Fracasa el último intento de hacer justicia
El 13 de mayo de 2014, Zaida queda «limpia» de todas las acusaciones y denuncias falsas que se habían presentado contra ella por un supuesto delito de falsificación y una supuesta falta grave por deslealtad, y de los intentos de la instructora de la falta grave, la capitán Amich, capaz de jurar que los burros vuelan, con tal de incriminar a la capitán para dar la razón al general Pardo.
Resuelto todo ello, Zaida decide buscar justicia por las sucesivas prevaricaciones de las que, a su juicio y al de su abogado, ha sido víctima. Presenta querellas contra el general Pardo de Santayana; el coronel Sánchez Urbón, jefe de la Escuela de Guerra de Zaragoza; Salas Canalejo, teniente coronel tutor en el mismo centro, y contra el teniente coronel secretario Barrera Mejías. Les acusa de persecución, falso testimonio, abuso de autoridad y deslealtad. Su base y argumentos son aplastantes, las propias declaraciones de los acusados durante los procesos llevados a cabo contra la capitán se contradicen entre sí, además de que los acusados modifican las mismas en uno y otro proceso, a tenor de las pruebas y datos que Zaida va presentando y que desbarataban sus afirmaciones.
Es la guerra. El JEME cambia radicalmente su postura. Ya no hay maniobras conciliadoras. En la siguiente reunión conmigo acusa abiertamente a Zaida de estar desequilibrada y de sufrir un desquicie que le lleva a denunciar a todos aquellos que pretenden ayudarla. Según el JEME, el general Pardo de Santayana la denunció para hacerle un favor… Sí, el favor de acabar con su carrera, el favor de enseñarle que un subordinado jamás debe denunciar a un mando por acoso, el favor de grabarle a fuego en su alma que una buena militar es ante todo sumisa y servicial ante las opresiones, a la par que connivente con los delincuentes y corruptos uniformados. Para el JEME, Zaida sufre un trastorno que la convierte en «querulante sistemática agravada por las consecuencias», según le ha explicado un psicólogo.
Los cuatro denunciados son imputados en el caso, que instruye el coronel Eduardo Reigadas Lavandero. Sin embargo, rápidamente queda claro cómo se va a desarrollar la causa. La capitán, temiendo que se den situaciones tan aberrantes como las del primer juicio, solicita la grabación de las sesiones. La petición es denegada, con la excusa de carecer de medios de grabación. En el mismo edificio se grabó el juicio contra Lezcano. ¿Así está el Ejército español de verdad? ¿El JEME no encuentra a sus oficiales y no tiene medios para grabar los juicios? ¿Acaso alguien puede creerse algo así? Parece que nadie quiere dejar constancia de lo que va a pasar en los juzgados: opacidad absoluta. Los hechos posteriores demostrarían el porqué. Hay mucho en juego y los intereses empiezan a aflorar.
El proceso está plagado de anomalías. El fiscal desiste de preguntar a los imputados para conocer lo sucedido desde el primer momento. Lo mismo sucede con el juez. ¿Por qué un juez decide imputar y luego no formula pregunta alguna? ¿Se trata de salvar las apariencias y cerrar las puertas a posibles recursos? Incluso el juez prohíbe que se mencionen capítulos del caso y ordena al abogado de Zaida y al abogado del Estado —y así se lo hace saber— que no admitirá pregunta alguna sobre los hechos denunciados al JEME y al ministro ocurridos en Sevilla. «No quiero saber nada de Sevilla, nada de nada, ni lo mencionen», les llega a decir. Cuando el turno de preguntas recae en el abogado de Zaida los imputados se niegan a responder. Tan sólo Pardo de Santayana, el primero en declarar, acepta contestar a las preguntas del letrado… para cambiar nuevamente de versión y cubrirse las espaldas a costa, en esta ocasión, del coronel Sánchez Urbón, afirmando que el propio coronel le advirtió en estos términos: «Mi general, no dé parte de la capitán, que nos vas a meter en un lío». De nuevo, la capitán que atacaba a tenientes coroneles, como quiso demostrar Lezcano en su juicio, es ahora una perseguidora también de generales. La maniobra es la misma de aquel juicio, puro Napoleón: la mejor defensa es un buen ataque.
Las declaraciones duran cinco días, del 23 al 27 de junio de 2014. Sorprendentemente, en tan sólo una jornada, la del lunes 30 de junio, el coronel instructor Reigadas redacta el auto de catorce folios, en el que desimputa a los tres acusados con mayor graduación, de los cuatro imputados. Esta celeridad choca con los diez días que se necesitó para redactar cuatro folios en el caso de las firmas falsificadas en el «papelito».
Para hacer honor a la norma en el «caso Zaida», la resolución judicial es una chapuza de principio a fin. Si Zaida acusa a los imputados de persecución, deslealtad, perjurio y abuso de autoridad, el auto desimputa a Pardo de Santayana por no estar implicado en la falsificación de las firmas del célebre «papelito». Falsificación que, por otra parte, la capitán siempre ha negado que existiera, y que ni mucho menos ella habría cometido.
También aduce el auto que para el general Pardo de Santayana «el hecho de estar imputado es muy lesivo para su carrera». Por lo visto, la carrera del general Pardo está por encima de la de cualquier otro militar y, además, esta situación procesal de imputado es «siempre incómoda», como se asegura, por lo cual procede a quitarles de encima a Zaida. No hubo tanta premura, ni situación incómoda, ni era muy lesiva para la carrera de la capitán estar imputada o acusada en uno y otro proceso durante más de dos años. Tan sólo se mantiene esta imputación para el teniente coronel Barrera Mejías, a la espera de comprobar si modificó el «papelito» que, como ya se ha visto en capítulos anteriores, carece de cualquier validez.
A la vista de todo esto, no es de extrañar que en diciembre de 2014 el coronel instructor Reigadas Lavandero fuera ascendido a general de brigada. En el Ejército español siempre se pagan con generosidad los «servicios prestados». En un principio no se encontraba entre los elegidos para el ascenso, tras su «desimputación express», no cabe duda de que es un hombre que acumula méritos y cualidades por los que merece el ascenso a general.
Tras esto cabe preguntarse cuán justa es la justicia militar cuando el ministro de Defensa, el jefe del Ejército Español, dos jueces y dos fiscales han tenido sobre su mesa tres denuncias por delitos tan graves como abuso de autoridad, falsificación documental, acoso y persecución contra un militar y civiles, divulgación de documentación clasificada protegida por ley, coacción y presiones a médicos para que modificasen sus informes, prevaricación, todo ello documentado con pruebas, y que ninguno de ellos haya hecho absolutamente nada. Sin embargo, todo se movilizó a consecuencia de la modificación de dos números en un «papelito» sin importancia. En la balanza de la justicia militar, las estrellas, los apellidos y los clanes internos pesan mucho más que los hechos y las leyes. Por eso se puede afirmar sin temor a exagerar un ápice que la justicia militar es, a día de hoy, un mecanismo de impunidad, arbitrariedad e injusticia dentro de las Fuerzas Armadas y que, mientras no se solucione, será imposible afirmar que los militares españoles disfrutan del derecho fundamental a tener un juicio justo y con garantías.