Capítulo 10

La ciénaga

Tal vez sea una hipótesis arriesgada, pero me he vuelto muy susceptible con hechos sin explicación por parte del empresariado», aclaró Cristina Kirchner desde el atril del Hotel Sofitel de Los Cardales. «Desde que recuperamos YPF no hay colas en las estaciones de servicio. Eran tal vez decisiones empresariales que querían empujar a no se sabe qué cosa a los argentinos», especuló.

Se terminaba noviembre de 2012 y la presidenta compartía el cierre de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con su par brasileña, Dilma Rousseff. Las filas de autos frente a las estaciones de servicio, efectivamente, se habían acabado. Durante los últimos años con Repsol al frente de YPF se habían convertido en moneda corriente, y no solo en los surtidores de esa marca sino también en los de sus competidoras. Como YPF vende casi la mitad del combustible que se consume en el país, cada vez que se quedaba sin nafta o sin gasoil, las demás estaciones no alcanzaban a abastecer el mercado. También había regiones agrícolas enteras que se quedaban frecuentemente sin diesel para sus tractores y máquinas.

El problema era que YPF no ganaba plata con la venta de combustibles al precio regulado que quería mantener el gobierno. Por eso, cuando se le acababa lo refinado en el país, simplemente ordenaba cruzar las mangueras de los surtidores a modo de aviso de que no había más. La ecuación del precio cambiaría recién con los aumentos de 2013 y 2014, gracias a los cuales la petrolera renacionalizada generó el flujo de caja necesario para costear parte de sus incursiones en Vaca Muerta. Pero ya en 2012, apenas recuperada la mayoría estatal, YPF empezó a importar combustible para volcarlo al mercado interno, incluso con una pequeña pérdida, según confirman quienes participaron de la intervención inicial. El objetivo oficial era que la gente notase el cambio.

La prolongada interna que estalló un año antes de la expropiación de YPF y que terminó de saldarse en junio de 2014 con el reemplazo en la Secretaría de Energía del devidista Daniel Cameron por la axelista Mariana Matranga es una pelea que encontró del mismo lado a Kicillof y a Galuccio y que enfrentó a ambos con De Vido. Eran dos políticas alternativas. De Vido quería seguir por la vía de «pisar» el precio del gas y forzar a las compañías a invertir para sacarlo, a cambio de entregarles otros negocios. Galuccio y Kicillof, en cambio, querían darles una señal de precio para que invirtieran. El ahora ministro opinaba que la opción era revalorizar el precio del gas en la cuenca local o seguir aumentando la importación. En ese sentido, estaba alineado con Galuccio.

Con el gas en boca de pozo ocurrió algo similar a lo que pasaría después con los combustibles líquidos: aumentó. No para todos, como lo comprobó amargamente Apache, pero sí para quienes consiguieran extraer más a partir de 2013. La suba fue anunciada por la propia Cristina Kirchner en el mismo discurso ante la UIA en Los Cardales. Ese día habló de un acuerdo recién firmado con YPF para empezar a pagarle 7,50 dólares por millón de BTU por el fluido adicional que produjera. Y aclaró que se ampliaría a las demás compañías. Se notó que el libreto era de Galuccio cuando, al día siguiente, el ingeniero aceptó su primer reportaje televisivo para celebrar la medida.

Esa misma semana, De Vido y Kicillof anunciaron que el gas se encarecería para los usuarios residenciales mediante un aumento de los cargos fijos que cobraban las distribuidoras, congelados desde hacía 10 años. El ministro de Planificación le ponía la cara a una medida que había resistido puertas adentro y el joven viceministro volvía a aparecer en una conferencia de prensa sobre energía, un área donde el veterano arquitecto había reinado solo durante todo ese tiempo.

Nicolás Gadano, asesor de la YPF renacionalizada, adjudica el repunte de la producción de gas de la empresa a los nuevos pozos de tight gas, que a su juicio «fueron posibles por ese precio de 7,50 dólares» por millón de BTU. Admite, no obstante, que el gobierno aceptó en el medio concederle condiciones a YPF que no le otorgaba antes.

—Ahora Cristina cree que es necesario porque se lo dice Galuccio. El gas a 7,50 es espectacular, pero es con guita de subsidios —advierte Gadano.

Lo mismo piensan en PAE y Shell.

—A 2,50 no podías evacuar el gas, porque no pagaba siquiera la logística. A 7,50 está bien —opina Aranguren, el jefe de Shell—. Con el valor de 2,50, muchas plataformas de perforación se cerraron. Si no es económico, se van a países donde hay mercado.

El precio promedio del gas que se extrae de los pozos argentinos, según sus cálculos, pasó de 2,50 a 4 dólares con esa decisión. Parecido al que hizo viable sacar el shale de la roca Barnett en Texas.

Kicillof puso a su equipo a redactar el denominado Informe Mosconi, donde recopiló los resultados de lo investigado entre el 16 de abril y el 1º de junio de 2012 sobre la gestión Repsol y la intervención que De Vido conducía solo en los papeles. Con ese material buscaba justificar la expropiación. En septiembre, antes de los anuncios de Cristina sobre el gas nuevo, ya estaba listo y publicado. Ese texto de 91 páginas denuncia que Repsol disminuyó un 56% la producción de petróleo y un 64% la de gas entre 1997 y 2011, y que redujo las reservas totales en un 49% en el mismo lapso. «Fue un proceso de sistemática desinversión, depredación del recurso y una visión cortoplacista que priorizó el giro de dividendos a su casa matriz», caracteriza. También incluye 10 páginas con fotos de derrames de crudo, pozos mal terminados, sistemas contra incendio cuyas mangueras escupen petróleo en vez de agua y muchos otros atropellos contra el medio ambiente y la seguridad en la explotación del recurso.

Durante esos meses, varios gobernadores habían estimado por separado y a mano alzada los daños ambientales que habían heredado de la gestión Repsol. El ministro neuquino Guillermo Coco, por caso, dijo al diario Río Negro que el pasivo en la provincia rondaba los u$s 1.500 millones. Santa Cruz fue la única provincia que entregó un informe detallado a Galuccio sobre el pasivo ambiental de la gestión que lo antecedió. Calculaba esa deuda en u$s 3.500 millones, siete veces lo que hubiese tenido que pagar por el porcentaje de acciones que le correspondían a la provincia (5,22%) en la expropiación. Eso incluía 1.700 piletas de desechos mal saneadas, de 5.000 que había en toda la provincia.

La factura por esos daños medioambientales nunca llegó a Madrid. Solo eran presiones en medio de la negociación que empezaba a insinuarse con Repsol para que cobrara una indemnización por las acciones expropiadas y archivara los juicios que había iniciado en tribunales internacionales contra el Estado argentino.

Lo que estalló inmediatamente después de la renacionalización de YPF y la difusión del potencial de Vaca Muerta fue la cantidad de aspirantes a ingenieros en todo el país. En la Universidad del Comahue, con sede en la capital neuquina, la matrícula de la Facultad de Ingeniería trepó de 700 alumnos en 2011 a más de 1.200 en 2013. «La industria petrolera demanda graduados de todas las ingenierías: electrónicos, eléctricos, civiles, químicos, mecánicos y, por supuesto, petroleros», explicaba a fines de 2013 el entonces decano de esa facultad, Daniel Boccanera. Ese año se graduarían 70 profesionales, de los cuales diez habían elegido la especialización en petróleo. Parte del incremento respondía al Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 que había lanzado en noviembre de 2012 el Ministerio de Educación de la Nación, en un país cuya escasez de técnicos e ingenieros alarma al empresariado desde principios de siglo. Es que en los años 90 el cierre de fábricas había empujado a muchos de ellos al desempleo y le había quitado atractivo a la carrera.

El sucesor de Boccanera, Salvador Canzonieri, se enorgullece de haber aumentado a un centenar el número anual de graduados en 2014. La disparada de la matrícula no necesariamente se traslada a la cantidad de egresados. La deserción, similar a la de otras disciplinas, ronda el 90%. Con el incremento de la actividad en los pozos, las petroleras demandan cada vez más pasantes de los últimos años de la carrera. Aunque la Facultad solo envía a los de mejor rendimiento y les exige seguir asistiendo a clases, Canzonieri admite que algunos de ellos terminan demorándose un poco en terminar los estudios.

En las aulas del Comahue, la técnica de la fractura hidráulica se enseña desde hace largos años. Los planes de estudio no se modificaron a partir del boom de los no convencionales. Lo que sí aumentó fueron las visitas a pozos. Y las vedettes son aquellos donde se hace fracking. En 2013, cada aspirante a ingeniero hizo al menos tres de esas excursiones, financiadas por Petrobras, Pluspetrol, Apache, Chevron, Weatherford y Total. Junto a ellos fueron los estudiantes de la nueva carrera de geología, inaugurada en 2009, cuyos primeros graduados se esperan para mayo de 2015.

Los estudiosos de las rocas también tendrán desde 2015 su propio edificio. Es un pabellón similar al que ocupan los alumnos de ingeniería en la arbolada ciudad universitaria neuquina, con 400 metros cuadrados de aulas y amplios ventanales, que costearon conjuntamente la Secretaría de Política Universitaria de la Nación y la Fundación YPF. Su construcción se hizo necesaria al calor del fracking. Cuando abrieron la carrera de geología, las autoridades de la Universidad esperaban como máximo unos 60 inscriptos por año. Se encontraron con que al segundo año los anotados ya eran 130 y que al siguiente el número se mantenía. «Hay muchos sueños con Vaca Muerta y al estudiante de esta zona le interesa ir al campo. Lo tiene en el ADN. Todos han vivido con la industria petrolera muy cerca, y desde que entran saben que su trabajo va a ser en el campo», contaba Boccanera en 2013. Canzonieri también señala los riesgos que afrontan los jóvenes ingenieros en sus vidas privadas:

—Tengo hijos de amigos que ganan 50 lucas (5.890 dólares) por mes y cuando salen a la noche, ¿sabés cómo salen?

El brazo social de YPF y el Ministerio de Educación nacional también armaron juntos una red universitaria petrolera, que integran las universidades de Cuyo, Comahue, la patagónica San Juan Bosco, la de la Patagonia Austral, el ITBA, la Arturo Jauretche, la UBA —que tiene un posgrado en ingeniería en petróleo— y la de Salta. Es para compartir recursos. Cada vez que viene al país un experto extranjero, por ejemplo, el Ministerio financia el viaje y las universidades se ocupan de armarle un itinerario de conferencias y videoconferencias para que lo vean en todos lados.

Las empresas no solo le piden estudiantes avanzados a la Universidad para llevar a sus campos, sino también asistencia técnica para tareas específicas. En agunos casos, son procesos que la casa de estudios tiene patentados. Por esos trabajos, en 2014, la Facultad de Ingeniería del Comahue les facturó a las compañías 10 millones de pesos (1,2 millones de dólares). El decano insiste en que ese financiamiento privado no influye en los contenidos que se imparten en sus claustros. En cambio, admite que casi todos sus titulares de cátedra tienen dedicación parcial porque trabajan también en alguna petrolera. Difícilmente critiquen en las aulas lo que ellos mismos hacen en los pozos.

En la facultad que ahora conduce Canzonieri, los profesores suelen impartir clases más por vocación que por el sueldo de docente, insignificante frente a lo que cobran en las empresas del sector. El problema para atraerlos no es tanto el dinero sino su disponibilidad horaria, porque a muchos se les complica asistir semanalmente a los cursos cuando deben viajar a locaciones lejos de Neuquén capital o permanecer por 2 semanas fuera de sus casas para una perforación o una fractura. En esos casos, la Facultad les organiza clases en horarios especiales.

Boccanera reconocía que la mayoría de los profesores estaba a favor del fracking, pero destacaba que había al menos dos críticos, el ingeniero Daniel Folmer y el geólogo Santiago Benotti. «Hicimos tres ciclos con charlas-debate en los que participaron. A favor estaban el director de la carrera de ingeniería en petróleo, Esteban González, y el director de la carrera de geología, Jorge Vallés», subrayaba antes de perder los comicios internos contra Canzonieri. Incluso reconocía que «debería haber más» inspectores ambientales. El actual decano insiste en que «los planes de estudio los hace la Facultad y nadie más, y son puramente científicos».

En el ITBA, en cambio, nadie se preocupa tanto por subrayar la independencia de la currícula respecto de los intereses de las compañías. Al contrario. Nacido como un apéndice de la Armada, el semillero preferido de Galuccio devino un reducto privado de excelencia para la formación de ingenieros, tanto a nivel de grado como de posgrado. Sus vínculos con la industria petrolera son tan fluidos que las empresas proveen docentes, influyen sobre los programas y aportan contenidos a las carreras que se dictan allí.

De los claustros del ITBA se gradúan entre 15 y 20 ingenieros en petróleo por año. En el hall central se conserva la huella de su origen marino: dos placas de bronce homenajean a brigadieres y almirantes. A mediados de 2014, legisladores de izquierda denunciaron una componenda entre el macrismo y el radicalismo en la Legislatura porteña para concederle al ITBA un negocio inmobiliario multimillonario: la rezonificación que le permitirá vender el cotizado terreno donde funciona en Puerto Madero a algún desarrollador que quiera edificar en altura, algo que hasta entonces allí estaba prohibido. El proyecto del ITBA es mudarse al sur de la ciudad y levantar una sede mucho más amplia con ese dinero.

Además de la carrera de grado en cuya primera promoción se graduó Galuccio, el ITBA dictará desde 2015 su nuevo posgrado estrella, orientado a ingenieros, geólogos y afines: uno en terminación de pozos no convencionales, lo más específico que se puede estudiar en Buenos Aires para ir a hacer la América a Vaca Muerta. Durará un año y se impartirán cada 2 semanas tres jornadas seguidas de 8 horas para que alumnos y docentes puedan asistir a las clases cuando tengan franco en los pozos. La idea del curso surgió en 2013, cuando Chevron empezó a ejecutar el convenio con YPF y el fracking entró en acción en el país.

Su artífice es la directora de la carrera Ingeniería en Petróleo del ITBA, Eleonora Erdmann. Salteña y con una trayectoria en el sector que la llevó a conocer plataformas y locaciones en todo el mundo, Erdmann diseñó el posgrado junto con Luciano Fucello, un joven ingeniero que trabaja para Schlumberger, pero que también dicta la materia Terminación y Reparación de Pozos en las carreras de grado y los posgrados del instituto.

Los docentes son casi invariablemente empleados de alguna petrolera o proveedora de servicios de las multis. Es más, cada materia del posgrado tiene una empresa que la patrocina y la dicta. Entre los sponsors están PAE, Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes, que se comprometió a trasladar profesores desde Estados Unidos. En 2014, cada docente cobraba entre 600 y 700 pesos (entre 70 y 82 dólares) la hora cátedra. Entre ellos figura por ejemplo el recién contratado Matías Fernández Badessich, elegido mejor ingeniero de YPF en 2013.

Las empresas guardan celosamente la información relativa al shale, el tight y las tecnologías vinculadas. En general, tratan de formar ellas mismas a sus empleados y técnicos para evitar que se filtren sus secretos. Es lo inverso a lo que buscaban los gobiernos cuando erigieron las universidades nacionales en países como el nuestro. Se pensaba entonces en socializar el conocimiento, bajo el lema de que es el único bien que se multiplica al ser compartido.

Schlumberger, por ejemplo, tiene una universidad corporativa con sedes en Rusia, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Fucello asistió a esta última.

—Nuestra idea es que para hacerse de estos conocimientos, no haya que entrar en las empresas. Que sea para todos —reivindica Erdmann.

En realidad, el «para todos» es algo relativo. Los posgrados en el ITBA valían $ 80.000 (9.300 dólares) por año en 2014 y el nuevo curso sobre no convencionales empezó a promocionarse por encima de ese valor, cerca de $ 100.000 (11.600 dólares) al año. Un 70% de los estudiantes de posgrado en petróleo, de todos modos, va al ITBA becado por la empresa donde trabaja, que le da el tiempo libre necesario. Muchas veces, incluso, les pagan como trabajadas las horas de estudio.

El ITBA también investiga a façon para las empresas. Con Chevron, por ejemplo, tiene un convenio por 250.000 dólares anuales para hacer investigación aplicada. Uno de los objetivos que se planteaba a mediados de 2014 era el reemplazo de las arenas de hidrofractura importadas de China por otras locales, para reducir los costos en divisas.

La universidad también invitó a YPF a participar del posgrado, pero la petrolera estatal declinó el convite: no quería que se filtrase información clasificada sobre sus pozos experimentales, según Erdmann. Los celos de YPF se explican en la propia charla con la docente. «En 2015 YPF va a empezar a hacer EOR (enhanced oil recovery) además de shale y tight. Es una nueva técnica de recuperación secundaria para los pozos convencionales, a los que se les inyecta un gel especial», cuenta Eleonora a modo de confidencia. YPF, en realidad, también tiene su propio posgrado, para el que suelen ser becados los mejores alumnos de las universidades nacionales.

El 20 de diciembre de 2012, por primera vez en Latinoamérica, un municipio prohibía el fracking. Ocurrió en Argentina. Ni entonces ni ahora hay muchos otros países en la región con planes de fracturar el shale: solo México y Colombia. Aquel primer freno a la hidrofractura ocurrió en Cinco Saltos, un municipio rionegrino a 21 kilómetros de la ciudad de Neuquén en el que hay explotaciones de petróleo convencional. A partir de la ordenanza del Concejo Deliberante de Cinco Saltos, más de 40 municipios de seis provincias argentinas votaron también la suspensión del fracking. Uno es el neuquino Zapala, pago chico de los Sapag, cuyo Concejo Deliberante lo prohibió por unanimidad en diciembre de 2013, aunque la localidad ya estaba libre de actividad petrolera porque Neuquén había catalogado hace tiempo su acuífero como patrimonio intangible. Otro caso es Allen, donde la justicia finalmente autorizó la técnica. Los tribunales de Chubut frenaron fracturas en dos yacimientos en 2014. Además lo prohibieron el municipio mendocino San Carlos, los bonaerenses Guaminí, Tandil, Tornquist, Coronel Suárez, Dorrego y muchos entrerrianos —la tierra de Galuccio— como Concepción del Uruguay, San Jaime, Diamante, Colonia Avellaneda, Villaguay, Rosario del Tala, La Paz, Villa Elisa, Villa del Rosario, San Ramón y General Ramírez. Varias de esas localidades no figuran como ricas en hidrocarburos no convencionales, como Vaca Muerta, la cuenca del golfo San Jorge y la chaqueña, pero los rumores de que el fracking arribaría también por allí hicieron cundir el pánico en rincones más bien rurales desacostumbrados a la presencia petrolera.

Cinco Saltos fue fundada en 1907, casi en simultáneo con el dique que, cerca de la ex planta química de la firma Indupa, reduce la velocidad y el caudal del agua que corre por el valle del río Negro. El centro es de calles arboladas, asfaltadas y prolijas, casi lo opuesto a Rincón de los Sauces, de similar población. El contraste no podría ser más chocante. Alrededor de la plaza principal no hay ningún cabaret ni club nocturno. Sí se agolpan una decena de negocios de ropa, dos peluquerías, una pinturería y casas particulares. La vieja estación de tren, al otro lado de la avenida principal, funciona ahora como un museo regional y anfiteatro para actividades culturales. Pero no es una isla bucólica: aunque los abismos sociales son menos abruptos que en Neuquén, cerca de la entrada al pueblo se ven varios loteos de futuros barrios privados, donde antes funcionaban chacras frutícolas. Cinco Saltos sigue viviendo de la producción frutihortícola, cada vez más concentrada entre grandes grupos, pero también de las granjas, el turismo, la fabricación de ladrillones y el petróleo convencional, con sus empresas contratistas instaladas donde antes había bodegas de sidra o plantas de jugo.

Casi donde termina Cinco Saltos, entre casas obreras sobre la calle Aconcagua, de ripio, vive el concejal del Partido Comunista (PC) José «Pincho» Chandía, de 56 años. Pincho resiste la alianza que el líder del PC argentino, Patricio Echegaray, tejió con el kirchnerismo:

—Con Echegaray nos hemos dicho de todo. Plantearon la posibilidad de echarme. Salí en todos los medios menos en el diario del PC.

Pincho lleva barba larga, campera naranja inflable y fuma un cigarrillo tras otro. Trabajaba en Indupa hasta que en 1998 la compró la belga Solvay y cerró la planta rionegrina. Chandía y otros 700 obreros quedaron en la calle.

—Fue un impacto por el empleo y por el comercio —recuerda quien entonces militaba en el Sindicato de Industria Química y Petroquímica.

Hasta aquella fábrica de Indupa llegaba todos los días el ferrocarril a recoger productos: soda cáustica, PVC, cloro y lindano, insecticida prohibido en Argentina en 1991 por su daño a la salud humana y al medio ambiente.

—Cuando salió la ordenanza antifracking por unanimidad, fue porque no queríamos más pasivos ambientales como el de Indupa —explica Pincho.

Una empresa de tratamiento ambiental, Imextrade, todavía sigue procesando los desechos de la antigua planta. Ya en 2006 vecinos autoconvocados habían protestado para demandar una auditoría ambiental. Descubrieron y denunciaron que en su predio alambrado de 52 hectáreas había quedado el mayor enterramiento de mercurio de toda América latina.

Tras el despido en 1998, Pincho hizo el curso de auxiliar de enfermería y trabajó en la salud pública de su provincia. Denuncia que en su trabajo vio muchos muertos por cáncer en Cinco Saltos, pero el registro de tumores provincial se inició hace demasiado poco como para compararlo con los tiempos de Indupa.

—Acá el Ministerio de Salud de Río Negro hace campaña contra la hipertensión pero no dice nada del cáncer, porque no le conviene —acusa Chandía, que vive en la misma casa donde nació y cuida allí de su madre, de 95 años.

Está separado y tiene una hija. Trabajó como auxiliar de enfermería en parajes perdidos hasta que volvió a Cinco Saltos para trabajar en la vecina Cipolletti y en 2011 se convirtió en el primer concejal comunista elegido en la Patagonia, después de una larga historia de luchas obreras en la región.

En enero de 2012, un artículo del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la revista Cuba Debate le despertó el temor por Vaca Muerta. Se titulaba «La marcha hacia el abismo». «Hace apenas unos meses leí por primera vez algunas noticias sobre la existencia del gas de esquisto», contaba quien en 2008 había dejado la presidencia de Cuba a manos de su hermano, Raúl. «Como dispongo en la actualidad de tiempo para indagar sobre temas políticos, económicos y científicos que pueden ser realmente útiles a nuestros pueblos, me comuniqué discretamente con varias personas que residen en Cuba o en el exterior de nuestro país. Curiosamente, ninguna de ellas había escuchado una palabra sobre el asunto. (…) En vísperas del nuevo año se conocían ya suficientes datos para ver con toda claridad la marcha inexorable del mundo hacia el abismo, amenazado por riesgos tan extremadamente graves como la guerra nuclear y el cambio climático. (...) Investigaciones científicas recientes han alertado del perfil ambiental negativo del gas lutita. Los académicos Robert Howarth, Renée Santoro y Anthony Ingraffea, de la estadounidense Universidad de Cornell, concluyeron que ese hidrocarburo es más contaminante que el petróleo y el gas, según su estudio Metano y la huella de gases de efecto invernadero del gas natural proveniente de formaciones de shale, difundido en abril pasado en la revista Climatic Change. (…) “En áreas activas de extracción (uno o más pozos en un kilómetro), las concentraciones promedio y máximas de metano en pozos de agua potable se incrementaron con proximidad al pozo gasífero más cercano y fueron un peligro de explosión potencial”, cita el texto escrito por Stephen Osborn, Avner Vengosh, Nathaniel Warner y Robert Jackson, de la estatal Universidad de Duke. Estos indicadores cuestionan el argumento de la industria de que el esquisto puede sustituir al carbón en la generación eléctrica y, por lo tanto, no es un recurso para mitigar el cambio climático. Es una aventura demasiado prematura y riesgosa».

A partir de la lectura de Fidel, que citaba el potencial de Argentina, Pincho comenzó a buscar más información sobre Vaca Muerta. En abril de 2012 no se ilusionó con la nacionalización de YPF: «La devolvieron al Estado cuando caía la producción petrolera. Mientras la producción estaba en alza, no. No es la YPF del Estado, con 45.000 empleados, sino que tiene 15.000». A fin de año elaboró un proyecto de ordenanza para prohibir el fracking. En el medio discutió con el líder ecologista italiano Giulio Soldani.

—Lo de los partidos ya fue. Ahora hay que ir a los movimientos —retó el militante de la APCA al veterano del PC.

—Ustedes quieren que todo pase por la asamblea, pero si no fuera por los partidos no tendrían la herramienta para prohibir el fracking en los concejos deliberantes.

Chandía invitó, de todos modos, a ambientalistas de Cinco Saltos a una audiencia en una comisión del Concejo. Después, varios concejales y ambientalistas organizaron otra reunión más pública sobre el asunto a la que asistió la intendenta Liliana Alvarado, kirchnerista. Ella dijo que era un asunto importante, que todos debían opinar, que legislaran sobre todo, y no solo sobre el presupuesto. Finalmente, los siete concejales de Cinco Saltos, incluso los que respondían a la intendenta, aprobaron la prohibición por unanimidad. En febrero de 2013, Alvarado reaccionó vetando la resolución.

Pincho y los demás concejales opuestos al kirchnerismo volvieron a la carga con la intención de rechazar el veto. Los kirchneristas dudaban. Estaban bajo presión del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que en 2014 cambió su adhesión a Cristina Kirchner por una alianza con Massa, pero siempre se mantuvo a favor del desarrollo petrolero. Técnicos de YPF fueron a reunirse con los concejales de Cinco Saltos para convencerlos de que la técnica no dañaba el medio ambiente. «Si lo prohíben los mismos yanquis, ¿cómo no va a ser contaminante? Las empresas hacen lo que quieren y ningún organismo del Estado las controla», argumentó Chandía. «Ustedes no pueden controlar ni el petróleo tradicional», les espetó el concejal. Chandía también se reunió con un abogado de Pluspetrol, cuyos pozos convencionales se ven a lo lejos desde el cercano mirador del lago Pellegrini en una estepa sin mucha vegetación. «¡Qué triste tu trabajo! ¡Salís de la universidad pública para defender a las multinacionales!», le soltó el concejal, contento porque le había dicho «de todo».

En marzo de 2013, el Concejo Deliberante de Cinco Saltos rechazó por cuatro votos contra tres el veto de Alvarado por considerarlo extemporáneo, dado que lo ejecutó fuera del plazo de 10 días estipulado para esos casos. La prohibición sigue vigente. En el medio, Chandía y otros concejales radicales ganaron otra batalla contra la industria petrolera. En agosto de 2013, con autorización del gobernador Weretilneck, se instaló en Cinco Saltos una planta de tratamiento de tierras empetroladas de la empresa cordobesa Greencor, propiedad de un subsecretario del Ministerio de Defensa de la Nación, Gustavo Caranta. Allí llegaban residuos de Neuquén. Los concejales opositores sostenían que ese transporte transfonterizo estaba prohibido por ley. En noviembre de 2014, ante la presión popular, Weretilneck ordenó que la empresa presentase un plan para mudarlo. Chandía festejó. En diciembre de 2015 termina su mandato y no descarta volver a la enfermería en Cipolletti.

Cuesta imaginar que el texano Bowker, con su fervor republicano, se pusiera a charlar con el comunista Chandía, pero en aquel 2012 sí lo hizo con camaradas chinos. Viajó al gigante asiático para asesorar al gobierno en sus primeras exploraciones de la roca madre. A bordo de su monovolumen último modelo por la autopista que llega a The Woodlands, plagada de armerías gigantescas, el geólogo expone sus dudas sobre el desarrollo del shale en la potencia asiática.

—Allá el objetivo es el empleo y la producción. Acá el objetivo de la industria petrolera es la ganancia. En China hay potencial, pero si no buscan la ganancia, no va a pasar lo mismo que en Estados Unidos. Además, ahí están las grandes empresas, que no tienen experiencia. Chevron es la única que sabe algo de no convencionales dentro de las majors. No creo que les resulte fácil. Y fundamentalmente no hay libertad: los chinos pueden hacer que su ejército mueva el agua para los pozos de fractura, pero sin libertad para emprender va a ser muy difícil que se desarrolle el entramado de empresas necesarias —diagnostica.

Aunque nunca visitó la Patagonia ni tuvo oportunidad de probar uno de esos asados criollos de los que tanto escuchó hablar, Bowker tiene una idea bastante formada de Argentina y su gobierno. Y no es la mejor.

—Cristina es una mujer del pueblo pero quiere el oro. Se quiere quedar con el dinero para comprar relojes y vestidos —sostiene, seguramente recordando alguna de las muchas notas en las que la prensa estadounidense describió con lujo de detalles los gustos caros de la Presidenta—. No muchas compañías, salvo Chevron y otras grandes, pueden confiar en el gobierno argentino, que te puede estatizar la empresa en cualquier momento. El problema es que esas grandes compañías no son buenas para el shale, no tienen pensamiento emprendedor, no están dispuestas a perder dinero. Tienen grandes proyectos, pero no hacen bien este trabajo de riesgo.

El principal obstáculo, para Bowker, radica en realidad en el régimen de propiedad del subsuelo, que en Argentina y en casi todo el mundo es distinto al de Estados Unidos, donde cada propietario de un terreno dispone de todo lo que haya debajo de él.

—En Argentina todos son dueños del petróleo, y entonces nadie lo tiene. Por eso creo que la explotación va a ser bastante exitosa, pero no va a cambiar el país como hizo con Estados Unidos. Acá fue un éxito porque un puñado de empresas y de personas se hicieron ricas —concluye.

Había quienes se ilusionaban con la llegada del fracking a Argentina allá por fines de 2012 y no eran altos ejecutivos ni geólogos bien pagos con bonus de fin año. Samuel, un carnicero chileno que lleva 36 años viviendo en Argentina y 21 en Añelo, notó que entonces «se empezó a trabajar a lo grande» en el puesto que atiende dentro de la forrajería San Ceferino. Samuel identifica aquel momento con la instalación de sedes de dos empresas proveedoras del petróleo, la transportista TSB y la constructora Contreras Hermanos. Si bien ya trabajaban en la zona, reforzaron entonces su presencia por las expectativas por Vaca Muerta.

San Ceferino está a dos cuadras de la estación de servicio de Añelo, por una calle en la que se ofrecen el comedor Five, en el que dos petroleros chinos cenan bife y malbec; el polirrubro Illimaní, que vende ropa formal e informal; la tienda Gaby, de indumentaria, zapatillas, guitarras eléctricas, bombos, bicicletas para chicos, muñecas, colchones y muebles; el locutorio Hugo y una verdulería. En una casa abandonada todavía se lee: «Darío Díaz intendente 2011». San Ceferino abrió sus puertas en 2006 como forrajería, pero con el tiempo se fue convirtiendo en minimercado. En 2010 sumó el puesto de carnicería. «Añelo se mueve mucho más desde aquel tiempo. Te digo en cuanto a venta de carne, verdura», medía Samuel a fines de 2013. Él migró a Argentina para trabajar como peón de chacra en Río Negro. Después siguió en el mismo empleo pero en un Añelo de solo ocho manzanas de extensión. Desde que llegó al pueblo siempre tomó agua embotellada. Allá por 1993 todos asumían que el agua de la canilla estaba contaminada. «Después la chacra no dio y cerró», recordaba Samuel, que llevaba calzada una gorra de River dentro de la forrajería. Entonces un amigo lo convocó para la apertura de San Ceferino.

A la forrajería van los pueblerinos, pero también los petroleros que compran comida para cocinarla en los hornos eléctricos de los tráilers instalados hasta las primeras etapas de producción de los pozos. Cuando empezó a atender la carnicería, Samuel vendía cinco medias reses por semana. En noviembre de 2013 ya llegaba a 17. Entre fines de 2012 y principios de 2013 batió el récord de 50, por pedidos de TSB. Pero la empresa de transporte dejó de armar viandas para sus empleados y ahora les da plata para que compren su comida.

«Me gusta Añelo, hay mucho trabajo, hay progreso», opinaba Samuel antes de aclarar: «Pero lo primero que llegó es la maldad. Antes podías dejar ahí la bici, pero ahora te la afanan ladrones que hicieron tomas. Y hay droga: usan desodorante para drogarse». El carnicero confesaba su propio drama. Su hijo de 26 años comenzó a trabajar a los 19 como petrolero en Rincón de los Sauces y, al igual que muchos de sus compañeros de trabajo, acabó en la drogadicción. «Ganó tanta plata… optó por meterse en la droga. Había volcado dos autos nuevos. Dicen que les llevan droga a los pozos los delegados (sindicales)», insistía Samuel, que alimentaba así un rumor muy escuchado en la zona. Su hijo había empezado a tratarse en consultorios ambulatorios en 2011, pero no resistía las ofertas de los otros viejos. Por eso debió dejar Neuquén para internarse en una granja de rehabilitación de Entre Ríos. En las búsquedas laborales, las petroleras y afines rechazan a «casi un 40%» de los postulantes por la detección de drogas o alcohol en los análisis clínicos, según confesó el sindicalista Pereyra. «Estoy luchando para traer especialistas en droga para hablar en la secundaria, porque acá no hay nada de eso», contaba Samuel, mientras miraba el reloj porque estaban a punto de cerrar por la siesta. La forrajería abre de 8 a 14 y de 17 a 22.

Un año después, a fines de 2014, Samuel sigue tras el mostrador de la carnicería de San Ceferino. Está contento. Su hijo se recuperó y volvió a la provincia y al petróleo. Frente a la forrajería brilla una señal de contramano. Durante ese año, tras un par de choques menores, el municipio decidió que era hora de darles sentido a las calles, al menos en el centro. Por eso también hay cinco o seis nuevos carteles en las esquinas más transitadas que informan el nombre de cada arteria, como la Intendente Tanuz y las que la cruzan, que no tienen nombre sino número. Lo que apenas avanzó tres cuadras fue el asfalto. En total, contando la colectora de la ruta provincial, en esta Añelo que crece a toda máquina hay apenas 15 cuadras pavimentadas.

En San Ceferino la actividad es febril. Cinco clientes en mameluco esperan para pasar por la caja del autoservicio, que puso en la punta de su góndola más visible las sopas instantáneas Maruchan. Según el dueño de la forrajería, Edgardo Vega, «las compran mucho los chinos y los yanquis». Para atender a esa clientela que no deja de aumentar, Edgardo contrató durante 2014 dos nuevos empleados. Se sumaron a Samuel y a otros dos familiares del dueño.

El boom de Vaca Muerta le trajo dos dolores de cabeza a Edgardo. El peor fue la renegociación del contrato de alquiler de ese local en la segunda esquina más estratégica del pueblo, después de la de la YPF. Cuando en junio se venció el contrato previo, según el cual pagaba $ 3.800 mensuales (u$s 440), el propietario le pidió diez veces más. Terminó cerrando trato en $18.000 (u$s 2.100) mensuales durante el primer año, $ 23.000 (u$s 2.670) durante el segundo y $ 30.000 (u$s 3.500) durante el tercero. El capital invertido en inmuebles también pretendía su porción de la renta petrolera.

El segundo problema de Edgardo es la creciente competencia. Sobre la colectora de la ruta, en la misma cuadra de los deslucidos cabarets Sueño Tropical y La Mejor Onda, abrieron dos minimercados que no tienen nada que envidiarle al suyo, una fiambrería y un almacén con cuatro mesas adentro para que parroquianos y petroleros consuman allí los alimentos que compran. Todos son carísimos. Pero volveremos sobre ese aspecto más adelante.

El nombre de Añelo tiene muchas etimologías, pero seguramente sus pobladores esperan que ninguna de ellas les marque el destino. Deriva del mapuche y puede significar «paraje del muerto», «lugar olvidado» o «ciénaga de la muerte». Allí murió en 1879 a manos de los conquistadores blancos del desierto el último cacique ranquel, pueblo invadido a su vez por los mapuches, que llegaron de lo que ahora es Chile entre los siglos XVII y XIX.

La «ciénaga de la muerte» pasó entre 2012 y 2013 de 3.000 a 5.500 habitantes. Al año siguiente se sumaron otros 500. Entre 2013 y 2014, la cantidad de empleados que van cada día a trabajar a los alrededores del pueblo pasó de 4.000 a 5.000. En los primeros 8 meses de 2012, ese ir y venir se había paralizado por el desaliento a la inversión que habían provocado las tensiones previas y posteriores a la nacionalización de YPF. Pero en agosto de 2012 Galuccio puso en marcha el plan de 100 días para recuperar la producción y Añelo comenzó a revivir.

En noviembre de 2013, el intendente Díaz, padre de tres niños pequeños, viajaba apurado hacia la capital neuquina para una reunión con Sapag. Iba a bordo del Fiat Palio Adventure del presidente del Concejo Deliberante de Añelo, su amigo Milton Morales, de entonces 32 años. Manejaba Milton. Darío no paraba de fumar un Camel tras otro. Vestía una camisa a rayas que le apretaba la panza y sudaba copiosamente, aunque sin olor perceptible. Se ayudaba para ver con unos lentes de marco fino que le recortaban la piel oscura, curtida por el intenso sol patagónico. Acomodado como podía en un asiento que le quedaba chico a su osamenta, explicaba que su gran apuesta era construir el parque industrial de Añelo, no en el pueblo mismo, sino sobre la barda, camino de los pozos. Confiaba en que ese proyecto iba a cimentar una base sólida para la instalación de contratistas de las petroleras.

En 2012 el intentente Díaz había proyectado ese parque industrial municipal de 250 hectáreas. «Estamos tratando de inscribir el parque industrial en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, pero mientras tanto les estamos adjudicando terrenos municipales a empresas a cambio de compromisos de inversión. Son adjudicaciones con un canon y opción a compra. Es un canon bajo para que puedan invertir durante los primeros 2 años. Pasado ese tiempo, pueden escriturar, pero si no hicieron nada, se van», contaba Díaz en noviembre de 2013.

Diez meses después de aquel viaje en camioneta, en septiembre de 2014, Díaz comentaba los amplios progresos en el desarrollo del parque. Lo hacía en la panadería San Cayetano, la favorita de los petroleros top que se amplió y modernizó a la par del pueblo. En 2014 facturaba $ 40.000 (u$s 4.700) por día porque también había incorporado el servicio de restaurante. Un competidor instaló una pizzería al lado. «Se aceptan dólares, reales, euros y pesos chilenos», reza un cartel de la panadería por la que desfilan mamelucos de todas las petroleras y proveedoras de servicios, algunos rubios venidos del norte y otros de ojos rasgados llegados de Oriente. «Las empresas de servicios petroleros como Schlumberger y Halliburton, que proveen la tecnología, traen profesionales de Estados Unidos y Europa», explicaba Díaz el cartel de las divisas en la panadería. «Acá no hay casa de cambio. Cambian pesos chilenos porque acá siempre ha sido un área conectada con Chile. Ahora vienen turistas chilenos porque Argentina les resulta barata.»

En 2013, Díaz comenzó a entregar los terrenos del parque industrial y al año siguiente ya no le quedaban más. Había firmado ya 117 convenios y planeaba llegar a 130 al finalizar 2014. Originalmente Díaz pensaba que eso ocurriría recién en 2015 o 2016.

«Después del acuerdo con Chevron llegaron muchas empresas a Añelo», relataba el intendente en septiembre de 2014. «En el parque industrial aún falta infraestructura, pero las empresas se radican sin servicios, sin energía ni agua. Cada uno lleva su grupo generador y su agua», aclaraba.

Arriba de la barda, la ruta 7 tiene a sus costados el parque industrial municipal. En septiembre de 2014 había seis plantas instaladas, incluidos campamentos de operarios, galpones y tanques de agua. Dos meses después iban a duplicarse. Ya estaban arriba Crexell, Don Pedro, Ingeniería Sima, Schlumberger, El Retorno y Oil, la empresa de Cristóbal López, que aún mantenía otra sede abajo. En 2013 se había instalado allí un puestero llamado Marcelo Roco con un colectivo abandonado y dos banderas, una argentina y otra que decía «Comunidad Mapuche Piñihuén». Había tomado una torre de perforación. Los Campo Maripe negaban que fuera mapuche y lo acusaban de cuatrero y matón del MPN. «Tuvimos una batallita importante para sacarlo», se complacía Díaz en 2014. Algunas empresas como Weatherford ya estaban alisando los suelos para radicarse.

Más allá de uno de los lados hay otras 200 hectáreas de un futuro predio para empresas, pero de capital privado, que organiza un tal Horacio Ahumada. Y todavía más atrás, el yacimiento de Loma Campana. No muy lejos habrá otro parque industrial, pero provincial, de 300 hectáreas. Más allá del otro costado de la ruta, Añelo II, o el nuevo barrio de casas que están construyendo los pobladores y las que serán levantadas por el Plan Federal de Viviendas. De fondo y a lo lejos se ve el nevado Tromen.

«Desde la urbanización nueva arriba de la barda hasta los pozos más cercanos va a haber apenas 300 metros», mostraba Díaz una presentación de Power Point en una laptop llena de polvo. «Eso no es ningún problema, porque una vez que los pozos están en funcionamiento, casi no se notan», decía relajado el intendente. Para viviendas y comercios habrá 650 hectáreas. «Estamos haciendo todos los estudios de impacto ambiental», se jactaba el jefe comunal.

El plan urbano de Díaz prevé que en 2016 en el valle, debajo de la barda, solo queden viviendas y comercios y que los galpones que ahora tienen allí las empresas se muden a la meseta. «Pero hay algunas renegadas. Si no se mudan, se les aplicarán las sanciones que correspondan. Cuesta poner en orden un pueblo sin ley. Un amigo me dijo que Añelo parece un pueblo en construcción», Díaz intentaba ponerse firme allá por septiembre de 2014.

En el llano, en la entrada a Añelo desde Neuquén, la perforadora Nabors, con sede en el paraíso fiscal de Bermuda, pero base de operaciones en Estados Unidos, instaló en 2014 un campamento de 50 contenedores con antenas de televisión satelital para que pernoctaran los trabajadores que operan las 12 torres desplegadas en los yacimientos. Fuera del predio hay todo tipo de vehículos estacionados, desde pick-ups hasta pequeños Ford Ka particulares. Un año antes, dos máquinas viales alisaban ese terreno frente al anuncio que indica «inicio travesía urbana» y un cartel lo ofrecía en alquiler.

«Ahora está por salir a licitación la rotonda principal del pueblo y vamos a asfaltar 30 cuadras», enumeraba Díaz en aquel viaje para verlo a Sapag en noviembre de 2013. Por lo menos un año después, aquello seguía en proyecto. En 2012, las autoridades habían comenzado a instalar las primeras cloacas de Añelo. «Hoy tenemos un 35% de la población con cloacas», calculaba Díaz a fines de 2013. El presidente del Concejo Deliberante lo interrumpió: «¡El 65%!» «No, el 30%», corrigió su jefe político.

El «gran desafío» para Díaz radica en «enraizar a la gente». «Y para eso tenemos que dar servicios. Queremos institutos de educación de calidad, privados, como los que quiere la gente de plata. Bilingües, trilingües, que los jefes de las locaciones no tengan que mantener a sus familias en Neuquén porque acá no tienen oportunidad de educarse bien», se explayó, con notable pragmatismo y escaso apego a lo público.

Hasta fines de 2014, los ingenieros y geólogos ocupaban los cinco hoteles abiertos en Añelo, mientras se proyectaban otros cuatro. Los operarios iban a campamentos de sus empresas, bien equipados dentro de tráilers o casas prefabricadas, o a viviendas de alquiler. Los que llegan por cuenta propia se meten en las tomas sobre la barda. «Algunos vienen y pegan la vuelta, y otros se instalan en condiciones precarias. La mayoría son argentinos, también hay bolivianos, señoras de la noche de Paraguay y República Dominicana. Hoy estamos normalizando esas tierras por el peligro de derrumbe, pero hay muchos que las venden», comentaba Díaz en septiembre de 2014. «También hay muchos productores agropecuarios que tienen parcelitas de 2 o 3 hectáreas y las lotean para casas», añadía.

—¿Eso le parece bien?

—Sí, claro. Necesitamos descomprimir el crecimiento demográfico. Y siempre hay zonas fértiles que la gente de poder adquisitivo quiere ocupar, para hacerse sus piletas, sus jardines. A mí me parece bárbaro, es crecimiento para todos. Cuando vos vas a desarrollar una ciudad, tenés que abrirla a todo el mundo, pero especialmente a los que tienen el poder adquistivo, que son los que van a traer los servicios.

—¿Y los que no tienen poder adquistivo, qué?

—Nosotros decimos siempre que trabajamos para los más pobres.

—¿Pero hay problemas sociales en Añelo?

—Hoy tenemos problemas sociales como madres solteras y abuelos sin trabajo. Hombres que vinieron a trabajar acá, hicieron familia y después se fueron y dejaron a la mujer y a los hijos en Añelo sin un peso.

—¿Eso es todo? ¿No hay tráfico de drogas? ¿Trata de personas?

—Esos problemas están en todos lados. Acá también.

—¿Siente que las empresas dejan lo suficiente en el pueblo?

—Nosotros venimos reclamando RSE (responsabilidad social empresaria), y eso no es donaciones solamente. Una cosa es que me traigas a mí un paquete de curitas y otra que traigas un oftalmólogo o un aparato para el hospital. Queremos que donen cosas que la gente pueda palpar. Sentimos que estamos desarmados como institución para tomar la iniciativa. No tenemos equipos técnicos para hacer los proyectos. Yo le puedo decir a una empresa que quiero un salón auditorio, pero no tengo un arquitecto para presentar el proyecto. Y así no consigo nada. Por eso a veces dejamos que los proyectos los hagan las empresas directamente, y así evitamos el pasamanos que a las empresas también les genera dudas a la hora de donar.

Por ahora no se ven casas con piletas ni jardines sino muchos condominios en construcción donde antes había viviendas viejas o terrenos vacíos. Son emprendimientos de vecinos del pueblo o inversores de otros pagos para alquilarlos a las empresas que necesitan lugar para que sus empleados duerman. Una habitación con baño costaba en noviembre de 2014 $ 5.000 (u$s 590) por mes. No por nada varios funcionarios de Añelo alquilaron sus casas a petroleras y ahora viajan a trabajar todos los días al pueblo desde sus nuevas viviendas en la ciudad de Neuquén, Allen o Cinco Saltos.

Después de aquel café en la panadería San Cayetano, Díaz dio una vuelta por Añelo y señaló en la ruta 17 una parcela para emprendimientos productivos donde construyeron ocho viviendas. «Son casas muy bonitas, pero quién les asegura que la barda no se les va a venir abajo. Estas son cosas de todos los días», se refería al avance de obras sin autorización. «Hay mucha construcción dentro del pueblo. Hoy un lote de 400 metros cuadrados sobre la ruta cuesta entre 2,5 y 3 millones de pesos (entre 295.000 y 345.000 dólares de entonces), seis veces más de lo que valdría en Neuquén. El de al lado de la estación de servicio cuesta 7 millones de pesos (u$s 820.000) y son menos de 400 metros cuadrados», relataba el intendente. Por ordenanza municipal, el metro cuadrado tiene un valor fiscal de 13,50 pesos (u$s 1,50). En el mercado pedían más de 700 dólares.

A los pocos metros un cartel de la ruta 17 indicaba: «Precaución. Salida e ingreso de vehículos». Ahí mismo, alguien había pintado: «Díaz chorro». «¡“Díaz chorro” me pusieron!», comentó el intendente, y frenó para verlo. En la recorrida por Añelo, lo detenían también vecinos para hacerle comentarios.

—Mañana voy a hacerme el psicofísico —le agradecía alguien que había conseguido empleo por contactos del intendente.

«Acá se olvidaron de regar los de YPF», comentaba Díaz mientras avanzaba por un camino de ripio hacia el nuevo barrio que está levantándose encima de la meseta. «Es una ruta provincial, pero YPF se comprometió a regar», explicaba cuando de repente lo frenó otro vecino, que trabajaba en la Empresa Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

—Muy bueno lo que hacen —arrancaba con elogios el empleado, que se bajaba de una camioneta blanca con el logo rojo de EPEN—. ¿Pero cuándo van a conectar el agua? Se están rompiendo los caños.

El vecino se había instalado en 2014 en la decena de casas que por entonces se habían construido en el Añelo II, algunas con madera, otras de ladrillo y una amarilla prefabricada, algunas terminadas y otras en proceso. En 2013 allí no había nada, ni alumbrado, ni casas, ni plateas hechas para futuras viviendas.

—Se están robando los ladrillones. Que le roben a las empresas, pero no a la gente —se quejaba el vecino y Díaz le daba la razón.

Al final vino el mangazo.

—Tengo una parientita que te fue a ver. Se quedó en la calle. Dale una manito. Yo solo quería mi rancho y acá lo tengo. Pensar que te conocí cuando tenías 5 años… —lo endulzaba al joven intendente.

Aquel vecino estaba instalado en una toma que fue levantada para que allí se instalara un desarrollo inmobiliario de Ingeniería Sima, la empresa del amigo de Ginóbili.

Díaz logró que en 2014 se cerrara el basurero a cielo abierto de Añelo y se trasladaran los residuos a un relleno sanitario a 6 kilómetros, al lado de una planta de tratamiento de agua, lodo y otros residuos peligrosos. Sin embargo, se mostraba disconforme por la presunta falta de apoyo de la Nación, YPF y la provincia. «Para mí es más fácil exigirle a una empresa privada que cumpla con sus promesas que a una empresa estatal. Indirectamente, YPF es de la Nación y está todo más politizado», opinaba Díaz.

—¿Entonces no festejó la expropiación?

—Los recursos naturales deberían haber sido siempre del Estado, pero una de las preocupaciones que uno tiene es que haya políticos al frente de las áreas de las empresas, en vez de gente capaz. La Fundación YPF, por ejemplo, está muy politizada, copada por La Cámpora, y ese fue uno de los encontronazos que tuvimos últimamente. Se gastaron 300.000 o 400.000 pesos (48.000 o 65.000 dólares) en 2013 en traer al Choque Urbano y a mí no me dejan nada. Nosotros tenemos otras prioridades.

De todos modos, Díaz destacaba el plan de nueve obras que con dinero de la Fundación YPF y préstamos del BID a la Nación ejecutarán la provincia y su municipio. El programa, que en 2014 contó con $ 40 millones (u$s 4,6 millones), consiste en la ampliación de una de las dos escuelas primarias, el mejoramiento de una plaza en la que hay una cancha de fútbol de cemento (los niños juegan en el pedregal), la construcción de una planta de potabilización del agua («para terminar con la desconfianza de la gente, aunque yo la tomo», decía Díaz), las viviendas para los médicos, un centro de formación y cultural, un natatorio semiolímpico y el anhelado hospital. Lo único que avanzó rápido son las casas de los galenos.

Díaz no veía en 2014 el boom de Vaca Muerta que esperaba, y que el derrumbe del precio del barril puso entre signos de interrogación. «Las petroleras están picoteando para estar, pero están esperando el cambio político. Yo tengo que preparar la ciudad para 2016. Acá faltan 10.000 millones de dólares de inversión anual», repetía el intendente los cálculos de los petroleros. Otros hablaban de 5.000 millones. «La política del país hace que las empresas no la pongan. Hoy están trabajando 30 o 40 equipos de perforación. En Estados Unidos hay 1.200. Todavía no arranca esto si queremos el autoabastecimiento. Yo intimo a la Nación y al gobernador por las obras porque, o yo estoy mirando otra cosa, o acá habrá un gran desarrollo. Y si no queremos trabajar sobre el quilombo, porque el privado avanza, hay que planificar y actuar. Si no, después gastamos el doble y solo se apaga el incendio.»

Las obras para Añelo se paralizaron algunos meses de 2014 en medio del debate por la renta petrolera que protagonizaron el gobierno nacional y provincias como Neuquén, a propósito de la nueva ley federal de hidrocarburos. Díaz viajó en plena pelea para pedirle al Ministerio de Planificación que no frenara el envío de fondos para obras que ejecutaba la provincia. «Falta plata, dicen, pero acá vamos a tener conflictos sociales por falta de hospital», pronosticaba el jefe comunal.