El 6 de octubre de 2017, seis días después del referéndum por la independencia de Cataluña —conocido como el 1-O—, miles de policías nacionales y guardias civiles se manifestaban en Madrid por la equiparación de sus retribuciones con las de los policías autonómicos. No se trataba de una reivindicación nueva, pero el traslado a Cataluña de más de 5.000 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los meses previos a la consulta independentista —en el marco de la bautizada como Operación Copérnico— había hecho más evidente el abismo salarial entre estos y los Mossos d’Esquadra. En plata: un policía autonómico ganaba, como mínimo, 600 euros brutos más al mes que un policía nacional o un guardia civil. La convocante de la manifestación era una plataforma recién creada llamada Justicia Salarial Policial (Jusapol) que pretendía desmarcarse de los sindicatos y asociaciones que llevaban años representando sus intereses laborales.
Poco más de un mes después, el 18 de noviembre, los agentes nacionales volvían a salir a la calle, aunque esta vez los manifestantes ya no se contaban por millares sino por decenas de miles. El entonces ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, recogió de inmediato el guante: «Lo que piden nuestros policías y guardias civiles es una causa justa porque, sencillamente, se lo merecen». 1 Sería una causa justa, pero nada fácil de satisfacer pues, como se comprobaría en los meses siguientes, la palabra «equiparación» se prestaba a muchas interpretaciones.
En esas primeras protestas estuvieron presentes dos diputados: Juan Antonio Delgado, de Podemos (él mismo guardia civil en excedencia), y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. Fue este último partido el que tomó como divisa la equiparación salarial y se convirtió en su principal valedor, al condicionar su apoyo a los presupuestos de 2018 a que el Gobierno de Mariano Rajoy atendiera la reivindicación de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Albert Rivera era, por entonces, el mejor situado para capitalizar el descontento de un colectivo que ascendía a 140.000 agentes (sin contar con sus familias). No en vano, Ciudadanos había nacido en Cataluña, levantando la bandera de la unidad de España frente al nacionalismo.
Meses más tarde, en marzo de 2018, los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles aceptaban la oferta de equiparación del Ministerio de Interior, que suponía un desembolso de 807 millones repartidos en tres años, poco más de la mitad de los 1.500 reclamados inicialmente por el colectivo. Pronto se comprobó que el pacto iba a tener contestación: ni siquiera fue posible someterlo a consulta telemática entre los afectados porque la web habilitada para la votación sufrió un ciberataque «brutal y organizado» que desbordó a la empresa encargada de prestar el soporte técnico. 2 Algunos creyeron ver tras el sabotaje la mano de Jusapol, que no había podido participar en las negociaciones porque aún no había acreditado su representatividad sindical y rechazaba de plano el acuerdo.
Tras la moción de censura contra Rajoy, con el Gobierno en manos del PSOE, el PP se puso tras la pancarta de la «equiparación salarial real». En abril de 2019, a tres semanas de las elecciones generales, Teodoro García Egea —secretario general del partido— participó en la concentración convocada por Jusapol en la madrileña Puerta del Sol en contra del acuerdo firmado por su propio compañero de partido, Juan Ignacio Zoido. A su lado estaba el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pero el líder político más vitoreado por los manifestantes fue el de un partido aún extraparlamentario: Javier Ortega Smith. 3
Vox ya contaba con hooligans en las filas de Jusapol; entre ellos, su exportavoz y youtuber Alejandro León Atienza. 4 Jandro Lion, como se hace llamar en las redes, es conocido por haber protagonizado un polémico vídeo en el que, tras recibir una navaja de regalo, comentaba entre risas: «La cantidad de gente que voy a asesinar con esto. Que se preparen los menas [menores extranjeros no acompañados], que los voy a dejar en el suelo». 5 Expedientado por la dirección de la Policía Nacional, León Atienza no ocultaba su simpatía hacia Vox y su admiración por la portavoz del partido en la Comisión de Interior del Congreso, Macarena Olona.
Olona, cuyo actual cónyuge es oficial del instituto armado, se convirtió desde su aparición en el Congreso en el martillo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que atacaba de manera implacable. En un pleno, le llegó a achacar un supuesto «odio a la Guardia Civil», cuyo origen estaría en un oscuro episodio de su etapa como juez en Bilbao, veinte años atrás. Sin embargo, tres días después de lanzar esta insinuación —que desató todo tipo de especulaciones—, Olona aclaró finalmente que se refería a que Marlaska había imputado a un ertzaina por hacer uso de su arma al verse acorralado por manifestantes 6 (un hecho que obviamente no tenía nada que ver con la Guardia Civil).
La «equiparación salarial real» de los cuerpos policiales llegó a la Mesa del Congreso en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) acompañada por más de medio millón de firmas. Pero el PSOE y Unidas Podemos la rechazaron, con el argumento de que aceptarla supondría modificar los Presupuestos Generales del Estado por la puerta de atrás. La respuesta no se hizo esperar. Cientos de agentes, muchos con la cara cubierta por una careta de Anonymous, se concentraron el 3 de marzo de 2020 ante el Palacio de las Cortes, llegando a romper el cordón policial y cortar el tráfico. Los dirigentes de Vox no se limitaron a apoyar la protesta: subidos en una camioneta, arengaron a los manifestantes. «No estáis solos», les decía Ortega Smith. «¡Fuerza y honor!», clamaba Olona. 7 Al día siguiente, Vox presentó como iniciativa propia en el Congreso el texto de la frustrada ILP, que fue nuevamente rechazada.
Jupol (Justicia Policial), el sindicato creado por Jusapol, había obtenido una arrolladora e inesperada victoria en las elecciones al Consejo de la Policía —el órgano de negociación con el Ministerio del Interior— en junio de 2019. Se llevó 8 de los 14 vocales elegidos por los agentes, un resultado no alcanzado nunca por ninguna candidatura. La nueva organización sindical arrasó en la Escala Básica del cuerpo, la más numerosa, donde recibió el 63,4 % de los votos. 8 El triunfo de Jusapol, aunque no tan aplastante, se repitió dos años después en las filas de la Guardia Civil. Jucil (Justicia para la Guardia Civil), su brazo en el instituto armado, ganó las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, un órgano gemelo al de la Policía, con 6 de los 16 puestos en juego. 9 El mayor porcentaje de votos (44,6 %) lo logró también en la Escala de Cabos y Guardias, la más humilde de todas. Las organizaciones tradicionales, próximas a los sindicatos de clase, que inauguraron la lucha reivindicativa en ambos cuerpos (el Sindicato Unificado de la Policía —SUP— y la Asociación Unificada de Guardias Civiles —AUGC—), perdieron la hegemonía en favor de una plataforma tachada de populista con aliados cada vez más escorados a la derecha, después de que un pujante Vox sustituyera a un Ciudadanos en declive.
Jupol llevó su lucha sindical a los tribunales, incluso con denuncias contra el director general de la Policía, Francisco Pardo, mientras que la asociación de guardias basó su campaña en redes en la etiqueta #SoloQuedaJucil, un guiño indisimulado al #SoloQuedaVox de los seguidores de Abascal. Valdemoro, sede del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, fue la localidad con más población de la Comunidad de Madrid (77.000 habitantes) donde Vox ganó las elecciones generales de noviembre de 2019.
El ministro del Interior recibió por primera vez a Jupol el 11 de noviembre de 2021, como arranque de una ronda de consultas con los sindicatos policiales sobre las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, pactadas por el PSOE con Podemos. Nada más salir de la reunión, el secretario general del sindicato, Aarón Rivero, anunció la convocatoria de una «gran manifestación» en contra de una reforma que, según sus palabras, dejaba «a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y el resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y los delincuentes». 10 Los demás sindicatos, que ni siquiera se habían reunido aún con Marlaska, se vieron sorprendidos por la iniciativa pero, temerosos de verse desbordados de nuevo por Jusapol, convocaron sus propias concentraciones.
Entre otros puntos, los sindicatos criticaban que se negara la presunción de veracidad a los partes policiales, equiparando el testimonio del policía con el del infractor; que se permitiera la difusión de imágenes de los agentes durante sus actuaciones; o que se redujera de seis a dos horas el tiempo máximo de retención de una persona no identificada, obligando a devolverla al lugar de la detención y convirtiendo a los policías en «taxistas». En realidad, la reforma mantenía la presunción de veracidad del parte policial, pero exigía que este fuese «coherente, lógico y razonable»; y también seguía prohibiendo el uso de imágenes de policías que pudieran poner en peligro su seguridad, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación, mientras que solo suprimía la expresión «uso no autorizado», en aplicación de una sentencia del Constitucional. 11 La retención a efectos de identificación se podría seguir prolongando seis horas, aunque solo en casos excepcionales, y la devolución al lugar de detención solo estaba prevista para los supuestos en los que el detenido tuviera que ser trasladado a otro municipio y su devolución al lugar de origen no perjudicara al servicio. 12 Pero todas estas precisiones formaban parte de un análisis detallado que sobraba a quienes reconocían haber decidido las movilizaciones sin conocer el contenido de la reforma.
Los líderes del PP, Ciudadanos y Vox acudieron a la gran manifestación convocada por Jusapol el 27 de noviembre de 2021 en Madrid. Pero Casado llegó al final de la marcha para no coincidir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e Inés Arrimadas, al frente de un partido en caída libre, apenas logró atraer la atención de los medios. El protagonista indiscutible fue Abascal, quien aseguró que el Gobierno estaba «preparando el terreno para, cuando pierda las elecciones, poder incendiar las calles con total impunidad». Obviaba que si la izquierda perdía el Gobierno habría una mayoría parlamentaria de derechas que podría volver a cambiar la ley, como había prometido hacer Casado.
La popularidad de Abascal entre los policías y guardias civiles de base era importante pero, para influir de verdad en los Cuerpos de Seguridad, Abascal necesitaba ganarse el favor de inspectores, comisarios, oficiales y generales. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de Madrid, tras haber mandado en Cataluña el operativo policial contra el referéndum del 1-O, provocó una quiebra en la cúpula del instituto armado —dimitieron los generales Laurentino Ceña y Fernando Santafé, números dos y tres de la Guardia Civil— por la que intentó colarse Vox.
El 31 de marzo de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Celestino Salgado había declarado ilegal el cese de Pérez de los Cobos, que Marlarska justificó por «pérdida de confianza», tras filtrarse datos de un informe sobre las manifestaciones del Día de la Mujer de 2020 en Madrid y su supuesta relación con la expansión de la pandemia. Al igual que el PP y Ciudadanos, Abascal pidió la dimisión o el cese inmediato de Marlaska, aunque la sentencia no fuese todavía firme, pero no se contentó con eso.
Solo 48 horas después del fallo, el coronel Pérez de los Cobos se reunía en un cigarral (casa de campo) de Toledo con Ortega Smith, Manuel Mariscal (diputado toledano y vicesecretario de Comunicación de Vox), Ricardo Alba (ex secretario general del partido ultraderechista Fuerza Nueva y de la Fundación Francisco Franco) y Daniel Arias (presidente del comité provincial de Vox). 13 El lunes 5 de abril, primer día hábil tras la reunión de Toledo, Vox presentó una querella en el Supremo en la que acusaba al ministro del Interior de los delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación. La querella se basaba en que, según el juez Salgado, la destitución de Pérez de los Cobos había supuesto una «desviación de poder». Cinco meses después, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estimaba el recurso de Interior y resolvía lo contrario: que la destitución del coronel había sido legal y justificada, revocando la decisión del juez Salgado. El 8 de octubre el Tribunal Supremo inadmitía finalmente la querella de Vox. Pero el litigio no había sido inútil: le había servido para ganarse el favor de altos mandos de la Guardia Civil que simpatizaban con el coronel.
Otro cuerpo del Estado en el objetivo de Abascal era el de los funcionarios de prisiones. Con José Antonio Ortega Lara como fundador y referente moral, Vox buscó el respaldo de este colectivo de más 23.000 empleados públicos y asumió algunas de sus reivindicaciones, como la de convertirlos en agentes de la autoridad, homologándolos a los miembros de las fuerzas de seguridad. Con este fin, en octubre de 2020, Ortega Smith presentó en el Senado una propuesta de Estatuto de los funcionarios de prisiones, acompañado por Manuel Galisteo, el coordinador de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), una asociación de trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Como Jusapol —con la que compartió asesoría jurídica—, esta organización nació bajo la bandera de la equiparación salarial, en su caso con los funcionarios de las prisiones catalanas, transferidas a la Generalitat, y en las últimas elecciones sindicales de Instituciones Penitenciarias, en junio de 2019, quedó en tercer puesto.
Aunque Vox había creado su propio sindicato, Solidaridad, el partido no intentó extenderlo a todos los estamentos del Estado. En algunos casos, porque tienen prohibido sindicarse (como militares o guardias civiles) y, en otros, porque le resultó más eficaz atraerse a organizaciones inicialmente apolíticas surgidas al calor del malestar generado por los recortes aplicados por el Gobierno del PP durante la crisis. Con ellas comparte una defensa gremial y sin fisuras de la actuación de los funcionarios de uniforme y una oposición frontal a su patrón (al menos, mientras el que esté al mando sea un Gobierno de izquierdas).