Capítulo 9

La reconquista

Aquel verano de 2011, antes de que la Administración de Información de Energía (EIA) sacara a la luz el informe que puso a Vaca Muerta bajo la lupa del mundo petrolero, la norteamericana Apache se convirtió en la primera empresa que hacía pozos shale horizontales en Sudamérica, después de los verticales de YPF. No apuntaba a la roca de Vaca Muerta, con la que Repsol había debutado a mediados del año anterior sino a la formación inmediatamente debajo de ella, Los Molles, una capa de esquistos que abarca unos 15.900 kilómetros cuadrados de superficie (la mitad que Vaca Muerta) y que tiene entre 500 y 700 metros de grosor, según los primeros estudios con los que cuenta el gobierno neuquino. Allí se estima que hay encerrados unos 272 TCF de gas, apenas un poco menos que los 308 de Vaca Muerta.

Apache avanzaba en silencio, con un pequeño equipo de técnicos locales y una task force de sus mejores expertos que comandaba la operación a control remoto desde el cuartel general en Houston. El trépano se sumergía lento en las entrañas de la tierra, a razón de 5 o 6 metros por hora, para no correr riesgo de romper el entubado. Era en el área Anticlinal Campamento, entre Cutral Có y Zapala. En un mes y medio, la torre ya había llegado a tocar Los Molles, a 3.600 metros de profundidad. Luego les llevó otros 4 meses y medio trazar la curva y navegar 900 metros horizontalmente, una hazaña ingenieril para la industria petrolera en Sudamérica.

Cuando el pozo completó los 4.452 metros de trayectoria planeados, el equipo de Apache inició la fractura múltiple. Fueron diez fases durante las que inyectó 30 millones de litros de agua, que había ido almacenando en una gigantesca pileta del tamaño de una manzana y de un metro y medio de profundidad, pegada a la locación. Aquellas piletas de los primeros ejercicios criollos de fracking se dejarían de usar pronto por el daño ambiental que generaba dejarlas allí al terminar los pozos.

El experimento le costó a Apache 24 millones de dólares y cuando lo terminó, en julio de 2011, el gobernador fue a celebrarlo con sus directivos en una recorrida por el pozo. 2 años después, sin embargo, Sapag reconocía que «no se logró el resultado esperado». Un costo tan elevado solo podía recuperarse si aquella parcela de Los Molles era un sweet spot dentro la formación. Y no lo era.

Irónicamente, la compañía cuyo nombre remite a los aguerridos pueblos originarios de Arizona ya era por entonces una de las peores enemigas de las comunidades indígenas patagónicas. Varios de sus pozos se habían hecho de manera inconsulta sobre territorios considerados por esas comunidades como sus propiedades ancestrales. El 19 de noviembre de 2011, la comunidad Gelay Kó tomó una planta compresora de gas de Apache a 30 kilómetros de Zapala, muy cerca de donde la compañía pretendía continuar perforando con la mira puesta en Los Molles. Los lideraba la joven logko de la comunidad, Cristina Lincopán, de solo 28 años. Lincopán acusó ese día al gobierno de Sapag por su «falta de compromiso en la resolución del tema» y repudió que la empresa llevase a cabo «perforaciones inconsultas» en su territorio. La toma se mantuvo durante una semana, al cabo de la cual la provincia se comprometió a intensificar los controles ambientales. Pero Apache terminó por denunciar a Lincopán y a varios otros miembros de su comunidad, a quienes la justicia neuquina luego les impidió el ingreso a las tierras donde habían pastado sus animales durante décadas.

Lincopán volvió a la carga en diciembre y denunció ante un fiscal neuquino que Apache había derramado crudo en otra de sus locaciones sobre el territorio de los Gelay Kó, cuya propiedad no era reconocida por la provincia. En los meses siguientes encabezó varias manifestaciones y tomas, que solo encontraban eco en los medios alternativos de la zona y en las organizaciones indigenistas y de izquierda. Apache seguía adelante con sus planes, aunque enfrentaba una resistencia cada vez mayor.

Para contraatacar, el gobierno neuquino apeló a la misma fórmula de la que se había servido Hernán Cortés para conquistar México a inicios del siglo XVI: dividir para reinar. Anunció que reconocería como interlocutora en la comunidad Gelay Kó a Silvia Claleo, a quien Cristina Lincopán había enfrentado por su pasividad frente a las petroleras, pero que mantenía el respaldo de un puñado de miembros de la comunidad. Le entregó subsidios para ellos, un vehículo para la cooperativa que habían formado y otros beneficios asociados al reconocimiento formal. En Buenos Aires, mientras el resto de los Gelay Kó protestaba contra Apache, Claleo firmó acuerdos con la compañía donde autorizaba la explotación en la zona. Igual que como había hecho con Roberto Manpucheo cuando dio sus primeros pasos como director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Confederación Mapuche decidió la expulsión de Silvia. Pero los convenios que había firmado siguieron en pie.

Cristina Lincopán se enfermó. Le diagnosticaron hipertensión pulmonar, que solo podía curarse con un trasplante. El pulmón de repuesto no llegaba y la logqo debió internarse varias veces en el hospital de Zapala. Cada vez que salía, volvía a protestar contra Apache. Hasta que en marzo de 2013, con el país conmocionado por la unción de Bergoglio como Papa en el Vaticano, su corazón no resistió más. Su muerte apenas mereció unas líneas en la prensa regional en medio de aquella euforia papal, pese a que Cristina era una referente reconocida y solo tenía 30 años. La comunidad decidió no permitir que se le practicara una autopsia al cuerpo, por lo que no pudo establecerse si su enfermedad tenía origen en la contaminación del territorio, como ellos mismos denunciaban.

Los Gelay Kó permanecen divididos desde entonces, físicamente por la ruta 22 y políticamente por el fracking. A un lado de la ruta, donde están los pozos no convencionales de Anticlinal Campamento, la werken Lidia Álvarez sigue enfrentándose a la actividad junto con una parte de la comunidad. Al otro lado, donde no hay pozos, Claleo y sus seguidores autorizan las explotaciones y usufructúan los beneficios de ese permiso, según la Confederación Mapuche. «Silvia Claleo es la cara de la traición. En Gelay Kó se ven las dos caras, la de la resistencia y la de la traición por beneficios personales», dice enfurecido el werken de la Confederación, Jorge Nahuel.

En un paredón de la avenida Olascoaga, cerca de la esquina de la ruta 22, en la ciudad de Neuquén, están pintados el nombre y el rostro de la fallecida Cristina Lincopán. «Presente», dice al costado. «Ella ha sido garantía de una resistencia poderosa frente a la invasión de la petrolera Apache… que finalmente la asesinó», acusa la pintada de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA). Un ejecutivo de lo que era Apache Argentina y ahora es YSUR, empresa de YPF, se indigna con la acusación mientras almuerza en un restaurant de Puerto Madero. «Ayer Apache. Hoy YPF $A. Destruyen la tierra», está escrito en el paredón neuquino.

Apache siguió incrementando su producción durante 2012, al intensificar su avance en las áreas convencionales que ya operaba y perforar nuevos pozos no convencionales que fueron reduciendo su costo con el correr de los meses. Para extraer tight gas mediante fracking se centró en Allen, uno de los principales centros de la fruticultura del Alto Valle de Río Negro, donde estalló una sonora polémica por el impacto ambiental.

Como el gobierno mantenía fijo en 2,50 dólares por millón de BTU el precio del gas en boca de pozo, la gigantesca inversión que demandaban esas locaciones no rendía. Al directorio de la casa matriz le dolía cada dólar que tenía que girar a la filial argentina, inaugurada en 2001 pero que solo le había remitido dividendos en 2009. Entre eso y la resistencia de los agricultores que cultivan en Allen sus perales y manzanos, se fue convenciendo de ponerla en venta.

Pero la puntada final ocurrió cuando el gobierno, en una medida para favorecer a la renacionalizada YPF, anunció que aquellas petroleras que aumentasen en 2013 su producción de gas respecto de 2012 recibirían por el volumen «incremental» el triple de precio que antes, es decir, 7,50 dólares por millón de BTU. Lo que para YPF y muchas otras petroleras fue la gran medida que hacía y hace viable el gas de arcillas y arenas compactas en Argentina, fue lo peor que podía pasarle a Apache, dada su elevada producción en 2012. La casa matriz de Houston decidió irse del país.

—Lo aprovecharon los que incrementaron su producción después, pero nosotros no. La norma favoreció al que hacía mal las cosas. A 7,50 te conviene generar gas nuevo, pero a 2,50, no —protesta aquel exejecutivo de Apache Argentina.

Así fue como la empresa estadounidense empezó a negociar con Galuccio. En febrero de 2014, YPF concretó la compra de sus activos en la cuenca neuquina, incluidos ocho pozos en Vaca Muerta y los de tight en Allen y en la cuenca austral, en Tierra del Fuego, por 800 millones de dólares. De un plumazo, la petrolera de bandera se convertía en la principal productora de gas del país, por encima de Total. Para entonces, casi todas las posiciones estaban tomadas en Vaca Muerta.

En el fondo, el problema que terminó por convencer a Apache de abandonar el país era el mismo por el cual protestaban casi todas las petroleras desde hacía tiempo: el precio del gas en boca de pozo. El gobierno mantenía el gas barato para incentivar el consumo, pero este crecía sin que hubiera inversiones para reponer las reservas que se desvanecían. El modelo para el sector era un híbrido entre gestión privada y precios regulados que tenía curso de colisión seguro. Una vez perdido el autoabastecimiento, hizo falta importar gas más caro de Bolivia y mucho más oneroso en los barcos-termo que llegaron a cobrar 18 dólares por millón de BTU. A eso hubo que sumarle la factura por los millones de litros de fueloil de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que debió comprar también el Estado para alimentar las centrales térmicas. Los hogares argentinos siguieron pagando por su energía el equivalente a 0,50 dólares promedio por millón de BTU, y el Estado pagaba la diferencia. Fueron 9.400 millones de dólares de déficit energético en 2011 que terminaron por empujar al país —junto con una fuga de capitales de más de 25.000 millones— a una nueva restricción externa.

Ese rojo del balance de pagos por los agujeros energético y financiero, tras 4 años en los que la inflación subía mucho más que la cotización de dólar, convenció a muchos inversores de apostar por una inminente devaluación en 2011. La presión se intensificó hacia las elecciones de octubre en las que Cristina Kirchner fue reelecta Presidenta con el 54% de los votos. Pero en vez de devaluar tras los comicios, el gobierno optó por establecer un sistema de control de cambios. Ese mismo mes, el Banco Central dispuso que todas las operaciones cambiarias debían empezar a tener una autorización previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Uno de los principales responsables de la autoridad monetaria de aquel tiempo reconoce 4 años después que la jefa de Estado creyó ver entonces una conspiración de empresarios contra ella en lugar de admitir que el peso estaba sobrevaluado.

El cepo cambiario, como lo bautizó la prensa más crítica, estaba en marcha. En febrero de 2012, el Central dictaminó que las empresas no podrían comprar divisas para girar regalías y dividendos al exterior, pero ya desde octubre esa medida venía rigiendo de hecho. Funcionarios de alto rango llamaban a las empresas de capital extranjero para que desistieran de repartir dividendos a sus accionistas, ya que eso implicaba el giro de divisas al exterior.

La YPF controlada por Repsol y gestionada por los Eskenazi era una de las de peor desempeño entre todas las petroleras desde hacía años, en términos de reservas y de producción. A la falta de incentivos para invertir por los bajos precios del gas en boca de pozo y del barril de petróleo en el mercado interno, factores que afectaban a todas las petroleras, en su caso se sumaba la necesidad de girar sistemáticamente dividendos al exterior para pagar los préstamos que habían tomado unos y otros para meterse en su directorio. Por eso, mientras entre 1998 y 2002 había remitido utilidades al extranjero por un promedio de 500 millones de dólares anuales, entre 2003 y 2010 el ritmo aumentó a 1.500 millones por año. Los giros al exterior totalizaron 13.000 millones durante toda la permanencia de Repsol en el control, una cifra similar a la que había pagado por las acciones de YPF al momento de quedarse con el paquete accionario mayoritario.

La tensión entre el gobierno y los dos principales accionistas de YPF se hizo patente a la semana siguiente de la reelección de Cristina Kirchner, cuando Repsol y los Eskenazi se repartieron dividendos de la petrolera argentina por 1.491 millones de dólares, un 16% más que los 1.283 millones de utilidad neta generada por la empresa. Ese mismo día, según relatan Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco en su libro Los patrones de la Argentina K, Guillermo Moreno llamó por teléfono a Sebastián Eskenazi, y le exigió que no sacara esos dólares al exterior. La discusión fue subiendo de tono hasta que las chicanas del secretario de Comercio Interior sacaron de quicio al CEO de YPF. Terminó por cortarle el teléfono tras mandarlo «al carajo».

En la reunión del consejo de administración en la que se decidió el reparto de ganancias, el 2 de noviembre, el representante estatal en la compañía votó en contra y perdió. El Estado solo tenía entonces la acción de oro, con la que únicamente podía vetar la venta de la propiedad de YPF. Su representante era el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Sebastián Eskenazi entendió ese día que se rompía el acuerdo que había cerrado 4 años antes con Néstor Kirchner para alzarse con el 25% de la petrolera.

El proceso maduró muy rápido entre aquel agitado final de 2011 y abril de 2012. El 7 de noviembre, Repsol e YPF improvisaron un megaanuncio, que en realidad era una remake del anuncio del diciembre previo, cuando la propia Cristina Kirchner había hablado en público por primera vez de Vaca Muerta. Las dos empresas comunicaron en simultáneo a los reguladores bursátiles de Argentina y España que habían obtenido resultados «óptimos» en sus primeros 15 pozos hacia la roca madre en el área de Loma La Lata. Estimaron que en los primeros 428 kilómetros cuadrados explorados de Vaca Muerta había recursos de petróleo y gas recuperables equivalentes a 927 millones de barriles equivalentes de crudo. Y que como controlaban 12.000 de los 30.000 kilómetros cuadrados de esa formación, el hallazgo podía ser el mayor de la historia argentina. Era el último intento que hacían los Eskenazi y Repsol de mostrar una gestión exitosa de YPF, mientras la idea de reestatizar la compañía empezaba a madurar en algunos despachos oficiales.

La Comisión de Defensa de la Competencia abrió el 6 de enero una investigación para establecer si YPF había cometido abuso de posición dominante en el mercado de combustibles. El 16, De Vido denunció a YPF y otras cuatro petroleras por esa maniobra anticompetitiva. Mediante un comunicado, YPF consideró «injustificada» la denuncia. Sebastián Eskenazi se enteró de las malas nuevas en Punta del Este, donde descansaba. Maldijo en silencio al ministro.

En las estaciones de servicio se formaban filas de autos. YPF restringía sus entregas porque el Gobierno no le permitía subir los precios. No estaba dispuesta a sostener nada que le generase pérdidas. A fin de enero, la propia Presidenta reclamó a las petroleras que reinvirtieran sus ganancias en el país para aumentar la producción y reducir las importaciones. El tema se instalaba en el primer lugar de la agenda política. Después el gobierno suspendió dos programas de incentivos para el sector, que también impactaban bajo la línea de flotación de YPF.

Para inicios de febrero, cuando las acciones de YPF ya se habían derrumbado más del 10% por los rumores de reestatización, los gobernadores de las diez provincias petroleras argentinas acordaron ejercer «fuertes controles» sobre las compañías que operaban en sus territorios para asegurarse que invirtieran y así disminuir la importación. Era el paso previo al quite de concesiones de áreas que anunciarían varias de ellas en marzo. La principal afectada también sería la YPF privada.

A mediados de febrero, el gobierno le prohibió a YPF importar o exportar mientras no regularizara una deuda de 8 millones de dólares en impuestos. 2 días después, la empresa admitió que no conseguía las divisas necesarias para traer gasoil del extranjero y abastecer el mercado doméstico.

Todas las novedades se sucedían como parte de un reacomodamiento interno del propio gobierno. El déficit energético que irrumpió en 2011 había cambiado el escenario respecto de 2007 y 2008, cuando Néstor Kirchner había planificado y concretado el ingreso de los Eskenazi en el paquete accionario de YPF. A fines de ese primer año deficitario, y recién asumido como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, virtual viceministro de Economía, Kicillof puso inmediatamente a un equipo de economistas a vigilar a la YPF todavía privada. Lo hacían en secreto. Tangencialmente, también auditaban a De Vido.

Veterano de mil batallas de la política universitaria aunque poco habituado a las intrigas palaciegas, Kicillof se enfrentaba ni más ni menos que al hombre que había sido el nexo de Néstor Kirchner con el empresariado desde sus tiempos como gobernador. Y lo hacía por orden de Cristina Kirchner, que empezaba a destejer los pactos de su esposo muerto. Moreno también culpaba a De Vido, otrora su referente, por la crisis energética y la falta de dólares.

Kicillof había tenido su minuto de fama nacional como director por el Estado en las asambleas de accionistas de una siderúrgica del grupo Techint, Siderar, en la que el Gobierno participaba gracias a las acciones que había heredado de la estatización del sistema de AFJP en 2008. Semioculto hasta entonces como directivo de Aerolíneas, adonde lo había llevado su amigo Recalde, el economista había advertido que el Estado podía «fundir» a la empresa de los Rocca si levantaba las barreras que la protegían del acero importado en el mercado argentino. La piedra de la discordia con Techint era la misma que con Repsol y que con los Eskenazi: el reparto de ganancias. El gobierno necesitaba que las empresas no fogonearan la fuga de capitales. La mayor de todas las compañías del país, YPF, estaba en la mira.

YPF cursó el 17 de febrero invitaciones para la reunión de directorio que realizaría el 23. Incluyó a Baratta, el hombre que representaba al Estado. Pero aquel jueves, a la hora señalada, el delegado de De Vido no apareció solo en la Torre sino acompañado por el decorativo secretario de Energía de los primeros 11 años de kirchnerismo, Daniel Cameron, y el propio Kicillof, a quien por esos días los empresarios ya caracterizaban como un Moreno con mejores modales.

«Ustedes, no», les cortaron el paso los directivos de la empresa, que solo aceptaban que ingresara Baratta y el síndico que representaba al fisco, Gustavo Mazzoni. Los funcionarios pidieron entonces hacer un acta a su escribana registrando que no los dejaban participar del encuentro.

YPF hizo lo propio con su escribano, e invitó a los funcionarios a reunirse con Brufau y Sebastián Eskenazi para tratar «los temas que quisieran». Los tres rechazaron la oferta y se retiraron, no sin antes dar una conferencia de prensa a la que habían convocado con anterioridad, dando por hecho que se produciría el desaire.

«Van a tener que dar explicaciones de cuáles son los motivos, qué es lo que la empresa no quiere mostrar o no quiere discutir», disparó Kicillof en la puerta de la Torre. El mundo petrolero se puso en guardia. Todos daban por hecho que el 1º de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas, Cristina Kirchner anunciaría una intervención de YPF, como años antes había hecho el gobierno con otras energéticas como Metrogas, que era de la británica BG y de Repsol, y Transportadora Gas del Norte (TGN), dominada por Techint. Los rumores arreciaron todavía más cuando el día anterior, la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró «irregulares e ineficaces» las resoluciones adoptadas en la reunión de directorio en la que no habían dejado entrar a los enviados oficiales.

Nicolás Gadano, el economista que ahora asesora a la YPF de Galuccio y que trabajó hasta 2008 en la empresa controlada por Repsol, recibió por esos días varias llamadas de emisarios de los Eskenazi y de los españoles, desesperados por conseguir el libro del hasta entonces desconocido Kicillof sobre John Maynard Keynes, que también fue su tesis doctoral en la UBA. «No van a encontrar nada sobre política energética ahí. ¡Es un libro sobre Keynes!», les respondió. Volver a Keynes se convirtió de todos modos en un objeto de deseo de todos los empresarios del país, ansiosos por conocer el pensamiento del nuevo enfant terrible del kirchnerismo. Aunque ya tenía por entonces 40 años, aparentaba menos por su rostro juvenil, sus patillas y su rechazo a la corbata (pasó de ir en remera negra a Aerolíneas a usar camisa blanca como viceministro).

De Vido empezó a recibir llamados cada vez más frecuentes de Kicillof y a sumarlo a las reuniones por YPF, siempre a pedido de Olivos. En un encuentro el 28 de febrero al que el presidente de Repsol había acudido con el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, el joven funcionario le reclamó enérgicamente que apurara sus inversiones en Vaca Muerta. También estaba presente el eterno secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini.

—Para que haga lo que nos está pidiendo, señor secretario, nos va a tener que obligar —replicó serio Brufau. No sabía que estaba impulsando involuntariamente una idea que todavía no era unánime al interior del elenco gobernante.

Después de aquel encuentro, el funcionario del gobierno del conservador Mariano Rajoy anunció a la prensa de su país que había llegado a un acuerdo para que una comisión analizara el conflicto. Pero a las pocas horas De Vido lo desmintió. Soria fue el mismo que en 2013 medió para que Argentina y Repsol pactaran la indemnización por el 51% de YPF. Y lo hizo receloso. Decía que el ministro de Planificación le había mentido un año antes.

En los momentos de tirantez previa a la expropiación, De Vido les reconoció en privado a los Eskenazi y a ejecutivos de Repsol que ya no controlaba el asunto. El ascendente Kicillof se mostraba implacable. «Lo que nos terminó de decidir a la expropiación fue el plan que Repsol nos presentó para Vaca Muerta. Era el saqueo final», caracteriza en retrospectiva uno de sus más estrechos colaboradores.

El gobierno neuquino, en cambio, defendía al grupo europeo. «Los españoles nos presentaron a nosotros un plan de desarrollo de Vaca Muerta antes de la expropiación. No es cierto que no quisieran hacerlo», reivindica su subsecretario de Hidrocarburos, Gabriel López. Proveedores locales acusan a Sapag de amparar a Repsol porque le garantizaba la paz social al adelantarle impuestos con los que abonaba sueldos en una provincia en la que casi la mitad del empleo depende directa o indirectamente del Estado.

Ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, Cristina Kirchner no mencionó a YPF. Sí se mostró preocupada por «el fuerte aumento de las importaciones de combustibles». Y advirtió: «Vamos a tomar todas las medidas que siempre hemos tomado para asegurar el abastecimiento de los argentinos del combustible». Las acciones de YPF en Wall Street, que se habían derrumbado durante los días previos, saltaron un 13,3% a los pocos minutos de terminado el discurso presidencial. La decisión no estaba tomada, según confirma uno de los economistas que integraba el equipo secreto de Kicillof que monitoreaba todo desde inicios de aquel verano caliente. «La negociación con Repsol siempre se mantuvo abierta», asegura el funcionario.

Poco antes de la apertura de las sesiones en el Congreso, la Presidenta había recibido una llamada teléfonica del rey Juan Carlos. El diario El País publicó la noticia del contacto apenas unas horas después, citando fuentes de la Casa Real que calificaron la charla como «cordial». El gobierno argentino confirmó la conversación, pero afirmó que los temas referidos a YPF no integraban la agenda con España sino que eran «de estricto orden interno».

¿Había frenado el rey la avanzada kirchnerista sobre Repsol? Nada de eso. El mismo 1º de marzo, el gobierno de Chubut le advirtió a YPF que le quitaría dos yacimientos si no presentaba un plan de inversiones para aumentar su producción. Comenzaba así una catarata de retiro de concesiones contra YPF en esa provincia, Santa Cruz, Salta, Río Negro, Mendoza y Neuquén, que también seguían instrucciones precisas de la Quinta de Olivos. Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, Martín Buzzi y Daniel Peralta, reunieron el 14 a más de 10.000 personas en el puesto Ramón Santos, el límite entre ambas provincias. La mayoría eran trabajadores petroleros que cantaban consignas contra los españoles. Entre ese día y fin de mes, le sacaron a Repsol áreas que le aportaban un quinto de su producción en Argentina. El día de la nacionalización de YPF, Brufau calificaría este retiro de concesiones como «campaña de hostigamiento para provocar la caída del precio de las acciones de YPF», pero el economista Gadano, que había trabajado para Repsol durante 9 años, opina que aquel fue el único momento en que las provincias se pusieron «estrictas» a la hora de hacer cumplir los compromisos de inversión.

El 8 de marzo, YPF volvió a reunir a su directorio. Esa vez sí dejó entrar a Cameron y a Kicillof, que no tenían voto. Los representantes de la mayoría de los accionistas, incluyendo a Repsol y a los Eskenazi, aprobaron los balances de 2011, que incluían una ganancia neta de 1.214 millones de dólares, un 8,5% menos que en el ejercicio anterior. Baratta votó en contra, y pidió que se constituyera una reserva voluntaria para futuras inversiones.

El multimillonario George Soros, que había invertido durante 2011 unos 40 millones de dólares en acciones de YPF y se había alzado con un 0,22% de su capital con el objetivo de hacerse socio de las futuras ganancias de Vaca Muerta, vendió todo en aquel primer trimestre de 2012, antes de la reestatización. Así esquivó las pérdidas que habría sufrido ese año si las hubiese mantenido. Mucho después, entre 2013 y 2014, compraría en la Bolsa una porción varias veces mayor, que equivalía al 3,5% de la compañía. Una vez que el Estado se quedó con el 51% de YPF y dejó de repartir los dividendos de la petrolera entre sus accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para seguir abonando las deudas contraídas para obtener su 25%. Es así que esas acciones se repartieron de inmediato entre sus acreedores. Repsol recibió un 5%, que se sumó al 7% que no le habían expropiado. Inbursa, el banco del multimillonario mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica Claro, percibió el 8,4%. Así como Repsol vendió su 12% en 2014 en el mercado, también Slim se desprendió ese año de la mitad de sus acciones y se quedó con el 5,6%.

El día del desembarco del Gobierno en la Torre, Roberto Baratta y el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, esperaron tomando café con el kicillofista Arceo en el lobby vidriado del Hotel Hilton, justo enfrente. Desde allí vieron por cadena nacional a Cristina Kirchner anunciando la intervención temporaria de YPF y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones en manos de Repsol. Antes habían escuchado a la locutora oficial leer el proyecto cuya letra chica había terminado de definir Kicillof con la Presidenta el fin de semana previo a ese lunes 16 de abril.

Apenas terminó de hablar la mandataria, los tres hombres cruzaron la calle, atravesaron las columnas amarillas de ingreso al edificio diseñado por Pelli, entraron por el acceso principal y subieron al despacho en el piso 32 de Sebastián Eskenazi, el CEO.

—¡Los esperaba la semana pasada! —bromeó Eskenazi, que también había visto el discurso por televisión. Su padre, Enrique, había abandonado su oficina minutos antes y ya estaba camino a la sede del grupo Petersen.

Baratta llevaba en la mano una lista con una veintena de nombres de los ejecutivos que debían abandonar de inmediato el edificio. La habían redactado de apuro en el lobby de enfrente, sobre una hoja de papel con el logo del Hilton. A él y a sus dos acompañantes se les había unido un pequeño grupo de policías. La hoja fue entregada al encargado de seguridad de YPF, que empezó a llamar a los despachos de los expulsados.

El asturiano García Blanco, el director de exploración y producción de Repsol para la región que se arrogaba el «descubrimiento» de Vaca Muerta, fue uno de los que tuvo que irse. Unos días después, denunció ante el diario español Expansión que ni a él ni al director general de Repsol en Argentina, Antonio Gomis, les habían dado tiempo siquiera para recoger sus pertenencias. «Tuve que abandonar mi preciado Quijote, una de esas cosas que siempre llevo encima como ejecutivo español expatriado», dijo, y agregó que tampoco le habían permitido comunicarse con su familia para avisar que estaba bien. «Ahora que estamos en casa y sin amenazas podemos contar lo que pasó», declaró ya en Madrid.

Los funcionarios desmienten que el desalojo de los directivos de Repsol haya sido violento o siquiera tenso. «Es todo mentira. Hubo dos directivos españoles que se fueron del país vía Colonia apoyados por el servicio secreto español, pero fue por decisión propia y para sobreactuar. Decían que tenían miedo de ser detenidos. El gerente de administración se quedó un día más y no pasó nada», cuenta uno de los que desembarcó ese día.

Un diplomático ibérico ratifica, en cambio, el relato de García Blanco.

—A la gente de Repsol la sacó la Policía argentina con los peores modos. Mandaron gente dura. Fue una toma tremenda, no les dejaron sacar ni sus papeles —sostiene.

La Central Nacional de Inteligencia (CNI) de España, recuerda el diplomático, tenía agentes en la Torre y mantuvo informada a Madrid durante todo el día. Está habituada a hacerlo; sus principales tareas son perseguir al grupo separatista vasco ETA y al terrorismo islámico y proteger los intereses de las empresas españolas en el exterior ante cualquier amenaza.

El anuncio de Cristina Kirchner en la Casa Rosada fue interrumpido varias veces por aplausos y cánticos de los asistentes, que la mandataria intentaba callar con una mano mientras la locutora leía. Una vez concluido el acto, De Vido fue con Kicillof en un auto oficial hasta la Torre, donde solía entrar por la cochera cada vez que iba de visita. Ese día eligió bajar del auto y entrar caminando por donde estaban apostados los fotógrafos de diarios y agencias de noticias. Lo fueron siguiendo los gobernadores que habían ido a la Rosada. El primero en arribar fue Sapag.

El proyecto de ley establecía que el 51% de YPF que el Estado le quitaba a Repsol se partiría así: 26% para la Nación y 25% para las provincias petroleras. Solo en agosto de 2012 se pusieron de acuerdo los gobernadores para repatirse ese 25%: Neuquén, el 10,45%; Santa Cruz, el 5,22%; Mendoza, el 4,6%; Chubut, el 2,1%; Río Negro, el 0,8% y el conjunto de Formosa, La Pampa, Salta y Tierra de Fuego, en total el 1,9%. Lo que aún no aclararon las provincias es cómo pagarán la deuda que contrajo la Nación para indemnizar a Repsol en 2014.

Kicillof jamás dijo, al menos públicamente, que no le iba a pagar un peso al grupo español por YPF, como hizo trascender un sector de la prensa. El día del anuncio de la expropiación, Brufau respondió que demandaría a Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial, por unos 10.500 millones de dólares. También atribuyó la decisión de Cristina Kirchner a la crisis que vivía el país, en referencia a la escasez de divisas, y al interés por quedarse con Vaca Muerta. Unas 24 horas después, cuando De Vido y Kicillof fueron al Senado a defender en un plenario de comisiones el proyecto de ley de reestatización, el entonces viceministro le contestó: «No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está? Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa. Solo desde adentro conoceremos cuáles son los pasivos ambientales, ya que con seguridad muchos de ellos no han sido expuestos en sus libros contables». En 2014, con Kicillof de ministro de Economía, el gobierno de Cristina Kirchner abonó con bonos la mitad de lo que pedía Repsol, pero no mencionó explícitamente el peso de los pasivos ambientales en la cotización final del 51%.

Aquel día en el Senado Kicillof dijo que ya había contactos para asociar a Exxon, Petrobras y Total con YPF en Vaca Muerta. Hubo reuniones esos días para tranquilizar a esos y otros inversores privados nerviosos por la expropiación. No serían aquellas tres petroleras sino otras las que sellarían acuerdos con la YPF estatal.

La expropiación reunió un apoyo amplio de la sociedad que se reflejó en el resplado de sus representantes en el Congreso. Se trataba de que el Estado argentino recuperara una empresa incrustada hasta en los sentimientos de la población. Prácticamente todas las naciones petroleras en vías de desarrollo cuentan con su empresa estatal y Argentina hasta ese momento solo disponía de la insignificante Enarsa. En el Senado la nacionalización logró 63 votos a favor, tres en contra, cuatro abstenciones y dos ausentes, entre ellos Menem, el privatizador de YPF. En general, la fragmentada oposición respaldó el proyecto, incluido el radicalismo y el socialismo. Los tres rechazos fueron de peronistas opositores, aunque otros compañeros de banca apoyaron.

En la Cámara de Diputados se repitió una escena similar. La nacionalización fue aprobada por 208 votos, contra 32, cinco abstenciones y 11 ausentes. Entre los que se opusieron figuran peronistas opositores, incluidos algunos que ahora apoyan la candidatura presidencial del kirchnerista Scioli. Los seguidores del conservador Macri votaron en contra, salvo dos ausencias. Entre los que se abstuvieron estaba Carrió, aunque la mayoría de sus compañeros de banca votaron a favor.

Antes de enviar al Congreso aquel proyecto de ley para el cual el oficialismo contaba con los votos suficientes, ya estaba acordada la designación de Galuccio como nuevo presidente de YPF. Pero como interventor estaba designado De Vido, a quien secundaba Kicillof. Y en el interregno no fue todo color de rosa. Durante el primer mes, hubo una tensión permanente entre Baratta y el influyente viceministro por el futuro de la compañía. El alfil de De Vido resistió todo lo que pudo la llegada de Galuccio. Kicillof y su tropa lo apoyaron, incluso contra la opinión de algunos dirigentes de La Cámpora que desconfiaban del que más tarde apodarían «el agente inglés».

De hecho, a Galuccio no le gustó la manera de ejecutar la expropiación aquel 16 de abril, pero desconocía si existían otras maneras de nacionalizar una empresa. Además se jacta entre los suyos de haber evitado que la tropa de La Cámpora desembarcara en YPF, como sí había hecho en Aerolíneas y en tantas empresas y dependencias públicas. Logró que Cristina Kirchner aceptara que él formase un equipo entre petroleros y un jefe financiero que provenía del banco de inversión Merrill Lynch. Galuccio se maneja con su gente, escucha poco a los demás y quiere llevarse todos los laureles, acusan quienes lo detestan dentro de la compañía.

Pero en la disputa entre Kicillof y Baratta, el ex ejecutivo de Schlumberger se inclinaría por el primero. Baratta duraría solo un mes en la YPF estatal. De Vido ya no tenía nada que hacer allí, pero a partir de entonces Galuccio lo percibiría como un enemigo tan empecinado contra su gestión como lo fue Brufau hasta el preacuerdo de indemnización de noviembre de 2013. El ministro de Planificación había perdido completamente el control de la política energética.

Galuccio no planeaba volver a la Argentina. Tenía su vida armada en Londres, donde se había radicado 7 años antes de la reestatización. En diciembre de 2011, agitado para el mundillo petrolero criollo, recibió allí al gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, a quien había invitado a un seminario de Schlumberger. El intermediario para el convite había sido su hermano Carlos Galuccio, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos y contratista de obras públicas provinciales.

El seminario era solo un pretexto para tejer contactos con un potencial asociado, en un contexto en el que no se sabía qué provincias podrían convertirse en productoras de hidrocarburos de la noche a la mañana de la mano del fracking y las perforaciones horizontales. Después de todo ¿no se estaban haciendo pozos en zonas de Estados Unidos que jamás se habían pensado petroleras?

El gobernador quedó impresionado con la casa de Galuccio en las afueras de Londres. Mientras contemplaba azorado el jardín, cuidado con prolijidad británica, se sorprendió al ver corretear unos ciervos. Una sofisticación que se ve también en los más lujosos ranchs de los shalellionaires texanos, pero muy inusual en nuestras pampas. El Mago tenía definitivamente un buen pasar económico. El metro cuadrado en las afueras de Londres no está barato desde hace siglos.

El encuentro fue tan ameno que Urribarri volvió a hablar con Galuccio varias veces durante enero y febrero, mientras la crisis de YPF se precipitaba. El 4 de marzo, después de aquella apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el gobernador se decidió y le escribió un correo electrónico a su jefa política, Cristina Kirchner, a la que sueña con suceder: quería que conociera a un ingeniero entrerriano que se había ido del país 12 años atrás y que había llegado donde ningún latinoamericano antes: a uno de los cuatro puestos más importantes de Schlumberger, por entonces una compañía de más de 13.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

La Presidenta aceptó concederle la reunión y Urribarri voló nuevamente a Londres, esta vez en un avión privado, para tratar de convencer al ejecutivo de volver al país y postularse para presidir YPF en caso de que avanzara la reestatización. En el jardín de su chalet, mientras escuchaba la oferta de boca de Urribarri, Galuccio recordó sus años mozos en la petrolera y meditó brevemente sobre el desafío. La tentación era grande: con Vaca Muerta, YPF era la tercera petrolera de América con más acres sobre formaciones no convencionales, solo superada por Exxon y Chesapeake. El problema que podía comprarse un millonario anónimo como él al pegar el salto a la portada de los diarios era todavía mayor. Más afecto al cálculo que a la corazonada, ese día sintió que era su hora de ir por el bronce. Se acordó de Estenssoro, de Monti, y de alguien que le había dicho que cuando tenía un problema en un pueblo, siempre lo solucionaba yendo a lo del intendente, a lo del cura o a la YPF del lugar.

Galuccio la conoció a Cristina Kirchner aquel mismo marzo, en El Calafate, hacia donde voló con Urribarri. Apenas se sentaron, tras una breve charla sobre Londres y sus hijos, le habló del modelo de Statoil, la petrolera noruega de mayoría estatal y participación privada.

—Hay que crear los controles para que esto no sea el Correo. Hace falta una empresa mixta, profesional, que cotice en Nueva York, que pueda alinear los intereses de la Nación con los de una empresa de energía —arrancó con cruda sinceridad.

La jefa de Estado lo escuchaba atenta. No lo conocía y no tenía grandes razones para confiar en él. Sin ahondar demasiado, el ingeniero avanzó sobre algunos temas que consideraba estructurales, tratando de no caer en las habituales críticas de los petroleros a la política energética kirchnerista y muy atento a no pronunciar la frase «crisis energética», que los diarios habían repetido hasta el hartazgo durante años y que le hubiese significado un pasaje sin retorno a Londres.

—El ADN de YPF tiene que ser profesional, nacional, y que genere valor para los accionistas. Cuando digo nacional me refiero a comprometido con las necesidades del país. Lo contrario a Repsol. Con lo de accionistas quiero decir que me importa tanto el Estado como los privados. Hay que darle al país lo que necesita y también a los accionistas privados, que son los que van a poner la plata —insistió.

Le dijo también que harían falta decisiones del gobierno para atraer inversiones a YPF, como subir los precios del gas y del petróleo y ofrecerles a los potenciales socios un régimen de repatriación de su capital. Todo lo que el gobierno le había negado a los inversores privados hasta entonces.

Galuccio se volvió a Londres sin certezas pero a los pocos días lo llamarían otra vez para conocer a Kicillof, De Vido y Zannini. El Chino, que con De Vido es uno de los últimos funcionarios que permanece desde el inicio del mandato de Néstor Kirchner, se convertiría en los meses subsiguientes en su principal aliado en la Casa Rosada. Del Soviético, como le decía Moreno, su impresión fue que no entendía nada del mundo petrolero pero que haría cualquier cosa que le ordenase la jefa. Con el tiempo tejerían una buena relación, e incluso el ingeniero se sorprendería de lo mucho que había aprendido sobre su mundo en tan poco tiempo.

Con De Vido, en cambio, fue la guerra desde el principio. En esas semanas de negociaciones secretas y reuniones privadas, el ministro le habló mal de él a quien lo quisiera escuchar, hasta que Galuccio terminó exigiéndole a la Presidenta, casi como única condición para asumir, que De Vido no pisara más la Torre.

Lo que nunca se conoció fue el sueldo por el que YPF contrató a Galuccio. Repsol llegó a preguntárselo en posteriores reuniones de accionistas, pero él no contestó. En la petrolera nacionalizada argumentan que es una sociedad anónima en la que el Estado dispone de solo 51% y que sus ejecutivos no son funcionarios públicos que deban transparentar sus ingresos.

La guerra del fracking, como la llamó Pino Solanas en su documental de 2013, había comenzado en noviembre de 2011 por la resistencia de los mapuches de Gelay Kó, pero durante los primeros meses no repercutió muy lejos de aquel paraje donde viven. Ellos denunciaban que las contratistas de Apache se llevaban el flowback en camiones-cisterna pero con la válvula abierta, por lo que chorreaba el contenido en la ruta, supuestamente para ahorrarse el gasto en transporte y tratamiento. En Apache negaban cualquier contaminación e incluso destacaban que, para evitar un conflicto por el agua con la comunidad, procuraban fracturar con agua salobre en lugar de dulce. Muchos petroleros sueltan sin empacho que mapuches y puesteros solo se quejan para sacarles plata. Los daños ambientales de la actividad convencional están claros y autodenunciados. Los del fracking aún están por verse, aunque ya hubo algunos accidentes.

En un intento por amplificar su protesta, y concientizar al resto de la sociedad neuquina, los mapuches editaron un video contra el fracking en junio de 2012. Las imágenes y las voces conmovieron a diversos militantes sociales que formaron la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA). Militantes políticos opositores al kirchnerismo y al MPN, referentes de la Iglesia neuquina heredera del obispo De Nevares y sindicalistas empezaron a acercarse con timidez a la APCA. Uno de los líderes de la asamblea es Giulio Soldani, un italiano de 32 años que también se hace llamar Giulio Ohaluer.

En 1999, cuando 50.000 manifestantes antiglobalización abortaron la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, Estados Unidos, se tornó visible la lucha de los jóvenes anarquistas del llamado Bloque Negro. Fueron noticia otra vez por los desmanes en la cumbre del G8 (Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia) en Génova, en 2001. En aquel tiempo Giulio tenía 20 años y militaba en aquellas movidas. En 2009, este joven romano vino a Argentina a hacer un doctorado en Sociología en la UBA. Primero estudió en Buenos Aires y después se marchó a las afueras de la ciudad de Neuquén porque quería un lugar más tranquilo para escribir su tesis. Con otros vecinos hizo una huerta comunitaria donde plantan hortalizas y frutas.

—El agua que viene a Neuquén desde el Mari Menuco llegaba rara, contaminada. Nos enteramos entonces del fracking, de que esta era una zona de sacrificio. Ahí contactamos con Cristina Lincopán. Acá la gente ya tiene incorporado el hecho de que haya industria petrolera. Hay un informe sobre el lago Los Barriales que dice que tiene 500 veces más contaminación de lo permitido —dice Giulio en un intervalo de una reunión de todo un fin de semana largo de la Unión de Asambleas de la Patagonia (UAP) en Allen, en la sede del sindicato de docentes rionegrinos.

Al volante de su Toyota, Esquivel, el secretario de Ambiente neuquino, niega en forma rotunda la acusación y asegura que guarda estudios que lo amparan:

—Están en pedo. Cualquiera dice cualquier cosa. Hemos establecido un programa de control de este recurso hídrico que consiste en 22 puntos y es agua prístina.

Los añelenses siguen desconfiando de lo que viene de esos lagos.

—Me pareció interesante crear la asamblea —dice el joven italiano en bermudas y zapatillas de trekking—. La asamblea es heterogénea: hay jubilados, (trabajadores) autónomos, docentes, gente de los gremios, de barrios, de huertas urbanas como yo, describe Soldani.

También hay una asesora de la Coalición Cívica.

«Fracking no es no», comienza su discurso Giulio. Es la misma frase que identifica a la APCA y que aparece en aquella pintada de un paredón neuquino con la imagen de la fallecida Lincopán.

—Todo el fracking se aprobó por decreto básicamente. Hay una falta radical de democracia, todo se hace a las apuradas. Eco-nomía y eco-logía están en discrepancia, pero deben estar juntas. Eco es hogar. Si las cosas van separadas, hay sobreexplotación de recursos naturales, crisis institucional, la democracia se va para otro lado, no se respeta la ley de medio ambiente ni la Constitución nacional, no se consulta al pueblo, ni siquiera al pueblo mapuche —expone Soldani, que lamenta la transformación de la zona—.El escudo de Centenario son dos manos con una manzana en el medio, pero hoy ya no hay manzanas ahí.

Otro de los integrantes de la APCA es un plomero de 54 años, Juan Carlos Ponce. En aquel fin de semana de asamblea cocina mientras los militantes de otros rincones de las provincias de Neuquén y Río Negro hacen el «toxitour» por las instalaciones de tight gas ubicadas entre las chacras de peras y manzanas de Allen.

«El agua, la tierra y el aire son un regalo de Dios. APCA. ¡No contamine!», cuelga una bandera atada en el salón de reuniones del sindicato de maestros. A principios de siglo, Ponce y su esposa, militantes de la Pastoral Social de Allen, se enteraron de que una empresa china iba a usar ácido sulfúrico para extraer cobre y plata en Loncopué, Neuquén.

—Ese ácido lo mezclan con agua, un día lo vuelcan a la noche al río y a la mañana ya está en Allen. Yo trabajaba en una fábrica de acumuladores, con baterías. Sabía lo que era trabajar con ácidos. Y con mi señora preparamos folletos para avisar a los intendentes —recuerda Ponce el inicio de su militancia ecologista. En 2012, el 82% de la población de Loncopué votó en un referéndum en contra del proyecto minero.

Ponce se sumó a la APCA casi desde sus inicios.

—Acá no sabíamos nada del fracking hasta que vino gente de Cipolletti para advertirnos. Nos mostraron Gasland, documentos, nos empezamos a interesar por el tema. Siempre lo que es social nos ha interesado —cuenta el plomero rionegrino.

El físico Armando Aligia, que investiga nanotecnología en el Centro Atómico Bariloche, es otro de los asambleístas.

—Ya hicimos 41 marchas por el agua en Bariloche, pero no conseguimos que nos presten atención. Hay concesiones petroleras (convencionales) que llegan hasta El Maitén, en Chubut, y que terminan a 25 kilómetros de nuestra ciudad. Cuatro o cinco pozos cerca de Bariloche quedaron mal remediados y contaminan —protesta Aligia, antes de que se inicie una discusión interna de una hora para decidir si los periodistas pueden presenciar aquella asamblea. Giulio se impone y la prensa se queda en la calle.

El cacerolazo antikirchnerista del 8 de noviembre de 2012 en toda Argentina dividió aguas en la APCA. Los que en la actualidad pertenecen a ella querían que la asamblea marchara. Aquel 8N también se manifestaron en Buenos Aires el presidente de Shell Argentina y políticos progresistas, ya no solo los conservadores que organizaron las primeras protestas antiK de aquel año. Soldani y compañía redactaron un borrador que llamaba a la manifestación y que calificaba a Cristina Kirchner de «fascista» por la relación entre Perón y el dictador italiano Benito Mussolini, según advierte uno de los militantes que dejó entonces la APCA, Martín Álvarez, más conocido como Cipo, por su origen, Cipolletti. Finalmente el borrador no se aprobó ni la APCA participó como tal del 8N, pero a partir de ese momento militantes políticos, eclesiásticos y sindicales dejaron la asamblea. Uno de ellos fue Cipo, que entonces militaba en la Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha, uno de los movimientos de la izquierda independiente de los partidos que se repiten en diversos rincones de Argentina. Cipo, periodista del programa Cartago TV, la radio Vorterix neuquina y el Observatorio Petrolero Sur, ya no milita en La Brecha, pero sí en la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, que nació a partir de disidentes de la APCA y cobró con el tiempo mayor protagonismo en la lucha antifracking.

—En la APCA hacían movidas contra las petroleras que nosotros veíamos interesantes —recuerda Cipo sus tiempos de militancia—. Hacían apariciones en los actos en los que las petroleras entregaban becas u otras dádivas a los pueblos donde están emplazadas, pero Giulio es profundamente antiorganizaciones y antipartidos.

Carolina García, la ingeniera que controla las áreas naturales protegidas de Neuquén, también rememora las críticas del militante italiano contra ciertas comunidades mapuches por «transar» con las petroleras y cobrar la servidumbre. La Confederación Mapuche del Neuquén se fue a la Multisectorial, o la Multi, como la llaman sus militantes. «Vamos a cobrar la servidumbre porque no les vamos a dar las tierras gratis», refuta Nahuel, el werken de la Confederación, a Giulio.

—Es bueno cobrar la servidumbre, pero no podés por eso entregar el territorio. No entregás los derechos constitucionales, la historia, la cultura —explica Nahuel frente a las petroleras que, amparadas en la utilidad pública de los hidrocarburos, en general primero comienzan a trabajar en tierras registradas como fiscales y después, piquetes de por medio, acaban reconociendo a las comunidades indígenas o crianceros que allí habitan.

—La Multi es un espacio donde los individuos pueden ir, pero donde las decisiones las toman las organizaciones —explica Cipo en una de las pizzerías que abundan por Neuquén, El Patio de Franz.

En la Multi conviven partidos de centroizquierda e izquierda, como Proyecto Sur, de Pino Solanas, o el Partido Comunista Revolucionario (PCR) con organizaciones de base, sindicatos o el colectivo feminista La Revuelta. El obispo Bressanelli mandó a un representante pero solo a las primeras reuniones. Al principio también iba el diputado provincial Rodolfo Canini, del kirchnerista Nuevo Encuentro, que lidera en el nivel nacional Martín Sabbattella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En diciembre de 2012, apenas YPF firmó un preacuerdo con Chevron, Sapag defendió la reputación de la petrolera norteamericana ante las acusaciones por contaminación en Ecuador y Canini lo tachó de gerente de esta empresa. Pero 8 meses después, el diputado de Nuevo Encuentro aprobó en la Legislatura neuquina el acuerdo YPF-Chevron que había aceptado el gobernador. A partir de entonces, en la provincia quedó instalado su apellido como el del diputado Eduardo Borocotó a nivel nacional, como el de alguien que se pasa de bando sin dudar. Se habla de caniniar, verbo menos efectista que el musical borocotear.

Aquel 28 de agosto de 2013, los militantes de la Multisectorial y otros 7.000 manifestantes de diversos partidos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles marcharon a la Legislatura para protestar contra la votación de ese día del pacto YPF-Chevron. Fue una marcha histórica para la capital neuquina, de 231.000 habitantes. La primera protesta de la Multi había sido en junio de ese año y había consistido en un escrache a un centenar de petroleros en un seminario de promoción de los cluster shale que la provincia y la Fundación Alejandría, de GyP, habían organizado en el espacio Duam, uno de los reductos preferidos de los ejecutivos para sus reuniones. Allí estaban desde Sapag hasta el presidente de Fiat Auto Argentina, Cristiano Rattazzi, que cuenta además con una empresa de helicópteros que da servicios a la industria.

—No podemos seguir con esta matriz desarrollista. No podemos tener esta cantidad de autos porque es totalmente insostenible —opina Cipo después de años de récords de ventas de autos en Argentina, que solo se abortaron por la recesión de 2014—. Hay que cambiar la forma de transportar la carga y los pasajeros. Hay muchos destinos energéticos que son parte del derroche. Y tampoco puede haber la dependencia de la matriz hidrocarburífera que tenemos hoy. El desarrollo de Vaca Muerta va a ser más en petróleo que en gas. Y por eso no es casual que a Chevron y a todas las empresas que vayan a venir les den el 20% de las exportaciones totalmente liberadas de retenciones y de la obligación de liquidar divisas en el país. Es porque quieren subsidiar con la exportación de petróleo la explotación del gas. Con esos beneficios impositivos y cambiarios convencen a las multinacionales de hacerlo. Pero eso no es soberanía energética. Este desarrollo es un enemigo mortal de las economías regionales. ¿Quién carajo va a comprar las frutas del Alto Valle cuando se hagan sobre una tierra que es un colador y al lado de un pozo no convencional?

Más de un analista consideraba que la recién reestatalizada YPF no iba a lograr convencer a ningún inversor privado para explotar Vaca Muerta. Pero Galuccio firmó en los últimos meses de 2012 dos principios de acuerdo con Chevron y los hermanos Bulgheroni que demostraron que el apetito por el petróleo y el gas podían más que los antecedentes de la relación del gobierno de Cristina Kirchner con Repsol. El 30 de agosto de 2012, el presidente de YPF lanzó un plan de 100 días para recuperar la producción, aún más en declive por los meses de tensión previos y posteriores a la nacionalización. Kicillof empezaba a aparecer públicamente como el ideólogo de la expropiación. Aquel día en el Sheraton, para sorpresa de los ejecutivos petroleros que habían sido invitados, seguidores del viceministro cantaron por primera vez una arenga que luego se repetiría en otros actos oficiales: «Oh, oh, oh / oh, oh, oh / oh, oh / Kicillof», sobre la música de Peace and Love, de la mítica banda de rock Sumo.

El programa de 100 días contemplaba que YPF por su cuenta acelerara la perforación de pozos no convencionales, mientras esperaba sellar alguna sociedad. De hecho, ese día Galuccio anunció la firma de un memorándum de entendimiento para aliarse en Vaca Muerta con los hermanos Bulgheroni, que no habían convencido de sumarse a sus socios británicos de BP ni a los chinos de CNOOC por el riesgo previsto. Pero el 14 de septiembre de 2012 llegó la gran noticia de que el presidente de YPF rubricaba en la Torre un memorándum de entendimiento con el presidente de Chevron, Ali Moshiri, para la exploración y la producción en Latinoamérica y África. Chevron es la tercera mayor petrolera del mundo.

«Sentimos satisfacción en acompañar este nuevo proceso de YPF ya que su éxito será el de todo el sector», dijo Moshiri aquella vez. Galuccio había iniciado en agosto en Houston las negociaciones con él. Conocía bien a la plana mayor de Chevron de sus tiempos de Schlumberger.

A principios de diciembre, Repsol inició una demanda a Chevron en tribunales norteamericanos por negociar con los «representantes ilegítimos de YPF». El pleito finalmente no prosperó, pero al menos en Europa el grupo español logró impedir que las petroleras avanzaran en los contactos con Galuccio. En el entorno del Mago reconocen que la propaganda antiargentina de Repsol surtió efecto en el Viejo Continente. También destacan que Moshiri, el ejecutivo de Chevron, «no es un gringo cuadrado que mira solo el valor presente, es un tipo disruptivo y sabía que ese acuerdo lo iba a posicionar». Y buscan razones que expliquen por qué la petrolera norteamericana se mostraba interesada en Vaca Muerta 4 meses después de la expropiación de YPF: «Las majors que perdieron el negocio en Estados Unidos no quieren perderlo en Argentina».

En la industria petrolera agregan otros motivos adicionales del interés de Chevron. Uno, que se quedó con una de las mejores áreas de una de las principales formaciones no convencionales del mundo. Dos, porque no se atemoriza ante los riesgos políticos y prueba de ello es que, a diferencia de sus compatriotas Exxon y ConocoPhillips, se quedó en la Venezuela chavista. Tres, por una serie de privilegios que el gobierno concedió en 2013 a las petroleras que invirtieran más de 1.000 millones de dólares, sayo que por ahora solo le cupo a la petrolera norteamericana. En 2014 esta medida se extendió a las que pusieran más de 250 millones.

En el sector hidrocarburífero no mencionan como factor clave el hecho de que un mes después del memorándum de entendimiento con YPF, Chevron sufriera el sorpresivo embargo de un juez porteño, Adrián Elcuj Miranda, en favor de los indígenas ecuatorianos denunciantes de contaminación en su país. Los pobladores del Amazonas, asesorados por el reconocido abogado de la City Enrique Bruchou, lograron paralizar en octubre de 2012 los activos por 2.000 millones de dólares que tenía Chevron en Argentina. Ellos buscaban cobrar la indemnización por 19.000 millones que un tribunal de su país había determinado en 2011. Chevron no pudo pagar los sueldos por un tiempo, pero la mayoría de sus activos en Argentina no eran billetes sino pozos. El gobierno de Cristina Kirchner, interesado en que se concretara la promesa de inversión de Chevron, movió todos los hilos posibles para que en junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara el embargo dictado por Elcuj Miranda y ratificado por una Cámara de Apelaciones.

Chevron no se amilanó ante ese embargo ni ante el juicio que le inició Repsol, la 26ª petrolera del planeta. El 18 de diciembre de 2012 selló en Houston otro preacuedo estratégico para analizar una primera inversión de 1.000 millones de dólares en Vaca Muerta. «No estamos preocupados por Repsol, es totalmente irrelevante lo que dice», sentenció Moshiri por videoconferencia. 10 días más tarde, los Bulgheroni firmaban otro acuerdo similar por 1.500 millones. Pero así como el convenio de términos y condiciones de YPF con Chevron se coronó con un pacto definitivo en julio de 2013 para invertir en primera instancia 1.240 millones, el que firmó con los Bulgheroni se venció a los 2 meses y quedó en la nada.