«Mi mensaje a los jóvenes es que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nave [...]. Solo necesitan unirse y acordar que a una banda boguen hacia delante mientras en la otra cíen hacia atrás y el barco girará en redondo, poniendo proa hacia un desarrollo humano».
JOSÉ LUIS SAMPEDRO, Reacciona
Javier Bardem ganó en 2008 el Oscar al mejor actor de reparto por No es país para viejos, de los hermanos Coen. Fue el primer actor español en conseguir el galardón y lo certificó Pricewatherhouse Coopers (PwC), una de las cuatro mayores empresas auditoras y consultoras del mundo. Desde hace décadas las celebrities que pisan la alfombra roja saben que gracias a PwC nadie manipula los votos de los miembros de la Academia. Cuando en 2014 se cumplieron los ochenta años de su notariado, la publicidad no pudo ser mejor. Recorrió el mundo la fotografía de Bob Moritz, socio sénior de PwC, entregando a Michelle Obama el sobre con el nombre de la ganadora del Oscar a la mejor película.
A los presidentes de PwC les encanta aparecer sonrientes, en público, con la primera dama del mundo o las estrellas de Hollywood, pero utilizan mucho más sigilo a la hora de asesorar a los gobiernos sobre cómo cumplir los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementar la gobernanza de la mano y a gusto de las grandes firmas multinacionales. De forma mucho más discreta, frecuentan ministerios y consejerías impartiendo la doctrina neoliberal de la globalización que va minando, con los Derechos Humanos, los servicios públicos.
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL NEGOCIO DE LA PRECARIEDAD
Lamentablemente, no todos los encargos a quienes trafican con la confianza del mundo son tan glamurosos e inocuos como actuar de fedatario en la ceremonia de los Oscar. Por ejemplo, el informe Fatal Fashion de SOMO[32] denuncia las pésimas condiciones de trabajo de fábricas textiles proveedoras de importantes cadenas de moda occidentales y acusa a consultoras «independientes» de que, tras numerosas y recientes auditorías y controles, fueran incapaces de detectar las graves deficiencias de seguridad y la precariedad de las estructuras. Tampoco supieron ver las salidas de emergencia bloqueadas en la Ali Enterprises en Karachi o en la Fashions Tazreen Limited de Dacca. Cuando se incendiaron estas fábricas textiles en Bangladesh y Pakistán en el año 2012, murieron cuatrocientas trabajadoras. Sin embargo, la Ali Enterprises había recibido el certificado SA8000[33] solo tres semanas antes del incendio.
Bangladesh alberga alrededor de cuatro mil quinientas fábricas textiles que producen para multinacionales como Tesco, Wal-Mart, H&M, Marks & Spencer, Kohl’s y Carrefour, y ahora se sabe que toda la supervisión y los controles eran falsos, desde los simulacros de incendios hasta el compromiso de respetar y proteger los derechos humanos y laborales de las firmas que encargan los pedidos. El mundo miró hacia atrás con horror y se dio cuenta del poco trecho recorrido desde el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York en 1911 que dio origen al Día Internacional de las Mujeres. Pero no hizo nada. En el incendio de Nueva York murieron obreras inmigrantes. Ahora, con la deslocalización de la producción, fingimos creer que se ha alejado también la precariedad, y los reguladores prefieren cerrar los ojos. Un siglo después del incendio de Nueva York, el esclavismo laboral continúa y sigue en el lado oscuro de la globalización con la pérdida de libertad y seguridad de las mujeres de las maquilas mexicanas o de los talleres clandestinos de las mafias chinas. Solo en Bangladesh, desde el incendio de la Fashions Tazreen Limited se han producido otros veintiocho incendios de fábricas, con ocho personas fallecidas y unas seiscientas afectadas.
Pero no solo el trabajo en condiciones ínfimas de seguridad conduce a la tragedia. La mercantilización de la seguridad vistió de luto a Madrid con la macrofiesta de Halloween del 2012, en la que perdieron la vida cinco muchachas aplastadas entre la multitud al tratar de salir de la pista por un pasillo de tres metros de ancho por el que también intentaba entrar gente. La empresa Diviertt había vendido muchas más entradas de las que el aforo del recinto permitía, con un servicio médico de pantomima. Tampoco ayudó la respuesta que aquella noche dio el SAMUR a los jóvenes que pedían auxilio. Y remató el despropósito que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidiese seguir celebrando su aniversario de bodas en un spa de Lisboa. Desde las autoridades se aseguró que el Madrid Arena había pasado todos los controles y las revisiones correspondientes. Sin embargo, tres días después del accidente, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) hacía unas declaraciones inapelables: «El Madrid Arena ha estado funcionando ilegalmente desde el principio, no ha tenido nunca licencia de apertura y funcionamiento ni plan de emergencias».
CUANDO LA SOSPECHA SE CONVIERTE EN CERTEZA EN EL IRREAL MUNDO DE LAS FINANZAS
Escribió ya en el año 2011 el profesor José A. Estévez Araujo[34] que las agencias de rating habían dejado de estar bajo sospecha «porque las sospechas se han confirmado y su responsabilidad en la crisis financiera ha quedado claramente demostrada». Apoyaba su afirmación en el informe de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera hecho público a inicios de aquel mismo año y que en sus conclusiones señalaba contundentemente que «las tres agencias de calificación crediticia fueron las herramientas clave de la crisis financiera». No escatimaron acusaciones, desde evidencias de conducta fraudulenta y connivencia con los emisores de los bonos contaminados hasta falsificación de datos sobre la estabilidad de los productos estructurados, incluso cuando ya habían empezado a dejar de pagarse las hipotecas subprime. Pero el comportamiento que ilustra el conflicto de intereses no tiene nada de extraño: como se señaló desde los tribunales, las agencias cobraban tres veces más de lo habitual por calificar esos bonos... solo en el caso de que la calificación fuese la deseada.
Sin embargo, las agencias de rating —como si de un medio de comunicación se tratara— se escudaron tras la Primera Enmienda. Argumentaron que sus ratings, que hacían temblar gobiernos, eran solo «opiniones» como las que pueden leerse en las columnas correspondientes de los periódicos. En esta misma línea Antoni Brufau, presidente de Repsol (y exsocio sénior de Arthur Andersen, otra de las «cuatro grandes» del mundo de la auditoría), intentó tranquilizar la situación cuando las empresas de rating tiraron a dar contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Brufau recordó la magnitud de sus errores. Por ejemplo, la valoración positiva que habían concedido estas agencias poco antes del desastre a Lehman Brothers, Enron o a las hipotecas subprime.
Solo el convencimiento en la propia impunidad que les brinda el sistema justifica sus mentiras reiteradas, sus malas prácticas contumaces y el descaro de sus piraterías. Un caso especialmente doloroso es el de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja (hoy Bankia), o de las dos mayores Caixas de Catalunya, o Caja Galicia, o la CAM, y tantas y tantas otras que intentaron desposeer de los ahorros de toda una vida a personas inocentes. Después de la bancarización de las cajas, que algunos economistas no dudaron en calificar de robo al Estado y al pueblo, el fallo definitivo de control, regulación y confianza lo cometieron la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en última instancia, el Banco de España. Poco después de estallar el escándalo se cifró la magnitud de la estafa en 29.713 millones de euros en preferentes y 16.138 millones en deuda subordinada (un total de 45.851 millones) a los «apreciados clientes». Muchos de ellos, para mayor escarnio, fueron multados después con cantidades desorbitadas por protestar ante las sedes de quienes les habían esquilmado. Como ha escrito Juan Torres, «tampoco es completamente cierto que en España no haya habido corralito. Es verdad que no se han cerrado los bancos para impedir que sus clientes pudieran sacar dinero de sus depósitos». Pero, en su opinión, mediante las preferentes y otras malas prácticas, «los bancos se han quedado con los ahorros de millones de españoles» y los sucesivos recortes del Gobierno han reducido los salarios para engrosar las rentas del capital. Por eso afirma que «nuestro corralito ha sido mucho más efectivo para los bancos: no se ve a simple vista y así es más difícil que se proteste por él».
Deloitte —otra de las cuatro grandes firmas auditoras— trabajaba para todas las cajas que fueron nacionalizadas o recibieron ayudas hasta que en verano del 2013 se le abrió un expediente sancionador. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) detectó importantes contratos conseguidos al margen de su función auditora que podían haber supuesto un conflicto de intereses especialmente grave cuando Bankia salió a Bolsa a mediados de 2011. Ya bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, Bankia fichó a Ernst & Young. Sin embargo, ni esta ni su antecesora, ni regulador alguno, advirtieron que se habían maquillado las cuentas para salir al mercado bursátil (como terminarían descubriendo, en un informe exhaustivo de cuatrocientos folios, técnicos del Banco de España). Tampoco la estafa de la banda de las tarjetas black, con millones de euros opacos invertidos en sobresueldos, un despilfarro —o en comprar las voluntades de unos consejeros de Bankia más o menos afectos al Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, la patronal, los sindicatos mayoritarios... y la Casa Real.
Sin embargo, a medida que las estafas crecen, también lo hace el cinismo de los delincuentes. También en verano de 2014 la Intervención General del Estado concluyó que Jenaro García, presidente de Gowex —una de las joyas de la economía española— había falsificado el 92 por ciento de sus facturas desde 2009 para lograr créditos, subvenciones y préstamos vinculados de Economía, Industria o del Banco Europeo de Inversiones por valor de treinta millones de euros solo hasta 2012, más algunas cantidades menores de la Comunidad de Madrid o en forma de crédito ICO. También en este caso encontramos a Ernst & Young, otra de las mayores empresas auditoras del mundo, asistiendo en primera fila a la impostura ciega, sorda y muda. Como asesor registrado en la salida a Bolsa de Gowex, no advirtió al Mercado Alternativo Bursátil del fraude, ni pareció darse cuenta —como sí ha hecho Anticorrupción— de que Jenaro García evadía a paraísos fiscales decenas de miles de euros procedentes de las sucesivas ampliaciones de capital. Sin embargo, según Luis María Linde, gobernador del Banco de España y máximo responsable de la supervisión bancaria en nuestro país, el escándalo Gowex «es un tema menor», son cosas que también pasan en otros países.
En el otro lado del embudo, en la burbuja en que viven los poderosos y sus privilegiados mayordomos, quizá se vean todas estas estafas como un grano de arena más de un tema menor. Y así hasta el infinito... o hasta que su burbuja estalle.
LAS PUERTAS GIRATORIAS, LAS «PUERTAS GATERAS»... Y GOLDMAN SACHS
La corrupción ha creado, para sus trasiegos, sus propias autopistas y sus viales de paso. Y un papel determinante lo desempeñan las puertas giratorias que conectan el sector privado y el sector público. Aunque ni están todos los que son ni son todos los que están, las puertas giratorias son también una eficaz señal de alerta. Por ellas transitan altos cargos de la política, la legislatura, la regulación o la economía en la confianza de que, sea cual sea la institución que les abone sus honorarios, defiendan los intereses privados en lugar del bien común que se supone es tarea del político. Como denunciaba Transparencia Internacional[35] en un informe financiado por la Comisión Europea, España obtuvo un redondo 0 en una clasificación de 0 a 100 en algunos parámetros y un suspenso en su conjunto: «No hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace». En cualquier caso, el estudio confirma que la conexión entre negocios y política es alarmante, y explicaría que la percepción de la corrupción sea mucho más elevada en España que en el resto de Europa, como también muestra el Eurobarómetro. El director del estudio, Manuel Villoria, refiriéndose al habitual fichaje de expolíticos en grandes empresas, concluye: «Hay modalidades de puertas giratorias que son tan groseras que son casi un soborno». Para recordar que las puertas giratorias se transitan en los dos sentidos, podríamos recordar que el ministro De Guindos trabajó en Lehmans Brothers, el cisne negro del dogma too big to fail, en tanto que Jordi Sevilla, el famoso ministro de las «dos tardes» de economía que necesitaba Rodríguez Zapatero, cruzó las puertas giratorias en dirección a PwC. Y ya, si me permiten, el actual conseller de Salut de Catalunya, Boi Ruiz, peregrinó desde el cargo de director general de la Unió General de Hospitals, la patronal de la sanidad privada de Catalunya, al Departament de Salut. Una prueba evidente de que las puertas giratorias son más una realidad que una metáfora lo demuestra el hecho de que, gracias al conseller, se ha incluido a la todopoderosa Capio en el escandaloso reparto de las derivaciones de personas enfermas de la sanidad pública a la privada... y que, mientras se imponen políticas austericidas a la sanidad pública, aumenta el porcentaje de fondos públicos destinados a las entidades concertadas.
En algunas de estas puertas giratorias existen también «puertas gateras», en las que los empleados de consultorías o agencias de calificación sirven a los intereses de los grandes bancos privados. Por ejemplo, un porcentaje nada despreciable de empleados de la agencia calificadora Moody’s encontró nuevo empleo en sus bancos «clientes», por lo que no debería extrañar que un analista, al mismo tiempo, calificara los bonos de un banco mientras negociaba su contrato. Las «puertas gateras» explican que algunos organismos reguladores se convirtieran de hecho en asesores sobre la mejor manera de burlarlos o sobre cómo conseguir la máxima calificación.
En cualquier caso, si por las puertas de alguna empresa financiera transita más poder, estas son, sin duda, las de Goldman Sachs Group, que se dedica, oficialmente, a dar servicios de asesoría para fusión de empresas y manejo de inversiones. Esta compañía, de 948.000 millones de dólares en activos y alrededor de 32.600 empleados, es la principal suministradora de políticos en ejercicio y con poder indiscutible en todo el mundo.
El modelo de negocio de Goldman Sachs sigue siendo altamente tóxico, pero puede permitírselo con arrogancia porque cuenta también con la máxima protección. Entre las más destacadas, la del que fue hasta hace poco secretario del Tesoro de Barack Obama, Timothy Geithner, que cuando presidió anteriormente la Reserva Federal de Nueva York hizo valer toda su influencia para que Goldman Sachs fuera «compensada» con el 100 por ciento de sus apuestas contra hipotecas. De hecho, las querencias de Obama por el mundo financiero parecen confirmadas por el hecho de que los más altos consejeros de su Administración son las personas que crearon la estructura de este sistema financiero en quiebra. Hasta el nombramiento de Janet Louise Yellen como presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos en febrero del 2014 era difícil ponerlo en duda.
Goldman Sachs no es solo el gran agente de la globalización neoliberal, sino que ha conseguido poner la globalización a su servicio. En el 2011, sin pasar por ninguna urna, conquistó las más altas cotas de poder en Europa. Recordemos: los mercados financieros se inventaron, en una variante de sus maniobras especulativas, que Italia debía pagar una prima sobre sus bonos por tener a Berlusconi al frente de su Gobierno. En sentido contrario, tampoco les gustó que Yorgos Papandreu, el primer ministro de Grecia, quisiera consultar a la ciudadanía el paquete de ajustes del segundo rescate de 130.000 millones de euros aprobado por Bruselas.
Y entre el ruido y la furia desencadenados (y más aparentes que reales) aparecen en centros neurálgicos del poder político y económico europeo en aquellas fechas Mario Monti (nuevo jefe de Gobierno italiano), Lucas Papademos (nuevo jefe de Gobierno griego), Mario Draghi (nuevo jefe del BCE) y Peter Sutherland (muy influyente en la política económica de Irlanda). Los cuatro proceden de Goldman Sachs, que sigue tejiendo su red de seguridad para que la crisis se resuelva sin dañar al sector bancario. Pero no son solo los únicos agentes de la TINA (there is no alternative) ni de un falso consenso sobre la fabricación de la desigualdad. De acuerdo con Marc Roche, el periodista de Le Monde[36] se trata de captar para la «única política posible» que encarna los intereses de Goldman Sachs a los altos cargos de la Unión Europea y a los gobernadores de los Bancos Centrales de cada país. Completarán el equipo otros «economistas» neutrales que aseguren que las leyes se redactan a su favor.
En el año 2011 Goldman Sachs, sin pasar por las urnas, tuvo en Europa (y aún retiene) más poder político que los políticos, los diputados ordinarios y, por supuesto, la ciudadanía. Y su estrategia continúa, reemplazando políticos (corruptos o no) por tecnócratas. Así se defienden sin pasión ni aparente carga ideológica ajustes estructurales que laminan derechos, políticas fiscales favorables a los más ricos y reformas laborales que no combaten el paro y permiten, en cambio, salarios que no sacan de la pobreza. Los gobiernos de los países domesticados por los intereses financieros deben limitarse a ser agentes de la deuda, siempre mayor, siempre creciente, que debe abonar religiosamente intereses y sobre todo a los acreedores internacionales. A primeros de octubre de 2014 la deuda pública en España superaba el billón de euros y amenazaba con sobrepasar, en pocos meses, el 100 por ciento del PIB, por más retoques, extensiones y añadidos que le pongan. España es ya el segundo deudor exterior más importante del mundo después de Estados Unidos y nuestra democracia sigue supeditada al interés de Wall Street y las bolsas de valores de Londres y Fráncfort. Mientras, en el Gobierno del Partido Popular, los tecnócratas avanzan de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría.
LA DESIGUALDAD RAMPANTE EN UNA ESPAÑA EN VENTA
Esta deuda creciente, hasta que no se entienda en gran medida como impropia, sirve de coartada para justificar nuevas marcas en desigualdad. Son seis más los españoles que este año figuran en lugares destacados de la lista Forbes, con Amancio Ortega de Inditex, el hombre más rico de Europa, como abanderado nacional. Si aceptamos, con fundamento, el patrimonio escondido en paraísos fiscales, serían muchos más los españoles que disputarían puestos destacados: bastaría con recolocar con su patrimonio real a distintos miembros de la familia Pujol. Incluso el FMI reconoció para España, en la primavera de 2014, el triste honor de ser el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres, y una manera de verlo más próxima es que en España, y según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, una de cada cinco familias carecía de ingresos. Intermón Oxfam, en una visión más amplia, enuncia que la riqueza de los veinte hombres que encabezan la lista Forbes es igual a los ingresos del 20 por ciento de la población más pobre del mundo.
Pero el Gobierno de Rajoy no quiere darse por enterado. Para rebañar los restos de lo público, en especial los que podían desempeñar un papel compensatorio, España ha colgado el cartel de saldos y liquida lo que queda (que ya es muy poco) de empresas y servicios públicos. Así, María Dolores de Cospedal trata de conseguir fondos a costa de los montes públicos de Toledo resucitando con opacidad (y varapalo judicial incluido en 2012) las leyes de cercados y privatización de los terrenos comunales que se iniciaron en Gran Bretaña en 1604. Pero es que doña María Dolores es, en el fondo, una castellana con mantilla de lo más clásico que sigue en el estadio inicial de la desposesión y explotación de lo público, a pesar de que nunca el saqueo haya abarcado tantas modalidades como ahora. Algunos políticos se adelantan, en determinados aspectos y de la mano de las grandes asesoras internacionales, a la piratería que se organiza en la oscuridad de los Tratados TTIP, Tisa y Ceta para poner en almoneda, y de forma definitiva, los bienes comunes, el patrimonio de todos, y mucho más: patentes, sanidad, legislación laboral, información, servicios..., en una legalización de los desequilibrios y constitucionalización de la desigualdad que se inauguró con la modificación del artículo 135 de la Constitución el 23 de agosto de 2011. Un enorme dislate social y democrático en pleno clímax del bipartidismo, cuando entre el PP y el PSOE contaban con más del 90 por ciento de diputados y senadores.
DEL PALCO DEL BERNABÉU A LA OPERACIÓN «CASTOR» Y MÚLTIPLES SERVICIOS PÚBLICOS
Hay un prohombre en España que se basta y se sobra para abarcarlo casi todo y todavía tener tiempo para ser un excelente anfitrión. Tanto en el campo del Real Madrid (equipo del que es presidente) como para trasladar políticos en su avión privado desde Buenos Aires tras el fracaso de la candidatura de Madrid para las Olimpiadas de 2020. El presidente de la Comunidad y la consejera de Educación, Juventud y Deportes, con tantos contratos que gestionar, gozaron de esas comodidades en momentos tan duros.
Pues bien, si utiliza usted cocina a gas, calefacción y caldera le abonará en los próximos años a Florentino Pérez 182 euros de más como indemnización a su empresa ACS responsable del proyecto Castor. Un proyecto de captación de gas frente a las costas de Tarragona y Castellón que provocaba temblores en las viviendas (aunque no era para tanto, según explicó el propio Florentino a Jordi Évole en el programa de televisión Salvados). Los de Vinaroz y alrededores «se asustan por nada, porque no hubo ningún temblor en ninguna casa...», dijo Florentino.
El Gobierno fue más precavido (¡solo les faltaba que se les hundieran casas en el litoral del abuelo Fabra!) y aprobó la indemnización a Escal UGS, sociedad controlada por el grupo presidido por Florentino Pérez, por un total de 1.350 millones de euros a la compañía liderada por ACS mediante el traspaso del almacenamiento subterráneo a Enagás, que a cambio recibe un derecho de cobro por la misma cantidad. Explicaban desde El Confidencial que «para evitar que este embolado tuviera consecuencias en la solvencia financiera de la empresa presidida por Antonio Llardén, Enagás ha firmado un crédito sindicado con Caixabank, Bankia y Banco Santander, que ahora recibirán una rentabilidad por este préstamo a treinta años. El coste final irá a parar a los operadores del sistema gasístico (Iberdrola, Gas Natural, BP, Petrobras...), que posteriormente se lo traspasará a las compañías comercializadoras (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Gas Comercializadora, EDP, Cepsa)». De ahí los 182 euros que toca pagar a cada ciudadano consumidor de gas por el fracaso de un proyecto que por supuesto, como siempre pasa con la marca España, triplicó sus costes en relación con el presupuesto inicial. Florentino Pérez, precisamente por una licitación muy por debajo de su valor real, también tuvo que ver con la huelga de basuras de Madrid. Y así según pudimos leer: «Apenas 72 horas después de haberse adjudicado amenaza de huelga mediante el servicio de recogida de basuras de la periferia de Madrid, ACS ha vuelto a hacer la oferta más barata, en esta ocasión para hacerse con Servicio Especial de Limpieza Urgente (Selur) de la capital». Urbaser, que pertenece al grupo presidido por Pérez, ha presentado una propuesta un 15,76 por ciento por debajo de los 72,6 millones de euros recogidos en los pliegos, importe que le ha permitido ser seleccionada ya como adjudicataria provisional de un contrato de siete años de duración.
¿Se mostró Florentino Pérez mínimamente sensible y agradecido por la explotación, desposesión y sobrecostes que impone al pueblo llano? Para nada. Más adelante decide también vender su participación en el hospital público madrileño Puerta de Hierro-Majadahonda al fondo de inversión holandés DIF. ¿Un fondo buitre? Pues es probable. Cuando la sanidad y los servicios públicos se convierten en un negocio, quienes sacan provecho (fondos holandeses o presidentes del Real Madrid) no se comportan precisamente como ciudadanos en busca del bien común. La empresa de Florentino, Iridium, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que «ha procedido a vender el 80 por ciento de sus participaciones en distintos activos concesionales». Es decir, diferentes servicios públicos que habían sido privatizados en su gestión por las administraciones. Entre los que detalla la nota de ACS están el mencionado hospital, diversos intercambiadores de transporte público en Madrid y la Línea 9 del metro de Barcelona). Ingresos para la empresa: 175,2 millones de euros. Beneficios estimados con el trapicheo con las infraestructuras públicas: 44,7 millones de euros.
El hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda fue uno de los primeros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó para implantar la fórmula llamada PFI en la que la construcción y la gestión de todo lo no sanitario del centro se adjudica a empresas privadas a cambio de un canon anual (en este caso prolongado durante treinta años). Iridium se hizo con la concesión de Puerta de Hierro en 2005 al decidir el ejecutivo regional que adoptaría este modelo para trasladar el hospital desde su ubicación clásica en la capital hasta la población periférica de Majadahonda. Y, como vemos, se puede traspasar, vender y, en definitiva, hacer negocio.
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SANIDAD Y SUS CABALLOS DE TROYA
En junio de 2012 se publicaba la noticia de que la consultora PwC estaba asesorando «en la sombra» a la Conselleria de Sanitat valenciana en el cambio de modelo que pretendían dar a sus políticas. Las «novedades» implicaban profundizar la colaboración público-privada y abrir «diálogos competitivos» con empresas privadas. Unas semanas antes, en el mes de abril, PwC había dado a conocer un decálogo sobre los cambios a su parecer imprescindibles. En el mismo habían colaborado expertos con los que se puede confeccionar un pequeño almanaque de Gotha de la privatización de la sanidad. Así, junto al director de Innovación de Capio, Rai Belenes, figuran Ana Pastor (PP) y Julián García Vargas (PSOE), el exconseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana en tiempos de Camps; Manuel Cervera, más tarde imputado en el caso Gürtel, que consiguió durante su mandato que la Comunidad Valenciana tuviera la menor ratio de todo el Estado en camas hospitalarias y la mayor en listas de espera; el director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa; el conseller de Salud de Catalunya, Boi Ruiz, y el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty[37]. Sus planes provocaron las grandes mareas blancas de Madrid que aún perduran en defensa de la sanidad pública. Cuando Lasquetty fue finalmente desautorizado por los tribunales, Ignacio González «aceptó» su dimisión.
Como medidas recaudatorias, Lasquetty copió de Boi Ruiz el euro por medicamento e impulsó sus planes estrella: la externalización de servicios en los hospitales públicos, la privatización de la atención sanitaria en seis de los siete hospitales de gestión privada construidos en los últimos años y del 10 por ciento de los centros de salud de la región y la transformación del hospital de la Princesa y del Carlos III: el primero sería un centro especializado en personas mayores y el segundo (donde se desmontaron servicios especializados que tuvieron que recomponerse a toda prisa y mal para atender a los misioneros enfermos de ébola), un hospital de estancia media. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) consideró una aberración sanitaria el cierre del centro de referencia estatal para alertas epidémicas y acusó al ministerio que regentaba Ana Mato de estar importando «lo que era el primer caso de ébola en el Estado español y en Europa». CAS Madrid creía que se estaba sometiendo a un riesgo absolutamente injustificado a las trabajadoras y trabajadores del hospital Carlos III y en general a toda la población.
En los orígenes de todo el disparate encontramos, como en tantos desvaríos austericidas de la Comunidad de Madrid, a su «lideresa». En 2008, cuando Esperanza Aguirre era su presidenta, decidió eliminar la Dirección General de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública. Y todavía no hemos pagado todas sus consecuencias.
Sin embargo, los planes privatizadores siguen vigentes. Según PwC, sigue siendo preciso flexibilizar los elementos más negativos del sistema público, entre los que destaca «la existencia de plazas en propiedad, la extrema rigidez para la adaptación de los horarios y las dedicaciones a las necesidades asistenciales, un sistema disciplinario ineficaz y, sobre todo, las limitaciones para la diferenciación y el reconocimiento del mérito individual y colectivo». Y para asesorar sobre las medidas recomendadas, no dudaban en tomar prestadas otras identidades, como por ejemplo la del National Health Service (NHS). Aunque no siempre conseguían mantener el disfraz: la Plataforma Salvemos Telemadrid denunció a finales de julio de 2013 que una supuesta visita oficial del NHS a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid era, en realidad, otra visita más de PwC.
CATALUNYA, EN LA VANGUARDIA DE LAS INNOVACIONES PELIGROSAS PARA LA SALUD
En la introducción de esos caballos de Troya en nuestra sanidad pública no hay que olvidar el papel pionero de Catalunya[38], que ya se distinguió por «innovar» en el sector mucho antes del vergonzoso caso del euro por medicamento. Catalunya fue la primera en «explorar» los supuestos beneficios de la «colaboración» público-privada y llevar la mercantilización de la sanidad a terrenos hasta entonces inexplorados... casi siempre con el asesoramiento de PwC. Más allá de los conciertos, fundaciones y externalizaciones al uso, encontramos las primeras menciones sobre los beneficios de la venta de información médica de los ciudadanos en varios documentos publicados por TicSalut. Esta fundación se creó en 2006 con financiación totalmente pública a instancias de la consellera Marina Geli (PSC) y se abrió dos años más tarde al sector privado. Entre las nuevas empresas que forman el Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut destacan algunas farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PwC, Deloitte), empresas tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare). Es curioso lo poco que sabemos sobre cómo se desarrolla el programa cuyos objetivos fundamentales parecían ser la tarjeta sanitaria, la historia clínica digital y la receta electrónica. Sin embargo, en uno de los más llamativos nos encontramos de nuevo a PwC. Se trata del programa VISC+[39] —destinado en exclusiva a las empresas privadas— para la comercialización de los servicios que ofrece un proyecto basado en que nuestra historia sanitaria pueda venderse en Catalunya a farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados o en las empresas de recursos humanos. Sin nuestra autorización y sin que nosotros siquiera lo sepamos.
No puede concluirse este apartado sin hacer mención al atentado más grave a nuestra salud y al sistema sanitario: el Real Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro. Se justificó en la necesidad de reducir el déficit y dos años después Ana Mato cifró el ahorro (por demostrar) en más de 5.000 millones de euros. Un «ahorro» dudoso desde el punto de vista legal, ya que el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones la exclusión de personas enfermas de la atención sanitaria. En cambio, para Médicos del Mundo y la plataforma Yo Sí Sanidad Universal las repercusiones del decreto en términos de vidas humanas han sido carísimas, con las muertes evitables de Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán.
GENTE SIN CASAS Y CASAS SIN GENTE... EL RESTO SE VENDE
Margaret Thatcher ya tiene una plaza en Madrid, en cuya inauguración rivalizaron por conseguir el primer plano Ana Botella y Esperanza Aguirre. Su admirada dama de hierro había abierto camino a las políticas neoliberales con la privatización de la vivienda pública. Thatcher no escondía su objetivo: se trataba de encontrar nuevos campos para la acumulación de capital y convertir en mercancía todos los bienes y servicios públicos que el capital privado pudiese gestionar. Uno de los más fáciles y políticamente menos costosos era, en el Reino Unido de la época, el de la vivienda.
Pero no siempre copiar a Margaret Thatcher es oportuno ni sale a cuenta. Ana Botella anunció en 2012 que no construiría más vivienda pública cuando había más de 13.000 familias madrileñas a la espera de un piso protegido. Y decidió seguir aplicando el programa thatcheriano cuando todo el Estado se agitaba en una tormenta de desahucios y la gente de a pie se organizaba con nuevas maneras e iniciativas para defenderse. Así, mientras la Plataforma por Afectados de la Hipoteca (PAH) abría las noticias con su activismo contra los desahucios, el Ayuntamiento de Madrid decidía liquidar su paquete de viviendas sociales junto con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Justificó su necesidad una auditoría confidencial —que a estas alturas ya atribuirán a PwC— a la que tuvo acceso El País. La auditora consideraba a la empresa municipal «no operativamente viable» y recomendaba, entre otras medidas, vender pisos de alquiler para obtener liquidez a corto plazo. Naturalmente, los auditores multimasterizados de PwC no tenían por qué saber historia ni entender la distinta —y fundamental— naturaleza de los bienes y servicios públicos en relación con los bienes llamados «de mercado». La función social de la vivienda era un sinsentido para Margaret Thatcher, y carece de contrapartida contable para los auditores de PwC.
Una venta de remate al fondo buitre Blackstone salvó de momento a la EMVS, pero salió carísima en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones; es decir, con un descuento del 20 por ciento. La EMVS reconoce unas pérdidas asociadas de 30,6 millones y 2 millones más en comisiones. Sin embargo, unos meses después vendió otras 163 viviendas, la mayoría habitadas, en Villa de Vallecas, 90 viviendas vacías en Vicálvaro y 82 viviendas, también habitadas en su mayor parte, en Usera. Ana Botella demostró, de nuevo, que no sabía hacer las cosas: en agosto de 2014 un juzgado de Madrid abrió diligencias previas por la venta a Blackstone de pisos en Madrid a 67.000 euros, mientras se negaba la posibilidad de los inquilinos a acceder a la propiedad de su hogar por el mismo precio y se incrementaban los desahucios.
Ada Colau con la PAH defendía soluciones como la dación en pago para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, mientras Ana Botella sigue poniendo en venta vivienda pública de alquiler. Desde 2008 la PAH ha conseguido evitar más de mil desahucios (aunque se sigan produciendo casi doscientos desahucios al día en todo el Estado). Sus soluciones al problema de la vivienda están contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en febrero de 2013 en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. El Partido Popular, sin embargo, aprobó una nueva Ley Hipotecaria que se resiste a superar la caspa de los tiempos de Isabel II. Una ley tan sesgada hacia la banca que en julio de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la condenó por vulnerar los derechos humanos y ser contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y a la Directiva 93/13 relativa a los consumidores. Es la segunda vez que instancias jurídicas europeas se pronuncian contra la ley, y en esta ocasión señalan además que no suspender el procedimiento hipotecario, en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil, es contrario al derecho comunitario. Pero no importa. Los desahucios siguen, e impulsan nuevas acciones solidarias. Por ejemplo, con lo que se conoce como Obra Social de la PAH, se han ocupado edificios de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores y propiedades del «banco malo» (SAREB)[40] para alojar familias desahuciadas.
No puede cerrarse el círculo vicioso porque se alimentan nuevas burbujas especulativas y proyectos fallidos o por quebrar con presuntos mafiosos, tanto en Madrid como en Catalunya. El proyecto Barcelona World presagia nuevos y peligrosos desatinos, confiado como está a Enrique Bañuelos[41], el Sheldon Adelson de Artur Mas. Pero en lugar de prevenir, mejor tropezar las veces que sea en la misma piedra. Quiere ahora el PP resucitar el cadáver de Eurovegas. Su nuevo karma podría deberse al magnate Wang Jianlin, propietario del grupo Dalian Wanda, a quien el Banco de Santander ya vendió el Edificio España por 256 millones de euros. Ese nuevo intento de perpetrar Eurovegas ayudaría a entender el viaje a China de Rajoy cuando Catalunya desafiaba esta España una, disoluta, corrupta y en venta[42] y Gallardón dimitía de Justicia: bien merece un viaje incómodo y en tan mal momento rendir votos y conseguir algo más llamativo para el gran público que la promesa china de seguir comprándonos deuda pública.
HUMPTY DUMPTY SACA LOS COLORES A LOS DIRIGENTES DEL PP
Humpty Dumpty es mucho más que un personaje de Lewis Carroll, o un huevo de pascua sabio. Es también quien nos avisa, con Alicia en este lado oscuro de la globalización, que las palabras pueden tener muchos sentidos, pero que lo que de verdad importa es quién sea su dueño. Humpty Dumpty puede sernos de utilidad para poner en su justo lugar las declaraciones de Cospedal sobre el PP como único garante del Estado del bienestar, o las «raíces vigorosas» de Rajoy, este político-percebe (con permiso de Rosa María Artal) y tan bien definido por Jesús Maraña que solo se mueve «entre lo que sea costumbre» y «lo que manden». Sabemos con Naomi Klein que la privatización abre nuevas oportunidades para la acumulación, y los políticos aprovechan (en especial en tiempos electorales) para fantasear sobre una economía muy dinámica (e incluso envidiada, que ya es desafinar). Sin embargo, el precio que hay que pagar por ello es que la gente pierda sus derechos en todos los dominios que se privatizan. Por esa razón, David Harvey explicó situaciones como las que estamos viviendo como de «acumulación por desposesión».
También Cristóbal Montoro debe ser pasado por el prisma de Humpty Dumpty: valoren si no el nombre de «Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios» para la liquidación de 14.135 inmuebles desde 2013 hasta 2015. Con ese programa de nombre equívoco, la Dirección General del Patrimonio del Estado se deshace[43], entre otros, de edificios históricos como la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los viejos estudios de RTVE o la Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen[44]. Si tienen ustedes interés por comprar (o denunciar) este remate, en la web del Ministerio de Hacienda. Ni las universidades escapan del mercadillo: la Universitat Politècnica de Catalunya pone en venta doce edificios por los que pretende ingresar hasta cincuenta millones de euros. Y podemos encontrar pinacotecas a precio de saldo: cuadros del Ayuntamiento de Madrid triplican su precio ya en manos privadas.
También la Generalitat de Catalunya hacía las cuentas de la lechera esperando ingresar unos cuatrocientos millones de euros en un año por la venta de edificios públicos. En un inesperado ataque de lógica y como clara metáfora de los tiempos que corren, en el lote de edificios a subastar figura en lugar destacado la sede del Departament de Benestar i familia..., ¿o es que no tiene sentido pulirse la sede cuando ya se han liquidado las políticas?
... Y a todo eso, la jerarquía eclesiástica española a lo suyo, negándose a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) so amenaza de disminuir su aportación (escasa en porcentaje) a Cáritas cuando los comedores sociales y los bancos de alimentos no dan abasto siquiera para asegurar una nutrición correcta a los niños. Mientras, Rouco, pese a su jubilación forzosa y forzada, se negaba a abandonar la planta noble del Palacio Arzobispal de Madrid, su chófer y sus cuidadoras. Ya en su momento había ordenado registrar a nombre de la Iglesia todos los inmuebles que los obispados podían declarar como propios, mezquita de Córdoba incluida.
NUEVA LLAMADA A REACCIONAR
Cerrando un paréntesis de concesiones obligadas, el capitalismo se nos muestra como es, con el rostro deformado de su origen. Empezó con la expropiación histórica de los terrenos comunales en Inglaterra que arrojó a los campesinos sin tierra a los caminos. Ahora obliga, como entonces, a segar raíces, encaramarse a vallas coronadas de cuchillas, desafiar el mar y la noche en pateras, emigrar con los sueños rotos, mal doblados y confundidos, en los hatillos de nuestra época. La expropiación sigue siendo la misma, dejando sin tierra a campesinos de la selva del Amazonas o a las comunidades africanas. O poniendo cotos de caza en Toledo. Ha avanzado un largo trecho en el lado oscuro hasta mercantilizar nuestra intimidad, nuestras enfermedades y nuestros deseos, nuestra capacidad de crear, amar, investigar. Ha puesto peajes y barreras a la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades si no es para el beneficio del amo. Y toca reaccionar con urgencia para recuperar la cultura práctica de la vida en común, del pensar en colectivo y volver a sonreír para olvidar el miedo. Toca reaccionar para no confundir solidaridad con caridad, y recuperar las palabras que permiten cruzar las corrientes para llegar al otro lado, y que se enseñe en las escuelas a ser libres y felices.
El periodista y escritor portugués Filipe Diniz advertía que en la ofensiva que quiere arramblar con lo que queda del «Estado social» resuena el viejo «Viva la muerte» de Millán Astray. Y lo ilustraba explicando que en plena campaña presidencial en Estados Unidos se discutía el Obamacare con partidarios de dejar sin asistencia a quienes careciesen de seguro de salud: «La libertad es solo eso, asumir su propia responsabilidad», argüían, aunque eso implique dejar morir a las personas. Para quienes defienden la salud como mercancía solo vale la ley del más fuerte cuando ellos son los más fuertes. Pero no hay que ir a Estados Unidos para ilustrarlo. Tenemos aquí nuestros propios verdugos con máster que firman, propugnan, elaboran o disimulan los recortes brutales en educación, salud, seguridad social, rentas mínimas de inserción, salarios de supervivencia. En marzo de 2012 Patricia Flores, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, se preguntaba si tiene sentido que un enfermo crónico viva «gratis» del sistema. Y esa misma falta de humanidad se traduce en las políticas sociales de la dependencia, que perdía en 2014 una media mensual de 3.413 beneficiarios, con 17.065 personas menos recibiendo ayudas en los primeros cinco meses del año. Cuando los políticos son desalmados y los derechos no son universales sino proporcionales a la capacidad económica de cada uno, las mujeres y las redes sociales intentan compensar la inhumanidad del sistema, pero no pueden impedir que mueran jóvenes como Alpha Pam.
Hemos visto en muy pocos años cómo la gente desahuciada se hacía fuerte defendiendo un techo para los suyos, bomberos que se negaban a ser utilizados para que la gente más débil perdiera su hogar y cerrajeros que se negaban a cambiar el bombín de las casas asaltadas por los bancos. Hemos descubierto la rabia y el estupor de los desobedecidos, pero, más increíble todavía, nos han sorprendido los jueces que no firmaban órdenes de desahucio. Hemos visto a personas enfermas negarse a pagar el euro de la vergüenza mientras se fortalecía y extendía la insumisión con las mareas de todos los colores. Y hemos caminado con los jornaleros andaluces y los mineros de León, Asturias y otras cuencas, que en un domingo de gloria tomaron Madrid y llenaron de dignidad las más amplias alamedas. Alguna simiente de insumisión arraigó en el barrio del Gamonal de Burgos y dio frutos en Bellvitge rozando casi un milagro laico: enfermos que se negaron a ser cambiados de planta para evitar más cierres de camas en hospitales públicos, o que no cayeron en la trampa de hacerse de una mutua, o se negaron a ser derivados a hospitales privados. Pacientes que prefieren defender —y exigir y denunciar— un lugar ignoto en listas de espera opacas, desesperantes, antes que perder el derecho a ser tratados en la sanidad pública. Pacientes que ensamblaron el grito de «ni casas sin gente ni gente sin casas» con el de «ni camas sin pacientes ni pacientes sin cama».
En esa lucha desigual, pero apasionante, cada uno aporta lo que puede, lo que tiene, lo que sabe. En la lucha por la tierra, contra Monsanto y los transgénicos se unen los agricultores expropiados de sus semillas con los científicos honestos y alarmados por las consecuencias de la biotecnología y los defensores de los derechos humanos de todos los continentes. Y los jóvenes se funden con los mayores en la denuncia del fracking, de las explotaciones de petróleo que rompen las costas. Y al tiempo que defienden las aguas limpias y el paisaje, aprenden que es hora también de decidirlo todo. Todo. Que no hay que dar nada por hecho, que hay que trazar nuevos puentes para globalizar en positivo la tierra, la salud y la vida.
Y así, día a día, toca reaccionar en el empoderamiento, mientras descubrimos el poco respeto que merece este mundo viejo de tramoyas apolilladas, mientras crece nuestra capacidad para descubrir el gran engaño. Toca reaccionar para que podamos curarnos de la expropiación de ideas propias y con inteligencia colectiva decidamos, desde abajo, lo realmente importante. Como decía Isabelle Stengers, hay que aprender a pensar por y con los demás para producir igualdad. Y toca unirse a quienes están ya reaccionando para cambiar los métodos y poner a prueba y a punto nuevos dispositivos que combatan las jerarquías escleróticas de los corruptos insaciables. Es difícil imaginar que ninguna persona demócrata, solidaria y consecuente pueda conformarse con menos.