El precio de la muerte

“Mi Teente Rodríguez Montes Juan Heliodoro y mi Primero Castellanos Vargas Hermenegildo recibieron cada uno 5 millones de pesos como recompensa ordenada por el Gobierno: una fortuna por la matada que le pegamos a un tal Manuel Merchán, alias el Perro, que según lo escribió después mi Teente “se trataba de un cabecilla reconocido por su atrocidad en su accionar contra la población civil.”

“Luego se supo que mi coronel ordenó que, además, les dieran el billete que les correspondía como otra recompensa por la ametralladora M60, la pistola, las 6 granadas y las 300 municiones para arma larga que mi Primero y mi Teente dijeron que le habían decomisado al subversivo después del combate: claro, billete que se debieron repartir con el mando. Esa era la costumbre”, dice el sargento Rosendo Garnica.

En términos castrenses la baja de un enemigo en combate es una Acción Positiva, pero a partir del año 2005 comenzaron a ser llamadas Falsos Positivos como el de Manuel Merchán que no era ni el Perro, ni guerrillero, ni mucho menos “cabecilla reconocido por su atrocidad…”. No. Era un joven que se ganaba la vida como jornalero en el campo.

Luego del hallazgo de su cadáver dentro de una zanja, “escenario del combate”, —a ciento ochenta y tres kilómetros de Sogamoso—, donde un juez describió lo que según él eran aquellos Falsos Positivos realizados ahora por militares:

“Generalmente escogen hombres, digamos jóvenes. O personas desempleadas. Unas veces les ofrecen trabajo lejos de su tierra. Otras, sencillamente los secuestran. Son llevados a muchos kilómetros de su medio habitual para que en caso de ser hallados, sus cadáveres no sean reconocidos como los de gente honrada. Allá los disfrazan de guerrilleros. A algunos los torturan… ¿Para qué?... Luego los matan a balazos, les dicen, tiros de gracia. Y para simular que realmente hubo acción, en algo que llaman “Reporte Operativo” hacen figurar armas, municiones, todo un arsenal, que dicen que les decomisaron. Que es lo que llaman en teatro la ambientación. Pero una ambientación bien imaginada, y además, premios de millones. Millones de los que jamás se ha hablado cuando alguien toca estas historias…. Por otra parte, los asesinos reciben mucho dinero y también días libres, ascensos, y hombre, cartas de felicitación por haberles dado de baja a miembros de la guerrilla”.

¿Desde cuándo?

Desde el 17 de noviembre del año 2005 cuando el presidente Uribe Vélez le puso precio a la muerte mediante una Directiva Ministerial —la número 29, marcada con la palabra SECRETO al comienzo y al final de cada una de sus quince páginas— que firmó su ministro de Defensa, Camilo Ospina. Su nombre completo, Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal. Para Uribe, “un humanista”.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay registros de este tipo de crímenes oficiales a partir de 1978, pero fue en el 2005 cuando en el marco de lo que el presidente Uribe llamó Política de Seguridad Democrática, empezaron a surgir centenares de muertos, no propiamente todos terroristas como los calificaba ahora, imitando al presidente de los Estados Unidos cuando se refería a los yihadistas de Al-Qaeda.

Siguiendo esta pauta, el Ejército comenzó a revelar éxitos basándose en el número de bajas obtenidas.

Pero en esa obsesión por demostrar que estaba borrando de la faz de Colombia a la guerrilla de la Far, la Directiva Ministerial del Gobierno, además de su espíritu criminal, marcó el surgimiento de un negocio descomunal: miles de millones de pesos como pago de recompensas a militares por la muerte de terroristas, y por recuperación de material de guerra, de intendencia o de comunicaciones…

Según la Fiscalía, el abatimiento de seres inocentes, hasta el año 2018 llegaba a 4638 casos en diferentes lugares del país, a partir de la orden ministerial de aquel noviembre del 2005. En el desarrollo de este plan, los años más intensos fueron el 2006, el 2007… Y el 2008, cuando surgió a la luz la matanza de unos jóvenes aprehendidos en Soacha.

(Un general llamado Mario Montoya Uribe fue comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008).

Según las estadísticas conocidas, el peso de la medida del Gobierno en el resultado general de la contienda en Colombia es, sencillamente brutal.

Por ejemplo, en el año 2006, de un total de 548 bajas reportadas por el Ejército en el país, 258 correspondieron a Falsos Positivos.

En el 2007 y el siguiente —los más salvajes—, de 494 bajas, 431 fueron de desempleados, trabajadores del campo, artesanos, albañiles…Y en el 2008, de 247, 217 también fueron de seres indefensos.

El 2008 fue justamente cuando surgió a la luz el exterminio de los once jóvenes engañados en Soacha —localidad vecina de Bogotá—, y ante la reacción del país, los militares continuaron con su negocio, pero —dice un investigador— “a partir ahí los asesinatos fueron regulados por los mandos que sucedieron a Montoya Uribe, tratando de bajarles el tono para no darles motivo a los comunistoides de los Derechos Humanos” de manera que, por ejemplo, en el año 2009 solo aparecieron los cadáveres de diez terroristas disfrazados y torturados. En el 211, cinco. En el 2016, tres.

Aquel año 2007, más que el resto, podría ser un capítulo singular en la Historia Universal de la Infamia:

Una de sus caras es Fernando, un joven sordomudo que según mi Teente Velasco y su tropa, “se trataba del cabecilla de una banda criminal muerto en combate”.

Él había desaparecido de Bogotá el 7 de diciembre y sus restos fueron hallados nueve días después en la vereda La Josefina, en San Luis, vía que comunica a Medellín con la capital, a 376 kilómetros del punto donde fue secuestrado.

Fernando Pamplona, su padre, salió con él hacia el trabajo pues no podía dejarlo solo porque cuando niño tuvo una convulsión que lo dejó sordomudo, con algunas deformidades y un retraso mental.

Pero aquella mañana, mientras trabajaba en la construcción de una casa notó que su hijo ya no estaba cerca de él.

Lo buscó. Lo buscó…

Nada.

Denunció su desaparición y una semana más tarde la Fiscalía le anunció que el joven había aparecido en Antioquia.

El cadáver del hijo tenía varias heridas de arma de fuego en el tórax. El “Reporte Operativo” de los militares señalaba que “se trataba de un cabecilla de estructura rural que realizaba actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas” y había muerto en un enfrentamiento con el pelotón Dragón Uno del Ejército Nacional de Colombia.

Por la baja de delincuentes de este nivel, la Directiva Ministerial establece en su Numeral IV un fondo de 68 millones 760 mil pesos (31.260 dólares), de los cuales el oficial que comandaba la tropa que dijo haberle dado de baja en combate, recibió como recompensa 7 millones de pesos para él y sus superiores.

Junto al cadáver del muchacho fue hallado el cartel que portaba siempre con el letrero, “Soy Sordomudo”. Él era zurdo pero en la fotografía que le tomaron luego del combate, aparecía sosteniendo una pistola con la mano derecha. El Reporte señalaba luego:

“Los subversivos bajo su mando lograron huir, dejando abandonado parte del armamento al lado del cadáver del cabecilla, que fue rescatado por la tropa:

Una ametralladora Punto-50, (3 millones de pesos como recompensa), dos ametralladoras M-60 (4 millones), cuatro fusiles (4 millones), un lanzagranadas RPG7 (un millón), un mortero de 120 milímetros (2 millones), cuatro granadas para mortero (720 mil pesos), seis granadas de mano (600 mil pesos), 180 municiones para arma larga (un millón 800 mil pesos) y cuatro carpas individuales (200 mil pesos)”.

Recompensa por la “recuperación” de este armamento, 17 millones 320 mil pesos (79 mil dólares) para el jefe de la tropa y sus superiores.

Posteriormente, una jueza mandó a la cárcel al teniente activo del Ejército Giovanni Velasco Méndez, comandante de la tropa.

De acuerdo con un documento oficial, el 8 de agosto del mismo año 2007, en la Operación Soberanía del Ejército Nacional de Colombia, tropas del Batallón José Hilario López se enfrentaron a una columna guerrillera en la vereda Clarete Alto, inmediaciones de la vía Totoró-Popayán, resultando tres terroristas abatidos en combate.

En la operación participaron efectivos del Pelotón Especial Batalla I, en el marco de la Estrategia Antílope II.

Según ese reporte, tras un combate prolongado, los militares dieron de baja a tres subversivos y recuperaron una ametralladora Punto 50, un fusil AK47, un fusil Colt M16 calibre 5.56, un revólver Ruger Americano Calibre 38, un revólver Smith Wesson, diez granadas para fusil, 22 granadas de mano, 12 proveedores para Arma Larga y 320 municiones para diferente armamento, 4 estopines eléctricos.

Por la “recuperación” de este arsenal, el comandante de la patrulla recibió para él y sus superiores, 12 millones 960 mil pesos (59 mil dólares).

Los cadáveres —dos de ellos rotulados como cabecillas—, y el armamento fueron trasladados a las instalaciones del Batallón José Hilario López para que la Fiscalía realizara las diligencias del levantamiento y los informes forenses de dactiloscopia.

En el Numeral III de la Directiva se establece como recompensa “por la baja de cabecillas que efectúan actividades de planeación”, un fondo de 191 millones de pesos, de los cuales el comandante de la patrulla y sus superiores recibieron 30 millones (14 mil dólares).

Dieciocho días más tarde, la Fiscalía identificó a las víctimas como Edgar Obando Mestizo, Carlos Alberto Satizabal Porras, alias Porritas y Carlos López Hurtado, recogedores de cartón para reciclaje en el barrio San Fernando, sur de Cali, cuyos cadáveres fueron hallados a 98 kilómetros de donde habían sido abordados.

Según el Tribunal Superior de Popayán, los tres hombres fueron llevados con engaños hasta el lugar de los hechos, presentado por los militares como “escenario del combate”.

Posteriormente, la Sala Penal de ese Tribunal condenó a penas de 50 años de prisión al sargento Aldemar Ramel Cervantes Pedroza y a cuatro soldados profesionales de aquel Batallón.

El 14 de noviembre del mismo 2007, miembros del Ejército Nacional adscritos al Pelotón “Corcel II” perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 “CR Juan José Rondón” de Buenavista, en desarrollo de la Orden de Operaciones “Magistral”, misión Táctica “Nirvana” fueron emboscados por un grupo subversivo.

Lugar, finca La Elvira, sector El Corral. Coordenadas, LN 10º 39´06, municipio de El Molino, Guajira.

Según el informe presentado por el teniente Gonzalo Vélez Alzate comandante encargado de “Corcel II”, en el combate fue dado de baja el sujeto Paolo Manuel Castro Mejía. Vestía ropa de camuflaje.

Según el parágrafo IV de la Directiva Ministerial, en este caso la recompensa para el oficial y su superior fue de 7 millones de pesos (32 mil dólares).

Además, según el reporte castrense, en la operación fueron incautadas una Subametralladora de 9 milímetros Militriage Trice Bereta, 170 municiones para el arma, un silenciador, seis granadas de fragmentación tipo piña, un teléfono satelital, lentes de visión nocturna y un computador portátil con información de interés para la Inteligencia del Estado.

Por este arsenal, el oficial y su superior recibieron 28 millones de pesos. (Trece mil dólares).

Sin embargo, durante la investigación penal, la Fiscalía estableció que Paolo Manuel, el subversivo de esta historia, era simplemente un desempleado, a quien contactó un hombre conocido como el Cachaco y le dijo que se trasladara hasta Chiriguaná, Cesar, a kilómetros y kilómetros. Allí le daría un trabajo como lavador de carros en la mina La Loma, a cambio de 900 mil pesos mensuales:

El Cachaco recibió como pago por “delatar” a la víctima, un millón de los seis que cobró el oficial del caso.

“Paolo Manuel se lo había contado con ilusión a su compañera y un día después a eso de las diez de la mañana partió con el Cachaco en una camioneta blanca.