Desde que aparecieron las dos boletas entregadas por Carolina de la Cerda, la cuñada de Pablo Wagner, a la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) se abrió una caja de Pandora que no ha dejado de dar sorpresas y de complicar a medio mundo. Que Julio Ponce Lerou, el principal dueño del holding de minería no metálica, le diera plata a los candidatos de la UDI para sus campañas, no era algo tan inesperado. Él mismo había reconocido sus aportes a la campaña presidencial de su amigo el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi en 1989. El punto de mayor rechazo —por lo que ha ido saliendo a la luz día a día— es cómo Ponce Lerou financió también a figuras y dirigentes de los conglomerados de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia y de la actual Nueva Mayoría.
Quien fue criticado en esos tiempos oscuros incluso por algunos miembros de la derecha por su ostensible enriquecimiento al profitar durante casi dos décadas de su relación familiar con Augusto Pinochet, había contaminado a moros y cristianos. La incredulidad y el estupor sobrevinieron entre aquellos que se jugaron a veces incluso la vida por el término del régimen militar.
La siembra en campañas y políticos de diversos colores mostró que su «inversión» ha sido parte de su estrategia de negocios en estos años. Para esto él y sus colaboradores usaron la fórmula de boletas y facturas que constituirían delito de fraude, emitidas por los beneficiarios, sus asesores y «palos blancos». De acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público, esta modalidad que implicaría cuantiosas evasiones de impuestos ha sido la tónica de sus operaciones, no se sabe con exactitud desde hace cuánto tiempo, ya que la fiscalía solo puede focalizar su investigación en los últimos años.
Es evidente que Julio Ponce Lerou se enriqueció con rapidez al amparo de Pinochet. Logró hacerse dueño de fundos, ganados y bosques, mediante contactos y convenientes deudas con la banca que no terminó de pagar. Y su botín más preciado fue Soquimich, la empresa no metálica del Estado de Chile que encierra en su suelo y su subsuelo grandes reservas básicas, cuyo control logró en 1987. La gran diferencia que tiene esta compañía con las empresas del grupo Penta es que en el holding Soquimich lo que está involucrado son significativas riquezas que eran del Estado, extensos territorios y derechos de agua, que además fueron traspasadas a precios muy inferiores a su valor real.
En plena dictadura, Julio Ponce fue acusado de enriquecimiento ilícito, y en democracia, desde 2012 estalló otra situación de oscuros negocios que lo ha puesto en el banquillo de los acusados: el caso Cascadas, que le significó una cuantiosa multa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros y una investigación en la Fiscalía Norte de la Región Metropolitana. A todo eso se agregó el litigio que arrastra con la Corfo desde abril de 2014 por incumplimiento de los contratos de arriendo en el Salar de Atacama y el fraude tributario que partió siendo una «arista» del caso Penta y, a poco andar, adquirió un inusitado vuelo propio. La situación el ex yerno del general se tornaba cada vez más complicada.
Pero en un comienzo —al menos de esta investigación por delitos tributarios— el principal inculpado no ha sido él, sino su brazo derecho y hasta marzo de 2015 gerente general de Soquimich, Patricio Contesse González, quien fue formalizado por primera vez en abril de 2015 por ser el gran repartidor de platas políticas.
Con todos esos flancos abiertos, la desconfianza y el «costo reputacional» provocaron inquietud en los socios canadienses de Soquimich y en los inversionistas que mantienen ADR que se transan en la Bolsa de Nueva York, con los esperables efectos negativos en los precios de las acciones. En medio de la borrasca, Julio Ponce Lerou se vio obligado a dar un paso difícil: el 8 de septiembre de 2015 renunció a la presidencia de las sociedades Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande, las tres denominadas sociedades cascada, además de Potasios de Chile S.A. Esta decisión se sumó a la que tomó en abril respecto de la matriz Soquimich cuando no repostuló a la elección como director, después de haberla presidido desde 1987.
Más sorpresivo que su renuncia a las sociedades cascada fue el nombre de su sucesor: Rafael Guilisasti Gana, el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La noticia se conoció justo el mismo día 14 de septiembre cuando Patricio Contesse, el antiguo amigo y ex brazo derecho de Ponce Lerou, fue formalizado por segunda vez y el juez de garantía, Luis Avilés, le reiteró la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras continuaba la investigación.
JULIO Y SUS HERMANOS
El 11 de septiembre de 1973 Julio Ponce Lerou no estaba en Chile. A fines de 1972, durante el Gobierno de la Unidad Popular, emigró con su entonces señora, Verónica Pinochet Hiriart, a Panamá, donde el ingeniero forestal de veinticinco años en esa época fue gerente de un aserradero.
Volvió al país en 1974 para asumir altas responsabilidades encomendadas por su suegro. Augusto Pinochet Ugarte encabezaba la Junta militar surgida tras el golpe de Estado y lo nombró director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Cientos de predios y miles de hectáreas de bosques que estaban en manos del Estado dependían de la Corporación. Fue el punto de partida para iniciar una carrera vertiginosa, que lo llevó a ser un potentado en corto tiempo.
Julio César Ponce Lerou nació en noviembre de 1947 en un hogar de padres profesionales, en La Calera, una tranquila ciudad ubicada entre Santiago y Valparaíso. Es el mayor de cuatro hermanos: Gustavo, Eugenio y Lucía. Su madre, Alicia Lerou Ballesteros, es enfermera. Su padre, médico, Julio Ponce Zamora, fue el primer director del hospital de La Calera, inaugurado en 1962. Ponce Zamora, a quien su hijo Julio comprometió en negocios y en la privatización de Soquimich en los años ochenta, murió este año 2015 en medio de la incertidumbre que vivía su familia como consecuencia del escándalo. Fue enterrado en una ceremonia privada el 24 de agosto de 2015 en el cementerio Parque del Mar en Concón.
Lucía Ponce Lerou es médico como su padre, reside en Temuco y se especializó en reumatología. Gustavo, el hermano que vivió más de veinte años en Japón y fue embajador de Pinochet en Tokio, es instructor de yoga y tiene dos centros de esa disciplina en Santiago, llamados Yogashala. Y en el sector Ensenada, en la costa entre Pichidangui y Los Vilos, instaló Canal Om, un hotel SPA yoga, con diecinueve habitaciones distribuidas en cinco casas con vista al mar sobre los acantilados. Además de sus meditaciones y ejercicios, Gustavo Ponce Lerou también se ha involucrado en algunos de los negocios de su hermano. Más estrecha aún es la colaboración de Eugenio, el menor, que partió siendo un empleado de Soquimich y llegó a ser vicepresidente de ventas del holding hasta hoy, y es uno de los hombres de confianza del hermano mayor.
REPROBADO EN EL PRIMER INTENTO
Después de iniciar sus estudios básicos en el colegio de los Hermanos Maristas de Quillota, Julio Ponce Lerou pasó al liceo público de La Calera, y terminó las humanidades de aquella época —la enseñanza secundaria— en el internado Barros Arana en Santiago, uno de los hoy conocidos establecimientos «emblemáticos».
Entró a estudiar Ingeniería Forestal a la Universidad de Chile. La carrera se había creado en 1952, «dada la importancia del sector forestal en la ordenación de los bosques nativos y la sustentabilidad del país», como indica la historia de la hoy Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Dependía en esa época de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en la Quinta Normal, donde los alumnos asistían a las clases de botánica, química y dibujo técnico. Pero la Escuela de Ingeniería Forestal funcionaba en una casa aparte en Seminario 160 al llegar a Rancagua, en la comuna de Providencia, hasta 1969, cuando se trasladó al campus Antumapu en La Pintana. Los estudiantes realizaban en los primeros tiempos las prácticas en Llancacura, a orillas del río Bueno, en la actual región de Los Ríos.
Julio Ponce Lerou no sobresalió como alumno. Por el contrario, su nota promedio de estudios universitarios fue un 4,7. En su tesis, cuyo nombre es «Estudio económico de alternativas de manejo para álamo (Populus sp.) en la localidad de Rengo, Chile», le fue un tanto mejor y obtuvo un 5,3, pero después afrontó un serio costalazo. Fue reprobado en el examen final para obtener su título, al ser calificado con un 3,5 por la comisión examinadora, el 5 de diciembre de 1969. Tuvo una segunda oportunidad y, tras un nuevo esfuerzo, logró un 5, con lo que pudo obtener el título profesional el 10 de septiembre de 1970, la semana siguiente de la elección presidencial en que triunfó Salvador Allende.
Pese al traspié en su examen se casó en 1969 con Verónica Pinochet, la tercera de los cinco hijos de Pinochet, en ese tiempo comandante de la Sexta División del Ejército de Iquique. La había conocido cinco años antes en Maitencillo, en la costa norte de la región de Valparaíso. Los Ponce Lerou y los Pinochet Hiriart veraneaban en ese balneario en casas vecinas. El matrimonio con la hija del dictador provocó el giro decisivo en su vida.
A poco andar, el joven ingeniero forestal se convirtió en uno de los civiles más poderosos del régimen encabezado por su suegro. Y aunque a mediados de los ochenta la pareja se separó y el matrimonio fue anulado en 1991 —antes de que existiera en el país ley de divorcio—, los lazos y su influencia se mantuvieron. Del matrimonio Ponce-Pinochet nacieron cuatro hijos: Julio César, Alejandro, Francisca Lucía y Daniela Verónica. Todos ellos han acompañado desde hace ya varios años al padre en los directorios de las empresas que componen el holding Soquimich, y han hecho fortuna junto a él.
Julio Ponce Lerou apareció en el ranking de la revista Forbes en 2014 entre los más ricos del mundo. Con dos mil trescientos millones de dólares a su haber, fue situado en el lugar número 731. Y entre los chilenos, se ubicó en el sexto puesto, después del ex presidente Sebastián Piñera, quien figura con dos mil cuatrocientos millones de dólares. Después vienen los hermanos Roberto y Patricia Angelini, con mil seiscientos y mil trescientos cincuenta millones de dólares respectivamente.1
Al pensar hoy en el señor de Soquimich, su riqueza aparece ligada a ese imperio que armó en el norte de Chile, después de la privatización de la principal empresa de minería no metálica, pero las andanzas de Julio Ponce Lerou partieron en el sur.
EN LAS INDUSTRIAS FORESTALES
En los años sesenta la preocupación por desarrollar en Chile la industria forestal y de la madera llevó al Gobierno de Eduardo Frei Montalva a fundar las empresas Celulosa Arauco y Celulosa Constitución, y a hacerse cargo de Industrias Forestales S.A. (Inforsa) en 1969.
En la misma línea se creó la Corporación de Reforestación, el 13 de mayo de 1970, que fue la base, junto a otras iniciativas que desempeñaba el Ministerio de Agricultura, para la creación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Esta nació el 13 de abril de 1973, en el Gobierno de Salvador Allende.
Cuando Julio Ponce Lerou volvió a Chile después de una práctica en Ontario, Canadá, entró a trabajar a Inforsa. Más tarde se trasladó a la planta de Concepción de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del grupo Matte, hasta que emigró a Panamá, donde lo encontró el golpe militar.
Asumió la dirección ejecutiva de Conaf en julio de 1974, y estuvo ahí cinco años, hasta diciembre de 1979. Desde ese lugar tuvo la posibilidad de percibir en forma directa la realidad y potencialidades de la industria forestal. Los bosques nativos y las industrias de madera y celulosa estaban bajo su mando.
Junto a la designación como máxima autoridad de la Conaf, su suegro dejó a su cargo las tres compañías estatales del rubro: presidió Celulosa Arauco y Celulosa Constitución, que en ese tiempo eran dos empresas separadas, y fue director ejecutivo de Inforsa. La empresa se dedicaba al cultivo y tala de pino insigne, una especie considerada «exógena», que se comprobó que tenía un crecimiento muy rápido en tierras chilenas, y era la principal productora de papel de diarios.
Toda la actividad forestal y maderera era así parte de los dominios del ex yerno hacia mediados de la década de los setenta, y durante un período —hasta 1975— sumó a sus cargos el de jefe de Industrias Forestales de la Corfo.
Condujo con ahínco en esos años la tarea privatizadora en el sector forestal y maderero. Devolvió fundos y parcelas que habían sido objeto de la reforma agraria y vendió a nuevos inversionistas particulares el patrimonio estatal. Los dos grupos «pirañas» se quedaron en la primera ola de ventas con las empresas forestales, aunque no sería ese su destino definitivo.
En 1976 Inforsa fue adquirida por el grupo BHC de Javier Vial Castillo. A su vez, las celulosas Arauco y Constitución las compró Cruzat-Larraín. Después de la bancarrota de 1983, Inforsa pasó al «área rara» de la economía y tras el saneamiento de sus deudas tomó el control de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, del grupo Matte, con lo que logró casi el monopolio del papel de diario. Celulosa Arauco y Celulosa Constitución (Celco), después del derrumbe de Cruzat-Larraín, quedaron en manos de Anacleto Angelini, cuyos herederos son dueños hasta hoy.
Ese mismo año Pinochet estableció el Decreto Ley N° 701, de fomento a la actividad forestal, con fuertes rebajas tributarias que beneficiaron a estos conglomerados. Ponce Lerou puso en marcha la política que favoreció las plantaciones de bosques de pinos y eucaliptos en desmedro de las especies nativas. A la larga, los subsidios establecidos a través de esa fórmula aún vigente, más que propiciar el desarrollo de la actividad forestal de empresarios medianos y pequeños, contribuyeron al fortalecimiento de los grandes grupos. El subsidio es una de las controvertidas medidas que subyace en un conflictivo escenario, ya que el pueblo mapuche reclama su derecho ancestral en parte de esos territorios en el sur del país que quedó en manos de las empresas forestales.
Aunque hoy se asocia al ex yerno de Pinochet con Soquimich y grandes negocios con epicentro en el norte del país, la huella de Julio Ponce Lerou quedó marcada desde esos primeros años de dictadura en los territorios que se despliegan entre montañas, lagos y ríos del sur chileno. En el recuerdo de muchos habitantes de esas tierras, sus efectos aún duelen. Lo que creyeron suyo los trabajadores durante la reforma agraria pasó a ser después parte del suculento botín de grupos económicos locales o extranjeros que se instalaron en gloria y majestad para explotar fundos, bosques y animales.
CONTRARREFORMA AGRARIA EN RUPANCO
En la región de Los Lagos, al sur de Osorno, en la comuna de Puerto Octay, se ubicaba la hacienda Rupanco, expropiada durante el Gobierno de Frei Montalva en el proceso de reforma agraria. Era el predio de mayor tamaño de Chile, con cerca de cincuenta mil hectáreas. Se constituyó en cooperativa en 1970 y formaron parte de ella más de 850 campesinos. Pero poco después del golpe, las cooperativas que antes constituían una forma de propiedad y trabajo de la tierra, favorecida en esos años por el Estado y las leyes, fueron dejadas de lado como formas de organización productiva. Tras el traspaso desde el Ministerio de Agricultura a la Conaf, la cooperativa Rupanco fue disuelta y cayó en manos del yerno de Pinochet, quien le dio el golpe de gracia el 1 de julio de 1977.
Los campesinos de la hacienda tenían sus títulos de propiedad y alcanzaron a funcionar como cooperativa durante siete años, pero eso no le importó al entonces vicepresidente de la Conaf Julio Ponce Lerou, quien generó un polémico proceso de «contrarreforma agraria», que culminó con la entrega de esas tierras a poderosos inversionistas.
El Informe de la Comisión de Privatizaciones de la Cámara de Diputados, presidida por el entonces diputado Carlos Montes, se refiere a lo vivido en los campos en los primeros tiempos del régimen militar: «Antes de 1979 se terminó la contrarreforma agraria. Se entregaron a privados 3.912 predios que contaban con 3.182.225 hectáreas expropiadas de acuerdo a la ley. Alrededor del 30 por ciento de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre campesinos. Ya en 1979, la mitad de los campesinos que había recibido tierras se vio obligada a vender, dada la disminución del apoyo técnico y crediticio».
Paralelamente, continúa el informe, «hubo una expulsión masiva de campesinos de los predios en que residían antes y durante la reforma agraria, incluso de aquellos que contaban con sus títulos de propiedad, como fue el caso de la hacienda Rupanco y más de doscientas cooperativas con similar historia. Aún se carece de las cifras de las pérdidas materiales que sufrieron estos campesinos, que solo en la hacienda Rupanco llegaban a 850 personas», indicaba el documento escrito en 2005.
DESDE UN JEQUE A LOS NEOZELANDESES
La situación descrita marca un contrapunto con los espectaculares negocios internacionales en torno a esas tierras que se desplegaron después, cuando la antigua cooperativa pasó de mano en mano hasta llegar a los neozelandeses que la tienen hoy. Como indiqué en un libro anterior: «En 1979 la Conaf adjudicó la hacienda Rupanco a la firma El Cabildo S.A., del grupo de Javier Vial, en sociedad con inversionistas de Arabia Saudita, encabezados por el jeque Sulaiman Abdulazis Alrahib. Después, Vial traspasó su parte y el jeque quedó como dueño absoluto de Rupanco, quien dedicó el predio a la crianza de ganado y a la producción lechera. […]
»En 1997 Sulaiman Abdulazis decidió vender. La hacienda Rupanco fue transferida al grupo de empresarios chilenos de origen árabe formado por los hermanos Abumohor, Álvaro Saieh, Alejandro Kauak, Jorge Selume, Juan Pablo Díaz Cumsille, además de Patricio Navarrete y Juan Rafael Gutiérrez, quienes compraron la propiedad en ochenta millones de dólares.»2
Se calcula que llegaron a tener más de cuarenta mil cabezas de ganado. Ya era la mayor lechería del país cuando Saieh, los Abumohor y sus socios vendieron, en julio de 2008, casi veinte mil hectáreas al grupo neozelandés Manuka. Los socios chilenos se quedaron con la orilla del lago para desarrollar proyectos turísticos, según contaron. Y el grupo Matte les había comprado antes unas cinco mil hectáreas de bosques a través de Forestal Mininco.
El conglomerado Manuka está constituido por familias de granjeros procedentes de Nueva Zelandia, que se trasladaron a Chile a trabajar en la crianza de animales y producción de leche, una especialidad de ese país de Oceanía. Se instalaron primero en Osorno, en julio de 2005, donde crearon la sociedad Manuka S.A. Los nuevos dueños le cambiaron el nombre a su predio, que pasó a llamarse hacienda Coihueco, igual que el río, y hasta hoy son los principales productores de leche de Chile.
En enero de 2014 el diputado socialista Fidel Espinoza denunció una situación insólita que mostró que los ejecutivos neozelandeses de Manuka no tenían muchos límites cuando se trataba de obtener ganancias: miles de terneros fueron muertos y botados en zanjas para que no le tomaran la leche a las vacas. El caso de maltrato animal pasó al Ministerio Público.
«INJUSTICIA HISTÓRICA»
Las heridas dejadas por la disolución de la cooperativa Rupanco y el traspaso de la Conaf encabezada por Ponce Lerou en 1979 aún no cicatrizan. En 1987 los socios de la cooperativa Rupanco presentaron una demanda ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago en contra del fisco para que anulara los actos que provocaron las transferencias de la hacienda a la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Los fallos del juez, de la Corte de Apelaciones y de la Suprema dieron la razón al Gobierno de Pinochet. En esos tiempos poco se podía esperar de los tribunales de justicia. Y menos si se trataba de enmendar la plana al ex yerno del dictador.
Representantes de los campesinos de Rupanco declararon ante la Comisión de las Privatizaciones en 2004. Y una década después —en 2014— un grupo de integrantes de la ex cooperativa acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en busca de reparación por lo que argumentan fue un despojo, con la esperanza de tener mejor suerte que hace casi treinta años.
En la presentación de agosto de 2014 de la Agrupación de ex Socios de la Cooperativa Rupanco Limitada, dirigida al diputado Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los integrantes de la ex cooperativa, encabezados por Héctor Domingo Mancilla, recuerdan que esta tenía un terreno de 47 mil hectáreas, y «lo conformaban bienes muebles, como máquinas, maquinarias, vehículos, animales —22 mil cabezas de ganado aproximadamente— y otros bienes valiosos».
En la liquidación, agregan, «fuimos arbitraria e ilegalmente excluidos y posteriormente expulsados del predio de la ex cooperativa. Sufrimos un despojo de nuestros derechos y se nos desconoció la participación que como ex socios teníamos». Califican la situación como «una injusticia histórica que no ha podido ser reparada», y agregan: «Muchos de los ex socios que debieron recibir su parte en la liquidación porque les correspondía en derecho, viven hoy en condiciones penosamente precarias y de pobreza, en viviendas y lugares marginales de la ciudad de Osorno y otras comunas aledañas».
EL COMPLEJO PANGUIPULLI
En marzo de 1976, además de encabezar la Conaf, Julio César Ponce Lerou llegó a ser el máximo responsable del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, en la provincia de Valdivia: fue nombrado delegado de Gobierno —en marzo de 1976— y después director ejecutivo del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap), donde estuvo hasta 1982. Sus riquezas personales aumentaban, mientras privatizaba tierras, disolvía las organizaciones agrícolas y forestales, y disminuía empleos en los diversos fundos del complejo.
La represión posterior al golpe marcó con un sentido trágico esos territorios sureños al interior de Valdivia, en lo que en la actualidad es parte de la región de Los Ríos. El Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli —como era su nombre original—, o el Complejo Forestal y Maderero —como se le llamó después—, fue uno de los sectores del país que conoció de listas negras, delaciones, secuestros, torturas y balas disparadas a matar. Las víctimas fueron dirigentes sindicales y políticos de izquierda, campesinos y trabajadores del complejo cuyas muertes muchos años después la justicia se ha encargado de esclarecer y juzgar.
Hasta la segunda mitad del siglo XX, las condiciones de vida de los trabajadores de los sectores precordilleranos de Valdivia eran deplorables. Desde fines de los sesenta, al amparo de la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, se empezaron a formar cooperativas que buscaban mejorar la situación laboral y la producción.
El Complejo Agrícola y Forestal Panquipulli fue constituido en marzo de 1971, dentro del proceso de reforma agraria, con «catorce predios forestales expropiados ubicados en la cordillera y precordillera andina de la provincia de Valdivia», señala un informe elaborado en 1983. Los socios iniciales fueron la Corfo y Forestal Pilpilco, una empresa del Estado que años después fue disuelta. A esos se agregaron otros derivados de nuevas expropiaciones y sumaron más de veinte fundos que abarcaban una superficie de 420 mil hectáreas de árboles nativos, «en una zona fronteriza que estaba prácticamente abandonada de los servicios de utilidad pública del país», según el informe del mismo complejo.
El territorio del Cofomap equivalía a más de un 25 por ciento de la antigua provincia de Valdivia y era una de las zonas de mayor reserva forestal de bosque nativo en el país, formado por antiguas especies de raulí, coigüe, tepa, ulmo, roble y mañío.
Ese documento elaborado en dictadura no entra en detalles sobre las condiciones socioeconómicas en que vivían los habitantes de esa zona antes de que naciera el Complejo Panguipulli. Ni menos sobre lo ocurrido después del golpe con dirigentes sindicales, trabajadores y campesinos que fueron acribillados por la Caravana de la Muerte, encabezada por el enviado de Augusto Pinochet, general (R) Sergio Arellano Stark, y por otros destacamentos militares y policiales.
La belleza de esas regiones de la precordillera y cordillera de Valdivia, que muestran una naturaleza deslumbrante, con sus montañas, bosques y lagos —Panguipulli, Ranco, Pirihuieco, entre otros—, contrasta con el dolor que esconde. Matanzas y persecución son palabras que se escuchan entre el follaje de los árboles.
MASACRES EN LA MEMORIA
En el Complejo Panguipulli había una intensa organización y actividad política, en especial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del Movimiento Campesino Revolucionario y del Partido Socialista. La acción represiva fue extrema y extensa desde los días siguientes al golpe. Decenas de personas, la mayoría dirigentes sindicales y trabajadores del Complejo Forestal y Maderero, murieron víctimas de la acción de las fuerzas militares. Los ecos de esos sucesos aún resuenan. Años después fueron investigados por la justicia y gracias a eso se han encontrado algunos cuerpos.
El periodista chileno residente en Argentina Cristián Alarcón, director de la revista Anfibia, en un reportaje en el diario electrónico Ciper, publicado en 2014, recuerda: «El Movimiento Campesino Revolucionario, brazo rural del MIR, tuvo un rol protagónico en el proceso de toma de fundos madereros en la zona de Neltume [a unos novecientos kilómetros de Santiago] durante el Gobierno de Salvador Allende. Entre diciembre de 1968 y septiembre de 1973 un grupo de militantes de la Universidad Austral de Valdivia hizo un trabajo que logró sumar a los campesinos y trabajadores del Complejo Forestal Panguipulli, con más de 360 mil hectáreas en la zona, al proceso de expropiación que propició la reforma agraria».3
El temor a los «focos guerrilleros», por las condiciones geográficas de la zona limítrofe con Argentina, fue para los altos mandos del Ejército razón suficiente para aplicar desde esos días del 73 una política de terror. Y, como se ha comprobado después, a través de los informes de derechos humanos y de los tribunales de justicia, los representantes del Ejército, enviados por su comandante en jefe, mataron a sangre fría a personas que no opusieron resistencia. Las masacres de Neltume, Chihuío y Toltén pasaron a formar parte de una trágica memoria que guardan los habitantes de la zona.
Aunque Julio Ponce Lerou no estuvo en Chile el 11 de septiembre de 1973, cuando dos años y medio después se hizo cargo del Complejo Panguipulli, sus trabajadores sobrevivían entre las sombras del amargo recuerdo y el temor. La misión del ex yerno no contribuyó a levantar los ánimos.
CHIHUÍO Y LIQUIÑE
En mayo de 2015, la ministra en visita extraordinaria sobre derechos humanos de Valdivia Emma Díaz Yévenes entregó los restos de cuatro de los diecisiete trabajadores del sindicato del Complejo Forestal y Maderero Paguipulli que fueron fusilados —el 17 de octubre de 1973— por militares de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, en las termas de Chihuío. Más de doscientas personas se unieron en Valdivia para despedir los restos, 42 años después de ocurrida la masacre. Antes se encontraron los cuerpos de otros siete ejecutados del complejo que —como sus compañeros— murieron acribillados en la casa del fundo.
Días antes de la matanza de Chihuío fue fusilado en Neltume por la Caravana de la Muerte el técnico agrícola y dirigente del MIR José Gregorio Liendo Vera —conocido como el «Comandante Pepe»—, y otras doce personas que fueron ejecutadas en el polígono de tiro del Regimiento Llancahue, tras un consejo de guerra.
A ellos se sumaron quince sindicalistas y obreros del Complejo Panguipulli de la localidad de Liquiñe, que sacados de sus casas y trasladados en camiones, encontraron la muerte a la entrada de Villarrica. Sus cuerpos fueron lanzados al río Toltén para que se los llevara la corriente.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien desde agosto de 2015 está a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, investigó y dictó sentencia sobre lo ocurrido en Chihuío y Liquiñe. En su reciente libro Plaza Montt-Varas sin número. Memorias del ministro Alejandro Solís,4 relata: «Las masacres cometidas en estos villorrios fueron especialmente importantes, en primer lugar por la cantidad de las víctimas, un total de 32 campesinos; en segundo lugar, porque revelaban los abusos que habían ocurrido en las zonas más apartadas del país en los días posteriores al golpe de Estado». Y comenta: «Me parecía un contrasentido la exuberancia de la naturaleza tan junta a la muerte, considerando que todos eran trabajadores esforzados que contribuían al país desde esas zonas alejadas, lluviosas, de gente muy tranquila».
Una de las matanzas, describe Solís, ocurrió el 9 de octubre de 1973 en las termas de Chihuío, unos 190 kilómetros al sur de Valdivia. «Allí fueron secuestrados y muertos diecisiete campesinos pertenecientes al sindicato “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, por personal del Regimiento Cazadores y Maturana de Valdivia.» En enero de 2006, el ministro Solís logró condenar a los responsables.
Una pista en esta causa, cuenta el ex ministro, la entregó el fallecido ex canciller y ex presidente del Senado Gabriel Valdés Subercaseaux, quien fue senador por la zona. «De acuerdo con la versión que le dieron los familiares, existía actividad maderera desde antes del golpe de Estado, a cargo de un señor González,5 cuyos trabajadores habían formado un sindicato. Después del golpe, González mandó a un hijo a Valdivia para acusar a los miembros del sindicato de “agitadores”».
Agrega el ex ministro Alejandro Solís que, de acuerdo a ese relato, partió después de inmediato «un destacamento del Regimiento de Caballería que fue deteniendo a los campesinos en sus casas durante el trayecto de Llifén a Chihuío. Las diecisiete personas detenidas fueron subidas a camiones y llevadas a un lugar desconocido.
Conforme a la información que él recabó, los campesinos habrían sido asesinados con corvos por los soldados». Esa pista fue confirmada después con las declaraciones de otros testigos y permitió a Solís reconstruir la historia que lo llevó a procesar a los responsables por homicidio calificado. «El 24 de junio de 2005 condené al coronel de Ejército en retiro Luis Alberto Osorio Gardasanich a dieciocho años de presidio», señala.
Sobre ese negro telón de fondo transcurrió la vida de lo que fue el Complejo Panguipulli tras el golpe militar. La población aterrorizada y los trabajadores sometidos hicieron más fácil la tarea a quienes mandaban en esas tierras.
«OPERACIÓN RETIRO DE TELEVISORES»
Recuerda el ex ministro Alejandro Solís otro hecho que sucedió cuatro años después del golpe: las víctimas de Chihuío «fueron sepultadas clandestinamente en 1978 en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”». Permanecían como desaparecidas hasta que «en junio de 1990 se encontraron tres fosas en las que habrían estado enterradas, rescatándose algunas pequeñas piezas óseas».
La «Operación Retiro de Televisores», es decir, el desentierro y traslado de los cadáveres hasta otros lugares, ocurrió cuando Julio Ponce Lerou presidía el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Hombre hermético, nunca ha dicho una palabra sobre esto ni sobre alguno de los tantos hechos de violencia extrema protagonizados bajo las órdenes de su ex suegro y sus aparatos represivos.
Seguramente de estos temas no se hablaba en la casa de los Pinochet Hiriart, pero resulta extraño imaginar que el ex yerno no supiera lo que ocurría en años que no eran lejanos cuando asumió la presidencia del Complejo Panguipulli, ni menos lo que pasó en su territorio cuando él encabezaba la empresa.
No fue el desentierro y traslado de los cuerpos la única situación trágica en el Panguipulli en tiempos de Ponce Lerou. Cuando todavía él comandaba el complejo se produjo en la zona un hecho que vinculó a integrantes del Ejército. En 1981 llegó un grupo de militantes del MIR —como parte de la denominada «Operación Retorno»— a instalarse al sector de Neltume en la precordillera, con el propósito de generar un foco de resistencia al régimen.
«Ocho años después de la masacre de octubre del 73, en el mismo Regimiento Llancahue, el entonces oficial de Ejército Rosauro Martínez Labbé entrenó a los conscriptos que integrarían la base de la “Operación Contraguerrilla Machete”, nombre que recibió la expedición en busca del grupo mirista», escribió en Ciper Cristián Alarcón en 2014.6
De acuerdo a lo investigado por el periodista, el total de víctimas de esa matanza ocurrida en septiembre de 1981 llegaría a once personas. El Informe Rettig sobre Derechos Humanos había consignado en 1991 que tres miembros del MIR, Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eugenio Monsalve Sandoval, fueron acribillados en 1981, sin oponer resistencia. El comandante del grupo militar era el diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez Labbé, según las declaraciones de sus propios subalternos. Martínez Labbé, quien fue alcalde designado de Chillán desde 1989 a 1992, y parlamentario de Renovación Nacional elegido durante cinco períodos desde 1994, fue desaforado en abril de 2014 y enfrenta un juicio, que lleva la ministra en visita Emma Díaz, por los asesinatos de las tres víctimas de Neltume consignadas en el Informe Rettig.
EL ESTILO DEL EX YERNO
En el Complejo las cosas no se dieron bien para los trabajadores en tiempos de la presidencia de Ponce Lerou. Un documento de 1980 que encontré en antiguos archivos de la Corfo resume la labor realizada bajo su administración: «Desde marzo de 1976, fecha en que en calidad de delegado de Gobierno asume la dirección de la empresa su actual presidente, los esfuerzos de sus dirigentes y ejecutivos se volcaron a sanear una empresa absolutamente deficitaria y carente de todo tipo de organización formal, estructuras de autoridad, controles internos y administración eficiente». Esto se tradujo en que «producto del reordenamiento interno general realizado, hubo que efectuar una fuerte reducción de personal».7
En septiembre de 1973, el Complejo Panguipulli tenía 3.252 trabajadores, de los cuales —según el mismo documento— 296 eran empleados y 2.956 obreros. Dos años después, al 30 de noviembre de 1975, la dotación era la mitad.
La reducción continuó en forma acelerada y ya en agosto de 1977 apenas quedaban 116 empleados. Los pocos obreros que se salvaron del despido fueron contratados por la Conaf, según un «Cuadro de personal» del 29 de julio de 1980. Pero en el acta de la sesión ordinaria del consejo de administración, presidido por Julio Ponce Lerou, en mayo de 1981 se indica que en esa fecha la dotación era de 106 obreros y 68 empleados en todo el complejo. Precisa más abajo que «quedan paralelamente a la dotación señalada proyectos que se han llamado de emergencia, producto del cierre de las actividades productivas que no pudieron hacerse en forma drástica».8 Y agrega que «esta parte estará también finiquitada en junio, quedando solo diecisiete obreros permanentes, que continuarán con la construcción del camino Fuy-Pirihueico, además de un equipo que será el encargado del próximo remate de excedentes de bodega».
Informó también Julio Ponce Lerou en aquella oportunidad que «la vicepresidencia de la Corfo le ha dado instrucciones para que active la venta de predios».
Las actas de sesiones son ilustrativas sobre las políticas que Julio Ponce Lerou llevó a cabo en esa época. Dan cuenta —en términos generales— de los criterios empleados y de sucesivos remates, licitaciones y ventas de árboles en pie. En la misma reunión de mayo de 1981, Ponce Lerou indicó que «la presidencia y algunos directores del Consejo de Administración de Cofomap han logrado que la vicepresidencia de la Corfo tome una posición más enérgica con respecto a los juicios que mantiene el complejo». Y agregó que fue nombrado el abogado Pablo Rodríguez Grez —el fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad— «para que asuma la defensa en juicios contra el Complejo».
Los juicios a los que se refiere en la mayoría de los casos estaban planteados por antiguos dueños que fueron expropiados por la reforma agraria que querían recuperar sus predios.
DOTACIÓN MÍNIMA
Otro de los directivos indicó en la sesión de mayo del 81 que «se vio que la carga financiera que soportaba el Complejo era muy grande, sobre todo en lo relacionado con la parte laboral», y concluyeron que «la mejor alternativa para mejorar la rentabilidad de la empresa era que esta se desprendiera de la actividad directa y fuera realizada a través del sector privado».
Para encarar dificultades económicas, se señala, acordaron llegar a una «dotación mínima, la cual tendrá una función meramente administrativa, constituyendo la parte que no produce dentro de la empresa, pero sí la parte que controla, y todo lo que es actividad productiva operacional y trabajadores ha sido reemplazada».
Más contundente aún, el gerente general de Cofomap Ramón Silva informó que «la parte productiva del Complejo se paralizó en un ciento por ciento». Y agrega: «Se quedó solamente con el equipo de mantención de caminos y cuatro centrales de aserrío». Los empleados y obreros fueron despedidos, mientras continuaban los remates de los animales que quedaban. En la oportunidad, Ponce Lerou informó que la gerencia de la Corfo le dio las instrucciones de que «active la venta de predios».
En la sesión dieron cuenta de la venta del fundo Trafún Norte. Uno de los directores, Julio Segovia Ravanal, informó que en la entrega del predio hubo problemas, pues «los nuevos dueños solicitaron que se evacuara totalmente a la gente que vivía en el predio, aduciendo que la compra la habían efectuado sin personal». Explicaron la solución: «Dentro del predio se encontraban diez familias de las cuales se hizo cargo Maderas Coral, firma que mantiene un contrato de explotación en este fundo con el Complejo». Indicaron que se comprometió a «evacuarlas una vez finalizado el contrato».
El presidente Ponce Lerou solicitó en la oportunidad preparar un oficio con los otros predios que se licitarían para poner «a la Corporación en conocimiento de esta situación, y se les haga presente que son ellos los llamados a tomar todas las consideraciones del caso para evitar que se produzca una situación similar a Trafún Norte».
Finalmente, en esa acta consta que «el señor presidente informa al directorio que en fecha próxima deberá realizar un viaje a Estados Unidos, acompañado del gerente agropecuario del Complejo, para visitar la parte agrícola y ganadera de ese país». No especifica con qué objeto sería el viaje, si el Complejo estaba en la práctica en liquidación. Pero en ese tiempo ya Ponce Lerou tenía numerosos negocios particulares en el mismo rubro. El gerente agropecuario era Javier Vargas Niello, quien junto a su jefe desarrollaba por aquel entonces sus negocios ganaderos.
NERVIOSISMO EN EL DIRECTORIO
Ese mismo año 1981, en noviembre, la sesión ordinaria n° 23 tuvo otro tenor. Julio Ponce Lerou llegó atrasado a presidir la sesión. Explicó al directorio que su tardanza se debió a que tuvo una reunión con el vicepresidente de la Corfo, quien le entregó un oficio «donde se formulan cargos contra la administración de Cofomap».
Desde septiembre de 1973 la Corfo pasó a ser «territorio militar». De los diez vicepresidentes ejecutivos de la Corfo que ocuparon ese cargo entre septiembre de 1973 y julio de 1989, nueve eran oficiales del Ejército de Chile en servicio activo al momento de su designación. En noviembre de 1981, el cargo lo ocupaba el general Francisco Ramírez Migliassi, quien estuvo desde marzo de 1981 a agosto de 1983.
En esa ocasión, las acusaciones que el mismo Ponce Lerou resumió no eran menores, según consta en el acta de la sesión. La primera que mencionó: «Presumiblemente las políticas de administración de la empresa han facilitado la acción guerrillera en Neltume». Y a continuación enumeró: «Despido indiscriminado de trabajadores. Licitaciones, remates y arriendos a particulares efectuados en forma irregular. Prohibición a la gente que vive en el Complejo de sembrar y criar animales. Descontento de los pobladores con la política de Gobierno». El oficio, dijo el mismo Ponce Lerou, tenía un plazo de 72 horas para ser respondido.
Uno a uno, los miembros del consejo intentaban refutar los cargos. Destaca la réplica del propio presidente del Complejo Panguipulli, quien, refiriéndose a la situación de Neltume, señaló: «En el verano pasado la gente del Complejo detectó situaciones extrañas dentro de la empresa, dando cuenta a las autoridades, sin que estas actuaran oportunamente. Solamente lo hicieron recién en el mes de junio del presente año».
Julio Ponce Lerou, según esa acta, «deja en claro que permanentemente el Complejo ha estado cooperando con las Fuerzas de Orden y Seguridad ante cualquier acción que precise ayuda de la empresa». Y destaca que «el pasado 20 de septiembre, ante la presencia ya efectiva de extremistas en la zona, les fueron facilitados dos vehículos a Carabineros con el objeto de que estos pudieran llegar hasta el lugar en que se encontraba esta gente, siendo los únicos vehículos con que se contó para la captura de los guerrilleros y su posterior traslado».9 A confesión de partes, relevo de pruebas.
Argumentó, además, respecto a los despidos, que «la reducción de personal fue producto del ordenamiento interno», y que «cesantía hay en todo el país». En otro plano, se lee en el acta: «El señor presidente señala que la buena administración del Complejo quedó en evidencia en el último plebiscito». Y señala que «el Gobierno obtuvo una de las más altas votaciones en el sector a cargo de la empresa, lo que demostró apoyo a su política, como también apoyo a la gestión de la actual administración de la empresa».10
NUEVOS DUEÑOS
En un documento de octubre de 1985 planteaban seguir con la «enajenación individual de predios» y tenían listos para la venta seis, mientras los otros siete se mantendrían juntos para transformarlos en una sociedad anónima cuyas acciones se venderían.
Cuando Ponce Lerou dejó la presidencia de Panguipulli en 1982, la privatización había avanzado. Y la tendencia siguió. En 1985 la superficie del complejo era menos de la mitad de 1973, y le quedaban doce predios, la mayor parte con problemas legales no resueltos.
Al calor de la fiebre privatizadora de la segunda mitad de los ochenta, el general vicepresidente de la Corfo Guillermo Letelier Skinner, entonces coronel de Ejército, disolvió anticipadamente el Complejo el 19 de agosto de 1988.
Hoy, todos esos fundos están en manos privadas. Entre sus dueños destacan algunos conocidos grupos económicos. En otros casos, el control lo tienen empresas madereras y forestales.
Los Luksic son dueños de varios de los fundos que fueron parte del Complejo. El de mayor tamaño, Chan-Chan, en Chonhuenco, en la ladera del lago Panguipulli, con sus más de cincuenta mil hectáreas, era el preferido del patriarca del clan, quien construyó una casa y tiene un inmenso parque. En el mismo sector, en una península del predio de los Luksic, tiene un fundo Wolf von Appen —el empresario naviero miembro del directorio de Soquimich—, con una casona a orillas del lago. Asimismo, Griseldis Burose, la señora de Sven von Appen, encabeza la fundación educacional People help People, que ha focalizado su ayuda en la zona.
Además de los Luksic y los Von Appen han elegido Panguipulli como lugar de veraneo, entre otros connotados empresarios, Nicolás Ibáñez, del grupo que fue dueño de los supermercados Líder; Mauricio Larraín, el ex presidente del Banco Santander, y José Luis del Río Goudie, el mayor de los hermanos que controlan Derco y son parte de Sodimac y Falabella. Entre otros de los connotados vecinos está también el empresario turístico Víctor Peterman, que se quedó con la reserva de Huilo-Huilo y con los fundos Neltume y Curranco, que también formaban parte del Complejo Forestal Panguipulli.
ASCENSO EN LA CORFO
Durante los primeros años de dictadura, no solo la Corfo era territorio militar. En los directorios de las empresas estatales abundaban los uniformados. Los civiles que accedían a esas posiciones por lo general eran Chicago boys, algunos especialistas en determinadas materias partidarios del régimen, o privilegiados por influencias personales. Así ocurrió en Soquimich, donde salvo la excepción de unos pocos expertos en la minería no metálica, los sucesivos directorios eran integrados por militares de alto rango y por civiles incondicionales del Gobierno.
El omnipresente Julio Ponce Lerou se las arreglaba para estar a la vez en diferentes empresas. Desde 1979 —cuando dejó la Conaf, pero se mantuvo en el Complejo Panguipulli hasta 1982— fue hombre clave en la Corporación de Fomento (Corfo), primero como gerente de empresas y entre abril y julio de 1983 como gerente general. Su presencia se multiplicó en esa época en directorios de las empresas estatales. Al mismo tiempo presidía la Compañía de Teléfonos de Chile, desde 1973 y hasta 1983; estuvo en la Industria Azucarera Nacional (Iansa) entre 1979 y 1982, y llegó a Soquimich en 1980.
A la vez fue miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), entre 1979 y 1983, y de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), entre 1982 y junio de 1983. También estuvo en el consejo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). En ese tiempo, su gran amigo Patricio Contesse se paseaba por otros directorios tan importantes como los de la CAP y Codelco.
Contra lo que cualquiera hubiera imaginado, la Corfo —que había sido fundada por el presidente Pedro Aguirre Cerda en 1939 para fomentar la producción y el desarrollo del país desde el Estado— se transformó en una gran agencia privatizadora. Desde allí se impulsaron los principales traspasos efectuados entre 1985 y 1989. Aunque los planes eran privatizar todo lo que estaba en manos del Estado, todavía no había llegado la hora para arremeter contra las grandes empresas consideradas «estratégicas» en aquel entonces, aunque preparaban el camino. Por un lado, los militares, aun los incondicionales de Pinochet, tenían dudas. Por otra parte, la crisis de 1983 y las protestas sociales no eran el momento idóneo para lanzar al mejor postor —o al destinatario elegido— el patrimonio del Estado. Por eso tuvieron que esperar hasta la segunda mitad de la década de los ochenta.
Ya por esos años se manifestaba la cercanía de Ponce Lerou con algunos connotados civiles con los que mantiene contacto estrecho hasta hoy y que fueron decisivos en las ventas de las que fueron grandes empresas del Estado, en la práctica constituidos en una estrecha y potente red con presencia en las distintas compañías.
Cuando Julio Ponce Lerou presidía Iansa, Hernán Büchi era el vicepresidente de la azucarera, por entonces estatal. Estuvieron juntos en ese directorio hasta 1982. El gerente general de Iansa era Patricio Phillips Sáenz, quien también era ya por esos años miembro del directorio de Soquimich. Phillips, un incondicional de Ponce Lerou hasta la actualidad, también figuraba en 1980 en el directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), donde compartía directorio, entre otros, con Jorge Selume Zaror, quien llegaría a ser brazo derecho de Álvaro Saieh.
Más adelante se vio a Selume como decano designado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y en otras tareas de la mano de su antiguo amigo Saieh, mientras participaba en diversos directorios de empresas del Estado, como Entel, Chilectra, la Compañía de Teléfonos y la eléctrica Pehuenche, desprendida de Endesa. A finales de la década y hasta el término de la dictadura, Selume fue director de Presupuesto de Pinochet, cuando Hernán Büchi era ministro de Hacienda, hasta que renunció en 1989 para ser el candidato presidencial de la derecha.
Büchi había compartido con Ponce Lerou el directorio de la Compañía de Teléfonos, y en 1979, siendo vicepresidente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), asumió el mismo cargo en Endesa, donde se mantuvo como vicepresidente hasta 1982, cuando ascendió a presidente, mientras era subsecretario de Salud. Julio Ponce Lerou acompañó a Büchi en Endesa en calidad de vicepresidente hasta 1983, cuando Ponce llegó a la gerencia general de la Corfo.
Bajo el mandato de Büchi en Endesa y Ponce Lerou en Corfo, se efectuó la división de Endesa en filiales, lo que constituyó el paso previo para la privatización de la segunda mayor empresa del Estado —después de Codelco—, que retomó la recta final a partir de 1985.
EL PRIMER ZARPAZO A SOQUIMICH
En 1974, recién después del golpe, un general de Carabineros, Arturo Giovani, quien se desempeñaba como ministro de Minería, presidía el directorio de Soquimich, y entre los miembros del directorio estaba un general de Ejército, Agustín Toro Dávila, quien entre 1976 y 1979 fue rector delegado de la Universidad de Chile.
En esos tiempos el Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros «destinaban» a sus hombres a una empresa estatal o a una universidad, como si se tratara de una misión militar.
Junto a los uniformados, aparecieron en Soquimich algunos civiles, como el abogado Jorge Gabriel Larraín Bunster, quien estuvo un par de años en el directorio de Soquimich, entre 1975 y 1977. Larraín Bunster es casado con la socióloga Patricia Matte Larraín, que junto a sus hermanos Eliodoro y Bernardo encabeza el grupo Matte y preside la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago.
Otro de los asesores civiles del Gobierno que integró este directorio fue el ingeniero Juan Hurtado Vicuña, antiguo amigo y compañero de curso en la Universidad de Chile de Hernán Büchi. Hurtado le presentó al ex ministro de Hacienda Sergio de Castro, el gurú de ese entonces, a Büchi. De Castro le encargó a ambos ingenieros egresados de la Universidad de Chile los primeros estudios sobre privatizaciones. Los dos amigos estuvieron desde esos años muy cerca de Soquimich. Büchi se mantiene en el directorio hasta hoy.
Juan Hurtado, actual presidente de Entel, de la Corporación Santo Tomás y de la Minera Punta del Cobre, partió ese mismo año 75 en Soquimich, y tras renunciar en 1977, regresó en 1979 por otro período. Después volvió a acercarse cuando Soquimich ya estaba privatizada y estuvo en el directorio de la matriz del holding entre 1992 y 2001.
En 1979 presidía el directorio de Soquimich el general de Ejército Enrique Morel Donoso, quien había sido ayudante de Pinochet al momento del golpe y después jefe de la Zona de Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, e inspector general del Ejército. Morel sintonizaba con el equipo económico del Gobierno, pero en 1980 dejó la presidencia de Soquimich «para ocupar un alto cargo al que lo ha destinado el presidente de la República», según se consignó en la Memoria de ese año de la empresa. El cargo era rector delegado de la Universidad de Chile. El mandato de Morel en la «U» fue brevísimo, pero intenso. Solo estuvo veinte días en ese puesto, pero logró avanzar en su proyecto de separar a la Universidad de Chile de sus sedes regionales. Le sucedió otro general de Ejército, Alejandro Medina Lois, especialista en inteligencia y seguridad nacional, quien permaneció dos años al mando de la principal y más antigua universidad del país.
Tras la salida de Morel, en 1980 tomó el control de Soquimich Julio Ponce Lerou, quien fue designado en mayo de ese año como presidente de la empresa. El vicepresidente era Juan Manuel Casanueva Préndez, otro civil que era director desde 1979. Casanueva11 es actual presidente del directorio de GTD Teleductos —Telefónica Manquehue y otras relacionadas, como Telefónica del Sur y Telefónica de Coyhaique—, y miembro del directorio del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), que encabeza Juan Enrique Yarur; estuvo en Soquimich hasta 1983, donde incluso reemplazó como presidente a Ponce Lerou, cuando el ex yerno tuvo que abandonar todos los cargos públicos.
PATRICIO CONTESSE, EL SOCIO HISTÓRICO
Los tres hermanos Contesse González, Jaime, Daniel y Patricio, estudiaron Ingeniería Forestal. Los mayores conocieron a Julio Ponce Lerou en la Escuela de la Universidad de Chile. Y desde los años setenta trabajaron juntos, tanto en las actividades públicas como en negocios privados. Pero a la larga, quien desarrolló con el ex yerno de Pinochet la más estrecha relación fue Patricio, el menor, hoy formalizado por el escándalo en que se ha visto envuelta Soquimich.
Patricio Contesse González nació en el verano de un año bisiesto, el 29 de febrero de 1952, y estudió en el Grange. Su primer trabajo fue en Inforsa, cuando Industrias Forestales era estatal. Después se trasladó a la Maderera Tejas Limitada de Concepción, hasta que Ponce Lerou se lo llevó como asesor del directorio de la Conaf, de la Celulosa Constitución y del Complejo Panguipulli, donde estuvo entre 1978 y 1979. Es seis años menor que su antiguo amigo y como él estudió Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile, aunque no se tituló. Entre diciembre de 1978 y octubre de 1979 Patricio Contesse fue gerente forestal de Celco. En esa fecha se trasladó como subgerente de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar) y después fue gerente general de la Carbonífera Schwager.
Por la misma época, el ex yerno de Pinochet dejó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y quedó en su lugar Jaime, el mayor de los Contesse González.
Entretanto, en 1981, cuando Julio Ponce Lerou era gerente de empresas de la Corfo y presidía Soquimich, designó vicepresidente ejecutivo a Patricio Contesse. Pero al año siguiente, su amigo se alejó durante un tiempo de la empresa minera y se hizo cargo de otras responsabilidades en compañías estatales. Desde febrero a julio de 1982 fue «destinado» como gerente general de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y siguió después en el directorio en 1983, donde coincidió con Juan Hurtado, que estaba desde 1980. Además, en 1982 Patricio Contesse fue nombrado vicepresidente de Laboratorios Chile, que también era del Estado y, por lo tanto, dependía de la Corfo. El mismo año su carrera dio un salto mayor: Pinochet lo nombró vicepresidente ejecutivo de Codelco, la principal empresa del país. Más tarde estuvo un tiempo como representante de Codelco en Nueva York. Pero volvió a Soquimich junto a Ponce Lerou en 1990 para ser parte del gran negocio de explotación de los minerales que lograron con la privatización de Soquimich.
Patricio Contesse González llegó después a ser el gerente y vicepresidente ejecutivo de Soquimich privatizada. Estuvo en la compañía minera durante veinticinco años hasta que el directorio encabezado por su antiguo amigo Julio Ponce Lerou lo despidió en medio del escándalo en marzo de 2015.
Casi seis meses después de su renuncia y a los cuatro días de la reformalización del 14 de septiembre, Contesse hizo una jugada similar a la que en enero de 2015 protagonizó el ex gerente de Penta Hugo Bravo López: entabló una multimillonaria demanda laboral contra Soquimich por dos mil setecientos millones de pesos libres de impuestos, lo que equivale a cuatro millones de dólares. La información se conoció a través del diario La Tercera que en artículo de portada del 22 de septiembre informó sobre la réplica del ex gerente, quien hasta ese momento guardaba silencio ante la fiscalía sobre la causa por delitos tributarios en que está involucrado. Su abogado, el ex militante del PPD Samuel Donoso, ha tratado de defenderlo bajo el argumento de que no tenía el propósito de defraudar al fisco, sino de «financiar campañas políticas». En abril, interrogado por el fiscal Carlos Gajardo, Julio Ponce Lerou había dicho que no sabía nada sobre las platas políticas, boletas o facturas, e insistió en que quien debía responder era Patricio Contesse.
Los siderales montos de la acción judicial de Contesse superaron los límites del otro ex ejecutivo de Penta, que había pedido dos mil trescientos millones de pesos. Claro que Bravo «solo» obtuvo trescientos millones después de llegar hasta la Corte de Apelaciones.
En medio de este carnaval de millones se conoció el «sueldo» de Patricio Contesse hasta su alejamiento de la gerencia general de SQM: 52 millones 720 mil pesos mensuales bruto —equivale a unos 77 mil dólares mensuales—. La abultada suma implica una remuneración líquida de 43.654.113 pesos al mes, lo que equivale a cerca de 64 mil dólares mensuales.
Como si eso fuera poco, Contesse percibía un bono anual que en 2014 alcanzó 621 millones de pesos, y en total entre 2013 y 2015 obtuvo por ese concepto 1.147 millones. Sobre esas cifras el ejecutivo y su abogado calcularon el monto de la indemnización por años de servicio.
La fórmula demandada, según informó La Tercera, se acerca a los 110 millones de pesos por año de servicio. «Hasta la fecha no se me ha pagado ninguna de las indemnizaciones que por término de contrato me corresponden», indicó Contesse en la demanda.
Según establece Contesse, él asumió como gerente general de Soquimich el 13 de marzo de 1990. Justo dos días antes, el ex suegro de su antiguo amigo había dejado La Moneda.
PASTELES Y HELADOS
En tiempos de dictadura, además de los cargos en las empresas del Estado, Patricio Contesse mantenía actividades comerciales personales en las que involucraba en algunas ocasiones a familiares suyos, a los Ponce Lerou o a personas ligadas a Soquimich.
Entre las firmas antiguas de Patricio Contesse está la Sociedad Comercial de Productos Forestales Foresport Limitada, cuya constitución aparece en el Diario Oficial el 16 de febrero de 1977. La formaron Patricio Contesse, Francisco Javier Cáceres, la nutricionista Juanita Contesse González, los ingenieros forestales Fernando Encinas y Jaime Ianiszewski. Los dos últimos fueron ejecutivos de filiales de Soquimich.
El 21 de octubre de 1981 nació la Sociedad Agrícola y Forestal Limitada (Agrofor Limitada), en la que los socios eran Patricio Contesse y Eugenio Ponce Lerou.
Junto a su hermano Jaime —quien figura en un organigrama de esa época como «asesor técnico» del Complejo Panguipulli cuando lo presidía Ponce Lerou—, Patricio Contesse aparece como socio de la firma Contesse y Compañía Limitada, constituida en junio de 1978 en un rubro muy diferente: la fabricación de productos de pastelería. La sociedad, cuyo nombre de fantasía era Pastelería Edelweiss, fue modificada un mes después. A ella entró como socia la esposa de Julio Ponce Lerou, Verónica Pinochet Hiriart, quien participó en el negocio hasta 1980.
En enero de 1986, los hermanos Patricio y Jaime Contesse, junto a René Francisco Moya, crearon otra sociedad dedicada a los helados, confites y pasteles: Productos Alimenticios Kretzel Limitada.
Dos años después, el 19 de abril de 1988, aparece en el Diario Oficial la constitución de una nueva sociedad: Inversiones Laguna Verde Limitada, cuyos socios eran Patricio Contesse y su esposa, Bernardita Beatriz Ficca. Y en junio de ese año Jaime y Patricio Contesse y René Francisco Moya traspasaron sus derechos de Kretzel Alimentos a dos sociedades controladas por ellos mismos, Laguna Verde Limitada y Casas Viejas Limitada. Esta última fue constituida ese mismo año 1988 por los hermanos Daniel Contesse, en representación de Graciela Itzel Marroquin Gómez, y Patricio, a nombre de Jaime Contesse, quien figura con el 80 por ciento de las acciones.12
Un personaje clave en la arremetida sobre Soquimich es el hermano menor del ex yerno de Pinochet, Eugenio Ponce Lerou, ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso. Hasta marzo de 1981 trabajó en Vial y Vives Ingenieros. Luego fue incorporado por su hermano a Soquimich. Partió como asesor de la gerencia y ese mismo año llegó a gerente de ventas para luego ascender a gerente comercial. Se mantuvo desde esa época, y después se privatizó con la empresa, y pasó a ser vicepresidente comercial y director de diversas filiales.
Entre otros directivos de comienzos de los ochenta está Patricio Phillips Sáenz, quien ha sido director histórico del grupo y quien, tras desaparecer por un tiempo, volvió a incorporarse y es persona de confianza para Ponce Lerou con cargos en directorios de algunas filiales «cascadas». Distinto es el caso del abogado Armando Gutiérrez Nilo, quien después de haber pertenecido al equipo legal de la Conaf y haber sido fiscal en Soquimich, se alejó del grupo a comienzos de los noventa.
Desde 1981 fue gerente general de Soquimich el ingeniero civil en minas Eduardo Bobenrieth Giglio. Antes había sido asesor del Ministerio de Economía. Esa composición de directorio se mantuvo en los años siguientes hasta 1987, cuando culminó la privatización. Bobenrieth estuvo en todo el proceso y continuó en Soquimich hasta que rompió con los hermanos Ponce Lerou en medio de una disputa por el control de Pampa Calichera y Oro Blanco, las sociedades hoy conocidas como cascadas.
Un personaje de esos años que mantiene vigencia hasta hoy en otros planos es el columnista del diario La Segunda y ex ministro de Pinochet Sergio Melnick Israel, quien fue durante un largo tiempo previo a la privatización —entre 1981 y 1986— miembro del directorio de Soquimich.
También fue parte del equipo directivo de Soquimich el abogado Rubén Díaz Neira, que fue asesor de Pinochet y director de empresas estatales: vicepresidente de Soquimich entre 1984 y 1985, vicepresidente ejecutivo de Chilectra entre 1983 y 1986, y de Chilquinta en 1985 y 1986, además de gerente general del complejo eléctrico Colbún Machicura, que se había separado de Endesa.
NEGOCIOS PARTICULARES
Mientras era presidente del Complejo Panguipulli, en forma simultánea, Julio Ponce Lerou desplegó sus pasos en la actividad ganadera y llegó a tener en su poder miles de cabezas de ganado y parte importante de la producción de carne, a la vez que fue representante del Gobierno ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Recorría campos y bosques, en especial en las regiones del sur de Chile, mientras se tejía una leyenda negra sobre sus negocios. Dos de los máximos directivos que acompañaron a Julio Ponce Lerou en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli pasaron a ser importantes socios en negocios personales. Uno es Javier Vargas Niello, que fue el gerente agropecuario del Complejo, con quien se asoció en 1980 en la Ganadera y Forestal Martell Limitada. Los fundos Tres Palos, El Manzano, El Caulle y Hoyería formaron parte de esa sociedad.
El otro, Jaime Contesse González, amigo desde la universidad al que llevó a Soquimich, donde su hermano Patricio desempeñó un rol clave. A ellos se suma Carlos Stutz Neveu, compadre de Ponce Lerou y quien también apareció como directivo en diversas sociedades del holding Soquimich después de la privatización.
Por ese entonces, en la primera mitad de los ochenta, subían de tono los comentarios sobre las inversiones que había hecho Julio Ponce Lerou siendo funcionario público, que lo convirtieron en propietario de tierras y animales a lo largo del país. En ese tiempo manejaba las sociedades Río Bonito, Monasterio y Cuadros. Y entre los predios que se le conocían estaban los fundos Puyehue, El Pafi y Río Bonito, en la comuna de Entre Lagos; El Cardenal, junto a Puyehue; Vista Hermosa, cerca de Temuco, y otras propiedades, como un establecimiento de cultivo de choros zapato en Toltén.
Detrás de su enriquecimiento había también deudas, tierras hipotecadas y animales entregados en prenda. Los fundos El Pafi y Río Bonito, en la comuna de Entre Lagos en la décima región, próximos al lago Puyehue, sumaban 1.820 hectáreas; se los compró en 1981 a Eustaquio Proboste, en dieciocho millones de pesos. «De ellos solo pagó tres millones. ¿Y el resto del dinero? Un hábil e intrincado enredo jurídico, en el que contó con la asesoría de uno de sus nuevos amigos, el abogado Pablo Rodríguez, dejó a los Proboste incapacitados para cumplir su parte del contrato», señalan los periodistas Víctor Osorio —actual ministro de Bienes Nacionales— e Iván Cabezas en el capítulo destinado al ex yerno del dictador, en el libro Los hijos de Pinochet,13 publicado en 1995.
Los autores agregan: «Un protagonista clave de la operación fue el compadre de Ponce, el ingeniero Carlos Stutz, quien era, a la fecha de la compra, ejecutivo de Soquimich y de la Compañía de Teléfonos. La escritura fue redactada por el abogado y fiscal de la Conaf, Armando Gutiérrez».
Julio Ponce Lerou en ese momento era presidente de la Compañía de Teléfonos, de Soquimich, de Iansa y gerente de empresas de la Corfo. Eustaquio Proboste y su señora, Ivonne Furet, creyeron que hacían un buen negocio y confiaron en el poderoso personaje que compraba sus tierras. Lo conocieron en 1980 cuando le arrendaron una parte de El Pafu. «Y en abril de 1981, ante su insistencia, decidieron vender sus derechos en los predios, a cambio de tres millones de pesos al contado y quince millones a noventa días. El primer pago fue lo único que recibieron», señalaba en 1983 el periodista Mauricio Carvallo en un reportaje de la desaparecida revista Hoy.14
En mayo de 1981 el Banco Andino —con sede en Panamá y vinculado al grupo de Javier Vial— le prestó a Ponce Lerou 780 mil dólares para pagar a Proboste los fundos, pero esto no ocurrió, como denunciaron los vendedores. Dos años después, el 27 de mayo de 1983 —cuando todavía era directivo de las empresas públicas—, constituyó el «contrato de prenda sin desplazamiento» por cuatro mil vaquillas avaluadas en ochocientos mil dólares. El ganado debía permanecer, de acuerdo a la escritura, en El Pafu y Río Bonito, mientras no se efectuara el pago.
CAÍDO EN DESGRACIA
En ese tiempo, el ex yerno arrendaba también algunos fundos con sus socios para el talaje de los ganados. En ese libro Osorio y Cabezas destacan un caso: «Arrendó en solo veinte mil pesos mensuales un predio, el fundo Quenchumalal, de nueve mil hectáreas, de propiedad de la Caja de Empleados Públicos. ¡Su avalúo fiscal era de quince millones de pesos!».
En 1981 Julio Ponce Lerou había formado la Compañía de Inversiones Agroforestal FRAJ Limitada, que en junio de 1983 constituyó la Inmobiliaria El Cuadro Limitada, con Alberto Reyes y Ramiro Soffia, orientada a «la explotación agrícola, forestal y ganadera de predios propios o ajenos». Ponce Lerou tenía prácticamente la totalidad de las acciones de FRAJ, y aparecía como minoritario su hermano Gustavo. El Cuadro se adjudicó en 1983 la licitación de la hacienda Nueva Etruria, de la Conaf, que tenía una superficie de once mil hectáreas.
Mientras aumentaban las propiedades y se hacían más frecuentes los dudosos manejos de Ponce Lerou, apareció un documento anónimo que llegó a manos de oficiales de las Fuerzas Armadas en el que se le acusaba de enriquecimiento ilícito. El mismo aludido apuntó al empresario Ricardo Claro y al ex fiscal militar de Temuco Alfredo Podlech Michaud15 de estar detrás de una operación que implicaba a la joven periodista Vivianne Schnitzer como autora del texto. Ponce afirmó que el documento fue encargado por Claro y Podlech, aunque ella nunca lo reconoció en esos términos.
El contenido hablaba de los fundos, los animales y los cargos que tenía este ingeniero forestal que partió siendo un simple profesional con un puesto público en la Conaf. Los autores de Los hijos de Pinochet recogen algunas opiniones de esa época, como la del presidente de los productores de trigo, Carlos Podlech, hermano del ex fiscal militar, quien comentó: «Tendrá que salir la verdad y se dará la ocasión para que Ponce justifique su fortuna que se extiende por Coyhaique, Osorno, Temuco, Pitrufquén. En todo el sur se habla de él».
El abogado Ricardo Claro, entretanto, sentenciaba: «Ni el yerno del presidente de la República tiene facultades para sentarse en la ley».
UN PARTICULAR «BASTANTE ENDEUDADO»
Julio Ponce Lerou reaccionó indignado por las «calumnias» que se le imputaban y escribió una carta a su suegro, intentando argumentar que era solo por hacer daño a Pinochet que se habían levantado tales acusaciones. Lo curioso es que provenían de partidarios del dictador.
«Desde hace un tiempo he sido blanco de los más deleznables ataques y calumnias que, sin asidero ninguno en la verdad, y en forma anónima y cobarde, se han lanzado en mi contra. Lo inusitado y la saña con que se está procediendo me ha hecho pensar que se persigue un propósito que va más allá de mi modesta persona», dijo en la carta. «En razón de las consideraciones anteriores, teniendo presente que lo más sagrado para un ciudadano es su patria, y en lo particular, su alta investidura, todo lo que está muy por encima del suscrito y de sus intereses particulares, he estimado dejar a vuestra Excelencia en libertad, poniendo a su disposición el cargo de gerente general de Corfo», expresó en la misma misiva.
En medio de las protestas nacionales contra la dictadura y de los fuertes coletazos de la crisis económica que tumbó a los grandes grupos económicos, el hasta ese momento todopoderoso Julio Ponce Lerou tuvo que dejar el primer plano. El 15 de julio de 1983 renunció a la gerencia de la Corfo y a la presidencia de Soquimich y abandonó todos los cargos en los directorios de empresas estatales.
A propósito de esta situación, le otorgó unas semanas después una entrevista exclusiva a la periodista Gloria Stanley, en ese entonces redactora de la revista Qué Pasa, que tituló con una frase del ex yerno: «Mi única preocupación en la vida ha sido ser solo Julio Ponce». En ella acusa una «campaña infame que mediante anónimos ha puesto en duda mi honorabilidad»,16 y busca bajar el perfil a sus líos y a la magnitud de sus pertenencias.
«Como particular estoy bastante endeudado como cualquier empresario privado; solo tengo una sociedad limitada agroforestal, cuyo capital es de un millón de pesos, y derechos en un predio que compré y no he pagado íntegramente, porque no se me ha entregado en forma legal. Para estos efectos pedí un préstamo bancario. Con el vendedor del predio tuve un juicio que gané tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones, probando más allá de toda duda que tenía la razón», afirmó a la periodista.
Reconoció que el montó del préstamo era 780 mil dólares y que «con parte del crédito se pagó parcialmente el predio a la espera que el dueño cumpliera lo establecido para poder cancelarle el saldo». Señaló que «como pasaba el tiempo y el fundo no se inscribía a mi nombre, consideré que lo más adecuado era trabajar el capital que día a día devengaba intereses», aunque indicó que su dinero no se había multiplicado, a pesar del alza del precio del dólar que se produjo en ese tiempo. «He logrado mantener un negocio eficiente, lo que me ha permitido manejar mis pasivos sin descapitalizarme excesivamente», aseguró a Gloria Stanley.
Insistió en que su negocio no era especulativo, sino que «se asienta en bases reales», y anunció que tras las renuncias a las empresas públicas, «me dedicaré a mis actividades privadas». Fue esta una de las pocas veces que el ex yerno del capitán general ha dado una entrevista a un medio de comunicación. En su libro Todo sobre Julio Ponce Lerou, el periodista Manuel Salazar destaca el valor documental de ese artículo y lo publica completo como anexo.17
Por esos días de agosto del 83, Mauricio Carvallo viajó a Temuco y Valdivia y reporteó «en terreno» para la revista Hoy.18 El abogado Víctor Carmine, ex diputado del Partido Nacional, fue parte de ese reportaje. Él defendía a los antiguos dueños de los fundos Neltume y Carranco de Valdivia que fueron expropiados por la CORA y traspasados a la Corfo, como los demás del Complejo Panguipulli, y estaba en litigio cuando estalló el escándalo. «Solamente en Neltume y Carranco se explotaron unos seis millones de pulgadas de madera hasta el momento en que la producción fue paralizada. Si consideramos que la pulgada de raulí en pie cuesta dos dólares cincuenta centavos, se obtiene la cifra de quince millones de dólares en solo dos fundos que conozco directamente y que representan el 10 por ciento del complejo», señaló Víctor Carmine a Hoy.
Y a continuación el ex diputado derechista preguntaba: «¿Qué ha pasado en los otros predios? ¿Cuánta madera ha salido? ¿En qué condiciones? ¿Qué ha pasado con los animales que allí había?». Y sostiene que «por actuación bastante decidida del señor Ponce, que contrató a los abogados Pablo Rodríguez y Evaristo Figueroa, la devolución no ha sido posible».
Mauricio Carvallo continuaba el relato: «Carmine había visto una sola vez a Ponce, cuando remataba animales en la hacienda Rupanco. Me consta que tiene la carnicería Monumento de Maipú y varios negocios ganaderos al detalle».
Indica también en el reportaje que según Carlos Podlech, Ponce Lerou era el principal proveedor de carne de los supermercados Unimarc. Y que «el comercio ganadero sería —en Chile— la principal actividad de Julio Ponce».
Una investigación iniciada por la misma Corfo sobre estos hechos quedó en nada. Eustaquio Proboste entabló un juicio que duró tres años, pero la «justicia» fue favorable a Julio Ponce Lerou, quien eximido de culpas prosiguió con nuevos ímpetus su vida de negocios. En esa nueva era se las arregló para diseñar la arremetida final sobre Soquimich.
LA SOCIEDAD MONASTERIO
Las peripecias económicas del ex yerno continuaron. La sociedad ganadera Monasterio Limitada, de propiedad de Julio Ponce Lerou, fue otra protagonista de los grandes escándalos del ex yerno.
La sociedad Monasterio19 fue constituida el 16 de julio de 1984. Los socios eran la Compañía de Inversiones Agroforestal FRAJ Limitada, propiedad de Julio Ponce Lerou, con el 99 por ciento del capital, y la sociedad productora de carne Procar Limitada, en la que también tenía el control indirecto Ponce Lerou, con el 1 por ciento.
Monasterio dejó una deuda impaga en la Corfo por 117.244 UF, según estableció el informe del ex fiscal de la Corfo Guido Machiavello, cuando se hizo cargo de la Corporación en 1990. El Consejo de Defensa del Estado estimó la deuda en una suma más elevada, y su presidente Guillermo Piedrabuena se querelló, pero perdió el juicio.
Procar fue creada como sociedad limitada en 1981, cuando el ex yerno de Pinochet era director ejecutivo de la Conaf y presidente del Complejo Panguipulli. Formalmente esa sociedad la constituyeron FRAJ Limitada —que como veíamos se fundó ese mismo año—, Eugenio Ponce Lerou y Carlos Stutz Neveu, hombre de confianza de Julio Ponce, además de Juan de los Ríos Ramírez. Cada socio figuraba con un 25 por ciento. Un hecho curioso: la Sociedad FRAJ, constituida el 5 de octubre de 1981, había comprado la parcela n° 17 de Conchalí el 28 de junio de 1984 —días antes de que naciera la sociedad Monasterio— al mismo Julio Ponce Lerou, quien a su vez la había adquirido poco tiempo antes.
Una operación similar hizo Carlos Stutz Neveu, quien lo mismo que Ponce Lerou adquirió un predio a parceleros de la reforma agraria, y luego lo vendió a FRAJ Limitada.
LOS PRÉSTAMOS DE LA CORFO
La buena llegada que tenía Julio Ponce Lerou entre los colegas militares de su ex suegro queda en evidencia en los préstamos que le otorgó la Corfo, sin una mayor revisión de las condiciones, pese a que se trataba de créditos con recursos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la entidad gubernamental gestionaba y avalaba. Ni la acusación de enriquecimiento ilícito ni las discutibles maniobras en sus negocios que provocaron polémica en agosto de 1983 fueron obstáculo para que esta vez la Corfo le otorgara cuantiosos préstamos blandos, con facilidades de pago. La serie de créditos obtenidos se inició el 14 de agosto de 1984, un año después de la caída que implicó la renuncia a los directorios, con un préstamo de quince mil UF, con un 7 por ciento de interés y un período de gracia —es decir, sin pagar ni un peso— de cuatro años.
Monasterio S.A., es decir Ponce Lerou, solicitó los recursos para financiar «parcialmente» un proyecto de ganado vacuno en el predio La Estancilla, en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso. El comité ejecutivo de la Corfo, integrado por los entonces brigadieres generales Fernando Hormazábal Gajardo, vicepresidente ejecutivo de la Corporación; Francisco Ramírez Migliassi, director de Odeplan, y Renato Fuenzalida Maechel, representante de Pinochet, aprobaron sin más trámite el crédito y la escritura pública se firmó en mayo de 1984.
La condición fue que la parcela n° 17 del proyecto Parcelación El Rosal, en la comuna de Conchalí en la Región Metropolitana, quedara hipotecada, y Ponce Lerou dejó en prenda 233 vaquillas, además de la fianza solidaria de FRAJ Limitada y de Procar. Otro dato llamativo: esta operación se cerró muy poco después del nacimiento de la sociedad FRAJ Limitada, lo que significaría que la sociedad fue armada para obtener el crédito.
Pero eso fue solo el punto de partida. Tres nuevos acuerdos del comité ejecutivo de la Corfo, integrado por los directivos mencionados antes, aumentaron los préstamos a la sociedad Monasterio hasta por 135 mil UF, con período de gracia de más de dos años y prendas sobre tres mil vaquillas. Esto último fue cambiado unos meses después por una hipoteca de ocho parcelas en el sector El Abrazo de Maipú, con una superficie sobre los 410 mil metros cuadrados. Como en el caso de las parcelas del Rosal de Conchalí, las de Maipú también habían sido vendidas por pequeños propietarios favorecidos con tierras de la reforma agraria.
Por lo que se puede ver, Ponce Lerou financió buena parte de su actividad ganadera con préstamos blandos que después iba renegociando y dejaba animales en prenda. Monasterio finalmente quebró. Según el Informe sobre las privatizaciones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, «el remate de estos bienes fue considerablemente más bajo que el valor del préstamo, lo que significó una pérdida para la Corfo, es decir para el patrimonio público, de un 64,2 por ciento».
El ex diputado José Monares y el presidente del Comité de Defensa de Empresas del Estado Pedro Araya presentaron una denuncia el 28 de febrero de 1990 al entonces contralor general de la República, Osvaldo Iturriaga, en la que señalaron: «Nos llama la atención que la Corfo le preste una suma superior a los ochocientos millones de pesos, con garantías mínimas, y además con tantos años de gracia […], lo cual no ha sido usual en la Corfo, lo que a nuestro juicio le otorga al señor Ponce Lerou, por el solo hecho de ser yerno del general Pinochet, un trato excepcional». Destacaron, además, los denunciantes que hasta marzo de 1987 Ponce Lerou no había cancelado nada del préstamo y la deuda sumaba 157.580 UF. Y anotaron que las vaquillas que al final fueron entregadas a la Corfo ese año fueron consideradas al doble del precio real.
MÁS ANIMALES EN PRENDA
El 13 de marzo de 1985 Julio Ponce Lerou y Carlos Stutz Neveu —en calidad de minoritario—, domiciliados comercialmente en avenida Bulnes 377, oficina 707, constituyeron la sociedad agrícola Río Bonito Limitada. La administración de la sociedad quedó en manos de Ponce Lerou. Y el capital de un millón de pesos de la época lo aportaron con los predios El Pafu y Río Bonito, en la comuna de Entre Lagos, los famosos predios del litigio con Proboste.
De acuerdo a lo que se observa al revisar el Diario Oficial, Ponce Lerou hizo funcionar la bicicleta financiera con pedales que encontraba en distintos bancos privados de esos años. El 7 de marzo de 1985 figura constituyendo prenda por quinientos animales bovinos hembras, raza overo negro, entre 18 y 24 meses de edad, con un peso aproximado de 250 kilos cada uno, marcados con letras «FR», a favor del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El 15 de mayo de 1985 —antes de recurrir a la Corfo— la Compañía de Inversiones Agroindustrial FRAJ Limitada constituyó prenda por 750 vaquillas a favor del Banco O’Higgins.
En junio de 1985 FRAJ Limitada aparece en una escritura de prenda «sobre diez mil animales ovinos hembras raza corriedale, de dos años de edad, marcadas con letras FJ con pintura lanar en el lomo». Un mes después, en julio de ese año, Ponce Lerou dejó en prenda 488 vaquillas de diferentes razas al mismo BCI, y en agosto de 1985, otras 251 al Banco Nacional. En octubre volvía Agrícola FRAJ Limitada, representada por Julio Ponce Lerou, a efectuar prenda ante el BCI, esta vez por cuatrocientas ovejas hembras.20
Entretanto, y pese a los ejercicios de gimnasia financiera, la Corfo no recibió el pago del cuantioso crédito que le había otorgado. Como indican documentos a los que tuve acceso, no fue pagado por Monasterio el crédito por ciento cincuenta mil unidades de fomento y solo se pagaron parcialmente los intereses. A pesar de la morosidad —de capital e intereses—, no hubo juicio.
La Corfo finalmente se quedó con las doce parcelas y mil seiscientas vaquillas de reproducción preñadas de raza hereford, clavel alemán y overo negra. Se fijó como fecha de liquidación de la deuda de Monasterio la misma del acuerdo del Consejo de la Corfo, esto es el 30 de marzo de 1987. Pero la «dación en pago», es decir el momento en que la Corfo tomó las hipotecas y prendas, se «perfeccionó» quince meses más tarde. De acuerdo con los resultados del peritaje efectuado después de terminado el régimen militar, la Corfo debió absorber una pérdida del orden de las ochenta mil UF por las parcelas y de más de 37 mil UF por el ganado, «debido a que recibió animales de peor calidad a los ofrecidos y a que, además, debió pagar cuarenta millones de pesos por IVA y gastos de traslado, cuidado, mantención y administración del ganado». Se deduce del informe de los expertos que los terrenos y los animales entregados en prenda estaban sobrevaluados.
MIRANDO HACIA EL NORTE
Mientras todo eso ocurría en sus negocios personales, Julio Ponce Lerou dirigió su mirada hacia el norte y avanzaba a pasos agigantados en la privatización de lo que llegaría a ser el centro de su imperio económico: Soquimich.
Desde fines de los setenta, cuando fue gerente de empresas de la Corfo y miembro de directorios de importantes compañías que fueron del Estado, pudo observar las posibilidades que podría llegar a tener el negocio de la minería no metálica. Y cuando asumió la presidencia de Soquimich en 1980 se llevó a gente de su confianza que lo ayudó a preparar el camino para aterrizar. En esta magna operación colaboraron, por cierto, sus amigos oficiales de Ejército que dirigían la Corfo, y lo acompañaron algunos cercanos, como su padre y su hermano Eugenio.
El salitre y las sales del norte han estado ligadas a la historia de Chile como República, no siempre de manera feliz. La Guerra del Pacífico y la crisis del presidente José Manuel Balmaceda tuvieron relación con el disputado salitre que durante años fue llamado el «oro blanco». La explotación calichera que se había iniciado en el país hacia 1830 y que llegó a su auge a fines del siglo XIX y principios del XX se detuvo hacia 1930, debido al descubrimiento y aplicación del salitre sintético después de la Primera Guerra Mundial, lo que derivó en bajos precios de la materia prima chilena. Pero quedaron vastas extensiones de yacimientos explotables. Además, el subsuelo y el suelo de la pampa calichera encerraban otros ricos minerales, como el potasio, el yodo, el litio y el manganeso, que actualmente tienen importantes aplicaciones.
La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) nació en 1968 como parte de un plan para reorganizar la industria chilena del salitre. En sus inicios, la propiedad de la empresa era compartida por el Estado, a través de la Corporación de Fomento, y los capitales privados, aportados por la Compañía Salitrera Anglo Lautaro S.A. En 1971, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, la empresa pasó completamente a manos del Estado de Chile.
LA PRIVATIZACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 1982, la Corfo era dueña del 99,99 por ciento de las acciones de Soquimich, y Endesa propietaria del 0,01 por ciento restante. El presidente de la compañía era Julio Ponce Lerou.
En 1983, cuando todavía el ex yerno presidía Soquimich y era el mandamás de la Corfo, empezó de a poco y sin mucho ruido la privatización de la empresa. Los primeros en comprar acciones hicieron negocios fabulosos, si se calcula la rentabilidad obtenida por esos títulos. Entre esos accionistas que se beneficiaron con las operaciones gracias a la información que tenían está la sociedad Cemin —o CSM—, también dueña de acciones de CAP, liderada por el empresario Juan Rasmuss, quien hizo amistad con Ponce Lerou, y el padre de Julio Ponce Lerou, Julio Ponce Zamora. No es posible dilucidar si las acciones adquiridas por Ponce Zamora eran en realidad suyas o representaba los intereses de su hijo.
En la sesión del 10 de febrero de 1983 Julio Ponce Lerou, por ese entonces gerente de empresas de la Corfo y representante de esta en la Subcomisión de Venta de Activos, habría argumentado que el responsable de los precios de las empresas por privatizar debía ser el vicepresidente ejecutivo de la Corfo por representar a los dueños de las acciones. Asimismo, habría señalado en esa oportunidad que «la Comisión de Venta de Activos es el Consejo de la Corfo».
Ponce Lerou propuso que se autorizara en forma general al vicepresidente ejecutivo para proceder a la venta de acciones de Soquimich —y también de Endesa—, a través de la Bolsa de Comercio, hasta un 30 por ciento del capital de las sociedades anónimas filiales de la Corfo. La propuesta dio lugar al Acuerdo n° 687, que señala que las ventas deben efectuarse conforme a la Ley 18.045 y en las proporciones que determine la Comisión de Venta de Activos del Estado. El 31 de diciembre de 1983 la Corfo era aún dueña del 98,7 por ciento de las acciones de Soquimich. La compañía Cemin tenía un 0,8 por ciento. Pero ya estaba abierta la senda para la privatización.
Cuando Ponce Lerou debió dejar los cargos públicos ante el cuestionamiento por sus negocios, los hombres del ex yerno siguieron en sus puestos en Soquimich. Salvo Patricio Contesse, quien asumió otras tareas —sin separarse del grupo— e hizo un recorrido por altos cargos en la CAP y Codelco.
Quienes trabajaban en Soquimich sabían que el destino del yodo y los nitratos sería próspero, imaginaban un futuro esplendor para el potasio y algunos, como Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse, lograron apreciar lo que podría significar el litio en el futuro. Además, al dictar Pinochet el Código de Minería en 1983, se estableció un período de seis meses durante el cual solo la Corporación de Fomento de la Producción podría presentar «pedimentos y manifestaciones mineras», es decir, solicitudes para explorar y explotar los minerales «respecto de nitratos y sales análogas, yodo y compuestos químicos de estos productos». La Corfo realizó estas manifestaciones y luego las traspasó a Soquimich.
Ello derivó en que el 90 por ciento del salitre y el yodo conocidos en Chile sean propiedad de Soquimich.21 La cláusula, que tenía sentido tratándose de la Corfo o de una empresa estatal, terminó favoreciendo a Ponce Lerou y los inversionistas privados que lograron controlar esta empresa.
Lentamente, los porcentajes privatizados fueron aumentando. Ya en junio de 1985 Cemin alcanzaba un 2,46 por ciento y Julio Ponce Zamora un 0,19.
El 27 de enero de 1986, en la sesión n° 139 del Consejo de la Corfo, se acordó autorizar al vicepresidente ejecutivo general de Ejército Fernando Hormazábal Gajardo para vender hasta el 49 por ciento del capital de Soquimich y otras empresas del Estado. Durante ese año, bajo la batuta del ministro de Hacienda, Hernán Büchi, el Estado avanzó en forma considerable en desprenderse de parte de sus empresas: el 17 de octubre de 1986 se acordó vender en Bolsa acciones de Soquimich. La Corfo mantuvo en su poder un 35 por ciento del total de las acciones y reservó un 7,5 por ciento para vender directamente a los trabajadores, según se anunció.
MISTERIOS DEL MAR
El padre de los Ponce Lerou, Julio Ponce Zamora, desde el comienzo del proceso fue accionista privilegiado. El 21 de abril de 1987, cuando culminaba la privatización de la ex empresa estatal, Ponce Zamora y su hijo Eugenio Ponce Lerou constituyeron una sociedad de papel, Inversiones del Mar. Pero lo curioso es que la forma de aportar capital fue a través de acciones de Soquimich: 365.585 el padre y 25.226 el hijo, que en ese tiempo ya era gerente de Soquimich.
Unas semanas después, en mayo, se precisa en una escritura que la socia mayoritaria de Inversiones del Mar S.A. es Alicia Lerou Ballesteros —la madre— y no Ponce Zamora. Ambos en ese tiempo vivían en Maitencillo, en la avenida del Mar n° 2970, frente a la playa.22 En 1989 la convirtieron en Inversiones del Mar S.A.
La estructura de propiedad de Soquimich es compleja. Detrás del holding en el que figuran numerosas empresas que han aumentado con los años está la arquitectura de lo que hoy se conoce como «cascadas», que son «sociedades de papel» que a su vez son las principales accionistas de la empresa productiva. Pero detrás de las «cascadas» existe otro entramado constituido por las denominadas sociedades «aguas arriba», que rematan en misteriosas firmas con denominaciones en inglés y reminiscencias marítimas. Son inversiones fuera de Chile, registradas en paraísos tributarios que ocultan la identidad y manejos de sus socios: The Pacific Trust, Pacific Atlantic Trading, SQ Grand Cayman Corporation e Inversiones SQ.
Cuando el 23 de marzo de 2015 Julio Ponce Lerou declaró ante los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, se refirió a parte de esa red: «Hace más de veinte años formé un Trust llamado Pacific Atlantic Trading Corp. en beneficio de mis hijos y ese Trust adquirió acciones de la sociedad Norte Grande, que a su vez tenía acciones de Oro Blanco, que a su vez tenía de Calichera. Calichera partió teniendo un 5 por ciento o 7 por ciento de la empresa Soquimich».
En esa oportunidad Ponce Lerou dijo que Pampa Calichera «fue formada antes de que yo tuviera relación con ella. Fue formada por los trabajadores de Soquimich con el programa de capitalización popular impulsado por el Gobierno de la época».
Y más adelante agregó que a principios de los noventa, el Trust «formó una sociedad llamada SQ, adquirió los activos y pasivos de Norte Grande y entró a la propiedad con alrededor del 40 por ciento de dicha compañía. En el transcurso de los años, mediante aumentos de capital, estas sociedades fueron aumentando su participación en Soquimich, llegando al veintitantos por ciento».
En la Memoria de Pampa Calichera se señala, asimismo, que al 31 de diciembre de 2014 el controlador de Norte Grande S.A. es la Sociedad de Inversiones SQYA Limitada, «cuyo controlador final es don Julio Ponce Lerou, con el ciento por ciento de la Sociedad de Inversiones SQYA Limitada. Y que esta, por su parte, controla actual e indirectamente el 29,93 por ciento de las acciones de SQM S.A.». A su vez, SQYA es de Inversiones SQ, la que es propiedad del Trust aludido por Ponce Lerou.
EL ABOGADO GUZMÁN
Un artífice clave de ese diseño es un estrecho colaborador de Julio Ponce Lerou, quien está involucrado en la investigación por las cascadas y por las boletas y facturas falsas: el abogado Roberto Guzmán Lyon, quien fue formalizado por segunda vez el 14 de septiembre y el juez Luis Avilés le mantuvo el arresto domiciliario nocturno.
«Lo conozco hace 27 años por intermedio de un tío muy amigo mío, cliente y empresario Rubén Cruz Ponce, tío de Julio, hoy fallecido. Soy su abogado personal en algunas materias», declaró Guzmán a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 27 de marzo de 2013, a propósito de la investigación por las cascadas, indica un reportaje del diario La Tercera el 3 de noviembre de ese año.23
El abogado «participó en la creación, en 1988, de dos de las sociedades cascadas: Norte Grande y Oro Blanco», indica ese artículo. «Pero también constituyó Inversiones SQ y ha actuado por SQ Grand Caymand Corp., Pacific Trading Corporation y The Pacific Trust, las sociedades que permiten a Julio Ponce ejercer el control de SQM».
Los nombres de las cascadas inspirados en la nortina zona desde donde extraen los minerales han escondido el poder del ex yerno de Pinochet, sus socios y familiares. Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande nacieron con acciones de trabajadores, pero quienes tuvieron el control son Julio Ponce Lerou y su grupo.
PAMPA CALICHERA
En noviembre de 1986 nació la sociedad Pampa Calichera, cuyo objetivo exclusivo fue «invertir en acciones de la sociedad anónima Soquimich». Los principales accionistas de Pampa Calichera fueron la sociedad Oro Blanco S.A. (17,7 por ciento) y Sociedad de Inversiones del Mar (0,74 por ciento). El resto de las acciones estaba repartido entre empleados de la empresa.
Según han comentado después algunos ejecutivos que se distanciaron de Julio Ponce Lerou, como Eduardo Bobenrieth y el abogado Armando Gutiérrez Nilo, ellos creían que Pampa Calichera sería realmente una sociedad «de los trabajadores». Incluso Bobenrieth ha manifestado que fue él quien la diseñó. Lo claro es que Ponce Lerou tomó el control en sus manos y Pampa Calichera fue un instrumento clave para la toma de control de la empresa por parte de Ponce Lerou, Contesse y los más cercanos. Y siguió jugando ese rol, como ha quedado en evidencia en el caso Cascadas, además de ser sociedad «madre» de un conjunto de empresas filiales y relacionadas.
La figura que adoptó Pampa Calichera era similar a la de las Chispitas en el caso de Chilectra. La controlaron dueños y ejecutivos de la empresa y rápidamente llegó a ser poseedora del 20 por ciento de las acciones de Soquimich, gracias a las operaciones efectuadas por Ponce y su clan al amparo de las fórmulas del denominado «capitalismo popular». Entre los accionistas principales de Soquimich figuraron también otras sociedades de inversiones presuntamente extranjeras y chilenas, además de las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP), a las que el Gobierno permitió aumentar su participación en las empresas que se privatizaban.
Al 31 de marzo de 1988 Soquimich era en un ciento por ciento privada y su principal accionista era Pampa Calichera, que reunía el 15,2 por ciento de la propiedad. Y en diciembre de 1989, al terminar la dictadura, Pampa Calichera tenía el 20 por ciento del total de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, quien la presidía desde septiembre de 1987.
EL SAQUEO INICIAL
Un informe de la Contraloría General de la República del 21 de agosto de 1991 —como señalé en el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno— emitió un informe sobre la enajenación de las acciones de Soquimich entre 1983 y 1988, en el que indicó que la Corfo «obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados, ya que solo registró ingresos equivalentes al 29 por ciento, 53 por ciento y 59 por ciento de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente».
Según la Contraloría, la Corfo vendió entre 1983 y1988 el total de su inversión en esta empresa (123.490.005 acciones) en un monto de 119.982.594 dólares. Y señaló que «de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2,5 períodos aproximadamente». En otros términos, ese informe sostiene que la Corfo habría obtenido a través de los dividendos en dos años y medio el equivalente a todo el ingreso de la venta de las acciones de Soquimich, si hubiera conservado su patrimonio. Se podría considerar que ese fue el botín inicial.
Al observar la evolución de los usos de los productos minerales no metálicos y los precios alcanzados, es posible pensar que la pérdida fue mucho mayor, y el negocio para Julio Ponce Lerou —como está a la vista—, de una magnitud que pocos podían imaginar en 1990 cuando llegó a su fin el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet.
Con la privatización se entregó prácticamente el total de las reservas de minerales no metálicos del país. Soquimich, tal como se sostiene en las memorias institucionales, «es un productor y comercializador integrado de fertilizantes de especialidad, químicos industriales, yodo y carbonato de litio».
En los años siguientes Julio Ponce Lerou se preocupó de afianzar su imperio y de evitar que los cambios políticos que experimentó el país con el inicio de la transición a la democracia hicieran peligrar sus conquistas. Su brazo derecho en esta tarea que incluyó importantes «inversiones en política» fue, durante un cuarto de siglo, el formalizado ex gerente Patricio Contesse. Su silencio vale oro.