votos. Además, diversas industrias pequeñas, de ropa, calzado y marroquinería, que habían prosperado bajo el dracma al hallar un nicho de mercado a mitad de camino de los manufactureros franceses e italianos de primera calidad y la producción masiva de los países en desarrollo, fueron exterminados por la fortaleza del euro. El turismo también sufrió pues los turistas cambiaron su preferencia de Grecia (e Italia, Portugal y España) por destinos más baratos del Mediterráneo como Túnez, Turquía y otros países.

Las debilidades estructurales griegas se agravaron por la esplendidez gubernamental y la evasión fiscal a gran escala. Buena parte de la actividad económica griega tenía lugar «en negro», sin dejar registro. Los ejemplos abundan. Los propietarios de yates de lujo evitaban el IVA haciendo que sus sirvientes filipinos se hicieran pasar por turistas que alquilaban los barcos, ya que los navíos así fletados no tributaban y recibían una generosa asignación en combustible diésel, lo que significa un ahorro de 230.000 euros para un yate valorado en un millón de euros. Unos 800 políticos jubilados recibieron 80 millones de euros en «subvenciones de transición»; los funcionarios recibían bonificaciones por lavarse las manos; los profesores universitarios accedían a fondos de investigación europeos para adquirir automóviles y casas, los agricultores conseguían Mercedes, apartamentos de lujo a través de subvenciones de la Unión Europea destinadas a mejorar la productividad agrícola. El estado no sólo era extremadamente generoso con las clases altas, sino que también se ganaba a los trabajadores. Así, los miembros del Parlamento cobraban 16 mensualidades al año, mientras que los funcionarios y trabajadores públicos recibían dos bonos mensuales en Navidad y Pascua. Numerosas empresas estatales premiaban a sus trabajadores con cinco días libres todos los años en un hotel de lujo a su elección, los funcionarios podían ganar bonos por puntualidad e incluso por usar una fotocopiadora. En el metro de Atenas, los conductores recibían 60.000 euros de sueldo, mientras que a los pasajeros se les dio la opción de pagar o no, pues no había torniquetes de entrada, y predeciblemente muchos optaron por viajar gratis. El sistema griego era como una economía manicomial, que acabó creando una cultura de subvención.

Claramente, los gobiernos griegos cargan con la parte principal de la culpa de lo sucedido, pero también reflejan una mentalidad arraigada en la población. Incluso los inspectores de hacienda eran corruptos y aceptaban sobornos. Una investigación posterior descubrió que setenta funcionarios poseían propiedades por valor de entre 800.000 y 3 millones de euros, a pesar de que oficialmente sólo ganaban 51.000 euros al año. Theodoros Pangalos, vicepresidente y nieto de un dictador de los años veinte, lo evidenciaba: «Nos comimos el dinero todos juntos». Sin embargo, los gritos de los manifestantes en la plaza Sintagma de Atenas, congregados allí para denunciar a los políticos como «traidores y ladrones», sonaban a ciertos: los principales partidos cobraban diez euros anuales por cada voto emitido favorable (frente a un equivalente de 70 céntimos en Alemania), y los políticos utilizaron sus salarios como garantía para obtener préstamos bancarios, dejando una deuda de 260 millones de euros a los bancos griegos. A su vez, la endémica corrupción política entre la elite política griega ha engendrado una actitud entre la población, especialmente entre las clases profesionales, a favor de la evasión fiscal, ya que se percibe que los impuestos recaudados son desperdiciados. En 2011, se estaba privando a la Hacienda pública de unos 30.000 millones de euros en impuestos. Una cantidad relevante cuando, según el FMI, el 75 por 100 del gasto público griego se consume en salarios del sector público y pensiones.

 

 

2. LA CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA EN LA EUROZONA

 

En noviembre de 2009, Yorgos Papandreu fue elegido primer ministro griego en un nuevo gobierno del PASOK tras una victoria aplastante sobre Nueva Democracia, de centro-derecha, que había gobernado Grecia desde 2004, con la promesa de un paquete de estímulos de tres mil millones de euros para ganar votos y reactivar la economía. Una vez en el poder, tras haber visto los libros, desecharon este compromiso y compararon la situación con estar a bordo del Titanic. Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, comenzó a investigar las finanzas griegas, informando en noviembre de 2010 que el déficit gubernamental estimado en 2009 alcanzó 15,4 por 100 del PIB y la deuda pública ascendió al 126,8 por 100 del PIB, la más alta de la eurozona. En la primavera de 2010, Papandreu abogaba por unas tasas de interés asequibles, no a través de los mercados financieros, sino solicitando «el apoyo europeo para poder pedir prestado dinero en condiciones razonables». Una cumbre de la UE (el 24 y 25 de marzo de 2010), la primera de muchas dedicadas a los problemas de deuda de la eurozona, consideró el caso griego. Aunque el Tratado de Maastricht excluía específicamente los rescates, este impedimento se soslayó mediante el recurso a los artículos destinados a afrontar terremotos e inundaciones. Se acordó un rescate de 110.000 millones de euros en mayo de 2010, con una contribución de la UE de 80.000 millones y el resto a cargo del FMI. Se trataba de prevenir el impago de su deuda por parte de Grecia y dependía de la aplicación por su parte de medidas de austeridad. El ministro griego de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, dijo que Grecia se había visto obligada a tomar «una decisión fundamental, entre el colapso o la salvación». Alemania fue la más reacia a asistir a los griegos. La canciller Angela Merkel se mostró escéptica, al describir los planes de austeridad griegos como «muy ambiciosos». Vio el rescate condicional como una advertencia a otros miembros en peligro de la eurozona para evitar el mismo destino.

Sin embargo, en un corto período, Grecia ha visto sumarse a Portugal, Irlanda y España. Un año más tarde, en mayo de 2011, se acordaba un rescate para Portugal de 78.000 millones de euros, y se le encargó reducir su déficit presupuestario del 9,1 al 3 por 100 del PIB para 2013. Tras el acuerdo, el gobierno portugués cayó en marzo de 2011 después de que el Parlamento rechazara las medidas de austeridad propuestas. Portugal había experimentado la menor tasa de crecimiento de la eurozona. Sus industrias se vieron con precios fuera del mercado a causa de la mayor competencia de Asia y el este de Europa. A pesar de disponer de un programa de privatización en curso, éste no fue vigoroso; a menudo se encargaba a antiguos políticos en lugar de a empresarios dinámicos, en una forma de «corrupción blanda». Las rígidas leyes laborales, incluyendo la prestación por desempleo, contribuyeron a las dificultades crecientes de Portugal.

Es ilusorio imaginar que los políticos europeos pudieran resolver el problema griego. De hecho, el programa de austeridad impuesto a Grecia únicamente ha profundizado la recesión, con una economía contrayéndose un 10 por 100 entre 2009 y mediados de 2011, con un desempleo que se mantiene persistentemente alto, con unas finanzas griegas que han empeorado ya que los ingresos fiscales aún se han reducido más. Lejos de ser bien recibida, la intervención externa agravió (el ministro griego de economía protestó diciendo que su país estaba siendo «chantajeado y humillado»), y se han producido ecos del pasado, con esvásticas estampadas en banderas de la UE por los manifestantes. La UE, el BCE y el FMI no fueron aclamados como salvadores, sino denunciados como la «troika». El gobierno de Papandreu empezó a combatir la corrupción, pero se enfrentaba a una dura batalla contra un electorado indiferente. Anunció una reforma del régimen de pensiones del estado, que permitía a algunos griegos retirarse a los cuarenta años, y decretó que todos los beneficiarios de pensiones debían desplazarse en persona una vez al año hasta un banco para corroborar que todavía estaban vivos y hacer frente a la ridícula situación de hijos de difuntos que recibían la pensión de sus padres durante años, incluso décadas. Un antiguo oficial de contraterrorismo fue destinado a reforzar la recaudación de los impuestos adeudados al estado. Imágenes de satélite revelaron a los inspectores fiscales que existían 16.974 piscinas no registradas en Atenas. Controles en el exterior de las discotecas de la capital descubrieron a 6.000 personas que declaraban ingresos de sólo 10.000 euros al año y poseían automóviles valorados en más de 100.000.

Sin embargo, no se produjo ningún cambio ni en la actitud de los evasores de impuestos, ni en la del gobierno; de cara a la galería asumían los requisitos de la troika, mientras buscaban evitar administrar las medicinas más dolorosas. Ábrio (mañana) es la palabra favorita de los griegos. En el verano de 2011, el gobierno griego iba tras 500 millones de euros de los propietarios de yates de lujo, pero sólo logró reunir 2,5. Los extravagantes regímenes especiales de jubilación, que cuestan al estado miles de millones cada año, se mantuvieron intactos, como el sistema de «coto cerrado» que aqueja a algunos sectores de la economía. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, los farmacéuticos recibían 35 euros por cada 100 euros de medicamentos recetados vendidos a los clientes —lo que representa para el estado griego alrededor de 1.500 millones de euros por año—, mientras que en Alemania el equivalente era de 3,80 euros. La promesa gubernamental de conseguir 50.000 millones de euros a través de la privatización de activos estatales, incluyendo bancos, servicios públicos y puertos, resultó ilusoria. La fantasiosa oferta de Papandreu para incluir algunas islas griegas ignoraba el hecho de que Grecia carece de un registro de la propiedad y la titularidad de muchos de los lotes más preciados está en disputa. Incluso si ese obstáculo se superara, otros aparecerían: ocho ministros deben bendecir la venta de una isla, y los compradores no europeos requieren del visto bueno del ministro de Defensa y 2.500 licencias y permisos oficiales deben completarse. Cuando se produjo el segundo rescate (véase más abajo), no se había concretado ninguna privatización, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial de 2010 Grecia se situaba en el puesto 96 de lugares a invertir. Muchos de los gestos del gobierno eran contradictorios. Por ejemplo, la imposición de un impuesto del 2 por 100 a los patrimonios inmobiliarios de más de 4 millones de euros, sólo podía actuar como un desincentivo para los inversionistas privados cuando las tierras del estado llegaran al mercado. De nuevo, el gobierno del PASOK, con su precaria mayoría, no hizo ningún movimiento para instigar reformas del sistema político, lo que enfureció a la gente de a pie. Los partidos políticos ofrecieron billetes gratis a los griegos expatriados para que pudieran regresar a sus hogares a votar. Una de las razones de la quiebra de Olympus Airways fue el impago por parte de los partidos. La gente común siguió dicho ejemplo y se negó a pagar las facturas de servicios públicos. La corrupción sigue siendo moneda corriente en la sociedad griega, de arriba abajo. Transparencia Internacional calcula que uno de cada seis griegos entregó «pequeños sobres» (fakelaki) para engrasar a funcionarios del gobierno, sobornos por valor de al menos mil millones al año. Además, la evasión fiscal empeoró a medida que se profundizaba en la crisis. En 2011, de cinco millones de contribuyentes, sólo 33 admitieron unos ingresos superiores a los 750.000 euros y menos de 300 admitieron tener unas ganancias entre los 400.000 y los 750.000 euros.

 

 

3. LA CRECIENTE CRISIS DE LA DEUDA

 

Grecia, Irlanda y Portugal representan, todos juntos, el 17 por 100 del PIB de la eurozona. Sus problemas parecían contenibles. El peligro se hallaba en el contagio a grandes actores. España e Italia estaban ahora en el punto de mira. España había protagonizado una de las historias de éxito de la eurozona, con la creación de más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo en la UE entre 2000 y 2005, y con un retorno a un nivel de crecimiento de más del 3 por 100 desde 1997 hasta 2007. Sin embargo, mucho de esto dependía de la burbuja inmobiliaria iniciada en 1997 y finalizada en 2007, durante la cual se construyeron cinco millones de nuevas viviendas y el número de hogares aumentó en una cuarta parte. La obsesión por la propiedad inmobiliaria generó el 16 por 100 del PIB y el 12 por 100 del empleo en su pleno apogeo. Los precios se dispararon durante dicho período, y ello obligó a los propietarios de casas nuevas a asumir excesivos niveles de deuda justo cuando los bancos españoles ofrecían préstamos baratos. En 2008, estalló la burbuja inmobiliaria y el desempleo se elevó del 7,6 por 100 de octubre de 2006 hasta situarse en el 20,33 por 100 en diciembre de 2010. En enero de 2010, España comenzó a introducir medidas de austeridad, intensificadas cuatro meses después. La economía española era frágil, pero logró mantenerse a flote a través de sus bancos, que en septiembre de 2011 poseían 142.000 millones de euros en bonos españoles. De hecho, el mayor banco de España, Santander, tuvo que contribuir al rescate del gobierno británico de su sector bancario.

Italia tampoco dependía de los inversores extranjeros para colocar sus bonos (la mayoría se adquirían dentro del país), pero se enfrentaba a deudas de casi 1,9 billones de euros, equivalente al 120 por 100 de su PIB, las segundas mayores de la eurozona tras Grecia. Desde 1980, los gobiernos italianos mantuvieron gastos excesivos sin control. Más allá de un breve período de superávit coincidiendo con la entrada en el euro, la norma fue un gran déficit público. Al mismo tiempo, la brecha norte-sur persistió (entre 2000 y 2006, las partes deprimidas del sur rural recibieron 27.400 millones de euros en ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo), la corrupción era corrosiva —incluyendo a la omnipresente Mafia— y se prestó una atención insuficiente al desarrollo de infraestructuras, a las reformas del mercado y a la inversión en investigación. Como resultado y a pesar de participar en el G8, el país acoge el menor número de multinacionales de las economías avanzadas. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas predominan en el norte industrial, centradas en las exportaciones de alta calidad para nichos de mercado, como medio para evitar la fiera competencia de las economías emergentes.

Como tercer mayor miembro de la eurozona, Italia fue considerada «demasiado grande para ser rescatada». La posición italiana no se vio favorecida por su tendencia a anunciar medidas de austeridad draconianas para aplacar a los mercados, sólo para luego retirarlas. Esta renuencia a actuar reflejaba el temor de que la austeridad acelerase la desaceleración económica, ya que se necesitaban medidas de liberalización que amenazaban las posiciones privilegiadas de las grandes corporaciones y las clases profesionales. Por otra parte, los disturbios provocados por la amenaza de medidas de austeridad generalizadas actuaban como un desincentivo adicional a la hora de enfrentarse a los problemas.

Un momento clave se vivió en Deauville en octubre de 2010, cuando los líderes europeos decretaron que los tenedores de bonos debían asumir las pérdidas como una parte integral de los futuros rescates. Esta decisión inyectaba riesgo crediticio en el mercado de deuda soberana de la eurozona y los inversores empezaron a vender a la baja sus bonos, buscando refugios seguros para su dinero (principalmente bonos alemanes o acciones del Tesoro estadounidense).

 

 

Las autoridades consideraron que era necesario mantener la respiración asistida al paciente griego por dos razones. En primer lugar, porque cancelar toda la deuda griega sentaría un peligroso precedente que los otros enfermos de la eurozona también podrían exigir. Y, segundo, los bancos europeos expuestos a la deuda griega quedarían gravemente debilitados y en algunos casos en peligro de colapso. Si uno caía se corría el riesgo de crear un efecto cascada al estilo Lehman Brothers. El peor de los casos —el Armagedón— sería ver la quiebra de un país de la eurozona, que dispararía una pérdida de confianza en la deuda de otras naciones por parte de los mercados, lo que conduciría a una retirada masiva de liquidez de los bancos del sector privado, cuya supervivencia estaría en serias dudas. El contagio podría extenderse más allá de la eurozona, ya que los inversores en estado de pánico retirarían sus fondos y venderían las acciones de otros bancos, paralizando el mundo del sistema financiero. El mejor escenario sería que los políticos hallaran una vía para compartir la carga entre los países acreedores y deudores, inyectando liquidez a los bancos amenazados y concediendo al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) (véase más abajo) mayor potencial para apagar las llamas antes de que el fuego incontrolado se descontrole.

En el verano de 2011, era evidente que el rescate de Grecia no daría los resultados previstos. Sin un segundo paquete de rescate, Grecia se dirigía hacia la quiebra de su montaña de deuda. A puerta cerrada, en una cumbre de emergencia en Bruselas, Merkel y el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, urdieron un esquema para sacar a Grecia a corto plazo del apuro, mientras simultáneamente buscaban evitar que el contagio afectase a otros miembros de la eurozona, con la esperanza de restaurar la confianza en los mercados. Los tres elementos emergentes fueron la reducción de las tasas de interés para Grecia, Irlanda y Portugal, algunas pérdidas para los inversores privados para rebajar la deuda griega y una conversión del fondo de rescate temporal de la eurozona en un instrumento más sustantivo y financieramente flexible. El nuevo paquete de financiación, de 159.000 millones de euros creó un nuevo Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) con poderes para comprar la deuda de los países en dificultades y para financiar los rescates bancarios. Alemania, como la mayor economía de la eurozona, contribuiría con el 27 por 100 de los fondos de financiación. Sarkozy lo equiparó a un fondo monetario europeo. El quid pro quo alemán fue insistir en que las instituciones financieras privadas debían pagar un precio en forma de tasas de interés más bajas y aplazamientos en el vencimiento de los bonos griegos en su poder por un valor de 16.000 millones de euros, es decir más del 21 por 100 del total. Las tasas de interés de los préstamos de emergencia a Grecia se redujeron del 5,5 al 3,5 por 100, con una ampliación del período de pago de siete a al menos quince años, con un plazo máximo de treinta. Los mercados inicialmente recibieron la noticia del segundo rescate con euforia, reflejando que los anteriores intentos de rescate eran evidentemente imperfectos e insuficientes. Una vez que el polvo se asentó y pudieron examinarse los detalles, o la falta de ellos, surgieron las dudas evidentes y se renovaron las turbulencias en los mercados. En efecto, se reveló como una quiebra parcial apenas disimulada, pues se pedía a los acreedores privados un perdón parcial de la deuda, un paso sin precedentes para un país desarrollado desde la segunda guerra mundial.

Posteriormente, las hipótesis que sustentaba el acuerdo comenzaron a desmoronarse cuando la economía mundial se desaceleró, las posiciones de otros atribulados miembros de la eurozona con problemas de deuda soberana empeoraron, y la situación interna de Grecia se deterioró cuando la población se rebeló contra las medidas de austeridad exigidas por la troika. El principal defecto radicaba en que Grecia todavía tenía más deuda de la que posiblemente podía pagar. Hasta este momento, no se había despedido a ningún trabajador del sector público, ya que el gobierno del PASOK buscaba satisfacer suficientemente a la troika como para continuar recibiendo los tramos de dinero del primer acuerdo de rescate y, al mismo tiempo, no enemistarse con sus partidarios ni poner en peligro su supervivencia política.

Si el euro iba a tener un futuro a largo plazo, entonces el camino lógico era el de la unión fiscal, la emisión de bonos de la eurozona con el mismo tipo de interés y período de reembolso, la creación de un Fondo Monetario Europeo y la transferencia de fondos desde el norte más rico al sur más pobre. Así lo dio a entender Sarkozy cuando calificó el acuerdo como «un momento histórico». «Nuestra ambición», admitió, «es aprovechar la crisis griega para dar un salto cualitativo en el gobierno de la eurozona». Sin embargo, el entusiasmo francés fue enfriado por el escepticismo alemán, al darse cuenta de que los contribuyentes alemanes asumirían la carga principal. Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, ponía una nota de cautela a través de una declaración que sugería que los principios que sustentaban el segundo rescate se acompañaban de peligrosas connotaciones.

 

Mediante la transferencia de considerables riesgos adicionales para ayudar a los países subvencionados y a sus contribuyentes, la eurozona ha dado un gran paso hacia la colectivización de los riesgos en casos de finanzas públicas inestables y de errores económicos. Esto debilita las bases de una unión monetaria fundada en la autorresponsabilidad fiscal. En el futuro, será incluso más difícil mantener los incentivos a favor de políticas fiscales rigurosas.

 

Los esfuerzos para la gobernanza debían afrontar responsablemente la oposición de la opinión pública. En Alemania, la opinión generalizada calificaba a los griegos como perezosos y no se podía pedir a los contribuyentes alemanes rescatar una y otra vez a economías despilfarradoras sin resultados. El contraste entre las edades de jubilación de los trabajadores públicos en Grecia y Alemania (55 contra 67) se pregonó como la ejemplificación del sentido contraste entre la ética del trabajo de ambos países.

Era evidente que los desequilibrios fiscales de las economías más pequeñas de la eurozona (Grecia, Irlanda y Portugal) eran controlables y que existían recursos suficientes —y la voluntad política de utilizarlos— para rescatar a este triunvirato del olvido financiero. Sin embargo, si el contagio se extendía hasta fagocitar a Italia y España, entonces la crisis resultante podría llegar a ser inmanejable y el futuro del propio euro estaría en juego. Grecia, por ejemplo, constituía sólo con el 2 por 100 del PIB de la eurozona, mientras que España e Italia combinadas representaban el 24 por 100, aparentemente demasiado grandes para ser rescatadas sin hacer zozobrar el proyecto del euro. Italia se estima que requeriría 500.000 millones de libras esterlinas a finales de 2013, y si los costos de endeudamiento alcanzasen las tasas de interés griegas, entonces tendría problemas para mantener su solvencia.

La decisión británica de conservar la libra esterlina y mantenerse fuera de la eurozona (calificada por Margaret Thatcher como «estar en Babia») quedó justificada. La exposición de los bancos británicos a la deuda griega era sólo de 2.000 millones de euros, una cuarta parte respecto de sus homólogos franceses y alemanes. Al mismo tiempo, Gran Bretaña no podía desinteresarse completamente de la suerte de la moneda única, ya que la mitad de sus exportaciones se destinaban a la UE y la mayor parte de la actividad financiera de la eurozona se tramitaba en la ciudad de Londres. Además, dado que Irlanda era un socio comercial clave de la coalición del gobierno conservador-liberal, decidió prestar grandes sumas a Dublín para aliviar sus problemas y, en el verano de 2011, ya había asumido obligaciones por 12.500 millones de libras para ayudar a Grecia, Irlanda y Portugal. Como miembro del FMI, Gran Bretaña pagó una parte proporcional de la financiación destinada a solucionar la crisis de la eurozona.

Grecia se convirtió en el punto de referencia contra el cual los países endeudados medían la gravedad de su situación, el extremo que debía evitarse o que, por comparación, hacía palidecer por insignificantes sus problemas. El presidente Barack Obama, en su intento por ganar un segundo mandato en 2012, insistió en que Estados Unidos no era Grecia y en que la rebaja de la calificación crediticia de AAA a AA + reflejaba más el malestar político por la elevación del techo de endeudamiento el 12 de agosto de 2011 en dos billones de dólares, que las dudas sobre el reembolso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aunque los chinos tuvieron a bien invertir parte de su esplendidez en la eurozona, no hay mercado más allá de Estados Unidos que pueda absorber su excedente de capital, lo que significa que Washington puede seguir endeudándose sin temor de que su mayor acreedor se asuste. Una vez más, la posibilidad de que Gran Bretaña se convierta en otra Grecia parece exagerada. Para empezar, la escala de deuda gubernamental no soporta la comparación: mientras que en 2011, la OCDE estimaba que la red de pasivos financieros de Grecia se equiparaba al 114,2 por 100 del PIB, la de Estados Unido era un poco menos de la mitad (56,3 por 100). Por otra parte, cuando Grecia intentaba pedir prestado en los mercados de capitales, se enfrentaba a paralizantes tasas de interés de dos dígitos, mientras que Gran Bretaña pagaba una tasa real de sólo el 0,3 por 100, por debajo de la mayoría de las predicciones de crecimiento futuras y con la promesa de que los ingresos tributarios crecerían más rápido que la deuda acumulada. Esto significaba, por supuesto, asumir que el interés se mantendría en niveles históricamente bajos. Para evitar una crisis al estilo griego, el Banco de Inglaterra recurrió a la expansión cuantitativa (imprimir dinero) para comprar bonos del estado, promover la liquidez bancaria y fomentar los préstamos a las empresas, una flexibilización monetaria no disponible en Grecia, pues pertenece a una unión monetaria. Si se sobreactuaba, entonces se corría el riesgo de avivar la inflación; pero utilizado de forma prudente, el bombeo adicional de billetes en el sistema financiero impulsó la compra, cuyo atractivo se vio acentuado por el mantenimiento de la calificación crediticia AAA para Gran Bretaña, las bajas tasas de interés sobre el ahorro y las fluctuaciones del mercado de valores. A principios de 2012, el Banco de Inglaterra había inyectado 325.000 millones de euros en la economía.

 

 

La actitud de Alemania (como en una telaraña) era crucial para la supervivencia del euro en su forma actual. Según una de las frases famosas de Henry Ford: «El secreto del éxito se halla en entender el punto de vista de los demás». La posición alemana se ha suavizado hasta cierto punto durante lo más profundo de la crisis (en 2010, la canciller Merkel declaró: «Tenemos un tratado en virtud del cual no hay posibilidad de pagar para rescatar a los estados»), aunque subyace la postura de Berlín de aversión hacia las soluciones extremas y su deseo de impulsar medidas de contención para evitar cualquier impago de la deuda, que comportase implicaciones para el expuesto sector bancario alemán. Con cuatro centros de poder en Berlín (la Cancillería, el Ministerio de Finanzas, el Bundesbank y el Tribunal Constitucional), el proceso de toma de decisiones se complica. Los cínicos también han sugerido que los alemanes tienen un interés particular en defender el euro porque otorga competitividad a sus exportaciones. Tras una cumbre de emergencia en París entre los líderes de Francia y Alemania el 16 de agosto de 2011, sus resultados recogían la precaución alemana y el enfoque escalonado de Merkel. Aunque ambos se declararon comprometidos con una mayor integración en la eurozona (un «gobierno económico real»), los eurobonos fueron específicamente descartados por el momento, pues una mutualización de la deuda mientras los diecisiete mantuvieran políticas fiscales y económicas dispares era ilógica. «Podríamos imaginarla», explicó Sarkozy, «pero al final de un proceso de integración de la eurozona, no al principio». «Alemania y Francia están absolutamente decididas a fortalecer el euro como nuestra moneda común y proseguir con su desarrollo», declaró la canciller Merkel.

Muchos analistas predijeron que Grecia se vería obligada a quebrar en algún momento. En el otoño de 2011, con la troika reteniendo la ampliación de un nuevo tramo del rescate financiero original, el gobierno de Atenas admitió que no sería capaz de cumplir con sus objetivos de déficit para 2011. La pregunta era de si se trataba de una consecuencia de la profunda recesión o de si las autoridades no habían actuado con fuerza suficiente para reducir el endeudamiento. La troika apostó por la última. Carlo Cottarelli, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, defendía el duro enfoque adoptado últimamente respecto de Atenas: «Grecia ha demostrado que se está tomando este programa en serio, obviamente lo hecho no es suficiente y se requieren más ajustes. Contamos con un equipo en Atenas para evaluar las medidas a tomar». El gobierno griego, naturalmente más inclinado hacia el primer punto de vista, deseaba evitar mayores medidas de austeridad. Aunque ambas interpretaciones tenían parte de verdad, el continuo fracaso en la recaudación de ingresos fiscales seguía siendo una preocupación importante. Para junio de 2011, el gobierno había generado sólo el 56,8 por 100 de los ingresos fiscales netos previstos para todo el año. Al mismo tiempo, el gasto público se movía por delante del presupuesto (69 por 100 en otoño). Las autoridades griegas recurrieron a un nuevo impuesto sobre la propiedad, gestionado a través de las facturas eléctricas y que comportaría el corte del suministro en caso de impago. Este impuesto, mayor que cualquier otro previo, debía ser aplicado a todos los propietarios, independientemente de sus circunstancias. Se basaba en los metros cuadrados, la edad del edificio y el valor medio del barrio, sin tomar en cuenta los ingresos. La medida ayudó a convencer a los ministros de economía europeos de liberar el último tramo de la ayuda del primer rescate a finales de noviembre de 2011, pero a finales de este año ésta empezaba a zozobrar. El gobierno anunció que no se cortaría la electricidad a los morosos sin antes revisar su situación; los sindicatos ocuparon el centro de facturación de la compañía eléctrica para evitar que las facturas fuesen distribuidas; y un grupo ilegal de electricistas amenazó con volver a conectar la corriente a cualquier persona desconectada. Al final del año, los propios recaudadores de impuestos se declararon en huelga, descontentos ante la perspectiva de perder sus privilegios. Por entonces, también el gobierno del PASOK había caído después de saltarse las reglas y amenazar con convocar un referéndum sobre las últimas medidas de austeridad.

También en Italia se produjo un cambio en la jefatura del gobierno, cuando Mario Monti se convirtió en primer ministro el 12 de noviembre de 2011. Conocido como Il Professore, se trataba de un economista con una experiencia previa como comisario europeo, de un tecnócrata sin lazos políticos, que podría promover medidas de austeridad destinadas a restaurar la confianza de los mercados en la economía italiana, lo que reduciría el coste del endeudamiento. Monti presentó un programa de austeridad de emergencia, que preveía el aumento de impuestos, la reforma de las pensiones y medidas para combatir la evasión fiscal, y que superó con éxito las dos cámaras del Parlamento el 22 de diciembre. Otras reformas, esta vez dirigidas al mercado de trabajo, se dieron a conocer el 20 de enero de 2012, incluyendo propuestas para abrir determinadas profesiones privilegiadas a una mayor competencia y acabar con las tarifas mínimas por sus servicios, y para reformar el artículo 18 del Código de Trabajo y facilitar la contratación y el despido de los trabajadores. Estas medidas provocaron manifestaciones públicas, que obligaron a rebajar algunas de las medidas para conseguir la aprobación parlamentaria. El mandato de Monti dependía del mantenimiento del apoyo político por parte de los principales partidos que, de momento, preferían que fuese él quien administrase la medicina. Los sindicatos, fuertes en el sector público, también se mostraron profundamente reticentes a las medidas de austeridad. De hecho, en su informe de 2012 sobre la economía italiana, la Comisión Europea criticaba el desempeño del gobierno no partidista de Monti. Por ejemplo, sus esfuerzos para identificar y recuperar los impuestos impagados se consideraban «todavía insuficientes» y permanecían como un «desafío clave». En mayo de 2012, Monti promovió una revisión de los gastos para recortar 4.200 millones de euros, que el profesor Francesco Giavazzi, uno de los críticos más duros de Monti, comparó a «un asustadizo ratón» pues se centraba únicamente en una décima parte del gasto público. La OCDE también era crítica, prediciendo que la economía italiana podría alcanzar un promedio de crecimiento anual de sólo el 0,5 por 100 entre 2012 y 2017, lo que representa la tasa más mediocre de los 41 países encuestados.

El sector bancario europeo, el más grande del mundo, se hallaba peligrosamente expuesto a una moratoria griega, especialmente los bancos franceses y alemanes. Ya en octubre de 2011, el grupo bancario belga Dexia, el mayor de Bélgica, se tambaleaba hacia la quiebra por su exposición a la deuda soberana de los miembros de la eurozona con problemas (20.900 millones de euros). Tras ser rescatado en 2008, cuando los gobiernos francés y belga se convirtieron en sus principales accionistas, Dexia se acercaba de nuevo a la quiebra, dependiendo extremadamente de los préstamos a corto plazo, cuando la mayoría eran a largo plazo. Irónicamente, Dexia había superado una ronda de pruebas de estrés de los bancos europeos tres meses antes, lo que evidencia que no fueron suficientemente sólidas y dirigidas principalmente a satisfacer a los mercados (sólo dos bancos aparecieron como problemáticos). Los bancos comerciales dejaron de prestar a Dexia y, tras una caída del 42 por 100 de sus acciones, éstas fueron paralizadas. El 9 de octubre de 2011 (domingo), se anunció un paquete de rescate, por el que Bélgica nacionalizaba el banco consumidor y el brazo financiero del municipalismo francés se fusionaba con el banco estatal —Caisse des Dépôts— y el brazo bancario del servicio postal —Banque Postale—. Además, Dexia preveía crear un «banco malo» para absorber los activos tóxicos, incluyendo la deuda griega, italiana, portuguesa e irlandesa.

En este caso se planteó la cuestión más amplia de cómo apuntalar a los bancos vulnerables, en previsión de un mayor deterioro del entorno económico. Los franceses querían utilizar el FEEF para apoyar a sus bancos, viendo así un medio para evitar una rebaja de su calificación crediticia triple A, un tema sensible para Sarkozy, ante las elecciones presidenciales que se avecinaban. Sin embargo, los alemanes querían que los estados miembros primero agotasen sus propios recursos, por temor a que permitir el acceso de Francia al FEEF sentaría un peligroso precedente que otros miembros reclamarían también. El FMI estimaba que los bancos europeos podrían necesitar 300.000 millones de euros en capital adicional si la crisis de la deuda se prolongaba.

 

 

4. EL PLAN DE RESCATE EUROPEO RESULTA INSUFICIENTE

 

Francia y Alemania conspiraban para lograr lo que los funcionarios de Bruselas llamaban un «gran pacto» para rescatar al euro. Los alemanes exigían un control total sobre los presupuestos de los estados miembros, con una disciplina reforzada por unas rígidas sanciones a los infractores. En Berlín, esto proporcionaba una forma de evitar una autorización masiva de rescate del BCE de los miembros derrochadores, que alienaría a los votantes alemanes y probablemente sería declarada ilegal por el Tribunal Constitucional alemán. Merkel alabó las virtudes de una «unión fiscal» en su discurso del 2 de diciembre de 2011. En febrero de 2012, 25 de los 27 estados miembros de la UE (Gran Bretaña y la República Checa fueron las excepciones) acordaron respaldar un nuevo tratado fiscal para garantizar que en el futuro ningún déficit presupuestario superaría el 3 por 100 del PIB. Esta cifra suponía retornar a la misma norma consagrada en el Tratado de Maastricht, con la excepción de que, en esta ocasión, Berlín preveía penas severas para los miembros descarriados. Berlín estaba decidido a introducir el veto de los presupuestos nacionales para garantizar su cumplimiento. Como todos los miembros necesitaban de sus parlamentos o de referéndums para aprobar la nueva legislación, el tratado fiscal llevaría algo de tiempo para entrar en funcionamiento. «Se trata de evitar la próxima crisis», se lamentaba Martin van Vliet, economista del Banco ING en Ámsterdam. «En este caso tiene poco efecto.»

Al final de la cumbre europea de 2011, justo antes de Navidad (el encuentro número quince para tratar de luchar a brazo partido contra la crisis de la deuda soberana), el primer ministro británico David Cameron ejerció por primera vez el derecho a veto para bloquear un tratado en toda la UE, porque quería proteger a la city de Londres contra un impuesto sobre las transacciones, que temía podía provocar un éxodo de instituciones de inversión a otros centros financieros libres de ella. La industria de servicios financieros de Londres, conocida internacionalmente como la city, agrupa más bancos y compañías de seguros que cualquier otra parte del mundo, compitiendo con Wall Street en operaciones de valores y acciones. Otras operaciones incluyen oro y metales preciosos, futuros, derivados, transporte marítimo y energía. El centro financiero más grande de Europa, considerablemente mayor que la Bolsa de París y varias veces mayor que Frankfurt, la city, ha contribuido de forma esencial a la economía británica: el 10 por 100 del PIB, con un 1 por 100 de contribuyentes con grandes ingresos que tributan el 27,7 por 100 de todos los impuestos sobre la renta (el 2 por 100 en 2000), generando 47 millones de libras esterlinas en 2011, muy superior a lo recaudado en concepto de ingresos fiscales de empresas por parte de Hacienda y suficiente para financiar un tercio del estado del bienestar. La mitad de una elite de 308.000 personas (equivalente a la población de Coventry) residía en Londres y el sureste. Si estos emprendedores salieran del país al sentirse alienados, las implicaciones financieras para el gobierno serían graves.

Hacia finales de 2011, era evidente que los líderes de la eurozona habían fracasado a la hora de controlar la crisis de la deuda soberana y que, en todo caso, sus actuaciones habían empeorado, y no mejorado, la situación. Delors los culpó por actuar «demasiado poco y demasiado tarde». Los líderes de Alemania y Francia fueron más reactivos que proactivos, siempre dos pasos por detrás de los mercados. En numerosas ocasiones, Merkel y Sarkozy declaraban haber llegado a un acuerdo sin precedentes para salvar la eurozona, provocando una breve euforia de los mercados hasta que el análisis minucioso revelaba el engaño tras el último juego de manos. La capacidad del BCE para aliviar la situación era muy limitada. No sólo no podía actuar como prestamista de última instancia para los países deudores, sino que sólo podía comprar bonos en los mercados secundarios. Desde mediados de 2011, las empresas de inversión estadounidenses, alarmadas ante el desorden en la eurozona, habían cortado el acceso a fondos en dólares a corto plazo, mientras que los préstamos interbancarios también estaban a punto de paralizarse.

Lo que se avecinaba era un escenario de pesadilla con una afluencia masiva de clientes a los bancos, que se propagaría por los mercados europeos y de ultramar a una escala que convertiría la crisis de Lehman Brothers en algo de poca monta. Grecia ya estaba empezando a experimentar una huida de capital de sus bancos, con una pérdida de 14.000 millones de euros en depósitos entre agosto y octubre de 2011. Para entonces los depósitos en los bancos griegos habían caído una cuarta parte en comparación con su punto máximo en 2007. No es de extrañar que sir Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtiese que los bancos británicos se preparaban para enfrentarse a un «entorno excepcionalmente amenazante». De hecho, en diciembre de 2011, King habló de la perspectiva de una contracción mayor incluso que la Gran Depresión. En un esfuerzo para protegerse de la tormenta inminente, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón encabezaron una intervención de seis bancos centrales para reducir la tasa de interés de los préstamos de emergencia en dólares a los bancos con problemas que cada vez hallaban mayores dificultades para acceder a los fondos de los bancos estadounidenses, temerosos ante un colapso de la eurozona. La medida también reflejaba el hecho de que los bancos estadounidenses y los fondos de inversión ya habían prestado de forma extensiva a Europa y, si se producía una gran demanda de fondos a los bancos europeos, estarían expuestos a su contagio. Para evitar el peor de los casos, Barclays Bank redujo su exposición a la deuda de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España en un 31 por 100 entre junio y septiembre de 2011, mientras que Prudential redujo su exposición a la deuda ligada a las economías problemáticas en 49 millones de libras. Los bancos no están obligados a declarar el tamaño de sus fondos de alto riesgo, por lo que el alcance de cualquier choque sísmico es una incógnita.

El 8 de diciembre de 2011, el BCE, finalmente tomó el camino del rescate, anunciando que pondría fondos a disponibilidad de los bancos comerciales a su principal tipo de interés (que se redujo al 1 por 100) en dos subastas. La primera provocó ofertas por 489.000 millones de euros, y fueron los primeros buenos indicios de un efecto similar en las acciones desde junio de 2009. La segunda, en febrero de 2012, liberó 500.000 millones de euros y puso en evidencia a los bancos españoles e italianos que sumaron el 60 por 100 de la demanda y usaron el dinero para comprar bonos del gobierno, atraídos por su mayor rentabilidad. En el verano de 2012, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo de rescate permanente creado en febrero de 2011, reemplazó al FEEF, aunque parecía dudoso que tuviese suficiente potencia para afrontar todas las contingencias. También se planteó la idea de que el BCE prestase dinero al FMI para que éste lo prestase a su tiempo a los miembros de la eurozona con dificultades. En conjunto, estas medidas compraron tiempo y evitaron una crisis crediticia generalizada. En efecto, existen algunas pruebas de que la intervención del BCE reforzó la confianza en la medida en que los inversores clave (fondos de inversión franceses y aseguradoras alemanas) dejaron de vender bonos gubernamentales periféricos y, de nuevo, volvieron a comprar.

Las agencias americanas de calificación de crédito, después de ser tan negligentes en la anticipación de la crisis de las hipotecas de alto riego de Estados Unidos, pasaron a ser más proactivas y críticas ante la crisis de la eurozona. Sus pronunciamientos tenían relevancia, pues las calificaciones negativas aumentaron el riesgo percibido y, por lo tanto, el coste del endeudamiento en el mercado de bonos. En enero de 2012, Standard & Poor’s condenaba la austeridad como contraproducente, ya que las medidas asociadas únicamente profundizaban la crisis financiera, y anunciaba una serie de rebajas que justificaba como «impulsadas principalmente por las insuficientes medidas políticas de los líderes de la UE para solucionar íntegramente las tensiones sistémicas». Portugal y Chipre fueron relegados a la categoría de bono-basura, mientras que Francia y Austria perdieron su codiciada calificación AAA, dejando a Alemania como la única economía importante en la eurozona que mantenía una alta valoración, lo que significaba que la financiación del rescate se hizo mucho más cara. Fitch fue detrás rápidamente, rebajando a Bélgica, Chipre, Italia, Eslovenia y España, mientras que confería la categoría de bono-basura a Portugal. Al mes siguiente, Moody’s rebajó a Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España y, al mismo tiempo, situaba a Austria, Gran Bretaña y Francia bajo observación.

El «problema griego» se convirtió en una epopeya que se negaba a desaparecer. Se intuía un cambio en el estado de ánimo en Bruselas, orquestado por un Berlín que exigía garantías de que las medidas de austeridad requeridas se cumpliesen. Igualmente existía la determinación entre el pueblo griego de no doblegarse a la voluntad de Alemania. A primera hora del 13 de febrero de 2012, el Parlamento griego aprobaba una serie de recortes, exigidos por la troika para liberar el dinero del segundo fondo de rescate. De lo contrario, con 14.400 millones de euros de préstamos a reembolsar a prestamistas privados con vencimiento el 20 de marzo de 2012, Grecia quebraría. El gobierno de coalición, formado en noviembre de 2011, dirigido por Lukás Papadimos, ex vicepresidente del BCE, retrasó la aceptación de las demandas de la troika hasta las once, para finalmente ceder cuando la catástrofe económica parecía ser la alternativa. Atrapados entre la espada y la pared, la coalición logró conservar las preciadas gratificaciones de vacaciones, pero tuvo que ceder por completo en el resto. Las medidas aprobadas por el Parlamento, con más de 80.000 manifestantes fuera del edificio, incluían una reducción del 22 por 100 del salario mínimo (750 euros al mes), el recorte de 1.100 millones de euros en sanidad y de 600 millones tanto en defensa como en pensiones. Además, se preveían 150.000 despidos en el sector público para el año 2013. Grecia había entrado en su quinto año de recesión y la privatización del inflado sector público era aún apenas evidente, la compra por parte de Deutsche Telekom de una participación del 40 por 100 en las telecomunicaciones griegas representa el ejemplo solitario en los últimos dos años de austeridad. En un editorial del 13 de febrero de 2012, The Times capturó el absurdo de la situación griega y pedía que se permitiera quebrar a Grecia:

 

La edad de jubilación promedio nacional es de 61. Un gran número tienen derecho a la jubilación anticipada, cuando se hallan empleados en lo que el gobierno considera industrias peligrosas, que incluye a peluqueros, masajistas y trombonistas. Grecia necesita madurar. No puede tener un estado que paga la jubilación anticipada de la ciudadanía, pero no recaude impuestos.

 

Igualmente, la expectativa de la troika de que las medidas de austeridad por sí solas, que hasta ahora habían golpeado con mayor dureza al sector privado, podrían conducir a Grecia a una situación en que pudiese pagar por sus propios medios, se demostró ilusoria. De hecho, la incertidumbre que rodeaba su futuro desanimaba a los inversionistas externos, preocupados de que un dracma devaluado pudiese surgir de pronto del caos y la confusión. Mientras que la troika podía decidir seguir rescatando indefinidamente a los griegos, los crecientes problemas políticos y las dificultades económicas en otros lugares creaban demandas que competían por unos recursos finitos, y hacían plausible que, más pronto o más tarde, se produjera una quiebra controlada, una vez que la llamada «malla de protección» estaba en su lugar. Los periódicos alemanes ya equiparaban a Grecia a un estado fallido, una opinión compartida por el gobierno, que deseaba un comisionado de la UE capaz de ejercer el poder de veto sobre los impuestos y el gasto griegos, una propuesta filtrada e inmediatamente denunciada por unos griegos orgullosos que lo veían como una violación de su soberanía.

El 21 de febrero de 2012, tras tortuosas negociaciones, los líderes de la eurozona aprobaron el segundo rescate financiero para Grecia por valor de 130.000 millones de euros, lo que según el ministro de Economía griego Evángelos Venizelos había evitado un «escenario de pesadilla», y elogiaba el paquete de rescate como «quizás el acuerdo más importante en la historia de la posguerra en Grecia». El acuerdo reducía la deuda griega en un 30 por 100, al pedir a los bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y a diversos acreedores privados «aceptar» un recorte del 53,5 por 100 en 206.000 millones de euros en bonos, lo que representaba un 74 por 100 de rebaja dada la prolongación de los vencimientos. El viernes 9 de marzo de 2012, los titulares de 172.000 millones de euros en bonos griegos aceptaron la mayor reestructuración de deuda de la historia, con la participación de casi el 83,5 por 100 de las obligaciones, una participación que posteriormente se elevó hasta el 95,7 por 100 después de que el gobierno griego, con la aprobación de la eurozona, invocase «cláusulas de acción colectiva» retrospectivas para obligar a cumplir a los disidentes. La acción liderada por la Asociación Internacional de Cambios y Derivados fue clasificada como un «evento crediticio», desencadenando así los pagos de seguros. El hecho de que la gran mayoría hubiera puesto reparos aseguró que el impacto fuese limitado. En esencia, la mayoría de los inversores privados aceptaron la propuesta, ya que la cruda alternativa significaba no recibir nada. Con este obstáculo superado, la troika accedió a liberar los fondos necesarios para evitar una quiebra griega.

 

 

En teoría, el paquete reducirá la deuda griega al 120 por 100 del PIB en 2020 (considerado como el máximo viable por el FMI) y Atenas podrá volver a los mercados financieros en 2015. Sin embargo, como en el modelo anterior, las dudas surgieron rápidamente. Para cumplir dicho objetivo, se exige a Grecia años de austeridad y de contracción para lograr una devaluación interna, la historia reciente sugiere que las medidas requieren algo más que ser enunciadas y será difícil ponerlas en marcha ante un electorado hostil. De hecho, un documento filtrado de la UE concluía: «Incluso en el escenario más optimista, las medidas de austeridad impuestas a Atenas exponen a Grecia a una recesión tan profunda que no será capaz de salir del agujero de la deuda». Bajo un «escenario alternativo», la economía griega fracasaría, dejando una insostenible deuda del 160 por 100 del PIB en 2020, elevando claramente la perspectiva de necesitar de más rescates. Teniendo en cuenta que el ministro de Economía alemán ya se había referido a ayudar a Grecia como algo similar a tirar el dinero a «un pozo sin fondo», el apoyo político a más ayudas resulta discutible, abriéndose la posibilidad de un formal impago griego en un futuro próximo. Con los dos rescates, casi el equivalente a diez mil euros por griego ha abonado ya la troika, una cantidad enorme para un país pequeño. Las principales agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) rebajaron a Grecia a «quiebra restringida».

Los principales indicadores económicos de Grecia tienden a apoyar a los pesimistas. En 2011, la UE preveía que el PIB griego caería un 6,1 por 100, pero a fin de año la cifra fue del 7 por 100, por lo que el pronóstico de menos del 4,8 por 100 para el año 2012 parece inalcanzable. Una vez más, el desempleo, en un país de 11 millones de personas, aumentó en 126.000 en noviembre de 2011 (20,9 por 100) y empeorará a medida que el gobierno reduzca el sector público, de acuerdo con los requisitos de la troika. En efecto, en 2012, la economía griega se había reducido en un 16 por 100, la mayor contracción de un país desarrollado desde la Gran Depresión. En menor medida, Portugal, Italia y España también ejemplifican el problema de la restauración de la competitividad perdida dentro de un sistema de intercambio fijo cuando un país sufre por un alto nivel de deuda, un argumento ya descrito por Irving Fisher en La teoría de la deuda-deflación en las grandes depresiones (1933). «El sesgo inflacionario de la política actual», censuraba The Times en su editorial del 22 de febrero de 2012, «va acompañado de un inconfundible tufillo de la recesión de los años treinta, cuando un dogma monetario tenía prioridad sobre las políticas de crecimiento. Entonces fue el patrón oro, y ahora se trata de una unión monetaria que ha encerrado juntas a economías muy diferentes, al tiempo que no les proporciona ningún medio para escapar». Esta opinión era compartida por el financiero George Soros (2012a, p. 17), quien advertía que «existe un peligro real de que el euro socave la cohesión política de la UE». De hecho, mientras se muestra comprensivo con la posición de Berlín, denuncia su enfoque por contraproducente:

 

Alemania agravó la situación al imponer condiciones draconianas e insistir en que Grecia debía pagar tasas de penalización en los préstamos del paquete de rescate facilitados por Alemania y otros estados. La economía griega se desplomó, el capital huyó y Grecia fracasó repetidamente a la hora de cumplir las condiciones del paquete de rescate. Finalmente, la insolvencia de Grecia saltaba a la vista. Entonces, Alemania aún desestabilizó más la situación al insistir en implicar al sector privado en el rescate. Esto arrastró las primas de riesgo de los bonos italianos y españoles hasta las nubes y puso en peligro la solvencia del sistema bancario. A continuación, las autoridades ordenaron la recapitalización del sistema bancario europeo. Éste fue el golpe de gracia. Se creó un poderoso incentivo para que los bancos redujeran sus balances reclamando el retorno de los préstamos y deshaciéndose de los peligrosos bonos gubernamentales, en lugar de vendiendo acciones rebajadas (Soros 2012b, p. 18).

 

El efecto fue desplazar la responsabilidad sobre la odiosa deuda pública al BCE, que se convirtió en el mayor tenedor de bonos griegos, una compra política que hizo caer en desgracia ante los alemanes a su máximo responsable, el italiano Mario Draghi, y que probablemente resulte insostenible. Por otra parte, los gobiernos tecnocráticos de Grecia e Italia —impuestos a instancias de Berlín— pueden sobrevivir sólo hasta las siguientes elecciones y es probable que sus sucesores desafíen la severidad de las medidas de austeridad.

 

 

5. ¿HACIA UNA GREXIT?

 

La posible salida griega (grexit) de la eurozona aumentó exponencialmente tras las elecciones generales de mayo 2012 que condujeron a una parálisis política, ya que ningún partido logró la mayoría absoluta. A pesar de las conversaciones entre el presidente griego y los líderes de los diferentes partidos, no se concretó ninguna coalición, lo que llevó al anuncio de nuevas elecciones para el 17 de junio. Lo que alarmó a los líderes europeos, especialmente a la canciller Merkel, fue el surgimiento de un partido de izquierda, Syriza, que se comprometió a renunciar al «memorándum» (nombre dado al documento adjunto del segundo acuerdo de rescate) y a las detestadas condiciones de austeridad. Syriza quedó segundo tras Nueva Democracia, tras el hundimiento del apoyo al desacreditado PASOK. Los primeros sondeos de opinión sugerían que Syriza, el campeón de las clases trabajadoras asalariadas y de las afligidas clases medias, podía ganar directamente la próxima vez, despertando el fantasma de que Grecia se convirtiera en el primer miembro en salir de la eurozona. Su carismático y joven líder, Alexis Tsipras, prometía la cuadratura del círculo: deshacerse de las medidas de austeridad y aún así conservar el euro. La troika había estipulado que Grecia debía fijar 11.500 millones de recortes en el gasto público para 2013-2014. Merkel advirtió a los griegos de que las próximas elecciones serían de hecho un referéndum sobre si Grecia deseaba permanecer en la zona del euro. Por su parte, Christine Lagarde, directora-gerente del FMI, informó públicamente a Grecia de que las condiciones asociadas al rescate no eran renegociables sino que formaban parte integral del paquete, advirtiendo que los nuevos tramos de financiación no llegarían y se forzaría a Grecia a la quiebra de su enorme deuda. Para subrayar lo que estaba en juego, la troika retuvo 1.000 millones de los 5.400 millones de euros del tramo a pagar en mayo. En una entrevista poco meditada, Lagarde sugirió que los griegos debían ayudarse a sí mismos y empezar a pagar sus impuestos, lo que enfureció a la opinión pública, con Syriza señalando sus 400.000 euros al año de salario libre de impuestos. Al mismo tiempo, en otro movimiento auspicioso, los eurócratas de Bruselas anunciaron que estaban preparando planes de contingencia para una salida griega, mientras que, a través de English Channel, el Banco de Inglaterra admitía estar elaborando su propio plan como medida de precaución. Irónicamente, las encuestas de opinión señalaban que una clara mayoría de los griegos quería mantener el euro como moneda, pero muchos tampoco querían pagar el precio impuesto por la troika. Al final, Nueva Democracia ganó por un estrecho margen las elecciones de junio, cuando los votantes de mayor edad se unieron a su causa, pero también esperaban negociar una flexibilización de las condiciones de austeridad que habían producido los disturbios políticos y económicos. Al no rechazar el memorándum de entendimiento, Grecia selló su inmediato futuro en la eurozona, pero en la cumbre del G20 en Los Cabos, México, posterior a las elecciones, la canciller Merkel no mostró ninguna señal de estar dispuesta a ceder. «El gobierno griego», dijo, «quiere y debe, naturalmente, completar los compromisos adquiridos. No se pueden relajar las medidas de reforma». Nueva Democracia quería una ampliación de dos años (hasta el año 2016 en lugar del de 2014) para cumplir con el requisito de lograr un superávit fiscal (excluyendo los costos del servicio de la deuda) del 4,5 por 100 del PIB, dando la vuelta a un déficit del 5 por 100 del PIB en 2011.

Cuando la pareja «Merkozy», que había tratado de guiar a la Unión Europea a través de la crisis, se rompió al perder Sarkozy las elecciones presidenciales francesas ante su rival socialista, François Hollande, que llegaba a la jefatura amenazando con renegociar el pacto fiscal e insistiendo en que las medidas de crecimiento debían tener prioridad sobre la austeridad, la inviolabilidad del segundo rescate griego se puso en cuestión. Al igual que su predecesor, le gustaba fingir ser igual que su contraparte alemana, cuando claramente siempre se hallaba subordinado. Hollande viajó a Berlín con grandes expectativas, pero llegó a la capital alemana más que deteriorado, empapado por una fuerte lluvia, reducido al aspecto de una rata ahogada que desesperadamente busca refugio. Merkel se negó a cambiar sus bases y las diferencias se evidenciaron cuando Hollande reavivó la cuestión de los eurobonos como un camino a seguir. Su actitud más flexible respecto de la rectitud fiscal se resumía en su promesa de revertir la elevación de la edad de jubilación francesa de los 60 a los 62 años aprobada por Sarkozy e incrementar el salario mínimo, medidas populistas que le ayudaron a alcanzar la mayoría parlamentaria en junio, pero una tendencia que podía, si persistía, meter a Francia en un campo minado. Ya el FMI predijo que el déficit presupuestario francés alcanzaría el 3,9 por 100 del PIB en 2013, frustrando las proyecciones de Hollande de que era alcanzable reducirlo al 3 por 100 del PIB. De hecho, un informe económico de la Comisión Europea publicado a finales de mayo de 2012 consideraba el déficit francés demasiado alto y advertía que era necesario tomar medidas adicionales para evitar que se saliera de madre. Dichas preocupaciones se hacían públicas en un contexto de disminución de la competitividad francesa, como recoge la caída de las exportaciones en casi un 20 por 100, así como de la participación en el comercio mundial entre 2005 y 2010.

Para agravar el problema griego se estaba desarrollando la crisis española derivada del derrumbe de su sector inmobiliario, lo que contribuyó a fomentar el mayor nivel de desempleo del mundo y con más casas en venta que en Estados Unidos. En total, los hogares, empresas y gobierno españoles acumularon deudas externas de cerca de 1 billón de euros, más del 90 por 100 del PIB. El sector bancario español se hallaba peligrosamente expuesto a causa de todas las deudas incobrables de sus balances, mientras se esforzaba por acceder al capital extranjero. El gobierno también se esforzó para pedir prestado, con el rendimiento a diez años de sus bonos soberanos alcanzando el 6,6 por 100 el 30 de mayo de 2012, cerca del punto de inflexión que obligó a Grecia, Irlanda y Portugal a solicitar el rescate. El gobierno de Mariano Rajoy insistía en evitar el rescate, pero los mercados se mantenían muy escépticos, sobre todo porque sus propios esfuerzos para hacer frente no estaban a la altura. Bankia, una amenazada caja de ahorros y el cuarto mayor prestamista, fue nacionalizada, pero para ello el gobierno necesitaba 19.000 millones de euros que no tenía, cosa que no entusiasmó a la Comisión Europea. La mayoría de los esfuerzos del gobierno, dispuestos por los eurócratas de Bruselas, se dirigieron a la reducción del déficit presupuestario del 8,9 por 100 del PIB en 2011 al 3 por 100 en 2013. En un informe de junio de 2012 sobre la salud de las economías europeas, la Comisión Europea reconocía que a España se le está pidiendo que haga demasiado rápido el ajuste y se mostraba dispuesta a conceder una gracia de un año, siempre y cuando el gobierno abordase la crisis bancaria, mantuviera la responsabilidad presupuestaria y extendiera la disciplina a las regiones problemáticas (en junio de 2012, Fitch puso a ocho de las deudas regionales en perspectiva negativa). Es dudoso que, por sí solo, el gobierno español pueda cubrir los costos derivados de la erradicación de los activos tóxicos de los bancos y de la recapitalización de los supervivientes. A principios del verano de 2012, cuando España se esforzaba por recaudar fondos, todo indicaba que se quería una inyección directa de dinero en efectivo en los bancos pero no un rescate, ya que esto comportaría condiciones. Con las elecciones griegas en el horizonte inmediato, Bruselas presionó para resolver la situación antes de lo que podría ser un nuevo paso atrás en la crisis. Se persuadió al gobierno español para que solicitara hasta 100.000 millones de euros para apuntalar a sus bancos. Como España ya estaba aplicando medidas de austeridad, no se adjuntaron nuevas condiciones fiscales, permitiendo a Mariano Rajoy presentarlo como una «línea de crédito». El rescate también difería de los anteriores al estar limitado al sector bancario. Los mercados certificaron su descontento al ver este movimiento como la admisión de que España podría pronto ser excluida de los mercados de bonos y a la expectativa de si el dinero tomado —la deuda adicional añadiría alrededor del 10 por 100 a la carga de la deuda nacional— podría resultar insostenible sin ayuda financiera exterior. Como constatación de dicho punto de vista, Moody’s, el 13 de junio de 2012, rebajó los bonos españoles a sólo un punto por encima del bono basura. Finalmente, es probable que se necesiten rescates para cubrir las deudas de las regiones españolas problemáticas y del gobierno, pero si esta última fuese concedida, esto pondría bajo los focos de los mercados a Italia, lo que se situaría probablemente un paso más allá de la disponibilidad de los fondos de rescate.

La parálisis política en torno a la crisis llevó a un frustrado Mario Draghi, presidente del BCE, a advertir en mayo de 2012 que su institución no podía llenar el vacío creado por la falta de una acción decisiva por parte de los estados miembros que habían convertido la eurozona en «insostenible» y al borde de la «desintegración». Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, también pidió medidas urgentes para evitar el colapso. Mario Monti advirtió de las «grandes posibilidades de contagio» cuando la huida de capitales de Grecia y España reflejaba la opinión de que ellos eran el epicentro de la crisis. Chipre fue absorbido por la vorágine debido a su gran exposición a Grecia; tras haber superado los dos últimos años gracias a la ayuda rusa, ésta ya no era suficiente a causa de los crecientes incumplimientos de Grecia. Conocido como la «Islandia» del sur, Chipre tenía un sistema bancario de nueve veces el tamaño de su PIB, con un patrimonio de 157.000 millones de euros. A menos que Rusia lo rescate de nuevo, también es probable que necesite un rescate en un futuro próximo.

La magnitud con que las economías de la eurozona habían divergido en lugar de converger —como abogaban los optimistas que provocaría la moneda única— se puso de manifiesto a partir de los rendimientos de los bonos. En mayo de 2012, Alemania, considerado como un refugio seguro para los inversores, emitió bonos a dos años con interés cero, mientras que los rendimientos de sus bonos a diez años también estaban en un mínimo histórico. Por el contrario, Grecia, el miembro más débil de la eurozona, fue excluido de los mercados de bonos, mientras que Irlanda, Portugal, España e Italia tenían dificultades para encontrar compradores para sus bonos, a pesar de contar con rendimientos más atractivos, porque los inversores no estaban convencidos de que su dinero estuviera a salvo y fuera abonado al final del plazo. Fue una ilusión que ayudó a crear la crisis, un cruel contraste respecto de los años optimistas de la eurozona, cuando los bonos soberanos de cualquier país se consideraban una apuesta segura. También debe mucho a las diferencias culturales entre los estados miembros. Los eficientes, trabajadores y ahorrativos alemanes estaban mejor dispuestos a realizar los sacrificios necesarios tras superar el período de dificultades generado por la absorción de los costes de la reunificación. Por el contrario, las poblaciones de los miembros del sur contaban con actitudes arraigadas que representan el polo opuesto a los alemanes y sus gobiernos prefirieron apostar e invertir imprudentemente, eludiendo la oportunidad de instigar reformas estructurales para modernizar e igualar el nivel teutón, una expectativa que, ahora mismo, se halla probablemente más allá de ellos.

Lo que ningún paquete de rescate (a menudo ridiculizados como «parches») puede ofrecer es una solución a lo que George Osborne, el canciller británico, ha llamado «las vulnerabilidades estructurales subyacentes en la UME». La falta de disciplina financiera, los malos niveles de productividad y la falta de competitividad en algunos estados de la eurozona, factores que han cuajado para producir la crisis, se mantienen todavía presentes. Aunque los rescates financieros faciliten «parches», estos problemas fundamentales persisten mediante la famosa huida hacia adelante.

La cumbre del G20 (18 y 19 de junio de 2012) puso de relieve la disputa entre los líderes mundiales sobre el delicado equilibrio de la economía mundial, incluso China e India experimentaron un crecimiento más lento durante la primera mitad de 2012. Los líderes europeos, especialmente la canciller Merkel, fueron objeto de una intensa presión para frenar la creciente crisis de la eurozona. España e Italia estaban en claro peligro debido a que sus costes de endeudamiento se hallaban cerca de, o casi en, niveles insostenibles. Como consecuencia de ello, se acordó que los dos fondos de rescate europeos (FEEF y MEDE) podrían comprar sus bonos directamente en los mercados financieros, consiguiendo con ello sortear la necesidad de acompañar los rescates de condiciones adjuntas. El supuesto que subyace a esta intervención es que, a través de la demostración de determinación de la eurozona a la hora de asistir a sus miembros atribulados, el coste del endeudamiento se rebajaría. El presidente Hollande los calificó de «mecanismos que nos permiten luchar contra la especulación». Esto fue visto como un paso hacia unos eurobonos a bajo interés. También hubo indicios de concreción de un sistema bancario europeo más integrado, en la línea de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos, que garantizaría los depósitos en caso de quiebra de los bancos. En términos más generales, los líderes de la UE querían que el FMI aumentase sus fondos de emergencia a 456.000 millones de dólares. Significativamente, mientras las principales economías emergentes (China, India y Rusia) se mostraron dispuestas a contribuir, Estados Unidos se negó. Esto produjo una réplica vehemente de José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, cuando un periodista canadiense le preguntó por qué América del Norte debería pagar por la locura de Europa.

 

Francamente, no estamos aquí para recibir lecciones en términos de democracia o en términos de cómo manejar la economía. Esta crisis no se originó en Europa [...] se originó en América del Norte y gran parte de nuestro sector financiero quedó contaminado por, ¿cómo puedo decirlo?, prácticas poco ortodoxas del [...] mercado financiero.

 

Dicha actitud ignoraba las malas prácticas europeas —de los banqueros, los ciudadanos, los empresarios, los promotores inmobiliarios, los gobiernos y la UE— en el origen y la exacerbación de la crisis en la eurozona. También reflejaba la opinión desde fuera de Europa, de que existían en el continente los recursos necesarios para resolver la situación, pero sólo si los políticos agarraban el toro por los cuernos. El presidente Obama reconoció que de la cumbre no había surgido «una varita mágica», al tiempo que añadía que, por fortuna, «el sentido de urgencia entre los líderes es claro». A este respecto, el líder americano buscó predicar con el ejemplo citando su programa de estímulo, punto de arranque del retorno a la vida de la economía de Estados Unidos. Algunos comentaristas detectaron el principio de un cambio en la posición alemana. La canciller Merkel, aunque descartando un programa de estímulo, hizo una alusión velada a otras medidas en la conferencia de prensa: «Desde la UE, se argumentó colectiva y unánimemente que estamos decididos a resolver la crisis, y a hacerlo con una combinación de consolidación fiscal, iniciativas de crecimiento y profundización de la cooperación europea. Esto fue recibido aquí de forma muy atenta».

El 29 de junio de 2012, la decimonovena cumbre europea sobre la crisis de la eurozona tuvo lugar en Bruselas. Las expectativas eran bajas y la chapuza habitual era esperable. Al final, el resultado fue más relevante de lo habitual debido a que Italia y España, con el apoyo de Francia, presionaron a Alemania para que hiciera concesiones y generara una estabilización de la situación actual. Se concretaron una serie de avances. Los fondos de rescate de la eurozona podrían ahora inyectar dinero directamente para recapitalizar los bancos en problemas y comprar bonos soberanos. El efecto inmediato se dirigió a rescatar los bancos españoles sin necesidad de incrementar la deuda nacional de España, lo que hubiera preocupado al gobierno español y a los mercados, y posteriormente a comprar bonos italianos para aliviar los costes de endeudamiento de Roma. Irlanda también entró en escena, ya que se reconoció que los austeros términos de su rescate podían ser revisados. Una concesión clave para tranquilizar a los mercados era que los préstamos a los bancos españoles no se otorgarían según privilegios de antigüedad en los reembolsos, para no desalentar a los tenedores de bonos privados. Un pacto de crecimiento de 120.000 millones de euros fue también anunciado (aunque se sacaban de los fondos existentes). Todas estas medidas representan una derrota para el enfoque alemán y Der Spiegel titulaba «La noche en que Merkel perdió» y la acusaba de llevar a Alemania a una «unión de la deuda». Rajoy declaró: «Éste es un triunfo del euro. Queremos que esta moneda continúe. Queremos una mayor integración, una mayor integración presupuestaria, una mayor integración monetaria. El proyecto europeo es hoy más fuerte y más creíble que ayer». Hollande estuvo igual de eufórico: «Acordamos utilizar todas las herramientas, sin requerimientos adicionales, para estos países». En realidad, la crisis estaba lejos de finalizar y no había ninguna solución global a la vista. Como contrapartida, Merkel exigió y obtuvo un acuerdo para la supervisión de los bancos por el BCE, como un paso más hacia una unión bancaria completa. Se mantuvo en sus trece respecto de los eurobonos (los rechazó rotundamente: «No mientras yo viva»), insistió en que el acuerdo representaba un compromiso y, con los detalles aún por resolver, sugirió que no había habido violación alguna de la filosofía alemana de «no hay recompensa sin rendimiento». Por otra parte, la plena unión fiscal, económica y política, como en el exitoso modelo americano, se mantenía como una perspectiva lejana. El presidente del Consejo Europeo, Herman von Rompuy, reveló que los funcionarios preparaban un plan para «una genuina unión económica y monetaria. El objetivo es convertir al euro en un proyecto irreversible». Sin embargo, quedan muchas trabas políticas, posiblemente insuperables, por delante.

 

 

6. LOS PROBLEMAS Y LAS PERSPECTIVAS

 

Como Gordon Brown (2010, p. 191) reflejó, «a pesar de los éxitos iniciales, el euro, puesto a prueba en su primera crisis, se ha encontrado con dificultades para superar el desafío planteado. Y, hoy, con unas previsiones anuales de crecimiento para Europa muy inferiores al 2 por 100 para los próximos años, Europa encontrará dificultades para ponerse de acuerdo sobre la manera de afrontar el resto de reconstruir el crecimiento europeo sin caer en una crisis prolongada». Para utilizar la jerga estadounidense, crecer por debajo de dicho nivel se equipara al «punto mínimo de sostenimiento», a partir del cual una aeronave entra en caída libre, y las economías se hunden en la recesión. De hecho, lo que llama la atención sobre el comportamiento posterior a la Gran Recesión de 2008 y 2009 fue la ausencia generalizada de una recuperación pronunciada en las principales economías industrializadas. A finales del primer trimestre de 2011, los miembros de la UE volvieron a unos resultados económicos dispares. Alemania logró una tasa de crecimiento que mejoró el máximo alcanzado en 2008. Esta tendencia continuó y las exportaciones alemanas alcanzaron niveles sin precedentes a finales de 2011, con 888.000 millones de euros vendidos ese año, con un superávit comercial de 132.000 millones de euros. La recuperación de la economía británica siguió siendo frágil, ya que el gobierno de coalición trató de controlar el sector público, que con imprudencia temeraria habían ampliado los laboristas, con la esperanza de que el sector privado lo pudiera compensar. Esta actuación de reequilibrio estuvo cargada de dificultades, en particular el aumento del desempleo transitorio, mientras que el incremento de las presiones inflacionarias evidenciaba el aumento de los tipos de interés, con todos los peligros que ello implicaba. De hecho, lejos de reducir la deuda nacional, ésta en realidad aumentó, superando el billón de libras por primera vez en enero de 2012. Como un seguro contra una repetición de la reciente crisis bancaria, se segregó la banca comercial de la de inversión, pero no fue fácil de aplicar. Una vez más, se evidenciaba la dificultad de llevar a la práctica una reducción de la enorme factura de las prestaciones sociales, sobre todo en un momento de aumento del desempleo.

Para la Unión Europea, la contención de la crisis de la deuda soberana seguía siendo una apremiante preocupación. No es exagerado afirmar que su éxito o su fracaso determinarán el futuro de la eurozona. Debe hacerse hincapié en la distinción entre remedios a corto y largo plazo. Ambos no son mutuamente excluyentes porque, si los primeros fracasan, entonces los últimos carecerán de importancia. Las soluciones de liquidez sólo pueden apuntalar el sistema y no abordar la cuestión fundamental de la falta de competitividad y el exceso de gasto en bienestar de las economías indolentes. Algún tipo de quiebra soberana es probable, incluso si se viste como otra cosa, como por ejemplo de redefinición o renegociación. Lo que no puede disfrazarse es que las economías periféricas han quedado atrapadas en un círculo vicioso: una economía improductiva exacerba los déficits presupuestarios, lo que lleva a los gobiernos a recortar el gasto y a aumentar los impuestos, con lo que se contrae aún más el crecimiento. Seriamente dependiente de la financiación externa, el acceso al financiamiento comercial quedó cortado por unos extorsionadores tipos de interés, reflejo del nivel de riesgo de la inversión en bonos del estado. La ayuda de la UE, el BCE y el FMI llegó con condiciones, que enajenó a los votantes y puso en peligro la longevidad de los gobiernos que intentan aplicar los recortes exigidos. Algunos comentaristas empiezan a hablar de «la década perdida», teniendo en cuenta que los años 2012-2020 estarán dominados por los esfuerzos para saldar la deuda pendiente, la canciller Merkel prevé que se requerirán por lo menos diez años antes de que la eurozona reanude un crecimiento constante y hacia arriba. Como mayor contribuyente a los fondos de rescate, Alemania es el director de la orquesta. En un discurso ante el Bundestag el 2 de diciembre de 2011, la canciller Merkel reiteró la posición alemana ante la crisis de la deuda soberana. «No hay respuestas rápidas y fáciles», insistió. La canciller diferenció al BCE del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal, pues tiene una «tarea diferente». Volvió a descartar recurrir a los eurobonos como solución: «La responsabilidad colectiva respecto de la deuda de otros no es aceptable». Además, aunque el MEDE, que sustituía al FEEF, entró en vigor en julio de 2012, con unos fondos de un billón de euros, es poco probable que esto sea suficiente para gestionar una crisis continua del euro. Si Italia necesitase ayuda entonces, como tercer mayor país deudor del mundo tras Japón y Estados Unidos, haría que el resto de rescates previos palidecieran de insignificancia: atender a los 2 billones de deuda requeriría de 35.000 millones de euros al mes.

Alemania necesitó invertir casi 1,5 billones de euros para que su mitad oriental ex comunista se pusiera a la altura de su mitad occidental. Estaba claro que la salvación de la eurozona descansaba en gran medida en manos de los alemanes (la unión fiscal, los eurobonos y el completo despliegue del BCE), pero es igualmente evidente que se necesitará un cambio radical en la crisis para mover Berlín. Las autoridades alemanas temen naturalmente que demasiados rescates y desembolsos puedan poner en peligro su propia calificación crediticia superior, que a su vez socavaría los planes de rescate que han provocado que Alemania tenga unos bajos costes en los préstamos y una ventajosa colocación en los mercados. El punto culminante de la crisis del euro aún está por llegar. Cuando llegue, Berlín tendrá la palabra decisiva. Consciente de las elevadas expectativas que descansan sobre Alemania, Merkel trató de rebajarlas en un discurso ante el Bundesbank el 13 de junio de 2012. «Nosotros no creamos políticas para los mercados, sino para el futuro de nuestro pueblo. La fortaleza de Alemania no es infinita», insistió. «Los poderes de Alemania, tampoco, son ilimitados. Por lo tanto, nuestra especial responsabilidad como economía líder en Europa reside en ser capaces de evaluar nuestros poderes de forma realista, para poderlos utilizar a favor de Alemania y Europa con toda su fuerza.» El problema del enfoque alemán era que proyecta soluciones a medio y largo plazo, cuando se necesitan cambios en los tratados para una crisis que mantiene la escalada y que con cada nuevo paso incrementa la amenaza de hundir por completo el proyecto del euro. Irónicamente, el libro más vendido en Alemania era Europa no necesita el euro de Thilo Sarrazin, un ex miembro de la junta directiva del Bundesbank. El 9 de junio de 2012 Die Welt, un periódico populista, publicó un artículo de dos páginas bajo el título: «El retorno del marco alemán. ¿Funcionaría?».

La obsesión dirigida a la cuestión de la deuda soberana significa que comparativamente se ha dedicado poca atención o pocos fondos a abordar un aspecto concomitante de la crisis: el aumento y persistencia del desempleo, que ha afectado a la mayoría de los rezagados. De hecho, George Soros advirtió en la cumbre de Davos de 2012, que a menos que la UE diseñara una estrategia de crecimiento, se corría el riesgo de caer en una «espiral de deuda deflacionaria». Al inicio del nuevo milenio, casi 20 millones de personas estaban en el paro en la UE-27, un poco por debajo del 9 por 100 de la fuerza laboral total. Desde entonces y hasta mediados de 2005, la cifra ha fluctuado entre los 19 y los 21 millones, cayendo de manera constante hasta alcanzar un mínimo de 16 millones (6,7 por 100) en el primer trimestre de 2008 antes de que las crisis financieras arrancaran una espiral en la dirección opuesta. La exorbitante subida se produjo en 2008 y 2009, cuando la tasa se incrementó en 1,9 puntos porcentuales (aunque menos que en Estados Unidos, donde el aumento fue de 3,5 puntos porcentuales). El aumento de 2008 a 2010 fue de tal magnitud que barrió por completo la caída lograda entre 2005 y 2007. Las únicas excepciones a esta tendencia fueron Austria, Alemania, Malta y Luxemburgo. Bélgica, Francia, Finlandia, Rumanía, Suecia y el Reino Unido lograron contener el incremento por debajo de 0,5 por 100 durante 2009 y 2010. Como era de esperar, a los países con mayores problemas de deuda soberana les fue peor: Grecia vio aumentar el desempleo del 13,9 por 100 al 19,2 entre octubre de 2010 y octubre de 2011, España pasó del 20,4 por 100 en 2010 a 22,9 en 2011. Algunos economistas estiman que esta última cifra era una sobreestimación y que la verdadera cifra se situaría en torno al 19 por 100 debido a la economía sumergida (en Madrid, por ejemplo, pueden verse furgonetas que recogen ilegalmente a trabajadores que reciben la prestación de paro).

La persistencia del desempleo era una característica de casi todos los países. Casi el 3,8 por 100 de la fuerza de trabajo de la UE-27 en 2010 se registró como parada hacía más de un año, y casi la mitad carecía de un puesto de trabajo desde hacía más de dos. Esta falta de creación de empleo también refleja, en cierta medida, una cultura de la dependencia de las prestaciones sociales, por lo que un número cada vez mayor considera vivir de los beneficios del estado como una forma de vida. Su actitud era que estarían peor en el trabajo, una postura que fue especialmente frecuente en Gran Bretaña. En 2012, el gobierno de coalición estaba tratando de limitar los ingresos totales a pagar en prestaciones a 26.000 libras al año, lo que aún estaba por encima del salario mínimo. Los beneficios por discapacidad durante los gobiernos laboristas (1997-2010) se habían disparado, porque los beneficiarios no debían buscar trabajo activamente. La política laborista de promover que la mitad de los jóvenes fueran a la universidad, sirvió para maquillar las estadísticas de desempleo y hacer que pareciesen menos malas que la realidad. Cuando la coalición entre conservadores y liberal-demócratas llegó al poder, se encontró con una proporción alarmante de receptores de prestaciones por discapacidad que podían realizar algún tipo de trabajo, ya que inició un proceso de reevaluación más riguroso. Algunos destinatarios de ayudas no tenían intención de hallar empelo, mientras que otros combinaban las ayudas estatales y el trabajo no registrado en la economía sumergida. Las tasas de jóvenes desempleados (con edades entre los 15 y los 24) también se dispararon bruscamente en 2008. De hecho, la tasa casi duplicaba la fuerza de trabajo total para la mayor parte de la última década (de 2000 a principios de 2008), aunque después ambas cifras convergieron.

Se produjo también un diferencial entre el desempleo masculino y femenino al comienzo del milenio, pero en 2009 el de las mujeres cayó por debajo del de los hombres por primera vez, una tendencia que se mantuvo en 2010, cuando el desempleo masculino fue mayor en 14 de los 27 estados miembros. Ese mismo año la mayoría de los que se quedaron sin trabajo habían dejado la escuela sin pasar por la educación superior (14,2 por 100 en la UE), mientras que los que poseen estudios superiores lo tienen más fácil para obtener un empleo (4,9 por 100 de desempleo), con algunas excepciones. En Gran Bretaña, donde la obtención de un título ya no era excepcional debido a los números involucrados, a muchos graduados les costó encontrar trabajo, y a menudo tenían que aceptar puestos mal remunerados y de baja categoría para los que estaban sobrecalificados. La Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que incluía una agenda de nuevas cualificaciones y empleos y una iniciativa llamada «Juventud en Movimiento», al menos reconocía el problema. Presentada por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2010, trataba de mejorar la tasa de empleo de la población activa de entre 20 y 64 años de edad hasta al menos el 75 por 100, sacando así a 20 millones de personas de la pobreza. Tales objetivos son loables pero también casi seguro inalcanzables, dada la fuerte competencia desde fuera de la UE.

El futuro de la propia UE se ha convertido de nuevo en un tema candente. Los críticos, sobre todo desde la izquierda, sostienen que la institución es imperfecta porque la unión económica y monetaria no ha ido lo suficientemente lejos, y la armonización de la unión económica y fiscal está todavía lejos. Para ellos, es necesario conseguir una «Europa política», pero no han determinado aún su naturaleza: las opciones van de una confederación de los estados nacionales, en la que los miembros todavía podrían anteponer sus intereses nacionales, a una unión federal que subsumiría las identidades nacionales en un superestado, un Estados Unidos de Europa. En la práctica, ninguna de ellas es factible que se concrete en el futuro inmediato. Lo más probable, quizás, sea un Ministerio de Economía europeo como una mejor alternativa a la eurozona de diecisiete miembros con políticas fiscales divergentes. El problema persistente ha sido que, económicamente, las soluciones a la crisis de la eurozona son obvias, pero ha faltado la voluntad política para asumirlas ya que los estados miembros anteponen sus intereses nacionales. Además, la ambigüedad sobre si el liderazgo de la economía mundial se encuentra en un período de transición crea sus propias incertidumbres, con Estados Unidos que, aunque sigue siendo el mayor contribuyente al FMI y al Banco Mundial, ya no encaja como prestamista de última instancia o progenitor de un nuevo y grandioso plan de rescate al estilo del Plan Marshall, que ahora está más allá de sus recursos y de su fuerza de voluntad. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva global, pero hace tiempo que perdió su brillo, y los chinos y los rusos han comenzado a pedir un reemplazo sin uno concreto en mente, pues el euro ha quedado contaminado por la crisis de la deuda soberana. China podría finalmente tomar la responsabilidad, pero como bastión del comunismo más que de la democracia nunca podría reemplazar a Estados Unidos. Además, si el auge económico chino comenzara a detenerse, por un aumento de la inflación o por una caída de la demanda mundial de sus exportaciones, el escenario consecuente también comportaría ramificaciones negativas para la economía mundial, incluida Europa.

Por lo tanto, tras un inicio lleno de confianza, el nuevo milenio ha entrado en su segunda década con proyecciones de crecimiento a la baja para la mayoría de los países industrializados. Las economías europeas, así como Estados Unidos, reflejan la incertidumbre sobre el futuro económico inmediato, malogrado por una deuda pendiente contraída en gran medida durante un período de optimismo embriagador que generó riesgos estúpidos que se volvieron contra sus responsables. El 14 de noviembre de 2011, la canciller Merkel la calificó como la mayor crisis que atraviesa Europa desde la segunda guerra mundial. Lo que queda por determinar es si este enorme obstáculo podrá ser superado como una premisa para legislar la disciplina financiera legislar y asegurarse de que no se repetirá. A Jean Monnet, el padre fundador de la UE, le gustaba decir que cuando Europa experimenta una crisis, emerge de ella más fuerte gracias a la experiencia. El 29 de enero de 2012, el presidente Sarkozy opinaba que «Europa ya no está al borde del abismo», un comentario que, irónicamente, fue seguido de la pérdida de la triple A de la calificación crediticia francesa y se sumó a la plétora de prematuras declaraciones optimistas del líder francés. Una vez más, en marzo de 2012, tras la finalización del segundo rescate griego, declaró que el problema estaba «resuelto». Si realmente lo creía o eran los coletazos de la campaña electoral se revelará cuando el gobierno francés abra sus archivos. El resurgimiento de la crisis poco después, repitiendo el patrón ya visto desde que se inició la crisis del euro, sugiere que estamos ante una crisis sistémica que aún tiene camino por recorrer y que el futuro de la unión monetaria europea sigue siendo incierto.

 

 

CUESTIONES PARA DEBATIR

 

1. ¿Por qué era imperfecto el proyecto de moneda única?

2. Trate la crisis de la deuda soberana y las razones por las que no se resolvió rápidamente y fue a peor.

3. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Grecia a un endeudamiento tan elevado?

4. ¿Por qué las soluciones propuestas para solucionar el problema de la deuda griega no pusieron a Grecia en el camino de la recuperación?

5. ¿Por qué la crisis de la deuda soberana se extendió más allá de Grecia y con qué efecto?

6. ¿Hay más razones para ser pesimista que optimista sobre el futuro de la eurozona?