Cuando Iván Espinosa de los Monteros ingresó en DENAES, la incubadora donde se gestaría Vox, quedó «decepcionado» al comprobar que casi nadie de su entorno apoyaba una fundación cuya misión era defender la nación española. Iván es hijo del cuarto marqués de Valtierra, expresidente de las compañías Iberia y Mercedes-Benz España, por lo que su «entorno» lo formaban personas que, «habiendo tenido más oportunidades que el resto, son incapaces de adquirir el más mínimo compromiso en retorno por todo lo que han recibido», según sus palabras. 1
Tras haber abandonado temporalmente la dirección de Vox para ganar dinero, Espinosa de los Monteros decidió en 2019 llevar al límite su compromiso y aparcar su negocio inmobiliario para dedicarse en exclusiva a la política. La operación era arriesgada, pues su esposa, Rocío Monasterio, optó por dar simultáneamente el mismo paso: abandonó su estudio de arquitectura para presentarse como candidata a la Comunidad de Madrid. Sorprendentemente, el resultado de la operación ha sido bastante exitoso para la economía familiar: con su salario de portavoz, dietas y complementos a cargo del Congreso, Espinosa ha logrado más que duplicar los 48.397,64 euros que declara haber percibido en 2018 por su actividad profesional. También Monasterio ha aumentado en más de un 163 % los 46.612 euros que reconocía percibir al año como honorarios profesionales. Lo que es seguro es que ambos tendrán que pagar más impuestos que antes pues, como señalaba Espinosa, quienes más han recibido, deben retornar más a la sociedad. En este caso a Hacienda.
El matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio no es una excepción. Al menos el 70 % de los 52 diputados de Vox, incluido el propio Abascal, cobran más en su nuevo rol de padres de la Patria que en su anterior actividad privada (y también pagan más impuestos). Según sus declaraciones oficiales de bienes y rentas, el porcentaje de sus ingresos que pagaron por el IRPF en 2018 —antes de ocupar un cargo público— fue del 16,2 % como media, lo que está ligeramente por encima del tipo medio que se pagó ese año en España. Sin embargo, la renta per cápita de los 52 de Vox fue de 47.390 euros, un 184 % más alta que la española (25.750). No todos los casos son iguales: nueve diputados de Vox no tributaron ni un euro de IRPF y otros siete pagaron menos del 5 % de sus ingresos. Hay casos llamativos, como el de Macarena Olona, quien —con 133.828 euros de renta— solo tributó el 13,1 %; o el de Carla Toscano, que pagó el 0,82 % de sus ganancias. A la vista de estas incongruencias, es posible que las declaraciones de bienes y rentas que hicieron los diputados de Vox tras recoger su acta sean, cuando menos, incompletas (y es seguro que nadie en el Congreso las comprueba).
A la vista de estos datos, resulta más difícil entender por qué Abascal califica a España de «infierno fiscal» y asegura que la actual legislación impositiva es «confiscatoria». 2 Una de las principales promesas electorales de Vox consiste en realizar «la mayor bajada de impuestos de la historia». En su programa económico, propone eximir de tributación los 12.000 primeros euros de renta, aplicar un tipo único del 20 % de IRPF hasta los 60.000 y del 30 % en adelante. Esta medida supondría aliviar en 15 puntos la presión fiscal a quienes ganan más de 5.000 euros al mes. 3 Además, promete bajar del 25 al 20 % el impuesto de sociedades (15 % para las pymes); suprimir los de patrimonio, donaciones y herencias (también entre tíos y sobrinos o entre hermanos); y eliminar la plusvalía municipal y la tributación de las pensiones. También propone exonerar de la cuota a los autónomos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo o estén de baja. E incluso abaratar unas multas de tráfico que considera recaudatorias.
Abascal reconoce que su reforma fiscal beneficia a las clases altas pero alega que, cuando «propones un sistema fiscal previsible, sencillo y razonable, los ricos dejan de tener incentivos para buscar esquemas de evasión fiscal». Y sostiene que muchas fortunas vendrían a España atraídas por sus bajos impuestos. 4 Para compensar la pérdida de ingresos, Vox propone recortar el «gasto político»: suprimir las comunidades autónomas (empezando por sus televisiones y cuerpos de policía propios) y acabar con las subvenciones estatales a partidos, sindicatos, patronal y fundaciones políticas. Hasta ahora, sin embargo, Vox no ha renunciado a un solo euro de las ayudas públicas que le han correspondido en ayuntamientos, diputaciones o parlamentos, incluidos los autonómicos.
Pero los recortes que propone Vox no acaban ahí. El programa con el que se presentó a las generales de abril de 2019, coordinado por el economista ultraliberal Rubén Manso, suponía desmantelar el actual sistema público de pensiones, que calificaba de «insostenible» y abocado a provocar una «guerra intergeneracional». La propuesta —basada en el modelo implantado en 1981 por la dictadura de Pinochet, que redujo las pensiones públicas a un papel residual en Chile— diseñaba como alternativa un modelo mixto, de capitalización y reparto, en el que la mitad de las cotizaciones irían forzosamente a engrosar fondos de gestión privada, con posibilidad de ser complementadas con aportaciones voluntarias para recibir pensiones más altas. Vox asegura que el Estado completaría la pensión de quienes no llegasen a un mínimo vital, pero no explica cómo se sostendría el sistema público con solo la mitad de las cotizaciones, quién garantizaría la rentabilidad de los fondos privados ni qué sucedería si estos quebrasen (la única previsión es destinar el 3 % de la cotización al pago de un seguro).
La reforma de las pensiones no es el único mecanismo por el que se produciría un gigantesco trasvase de recursos desde el sector público al privado. Según el programa de Vox, los padres recibirían un «bono escolar» —por el precio medio de una plaza en la escuela pública— con el que pagar el colegio privado de su elección, complementando de su bolsillo la diferencia. Del mismo modo, los pacientes que quisieran podrían acudir a un hospital privado y deducirse luego en el IRPF el coste equivalente en el sistema público de la prestación sanitaria recibida. ¿El objetivo? Que los ciudadanos «se descuelguen» de la sanidad pública y esta se limite a prestar los «servicios esenciales». No explica cómo se garantizarían los fondos mínimos imprescindibles para sostener una sanidad pública en competencia con la privada-subvencionada por unos recursos siempre escasos.
Aunque Vox no propone expresamente el copago, salvo para los inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal, lo anticipa al sugerir que, «si el Estado ofrece servicios cuyo uso es a precio cero, como la Sanidad, la demanda tenderá al infinito y será muy superior a la que se produciría si los usuarios tuvieran que pagar la totalidad o una parte de su coste». A la hora de ahorrar gastos, también propone recortar el subsidio de desempleo —«uno de los más generosos y prolongados de los países de la UE», en su opinión—, aunque no detalla la cuantía del recorte. Sí lo concreta en la indemnización por despido improcedente, que pasaría de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 meses, a 20 días con un tope de un año. 5
Pese a su propósito de adelgazar al Estado —privatizando todos los activos públicos que no se consideren estratégicos—, Abascal quiere introducir algunas nuevas prestaciones. Por ejemplo, una paga de 100 euros al mes por hijo a cargo (copia de la medida estrella del Gobierno ultraconservador polaco) 6 o la exención total del IBI para las familias numerosas. Todas sus propuestas sociales tienen dos características en común: están orientadas a incentivar la natalidad y no diferencian en función de la renta del beneficiario. Es decir, la paga de 100 euros sería la misma al margen del poder adquisitivo de quien la solicite, sea un banquero o su conserje.
Una muestra de la política económica de Vox se vio en el acuerdo entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, por el que la segunda dio su apoyo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022. El pacto fijó como objetivo la gratuidad de la enseñanza no obligatoria (infantil, grado medio y superior de FP y bachillerato), en un plazo de tres a cuatro años, para las familias cuyos ingresos no superasen el 50 % de la media regional. Pero el requisito de tener una renta baja lo introdujo el PP en la negociación para reducir el coste de la medida. Vox quería que la gratuidad fuera universal sin diferenciar el nivel de ingresos. 7
Si, como defendía el filósofo italiano Norberto Bobbio, la principal diferencia entre la derecha y la izquierda radica en que la primera considera la desigualdad entre las personas una situación natural que el Estado no debe tratar de corregir, mientras que la segunda la ve como un problema que los poderes públicos tienen obligación de mitigar, sus propuestas económicas sitúan a Vox en el extremo de la primera. Tras denunciar el «creciente igualitarismo y la hipertrofia de la doctrina de los derechos humanos», Buxadé se mofa de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas propongan como meta la «reducción de las desigualdades». En su opinión, se trata de «un concepto indeterminado, puro significante carente de significado. ¿Reducción hasta qué punto? ¿El objetivo es la plena igualación de todos los seres humanos? ¿Se trata de reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, morales, espirituales; o también las físicas o biológicas?». 8 Basta leer los informes de Foessa, una fundación impulsada por Cáritas, la organización de la Iglesia católica dedicada a la acción social, para conocer el significado del dramático aumento de la desigualdad y la exclusión social en España en los últimos años.
El verdadero pilar ideológico del programa económico de Vox es el derecho a la propiedad privada, un «derecho natural» que no admite límites y que se considera «base del desarrollo familiar y social y fundamento último de nuestra Civilización», 9 en palabras de Buxadé. Solo desde esta concepción se entiende que Vox presentara, el 11 de noviembre de 2021, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que prorrogaba la autorización a los jueces para que, de manera temporal y excepcional, pudieran suspender, si lo consideraban pertinente, el desahucio de familias vulnerables (víctimas de violencia de género, adultos con menores o dependientes a cargo) en situación de «extrema necesidad», sin alternativa habitacional, siempre que el dueño de la vivienda fuera un gran propietario con más de 10 inmuebles y que la entrada en la vivienda se hubiera producido sin intimidación ni violencia contra las personas. A la salida del tribunal, Olona acusó al Gobierno de atacar la propiedad privada y proteger a «criminales antisistema que son sus potenciales votantes». Antes de dedicarse a la política, la dirigente de Vox vendió las acciones que tenía en la agencia inmobiliaria propiedad de su familia.