Pardo y el expediente disciplinario
contra Zaida
La persecución flagrante, plagada de burdas irregularidades cometidas por el general y su camarilla, habría podido detenerse si alguien, desde las más altas instancias del propio Ejército o desde el Ministerio de Defensa, hubiera ordenado el cese de una lamentable letanía de despropósitos. Sin embargo, no se hace nada: el delirante trasiego del «papelito» sigue su curso, ahora en forma de expediente disciplinario contra Zaida.
En vista del cariz que toman los acontecimientos, y que tiene en contra el auto de la juez que ya la ha condenado de antemano, Zaida decide cambiar de abogado y contratar los servicios de uno de los mejores peritos calígrafos de España, pagado de su bolsillo. No se puede hacer un peritaje público, porque la juez lo ha considerado innecesario. Nótese que el estudio caligráfico es el que permite determinar la autoría del garabato en el «papelito» de la discordia, de manera que no sólo no resulta superfluo, sino que se puede afirmar que se trata de la prueba definitiva para calificar los hechos.
El dictamen del perito calígrafo encargado por Zaida es contundente. Afirma «con certeza que ninguno de los manuscritos señalados son de la autoría de doña Zaida Cantera de Castro». La nueva prueba obliga a reabrir el caso. De repente, la juez sí considera necesario un estudio grafológico de la solicitud de permiso, y para ello encarga un contraperitaje a los expertos calígrafos de la Guardia Civil solicitando que «demuestren» que Zaida «es la autora» de la alteración del «papelito». Los expertos entregan su informe el 11 de marzo de 2014. El estudio, menos exhaustivo que el realizado por el perito civil, concluye que sólo un palote y un círculo no permiten determinar quién es su autor y que, por tanto, no pueden aseverar que Zaida sea la autora.
Para sorpresa general, los peritos del Instituto Armado destacan un hecho crucial: las dos rúbricas que figuran en el «papelito», la del coronel Sánchez Urbón y la del teniente coronel tutor Salas Canalejo, han sido realizadas por la misma persona. Esto sí constituye un delito, el de usurpación de identidad y, además, según los expertos, invalida el documento. Al día siguiente, y para evitar que el asunto le estalle en las manos, la comandante juez instructora dicta un nuevo auto en el que reconoce que no puede probar que la capitán Zaida sea la autora de la «falsificación» denunciada por el general Pardo de Santayana. Al no poder demostrar su culpabilidad, se la debe considerar inocente. Justo lo que viene a decir la ley y lo contrario de lo que se ha hecho hasta entonces. ¿Qué hace la juez en este momento de una historia burocrática desquiciada que sobrepasa la imaginación hasta del más inspirado guionista de cine? La instructora remite las conclusiones de los peritos de la Guardia Civil, por si su hallazgo fuera susceptible de constituir un delito de falsificación de firmas. Toca montar el teatrito de nuevo.
En lugar de llamar a declarar a los posibles autores del delito, el nuevo instructor de la «presunta falsificación» de las firmas cita como testigo al coronel Sánchez Urbón, quien reconoce ante la juez que autorizó al teniente coronel Salas Canalejo a firmar en su nombre. Vamos, que le dio permiso para falsificar su firma, o sea, para delinquir. Nadie pregunta, al parecer, por qué no figuran las iniciales P. O. (por orden) o P. A. (por ausencia) junto a esa firma falsa. No interesa. El asunto se da por zanjado. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque dicha declaración del coronel Sánchez Urbón contradice la versión dada por el teniente coronel Salas en el procedimiento seguido contra Zaida. Contrastan las perífrasis que el sistema encuentra frente a los errores, mentiras y encubrimientos llevados a cabo por altos mandos, frente a la saña implacable con que Zaida es asediada, siempre a gran velocidad.
A la luz de estos hechos, el general Pardo de Santayana tiene difícil condenar a la capitán. Esto representa un grave problema para él. Un general de su estirpe no puede equivocarse de manera pública y notoria y sufrir tal descrédito. Si no ha habido falsificación, si no hay ningún acto remotamente ilegal cometido por la capitán, quedarán al descubierto sus maniobras para fabricar un delito del que acusar a Zaida.
Transcurre el tiempo y llega el mes de marzo. Poco antes de la Semana Santa de 2014, el general Pardo se enfrenta a dos graves problemas. En primer lugar, necesita a toda costa que Zaida sea incriminada en algo, así sea remotamente, para salvar la cara y que no quede en evidencia la persecución. El segundo atañe directamente a su carrera, paralizada por mi intervención. A finales de 2014 presenté una tanda de preguntas parlamentarias sobre el general Pardo. Interpelé al ministro para saber si, a pesar de que numerosas evidencias acreditaban que el general parecía encabezar una operación de acoso contra una subordinada, aún pretendían ascender a Ramón Pardo de Santayana al puesto de general de división, como iba a ocurrir, al parecer, en los meses siguientes. La pregunta concluía de este modo:
Viendo que el general de brigada Ramón Pardo de Santayana ha tomado parte activa en actuaciones contra la capitán denegándole todo lo solicitado sin ningún tipo de argumentación, presionando activamente para que se le abra una investigación por delito y otra por falta grave basadas en hechos infundados y, en suma, con un comportamiento que podría constituir acoso laboral o mobbing, ¿es cierto que el Gobierno piensa ascenderle a general de división? ¿No cuenta el Ejército de Tierra con otros generales con valores que se merezcan el ascenso?
El 7 de abril de 2014, más de cuatro meses después, el ministerio contesta en tres párrafos, de los que sólo dos líneas responden a lo preguntado: «Se informa de que los requisitos para ascender a un Oficial General son los reseñados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y la normativa de desarrollo».
Pese al desprecio evidente a la labor de los diputados, las preguntas parlamentarias indican al ministro que su posible decisión de promocionar a Pardo creará una polémica política, que no tiene ningún interés en fomentar. El ministro decide paralizar el ascenso del general hasta ver cómo se resuelve el expediente de Zaida, que ha ido ganando amplitud burocrática y repercusión en los medios. No obstante, la medida del peso que tiene este militar en el seno del Ejército de Tierra queda demostrada cuando el general Domínguez Buj, el JEME, decide paralizar todos los demás ascensos dentro del generalato, para impedir que el general «aparcado» no pierda antigüedad frente al resto del Ejército de Tierra. Decenas de hombres, sobre todo generales de brigada y coroneles, quedan en el limbo durante meses.