No era un día cualquiera. El miércoles 4 de marzo se había iniciado la esperada audiencia de formalización del caso Penta, la que se transmitió en directo por televisión. Miles de chilenos pudieron ver lo que estaba ocurriendo en el moderno edificio en las avenidas Pedro Montt con Manuel Rodríguez, en Santiago, y seguir los acontecimientos minuto a minuto.
Incómodo ante una situación que nunca antes había vivido, Carlos Eugenio Lavín reaccionó enojado contra el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, a la salida de la sesión en la que se le anunció que sería formalizado, junto a su socio Carlos Alberto Délano y a otros directivos que formaban parte del grupo Penta hasta ese momento.
«Para ser un defraudador profesional, yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte; entonces, oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar», comentó irritado.
«Nos presenta como una mafia, Al Capone o algo parecido», agregó Carlos Eugenio Lavín. «No conoce Penta el fiscal. Se formó una novela propia que no corresponde a la realidad.» Y fue tajante para cortar las preguntas de los periodistas: «No me hablen más de política, no me interesa».
En la mañana del jueves 5, Carlos Alberto Délano, a la entrada del Centro de Justicia, leyó una declaración. Era la primera vez que sacaba la voz en público. Se advertía molesto con la frase del fiscal Carlos Gajardo en la jornada anterior, cuando calificó al grupo Penta como «una máquina para defraudar al fisco» y habló de «una cultura de la evasión de impuestos». Funcionarios en todos los cargos y parientes, dijo Gajardo, se han visto involucrados en boletas ideológicamente falsas, «desde el más alto ejecutivo hasta el júnior».
En un esfuerzo por parecer sereno, Délano manifestó que los trabajadores de sus empresas estaban ofendidos por sus palabras. «Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal», apuntó Délano frente a las cámaras de televisión, y dirigió su mensaje a los «más de treinta mil empleados de Penta y sus familias», dado que «mi lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia».
Y continuó: «Quiero decir que Empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, y proyectos inmobiliarios para miles de personas». Antes de entrar a la sala remató: «Quiero decir que Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile».
Supe un tiempo después que la máquina de defraudar al fisco llegaba tan lejos que los Carlos les pedían boletas hasta a los cuidadores que con frecuencia les lavaban los autos en la avenida El Bosque. Todo esfuerzo valía para aumentar números en la contabilidad.
DETRÁS DE LA JERGA
El nuevo sistema de justicia chileno es joven. Lleva diez años de aplicación en la Región Metropolitana y partió en Coquimbo y La Araucanía en diciembre de 2000, después de que entró en vigencia el también nuevo Código Procesal Penal, que dejó atrás al antiguo que venía desde 1906.
Por eso, aunque resultó impactante ver a los prósperos hombres de Penta sentados —literalmente— en el banquillo de los acusados, al comienzo no era fácil comprender el detalle de lo que estaba sucediendo en estos casos que han provocado escándalo nacional. Se suelen producir naturales confusiones al creer que «formalizado» es similar a «condenado» o que la «medida cautelar» implica castigo definitivo. Pero más allá de las palabras de la jerga judicial, los hechos referidos por los fiscales esa primera semana de marzo marcaron un elocuente hito.
Las palabras del abogado Julián López, defensor de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, orientadas a disminuir la intensidad de las posibles «medidas cautelares», resultaban poco convincentes ante los hechos que mostraron los fiscales. López es socio del actual decano de Derecho de la Universidad de Chile —elegido en abril de 2015—, Davor Harasic Yaksic, quien se encontraba presente en la sala. En el estudio que lleva el nombre de ambos, Harasic & López, trabaja también Iván Harasic Cerry, hijo del profesor y decano.
«Hay un arreglo mañoso para alterar la verdad», alegó Julián López. «Mis representados son personas respetables que han incurrido en irregularidades en lo que tiene que ver con financiamiento de campañas políticas y normas de carácter administrativo, y que han reparado en todo lo que han podido el mal causado», argumentó. Y a continuación López agregó: «Lo único que piden es que se les aplique la ley sin mirar su condición social, sin los prejuicios que tiene la calle o la fiscalía».
Aunque los delitos económicos en general y los tributarios en particular no tienen penas altas en la legislación chilena, se advertía que estábamos ante un fenómeno distinto que remecería el mundo de los negocios en el país. Y también llegaría a la política.
IMPUTADOS Y ELEFANTES
Las «cautelares» son «medidas restrictivas o privativas de libertad personal que decreta un tribunal de competencia penal a solicitud de la parte interesada». Estas tienen que tener fundamentos que las justifiquen y se orientan a asegurar el resultado en la investigación o a «velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima».
Entre esas medidas está la prisión preventiva, el arresto domiciliario total o el nocturno, las firmas periódicas y el arraigo o prohibición de viajar. Así también, dependiendo de los casos, hay otras como prohibir a un imputado la concurrencia a ciertos lugares o acercarse a determinada persona. Y algunas que implican límites a actividades económicas.
El Ministerio Público —que es lo mismo que la Fiscalía de Chile— había llegado a un punto culminante y en esas jornadas comunicó a los «imputados» —las personas a quien el fiscal del caso les atribuye participación en un delito— sobre su situación. En eso consiste la «formalización», otro término que pasó a ser del día a día en estos casos. La fiscalía la define como «la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados». Precisamente la audiencia tenía ese sentido.
Ese sábado 7 de marzo la justicia, representada por el juez de garantía Juan Manuel Escobar, terminó con el suspenso de cuatro días y de varios meses. Señaló que los «antecedentes son suficientes para seguir un proceso penal en contra de los imputados» y dispuso medidas cautelares para los diez formalizados, incluyendo dos ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Todos quedaron con medidas cautelares. Seis debían cumplir la más restrictiva, «prisión preventiva». Ninguno podría salir del país. Los dos socios de Penta y el ex subsecretario Pablo Wagner debieron retirarse esposados al presidio Capitán Yáber. El ex fiscalizador del SII Iván Álvarez volvía también a ese lugar donde ya se encontraba recluido.
La investigación seguiría su curso, mientras resonaban las palabras del fiscal nacional, Sabas Chahuán: «La ley es igual para todos y queremos que la ley deje de atrapar mariposas y dejar pasar elefantes».
El Ministerio Público es una entidad autónoma encabezado por el fiscal nacional e integrado por fiscales en las distintas regiones del país. Esto significa que no depende de otro poder del Estado —ni Ejecutivo, Legislativo ni Judicial—, aunque la designación del fiscal nacional nace de una quina que presenta la Corte Suprema a la presidenta de la República y debe ser ratificada por dos tercios del Senado. Este punto marca cierta incertidumbre, porque el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien tomó la investigación del caso Penta en sus manos en febrero de 2015, termina su período de ocho años en noviembre y no puede ser reelegido.
La función de la fiscalía es «dirigir en forma exclusiva la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos».1
A diferencia del antiguo sistema, en que los jueces investigaban y juzgaban, en la nueva justicia son los fiscales quienes llevan la investigación y dirigen los organismos policiales para establecer los delitos. Aunque normalmente su actividad se inicia después de una denuncia, la fiscalía también puede actuar «de oficio» —es decir, por iniciativa propia—, salvo en los delitos tributarios que requieren en general una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, lo que puede constituir un freno a la investigación, como se ha visto en los últimos meses.
Cuando culmina la etapa de investigación, viene el juicio, que puede tener la modalidad de oral, abreviado o simplificado, dependiendo de la pena que se considere y de la voluntad del imputado para reconocer el delito del que se le acusa.2 Para que pueda ser sometido a juicio abreviado, requiere reconocer la culpabilidad del delito que se le imputa y reparar el daño causado.
DESDE IMPUESTOS INTERNOS
La historia que dio origen a esta verdadera serie por entregas empezó en enero de 2013, aunque los hechos que serían delitos, según el Ministerio Público, se iniciaron mucho antes. La investigación empezó como consecuencia del denominado caso FUT (Fondo de Utilidades Tributables) que involucró a ex empleados de Impuestos Internos y provocó un daño al fisco de cerca de tres mil millones de pesos.
El ex fiscalizador Iván Álvarez Díaz, la ex funcionaria Mitzi Carrasco y otros seis contadores, entre los que estaba su pareja, Sergio Díaz Córdoba, enfrentan condenas por este caso, cuya investigación estuvo a cargo de los fiscales de la zona Oriente Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos.
Al comienzo, pocos entendían lo que pasaba, aunque detrás del telón se había fraguado una sórdida historia de favores, coimas y fraudulentas operaciones que tenían como epicentro el SII. A poco andar, se fueron develando insólitas situaciones, la trama se fue complicando y lo que parecía increíble al principio tomó visos de realidad: dueños y directivos del poderoso grupo Penta aparecieron envueltos en el escándalo.
El denominado caso FUT aportó así el hilo que desembocó en el huracán que sobrevino sobre el grupo Penta y develó sus triquiñuelas para acumular más dinero y las acciones que favorecieron a políticos, la mayor parte de la UDI, el partido que contaba con las simpatías de sus dueños.
Después vendría mucho más con las comprometedoras «aristas» que fueron surgiendo en la medida en que el Ministerio Público avanzaba en la investigación. Y no fue solo Penta sino también Soquimich, donde el ex yerno del general Augusto Pinochet repartía dineros a moros y cristianos dentro del arco político, con tal de mantener su influencia y sus riquezas logradas a costa del Estado de Chile, gracias a las privatizaciones de los años ochenta.
Las cantidades en juego fueron en aumento y los nombres de personajes parecían salir de una caja negra en el día a día de las informaciones de diarios y radios, envueltos en enredados mecanismos para evadir impuestos y para obtener dinero con que financiar campañas electorales. El asunto empezó a captar la atención del país, mientras hasta la televisión, que pocas veces acogía las noticias económicas, integró a sus pautas habituales informaciones sobre grupos, boletas y facturas.
Con el transcurso de los años, desde fines de los ochenta —como se veía en el capítulo anterior—, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano se habían convertido en un grupo potente. Demostraron tener ojo para el negocio y saber actuar dentro de la economía especulativa que se instaló en Chile. Comprar barato y vender caro era una de sus premisas y sus resultados quedan a la vista. A la vez, se habían rodeado de una imagen «respetable» entre los empresarios que destacaban sus figuras; recibían premios y aparecían haciendo beneficencia, uno como presidente de la Teletón, el otro encabezando la Fundación Banvida.
Que los Penta dieran plata a candidatos de la UDI no es una gran sorpresa para quienes han seguido estos temas, aunque resulta ilustrativo comprobar cómo y de qué manera lo hacían. Lo que más llama la atención al adentrarse en el submundo de operaciones financieras y tributarias que fueron saliendo a la luz es que Délano y Lavín, además del enriquecimiento que lograron con sus empresas, recurrieran —según lo han establecido los fiscales— a todo tipo de martingalas al margen de la ética y de la ley para lograr evadir impuestos y ganar unos cuantos millones más sobre los suculentos ingresos con que ya contaban. Y en eso estuvieron también varios directivos y ejecutivos del grupo durante un largo tiempo.
Para comprender mejor la trama de esta historia hay que ir por partes y recordar algunos hechos.
UN OFRECIMIENTO CURIOSO
Iván Álvarez Díaz trabajaba en la sede de calle General del Canto del Servicio de Impuestos Internos, en Providencia, sede de la Dirección Regional Oriente. Desde hacía un tiempo se olía en las oficinas que algo raro ocurría. Los rumores se convirtieron en hechos y estos en formalizaciones y sentencias para los ex funcionarios implicados, pero a la vez, en pistas para una nueva y más espectacular investigación.
El nombre «Carlos» parece ser una tónica en este caso. Carlos son los dos dueños de Penta; Carlos Gajardo, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, que inició las investigaciones, y también se llama Carlos uno de los primeros abogados que entró en esta historia cuando todavía ella estaba en las penumbras.
Se trata de Carlos Cortés, quien, por lo que se ve, es un personaje multifacético: hoy defiende al gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac; al senador de la UDI Jaime Orpis en la arista Corpesca, que quedó como investigación aparte por decisión del fiscal nacional, Sabas Chahuán; también al dirigente de la UDI Patricio Cordero, en el caso Caval. Pero el mismo Cortés, asociado con su colega Sergio Rodríguez Oro, fue desde antes que reventara la investigación del FUT el abogado del ex funcionario de Impuestos Internos Iván Álvarez Díaz.
Un día de enero de 2013, cuando nada se sabía de todo esto, Carlos Cortés visitó al entonces fiscal jefe de Providencia y Ñuñoa, Carlos Gajardo, en su oficina de la Fiscalía Oriente en la avenida Irarrázaval. Llegó con un ofrecimiento curioso. Tenía un cliente que era fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que quería «autoinculparse» de un posible «delito informático» que repercutió en una pérdida para el fisco, en un principio estimada en mil millones de pesos, pero que después triplicó esa suma.
Cortés pretendía sanear la situación de Iván Álvarez, sin dar nada a cambio, porque el entonces funcionario se había gastado el dinero y no tenía con qué responder. El fiscal no accedió. Carlos Cortés orientó sus pasos en otra dirección y llegó hasta la Fiscalía de Las Condes, donde formuló la autodenuncia de Álvarez ante el fiscal José Ignacio Reyes. Era solo el comienzo y hasta ahí nadie imaginaba que la investigación llegaría hasta el poderoso grupo Penta.
LA INSISTENTE MARISA
Los datos de la abogada Marisa Navarrete Novoa fueron un elemento clave para destapar la olla de la corrupción existente en ese servicio público. Pero entre las cabezas que han rodado en Impuestos Internos desde entonces, la primera fue la suya. En ese momento era la jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio. Oriunda de Concepción, estudió en la Universidad Católica y obtuvo un magíster en Derecho Penal de la Empresa y los Negocios en la Universidad de Chile. Entre 2003 y 2012 fue fiscal del Ministerio Público.3
A principios de 2012, Marisa Navarrete postuló a un concurso público externo del SII y fue seleccionada. Su experiencia como fiscal la llevó a jugarse por hacer la denuncia cuando una de las integrantes de su equipo le mostró los antecedentes que comprometían al funcionario Iván Álvarez Díaz en acciones de cohecho y fraude tributario en lo que llegó a ser el caso FUT.
Por el cargo que desempeñaba, todos los informes sobre lo que podían ser potenciales querellas o denuncias debían pasar por sus manos. Ella tenía que firmarlas antes de que llegaran al subdirector jurídico, que en ese tiempo era el abogado especialista en derecho tributario Gonzalo Torres Zúñiga.
El 24 de mayo de 2013, Marisa Navarrete recibió un informe que le pareció importante y se lo asignó a Carolina Rey, una abogada que trabajaba con ella, pero la joven fue nombrada jefa de gabinete del director interino Alejandro Burr y le devolvió el documento un mes y medio después sin haberlo leído. Marisa Navarrete se lo encargó entonces a otra integrante de su equipo, Carolina Valdés, quien lo analizó con prontitud y le advirtió: «Hay funcionarios del Servicio metidos, funcionarios públicos involucrados. Está Iván Álvarez, fiscalizador del tercer piso».
Tras estudiarlo y percibir que, a su juicio, había delito funcionario de cohecho, Marisa Navarrete envió un e-mail al subdirector Torres, indicando que se debía efectuar una denuncia contra Álvarez y Mitzi Carrasco, funcionaria de Ñuñoa. Le remitió también un borrador para presentar. En total, el informe incluía a 122 contribuyentes, de los cuales solo 47 habían prestado declaración. A la jefa de Litigación Penal la situación le pareció gravísima, pero pasaron los días y no tuvo respuesta.
Ante eso, fue a la oficina del subdirector Torres, quien se encontraba con el jefe del departamento de defensa Andrés Vio y con Carolina Rey, a preguntar por el asunto.
—¿Qué pasa con la denuncia? —consultó Marisa Navarrete.
—El director no quiere denunciar, porque «no se quiere echar a los gremios encima» —cuenta que le contestaron.
«Me pareció muy grave esa respuesta», comenta más de dos años después. Y relata que manifestó su preocupación a sus jefes. «Les dije que esto no podía ser. El director es ingeniero y nosotros abogados y debíamos hacerle ver a Alejandro Burr —el director interino de entonces— las consecuencias de no denunciar.» El borrador de informe lo había elaborado en mayo de ese año 2013 y este episodio «debe haber sido en julio». Sostiene que le dio muchas vueltas a este tema y que «para un funcionario público es obligación denunciar un delito».
ANTECEDENTES A LA FISCALÍA
Marisa Navarrete se sentía mal con la situación que estaba viviendo, desde un punto de vista ético y de su obligación profesional y de funcionaria pública; frustrada por ver que un Servicio que tiene tanta responsabilidad como Impuestos Internos no tomara cartas en un asunto de esa magnitud. Percibía que era un caso serio de corrupción de funcionarios, que no se podía dejar pasar.
Tras intentar de nuevo sin resultado que sus jefes la escucharan, Marisa Navarrete tomó el teléfono y llamó a Carlos Gajardo, que aún era fiscal adjunto jefe de Ñuñoa y Providencia. Lo había conocido en torno a los casos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y del lucro en las universidades, los que ambos habían investigado. Tras explicarle en resumen lo que ocurría, lo fue a visitar a su oficina, «con la excusa de ir a ver las otras causas».
La ex jefa de Litigación Penal del SII le contó a Gajardo sobre el caso y le dio los RUT de las personas involucradas. El fiscal solicitó más antecedentes a Impuestos Internos. Según Marisa Navarrete, Gonzalo Torres se sorprendió cuando el fiscal Gajardo le mandó a pedir, «a raíz del delito tributario, todos los antecedentes». Eso significaba no solo los 47 contribuyentes que ya se habían chequeado en el SII, sino los 122 que hasta ese momento tenían registrados. La Dirección del SII finalmente presentó querella contra los ex funcionarios en agosto de 2013.
«De ahí en adelante no pasó nada más por mí», cuenta Marisa Navarrete. Los últimos meses de ese año fueron para ella hostiles dentro del Servicio de Impuestos Internos.
«Me argumentaron que mis informes eran malos y que tenía problemas con los fiscalizadores. Nada de eso era cierto», afirma. Perdió su trabajo en Impuestos Internos en diciembre de 2013, pero eso ya lo veía venir. En el proceso de calificaciones funcionarias, sus superiores le bajaron sus notas, las que antes habían sido óptimas y la pusieron «al borde de la lista 2», lo que para los empleados públicos es visto como un castigo. La intentaron trasladar como simple abogada a una oficina regional, cuenta, pero ella se negó. «Entonces voy a disponer de tu cargo», recuerda que le dijo Gonzalo Torres, el subdirector jurídico. Como estaba en régimen de contrata —por doce meses—, asegura que estos episodios fueron el motivo para poner fin a su trabajo. Hoy ejerce la profesión en forma particular en su estudio en el paseo Huérfanos, donde nos encontramos en agosto de 2015.
En septiembre de 2013, el Ministerio Público inició la investigación sobre el FUT en forma oficial, a cargo de Carlos Gajardo, quien en esa época fue designado fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente.
Tras acuciosas investigaciones de varios meses, el fiscal Gajardo empezó a tirar el hilo que llevaría a provocar el huracán. El 30 de junio de 2014 abrió una nueva causa: el caso Penta. Pero hasta el 30 de diciembre de ese año estuvo bajo secreto, por ley de lavado de dinero, por lo que solo hubo algunos trascendidos.
Poco antes de alejarse del SII, Marisa Navarrete envió un e-mail de despedida a los jefes de las oficinas regionales en el que les explicó su punto de vista sobre las razones de su partida y la demora en presentar la denuncia. Era diciembre de 2013.
A través de un cuestionario que le formuló el diario La Segunda,4 el ex subdirector Gonzalo Torres rechazó de plano la acusación de la abogada Navarrete, cuando ella dejó el Servicio de Impuestos Internos. «Es absolutamente falso y dos pruebas lo demuestran. La primera es que el tema fue ingresado a la Contraloría Interna para investigar posibles infracciones administrativas. La segunda es que el SII presentó la denuncia a la fiscalía y posteriores querellas, siendo que podríamos haber realizado el cobro civil de impuestos o perseguido la aplicación solo de las multas; sin embargo, teníamos absolutamente claro que correspondía hacer la denuncia dada la gravedad de la materia».
Según Torres, «el SII realizó todas las acciones que debía. Las autoridades ni las asociaciones gremiales del SII avalan ningún delito funcionario».
La versión de Marisa Navarrete es otra. Ella insiste en que el SII demoró la presentación de la denuncia y que la dirección no habría planteado las querellas de no mediar la acción de la fiscalía.
CON SUELDO DEL GRUPO
Cuando dejó el SII, Marisa Navarrete no imaginaba las vinculaciones que traería el caso FUT y las repercusiones que tendría. No aparecía aún el grupo Penta en el tapete ni la relación con la UDI. Ella solo había advertido la corrupción de los funcionarios de Impuestos Internos involucrados en el caso FUT y esa era su inquietud central. Pero con ojos de hoy, tras observar lo ocurrido, piensa que toda esa demora no fue casual. La estrecha relación que tenían Jorge Valdivia e Iván Álvarez con el grupo Penta —como se ha demostrado después— son para ella elementos clave que explicarían esa tardanza. «¡Si recibían sueldo de ese grupo!», comenta la abogada. Y recuerda que esto sucedía en el último año de la administración de Sebastián Piñera, por lo que «es muy posible que quisieran postergarlo para dejar el asunto para el siguiente Gobierno».
«Jamás me imaginé en qué iba a terminar el caso. Si lo hubiera sabido, con mayor razón denuncio», dijo el 10 de noviembre de 2014 a The Clinic on line.
Según Marisa Navarrete, en el caso Penta, el objetivo de pedir boletas o facturas por parte de las empresas es evidente: incluirlas en la contabilidad y así disminuir la base tributaria. «Son maniobras destinadas a aumentar gastos y, con eso, rebajar impuestos. El dolo es clarísimo», indica.
La actitud de la abogada Navarrete no solo le significó perder su cargo en el SII. Sus palabras a los medios de comunicación después de dejar el Servicio molestaron a otros personajes, como su colega defensor de Soquimich y militante UDI Gabriel Zaliasnik, presidente de la Comunidad Judía de Chile, quien en una entrevista en Radio Cooperativa,5 en marzo de 2015, le enrostró su condición de pareja del fiscal Emiliano Arias. «Este caso partió por el caso FUT, que se inició por una denuncia de una ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, la señora Marisa Navarrete, quien —dicho sea de paso— es la pareja o cónyuge de uno de los fiscales a cargo de la investigación».
Zaliasnik, quien también fue el defensor de la UDI en el caso Spiniak, y actualmente defiende, además, al senador Iván Moreira y al abogado y amigo de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, preguntó al aire: «¿Qué ocurre cuando la denunciante de esta causa, la que inicia todo esto, que hace de vocera, prácticamente, que va de canal en canal, de radio en radio, […] es la cónyuge, la pareja, de uno de los señores fiscales, donde ella emplaza al Servicio de Impuestos Internos, donde señala que el SII está actuando en forma incomprensible, errática, extraña; hace interpretaciones legales para señalar cuál es la interpretación correcta de la legislación tributaria en esta materia? ¿Eso no inhabilita, no contamina la investigación? Yo creo que el Ministerio Público tiene que someterse al mismo test de blancura o de escrutinio al que quiere someter a otras autoridades del país».
CONEXIONES INSOSPECHADAS
Tal vez por la misma aridez de los conceptos tributarios, el caso no se convirtió en escándalo público en un comienzo. En palabras simples, el FUT es un fondo donde van las utilidades de las empresas cuando no son retiradas. Lo creó en los años ochenta el ministro de Hacienda Hernán Büchi.
En la discusión de la reforma tributaria en 2014 se aprobó su desaparición en forma paulatina, porque constituye una ventaja para los grandes contribuyentes al dar la posibilidad de no retirar de inmediato las utilidades, y no registrarlas en la contabilidad; por lo tanto, cuando pagan impuestos al momento del retiro, en los hechos la tasa del 30 por ciento les disminuye en forma significativa. Diversos economistas concuerdan en que se prestaba para muchos abusos. Pero las operaciones que dieron lugar al fraude que involucró a los ex empleados de Impuestos Internos fueron mucho más lejos y, en estricto rigor, fueron las conocidas en la jerga tributaria por su sigla PPUA, esto es, el Pago Previsional por Utilidades Absorbidas.
El fraude que se gestó dentro del SII favoreció a los ex funcionarios que fueron coimeados por efectuar estas operaciones al margen de la ley. Un personaje clave en esta historia fue el ex martillero Jorge Valdivia, quien poco antes de morir de cáncer en julio de 2014 confesó y dio al fiscal Gajardo pistas importantes sobre las anomalías que estaban ocurriendo.
En la medida en que avanzó el proceso iniciado en 2013 fueron apareciendo las conexiones insospechadas que llegaron hasta el holding Penta y lo azotaron como un huracán, en palabras del ex canciller de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quien en medio de la crisis asumió como máximo conductor del conglomerado.
En el curso de la investigación se develó también que los directivos de Penta acostumbraban a efectuar otros tipos de operaciones fraudulentas: las boletas o facturas ideológicamente falsas —que no respondían a servicios realmente prestados— entregadas por parientes y cercanos, los bonos a sus directivos y ejecutivos y los forwards que se suscribían después de la fecha, por lo tanto, perdían su carácter de apuestas al suscribirse con seguro de ganar o perder, según el caso.
EL EX MARTILLERO
El fiscal Carlos Gajardo encargó al OS 9 de Carabineros —división de investigaciones criminales— dar con el paradero de Jorge Valdivia Rodríguez, un oscuro personaje que decía ser martillero y que apareció en la indagación inicial sobre Iván Álvarez, el ex fiscalizador de Impuestos Internos. En el ambiente judicial consideran al OS 9 como un grupo especializado eficiente, que dentro de la policía estaría solo un peldaño más abajo que la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec), y que ha ido avanzando mucho en este tipo de pesquisas. Y esta tuvo resultado positivo. A principios de junio, el OS 9 encontró a Valdivia, quien estaba afectado de cáncer al colon.
Veinte días antes de morir, el ex martillero entregó una declaración escrita —el 4 de julio de 2014— que pasó a ser fundamental. Esa versión permitió a los fiscales establecer la vinculación de Jorge Valdivia e Iván Álvarez con los socios y directivos del grupo Penta.
En la declaración ante la policía, Valdivia contó detalles sobre la forma de operar de Iván Álvarez, el ex fiscalizador de Impuestos Internos, de quien también había sido «cliente». Álvarez se las arreglaba para que las devoluciones de impuestos se efectuaran a través de unas simples operaciones computacionales. Para ello requería de contadores que aportaran las claves de los clientes. Por cierto, el ex fiscalizador Álvarez obtenía suculentos premios a modo de comisión.
Según la declaración de Valdivia, el ex funcionario se había embolsado alrededor de un millón de dólares por sus «servicios», y tenía vinculaciones con los dueños y directivos del grupo Penta. Valdivia había sido contratado por Penta con un sueldo de dos millones de pesos al mes, y tenía un rol de intermediario entre los funcionarios de Impuestos Internos y los directivos del holding. El ex martillero concurría diariamente hasta las oficinas de la avenida El Bosque Norte, como se pudo establecer.
Mientras la investigación avanzaba en la fiscalía en el otoño de 2014, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano ya estaban inquietos, aunque todavía no era de conocimiento público lo que estaba sucediendo.
El 11 de abril de 2014, el diario La Segunda 6 publicó un artículo, acompañado de una fotografía del ex martillero, que encendió la alarma para quienes, como los dueños de Penta, sabían quién era Jorge Valdivia: «Efectivos del OS 9 de Carabineros se encuentran desde hace dos semanas tras la pista de Jorge Luis Valdivia Rodríguez, un sujeto de sesenta y ocho años que suele presentarse como martillero público y que es indagado por el fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, y el adjunto Pablo Norambuena, por su posible rol de “reclutador” de clientes en el marco de la investigación por fraude al FUT», señalaba.
Tal como lo describía La Segunda, el ex martillero, quien se ufanaba de haber tenido vinculaciones con la CNI, la Central Nacional de Informaciones de la dictadura, fue condenado por la explosión de una granada y estaba prófugo por delito de abuso sexual a una menor de catorce años, hija de su pareja. Al final, cuando el OS 9 dio con él, comprobó que estaba aquejado de cáncer terminal. Quizá eso lo motivó a hablar.
Esta es una causa «atípica porque se inicia con un escrito que llega a la fiscalía con fecha 30 de junio del año 2014 por parte de un imputado que a esa altura se encontraba prófugo respecto de otra investigación», ratificó casi un año después en su alegato para la formalización de los dueños y directivos de Penta el fiscal Carlos Gajardo, el miércoles 4 de marzo. Explicó en esa oportunidad que el prófugo «se encontraba con una orden de detención en la causa denominada “Fraude al FUT” y hace esta presentación en la que básicamente denuncia una serie de irregularidades que estarían ocurriendo en el SII y específicamente en relación con el grupo Penta».
EL «INVENTOR»
Iván Álvarez Díaz es un hombre de treinta y ocho años, ingeniero comercial de la Universidad Mayor, casado con la contadora Marcela Rodríguez y padre de un hijo. Había sido fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos durante diez años y trabajaba en la Dirección Regional Oriente, en la calle General del Canto, en Providencia. Fue el «inventor» del fraude al FUT, como lo estableció el Ministerio Público. «Aprovechando la experiencia obtenida en tal calidad y los conocimientos que en el cumplimiento de este rol público adquirió respecto de los sistemas informáticos de la institución, diseñó y utilizó con distintos contribuyentes un método destinado a defraudar al fisco de Chile», acusó el fiscal nacional, Sabas Chahuán, en la primera jornada de formalización en marzo de 2015.
Cuando llegaron los acusados por el caso Penta, Álvarez entró esposado a la sala de audiencias en el Centro de Justicia esa mañana. Llevaba ya meses en el anexo cárcel Capitán Yáber, donde estaba recluido desde diciembre de 2014 por el fraude al FUT.
Los fiscales detectaron que entre junio de 2007 y diciembre de 2012, Álvarez se involucró en la rectificación de datos contenidos en las declaraciones de impuestos presentadas al SII por parte de contribuyentes afectos al impuesto a la renta de primera categoría, es decir, el que afecta a las empresas. De acuerdo a la explicación de Chahuán, esto le permitía a las personas que así lo desearen obtener «a cambio del pago ilícito de una suma de dinero […] devoluciones improcedentes de tributos pagados durante ejercicios tributarios anteriores, con el perjuicio fiscal respectivo».
En otros términos, con el «modelo» diseñado por Iván Álvarez, las empresas que solicitaban sus favores podían reducir la base tributaria y para esto él pedía una coima. Es lo que se llama delito de cohecho.
Por intermedio de Jorge Valdivia, «quien trabajaba para las empresas Penta y Penta III», como afirmó el fiscal nacional, Álvarez tomó contacto con su gerente general, Hugo Bravo López, y con el gerente de contabilidad, Marcos Castro Sanguinetti.
Sabas Chahuán indicó en la audiencia de marzo que «a lo menos desde 2008 empezó una relación entre ellos que se mantuvo incluso hasta después de haberse desvinculado [Álvarez] del SII en diciembre de 2012, siendo contratados sus servicios por parte del holding Penta». En ese período —dijo— «Iván Álvarez aceptó recibir de parte de Hugo Bravo y Marcos Castro, directamente a través de Jorge Valdivia, diversas cantidades de dinero a cambio de realizar actos con infracción a los deberes propios de su cargo de fiscalizador del SII».
Esa convicción surgió tras las pesquisas efectuadas por el equipo que durante 2014 encabezó el fiscal Carlos Gajardo, junto a su colega Pablo Norambuena.
EL EX GERENTE HUGO BRAVO
Después de obtener la declaración del ex martillero Valdivia, el testimonio del ex gerente general de Penta Hugo Bravo López era fundamental para Gajardo y Norambuena. Aunque ya tenían pistas, todavía a fines de julio de 2014, cuando abrieron la causa Penta, se encontraban como en una pieza oscura con apenas algunas luces tenues. Un primer dato que tendría importancia lo aportó Iván Álvarez, cuando develó que él no solo había efectuado operaciones para empresas del grupo Penta, sino para las del propio Hugo Bravo, quien tenía mucho que esconder.
El 29 de julio de ese año se produjo otro hecho relevante: la incautación de los computadores de Hugo Bravo. Un mes después, el 28 de agosto, una segunda incautación permitió a los fiscales obtener los computadores de Délano y Lavín. Para los fiscales este era un paso fundamental. Eso había permitido a Gajardo avanzar en investigaciones anteriores como la del denominado caso Fragatas y la de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que llevó a la cárcel en 2012 a su presidente interino, Eugenio Díaz Corbalán.
En realidad, como pudieron determinar después los fiscales, Hugo Bravo, además de estar vinculado a los posibles delitos de las empresas Penta, se había beneficiado en forma directa a través de sus sociedades Santa Sarella y Challico. Solo en dos años defraudó al fisco por 260 millones de pesos, a título personal. Con esa información, los fiscales lo tenían atrapado del cuello. Eso lo supieron sus abogados, que en ese momento eran Gonzalo Insunza —quien había sido un abogado tradicional del grupo Penta— y Katherine Lathrop, y que con el correr de la investigación se pelearon y separaron estudios. La colaboración con el Ministerio Público era lo único que podía salvarlo de penas más elevadas.
Los fiscales sabían que Hugo Bravo López, el ingeniero comercial ex alumno de la Universidad Católica, de sesenta y nueve años, conocía mejor que nadie todas las operaciones del grupo. Cada una de sus sociedades y sus triquiñuelas.
Bravo negociaba con los funcionarios de Impuestos Internos y les otorgaba los favores a familiares de los socios y a los políticos. Todo pasaba por sus manos, aunque —como se ha podido concluir— no tomaba él solo las decisiones que los llevaron a ser formalizados. Pero, además, había hecho una fortuna personal.
Carlos Eugenio Lavín conoció a este personaje, que después sería hombre de máxima confianza suyo y de Carlos Alberto Délano durante más de tres décadas, cuando estudiaba Ingeniería Comercial en la UC en los años sesenta. Hugo Bravo es tres años menor que Lavín. Empezó a trabajar con él y con Délano desde los tiempos del grupo Cruzat-Larraín, donde fue gerente de finanzas del Consorcio Nacional de Seguros. Tras un período como empleado de la Esso y como asesor de La Rosa Sofruco, Bravo se unió a fines de los ochenta al naciente grupo Penta y acompañó a los Carlos en sus aventuras económicas que los llevaron a constituir uno de los conglomerados más poderosos del país.
CLIENTE PRIVILEGIADO
Aparte de haber sido uno de los puntales del grupo y su gerente general desde 1995 hasta 2010, era el empleado que más dinero ganaba, pero nunca tuvo la categoría de socio de los dos Carlos. Siempre su estatus fue diferente. Eso lo compensaba con un ingreso de 35 millones de pesos mensuales —cuando estalló el caso—, lo que le ha permitido un muy buen vivir. Entre sus propiedades tiene un amplio departamento en el barrio San Damián en Las Condes, una casa que arrienda en la avenida Camino Real en La Dehesa y una de playa en Cantagua, cerca de Cachagua. Se calcula que su patrimonio asciende a treinta mil millones de pesos, lo que sería equivalente a cerca de 45 millones de dólares.7
Hugo Bravo fue uno de los clientes privilegiados de la dupla Valdivia-Álvarez. Así lo pudo establecer el fiscal Carlos Gajardo y su equipo y así lo señaló el fiscal nacional, Sabas Chahuán, en la formalización en marzo. Bravo conoció a Jorge Valdivia en 1988, por la misma época en que inició su trabajo con Penta, y fue el ex martillero quien le presentó a Iván Álvarez, el ex fiscalizador de Impuestos Internos.
Sagaz y por lo que se ha visto con pocos escrúpulos, Hugo Bravo no tuvo límites para establecer relaciones «comerciales» que le dieran suculentos dividendos. Por eso, se contactó con Valdivia y Álvarez. En cierto modo, el ex gerente general hacía el trabajo sucio para los dueños del grupo Penta y los hizo crecer y atesorar dinero y empresas, buscando fórmulas que traspasaban las fronteras de los negocios legales.
«Fui compañero con Hugo Bravo en la universidad. A Hugo lo identificaba mucho por su humor un tanto negro y por ser muy buen dibujante. Era muy buen alumno», declaró Carlos Eugenio Lavín cuando fue interrogado por el fiscal Gajardo.
Contó también que llegó como gerente administrativo, y que a partir de la venta de la participación en el Banco de Chile a Andrónico Luksic en 2001 en unos doscientos cincuenta millones de dólares, «quedamos con mucha liquidez». Desde ese momento, indicó, «Hugo Bravo empezó a tener mucho poder, porque él manejaba las platas de las inversiones». Reconoció Lavín que Bravo «tenía las habilidades en temas de administración». Y Carlos Alberto Délano agregó ante el fiscal Gajardo: «De alguna manera, nosotros sentíamos que él cuidaba nuestros intereses, por lo meticuloso que era».
Pero en 2014 el mismo hombre de confianza que figuraba en directorios y sociedades, que aconsejaba en negocios y finanzas, se transformó en uno de los causantes de su pesadilla. El ex gerente pasó a ser en esta historia el antagonista de los dueños del holding.
Carlos Alberto Délano, en su declaración ante el fiscal, apuntó: «Efectivamente, Hugo mantuvo el control de las chequeras y creo que eso fue un error mío y de Carlos Eugenio».
Lavín admitió en su declaración en enero de 2015 que conoció al ex martillero Jorge Valdivia «por la cercanía que tenía con Hugo Bravo; se juntaban en su oficina. Era como escurridizo. Era muy asiduo a la oficina, hasta que, hace unos cinco años, tuvo un problema con Carlos Alberto».
Bravo se ve mayor y más deteriorado que Lavín, aunque es tres años menor. Sufre de diabetes y se descompensó al ser trasladado al presidio de Capitán Yáber el 7 de marzo, por lo que fue derivado al hospital de la penitenciaría después de la formalización. El juez Juan Manuel Escobar estableció la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en la querella el día antes de la formalización. La fiscalía, en cambio, había sido más benévola en este caso, considerando la colaboración prestada por Bravo en la investigación.
La Corte de Apelaciones revocó una semana después la medida establecida por el juez y quedó con arresto domiciliario —que fue lo que pidió la fiscalía—, que ha pasado en su departamento de quinientos metros cuadrados en el barrio San Damián. Pero según publicó la revista Qué Pasa el 7 de agosto, todo esto le ha significado la separación de su matrimonio con Paulina Rendic —con quien tiene dos hijos— y afrontar otros dos juicios: uno por alimentos en el que la esposa le pide 24 millones de pesos mensuales de pensión alimenticia y otro por violencia intrafamiliar, ya que, según ella, recibe constantes malos tratos verbales y amenazas de su formalizado cónyuge.
LA GRABACIÓN
La tensión entre Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano con Hugo Bravo habría empezado en abril de 2013, cuando apareció ese artículo de La Segunda sobre el martillero Jorge Valdivia. En un primer momento, los dueños del grupo intentaron señalar que toda la responsabilidad de los arreglos con Valdivia y Álvarez y las corruptelas que beneficiaron al grupo Penta recaía sobre el ex gerente general. Ellos decían no saber nada del detalle de las operaciones.
En su primera declaración ante el fiscal Carlos Gajardo, el 5 de enero de 2015, Carlos Alberto Délano manifestó: «Nunca me gustó que Jorge Valdivia estuviera en las oficinas de Penta. Hugo Bravo siempre me negó que se le pagara. En una ocasión le pedí a Hugo Bravo que Jorge Valdivia no fuera más a la oficina. En abril salió una noticia en La Segunda sobre Valdivia y ese día Bravo me reconoció que se le pagaba por Penta. Yo le dije ese mismo día que eso se cortaba».
Según lo declarado por Carlos Eugenio Lavín el 6 de enero, al día siguiente de que lo hiciera su socio, llamaron a Hugo Bravo después de la publicación del diario. Contó que «se desesperó un poco y dijo que ese artículo era por una pelea entre Álvarez, un ex funcionario del SII, y Valdivia. Ahí Bravo contó que Valdivia hacía trámites». Lavín también relató en esa oportunidad que el 9 de julio de 2014 lo llamó Hugo Bravo «con una voz trémula y me dice que llamaron a Marcos Castro a declarar y que eso nos podía traer consecuencias, lo que en ese momento no entendí». Marcos Castro Sanguinetti, también formalizado en este caso, era contador general del grupo. Agregó Lavín en esa declaración que, en presencia del ex canciller Alfredo Moreno, Hugo Bravo «reconoció la devolución fraudulenta del FUT».
Carlos Eugenio Lavín se refirió a la relación con Bravo: «Posteriormente, cada vez que nos juntábamos me hablaba del tema de las platas. Esto hasta la última vez que nos juntamos, en que me grabó y luego difundió la grabación. Para mí ese día murió mi relación con Hugo Bravo, pues me pareció una deslealtad mayor».
Pero había algunos hechos anteriores: ya en el año 2010, Bravo había sido desplazado de la gerencia general del holding, con la llegada de Manuel Antonio Tocornal Blackburn al cargo que él había ocupado por dos décadas.
Délano sitúa en ese tiempo el inicio del distanciamiento: «El año 2009 o 2010 nos pareció que había que renovar un poco los cuadros directivos en Penta. Teníamos diez mil empleados. Hugo Bravo se empezó a sentir perseguido con el nombramiento de Manuel Antonio Tocornal como gerente general».
Lavín apuntó en la misma línea: «La plana mayor de Penta se estaba envejeciendo, incluyéndome. Además, Hugo Bravo estaba con una diabetes muy fuerte, se empezó a poner muy negativo. Se tornó poco simpático en las reuniones de directorio». Lo dejaron, sí, como vicepresidente de varias empresas del grupo.
Cuando comenzaron los interrogatorios, Bravo optó por confesar lo que sabía. Se ha interpretado que se sintió abandonado y no quiso caer solo. Buscaba, además, obtener un arreglo monetario por sus largos años de servicio al grupo, sobre todo si se iba a ver obligado a devolver a la Tesorería los impuestos no pagados por más de 260 millones de pesos que ya estaban al descubierto. Pero los días pasaban y sentía que eso no se produciría, mientras aumentaba su temor por la situación que estaba viviendo.
Bravo conocía mejor que nadie a los dueños del grupo y presentía, quizá, que lo señalarían como responsable de los posibles delitos que se estaban investigando. Su desconfianza era tal que el 7 de septiembre de 2014, cuando Carlos Eugenio Lavín lo fue a ver a su casa después de un urgente llamado en la noche, decidió grabarlo con su celular. Lavín concurrió acompañado por su hijo, pero no se dieron cuenta del registro de la conversación hasta meses después.
El 9 de diciembre de 2014, el diario La Tercera publicó la transcripción de lo grabado por Hugo Bravo. El audio fue un hito, tanto en la indagación misma como por su repercusión en la opinión pública.
Por lo que se deduce de las palabras de Hugo Bravo, Lavín pretendía convencer al ex gerente que no declarara, que —como muchos otros— guardara silencio. «Me están amenazando con cárcel si no declaro, me van a procesar», respondió angustiado Hugo Bravo. «Las instrucciones que me dieron son estas: “Haz cuenta que todos tus teléfonos están intervenidos. Habla lo indispensable, y si quieres mandar un recado positivo, mándalo, pero no se te ocurra hablar algo que te vaya a comprometer”», replicó Lavín, aludiendo al consejo de sus abogados.
MÁS NOMBRES AL RUEDO
En esa oportunidad, Bravo manifestó su malestar con el abogado del grupo y miembro de directorio de empresas Alfredo Alcaíno, quien hasta poco antes le llevaba también sus asuntos personales. «Tengo atravesado a “Fello” […] me dejó botado.»
El abogado Alcaíno —hijo del ex alcalde de Providencia del mismo nombre designado por Pinochet en tiempos de dictadura— ha sido por años un consejero muy escuchado por los Penta. A él se le atribuye haber sugerido al estudio de Harasic & López para la defensa penal. Y desde que empezó a golpearlos el huracán, integró el comité de crisis encabezado por el ex canciller Alfredo Moreno. A esta instancia sumaron a dos de las empresas de comunicación más connotadas del país, con vínculos más allá de la derecha: Imaginacción, de Enrique Correa, ex ministro secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin, y Extend Comunicaciones, de las hermanas Marilú, Pilar y Ana María Velasco Silva, hijas del ex ministro del Interior DC Belisario Velasco.
Pero los hechos que se sucedieron traspasaron el control que buscaban los asesores comunicacionales e inundaron las páginas de diarios y los informativos de radio y TV, mientras la investigación seguía su curso.
La grabación de Hugo Bravo registra comprometedores diálogos que involucran a políticos favorecidos con fondos para sus campañas a través de boletas o facturas falsas. Hugo Bravo afirmó que le pagó «cien millones de pesos a Pablo Longueira. Otro tanto a [Laurence] Golborne y a un montón» de personas.
«A Golborne ¿contra qué se le pagó?», se escucha que pregunta la voz de Lavín. «A Golborne desgraciadamente contra boletas», respondió Bravo. El pago a Longueira habría sido en billetes, según reiteró Bravo en su declaración posterior a la fiscalía. «Me pidieron que se lo entregara a Longueira en efectivo», indicó. Y contó que la operación la había hecho en dos tandas de cincuenta millones de pesos cada una, y luego le habría pagado otros 35 millones. La plata, dijo, la había sacado del Banco Penta.
Carlos Eugenio Lavín reconoció en su declaración ante el fiscal Gajardo que «aprobamos para la campaña de Pablo Longueira, junto con Carlos Alberto, un aporte de cien millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo. Por lo que me contó en agosto o septiembre de este año, Hugo Bravo habría hecho unos forwards para disponer de efectivo. Para eso hizo cuatro contratos entre Empresas Penta y una sociedad llamada VSA S.A.». Pero respecto de «otros 35 millones que se le hubieran entregado adicionalmente a Longueira, señalo que de eso no sé nada».
En la conversación grabada también saltaron los nombres de la senadora de la UDI Ena von Baer, a quien «se le pagó cuando era precandidata y después en el sur»; el del senador gremialista Iván Moreira, y el del ex alcalde de Santiago del mismo partido de derecha Pablo Zalaquett. Y «yo creo que tiene que haber alguna boleta de Jovino Novoa metida», señaló, aludiendo al antiguo «coronel» de la UDI.
El ex gerente Hugo Bravo indicó, asimismo, que «hubo 32 millones en donación directa al Registro Electoral, el máximo de la UDI, y el máximo a la Evelyn [Matthei] en segunda vuelta». Se refería a los recursos para la elección parlamentaria y presidencial de 2013. Respecto a ese aporte, Carlos Eugenio Lavín precisó: «Eso es legítimo», de lo que se deduce que el resto, a su juicio, no lo era.
Al terminar la conversación, la despedida de Hugo Bravo da cuenta de su inquietud: «Chao, don Carlos, que esté bien. Traten de ayudarme, lo peor es estar solo».
Bravo dio el nombre en esa declaración de otra «sociedad de papel» de los Penta, menos conocida, pero antigua: Inversiones Pacífico S.A. «La utilizamos para comprar vehículos de los ejecutivos, de las cónyuges de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Ellas son dueñas de casa y tienen inversiones. No trabajan en Penta ni tienen oficinas en Penta.» Explicó que esa sociedad la administraba él hasta 2010, y después Manuel Antonio Tocornal.
«METÍ LAS PATAS»
Como detectaron los fiscales, junto con efectuar operaciones del grupo Penta, Hugo Bravo también se benefició del «negocio» de evasión diseñado por Álvarez en sus propias sociedades, Inversiones Santa Sarella Limitada y Empresas, Administraciones, Inversiones Challico Limitada. Los especiales nombres de esas sociedades se deben a que la madre del ex gerente general de Penta era la abogada Sarella Bravo. Y su padre, el arquitecto Hugo Bravo Schmith, le decía a ella Challico.
El fiscal nacional señaló en la audiencia de formalización que por esa «rectificación vía internet», ambas sociedades en las declaraciones de impuesto a la renta de los años 2009 y 2010 incrementaron e incluyeron «elevados costos directos de los bienes y servicios, los que no tenían respaldo documentario ni registro de la contabilidad del contribuyente». Explicó Sabas Chahuán que conformaron así «una aparente pérdida tributaria en la determinación de su renta líquida».
El 7 de agosto de 2014, en la primera de una serie de declaraciones ante el fiscal jefe de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, Hugo Bravo reconoció que había contratado a honorarios a Jorge Valdivia y dio luces sobre el modus operandi del ex martillero. Señaló que le habría preguntado si había revisado sus declaraciones de impuestos de las sociedades Challico y Santa Sarella, porque «se podían pedir unas devoluciones». Valdivia, dijo, le indicó que «era algo nuevo que muy poca gente lo sabía y que había que hacer unas presentaciones y el SII devolvía parte del FUT». Para eso, le entregó sus claves de Impuestos Internos a Valdivia, «porque me dijo que podía ver si se podían obtener esos dineros del SII». Contó que en 2010, gracias a esas gestiones, recibió 170 millones de pesos, pero «jamás sospeché que eso fuera irregular», afirmó.
Un par de años después, según él, se percató de que era un fraude, pero «no se me ocurrió rectificar ante el SII». Afirmó al fiscal Gajardo: «Es mi deseo restituir las platas, ya que veo que cometí un delito tributario. Reconozco que metí las patas y que se aprovecharon de mí».
Fue el primero de los directivos querellados por Impuestos Internos que declaró y con él se abrieron los fuegos que dieron en el corazón del grupo Penta.
El 8 de octubre de 2014, Impuestos Internos presentó una denuncia criminal, esta vez contra los representantes legales de Inversiones Penta III Limitada, Penta S.A., Duero Limitada —de los socios de Penta—, y de Inversiones y Asesorías Challico Ltda., Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, e Inversiones Perkita Limitada, de Hugo Bravo.
LAS BOLETAS DE LAS ESPOSAS
Después de detectar las sociedades de Bravo y de tomarle declaración, surgió otro descubrimiento para los fiscales que fue apareciendo en distintos testimonios: las boletas ideológicamente falsas entregadas por las señoras de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por más de cinco millones de pesos al mes cada una.
El ex gerente Hugo Bravo, en su primera declaración ante Gajardo, habló de las boletas de las cónyuges de Délano y Lavín por montos de diez millones de pesos mensuales, «creo que a nombre de Penta o Penta III», pero aclaró que ellas no prestaban ningún servicio a esas empresas. «Es un tipo de retiros», dijo. «Yo no podía oponerme porque eran los dueños los que me daban la instrucción, hace años que se hacía así.»
En efecto, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez son dueñas de casa que no desempeñaban ningún trabajo para las empresas de sus maridos. Pero esos montos no iban a parar a ellas, sino que a las cuentas de sus esposos, según lograron establecer los fiscales.
La primera en ratificar los dichos de Bravo respecto de esas boletas fue la contadora general del holding, Dora Pérez. «Las cónyuges no hacían nada en Penta, no tenían oficina ni nada. Estas boletas se enviaban a tesorería, que emitía los cheques, y luego a nosotros nos llegaba el comprobante de egreso con la boleta y se ingresaba a la contabilidad.»
La operación significaba un doble juego favorable a los dueños de Penta: por un lado, al cargar esos pagos a gastos, disminuían utilidades y por lo tanto se rebajaba la base tributaria. Por otra parte, las señoras tenían una devolución del 10 por ciento, lo que también implicaba recuperar ese porcentaje en todo lo que boleteaban.
El fiscal Carlos Gajardo señaló en la audiencia el 4 de marzo que, desde mediados de los años noventa, Lavín y Délano «incrementaban sus retiros desde las empresas Penta mediante boletas que extendían sin que hubiera ningún servicio real prestado por parte de sus cónyuges».
La fiscalía los imputó solo desde 2008, porque las acciones anteriores podrían estar prescritas, pero estos procedimientos los usaban desde hace cerca de dos décadas. Gajardo puso el ejemplo de María de la Luz Chadwick Hurtado, la señora de Carlos Eugenio Lavín, quien «extendió boletas mensuales a partir de 2008 […], si bien, esta conducta tiene más de quince años de antigüedad».
El fiscal Gajardo mostró en la audiencia las boletas de honorarios que van desde el número 163, del 2 de enero de 2008, «por un monto en esa época de 5.555.555 pesos; se retenía el impuesto del 10 por ciento y se giraba entonces un cheque por cinco millones de pesos. ¿Qué particularidad tenía esta operación?». El mismo Gajardo respondió dirigiéndose al juez Juan Manuel Escobar: «La particularidad que tenía, su señoría, es que […] el talonario de María de la Luz Chadwick Hurtado se encontraba en poder de la secretaria del señor Carlos Eugenio Lavín». Según indicó el fiscal, nunca la persona que aparece extendiendo la boleta, es decir, María de la Luz Chadwick, «tuvo una participación en esta actividad». Por eso se salvó de ser imputada. La boleta la llenaba la secretaria de Lavín, Mylene D’Alençon. «E incluso la firma que aparece en la boleta es también efectuada por la secretaria de don Carlos Eugenio Lavín», quien cuando declaró en la fiscalía como testigo el 16 de septiembre del año 2014 mencionó el procedimiento.
La declaración de Claudia San Martín, secretaria de Carlos Alberto Délano, fue del mismo tenor. «Ellas mantenían los talonarios en su poder; mensualmente llenaban las boletas, efectuaban incluso la firma y entregaban este documento a tesorería para que fuera pagado», indicó Carlos Gajardo. Después pasaban a la contabilidad de las sociedades.
En total, resumió el fiscal, «son aproximadamente setenta boletas por cada una de ellas, doce anuales en el lapso de seis años aproximadamente». La multiplicación resultaría en unos 360 millones de pesos a nombre de cada una de las esposas. Esas boletas ideológicamente falsas fueron extendidas a la Inmobiliaria Los Estancieros —que, como se ha visto, pertenece a los dueños de Penta—, salvo un mes en que fueron a una sociedad distinta.
Destacó, además, el fiscal Gajardo que lo relevante es «que el depósito de estos dineros se hacía directamente en la cuenta corriente personal de los señores Délano y Lavín, es decir, ni siquiera se depositaban en las cuentas corrientes personales de las cónyuges […], de tal manera entonces que la participación de las cónyuges en esta operación es francamente marginal o derechamente inexistente».
Pero las boletas ideológicamente falsas no eran exclusividad de las esposas de Délano y Lavín. La práctica se extendía a algunos familiares. Una situación similar respecto de boletas de honorarios «sin ninguna existencia real» favoreció al cuñado de Carlos Alberto Délano, Samuel Irarrázaval Larraín. «También esta persona extiende mensualmente boletas […] por montos aproximados de dos millones y fracción a favor de la misma empresa [Penta III].»
En total, precisó, son 72 boletas de honorarios ideológicamente falsas del cuñado de Délano, que van desde 2008 hasta 2013, por montos cercanos a los dos millones y medio de pesos cada una, y «ninguna implica servicio real de Irarrázaval a las empresas Penta». Suman unos 180 millones de pesos sin respaldo.
Samuel Irarrázaval Larraín era uno de los representantes legales de la Inmobiliaria Los Estancieros y de la misma sociedad Penta III. Resulta curioso comprobar, además, que su esposa, Carmen Délano Abbott —como mencioné en el capítulo II— también entregó boletas ideológicamente falsas y recibió dinero por una suma similar a la de su marido entre 2009 y 2013.
RESPONSABILIDADES DEL GRUPO
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, recordó en la audiencia de marzo que «el holding o grupo económico denominado Penta» estaba encabezado por Carlos Alberto Délano Abbott y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, y que la sociedad Empresas Penta S.A., cuyo directorio estaba integrado «por los mencionados imputados, se encontraba representada legalmente hasta abril de 2010 por su gerente general, el imputado Hugo Joaquín Elizardo Bravo López». Ese cargo y representación a partir de esa fecha lo asumió «el también imputado en esta causa Manuel Antonio Tocornal Blackburn».
Precisó Chahuán que la sociedad de inversiones Penta III, en la época de los hechos referidos, estaba representada «en forma conjunta por sus socios los imputados Délano Abbott y Lavín García-Huidobro, por el gerente de contabilidad del grupo Penta, el imputado Marcos Alberto Castro Sanguinetti, y a partir del mes de mayo de 2010 […] también por su gerente general, el referido imputado Hugo Joaquín Elizardo Bravo López». Explicó que Bravo estuvo en ese cargo «durante el mismo período, conjuntamente con el también imputado Samuel Irarrázaval Larraín».
En la audiencia de formalización de marzo, el fiscal nacional acusó en forma directa a los dueños de Penta y a quienes eran gerentes en el tiempo en que se cometieron los hechos denunciados: «Los imputados Carlos Alberto Délano Abbott, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Hugo Joaquín Elizardo Bravo López, Marcos Alberto Castro Sanguinetti y Manuel Antonio Tocornal Blackburn, durante los años tributarios 2009 a 2014, ambos inclusive, actuando en representación de las sociedades Inversiones Penta III Limitada, Inmobiliaria Los Estancieros S.A., Inversiones Banpenta S.A., Empresas Penta S.A. y Penta INF S.A., emplearon procedimientos “dolosos”, encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por las sociedades o a burlar el impuesto que como contribuyentes aquellas debían pagar».
Además de Los Estancieros S.A., se refirió Chahuán a la sociedad de inversiones Banpenta S.A., «representada legalmente por los imputados Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín», y a la sociedad Penta INF, «representada por Marcos Alberto Castro Sanguinetti y Hugo Bravo López».
Penta INF S.A. es otra de las firmas del holding integrada por los mismos socios, que se orienta a los proyectos de infraestructura, urbanísticos y turísticos.8 Fue constituida en diciembre de 2005 por Délano y Lavín, a nombre de Penta III y de Inmobiliaria Miramar —del mismo grupo—, y como las demás, tiene domicilio en El Bosque Norte 0440.
En ese contexto, indicó Chahuán, individualmente o de manera conjunta, los directivos señalados realizaron entre los años 2008 y 2014, «en algunos casos de manera concertada con los imputados también presentes Iván Eduardo Álvarez Díaz y Juan Jesús Alberto Martínez Céspedes, en esa época fiscalizadores del SII […], una serie de hechos mediante los cuales, al igual que el también imputado Carlos Ramón Bombal Otaegui, cometieron consciente y voluntariamente uno o más delitos».
La formalización dispuesta por el juez Juan Manuel Escobar el 7 de marzo abarcó, además de Lavín, Délano y los directivos de Penta nombrados, a Iván Álvarez y Juan Alberto Martínez.
LOS BONOS
Otro de los procedimientos para pagar menos impuestos y aumentar las ganancias del grupo, que detectó el Ministerio Público en las investigaciones, son los denominados «bonos» disfrazados que otorgaban los dueños de Penta a sus ejecutivos. Para eso usaban también las fórmulas de boletas o facturas.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, señaló la existencia de «329 boletas de honorarios de terceros ideológicamente falsas y 386 facturas no afectas o exentas de IVA ideológicamente falsas pertenecientes a sociedades de altos ejecutivos del grupo de empresas Penta, por servicios que estos terceros y sociedades nunca prestaron ni realizaron a las empresas del mencionado conglomerado Penta». Y destacó que eso se hizo «con el propósito de ocultar el pago de bonos o remuneraciones por servicios prestados por estos ejecutivos a las empresas señaladas».
Lo que hacían era efectuar pagos por los cuales las empresas reciben boletas o facturas por montos que no son considerados «como gastos necesarios para producir la renta», indicó Chahuán. En el caso de las sociedades mencionadas por el fiscal nacional, «los imputados lograron rebajar artificiosamente la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría declarado en el formulario número 22 sobre declaración anual de impuesto a la renta correspondientes a los años tributarios de 2009 a 2014, deduciendo gastos que tienen el carácter de rechazados», según esa ley.
Explicó Chahuán que el efecto de esta operación es doble: produce la determinación de un impuesto de primera categoría inferior al que efectivamente les correspondía pagar —al cargarla a gastos—, y «la evasión, además, del impuesto único establecido en el artículo 21 del mismo cuerpo legal».
La Sociedad Inmobiliaria Los Estancieros S.A., entre los años comerciales 2008 a 2013 —ambos inclusive— registró «como gastos en su contabilidad una boleta de honorarios falsa otorgada por Carmen Luz Jiménez Parada y 64 facturas no afectas o exentas de IVA, también falsas, otorgadas por la Sociedad de Inversiones y Asesorías Meli y Compañía Limitada, Asesorías Concha Limitada, Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada e Inversiones y Asesorías Challico Limitada».
En resumen, esas boletas de honorarios y facturas falsas tenían «el propósito de ocultar el pago de bonos o remuneraciones por los servicios prestados por los diversos ejecutivos de las empresas que componen el denominado grupo o holding Penta», reiteró el fiscal nacional. A raíz de esto, la Sociedad Inmobiliaria Los Estancieros efectuó «declaraciones maliciosamente falsas en los formularios número 22 sobre la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente a los años tributarios de 2009 a 2014», recalcó Sabas Chahuán.
Al entregar el detalle de los pagos efectuados a título de honorarios y servicios supuestamente prestados que se registraron en la contabilidad de Inmobiliaria Los Estancieros S.A., durante los períodos indicados, Chahuán mencionó pagos a Carmen Luz Jiménez Parada, que correspondían a bonos o remuneraciones de su marido, Raúl Andrés Schmidt Hutchison, director de Finanzas Corporativas del Banco Penta; a Inversiones y Asesorías Meli y Compañía Limitada, que eran bonos o remuneraciones del ex contralor del holding Penta José Rodrigo Muñoz Fontaine, y a Héctor Fernando Concha Marambio, gerente del área de Salud del denominado holding Penta. Asimismo, los fiscales detectaron pagos desde Los Estancieros a las sociedades de Hugo Bravo, Santa Sarella y Asesorías Challico, correspondientes a bonos que beneficiaban al ex gerente.
El fiscal nacional solicitó al Octavo Juzgado de Garantía el 31 de julio de 2015 otras seis formalizaciones, además de las diez de marzo, y de las de junio y julio, esta vez por los «bonos» del grupo Penta. En audiencia realizada el 14 de septiembre el fiscal jefe de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, detalló los pagos de los «bonos» efectuados mediante procedimientos dolosos. Gajardo comunicó la formalización a los ejecutivos Héctor Concha Marambio, José Rodrigo Muñoz Fontaine, Francisco Astorga Silva, ex subgerente de administración de Penta; Jorge Molina Ossa, asesor del grupo, y Arturo Miqueles Armas, gerente general de Agrícola Los Mercenarios, también del holding.
El juez de Garantía del Octavo Juzgado Luis Avilés determinó la formalización por delitos tributarios y simulación de contratos y dispuso para los cinco medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.
Junto a ellos, fue formalizado por tercera vez el ingeniero comercial Manuel Antonio Tocornal, gerente general de Penta S.A., y ex gerente de la AFP Cuprum —hasta su venta en 2012—, quien ya había sido formalizado el 7 de marzo, y después, por segunda vez, el 17 de junio por los contratos forwards. Tocornal devolvió al fisco casi cuatrocientos millones de pesos. En esta tercera formalización se le imputó haber recibido «remuneraciones y bonos» mediante facturas ideológicamente falsas por 325 millones de pesos, a través de Inmobiliaria e Inversiones Noviembre Limitada.
En total se calcula que solo en el rubro «bonos», la evasión tributaria del grupo sería de al menos mil millones de pesos entre 2008 y 2013.
EL «DINERO NEGRO» TRAS LOS FORWARDS
En las primeras declaraciones de Délano y Lavín aparecieron sobre la mesa los forwards, las operaciones a futuro efectuadas como apuestas frente al valor del dólar. En esa oportunidad, solo hablaron de tres o cuatro. A medida que avanzó la investigación, las complejas operaciones fueron captando la atención de los fiscales. En la audiencia de marzo, el fiscal Carlos Gajardo advirtió que estaban estudiando muchas operaciones de esta índole, y explicó en qué consistía «esta actividad ilícita con el fin de burlar los impuestos».
Empresas Penta o el holding o algunas de estas empresas —dijo— «se concierta con una empresa externa, en este caso durante el año 2013 con la empresa VSA […] y se simulan operaciones de forward en las cuales aparentemente se contrata o se asegura un precio del dólar por una cifra relevante de dólares, aproximadamente de cinco millones de pesos y que dependiendo de si el precio del dólar sube o baje, va a generar una ganancia o una pérdida para uno u otro contratante».
Como indicó Gajardo, «el fraude está en que no hay ningún albur en esa subida o bajada de precio, pues los contratos se antedatan y se utilizan entonces las cifras ya conocidas del valor del dólar y, por lo tanto, si el contrato se celebra en abril del año 2013 —por decir algo— se utilizan las fechas de enero de ese año».
Lo que ocurre es que, cuando se firma el contrato, ya se conoce el valor que el dólar había tenido y «se puede simular una operación que genera para una de las partes pérdida y, en consecuencia, para otra de las partes ganancia», explicó Gajardo.
De esta manera —continuó el fiscal— «empresas Penta o algunas de esas empresas generaba ficticiamente una pérdida de cien, doscientos millones de pesos» y, en consecuencia, VSA obtenía una ganancia. Pero como el negocio no estaba en que se generara esa ganancia gratuita para VSA, «lo que hacía VSA es que luego devolvía esos dineros a empresas Penta, la que quedaba entonces con dinero negro, sin pagar impuestos y que podía destinar a cualquier uso», agregó Gajardo. Y señaló que básicamente esos dineros se utilizaron para efectuar los pagos de bonos a ejecutivos y para efectuar financiamientos a campañas políticas.
En esa oportunidad, el fiscal se refirió también a un contrato suscrito por Inmobiliaria Duero, una de las sociedades personales de la familia Délano, firmado por los hijos de Carlos Alberto Délano, Macarena Délano Méndez y José Luis Délano Méndez, con Verónica Soto Araneda, en la misma fecha, y «que genera una pérdida para Inversiones Duero en este caso de 39 millones de pesos y fracción», anotó. Explicó que después Carlos Alberto Délano recibió en su cuenta 37 millones de pesos. La diferencia es la ganancia para la empresa VSA.
Señaló el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia que esa manera de operar fue ratificada no solo por Hugo Bravo, sino que también por la declaración —el 11 de febrero del año 2015— del imputado Tomás Carrasco Burgos, la contraparte en esta operación de VSA. Carrasco entregó los detalles completos de «cómo son estas operaciones y cómo el depósito de esta última operación se realiza directamente en la cuenta personal de Carlos Alberto Délano Abbott».
«TONTOS HASTA LAS DOCE»
Los dueños de Penta, asesorados por sus abogados, formularon declaraciones ante la fiscalía, pero no reconocieron que sus empresas hubieran suscrito más de cuatro forwards. «Nos mintieron descaradamente en la cara», dijo enfático el fiscal Carlos Gajardo, en marzo, quien se guardó para la sesión del tercer día su contraataque respecto de estas operaciones fraudulentas.
En ese momento la fiscalía ya tenía detectados 122 contratos de este tipo. Fue en ese contexto que lanzó su ya famosa frase que recordó era un dicho del campo: «Somos tontos hasta las doce, su señoría, somos tontos hasta las doce no más». Y preguntó: «¿Los controladores no sabían lo que estaba pasando? Reitero, son más de las doce, su señoría».
Aseguró Gajardo que ambos dueños siempre estuvieron al tanto de las irregularidades que se cometían en forma constante dentro del holding. Era parte de lo que denominó «una cultura de la evasión», que las declaraciones de Hugo Bravo y del ex gerente de contabilidad Marcos Castro contribuyeron a detectar.
A los pocos minutos, justo pasado el mediodía, Carlos Gajardo aludió en esa audiencia del viernes 6 de marzo a forwards contraídos por Penta con CB, empresa de Manuel Cruzat, y dejó para el final la sorpresa que causó ira en Julián López, el abogado defensor, e incredulidad en quienes estaban viendo la escena: «Hay un décimo contrato de forward muy relevante que la fiscalía incautó la semana pasada. ¿Cuál es la fecha de ese forward? El 7 de noviembre del año 2009. El pago se realiza días después, los primeros días de 2010». Y señaló, tras unos instantes, quiénes eran los suscriptores: «Inversiones Penta III, por un lado, que deposita cincuenta millones de pesos en CB, forward de entrada, y cincuenta millones de pesos de salida, Administradora Bancorp S.A., domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16… saquemos nuestras propias conclusiones».
Bancorp es una de las principales empresas de inversión del ex presidente Sebastián Piñera, y la dirección es la de su cuartel general.
El ex presidente Sebastián Piñera, por su parte, ha defendido que cuando se efectuaron los forwards entre Bancorp y sus amigos de Penta, él nada supo porque tenía sus bienes en un fideicomiso ciego, pero sus ejecutivos de esa época aparecen involucrados. El contrato suscrito entre Inversions Penta III, CB y Administradora Bancorp lleva la firma de Santiago Valdés Gutiérrez —hijo de Fabio Valdés— y de Ana María Délano Abbott —hermana de Carlos Alberto—. Pero Ana María Délano no representaba en la operación los intereses del socio de Penta, sino los de Sebastián Piñera. Tanto ella como Valdés eran ejecutivos de Bancard, la sociedad madre de Bancorp.
Ana María Délano fue nombrada por Piñera gerenta general de Chilevisión y era, además, la gerenta de Axxion, el «brazo armado» de Sebastián Piñera en las operaciones bursátiles de ese tiempo, como relaté en 2009 en el libro Los magnates de la prensa. Ex alumna de las Monjas Inglesas y de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, la hermana del Choclo desempeñaba cargos de máxima confianza en todo el entramado de sociedades del candidato inversionista. Ella fue la primera mujer del ex presidente de la Sofofa Felipe Lamarca, con quien tuvo cinco hijos.9
El 17 de junio se efectuó la formalización por esta arista forward, que afectó de nuevo a los dueños de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de los ex gerentes Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro. Así también quedó formalizado Mauricio Pinto, ejecutivo de CB, ya que se demostró que este tipo de operaciones fue usado por esa sociedad de Manuel Cruzat Infante, el antiguo jefe de los Penta en tiempos de oro del grupo de los «Pirañas». Cruzat ha sostenido que él no tuvo que ver en este fraude y —como mencioné en el capítulo I— que sus hijos no sabían lo que firmaban.
Se calcula, de acuerdo a lo investigado por la fiscalía, que los forwards fraudulentos suscritos por Penta superan los seis mil millones de pesos, y que estas operaciones le significaron un perjuicio al fisco de casi dos mil quinientos millones de pesos. Representa así, en términos económicos, la mayor proporción de lo que se ha detectado en daños que habría provocado el grupo Penta con sus polémicas triquiñuelas.
EL EX SUBSECRETARIO WAGNER
No ha sido el asunto de los forwards de Bancorp el único que ha rozado a Sebastián Piñera en torno al caso Penta. Además de su amistad de toda una vida con Carlos Alberto Délano, otro ángulo que no lo puede haber dejado indiferente es lo ocurrido con el ex subsecretario de Minería de su Gobierno Pablo Wagner San Martín, quien tuvo un accidentado desempeño en el gabinete del ex presidente. Pablo Wagner asumió el 11 de marzo de 2010, pero tuvo que renunciar en octubre de 2012, tras la polémica licitación del litio que dio por ganador a Julio Ponce Lerou, el dueño de Soquimich. Pero esta fue anulada porque el ex yerno de Pinochet mantenía litigios con el Estado.
Ingeniero comercial de la Universidad Católica, Pablo Wagner tiene treinta y nueve años y trabajó desde 1998 en el grupo Penta. Casado con Irene de la Cerda Íñiguez, padre de seis hijos y miembro del Opus Dei, fue profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, donde dictaba cursos de marketing. También en esta área asesoraba al ex candidato presidencial Joaquín Lavín.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, cuando pidió la formalización del ex subsecretario, el 4 de marzo, lo definió como ex ejecutivo y ex directivo del holding: «Tras prestar inicialmente servicios para el área de estudios de Salud del grupo Penta asumió, a contar del año 2000 y hasta abril del año 2009, la gerencia de Planificación y Desarrollo de estas empresas». En esa fecha, dijo, pese a dejar de tener la calidad de ejecutivo de estas sociedades Penta, «comenzó a prestar servicios de forma externa a dicho conglomerado». Realizó distintas asesorías a empresas del grupo como Banmédica y Banpenta, y en ese escenario asumió «el cargo de subsecretario de Minería del Gobierno del ex presidente don Sebastián Piñera el año 2010».
Además, durante este período Wagner, agregó Chahuán, «era socio y representante legal de las sociedades Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores, de Inversiones y Asesorías Santa Irene, y a través de esa tenía también interés en las sociedades administradoras Génesis Capital S.A. y Génesis Partners S.A.».
Su vinculación con Penta era tal que incluso hasta el momento de entrar al gabinete era miembro del directorio de la AFP Cuprum, controlada entonces por el grupo. Y se desempeñó como integrante del directorio de la AFP Vida Tres Internacional, Clínica Olivos de Argentina, Home Medical Center y Vida Integra.
En lo político, hasta hace unos años era visto como una de las figuras prometedoras de las nuevas generaciones del gremialismo. Fue miembro de la comisión política de la UDI y dirigente de la Región Metropolitana. El 9 de enero de 2015, después de que la fiscalía anunció que lo formalizaría por cohecho y lavado de dinero, Wagner envió una sentida carta a su amigo el diputado Ernesto Silva Méndez, en ese momento presidente de la UDI, en la que renunció al partido en el que militó durante veintidós años. Con Ernesto Silva era socio, además, en la firma Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores.
Desde su posición de economista y profesor de la UDD, era crítico habitual de la política económica del Gobierno de la Concertación. Fue uno de los detractores del proyecto del royalty a la minería y desde hace ya varios años ha propuesto en seminarios y escritos la privatización de Codelco, bajo la fórmula de «venderles acciones a todos los chilenos».
CORREOS COMPROMETEDORES
Las relaciones de Pablo Wagner con el grupo Penta se mantuvieron mientras era subsecretario de Minería. Los computadores incautados y las indagaciones de la fiscalía lo dejaron en mal pie. La acusación de cohecho y lavado de dinero que pesa sobre él lo llevó al presidio Capitán Yáber a cumplir con la medida cautelar y después a permanecer bajo arresto domiciliario.
Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano y vicepresidente de proyectos mineros de Andes Iron, de la que el socio principal era Délano, le escribió a Pablo Wagner el 8 de junio de 2010, cuando el subsecretario llevaba tres meses en el cargo de Gobierno: «Estimado subsecretario: primero que nada espero que te esté yendo muy bien en la pega nueva, tengo claro que no debe ser nada de fácil. Como te comenté la última vez que nos vimos, estamos involucrados en un proyecto de mineral de hierro, “Dominga”». En el mismo e-mail le explica que la secretaria regional ministerial (seremi) de Minería de la región de Coquimbo, Jocelyn Lizana, «nos ha apoyado bastante con los pasos que hay que seguir». Y a continuación Ducci solicitaba una reunión: «Nos pidió si podíamos coordinar una reunión contigo para mostrarte formalmente los avances del proyecto. A ella le interesa estar, ya que está bien involucrada en que el proyecto salga adelante. Si pudieras recibirnos […] te lo agradecería».
El subsecretario no trepidó en responder de inmediato. «Estimado Pedro: hoy fue un día difícil, se rechazó el royalty después de ochenta días de discusión y hubo uno que otro altercado comunicacional […]. Qué bueno lo del proyecto del mineral de hierro, feliz de juntarnos mañana y en lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirlos. Un abrazo, Pablo Wagner.»
Andes Iron es una sociedad formada por Délano para la explotación de la mina de hierro Doña Dominga, en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo. Este proyecto es de los pocos que no tenían en común los socios de Penta. El Choclo tenía el 80 por ciento y se unió a José Antonio Garcés Silva, supernumerario del Opus Dei, socio de Eduardo Fernández León en el Consorcio Financiero, que controlaba el 15 por ciento. Al parecer, el más entusiasmado con esta iniciativa era Pedro Ducci, quien se ha encargado de monitorearlo.
Los afanes de ayudar a Délano y Ducci llevaron al ex subsecretario a remar en un sentido contrario al de su jefe el presidente Piñera, que en agosto de 2010 —solo dos meses después del intercambio de correos aludidos— sorprendió a medio mundo cuando de un día para otro, ante el clamor ciudadano, echó para atrás la construcción de la planta eléctrica de Barrancones en Punta Choros. Argumentó que su medida tenía por objeto «proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza no solamente para nuestra generación, sino también para las que vendrán».
La mina de hierro Dominga y el puerto de embarque asociado al proyecto que se ubicaría en el mismo sector —a menos de trece kilómetros de donde se pretendía levantar Barrancones—, sin dudas, no contribuirían a resguardar el maravilloso santuario y la biodiversidad de la bahía.
En abril de 2015, entre los problemas derivados de la falta de permisos ambientales y ante los embates desatados por el huracán que cayó sobre sus espaldas, Délano manifestó su voluntad de vender su parte.
No fue en todo caso la preocupación por la Minera Dominga la única gentileza que Wagner tuvo con sus antiguos jefes de Penta mientras fue subsecretario. En los correos incautados hay una serie de agradecimientos del entonces ejecutivo de Gobierno a los Carlos por los doce años trabajados en Penta, «sin los cuales no habría llegado a ser subsecretario», como les decía en sus misivas. Todo eso mientras negociaba el sueldo que le seguirían pagando.
Pero hay un e-mail especial, fechado el 19 de abril de 2014, en el que Wagner le recomendaba a su jefe, el recién designado ministro de Minería Laurence Golborne, el nombre de Carlos Eugenio Lavín para que lo integrara en el directorio de Codelco. «Laurence: te reenvío el CV de Carlos Eugenio Lavín. Es el hombre de negocios más inteligente, visionario, práctico y estratega que he conocido. Realmente sería un lujo para el país y Codelco tenerlo como director (no quiere otros directorios). Se lo pelean las empresas para otros directorios distintos a Penta. Está dispuesto a hacerlo completamente gratis y a dedicarle tiempo, que es más valioso aún».
En su declaración de enero de 2015 ante el fiscal Carlos Gajardo, Carlos Eugenio Lavín recordó que «en alguna ocasión me preguntó si me interesaba ser director de Codelco, yo le dije que estaba disponible». Después, en otro correo, le dijo que no resultó.
SUELDO «INSUFICIENTE»
Lavín indicó, asimismo, que cuando nombraron a Wagner subsecretario de Minería, «algo que él deseaba, llegó a hablar conmigo para decirme que su remuneración iba a bajar considerablemente». Según su testimonio, Wagner le dijo que faltaba que le pagaran 167 millones de pesos de Banmédica, y que tras negociar solo obtuvo 75 millones, «lo que se le pagó, y se firmaron los finiquitos. Sin embargo, volvió a hablar conmigo cuando estaba recién nombrado y me dijo que le quedaban pendientes 92 millones. Lo que me estaba pidiendo era una gauchada».
Recordó también Carlos Eugenio Lavín que Pablo Wagner le argumentó «que no le iba a alcanzar el dinero, que tenía seis hijos que mantener». El sueldo de un subsecretario en 2010 era más de 6,7 millones de pesos brutos —en 2015 bordea los nueve millones—. La inquietud que según Lavín le manifestó se puede entender por las altísimas rentas a las que estaba acostumbrado en el sector privado dentro del grupo Penta y en particular en las empresas de salud. Y es probable que no lo haya pensado bien antes de ingresar al sector público ni tampoco haya estado dispuesto a efectuar recortes en el presupuesto familiar.
Según Carlos Eugenio Lavín, el asunto «ya me tenía un poquito saturado y lo envié a hablar con Hugo Bravo para que vieran alguna fórmula para cerrar el tema», declaró al fiscal. «Luego me enteré por Hugo Bravo que se le estaba pagando un suplemento de dinero igual al que Penta le pagaba antes de asumir como subsecretario, esto es 1,5 millones de pesos mensuales.»
En opinión de Carlos Alberto Délano, «Penta no le debía nada a Wagner, había trabajado todos los últimos años para Banmédica». Declaró que lo llamó Carlos Eugenio Lavín y se reunieron. Le comentó que «Wagner tenía un problema y que dijo que se le quedó debiendo en Banmédica y que le iba a bajar la renta a la mitad». Agregó que «para ayudarlo» se les ocurrió que hiciera clases en la Universidad del Desarrollo «en las diez horas que tiene como subsecretario». Se refería a la posibilidad de un funcionario público de destinar hasta doce horas a ejercer labores docentes, siempre que recupere el tiempo dedicado a esa actividad.
DELITOS DE COHECHO Y SOBORNO
El fiscal Chahuán detalló los cargos contra el ex subsecretario, cuando lo acusó de soborno. Entre marzo de 2010 y agosto de 2012, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano «pagaron diversas sumas de dinero al imputado Pablo Wagner», quien durante ese período era subsecretario de Minería del Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, «a cambio de la realización por parte de este de las acciones […] que favorecieron los intereses de los primeros, Lavín y Délano, y sus empresas relacionadas». Eso le significó «al imputado Pablo Wagner utilidades o beneficios económicos. Tales hechos fueron reportados jurídicamente por la fiscalía como constitutivos de los delitos de cohecho y soborno».
Desde marzo de 2010, cuando asumió como subsecretario, hasta agosto de 2012, cuando tuvo que dejar el cargo, «al imputado Wagner se le pagó y recibió un total de 42 millones de pesos», aseveró el fiscal Chahuán, quien agregó: «Luego de acordado el pago, se ideó e implementó un proceso en virtud del cual se pretendía dar una apariencia de legalidad al origen de los fondos». Se trató de «un blanqueo», porque «en definitiva iban a parar directamente a su patrimonio personal y para su aprovechamiento final», agregó.
Sabas Chahuán destacó: «Así, el imputado Pablo Wagner San Martín, a sabiendas del origen ilícito de tales utilidades o dinero, realizó transacciones cuyo objetivo era ocultar o disimular tal origen ilícito o los propios bienes, otorgándole en definitiva una apariencia de legalidad que impidiera develar su real e ilícita fuente y le permitiera al imputado aprovecharlo y utilizarlo sin temor a controles o fiscalizaciones por parte de las autoridades competentes».
En concreto, dijo el fiscal nacional, Pablo Wagner utilizó a la hermana de su cónyuge, «doña María Carolina de la Cerda Íñiguez, con la finalidad de que ella sirviera como fachada que permitiera justificar el desembolso de dinero por parte de empresas del holding Penta. De esta manera, era ella quien aparecía como la aparente receptora de dineros provenientes de alguna de estas empresas del holding, a cambio de servicios profesionales inexistentes consistentes en presuntas asesorías financieras o presuntas asesorías profesionales que nunca se prestaron realmente y que se contabilizaban o registraban documental y formalmente mediante la emisión por parte de esta señora de las correspondientes boletas de honorarios».
Según el fiscal Chahuán, «con la finalidad de desvincular aún más aquellos pagos de su real origen, vale decir los delitos reiterados de cohecho, las boletas no se enviaban a la misma empresa sino que a distintas, y fueron utilizadas por varias empresas del holding, entre ellas: Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Limitada e Inversiones Banpenta S.A.». Estas sociedades, detectó la fiscalía, aparecían «alternativamente como receptoras de estas boletas y pagadoras de estas asesorías inexistentes y cuyos fondos por estos conceptos iban a parar a la cuenta bancaria del imputado Wagner San Martín».
LA CONFIADA CUÑADA
Las contundentes palabras del fiscal nacional se basaron en las indagaciones que habían hecho Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos y en las declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos de algunos de los implicados, entre ellos la propia María Carolina de la Cerda. Como indicó The Clinic on line en un titular de enero de 2015, «hasta la cuñada de Pablo Wagner lo echó al agua en el SII por uso de boletas truchas». Aludía a la declaración que ella hizo ante Impuestos Internos el 20 de noviembre de 2014.
Al referirse a las boletas ideológicamente falsas del grupo Penta, María Carolina de la Cerda fue clara: «Yo no presté servicios por estas boletas de honorarios. Las boletas las comencé a emitir a petición de Pablo Wagner, mi cuñado, debido a la confianza que mantenía con él».
Contó en su declaración: «En ese momento no le pregunté el por qué o el para qué. Desconozco cuál era el inconveniente de Pablo para emitirlas él mismo y jamás le pregunté. Era yo misma quien emitía las boletas de honorarios, según la glosa y montos que me dio por primera vez Pablo, y después seguí ocupando los mismos».
Señaló que ella no sabía mucho más. Simplemente recibía la devolución de impuestos —10 por ciento, como es habitual— sobre la base de las boletas de honorarios, «con la cual me quedaba íntegramente». Y reiteró: «Yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí».
Pero María Carolina de la Cerda es, en cierto modo, el eslabón por donde los fiscales empezaron a poner en el foco a Soquimich, al encontrar boletas emitidas por ella a la empresa de Julio Ponce Lerou. Sobre eso, al menos a Impuestos Internos no quiso hablar, apelando a que no recordaba haber emitido ese documento. Después, esas boletas saltarían a la fama.
LAZOS DEL DIPUTADO SILVA
Aparte de las boletas que daba a Penta, la cuñada de Wagner hacía similares operaciones con la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores, formada por el mismo Pablo Wagner, el ex presidente de la UDI Ernesto Silva Méndez, el actor Vasco Moulián y el ingeniero comercial William Díaz, vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en el Gobierno de Sebastián Piñera.
La sociedad con Wagner fue uno de los problemas que debió enfrentar el diputado de la UDI Ernesto Silva Méndez, quien además es sobrino de Carlos Alberto Délano; su madre, María Cristina Méndez Ureta, es hermana de la esposa del Choclo, Verónica Méndez Ureta.
El 11 de marzo, tres días después de las formalizaciones del caso Penta, Ernesto Silva Méndez renunció a la presidencia de su partido, en medio de las convulsiones experimentadas por la situación que afrontaban connotados dirigentes y parlamentarios de la UDI. Lo reemplazó por un corto período el diputado Javier Macaya, quien no alcanzó a estar tres meses a la cabeza del partido fundado por Jaime Guzmán, hasta que asumió el senador Hernán Larraín.
Como señaló el diario La Tercera el 12 de marzo, había además otro nexo del diputado con el caso: las sociedades Nyrvana y Sydarta, «de propiedad de su padre, Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011), figuran con dos forward con CB Consultoría y Proyectos, investigados en el caso». Y agregó que Silva Bafalluy «fue uno de los receptores de dineros irregulares traspasados desde SQM a la campaña de Joaquín Lavín».10
La Tercera adelantó que «en la carpeta figura un e-mail entre Iván Álvarez y Marcos Castro que estipularía irregularidades a su favor en el SII». Otro e-mail, indica, deja al descubierto una preocupación que Carlos Eugenio Lavín le transmitió a Silva en medio de la tramitación de la Ley de Isapres.
Sobre ese punto le había consultado el fiscal Carlos Gajardo a Carlos Eugenio Lavín en su declaración de enero. «Respecto del correo de fecha 10 de enero de 2013 que me envió Ernesto Silva, señalo que se refiere a una discusión en el Congreso sobre el plan garantizado de salud que lleva mucho tiempo […]», respondió.
Agregó Lavín en esa oportunidad: «Ernesto Silva es una persona extremadamente cercana a nosotros, es sobrino de Carlos Alberto. Es obvio que si hay un proyecto que nosotros consideramos que no es bueno para el sistema privado de salud, vamos a hacer los esfuerzos para convencerlo a él y a cualquier otro parlamentario del error que se está cometiendo. Pero eso no es nada indebido. Este tipo de comunicación es común y es una especie de lobby directo». Reconoció también que a Ernesto Silva le hicieron aportes a través del Servicio Electoral (Servel), «ignoro por qué monto, seguramente fue por el máximo permitido».
Las palabras del socio de Penta ayudan a comprender la relación entre dinero y política que se ha venido practicando.
PLATAS NEGRAS
Así como en el caso de Pablo Wagner, la huella dejada en los e-mails contribuyó en forma eficaz a la investigación; también una fuente de especial relevancia para detectar los aportes monetarios a las campañas son los correos electrónicos obtenidos gracias a la incautación de los computadores de los dueños y directivos de Penta y de varios de los imputados. La colección de e-mails que está en manos de la fiscalía entrega luces de cómo se hacen esos tratos y la situación de dependencia que generan entre los benefactores y los candidatos favorecidos, lo que sin duda se expresa en la mayoría de los casos a la hora de legislar.
De acuerdo a la Ley Electoral chilena de 2003, hay un monto límite que pueden dar las empresas y los particulares: dos mil unidades de fomento (UF) para presidente de la República, mil doscientas cincuenta para parlamentarios, y diez mil UF a un partido. Se supone que esas platas se entregan en forma anónima y el candidato no debe saber la procedencia, aunque es obvio suponer que más de algo sospechará. O que quien aporta hará saber indirectamente que realizó un apoyo. Estas dádivas permitidas se limitan hasta ahora solo a tres meses previos a la campaña.
Pero como la publicidad requerida para darse a conocer y captar votantes ha experimentado una inflación de costos notable, los candidatos empiezan con meses de anticipación a tocar la puerta de posibles donantes.
El 5 de enero de 2015, cuando concurrió a prestar declaración en fiscalía ante el fiscal Carlos Gajardo, Carlos Eugenio Lavín se refirió al financiamiento a las campañas. Expresó que los dineros destinados a candidatos políticos fueron aumentando en la medida en que el grupo fue creciendo. Pero señaló que para ellos no representaban gran cosa: «Si bien los aportes políticos pueden ser importantes, en términos globales no son significativos para Penta. A Carlos Alberto le gustaba el tema del marketing de las campañas y yo apoyaba a los candidatos sin preocuparme demasiado de ello».
Aunque Lavín no lo dijo, además, el regalo se abarata si lo cargan como costos a las empresas y no como ocurría antes con los «señores del maletín» que contribuían con platas negras que se repartían en billetes sin entrar en la contabilidad de una empresa. La «gracia» de las boletas o facturas ideológicamente falsas es que al cargarse a costos, disminuyen las utilidades y, por lo tanto, la base tributable de los donantes.
Carlos Alberto Délano admitió en su declaración que «en tiempos de campaña recibo cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes económicos». Y según él, «el 99 por ciento de los políticos se financian más allá del Servel y eso es transversal».
Contó también Délano que los montos que entregaban vía Servel los decidían junto con Carlos Eugenio Lavín. Y Carlos Bombal, el ex senador de la UDI muy cercano a los Carlos, se encargaba «de la coordinación y materialización en ese Servicio». Indicó que en general, Hugo Bravo hacía «los cálculos de cuánto es la suma que se puede donar e implementó el modo en que se materializan los aportes». Bombal también fue formalizado en marzo, aunque desde el comienzo sus medidas cautelares fueron menores —firma semanal y arraigo nacional—, lo mismo que Samuel Irarrázaval.
Délano intentó justificar los favores monetarios ejecutados al margen de la Ley Electoral: «El problema es que las campañas empiezan un año antes y solo se puede aportar los últimos noventa días, por lo que todos los candidatos empiezan a pedir antes, ya que noventa días antes las decisiones de votos ya están tomadas». Y aunque reconoció haber autorizado esos aportes, trató de responsabilizar a Hugo Bravo por la forma de hacerlo. «En esta parte, no puedo creer ni entender que Hugo Bravo lo haya hecho de esta manera», argumentó en su declaración.
«AL FILO DE LA NAVAJA»
Ya a comienzos de 2015, los medios de comunicación hablaban de políticos con nombre y apellido beneficiados con la «generosidad» de los Penta. Varios de ellos ya habían sido mencionados por Hugo Bravo en la grabación de su conversación con Carlos Eugenio Lavín. El 24 de enero, los diferentes medios dieron a conocer partes importantes de las declaraciones en fiscalía de los dos Carlos. Destacó por su extensión y detalle la versión del diario La Tercera que «ordenó» las respuestas de Délano y Lavín sobre los diferentes políticos involucrados. Ya era prácticamente una lista oficial.
A esa altura —después de que la fiscalía levantó la reserva de la investigación—, los abogados defensores y los querellantes que hasta ese momento eran el Servicio de Impuestos Internos y el Partido Socialista, que se hizo parte en octubre de 2014, disponían de esos documentos. En marzo, poco antes de la audiencia de formalización, también se sumaron a la causa el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadano Inteligente.
Aunque la mayoría de los favorecidos por Penta con dineros entregados bajo cuerda eran militantes de la UDI, llamaron la atención dos personajes ajenos a ese prototipo. Uno de los más comentados fue el ex ministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, quien apareció comprometido con veinte millones de pesos en una factura. El otro, el titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga, militante DC, quien postuló sin éxito para ser senador por Santiago Poniente, después de haber sido alcalde de Maipú.
Andrés Velasco ha tratado de explicar que su factura se debería a una suerte de honorario por un almuerzo en julio de 2013, al que concurrió a la sede de Penta en El Bosque Norte, donde habló de la situación económica ante Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y el ex gerente Manuel Antonio Tocornal, de quien había sido compañero de colegio en el Grange. Estuvo también en la reunión el ex jefe de campaña de Velasco, Juan José Santa Cruz.
El cuestionado almuerzo fue ratificado por los socios de Penta en sus declaraciones de enero de 2015 ante el fiscal Gajardo. Carlos Alberto Délano recordó: «El almuerzo lo organizó Tocornal para apoyar y saber más de las ideas de Andrés Velasco y aprovechar su experiencia en política y economía nacional e internacional. No hubo PowerPoint ni nada parecido. Solo se conversó. Manuel Antonio Tocornal sabía que después del almuerzo íbamos a ser generosos con Velasco».
Para explicar el sentido del encuentro, Délano usó un término en inglés: «El almuerzo con Velasco fue una especie de charla asesoría con fundraising, que es muy común y legal en Estados Unidos», dijo, refiriéndose a reuniones para levantar fondos para una campaña. «Si yo fuera candidato, lo haría del mismo modo», agregó. «Como digo, esta es la forma en que en Estados Unidos los candidatos recolectan dinero para sus campañas.»
Es probable que a Andrés Velasco, quien vivió su niñez y juventud en ese país, le pareciera un método apropiado, pero su «defensa» fue más bien en el sentido de que él cobra por sus conferencias, sin admitir que el pago de Penta fuera un aporte a su precampaña presidencial.
«Manuel Antonio [Tocornal] fue quien luego vio el tema del dinero. En los últimos cinco años no hemos tenido ningún otro almuerzo con un economista por estos montos. Se le aportaron veinte millones de pesos que era la suma que aprobamos con Carlos Eugenio Lavín. No hubo en 2013 ninguna charla que hubiera hecho Velasco para Penta, salvo el almuerzo señalado», detalló Délano.
La versión de Lavín —como en casi todos los tópicos— es coincidente con la de su socio. Aludió a la factura de Cactus SpA, la sociedad de Velasco, y señaló: «Manuel Antonio Tocornal nos insistió mucho que quería hacer un almuerzo con Andrés Velasco, porque quería explicar su postura y sus puntos de vista como precandidato en las primarias. Se hizo un almuerzo en el piso 16 de Penta, con Juan José Santa Cruz, tesorero de la campaña de Velasco, Manuel Antonio Tocornal, Andrés Velasco y yo».
Señaló Lavín al fiscal Carlos Gajardo que «Velasco se explayó sobre su visión del país». Contó que habló sobre «lo que le faltaba a Chile para alcanzar el desarrollo, que había que aumentar la recaudación de impuestos». Según Lavín, «fue un almuerzo muy interesante e instructivo para conocer el pensamiento de una persona de centro-izquierda cuya opinión nos merece respeto. Nadie habló de plata en el almuerzo». A la salida, «Manuel Antonio Tocornal me dice: “¿Cuánto le damos? ¿Te parece bien unos veinte millones?”. Y yo le dije: “OK, velo tú”. Carlos Alberto también lo apoyó».
La implementación de ese pago la vio Tocornal con Bravo, afirmó Carlos Eugenio Lavín, quien admitió ante el fiscal Gajardo: «Estos son aportes en el filo de la navaja, porque él puede sostener que es una asesoría. Yo lo entiendo como una recaudación de fondos elegante».
Y agregó que en esa oportunidad Carlos Alberto Délano le dijo a Velasco «que él parecía que estaba fuera de foco por estar en la coalición que estaba. También le recomendó en el almuerzo que no fuera a primarias y que fuera a la final».
TOCORNAL, PURCELL Y «TIERRA FIRME»
La figura de las fundaciones, con nombres que buscan ser originales, aparecieron también en medio del carnaval de boletas y facturas. Además del ya famoso almuerzo de los veinte millones, hay otra boleta que relaciona a Andrés Velasco con Penta. Es un aporte por cinco millones de pesos a la Fundación Tierra Firme, antecesora de la organización Plural, el centro de pensamiento del ex ministro, que preside el actual presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, y que cuenta entre sus financistas y directores a otros prominentes hombres de negocios: Bernardo Matte Larraín, presidente del Banco BICE; el fundador de la empresa Sonda, Andrés Navarro, y Tim Purcell, socio y fundador de Linzor Capital.
«Tierra Firme se creó en marzo de 2012 y su puesta en marcha fue financiada por Penta», señaló el diario electrónico El Mostrador el 12 de enero de 2015. El contador de la fundación, Jorge Olave, declaró ante el fiscal Carlos Gajardo el 10 de octubre de 2013, y contó que había sido el encargado de los trámites de puesta en marcha de esa fundación.
La gestión con Penta en esa oportunidad la hizo Tim Purcell con su amigo Manuel Antonio Tocornal, en ese momento gerente del holding Penta. Ambos —lo mismo que Velasco— son ex alumnos del Grange. Después de acordar la «ayuda», Tim Purcell reenvió un correo el 7 de enero a Manuel Antonio Tocornal que dice: «Hola, Toño. Aquí va boleta que me pediste. El pago se puede hacer a la cuenta corriente del emisor de la boleta Jorge Olave».
A su vez, Tocornal le dio las instrucciones a Marcos Castro, contador de Penta: «Pago aporte Andrés Velasco. Confírmame cuando la pagues, gracias. MAT». El propio Manuel Antonio Tocornal reconoció en su declaración ante la fiscalía haber sido el nexo para ese aporte a la campaña de su ex compañero del Grange, a quien también le dio una cuota menor a título personal.
Timothy Purcell —conocido como «Tim»— es hijo del dueño del Hotel Portillo, Henry Purcell. Antes de radicarse en Chile, trabajó durante veinte años en el J.P. Morgan en Nueva York y llegó a ser un importante ejecutivo del banco estadounidense para América Latina.
El hombre de negocios formado en Estados Unidos —estudió Economía en la Universidad de Cornell y después obtuvo un posgrado en la Escuela Warton en la Universidad de Pennsylvania— tuvo que declarar el 9 de enero de 2015, en calidad de imputado ante la fiscalía.
Purcell tiene también fichas junto a Juan Hurtado Vicuña en el negocio de la educación privada: Linzor es parte de la Corporación Santo Tomás, dueña de la Universidad Santo Tomás, el instituto profesional y el centro de formación técnica del mismo nombre. Hurtado preside la Corporación y Purcell es el vicepresidente.
Carlos Eugenio Lavín indicó: «Respecto de la boleta del señor Olave, no tengo conocimiento. Carlos Alberto me dijo hace poco que le parece que Manuel Antonio Tocornal le pidió autorización para hacer ese pago. El señor Olave no prestó ningún servicio para Penta. Lo que he averiguado hoy día pareciera que se trata de un aporte político al señor Andrés Velasco».
Las vinculaciones con Penta parecían contradictorias con el discurso del ex ministro de Hacienda, que desde su movimiento Fuerza Pública apelaba a la transparencia y a dejar atrás las prácticas de la «vieja política».
LA «CIUDAD JUSTA» DE UNDURRAGA
Una situación poco confortable vivió también el ministro de Obras Públicas de Michelle Bachelet, Alberto Undurraga, por una boleta de cuatro millones de pesos pagados por un estudio a la Fundación Ciudad Justa, que él presidió hasta enero de 2014, dos meses después de haber sido derrotado en la elección senatorial por Santiago Poniente. Hugo Bravo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín se refirieron en su declaración al hecho. El contacto de un compañero de colegio —esta vez del Saint George— funcionó también para favorecer a Undurraga.
«Perdió la elección a senador por Santiago Poniente y me llamó Mario Livingstone que es un amigo mío del colegio, y me dijo que Undurraga tenía una deuda de su campaña política, y que tenía un estudio que deseaba vender, para pagar las deudas de la campaña, en unos cuatro millones de pesos. El aporte lo decidí yo», explicó Délano al fiscal.
«Obviamente era una ayuda o apoyo para que pagara sus deudas», comentó. «En todo caso era un estudio interesante y el monto no era significativo. Hasta este momento no lo hemos utilizado, pero puede servir al área inmobiliaria», explicó Délano al fiscal Gajardo.
En una declaración de Hugo Bravo del 6 de noviembre de 2014 ante el mismo Gajardo, confirmó que el sociólogo democratacristiano Mario Livingstone, «es un gran amigo de Carlos Alberto Délano, que está contratado por Andes Iron para convencer a las comunidades aledañas a la mina Dominga» de que no se opongan al proyecto. Añadió que Carlos Bombal, que era director de Andes Iron, le solicitó esa contribución para Undurraga, «por un compromiso que tenía Mario Livingstone con él».
Miembro del directorio de la AFP Cuprum desde que era de Penta, Livingstone es, además, profesor de la Universidad del Desarrollo y hasta noviembre de 2014 fue vicepresidente de asuntos corporativos de Andes Iron.
Aunque la mención a Undurraga y su fundación provocó en su momento tensión en el Gobierno, la vorágine de problemas posteriores y los montos que involucraron a otros parlamentarios en ejercicio y candidatos derrotados dejaron en un segundo plano el aporte efectuado por Penta al ex alcalde de Maipú. Más aún después que arreció el caso Soquimich.
EL DEBUTANTE DE MUSSY
En la audiencia del 4 de marzo de 2014, el fiscal Carlos Gajardo indicó que en materia de financiamiento a campañas políticas, la primera boleta que apareció, en orden cronológico, fue la candidatura a diputado de Felipe de Mussy Hiriart, quien debutó en marzo de 2014 en la Cámara.
Felipe de Mussy es hijo de la ex concejala de la UDI por Lo Barnechea y después por Vitacura, María Paz Hiriart, y se acercó desde muy joven al gremialismo. Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, de treinta y tres años, es casado con la abogada de la UC María Yarur Arrasate, hija de Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Banco BCI y uno de los socios de la cadena de farmacias Salcobrand.
El joven diputado de la UDI trabajó en el Gobierno de Sebastián Piñera y después logró por primera vez en noviembre de 2013 llegar al Parlamento, por el distrito 56 en la región de Los Lagos. Es muy amigo de José Luis Délano Méndez, uno de los hijos del dueño de Penta, y según The Clinic on line, de Felipe Novoa, hijo de Jovino.11
La fiscalía, dijo Gajardo en la audiencia, tiene un revelador correo electrónico de Felipe de Mussy enviado a Carlos Alberto Délano y a su secretaria Claudia San Martín en que, en tono cercano, le escribe: «Querido Choclo: te envío lo que me pediste cuando nos juntamos. Además, te cuento que el lunes 8 y martes 9 estaré en Santiago por si quisieras que me junte con Carlos Eugenio. Un abrazo grande desde ya y muchas gracias por todo. Felipe».
Esta intervención, dijo el fiscal Gajardo, «tuvo por consecuencia que efectivamente las empresas Penta financiaron o recibieron boletas que habrían servido para el financiamiento de dicha campaña». Y se refirió a otro correo electrónico de fecha 13 de mayo del año 2013, en que es el propio señor o el propio correo fdemussyh@ gmail.com en que escribe: «Tomás 5», refiriéndose a Tomás Garcés, la persona que va a dar la boleta «[…], y 5 al monto por el cual debe ser esa boleta, cinco millones». Y le indica el teléfono de Hugo Bravo y el nombre de su secretaria, Mylene.
Aunque Felipe de Mussy fue formalizado el 22 de junio por el juez Juan Carlos Valdés, tras la solicitud de la fiscalía, el fuero parlamentario lo salvó de las «medidas cautelares», lo mismo que al senador Iván Moreira. Esto significa que De Mussy y Moreira, a diferencia de los otros formalizados, no han tenido restricciones como arrestos domiciliarios, firmas ni arraigo.
LOS PEDIDOS DE MOREIRA
El primero en reconocer que había cometido «irregularidades» y pedir disculpas públicas fue el senador por Los Lagos Iván Moreira. Junto con renunciar a la vicepresidencia de la UDI, leyó una declaración que marcó una diferencia con lo que había sido la actitud de la mayoría de los otros involucrados. Y con los dirigentes de su partido.
«No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a otros, o se escudan en el argumento de que se trata de prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate. Hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y estoy pidiendo disculpas públicas», dijo Moreira desde la sede de la UDI en la avenida Suecia, pero sin ningún distintivo de su partido detrás, como suelen aparecer los dirigentes.
En la oportunidad reconoció que le había pedido dinero a Hugo Bravo y se excusó ante «todos quienes puedan haberse sentido molestos por el tono y el lenguaje de mis correos electrónicos, reconozco que mis palabras pueden parecer imprudentes». Y a modo de justificación agregó: «Me mandaron al sur a morir, como metafóricamente dije en su minuto, y donde ganar era prácticamente imposible».
El entonces diputado Iván Moreira Barros le empezó a enviar correos a Hugo Bravo a fines de 2012. Algunos de esos e-mails trascendieron a los medios antes de la formalización, pero verlos en serie —como los presentó el fiscal Carlos Gajardo en la primera audiencia— ilustra sobre la relación que se daba entre el hoy senador y el ex gerente del grupo Penta.
En vista de que no tenía noticias, el 9 de enero de 2013, Iván Moreira le mandó a Bravo otro correo que denotaba cierta impaciencia: «¿Sigues de vacaciones? ¿Cuándo llegas? Para poder ir a verte». Y el 30 de enero del año 2013, el diputado Moreira le escribió a Hugo Bravo:
«¿Me tienes castigado, Hugo? Te estoy llamando hace diez días. Trata de devolverme la llamada. Un abrazo.»
Anotó el fiscal que ese mismo 30 de enero «hay un envío por parte de la casilla diputadomoreira@gmail.com a la casilla de correo de Hugo Bravo López, de una boleta electrónica a nombre de Eduardo Montalva Pérez», por tres millones de pesos líquidos, por supuestos servicios prestados a Inversiones Penta III.
Montalva Pérez fue candidato a concejal en la lista UDI e Independientes por la comuna de El Bosque y era cercano a Moreira. Indicó Gajardo que el mismo día Moreira insistió con un tercer correo a Hugo Bravo, acompañándole una boleta, por dos millones de pesos, de Isabel Marinovic Merino. Y en otro envío anotó en el asunto: «Te mandé las dos boletas y la cuenta corriente».
EL «CUPÓN DE COMBUSTIBLE»
Pero luego vino un nuevo pedido de Moreira en el e-mail del 25 de septiembre de 2013 dirigido a Hugo Bravo: «Para los 1.000 metros finales, ¿queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda la vida».
«Cuéntame cómo vamos» —le contesta Hugo Bravo—. «Algo saldrá. Saludos, Hugo», lo tranquilizó el ex gerente. Tras una serie de amistosos intercambios, el mismo 25 de septiembre en que Moreira le dijo que tenía posibilidades de ganar, Bravo le replicó: «Así va a ser. Te haré entonces dos de cinco, total diez». Después le agregó Bravo en otro correo: «Boleta uno, este cupón ya lo tiene mi secre, manda a buscarlos. Saludos, Hugo». Y luego le contestó Moreira: «Prefiero los dos cupones. El martes los retiraré».
Las boletas que acompaña por correo electrónico, explicó el fiscal Gajardo, son las de Verónica Nieto Infante, por cinco millones de pesos, la boleta número uno, para Empresas Penta, y la boleta número dos, de Rodrigo Antonio Molina Requena […] también por cinco millones de pesos, para Empresas Penta S.A.».
El 2 de octubre de 2013, Hugo Bravo recibió nuevamente un correo de Moreira que le decía: «¿Cuándo mando a buscar los documentos? Avísame. Un abrazo».
Quedaban poco más de dos semanas para la elección, el 29 de octubre, y el hoy senador mandó otro correo: «¿Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos cien metros de campaña?». Hugo Bravo le contestó: «Rescaté siete». E Iván Moreira le respondió: «Gracias, con eso llego».
En la misma fecha, el 29 de octubre de 2013, Moreira le envió una nueva boleta a Bravo. Decía: «Me avisas, la otra por dos, va». Y le envió «una de Andrea Teresa Schultz por cinco millones de pesos, y, como le había indicado, otra por dos millones de pesos de Rodrigo Molina Requena», señaló el fiscal Gajardo. En el correo electrónico, Moreira le agregó finalmente los datos para el depósito a Rodrigo Molina Requena, y envió otro e-mail dirigido a Hugo Bravo: «Dile a tu secre que por favor los mande a depositar a los destinatarios, ahí van las cuentas. No tengo a nadie a quien mandar a buscarlos, estoy en Puerto Montt. Gracias».
Después de la elección en la que Iván Moreira triunfó en la región de Los Lagos, Hugo Bravo le envió un entusiasta correo: «Senador, felicitaciones. No desteñiste como otros, se lo enrostré al Choclo. Saludos, Hugo». Y el flamante senador le contestó: «Un abrazo grande, te llamaré. Muchas gracias».
Anotó el fiscal Carlos Gajardo: «Toda esta información, que habla por sí sola, por cierto, es también ratificada por las declaraciones que han sido prestadas, en presencia de sus abogados y previa lectura de derechos, por los imputados Hugo Bravo y Marcos Castro, que han sido los que firmaron los cheques y fueron los que primero dieron información».
Los dueños del grupo, en cambio, se refirieron a estos aportes, pero —a diferencia de lo sucedido con los demás candidatos— negaron toda participación en las donaciones a Moreira. «Nunca habló conmigo. Este tema lo decidió directamente Hugo Bravo, nunca lo consultó conmigo ni con Carlos Eugenio», dijo Carlos Alberto Délano. «Yo no le habría dado ningún aporte a Iván Moreira, porque yo estaba apoyando a Ena von Baer. Las boletas de Verónica Nieto, Rodrigo Molina, Andrea Schultz, Eduardo Montalva e Isabel Marinovic no corresponden a ningún servicio que se hubiera prestado a Penta». Y Lavín señaló: «En la revisión que ahora hemos hecho hemos detectado que las boletas de Andrea Schultz, Verónica Nieto, Rodrigo Molina corresponden a aportes efectuados a Iván Moreira por Hugo Bravo».
CARDEMIL Y LOS ABOGADOS
El único candidato de Renovación Nacional que figuraba en la investigación del Ministerio Público vinculado a boletas de Penta hasta el momento de las formalizaciones era el abogado Alberto Cardemil, quien por más de veinte años fue diputado por Curicó —entre 1993 y 2014—, pero en la elección de 2013 perdió el escaño que había conservado por dos décadas.
Desde 1984 hasta marzo de 1990 fue subsecretario del Interior de Augusto Pinochet y, en esa calidad, estuvo a cargo de la entrega de resultados del plebiscito de 1988.
Su nombre apareció en el caso Penta a través del testimonio de Hugo Bravo, quien indicó que se le habían pagado siete millones de pesos para su frustrada elección como senador. Cardemil ha insistido en que las dos personas que aparecieron recibiendo boletas que lo vinculan, Saúl Quiroz Bedoya y Luis Felipe León Quinteros, son «connotados abogados» que colaboraron con su jefe de campaña, y dijo que no conocía a Hugo Bravo. Aseveró además a los medios, tras entregar su declaración el 12 de enero de 2015: «Nunca he visto un peso irregular en mi cuenta corriente ni en la campaña, y eso le dije al fiscal».12
Agregó Cardemil: «Siempre he pedido plata a través del financiamiento legal que corresponde para mi campaña y en mi campaña senatorial así lo hice. Nunca pude hablar con Carlos Alberto Délano, no me pude comunicar nunca con él, del señor Bravo recibí una llamada, cuyos antecedentes le he entregado al fiscal».
El fiscal Gajardo, en la audiencia del 4 de marzo, lo relacionó con dos boletas ideológicamente falsas entregadas a Penta en septiembre de 2013. Una a nombre del abogado Saúl Quiroz Bedoya por tres millones de pesos y una segunda del abogado Luis Felipe León Quinteros. En ambas aparece el nombre de Paula Rojo, quien se dirige a Hugo Bravo. «Estimado don Hugo, en relación a lo conversado con don Alberto Cardemil envío boleta de honorarios», dice en el primer e-mail. «Estimado don Hugo, adjunto segunda boleta de don Alberto Cardemil. Atte., Paula Rojo», señala en la segunda oportunidad.
Carlos Eugenio Lavín aludió al origen de esas boletas de Cardemil. «Conversó el tema con Carlos Alberto, esto me lo contaron a mí. Ahora he sabido que las boletas de los abogados Luis León Quinteros y Saúl Quiroz Bedoya son por estos aportes.»
El juez Juan Carlos Valdés estimó que en su caso bastaba con la firma cada quince días y el arraigo nacional.
LAS DOLENCIAS DE JOVINO
Diputados y militantes del partido derechista, entre ellos dos ex presidentes de la UDI, los diputados Patricio Melero y Ernesto Silva Méndez, concurrieron el 22 de junio a acompañar a los imputados. El primero en llegar al Centro de Justicia fue el «coronel» de la UDI Jovino Novoa Vásquez, quien no había querido emitir declaración alguna ante los fiscales. Se acogió durante la investigación al derecho a guardar silencio y anunció que solo hablaría ante los tribunales. Esto en contrapunto con la locuacidad para salir con frecuencia en diarios y revistas a marcar su rebeldía y malestar contra los fiscales y contra el Servicio de Impuestos Internos, que se querelló en su contra.
El fiscal Emiliano Arias estuvo a cargo de exponer las acusaciones que pesan sobre Jovino Novoa: «Es bastante sospechoso que solo se emitan facturas a sociedades, a personas y a corporaciones vinculadas con el imputado», manifestó. Y señaló que la firma del ex senador sumaba 157 millones de pesos en boletas que serían ideológicamente falsas a siete empresas. Esto durante el período electoral según un informe elaborado por la Policía de Investigaciones.
En esa suma se incluían las de Penta y de Soquimich, así como algunas emitidas por su empresa Inversiones y Mandatos a otras sociedades relacionadas con él.
Pero ese día Novoa no pudo ser formalizado. Se sintió mal en plena audiencia y tras ser revisado por paramédicos, con la venia del juez de garantía Juan Carlos Valdés, fue trasladado a la Clínica Las Condes. Más tarde se explicó que había experimentado una descompensación por una dolencia al colon por la que permaneció cuatro días hospitalizado.
Al final, el único UDI que fue formalizado en esa oportunidad fue el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett. Novoa se «salvó» por su descompensación y el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy por el fuero parlamentario, mientras que el ex diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil pidió un aplazamiento, porque supo que había nuevos cargos en su contra. Las formalizaciones pendientes se efectuaron el lunes 6 de julio.
En esa jornada tomó la palabra acusatoria ante el juez Valdés el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien calificó la acción del ex senador de la UDI de «delito tributario consumado y reiterado». Señaló que Jovino Novoa emitió a Penta cinco boletas y seis facturas ideológicamente falsas, por un total de 43 millones de pesos entre 2009 y 2014. Eso se tradujo en un daño para el fisco de más de quince millones de pesos, por los menores impuestos pagados por las empresas del grupo, indicó.
El fiscal Emiliano Arias detalló las características de esos documentos y solicitó arresto domiciliario total para Novoa. Arias incluso fue más lejos y planteó la posibilidad de que al menos parte del dinero recaudado por el ex presidente de la UDI no hubiera llegado a destino de algunos candidatos. «El dinero recolectado por esa persona, ilegalmente, al parecer iba a su bolsillo, iba a otra parte […] Ese dinero lo pudo haber gastado en lo que él quisiera. Una cosa es lo que él decía que iba a hacer y otra cosa es dónde se gastó el dinero.» El silencio de Novoa no ha contribuido a aclarar el punto.
El juez de garantía acogió las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y dispuso arresto domiciliario total y arraigo nacional para el antiguo jefe del gremialismo.
La compañía de los ex presidentes de la UDI que se volvió a reiterar —incluyendo esta vez al ex presidente de la UDI senador Juan Antonio Coloma— no amilanó al Ministerio Público ni al representante de la Justicia Juan Carlos Valdés, quien incluso advirtió que Jovino Novoa como abogado y ex senador debía conocer mejor que nadie el derecho y los «hechos delictuales» que habría cometido. Indicó en esa oportunidad el juez que las únicas atenuantes para Novoa eran su «irreprochable conducta anterior» y la devolución que efectuó de quince millones de pesos a Impuestos Internos. No obstante, hizo ver su escasa colaboración con la investigación. Destacó también que se le imputan delitos tributarios reiterados y que dada su condición de abogado «se esperaba de él un mayor análisis de sus conductas delictuales».
Pero de nuevo fue una solicitud basada en las dolencias del formalizado ex senador lo que interrumpió el cumplimiento de la medida cautelar. A los pocos días de su reclusión domiciliaria, Novoa solicitó permiso para ser trasladado a la Clínica Las Condes. Esta vez se dijo que era para efectuarle una operación al colon. No obstante, la intervención no se produjo. Entretanto, el 5 de agosto la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario total y lo reemplazó solo por arraigo nacional y firma quincenal.
Entre los ires y venires de sus enfermedades, el «coronel» de la UDI continuó en su actitud renuente a declarar en la fiscalía, lo que —si persiste— lo llevaría a tener que enfrentar un juicio oral. Diversos testimonios lo involucran, incluso los de los propios dueños de Penta.
«UNA ADMIRACIÓN SUPERIOR»
Jovino Novoa era un asiduo del edificio de El Bosque, lo que también se desprende de las declaraciones de los dueños del grupo, quienes reconocieron los aportes al ex presidente y fundador de la UDI. «Con Jovino Novoa tenemos una relación más cercana. Era de los senadores importantes, entendía bien los temas económicos, veía los temas de Hacienda, varias veces pasaba por Penta y conversábamos sobre la legislación, de los temas que a nosotros nos interesaba saber más. Jovino es un líder dentro de su partido, conocía personalmente a cada candidato», declaró Carlos Eugenio Lavín ante el fiscal Carlos Gajardo. «Los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino que para candidatos afines a él. De hecho, él no estaba en campaña. Yo lo que pienso es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos», señaló Lavín. Y precisó que Inversiones y Mandatos, sociedad de Jovino Novoa, «no prestó servicios para Empresas Penta, que yo sepa».
Por su parte, Carlos Alberto Délano dejó en evidencia su admiración por el «coronel» de la UDI: «Jovino es una persona muy cercana a mí y muy amigo mío. Es de las personas más inteligentes y sólidas en sus valores que he conocido. Ha sido además muy valiente. Le tengo una admiración superior. Jovino no ha concurrido a pedir dineros para él. Él concurrió a pedir aporte para campañas políticas para otros candidatos. Le aportamos alrededor de veinticinco millones de pesos para esos candidatos. Fue varias veces a reunirse conmigo, en alguna ocasión con Ena von Baer. En la reunión con Ena von Baer se me pidió ayuda para su candidatura». Y especificó el procedimiento: «Luego yo hablo con Hugo Bravo y le indico los montos que se van a aportar para cada uno y Hugo Bravo ve la fórmula para concretar ese aporte».
LAS DEUDAS DE ENA
Ena von Baer se dirigió en forma directa a través de un e-mail el 18 de diciembre de 2013 a Carlos Alberto Délano, después de terminar su campaña, para pedir ayuda económica. La ex ministra secretaria general de Gobierno de Sebastián Piñera escribió a Carlos Alberto Délano: «Estimado Carlos: como es difícil poder lograr una reunión contigo opté por escribirte. Como te podrás imaginar de la experiencia que tienes, después de haber pasado por dos campañas en un año, he quedado con una importante deuda. Esto se debe a la deuda de la campaña de Santiago y, además, a que la UDI recortó en cincuenta millones el aporte que había comprendido. Bueno, y ahora tengo que tratar de poder cubrir una deuda de alrededor de cien millones. Espero que me puedas ayudar, espero con ansias la respuesta. Muchos saludos, Ena».
Con todo, la senadora ha dicho a la prensa que ella no recibió aportes de Penta. El 9 de abril formuló su declaración ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y la fiscal Carmen Segura, quien ese día se sumó a la investigación.
«Jamás le pedí recursos a Empresas Penta para financiar mi campaña. Jamás le pedí a una persona que presentara una boleta a Empresas Penta», dijo en su declaración, e insistió en que «pedí un crédito para financiarla».
La versión de Ena von Baer es contradictoria con lo que declararon los socios de Penta Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes recordaron la visita de la senadora, en compañía de Novoa. «Un día del año 2013 llegó Ena von Baer con Jovino Novoa para pedirnos si podíamos colaborar con su campaña, acordamos un monto y seguimos el procedimiento habitual encargándoselo a Hugo Bravo», declaró Carlos Eugenio Lavín.
Pero por lo que se ha develado, Ena von Baer no estaría vinculada solo a boletas falsas con el grupo Penta. El 13 de agosto de 2015, cuando ya los comentarios sobre sus deudas se habían diluido, volvió a aparecer en el escenario relacionada con una investigación del Servicio de Impuestos Internos: 43 millones de pesos en dos facturas pagadas por Soquimich Salar a la empresa IMBC de Jorge Bussenius, su ex jefe de la campaña senatorial por la región de Los Ríos.
La Fundación Ciudadano Inteligente, que ya se había querellado contra ella por el caso Penta, insistió en pedir más antecedentes al respecto a Impuestos Internos para ampliar la querella.
EL FRUSTRADO DESAFÍO DE ZALAQUETT
Los correos electrónicos con peticiones a los Carlos continuaron durante esos meses preelectorales del invierno de 2013. Pocos días después de las elecciones primarias para la Presidencia en que ganó el ex senador Pablo Longueira, Pablo Zalaquett, el ex alcalde de Santiago, le escribió a Carlos Alberto Délano un e-mail solicitando su apoyo. Tenía decidido presentarse a senador por Santiago Poniente y sabía que eso era un desafío mayor; en su misma lista iba el senador de RN Andrés Allamand, quien resultó triunfador. Por eso, se apresuró a enviar su solicitud el 3 de julio de 2013: «Estimado Carlos Alberto. En razón de los resultados del domingo pasado, y más allá del triunfo de Pablo, creo que hoy es más necesario que nunca reforzar nuestro Parlamento, para promover y defender nuestras ideas. Por lo anterior, para hablar de ello y para pedirte apoyo a mi campaña a senador, y la de mis diputados, es que te pido si me puedes recibir apenas puedas. Un abrazo, Pablo Zalaquett Said».
La solicitud tuvo acogida, como relató en la audiencia de marzo el fiscal Carlos Gajardo. «Efectivamente se concreta este aporte, está el correo electrónico con fecha 29 de octubre del año 2013 en que Hugo Bravo le envía a Coca, que corresponde a Coca de Castro, la jefa de campaña del señor Zalaquett, donde le dice: “Coca, muchas gracias por la asesoría, favor facturar a Empresas Penta […] por favor, házmela llegar”. Coca de Castro le contestó y le puso como asunto una supuesta asesoría informática: “Hugo, muchas gracias, te mando a dejar el lunes la factura. Saludos, Coca”, a lo que Bravo respondió por el mismo medio: “Coca, mi secre tiene el cheque listo. Saludos”».
Y la respuesta de la jefa de campaña de Zalaquett, quien había sido su brazo derecho en los períodos en que fue alcalde de Santiago y antes en La Florida, es elocuente: «Ok, gracias. Lo mando a buscar».
El fiscal Gajardo acompañó la respectiva factura falsa, «la número 124 de Reactor SpA por quince millones de pesos, por una supuesta asesoría digital, de servicios de asesoría digital, para el grupo Penta». Estaba dirigida a Empresas Penta S.A. y fue incorporada a los libros de contabilidad. Agregó que la fiscalía cuenta con las «declaraciones prestadas a este respecto por Sebastián Correa Hasbún, el 13 de octubre del año 2014, en presencia de su abogado defensor, en que reconoce que efectivamente ningún servicio informático le prestó a Penta, que trabajó para la campaña a senador del señor Pablo Zalaquett y que, por lo tanto, dicha factura es ideológicamente falsa».
En términos semejantes declaró el propio Pablo Zalaquett el 18 de noviembre de 2014: «Durante octubre del año 2013 fui a ver a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo. Para eso llamé a su secretaria y me recibió en su oficina de avenida El Bosque». Indicó el ex alcalde que fue solo. «Carlos Alberto Délano también estaba solo. Le fui a plantear mi candidatura y los objetivos de la misma y a pedirle apoyo.» Al cabo de un tiempo, contó, Coca de Castro le comunicó que el grupo Penta aportaría quince millones de pesos.
Está también la declaración, como imputada, de Coca de Castro en términos semejantes, dijo el fiscal Gajardo. Ella corroboró que le envió la factura a Hugo Bravo «por servicios que por cierto nunca se prestaron y que ella le pidió a Sebastián Correa, del grupo Reactor, que extendiera la boleta a nombre de la Empresa Penta».
Carlos Alberto Délano había reconocido en su declaración que Penta ayudó a la campaña a senador de Zalaquett con alrededor de quince millones de pesos. «Recuerdo que fue a mi oficina a pedirme apoyo. Creo que solo se reunió conmigo. A Zalaquett lo conocía previamente por su rol como alcalde de Santiago. Por gestiones que realicé respecto del Teatro Teletón.» Encargó a Hugo Bravo para que se concretara el aporte, y la firma y la materialización del mismo fue tarea de Hugo Bravo. La empresa Reactor SpA no ha prestado ningún servicio para Penta.
Por su parte, Carlos Eugenio Lavín corroboró: «Sé que se reunió con Carlos Alberto y con mi acuerdo se le aportó, no recuerdo cuánto. Tras esta investigación me enteré de que la factura de Reactor es la que se entregó por este aporte».
El 22 de junio, el juez Juan Carlos Valdés determinó para el ex alcalde medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Esa tarde, Zalaquett fue el único de los políticos formalizados que quedó con arresto parcial tras salir del Centro de Justicia. Pocos días después, el 2 de julio, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, en un fallo dividido de dos contra uno, decidió revocar el arresto domiciliario nocturno y Zalaquett quedó solo con firma mensual y arraigo nacional. Y en septiembre el Octavo Juzgado de Garantía le levantó el arraigo por diez días y le permitió viajar a Estados Unidos a ver a sus hijos.
LAS PREOCUPACIONES DE FABIO VALDÉS
Fabio Valdés Correa se transformó en uno de los hombres clave para Penta en medio de los embates del huracán. Íntimo amigo de Carlos Alberto Délano y de Sebastián Piñera, pasó a ser el hombre del grupo en la salud.
Fue Sebastián Piñera quien al entrar a la Universidad Católica a estudiar Ingeniería Comercial le presentó a Carlos Alberto Délano. Y desde ahí nació una amistad que continuó por toda la vida entre los tres.
Cuñado de Manuel Cruzat Infante, se jugó también después de la crisis de los ochenta por salvar algo del deteriorado imperio «piraña».
Supernumerario del Opus Dei, hombre de muchos contactos y altas influencias, fue gerente del Consorcio Financiero que —como se ha señalado— formaron los grupos Fernández León, Hurtado Vicuña y José Antonio Garcés. En 2001, Valdés fue presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), uno de los núcleos centrales del empresariado local. Fue también presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hasta 2014 —y sigue siendo director— y de la Asociación de Isapres.
Con el correr de los años se transformó en hombre de confianza en los negocios de Carlos Alberto Délano y, desde que Délano y Lavín tuvieron que renunciar a los directorios del holding, Valdés los ha representado en la cúpula del grupo junto a Alfredo Moreno Charme, el canciller de Piñera.
Estuvo ligado desde los tiempos del grupo Cruzat-Larraín a la salud privada, cuando fue director de la Isapre Cruz Blanca y después de ING Salud. Esa experiencia le sirvió a Fabio Valdés para ocupar la vicepresidencia de la Clínica Santa María el 16 de diciembre de 2014. Es también presidente del directorio de Penta Seguros de Vida y era integrante del directorio del Banco Penta.
Su interés por los medios de comunicación se advirtió cuando acompañó a su amigo Sebastián Piñera en el directorio de Chilevisión, cuando el ex presidente era su propietario.
Después ingresó al consejo de Canal 13, desde que Andrónico Luksic tomó el control de la estación en 2010, y estuvo ahí hasta principios de 2015. Uno de los correos detectados por casualidad en la investigación de Penta muestra un episodio que da cuenta de cómo se manejan las influencias y los intentos de censura desde los directorios de los medios. El hecho —publicado por el diario digital El Mostrador el 7 de enero de 2015— ocurrió en 2013, cuando Laurence Golborne corría como candidato a senador después de haber «bajado» su opción presidencial, cuando se le detectaron sus inversiones en el paraíso tributario de Islas Vírgenes.
En el programa Protagonistas, el domingo 5 de agosto de ese año electoral, la periodista Constanza Santa María le preguntó al ex ministro de Minería y Obras Públicas de Piñera: «¿Quién financia su campaña, los dueños de una universidad que lucra, como dijo Manuel José Ossandón?». El senador Ossandón en ese momento era contrincante de Golborne como candidato a senador por la Región Metropolitana Occidente.
«Ningún, al menos que yo sepa, dueño de universidad ha financiado ni va a financiar», respondió el ex ministro Golborne.
La periodista insistió: «Entonces, ¿Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que son conocidos y tradicionales financistas de la UDI y controladores de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, no lo van a financiar?».
Laurence Golborne respondió: «No lo sé, no he hablado con nadie, no tengo ningún interés en financiar mi campaña con nadie en particular».
El tiempo y las boletas emitidas por Golborne y su empresa Vox Comunicaciones dicen otra cosa.
Pero hubo un episodio tras bambalinas de esa entrevista que vino a ser conocido gracias a la investigación de la fiscalía por el caso Penta.
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín se quejaron al canal en aquella oportunidad. Fabio Valdés, que unía su calidad de integrante de directorios del grupo Penta y del Canal 13, reaccionó enojado por lo que para él fue más que un exceso periodístico. Y envió una carta con fecha 7 de agosto al entonces presidente del directorio de Canal 13, Nicolás Eyzaguirre —el actual ministro secretario general de la Presidencia— y a la ex directora de Prensa Pilar Bernstein. «Coincido con los reclamantes», señaló aludiendo a Délano y Lavín, «en que la mención de sus nombres por parte de la periodista Santa María es un acto voluntarioso, imprudente y fuera de lugar.»
Los fiscales tuvieron acceso a ese correo porque —para mostrar que había hecho «la gestión»— Fabio Valdés copió a Carlos Alberto Délano el e-mail que envió a Eyzaguirre y Pilar Bernstein.
CONFESIONES DE GOLBORNE
Algo más de un año después de esa entrevista en Canal 13, el propio Golborne admitió al fiscal Carlos Gajardo que había recibido financiamiento de Penta. «Por mi vida profesional tengo contactos con muchos ejecutivos, entre ellos conozco a Carlos Alberto Délano, con quien había tenido distintas interacciones y especialmente habíamos sido directores en Icare y habíamos desarrollado una buena relación», señaló el 3 de noviembre de 2014.
Golborne fue a hablar con Délano a fines de noviembre de 2012, cuando pretendía ser candidato a la Presidencia de la República, entusiasmado por su elevada posición en las encuestas. «Le conté en lo que estaba, le dije que debía trabajar en esto de manera profesional, que estaba trabajando con una empresa que estaba analizando y ayudando a definir el posicionamiento y mensajes de mi candidatura.»
Le preguntó a Délano si lo podía ayudar, «y él me dijo que sí». Por lo que señaló, solo estuvieron ellos dos en la reunión. Reconoció que le habló de veinte millones de pesos mensuales por seis meses.
Casi como una justificación, el ex ministro argumentó: «Nuestra ley no contempla ningún tipo de financiamiento en las primarias». Ante esa situación, decidió «asumir personalmente parte del costo, pero el resto debía buscar la forma de financiarlo».
En esa ocasión le habló «de la empresa Vox, de Gabriele [Lothholz], que era gente preparada […] Délano me dijo que sí, que me apoyaba». Después hubo una segunda reunión para «concretarlo», y según contó, hablaron «en general de la campaña. Me dijo que hablara con Hugo Bravo, que era su hombre de confianza o algo así».
La oficina de Hugo Bravo, recordó Golborne, «estaba al lado y me lo presentaron». Señaló al fiscal —según consta en la declaración— que explicó la situación a Bravo en su oficina «y en no más de cinco minutos, yo ni siquiera me senté, me dijo que le facturaran a él y me dio los datos de la empresa a la que debía facturar, que fueron Empresas Penta S.A. y Penta III». Señaló también el ex ministro: «Bravo me dio el orden, me dijo que fueran dos facturas a Penta y luego una a Penta III y luego ese mismo orden de nuevo».
Declaró Laurence Golborne que, «en general, los temas de dinero los veía yo o Luz Granier», pero indicó que no tenía conocimiento de quién retiró los cheques desde Penta y que «no hubo más aportes de empresas a mi campaña presidencial, pues se terminó en abril de 2013».
Luz Granier Bulnes es ingeniera comercial de Renovación Nacional, hija de la abogada Luz Bulnes, había sido jefa de gabinete de Golborne cuando estuvo como ministro de Minería y después de Obras Públicas. En el tiempo de precampaña fue la coordinadora general de la postulación del ex ministro.
Al final del Gobierno de Piñera —desde mayo de 2013 hasta marzo de 2014— ella fue subsecretaria de Desarrollo Social. Trabajó once años, antes de llegar a las tareas públicas, en la empresa privatizada Gener y en la eléctrica Guacolda. Esa experiencia en el sector le sirvió para ser elegida en abril de 2015 como miembro del directorio de Colbún.
Según Golborne, Vox Comunicaciones le prestó servicios a él para el posicionamiento como precandidato presidencial, pero «no hubo ningún servicio que yo supiera que Vox le hubiera hecho a Penta o a Penta III».
Recordó que su candidatura la «bajaron» en abril de 2013.
Indicó Golborne que «como se habían acordado seis pagos de veinte millones —con el grupo Penta—, esos pagos se hicieron de manera completa, pues el trabajo se completó a pesar de que la candidatura ya se había bajado».
En mayo de 2014, contó Golborne, fue a darle las gracias a Carlos Alberto Délano por su apoyo, a la oficina de El Bosque Norte. «Las reuniones con Carlos Alberto Délano las pedí yo a mi secretaria a través de la secretaria de Délano. En ambas ocasiones fui solo […] y en ambas reuniones estuvimos solos, nadie más.»
Gabriele Lothholz, su socia en Vox Comunicaciones, también declaró ante el fiscal Carlos Gajardo y ratificó que los pagos de Penta no respondieron a ninguna prestación de servicios. Señaló que en una conversación a fines de diciembre de 2012, Laurence Golborne le dijo «que tiene una empresa que lo apoya y que va a asumir el costo de este trabajo, y me pidió que la factura la hiciera a nombre de Empresas Penta».
«A mí me pareció bien que hubiera un benefactor que estuviera dispuesto a apoyar a un candidato que provenía de la meritocracia y que no tenía grandes apoyos en el mundo político», señaló la ingeniera comercial Gabriele Lothholz, quien había trabajado con Golborne como jefa de asuntos corporativos de Cencosud, según la información entregada por Radio Cooperativa el 8 de enero de 2015.
En septiembre de 2009, Gabriele Lothholz dejó su puesto en Cencosud para fundar junto al ex ministro Vox Comunicaciones. Golborne dejó esa actividad cuando ingresó al gabinete de Piñera, pero en 2012 volvió a retomarla. En su declaración, su socia agregó: «Esto fue una excepción, pues no tuve ningún contacto con Penta y ellos no fueron mis clientes ni tuvimos ningún servicio que le prestara a Penta».
Vox se vio involucrada en otra situación incómoda por su participación en el polémico Censo 2012, declarado ilegal por la Contraloría General de la República en junio de 2015. La asesoría prestada por Vox a la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) fue cuestionada en el informe de la Controlaría.13
UNA DECLARACIÓN MUY RELEVANTE
En la audiencia de formalización de marzo, el fiscal Gajardo indicó que en la declaración de Hugo Bravo, también ratificada por la declaración de Marcos Castro, se indica que «hubo aportes de campaña para la candidatura presidencial del señor Laurence Golborne y que esos aportes de campaña se hicieron a través de la empresa de comunicaciones Vox Comunicación Estratégica».
La fiscalía acompañó cinco de las seis facturas que se emitieron, cada una de ellas por veinte millones de pesos. Explicó el fiscal Carlos Gajardo que falta la de enero y señaló las demás: la número 536 del 27 de febrero, la número 551 del 25 de marzo, la 574 del 22 de abril, la 614 del 29 de mayo y la número 620 del 4 de junio de 2013. Agregó Gajardo que, además, «la fiscalía cuenta con las declaraciones prestadas, en presencia de su abogado defensor, por el propio señor Laurence Golborne Riveros».
Para el fiscal Gajardo, la declaración de Golborne fue «muy relevante, porque da muestra de la operatoria de esta actividad», como señaló en la audiencia. «Es decir, quien decide efectuar estos aportes o recibir estas facturas en definitiva es el señor Carlos Alberto Délano y envía a hablar con su empleado el señor Hugo Bravo, con quien el señor Golborne no está más de cinco minutos en esa reunión y solamente se encarga de la operatoria de esta actividad; pero el poder decisorio, quien decide esta actividad, es el señor Carlos Alberto Délano en este caso, por cierto, en concierto con el señor Carlos Eugenio Lavín.»
Añadió que era relevante, porque en la fecha en que se produjeron esos pagos no era posible, por disposición de la Ley Electoral, efectuar aportes legales. Por eso, dijo el fiscal Gajardo, «la única posibilidad de un aporte es un aporte ilícito, un aporte ilegal, […] un aporte que vulnere la Ley Electoral y en este caso también la Ley Tributaria».
Y en el mismo sentido, argumentó el fiscal, declaró también la dueña de Vox, Gabriele Georgia Lothholz, el 28 de octubre de 2014, quien facilitó las boletas falsas. «Básicamente reconoce que ningún servicio le prestó a Empresas Penta, que ella trabajó para la candidatura de Laurence Golborne y que es Laurence Golborne el que le pide que por el trabajo que él está haciendo lo facture a Empresas Penta, cosa que ella efectivamente realiza.»
SUPERHÉROE DE LOS 33
Laurence Golborne no fue formalizado junto a los otros políticos. Sus dichos fueron considerados un aporte a la investigación y quizá eso lo libre del juicio. Como no tiene cargo público, tampoco figura en la lista de querellados por la Fundación Ciudadano Inteligente. Entretanto, su gran amigo y mentor, el ex ministro de Educación de Pinochet Juan Antonio Guzmán Molinari, con quien fue socio en el restaurante Oliva y Limón, que decidieron vender, es desde abril de 2015 el presidente de Soquimich, la cuestionada empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Para Golborne, 2015 ha sido, en todo caso, un año especial con bajos y altos que tienen algo de surrealismo. Justo cuando su nombre sonaba ya no por el entusiasmo de los adherentes, sino contaminado por las boletas y facturas falsas, se estrenó la película Los 33, sobre los mineros que quedaron atrapados en 2010 en la mina San José en Copiapó.
El 2 de agosto, en la tarde del preestreno, Laurence Golborne fue parte de los «taquilleros» que llegaron a la alfombra roja del Teatro Las Condes. En la película, elaborada al más puro estilo hollywoodense, el actor Antonio Banderas protagoniza al minero Mario Sepúlveda, y el galán brasileño Rodrigo Santoro aparece como el superhéroe del rescate, en el papel de Laurence Golborne, el entonces ministro de Minería.
Por esas cosas curiosas, Carlos Eugenio Lavín es uno de los productores del filme y aportó veinte millones de dólares —la mitad del costo— para su realización. El productor general de la película es un antiguo amigo suyo que lo invitó a formar parte de la aventura. Pero ni él ni su socio Carlos Alberto Délano pudieron estar en la concurrida avant premier. Tuvieron que permanecer en sus casas, cumpliendo su arresto domiciliario, que en ese momento era total.