El 21 de mayo de 1989, en un ambiente en el que la esperanza del fin de la dictadura tomaba vida, tras el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 1988, el diario La Época publicó una entrevista que le hice al candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, en ese momento presidente del Partido Demócrata Cristiano. Entre otros temas de interés, hablamos de las privatizaciones de las grandes empresas del Estado efectuadas en la segunda mitad de los años ochenta. La referencia aparece en un recuadro bajo el subtítulo «El futuro de las privatizaciones».
—¿Cuál es su criterio frente a las privatizaciones? —le pregunté en aquella oportunidad a quien llegaría ser el primer presidente de Chile después de la dictadura.
—No tengo un criterio dogmático al respecto. Creemos que hay empresas que es mejor que sean estatales. Otras es preferible que sean privadas. Creemos, asimismo, que la empresa privada y la pública pueden ser igualmente eficientes. Pero la decisión de transferir empresas estatales al sector privado debe corresponder a la voluntad general del país, expresada a través del Congreso, con las debidas garantías del interés público y del patrimonio nacional. Revisaremos —como lo hemos dicho— todas las privatizaciones posteriores al 5 de octubre, porque le negamos al Gobierno representatividad nacional después de haber sido derrotado en las urnas para llevar a cabo una política que compromete gravemente el patrimonio nacional y es repudiada por la mayoría.
—¿Y las anteriores? —le consulté, aludiendo a todas las que se habían generado en esos años, en particular después de 1985.
—Hubo falta de transparencia y habrá que investigar las condiciones en que fueron realizadas algunas privatizaciones en el pasado. Resulta altamente sospechoso y, por qué no decirlo, escandaloso, que los ejecutivos de empresas estatales que eran los encargados por el Estado de administrarlas, se hayan convertido después de su privatización en sus principales accionistas. Eso, estimamos, merece ser esclarecido.
No obstante, al final no hubo revisiones ni en su mandato ni en los años que vinieron, menos reparaciones. Ni hablar de devoluciones.
Nadie se habría imaginado en esa época que veintiséis años después el país iba a vivir una crisis de la magnitud de la que se ha experimentado en 2015, donde tendrían que dejar sus cargos ministros y presidentes de grandes compañías, por estar de alguna manera involucrados en el escándalo. Y que el colapso de la confianza pública en el Gobierno y en el Parlamento llegaría a puntos inconcebibles unos años atrás, en medio del enjuiciamiento a empresarios y políticos.
Parte de todo esto se puede vincular con el tipo de sociedad que se impuso en Chile a la fuerza y de espaldas a la ciudadanía. Y que se mantuvo después con pocas modificaciones y sin posibilidad de grandes cambios. El necesario crecimiento y la política de los acuerdos orientaban los objetivos y las acciones «en la medida de lo posible» en lo que fue la era de los consensos.
CARAS DE UNA MISMA MONEDA
En uno de sus últimos discursos, poco antes de su asesinato en Washington en 1976, el ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier advirtió: «La necesaria vinculación entre política económica y contexto sociopolítico parece estar ausente en la mayor parte de los análisis publicados en Estados Unidos sobre la situación actual en Chile». Y al escuchar años después opiniones en el sentido de que los atropellos a los derechos humanos eran una cosa y la política económica iba por otro carril, se puede observar que también en Chile, finalizada la dictadura y transcurrido un largo período posterior, no son pocos los que persisten en el error de apreciación detectado por el ex ministro de Relaciones Exteriores.
Orlando Letelier, uno de los pocos que planteó esa relación en forma tan clara, agregó en ese tiempo: «La violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada y la supresión violenta de toda forma de disensión son discutidos —y a menudo condenados— como fenómenos desvinculados o solo indirectamente relacionados con la irrestricta política de “mercado libre” impuesta por la Junta militar». Para él, era justamente lo contrario. Ambas realidades eran —y siguen siendo— caras de una misma moneda.
Hoy parece claro que nada de lo que se hizo para generar la radical revolución neoliberal implantada a partir de 1973 podría haberse efectuado en democracia. Lo sabían o lo intuían quienes propiciaron el golpe. Incluso el equipo económico que después llevó la batuta de los cambios en dictadura no había tenido éxito al plantear su programa económico en la candidatura derechista del ex presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez en 1970. Aplicar su programa parecía inviable.
El ex canciller dijo en ese discurso muy poco conocido en Chile: «El plan económico que se está llevando a cabo actualmente constituye el cumplimiento de una aspiración histórica de un grupo de economistas chilenos, la mayor parte de los cuales fueron entrenados en la Universidad de Chicago por Milton Friedman y Arnold Harberger». Los hechos demostraron que los presagios de Letelier en los albores de la dictadura fueron certeros.1
La «aspiración histórica» de la que hablaba el ex canciller asesinado en Washington por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional —comandada por el entonces coronel Manuel Contreras, dependiente directo de Augusto Pinochet—, tomó forma. Y se gestaron en Chile los cambios políticos y económicos que han sido determinantes hasta hoy.
Lo que no alcanzó a advertir Letelier fue que esos cambios iban a ser tan abrumadores que generarían un nuevo modo de sentir y vivir la política, la economía y hasta la concepción de sociedad. Y que eso alcanzaría a muchos de quienes enarbolaban por entonces las banderas que él levantó y de otros miles que durante la dictadura combatieron a Pinochet.
Las profundas reformas neoliberales fueron mucho más extremas de lo que el más visionario habría esperado. Y por lo que se está revelando hoy, arrasaron de paso con una buena cantidad de ideales. Para muchos, estos se transformaron en pragmatismo y los principios éticos quedaron en el olvido. Si eso era parte del diseño o no de quienes propiciaron y se beneficiaron desde un principio con el golpe habrá que verlo. Pero es posible que fuera un objetivo previsto para perpetuar el modelo que instauraron. Por ahora, se puede apreciar que la aguda crisis que vive el país en 2015 va más allá de las miles de boletas y facturas que, como en un juego de naipes con apuestas por grandes sumas, se fueron negociando en estos años de la transición a la democracia.
Cuando Augusto Pinochet dejó La Moneda en marzo de 1990 se produjo un clima de alivio y esperanza. La opresión de vivir diecisiete largos años en dictadura quedaba atrás. Se respiraba aire de libertad y eso era fundamental. También es cierto que en los años posteriores el país crecía a tasas históricas, que disminuyó la pobreza y que las políticas públicas tuvieron un sentido más social. Que llegó inversión extranjera, después de que el país estuviera aislado. Pero también lo es que la desigualdad y la estratificación social se fueron acentuando y que los problemas sin resolver se multiplicaron.
Si se observa con más detención, se podría concluir que los fuertes y constantes reclamos que se manifiestan desde 2011 —cuando estalló el movimiento estudiantil, que cambió la agenda de discusión de las demandas y políticas públicas— tienen que ver con el modelo que se instaló en dictadura, cuyas directrices se viven hasta hoy. Lo ocurrido en educación, en salud, en previsión social, en relaciones del trabajo son sus derivaciones. El deterioro de la educación pública y las protestas de los estudiantes y profesores; las paupérrimas pensiones que entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los que prometieron hace treinta o cuarenta años jubilaciones fabulosas; los innumerables problemas de la salud pública y los abusos de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que funcionan como seguros para los que pueden pagar sus planes, son parte de las duras secuelas de ese modelo impuesto.
LOS DOMINICOS
Augusto Pinochet Ugarte era un oscuro oficial de Ejército que poco sabía de economía cuando se empezaba a fraguar lo que sería la política económica neoliberal que se aplicó en Chile. Tampoco era conocedor de esa disciplina el abogado Jaime Guzmán Errázuriz, cerebro de la Constitución y súper asesor del general. Sin embargo, ambos confiaron en los Chicago boys, quienes consideraron que tras el golpe había llegado su hora.
Ellos se habían preparado en las aulas de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, y en sus estudios de posgrado en la Universidad de Chicago. Y se reunían en torno a un grupo alentado por Agustín Edwards Eastman, el dueño de El Mercurio, y algunos otros empresarios que no solo querían poner fin al Gobierno de la Unidad Popular, sino que pretendían salir del modelo de desarrollo tradicional. Estaban dispuestos a emprender una revolución a su manera.
Hacia fines de los años cincuenta, el economista Sergio de Castro, profesor de la Universidad Católica, viajó a la Universidad de Chicago, Estados Unidos, cuna de esas ideas, a doctorarse junto al ya fallecido Ernesto Fontaine Ferreira-Nóbrega. Diez años después, a principios de 1967, el mismo año de la toma de la Universidad Católica y del inicio de la reforma universitaria, la Facultad de Ciencias Económicas de la UC se había trasladado a su nueva sede, en el sector precordillerano de Los Dominicos.
Una amplia casona rodeada de árboles y jardines, con canchas de tenis y de fútbol, ubicada en la avenida Charles Hamilton, fue adquirida gracias a una generosa donación de grupos empresariales y de ex alumnos de esa escuela de la UC que formaron la «Fundación de Ciencias Económicas de la Universidad Católica». Entre los benefactores estuvieron el Banco Edwards, de propiedad entonces del grupo encabezado por Agustín Edwards, y la empresa El Mercurio S.A.P.; la Papelera, como se conocía a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones del grupo de Eliodoro Matte, y el Banco de Chile.
El equipo de economistas encabezado por Sergio de Castro, ya doctorado en Chicago, empezó a preparar, a mediados de 1972, un programa que se conoció como «El Ladrillo», mientras la oposición al Gobierno de Salvador Allende aumentaba, los gremios agitaban el descontento y los medios de comunicación de la derecha alentaban la campaña del terror.
«Ladrillo» fue el nombre coloquial que se le dio al resumen programático. La publicación original no lleva firmas ni pies de imprenta. No era un libro —como se suele creer— y el título original era bien poco sugerente: «Políticas de Desarrollo». En 162 páginas a mimeógrafo los autores resumieron sus puntos de vista, sin entrar en muchos detalles. Se reunían en una casa en la avenida Suecia 286. La misma construcción sería años más tarde la sede que ocupa hasta hoy la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Poco antes del 11 de septiembre de 1973 le entregaron el documento al segundo hombre de la Armada, el almirante José Toribio Merino, quien fraguaba el golpe antes que Pinochet. Los oficiales en retiro de la Armada Hernán Cubillos Sallato y Roberto Kelly, ejecutivos del grupo Edwards, participaban junto al jefe del clan en la Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Eso les permitió a Cubillos y Kelly ser eficaces contactos entre los altos mandos de la Marina y Sergio de Castro.
El economista Sergio de Castro entró, desde los primeros días después del golpe, como asesor del Gobierno militar y fue nombrado primero ministro de Economía en 1975, y en 1977 pasó a Hacienda. Junto a él había trabajado en la elaboración de «El Ladrillo» Pablo Baraona Urzúa, ex presidente del Banco Central, quien lo sucedió en Economía. Después de hacer un máster en Chicago, Baraona volvió también como profesor a la Universidad Católica. Cuando dejó el Gobierno, cruzó la puerta giratoria y se integró al grupo Cruzat-Larraín.
Formó también parte de ese grupo —entre otros— el director del Departamento de Economía de la sede Occidente de la Universidad de Chile, Álvaro Bardón Muñoz, quien hasta ese entonces había sido dirigente de los profesionales democratacristianos; tras abandonar la DC terminó siendo uno de los más entusiastas economistas neoliberales del régimen militar. Bardón —quien murió en febrero de 2009— fue presidente del Banco Central entre 1977 y 1981, subsecretario de Economía en 1982 y 1983 y el último presidente del Banco del Estado en dictadura, cuando encabezó las operaciones que «licuaron» las deudas de El Mercurio y Copesa.
Años después, Pablo Baraona fue uno de los fundadores de la Universidad Finis Terrae —junto a De Castro, Bardón y el abogado Roberto Guerrero del Río, entre otros—, cuya junta directiva presidió hasta que perdió el control en manos de los Legionarios de Cristo.
Baraona también ha estado vinculado al holding Soquimich (SQM) formado por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, a partir de la privatización de la Sociedad Química y Minera de Chile. En la década de los noventa participó en el directorio de SQM Nitratos, entre 1991 y 1999. Más tarde estuvo también en Oro Blanco, una de las sociedades cascada, entre 2010 y 2012.
EL GURÚ PRIVATIZADO
Por esas paradojas de la vida, Sergio de Castro Spíkula, el gran gurú de los economistas neoliberales en Chile, el profesor al que todos sus seguidores admiraban y escuchaban atentos, tuvo un rotundo fracaso en sus negocios privados.
Durante la primera década del régimen militar, Sergio de Castro, en su calidad de ministro de Hacienda, fue la voz dominante en el gabinete del general Pinochet. Llegó a ser una de las personas más influyentes en la formación de legiones de economistas desde su elevado puesto, como antes desde la cátedra.
Tras dejar el ministerio, en 1982 volvió a ser un estrecho asesor de Agustín Edwards. Hasta 1985 fue el gerente del Banco Edwards y después continuó diez años como director hasta 1999, cuando lo adquirió el grupo Luksic.
Entretanto, De Castro decidió incursionar en actividades privadas. Junto a un ex alumno, Juan Carlos Latorre Díaz, tomó el control de la empresa Cintac, que representaba el 50 por ciento de la producción de acero en frío.
A principios de 1990, De Castro, mientras mantenía su vínculo con Edwards, se involucró en la compra del Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), junto a Latorre Díaz, Álvaro Saieh, los hermanos Abumohor y el grupo de empresarios de origen árabe que controlaban el Banco Osorno.
Álvaro Saieh fue otro hombre decisivo en las privatizaciones y de alta influencia en oficiales de Ejército que después tuvieron responsabilidades en el Gobierno militar. Fue el primer ex alumno de la Universidad de Chile que viajó a doctorarse a Chicago. Y de regreso al país, desde sus puestos de director de posgrado en la Escuela de Economía y decano designado, contribuyó a generar una «escuela de pensamiento» en la misma línea neoliberal que ya mucho antes era el sello de la Católica.2
El mismo año, De Castro y Latorre compraron en Argentina el Bank of Canada, que después bautizaron como Banco Transandino. Presidía el Banco Transandino Sergio de Castro. La idea no fue buena: en 2001 llegó el «corralito» y los atrapó con las restricciones impuestas a las salidas de dinero.
La alianza De Castro-Saieh continuó por casi una década. Logró en 1993 el control de Provida, la mayor AFP. Después de ser creada por el grupo Cruzat-Larraín, tras la crisis de los ochenta fue adquirida por el Banker Trust, un antiguo banco de Estados Unidos que dejó de existir en 1999, cuando fue adquirido por el alemán Deutsche Bank. A través de sus fondos de pensiones, Provida controlaba acciones de las más importantes y sólidas empresas del país.
El ex ministro Sergio de Castro pasó a ser así el presidente de la AFP más poderosa, hasta que se la vendieron al banco español Bilbao Vizcaya en mayo de 1999. La operación involucró 265 millones de dólares y deparó a los socios suculentas ganancias obtenidas gracias a los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos.
Los intereses de Álvaro Saieh, Sergio de Castro y Juan Carlos Latorre se unían también en aquella época en Inecsa 2000 S.A. Su objetivo era «la ejecución, inversión y explotación de infraestructura pública». Después, sus caminos se fueron alejando. Y mientras Saieh logró armar un grupo económico —como se lo había propuesto—, el ex ministro dio la gran sorpresa, pero con un final poco feliz: el austero académico de los años sesenta y superministro de Pinochet, transformado en uno de los más prósperos empresarios chilenos en los noventa, sucumbió ante las fallidas apuestas en el ámbito inmobiliario y las cuantiosas deudas.
Como dueño —junto a Latorre Díaz— de la empresa inmobiliaria ECSA, fue socio de la urbanización Chamisero en el sector norte de Santiago, cerca de Colina. Pero, entretanto, afrontó una sonada quiebra solicitada en 2007 por la Inmobiliaria Parque del Sol, de Alfonso Swett, por la compra de un terreno en La Dehesa, cuya deuda arrastraba desde 2001. Aunque la quiebra quedó al final sin efecto tras un avenimiento, Sergio de Castro se retiró en 2014 del negocio de Chamisero.
LA MÚLTIPLE «COCA»
Carmen Gloria de Castro Blanco, a quien en su ambiente todos llaman «Coca», y es conocida por ser destacada montañista, apareció comprometida con las boletas falsas de Penta, de Soquimich y de otras empresas en su calidad de jefa de la frustrada campaña senatorial por Santiago del ex alcalde UDI Pablo Zalaquett Said, formalizado el 22 de junio por el fiscal nacional Sabas Chahuán.
Como indica la periodista Ximena Pérez Villamil en una crónica en El Mostrador —el 14 de noviembre de 2014—, Coca de Castro es hijastra del ex ministro, de quien adoptó su apellido en la adolescencia. Ex alumna de las Monjas Inglesas y profesora básica, ha dirigido todas las campañas electorales de Zalaquett, y la candidatura a senador por Santiago del ex presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Longueira en 2005.
En la audiencia de formalización del ex alcalde —el 22 de junio de 2015—, el fiscal Carlos Gajardo, quien encabeza la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, recordó, además, que ella había sido jefa de gabinete cuando Zalaquett fue alcalde de La Florida —dos períodos de 2000 a 2008— y en la Alcaldía de Santiago entre 2008 y 2012.
Pero Coca de Castro no es la única relación entre los antiguos Chicago boys y las empresas Penta y Soquimich. Varios de ellos fueron profesores, en la Universidad Católica, de los dueños de Penta. El propio Sergio de Castro fue desde 1988 a 1992 miembro del directorio del holding empresarial Soquimich, presidido por Julio Ponce Lerou, y de la filial Industrias Químicas del Yodo (Inquim). Y desde la dictadura siempre se le consideró una persona cercana al ex yerno de Pinochet.
CRUZAT, CUENTAS Y FORWARDS
Otro integrante del equipo de «El Ladrillo» es Manuel Cruzat Infante, ex alumno de la Universidad Católica, con máster en Chicago y doctorado en Harvard. Había sido el jefe del departamento de estudios del grupo BHC (Banco Hipotecario de Chile), que encabezaba su cuñado Fernando Larraín Peña junto a Javier Vial Castillo. Hacia fines de los setenta llegó a ser socio del principal grupo económico del país, conocido como Cruzat-Larraín.
Los estudios y el pasado esplendor no le sirvieron de mucho a Manuel Cruzat y después de haber llegado a la cima y haber rodado varias veces con sonadas quiebras, su empresa Mis Cuentas tuvo un largo litigio de dos años con CMR Falabella, en el que fue acusado de «apropiación indebida». El juicio se cerró en diciembre de 2014 con un avenimiento que le costó seis millones de dólares como reparación para terminarlo, gracias a un «préstamo» que le hizo un grupo de amigos: el empresario Eduardo Fernández León, su cuñado y antiguo socio Fernando Larraín Peña y Pedro Hurtado Vicuña, hermano de Juan Hurtado, quien lo había socorrido en ocasiones anteriores.
La tranquilidad no fue duradera. En el verano de 2015, otra de sus sociedades apareció como protagonista del complicado caso del fraude a través de los forwards con empresas del grupo Penta, liderado por Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro y Carlos Alberto Délano Abbott, quienes cumplen arresto domiciliario nocturno después de haber estado 46 días en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber.
Tanto el Servicio de Impuestos Internos como Hugo Bravo López, el ex gerente de Penta, señalaron a CB Inversiones del grupo Cruzat como uno de los principales actores de operaciones de forwards falsificados.
Los forwards son apuestas a futuro que suelen efectuarse en el campo financiero, considerando la variación del tipo de cambio —precio del dólar respecto al peso—. Lo grave en el caso Penta no sería la apuesta misma, sino —como se ha denunciado— las operaciones ficticias y por lo tanto fraudulentas al firmar documentos en forma extemporánea. La trampa de estos forwards radicaría en que las firmas de los contratos se colocaban después de que había pasado la fecha consignada en la apuesta y así perdía Penta, que bajaba sus utilidades y pagaba menos impuestos, y ganaba otra de las empresas coludidas. Por lo que ha denunciado el Ministerio Público, CB Inversiones obtenía un porcentaje de la operación.
Manuel Cruzat declaró ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por más de cinco horas en febrero pasado y precisó: «Conocí esas operaciones el día 28 de enero de 2015 a las 16 horas. Hasta ese momento yo no conectaba las palabras Penta, ejecutivos y forward».
Reiteró el ex profesor de la Universidad Católica que fue dueño del mayor grupo económico de Chile bajo dictadura: «Mis hijos y otros apoderados firmaron contratos sin saber qué firmaban. Lo hicieron como segunda firma», añadió. Ese día de enero, según Cruzat, dos ejecutivos del grupo, «Iván Rojas y Mauricio Pinto, le habrían confesado haber efectuado esas transacciones con Penta».
Si Manuel Cruzat Infante y sus hijos estaban realmente «en la luna», y todo era una operación montada por sus ejecutivos de confianza para obtener una comisión, lo determinarán los fiscales a lo largo del proceso y lo juzgará la justicia. Lo que sí parece extraño es que los Cruzat Valdés, todos profesionales, no tuvieran precauciones mínimas antes de poner su firma en un documento de esa índole. Y eso pasó más de cien veces. Por lo que han dicho hasta ahora, la responsabilidad recaería en los ex ejecutivos. Confiaban en Pinto, quien llevaba más de cuarenta años en el grupo y, según declaró el ex gerente Iván Rojas, habría sido el que llevó el «negocio» por su amistad con Hugo Bravo, el ex gerente de Penta.
El 17 de junio, la jueza Wilma Tapia, del Octavo Tribunal de Garantía, formalizó a Rojas y lo dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. No pudo formalizar en esa oportunidad a Mauricio Pinto porque se encontraba hospitalizado. En la ocasión fueron formalizados también —por segunda vez— los dueños y ex ejecutivos del grupo Penta Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal, Marcos Castro y el ex subsecretario de Sebastián Piñera Pablo Wagner. Todos ellos ya afrontaban esa condición desde marzo a propósito de las boletas y facturas ideológicamente falsas por delitos tributarios y económicos, y cumplían medidas cautelares.
PIÑERA Y BANCORP
Entre las sociedades que aparecieron contaminadas en esta parte del escándalo está Administradora Bancorp S.A., cuyo principal dueño es el ex presidente de la República Sebastián Piñera y su familia, a través de la sociedad Bancard, aludida por el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia del 6 de marzo.
Aunque Piñera ha dicho que él no tuvo que ver con estas operaciones porque en las fechas en que se efectuaron sus bienes estaban bajo fideicomiso ciego, la tensión llegó hasta la sede de Apoquindo 3000. Desde ese momento, hay un contingente de abogados y ejecutivos preocupados de este asunto, de los pagos con boletas de Soquimich y otras empresas a los ex ejecutivos de Chilevisión Jaime de Aguirre y Mario Conca, y de lo recibido a través de la misma Bancorp S.A. desde SQM, que asciende a 350 millones de pesos en facturas que serían ideológicamente falsas. En total, se estima que la suma que involucra a Piñera, considerando las diversas «aristas» investigadas, superaría los 520 millones de pesos.
Las investigaciones de la fiscalía y el testimonio de Jaime de Aguirre llevaron a la fiscalía a poner el foco en una persona muy cercana a Sebastián Piñera: el ingeniero civil de la Universidad Católica Santiago Valdés Gutiérrez, quien habría estado vinculado a esas operaciones y cuya firma aparece en contratos forward, junto a la hermana de Carlos Alberto Délano, Ana María.
Santiago Valdés es hijo del íntimo amigo de Piñera y del Choclo Délano, Fabio Valdés Correa, quien es a la vez cuñado de Manuel Cruzat. El ejecutivo, hoy de treinta y siete años, fue hombre de confianza de Piñera entre 2005 y 2009 en sus diversos negocios. Era gerente de administración y finanzas de Bancard y de Bancorp, y participó en directorios de numerosas sociedades del grupo. Incluso se desempeñó como director ejecutivo del Parque Tantauco, el amplio territorio de propiedad de Piñera en la isla grande de Chiloé. En 2009, Santiago Valdés fue administrador financiero de la campaña presidencial del ex presidente, mientras era gerente de Bancard. Después lo acompañó como asesor en La Moneda. Valdés sería otro de los formalizados en este caso, según anunció la fiscalía en agosto.
COMO EN UNA SERIE
Pero entre «El Ladrillo» y las boletas ideológicamente falsas o los forwards, el tiempo no ha pasado en vano. Lo que resulta curioso es que como en una serie de televisión, los personajes se repiten, y se puede encontrar un hilo que atraviesa a los grupos económicos de los primeros tiempos de la dictadura y llega hasta hoy. Muchos de los protagonistas son los mismos, con cuarenta o treinta años más. Pero mientras los «gurús» como Sergio de Castro y Manuel Cruzat han encarado elevadas deudas, otros discípulos suyos, como Sebastián Piñera o los socios de Penta, lograron acumular fortunas con varios ceros a la derecha.
Carlos Eugenio Lavín, uno de los dos controladores de Penta, cuando fue formalizado por los fiscales en marzo, lo primero que mencionó fueron sus tiempos de estudiante en la Universidad Católica: «Soy ingeniero comercial de la PUC en los años en que llegaron como profesores los que después serían conocidos como los Chicago boys. Mis profesores fueron Sergio de Castro, Rolf Lüders y Manuel Cruzat».
Seguramente los profesores de la Universidad Católica, autores de «El Ladrillo», sabían que en democracia jamás se podría haber arrasado con todas las instituciones y pasado a llevar la manera de vivir y actuar de los chilenos en la forma que se hizo en aras del supuesto éxito económico. Ellos estaban convencidos de que tenían la verdad y querían aplicar ese experimento que habían conocido en Chicago. Para eso constituyeron a Chile en un laboratorio, y los expertos se pusieron manos a la obra a efectuar la anhelada operación.
Monetarismo y libre mercado eran las premisas que Milton Friedman pregonaba. «El costo social», como en forma eufemística se llamó en los años setenta a la cesantía y disminución de las remuneraciones, mientras se liberaban los precios, fue una dura realidad que en los primeros tiempos de dictadura aumentó la pobreza en el país, y obligó a muchos chilenos a optar por el exilio «económico», que se sumó al de los miles que debieron abandonar la patria debido a la persecución política. Para los Chicago boys, un costo necesario.
Las violaciones a los derechos humanos, muertes, torturas, persecuciones y exilio de esos tiempos parecían no preocuparles demasiado, como pude observar cuando reporteaba temas económicos en esa época. Muchos han dicho después que no sabían que eso ocurría. O quizá alguno pensaba que se trataba de otro costo más.
Junto con el golpe y la brutal represión, la Junta militar cerró el Parlamento, el que no se volvería a abrir hasta marzo de 1990; se declararon disueltos los partidos políticos de izquierda y en receso los demás. Fueron prohibidas las reuniones de todo tipo y proscritos los sindicatos. Se intervinieron los colegios profesionales, los que fueron transformados en asociaciones gremiales sin afiliación obligatoria ni tuición sobre la ética. Cerraron medios de comunicación y establecieron censura para otros y hasta el final recurrían a las clausuras cuando algo de lo que publicaban no les gustaba a quienes detentaban la autoridad, mientras la televisión era dirigida desde el Gobierno y las universidades estaban intervenidas. En esas condiciones, en que tampoco daba garantías el Poder Judicial, se instaló el nuevo modelo. Era el escenario perfecto para aplicar un diseño ultraliberal como el que la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein describe en La doctrina del shock.3
Después del golpe, el Gobierno militar devolvió a sus antiguos dueños bancos, empresas y fundos y vendió lo que tenía en sus manos al mejor postor. Dio rienda suelta al endeudamiento en el exterior y alentó el negocio financiero. La creación de un «mercado de capitales» activo pasó a ser una prioridad de la que se hablaba mucho, mientras algunos grupos —sobre todo los que contaban con simpatías del régimen— coleccionaban empresas y deudas. Por esos años se puede encontrar el germen de la economía especulativa que tan habitual se hizo después, mientras se derrumbaban las industrias.
En la memoria de los mayores no será fácil borrar el tratamiento de shock de 1975 encabezado por el ministro de Hacienda Jorge Cauas —también ex profesor de la UC— de acuerdo a la receta de Milton Friedman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976, justo cuando su experimento partía en Chile. Ni un tiempo después el desastre de comienzos de los ochenta, cuando en medio de la crisis colapsaron los grupos económicos como consecuencia de las deudas adquiridas en la primera etapa.
VOCES Y SILENCIOS
Desde los primeros tiempos —y en estricto rigor desde antes— Pinochet, Jaime Guzmán y los Chicago boys contaron para implantar el modelo neoliberal con las voces y los silencios necesarios de la prensa tradicional comprometida con la dictadura. Desde luego ya es un hecho comprobado que El Mercurio fue un colaborador activo del golpe militar. Antes y después de aplicar la nueva política económica, el diario de Agustín Edwards fue siempre un incondicional de esos economistas entrenados en Chicago.
El «decano» —como se le suele llamar por su antigüedad— alentó desde un comienzo el proceso privatizador en todas sus dimensiones. Sus editoriales, crónicas y entrevistas se ciñeron siempre a pautas bien pensadas y congruentes con las decisiones del equipo económico. Las grandes «modernizaciones», como las llamaban, tomaron fuerza y se impusieron sin discusión ni debate público.
En el caso de La Tercera, en tiempos de Germán Picó Cañas, en algunas oportunidades sus columnistas cuestionaban el denominado «costo social» de ciertas medidas, pero tampoco el diario tuvo una mirada crítica frente a lo que ocurría en términos de atropellos a los derechos humanos. Más tarde, cuando en los ochenta se privatizaba todo lo que se podía, ya muy endeudado el Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), La Tercera, el principal diario de ese conglomerado, no tuvo voz para cuestionar lo que ocurría. Luego llegaron a hacerse cargo Saieh y De Castro.
Solo desde unas pocas radios y las revistas opositoras —Apsi, Análisis, Cauce y después, a mediados de los ochenta, los diarios La Época y Fortín Mapocho— algo se pudo conocer y discutir.4
Al terminar el régimen militar, los grupos El Mercurio y Copesa fueron favorecidos con apoyo monetario del Estado, que les limpió sus millonarias deudas en favorables condiciones. Las denominadas «licuaciones» de créditos desde el Banco del Estado les permitieron enfrentar sin problema de financiamiento ni de publicidad los años que vendrían.5 Su condición duopólica, que perdura hasta hoy en la prensa escrita, tiene así sus raíces en esos favores y subsidios del Estado entregados a principios de 1990. Era otra manera de contribuir a garantizar la proyección de «la obra» de Pinochet y los Chicago boys.
MÁS QUE COINCIDENCIAS
Si se profundiza en el pasado y se ve lo que sucede en este tumultuoso 2015, las aparentes coincidencias históricas no serían tales. No parece casualidad, por ejemplo, que el ex senador Jovino Novoa Vásquez, uno de los llamados «coroneles» de la UDI, siga siendo protagonista del primer plano en el centro del escenario o entre bambalinas. Gran amigo de Jaime Guzmán Errázuriz desde la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, fundaron juntos el Movimiento Gremial Universitario en 1967. Hacia el final de la dictadura, el MGU derivó en 1988 en la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Considerado uno de los integrantes de la «campaña del terror» contra el Gobierno de la Unidad Popular, Jovino Novoa, después de vivir unos años en Argentina, fue ministro subsecretario general de Gobierno de Pinochet entre 1979 y 1982. En ese tiempo no existía el cargo de ministro secretario general de Gobierno y, por lo tanto, el rol de Novoa era importante en La Moneda.
Fue esa una época dura en materia de violaciones a los derechos humanos, en la que fueron asesinados —sin ir más lejos— el ex presidente Eduardo Frei Montalva —en enero de 1982— y el líder sindical Tucapel Jiménez —en febrero de ese año—. Y fue un tiempo clave para la puesta en marcha de las grandes «modernizaciones», del fraudulento plebiscito de 1980 y de la entrada en vigencia de la Constitución en 1981.
Tras dejar el gabinete, Jovino Novoa se fue a trabajar al diario El Mercurio, donde asumió como editor general de servicios informativos y miembro del comité editorial hasta 1985. Desde ese medio podía llevar la vocería de los trascendentales cambios que se estaban generando.
Dos veces presidente del partido derechista, reemplazó a su gran amigo Jaime Guzmán en la presidencia tras su asesinato en 1991. Estuvo en el máximo cargo de la UDI hasta 1998, cuando fue elegido senador por Santiago Poniente. En 2006 fue reelecto por un segundo período, y en marzo de 2009, después de haber estado en el punto crítico de la polémica por el caso Spiniak, llegó a ser presidente del Senado.
Aunque ya en 2015 Jovino Novoa no tenía cargo en el Parlamento, sí mantenía su influencia en la UDI y ejercía como abogado en el estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, hasta que se vio involucrado como uno de los más connotados políticos imputados por las boletas «truchas». De acuerdo a lo que ha planteado el Ministerio Público, a través de su empresa Inversiones y Mandatos aparece comprometido en boletas entregadas a Penta y Soquimich. Esta firma, de la que son socios solo él y su esposa, Angélica Mackenna Echaurren, figura también con boletas y facturas emitidas a otras entidades vinculadas al mismo Novoa. Una de ellas es la Fundación Jaime Guzmán, de la que es presidente, y algunos establecimientos escolares. De acuerdo a diversos testimonios, incluido el de Carlos Eugenio Lavín, Novoa habría oficiado de recaudador de la UDI repartiendo los montos recolectados entre candidatos a cargos de elección popular.
Indignado con los fiscales, después de dos citaciones en las que se acogió al derecho a guardar silencio, Novoa atacó al Ministerio Público a través de una declaración que publicaron diferentes medios el 22 de marzo: «Estamos ante una investigación ideológicamente falsa», afirmó. Ratificó sus palabras seis días después en una entrevista en el diario en el que trabajó en los ochenta, mientras permanecía en silencio ante los fiscales. En esa oportunidad —el 28 de marzo— se explayó en la misma idea: «Es ideológicamente falsa porque ha vulnerado el espíritu de la ley con un aparente ánimo justiciero. El show mediático no ha respetado la presunción de inocencia y ha pasado por encima de la dignidad de las personas y del debido proceso. Es ideológicamente falsa porque se han usado resquicios y filtraciones. Y porque la búsqueda de la justicia es incompatible con agendas políticas o un excesivo afán de figuración. Y a pesar de ser este un problema sistémico, creo que hay un propósito evidente: tratar de destruir a la UDI».
El ex senador calificó a los fiscales de «figurines», las emprendió contra la prensa, que a su juicio había sido «instrumentalizada», y apeló a la necesidad de un «acuerdo nacional para superar esta crisis y generar una institucionalidad más sólida. Aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables. Lo que se requiere urgente es salir de este marasmo», afirmó.
DEMOCRACIA HIPOTECADA
Al observar en perspectiva se puede apreciar que todo el entramado político que se fue construyendo bajo la batuta del fundador del gremialismo Jaime Guzmán Errázuriz, con quien Jovino Novoa trabajó codo a codo, iba en estrecha relación con el modelo económico y social que se impuso. La Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito sui géneris sin registros electorales ni discusión masiva y abierta, pretendía —y todavía pretende— prolongar en el tiempo un estado de cosas antidemocrático y adverso a las grandes mayorías. La democracia tutelada o semisoberana de la que habla el cientista político Carlos Huneeus en su último libro sigue hoy tan vigente como en los primeros años del pospinochetismo.6
Aún más, los financiamientos legales o escondidos de empresas para campañas políticas que han saltado en estos meses al ruedo público gracias a las investigaciones de los fiscales llevan a pensar que también se trata de una democracia «hipotecada» la que se ha vivido en estos años en Chile. Si se tira un poco la cuerda se podría pensar que en este escenario político bien dibujado por quienes lo impusieron han sido muchos los que han «comprado» sus sillones parlamentarios: las dádivas de los controladores de las grandes empresas les han permitido llegar en cada ocasión a los ciudadanos con sus mensajes difundidos a través de medios de comunicación y «palomas» callejeras y en muchas ocasiones con regalos y promesas de todo orden. Las campañas son caras y requieren endeudamiento. Todo eso ha tenido su precio.
Por eso, no hay que ser muy imaginativo para pensar que en este negocio también corren las hipotecas y los compromisos que van más allá de la firma de la boleta o de la factura. Eso quizá sea solo el comienzo de una cuenta por pagar. Y esa se cobra aunque no esté establecido en ningún contrato escrito.
Pero no todo eso saltaba a la vista, entre otras cosas, por la falta de una justicia que fuera capaz de investigar; de un Servicio de Impuestos Internos que no solo se contentara con recaudar; de un Estado con instrumentos y personal para fiscalizar; de un periodismo crítico y profundo que tuviera oficio y voluntad para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo y que tuviera medios de comunicación donde hacerlo. Y era necesario que existiera una ciudadanía empoderada para sancionar estas fallas.
EL ENTRAMADO AD HOC
En 1983, cuando el clamor social protagonizó las primeras grandes protestas nacionales y los empresarios vivían la profunda crisis económica que arrastró bancos, empresas y grupos completos, los partidarios del régimen empezaron a vislumbrar que la dictadura algún día podía tener fin. Pero ya estaban aseguradas en la Constitución las grandes líneas que quitaban al Estado el protagonismo que tuvo en el siglo XX para dejarlo sometido a un rol subsidiario y débil en todos los planos. El carácter privatista del modelo instalado por la fuerza desmanteló y despojó al Estado incluso de un papel fiscalizador necesario para supervisar la economía de laboratorio que se instaló.
La propia Constitución exalta la propiedad privada como el máximo valor de una sociedad en que las personas, más que en ciudadanos, se han convertido en consumidores. Cuando se escucha siquiera hablar de una posible reforma constitucional, surgen en coro desde las agrupaciones empresariales las defensas irrestrictas a la propiedad privada, como un valor superior a cualquier otro.
Las leyes orgánicas constitucionales, que en los diferentes sectores complementaron los diseños de la Constitución, fueron también pensadas y dispuestas en esta misma línea para asegurar que nada se apartara de ese modelo. Además, desde el momento que volvió a existir el Parlamento, se impusieron elevados quórums para evitar sus modificaciones. Y si faltaban leyes, también hubo simplemente decretos ad hoc, reformas escondidas y de emergencia para pasar por legal lo que no lo era.
Una pieza clave de todo este edificio fue el sistema electoral binominal que se estableció en mayo de 1989, antes de la primera elección de parlamentarios —se efectuó en diciembre de ese año junto a la presidencial—. Fue ideado por los asesores de Pinochet para que no se pudieran elegir más de dos diputados o senadores por distrito a agrupación senatorial, ya que un diputado o senador para ser electo tenía que contar con más del 33,3 por ciento de los votos; en esas condiciones duplicar esa cifra para una coalición resultaba una tarea titánica. Y era fácil ser elegido con un 34 por ciento.
El binominal, pese a las controversias que suscitó desde el comienzo y a los proyectos por modificarlo que se presentaron desde hace años —siempre rechazados por la UDI—, finalmente tuvo su término recién veinticinco años después, en enero de 2015, justo cuando reventaban los líos entre dinero y política que implicaron primero al grupo Penta y a connotadas figuras.
Tal como lo diseñaron Guzmán y sus partidarios, el binominal fue determinante para obligar a unirse a las dos grandes coaliciones y limitar las posibilidades políticas, de expresión y elección a grupos que no estuvieran en esos pactos. Desde un comienzo fue un mecanismo que favoreció a los dos partidos de derecha —la gremialista UDI y la más tradicional Renovación Nacional—, que nunca han tenido una convivencia muy fácil, pero que con este sistema lograban ganar elecciones y mantener una dotación parlamentaria superior a lo que hubieren obtenido en un sistema competitivo como el que existía en Chile antes del golpe.
Desde 1965 la derecha se había minimizado en las urnas a tal punto que solo logró salir a flote después del 89 gracias al impulso que le dio Pinochet bajo la dictadura. En el camino desaparecieron los antiguos partidos Conservador y Liberal, de los cuales surgió el Partido Nacional, que a su vez murió a poco andar. El surgimiento del gremialismo vino a ser una respuesta a esa crisis que parecía terminal.
PROTAGONISTAS DE LA TRANSICIÓN
En las postrimerías del régimen militar se conformaron los dos partidos de la derecha que han sido protagonistas de la transición. Renovación Nacional, fundado en 1987, de corte tradicional con la mayoría de sus integrantes provenientes del Movimiento Unión Nacional (MUN), algunos del antiguo Partido Nacional, el Partido de los Trabajadores del ex ministro del Interior de Pinochet Sergio Onofre Jarpa y de otras entidades derechistas. RN fue el primer partido que se inscribió como tal, cuando se reabrieron las inscripciones.
Su socia, la UDI, con quien ya habían tenido roces desde el nacimiento, fue formada por Jaime Guzmán después del infructuoso esfuerzo por integrar a toda la derecha en el Movimiento de Unión Nacional. Nació en 1988, aunque tuvo un antecedente en el Movimiento Unión Demócrata Independiente formado en 1983. La primera directiva de la UDI se constituyó en mayo de 1989, con Jaime Guzmán como presidente y Jovino Novoa como vicepresidente.
La UDI incluye al gremialismo que venía desde la Universidad Católica, al Movimiento Nueva Democracia y al Frente Juvenil de Unidad Nacional, todas instancias forjadas por Guzmán. Lo paradójico es que en su origen los gremialistas de la UC eran contrarios a los partidos políticos de cualquier color. Por eso se llamaron «gremialistas». Pero años después vieron más conveniente dejar atrás esos principios corporativistas que nacieron de la admiración al dictador español Francisco Franco, y fundaron la UDI como partido para dar sustento a su «democracia protegida».
Tanto RN como la UDI querían que Pinochet se mantuviera en el poder y, por eso, llamaron a votar Sí en el plebiscito de octubre de 1988. Aunque fueron derrotados, el trabajo político y social que desde las municipalidades controladas por alcaldes designados venían haciendo fue otra ventaja cuando debieron llegar a competir en las elecciones parlamentarias de 1989 y en las municipales de 1992.
Para afianzar más la «obra», a las trabas provenientes del sistema binominal el Gobierno militar agregó otras instancias: por ejemplo, en los primeros años la cuota de nueve senadores designados que estuvieron presentes hasta 2006. Aunque oficialmente eran nombrados por «el presidente de la República», la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional, en un comienzo prácticamente todos llegaron al Congreso con el beneplácito de Pinochet. Ese Consejo y el Tribunal Constitucional fueron otras de las nuevas figuras orientadas a dejar todo amarrado.
Al recordar partes de esa historia y el rol jugado por más de cincuenta años por Jovino Novoa, se puede comprender por qué en la UDI las acusaciones que pesan sobre él duelen tanto. Y por qué su defensa corporativa ha sido tan marcada. Hay otros involucrados, como el ex alcalde Zalaquett y el ex senador, ex ministro y ex candidato presidencial Pablo Longueira, que aparece también relacionado tanto con boletas de Penta como de Soquimich; así también el senador Jaime Orpis, que ha vivido su particular situación con el grupo Angelini y la Ley de Pesca. Pero el peso histórico de Novoa es asunto aparte.
EL SUSTENTO
Con todo, las cadenas no solo venían por el lado de las disposiciones legales. Tan fuerte como esas amarras —o más, como se está empezando a ver— ha sido el impacto durante todos estos años del poder económico. Lo paradójico es que ese poder, fortalecido en un comienzo bajo dictadura y que se continuó desarrollando después, se originó en parte importante en lo que se le despojó al Estado, a través de privatizaciones de empresas, subsidios, créditos y diferentes tipos de dádivas.
La creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que generó el traslado de los fondos de los trabajadores a manos de grupos privados en 1981, fue decisiva. Y cuando tras la crisis de 1982 los bancos sucumbieron, para evitar la quiebra y el colapso total, el Estado, aparte de respaldar a las AFP y otras empresas que pasaron a la denominada «área rara», estableció subsidios a los bancos comerciales a través de complejos mecanismos que evitaron su caída y les permitieron seguir funcionando y haciendo negocios.
Las grandes empresas del Estado, esas que antes eran consideradas estratégicas para el desarrollo del país, fueron factor clave para que se consolidaran nuevos grupos, como concluyó el Informe sobre las privatizaciones llevadas a cabo entre 1973 y 1990, efectuado por una comisión especial de la Cámara de Diputados en 2005. También ese informe considera otras privatizaciones que fueron traspasadas de lo que se llamó «el área rara» cuando cayeron en los ochenta los bancos y grandes grupos. Sin todo ese sustento no habrían logrado amasar las grandes fortunas que ostentan muchos de los connotados magnates de hoy.
La ola privatizadora que sobrevino después de la crisis de 1983 también significó la consolidación para grupos de corte más tradicional como los Matte, que se quedaron con lo que había pertenecido antes al grupo Cruzat-Larraín, como las empresas forestales y de celulosa que habían sido creadas por el Estado. Y en el caso de Angelini, con Copec, la mayor empresa privada del país en ese entonces. O Andrónico Luksic, que primero logró la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y luego continuó con Madeco, el Banco de Chile y la actividad minera.
Al compás de esos traspasos de grandes compañías durante la dictadura la economía se fue concentrando cada vez más y este fenómeno continuó después de los noventa, durante la transición. Es en ese escenario, marcado por el signo privatizador, en el que los intereses políticos se han confundido cada vez más con los económicos en una mezcla que ha sorprendido e indignado a la gran mayoría del país.
En algunos rubros, como las sanitarias y los puertos, que se habían librado del traspaso en dictadura, el impulso fue retomado tras los primeros años del cambio de régimen. Y pese a que en un primer momento la Concertación frenó el plan de privatizaciones que heredó de Pinochet y los Chicago boys, en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se vendieron las sanitarias, en mejores condiciones que las transacciones de tiempos de dictadura, según se argumentaba, y se privatizaron las faenas de la mayoría de los puertos.
El planteamiento de fondo era la falta de recursos del Estado y las necesidades de inversión. Lo mismo ocurrió en el Gobierno de Ricardo Lagos con las concesiones de obras públicas. Y es lo que está detrás del crecimiento sin límites —ni regulación— que tuvieron en estos años las universidades privadas.
APOYO VITAL
Ya en la campaña del Sí y del No en 1988 se vio el activo apoyo del empresariado a la opción Sí, lo que también se advirtió en el importante respaldo a Hernán Büchi como candidato presidencial contra Patricio Aylwin. Büchi, quien participó en todas las «modernizaciones» —incluidas salud, educación y previsión—, desde su cargo de ministro de Hacienda entre 1985 y 1989, fue quien dirigió la privatización de las grandes empresas del Estado.
Desde esos años Büchi se mantiene cercano a Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet, y es miembro del directorio de la cuestionada empresa Soquimich (SQM). A la vez tiene estrechos contactos con el grupo Penta: desde fines de los noventa es socio de la Universidad del Desarrollo y presidente de la junta directiva de la UDD. En esa universidad también han estado asociados los dueños del grupo Penta junto a los ex ministros de Sebastián Piñera Joaquín Lavín y Cristián Larroulet.
Aunque no fue un auténtico Chicago boy y es ingeniero de minas y no economista, Büchi llegó a compenetrarse a tal punto del ideario de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, que es el más ortodoxo de todos. Y desde hace ya décadas mantiene su sitial de gurú económico de la UDI. En 1990, tras la derrota en la elección presidencial, fue uno de los fundadores, junto al ex ministro de Pinochet Carlos Cáceres, del Instituto Libertad y Desarrollo.
Con el transcurrir del tiempo se ha podido observar que los aportes recibidos por la UDI desde el empresariado han sido vitales para su existencia. Esto y su constante trabajo poblacional le permitieron llegar a ser desde comienzos del siglo XXI el partido con más representantes en el Parlamento. Pero no todas las empresas han contribuido en la misma cantidad. El escándalo de las boletas ha mostrado que el grupo por excelencia financista de la UDI ha sido Penta, aunque también ha recogido recursos de otros conglomerados, como Soquimich y Angelini.
En cierto modo ese matrimonio de la UDI con el empresariado y con quienes se beneficiaron de las privatizaciones de las grandes empresas del Estado de bancos y de sociedades que pasaron por el «área rara» no es algo tan extraño. Los grupos forjados y enriquecidos bajo dictadura que obtuvieron un suculento botín requerían de un partido fiel a sus planteamientos para que este perdurara y creciera. Y lo han tenido.
Renovación Nacional, por su parte, parece involucrada en los escándalos por algunos de sus dirigentes, como el ex vicepresidente Claudio Eguiluz, receptor de boletas de Soquimich, tanto a título personal como de otros integrantes de su círculo de confianza en Concepción. Después de sucesivos intentos de eludir la investigación, Eguiluz fue formalizado el 14 de septiembre por el juez del Octavo Juzgado de Garantía Luis Avilés.
Los efectos de la bomba detonada alcanzan —como se ha visto— a los negocios de las empresas del propio ex presidente Sebastián Piñera —Bancorp y Vox Populi— con los grupos Penta y Soquimich.
EL RUMOR CONVERTIDO EN REALIDAD
Al mismo tiempo, lo que en el verano de 2015 circulaba en un principio como rumor se transformó en una brutal realidad: el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, el que tras el saqueo se quedó con la Sociedad Química y Minera de Chile, hoy conocida por su sigla SQM, si bien repartía suculentas dádivas a sus compañeros de ruta de la derecha, desde el comienzo armó un cerco de protección que alcanza a una cantidad aún no determinada de parlamentarios, dirigentes y operadores de la ex Concertación de Partidos por la Democracia y de otros partidos y personas y personajes que abarcan todo el espectro político.
Figuras de alta, mediana y menor estatura o cercanos del Partido Demócrata Cristiano, del Partido por la Democracia (PPD) —creado en diciembre de 1987, como un partido «instrumental»—, del Partido Socialista, del Partido Radical han saltado a este baile de millones, boletas, informes y asesorías supuestas o reales, y también se han visto contaminados en un proceso que aún está en investigación.
Tampoco han quedado exentos los más nuevos, como el Partido Regionalista Independiente (PRI), en el que desde su presidente Humberto de la Maza para abajo aparecen con boletas de Soquimich.
En un continuo destape que parece no tener fin fueron saltando nombres y situaciones que llegaron hasta La Moneda y motivaron un esperado cambio de gabinete que anunció la presidenta el 6 de mayo, y se hizo efectivo cinco días después. Este incluyó la aceptación de la renuncia al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, militante del PPD, que apareció involucrado en las operaciones de boletas e informes entregados al operador Giorgio Martelli, quien recibió pagos de SQM y de Soquimich Salar, la filial controlada por Ponce Lerou dedicada a la explotación del litio en el salar de Atacama. Peñailillo recibió dieciséis millones de pesos por cuatro boletas a cuenta de los respectivos informes elaborados el primer semestre de 2012. Martelli declaró al fiscal Chahuán que el mismo Peñailillo definió los honorarios. Esta situación le ha significado al ex ministro concurrir a declarar a la fiscalía en calidad de imputado en la causa. Martelli, por su parte, fue formalizado el 14 de septiembre, y el juez Luis Avilés dispuso su arresto domiciliario total y arraigo nacional.
MINISTRO POR 28 DÍAS
A poco andar se vio que Peñailillo no era un caso aislado, sino que un conjunto de jóvenes profesionales, la mayoría del PPD y conocidos como «G90», en relación a la generación de los noventa, fueron financiados por esta vía en lo que se ha bautizado desde algunos sectores como «precampaña» de la presidenta Bachelet.
En medio de la batahola, debió abandonar el escenario solo 28 días después de ser nombrado el 11 de mayo el ex diputado Jorge Insunza, también PPD. Cuando fue designado, su currículo había despertado cierta polémica: después de estudiar en tres universidades —Diego Portales, Bolivariana y La República—, no había logrado el título de abogado. Pero eso no era lo más delicado. También debió enfrentar el hecho de haber sido gerente de la empresa Imaginacción, del ex ministro Enrique Correa. Y en calidad de tal había asesorado directamente a Soquimich.
El asunto siguió cuando se supo que había recibido unos muy suculentos honorarios por asesorar a Codelco. Pero lo peor llegó tras una denuncia de la UDI que fue comprobada. Mientras presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, había sido asesor de Antofagasta Minerals, del grupo de Andrónico Luksic. El affaire Insunza no dejó indiferente a nadie.
MÁS NOMBRES SOBRE LA MESA
Entre los DC, al revisar los aportes entregados por SQM, llaman la atención en forma especial dos personajes: el ex embajador Marcelo Rozas López, que sería el que a título personal suma más dinero en boletas. El mismo Ponce Lerou ha dicho que él es un gran amigo. Además, a sus suculentos honorarios se suman los de su mujer y su hijo.
El otro es Roberto Javier León Araya, hijo del diputado del mismo nombre, quien desde los primeros trascendidos aparecía como involucrado con sumas importantes, aunque se ha defendido diciendo —como muchos más— que se trataría de trabajos profesionales.
Asimismo, la contadora Clara Bensan renunció a la Democracia Cristiana después de que estalló el caso en el que se vio involucrada. Ella confesó a la fiscalía haber recibido pagos para la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de 2009 a través de su empresa Asesorías en Gestión Integral Limitada. Las facturas —contó— se las hizo a Soquimich por indicación de Giorgio Martelli. Clara Bensan fue formalizada también como Eguiluz y Martelli el 14 de septiembre. Quedó con firma mensual y arraigo nacional.
El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Pizarro, ha vivido, también, una situación incómoda. Una sociedad de sus hijos —Ventus S.A.— fue una de las primeras en aparecer en el escenario, justo días antes de que Pizarro asumiera la presidencia del PDC, donde había sido elegido por más del 70 por ciento de la militancia. Los hermanos Pizarro Cristi reconocieron haber entregado facturas por 45 millones de pesos por «asesorías verbales», según declaró Sebastián Pizarro. La renuncia de su hermano Jorge al cargo de director del Comité de Inversiones Extranjeras se contabiliza entre las bajas del Gobierno por estos episodios. No fue la última.
El 23 de junio le tocó el turno al subsecretario general de Gobierno, el periodista Rodolfo Baier, del Partido Radical. Y horas después lo siguió su correligionario el ex diputado Anselmo Sule, quien se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Minería. El 14 de septiembre fue formalizado por el juez de garantía Luis Avilés, el mismo día que la contadora Clara Bensan.
Entre los socialistas, la situación más compleja era a mediados de septiembre la del senador por las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá Fulvio Rossi. Desde los primeros días surgieron boletas que comprometían a asesores del senador socialista, pero a eso se sumó algo que lo comprometería aún más: un e-mail con 31 nombres para quienes Rossi solicitaba recursos a Patricio Contesse, que se conoció el 1 de septiembre. Ese correo fue seguido por otros tanto o más delicados. El senador que se encontraba recién operado de un cáncer a la tiroides optó por congelar su militancia en medio de las críticas generalizadas. Incluso algunos integrantes de la lista de «favorecidos» con la solicitud negaron haber recibido algún peso.
Otros funcionarios, en particular ligados a la denominada G-90, vinculados a Peñailillo —entre ellos el ex jefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre en Educación, Harold Correa—, se retiraron también del aparato gubernamental donde estaban cumpliendo labores de jefes de gabinete o asesores. Algunos permanecieron en el Ministerio de Hacienda y en otras reparticiones.
RECADOS Y CAMIONES
Hasta el director del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt debió dejar su cargo en mayo porque había recibido pagos de Martelli. El ex director del SII había denunciado en esos días —en entrevistas en la revista Qué Pasa y el diario El Mercurio— presiones provenientes del Gobierno. Un mes después, en su extensa declaración ante el fiscal nacional Sabas Chahuán, precisó en qué consistieron los «recados» que comprometen al entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Se refirió también al ex titular de Hacienda Alberto Arenas, su superior directo, quien había sido su contacto con Martelli. Los mensajes del oficialismo llegaron a Jorratt a través de Andrea Palma, ex jefa de gabinete de Arenas, de acuerdo a los documentos que dio a conocer TVN la noche del 7 de julio y The Clinic on line al día siguiente, en versión completa. El tenor de los «recados», propios de una novela política de suspenso, denotan el nerviosismo que rodeaba por esos días a los ex ministros.
El primer hecho que Jorratt califica de «relevante» ocurrió en noviembre de 2014. «En esa oportunidad la jefa de gabinete me indicó que el Ministerio del Interior estaba muy preocupado de que el SII investigara a Soquimich, me dijo que ella no tenía clara la razón de esa preocupación del ministro, me agregó que estuviera tranquilo porque el ministro de Hacienda jamás me pediría que hiciera algo que no correspondiera y que él respetaba la autonomía del SII, pero que me tenía que transmitir esa preocupación porque venía del ministro del Interior.» Señaló Jorratt ante el fiscal nacional que su primera reacción «fue de sorpresa, porque yo desconocía cualquier vinculación de SQM con la investigación que realizaba el SII».7
El 9 de enero de 2015, Impuestos Internos presentó la querella contra el ex subsecretario de Sebastián Piñera Pablo Wagner y su cuñada Carolina de la Cerda, en la que se mencionan boletas aparentemente falsas entregadas por ella a Soquimich. «Horas después de presentada esa querella, la jefe de gabinete de Hacienda me solicitó que fuera a su oficina y contó que el ministro del Interior estaba enfurecido por la querella citada, y en particular las diligencias que se solicitaban en esa querella, porque ellas abrían las puertas al fiscal para que pudiera investigar la empresa», sostuvo Jorratt.
Otro hecho importante, según el ex director del SII, ocurrió cuando «doña Andrea Palma me transmite otra instrucción del ministro del Interior, quien quería que aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a tramitación el recurso presentado por la empresa, el SII concurriera hasta el domicilio de SQM para llevarse toda la información contable, en camiones si era necesario, de tal forma que la fiscalía no encontrara ningún antecedente». Agregó Jorratt que cuando «la señora Andrea Palma me transmitía estas órdenes no pude evitar reírme junto con ella, que también lo encontraba absurdo».
En su declaración, Jorratt confesó también haber recibido intentos de presión por parte del ex presidente de la UDI Juan Antonio Coloma, quien le había solicitado una reunión para aclarar dudas sobre la modernización del Estado. Pero tras precisarle unos puntos, «pasamos al tema que al parecer era el que más le importaba y que tenía que ver con la posible querella de don Jovino Novoa». Lo curioso es que la minuta ya le había llegado a Michel Jorratt a través de la misma Andrea Palma, la jefa de gabinete del entonces ministro Arenas. Según Jorratt, la minuta describía «una serie de supuestas arbitrariedades que había cometido el SII en la investigación a Novoa», que no eran otra cosa que los procedimientos normales del Servicio.
En la misma oportunidad, declaró Michel Jorratt, Coloma hizo «una defensa de Novoa en términos de sus cualidades personales y de su importancia como figura para la UDI. Finalmente, me señaló que la UDI esperaba que no se presentara una querella en su contra, pero que de haberla no les quedaría otra que contraatacar o reaccionar, sin detallar en qué iba a consistir. Solamente me limité a explicarle que la investigación estaba en curso y que lo único que podía hacer era garantizarle que el SII actuaría sin arbitrariedades».
PRECANDIDATOS EN EL RUEDO
Al revisar los datos sobre boletas y facturas también se observa que los centros de estudios o think tanks de diversos colores recibieron fecundo apoyo de SQM: Libertad y Desarrollo encabeza la lista, en la que también están otras entidades ligadas a RN, y por el lado de la izquierda y centro-izquierda, la Fundación Chile 21 y hasta Cieplan figuran en los pagos.
Tampoco es un incidente para el olvido el protagonizado por el ex precandidato presidencial Andrés Velasco, quien reiteraba la necesidad de instalar una «nueva política», y aparece entre las boletas cuestionadas de Penta. Él cobró —según ha tratado de explicar— veinte millones de pesos por asistir a un almuerzo con los directivos de Penta, en el que habría mostrado un PowerPoint sobre economía.
Pero no ha sido Velasco el único presidenciable contaminado. En este controvertido escenario, una de las más insólitas reacciones ha sido la del ex diputado y constante precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, ME-O. El líder del Partido Progresista (PRO), en su primera declaración a través de Facebook, trató de desligarse de todo esto y de separar aguas de su padre adoptivo, Carlos Ominami, quien ya aparecía vinculado a dádivas para su última campaña senatorial en 2009.
Según indagaciones posteriores, no solo Carlos Ominami sino el propio ME-O habrían tenido un multimillonario aporte de Soquimich Salar a través de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por su brazo derecho, el periodista Cristián Warner, como lo mostró el reportaje de Víctor Cofré en el diario La Tercera el 27 de junio, al dar a conocer unos e-mails intercambiados entre la secretaria de Contesse y Warner. Estos correos denotan que el hijo de Miguel Enríquez, fundador del MIR y asesinado por los organismos de seguridad de la dictadura, habría estado al tanto de las donaciones del ex yerno de Pinochet.
El hilo que vincula a ME-O partió con el testimonio de la secretaria de Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse, Katherine Bischof. Ella señaló entre los visitantes a Contesse a Carlos Omimami. Marco replicó que él le pedía plata a todos los empresarios. Admitió haber sido invitado junto a otros personajes de la vida política a los salares y minas desde donde Julio Ponce Lerou se lleva los minerales de Chile.
La actitud del ex diputado ha sido negarse a reconocer los hechos que se le imputan, pese a que en los mails se le involucra directamente. De acuerdo a esa versión, durante 2011 la firma de Warner recibió cuatro millones de pesos mensuales, pero tras la reunión de enero de 2012 habría logrado otro aporte por doscientos cincuenta mil dólares, que se le harían efectivos en cuotas mensuales. En total más de diecisiete millones de pesos al mes.
Conforme a los documentos que maneja la fiscalía, las sumas pagadas a Cristián Warner —que habrían ido a la campaña de Marco Enríquez-Ominami— a través de Soquimich Salar, filial de SQM, ascienden a 362 millones de pesos. La suma, recibida por la firma Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing E.I.R.L. entre 2011 y 2013, es superior a la pagada por SQM Salar a la empresa AyD, administrada por el formalizado operador Giorgio Martelli.
Cristián Warner, quien ayudó a ME-O a organizar el Partido Progresista (PRO) y fue su primer secretario general, concurrió al llamado a declarar como imputado por la fiscal Carmen Gloria Segura el 1 de septiembre, pero se acogió al derecho a guardar silencio.
«ACUERDO» SIN HUELLAS
En busca de las pistas que permitan explicar al menos en parte el tumultuoso presente, vale la pena recordar algunos hechos que marcaron esos días del término de la dictadura. El destape de estos meses que habla de prácticas de corrupción atravesando el entramado político tiene mucho que ver con el no haber hecho caso al sentido común mayoritario de revisar las privatizaciones de las que fueron las grandes empresas del Estado. Tampoco nada se hizo para llevar a cabo cambios profundos en el modelo socioeconómico que se implantó en el país y que significó hipotecar en buena medida el bienestar de la sociedad para beneficiar a unos pocos.
Si se observa en perspectiva, hay que recordar situaciones que marcaron esos años del término del cambio de régimen. El 9 de noviembre de 1989, pocos días antes de la elección en que triunfó Patricio Aylwin sobre el ex ministro de Pinochet Hernán Büchi, caía en Alemania el muro de Berlín. Esta coincidencia marcó los pasos de muchos antiguos dirigentes de la izquierda chilena. Tras el derrumbe del muro y el término de los socialismos reales, varios de ellos abrazaron con entusiasmo la ideología del «libre mercado» que parecía imponerse sin contrapeso en el mundo.
Por esos días tempranos de la transición a la democracia se hicieron algunos estudios, y tiempo después de asumir el primer Parlamento posdictadura hubo un par de comisiones en la Cámara de Diputados que se abocaron al tema. Pero al final no se materializaron en proyectos legislativos ni en iniciativas del Ejecutivo en esa tensa y atemorizada etapa de transición a la democracia inaugurada en marzo de 1990 con Aylwin en la Presidencia.
Hay quienes afirman que dentro de los denominados «pactos de la transición», representantes de Pinochet negociaron con los líderes de la Concertación y se habría producido un acuerdo de no tocar nada de lo ya hecho. Y que la gigantesca transferencia de recursos que se efectuó a espaldas de la ciudadanía silenciada y reprimida fue uno de los altos precios que se pagaron para que el dictador y sus seguidores devolvieran el poder político y abandonaran La Moneda. Pero, como suele ocurrir en situaciones así, de eso no hay huellas, no hay documentos, no hay firmas que lo corroboren. Tampoco —al menos nadie lo ha confesado— actores de ese supuesto acuerdo que digan «yo estuve en esa conversación» o «yo pacté» o, al menos, «fui testigo».
Cuando se habla de estos temas los ojos de muchos seguidores de estos asuntos se dirigen hacia las figuras del ex ministro secretario general de Gobierno Enrique Correa Ríos, del ex ministro de la Presidencia Edgardo Boeninger —fallecido en 2009— y de Enrique Krauss, ex ministro del Interior. Pero los integrantes de ese primer gabinete político de la débil democracia chilena nunca lo confirmaron, aunque sí se han visto señales. Carlos Ominami, el ministro de Economía de entonces, era señalado como uno de los partidarios de revisar las privatizaciones. En ese cargo presidía la Corfo. Paradójicamente, veinticinco años después su nombre saltó como uno de los protagonistas de las boletas entregadas a Soquimich en tiempos coincidentes con su última campaña senatorial en 2009. Así también la Fundación Chile 21, de la que es presidente, es uno de los centros de estudios favorecidos y, según la secretaria de Patricio Contesse, iba a visitar al ex gerente junto a su hijo adoptivo.
El cientista político Carlos Huneeus, en su libro La democracia semisoberana —publicado en 2014—, indica que cuando diputados de la Concertación pidieron constituir una comisión investigadora sobre la venta de las empresas públicas, esta «fue detenida por decisión de La Moneda, por iniciativa del ministro Edgardo Boeninger». Asimismo, Huneeus responsabiliza al trío de ministros políticos y al entonces titular de Hacienda, Alejandro Foxley, de haber mantenido en lo básico el modelo económico neoliberal impuesto en dictadura.
Boeninger era democratacristiano, lo mismo que Krauss y Foxley. En una entrevista en mayo de 2008 en el diario El Sur de Concepción, Boeninger manifestó: «En la actualidad hay dos tendencias en la Concertación. Los que somos más favorables a privatizar y los que no lo son. Yo he dicho, y Foxley también lo ha dicho, que no hay ninguna razón para pensar que ENAP no pudiera ser privado». La Empresa Nacional del Petróleo, junto a Codelco, quedó resguardada en la Constitución del 80 para evitar su privatización.
Argumentó Boeninger en esa oportunidad —un año y medio antes de morir— que a su juicio, «las privatizaciones que se han realizado en Chile se han hecho un poco por necesidad, se han hecho porque hay empresas públicas que no funcionan o porque había necesidad de recursos fiscales».
El ex ministro Enrique Correa, quien en su juventud, tras dejar la Democracia Cristiana, fue uno de los fundadores del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y después ingresó al Partido Socialista, casi como cerrando un círculo que se abría a fines de la dictadura, ha sido asesor comunicacional y político del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou y su holding empresarial desde fines de los noventa.
Correa renunció al PS en 2004, cuando se discutía la ley del royalty a la minería, y el Partido Socialista criticó a quienes no querían imponer esa «regalía» —como se la denomina— o derecho para extraer las riquezas básicas a quienes las explotan. Enrique Correa formaba parte de un equipo asesor del Consejo Minero que se oponía a ese proyecto. Su antiguo compañero desde los tiempos del MAPU, el ex senador Jaime Gazmuri, vicepresidente del PS, manifestó en aquella ocasión: «Yo no vinculo la renuncia de Enrique directamente a lo que hemos dicho sobre el royalty. Lo que hemos dicho es una cosa que es bastante evidente […] señalar que quien esté en contra del royalty se coloca fuera de lo que es el espíritu, la línea del Partido Socialista, es lo mínimo que podíamos decir».8
AMENAZAS Y TEMORES
Más de 25 años después de terminado el Gobierno de Pinochet, cuando los escándalos en torno a empresas que fueron privatizadas y al rol de quienes hicieron fortuna a partir de esos hechos ha estallado y amenaza con dejar marcas indelebles en la confianza en empresarios y políticos, muchos que no vivieron esos tiempos o que eran aún niños o muy jóvenes preguntan por esa época: «¿Cuál fue la razón para que no se revisaran las privatizaciones y se dejara el escenario tal como lo marcó la dictadura?» «¿Cómo pudieron quedar en la impunidad los que se enriquecieron de manera descomunal en forma tan poco ética?»
Parte de las respuestas está en el clima de fragilidad que se vivía en los primeros años de esa transición amenazada por «ejercicios de enlace» y «boinazos», mientras Pinochet se mantenía en su sitial como máxima autoridad militar. Se puede recordar que en diciembre de 1990, el entonces comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet llamó a un acuartelamiento de tropas cuando supo que se abriría una causa contra su hijo Augusto Pinochet Hiriart por cheques vinculados a los escándalos del caso Valmoval que comprometían al Ejército, al que el mismo comandante había vinculado con pagos para favorecer a su hijo.
En esa oportunidad el capitán general —como también se le llamaba— explicó que solo se trataba de un «ejercicio de enlace». Menos de tres años más tarde los «Pinocheques» volvieron a saltar al tapete. «Reabren el caso cheques de hijo de Pinochet», tituló el diario La Nación el 28 de mayo de 1993. Y completaba señalando que ocho generales tendrían que ir a declarar. Ese mismo día el dictador volvió a llamar a sus tropas para que lo acompañaran en tenida de combate a pocos pasos de La Moneda, en el edificio de las Fuerzas Armadas, que ya ocupaba el Ejército en la calle Zenteno con la Alameda. Por las boinas negras que lucían los militares vestidos para la guerra, la desaparecida revista Apsi lo bautizó a los pocos días como «el boinazo».
Las amenazas eran claras. La cuidada puesta en escena había resultado eficaz para mantener el temor en un ambiente en que la violencia y las secuelas del drama dejado por la dictadura estaban demasiado presentes.
En 1995, ya en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo otro intento por retomar el caso, tanto por parte de la Justicia como del Consejo de Defensa del Estado. Pero las cosas no prosperaron y fue sobreseído. Al final, «Agustito» o Augusto II, como suelen llamarlo, solo ha estado preso por el robo de un auto en el año 2004. Y quien lo llevó a la cárcel fue el mismo que haría poner años más tarde entre las rejas a dos de los más poderosos empresarios del país: Carlos Gajardo Pinto, en ese momento un joven fiscal de Curicó.
Es posible pensar que los elocuentes gestos militares que marcaron el comienzo de los noventa hayan influido para no dar prioridad a algo que clamaba por ser revisado, como las privatizaciones de las empresas del Estado. Y numerosos y cuantiosos negociados que quedaron en la impunidad.
En ese clima personajes cercanos a Pinochet, como su ex yerno Julio Ponce Lerou, que se había quedado —además de otras propiedades— con la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), se sentía aún intocable. Los cuatro nietos del dictador, hijos de su hija Verónica Pinochet Hiriart, se vieron —además— muy favorecidos con la privatización de Soquimich, orquestada en la década de los ochenta por Ponce Lerou y quienes lo apoyaron. Otro tanto ocurría con partidarios acérrimos del general, como los controladores del grupo Penta. Los lazos de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín con la UDI eran estrechísimos.
«NO SE REVERTIRÁN LAS PRIVATIZACIONES»
Cuando se produjo el cambio de régimen, en ese ambiente contaminado por el temor y los traumas por lo vivido, los vientos estaban sin duda a favor del empresariado partidario del golpe militar y de quienes se transformaron en empresarios y en poseedores de fortunas gracias a los anómalos procesos de las oscuras privatizaciones ejecutadas en el régimen militar.
No obstante, ya en octubre de 1990, dos meses antes de la primera demostración militar y transcurridos solo seis de Gobierno democrático, el entonces vicepresidente de la Corporación de Fomento (Corfo), el abogado radical René Abeliuk —quien murió en noviembre de 2014— manifestó: «No se revertirán las privatizaciones», como se puede leer en el título de una entrevista publicada por la revista Hoy. La dirigía en ese tiempo Marcelo Rozas López, quien ese año la adquirió junto a su esposa, Michelle Reymond, al equipo de periodistas que encabezaba Emilio Filippi. Marcelo Rozas —como se ha dicho—, acompañado de su señora y de su hijo Daniel, resultó ser uno de los protagonistas relevantes de las boletas de Soquimich.
En esa entrevista, Abeliuk se mostró partidario de no revertir las privatizaciones, pese a la «gruesa pérdida estatal», porque «son juicios complejos que tomarían mucho tiempo y el resultado para la empresa sería que quedaría en una situación incierta que la paralizaría. Mi recomendación sería no iniciar este tipo de procesos, no atacar a la empresa, sino buscar la sanción a la empresa que actuó mal». Eso jamás ocurrió.
Pero también agregó el ex vicepresidente de la Corfo, cuando la periodista Marcela Sepúlveda le consultó si se trataba de un borrón y cuenta nueva: «No tanto. Es que hay que analizar varios aspectos, no solo la pérdida fiscal. Hay algunas de esas empresas que en manos privadas han tenido un desarrollo notable, aunque pueden haber sido mal privatizadas».
SIN PRIORIDAD
Desde otra perspectiva, con el transcurrir del tiempo algunos protagonistas de esos días han reconocido que cambiar el modelo económico no era prioritario. El mismo René Abeliuk, muchos años después en una entrevista de CNN —con los periodistas Mónica Rincón y Daniel Matamala el 12 de septiembre de 2012—, calificó esos cuatro años del primer Gobierno de la Concertación como «los más difíciles de la historia de Chile». Y confesó que la prioridad había sido «restaurar la democracia», sin preocuparse tanto de modificar el sistema económico. Contó que dentro del Gobierno había tres tendencias frente a la posible revisión de las empresas privatizadas. Algunos eran —señaló— más moderados y otros «más duros». Y él se situó junto a «don Patricio» en una posición intermedia.
Abeliuk reconoció en esa oportunidad que la pérdida patrimonial del Estado de Chile había sido «inconmesurable», pero a la vez manifestó que el Gobierno no habría tenido el dinero suficiente para efectuar las expropiaciones si se hubiera querido revertir la situación. Además, deslizó que cualquier cambio en esa línea podría haber afectado la estabilidad económica y habría sido delicado para la inversión extranjera que el nuevo Gobierno pretendía atraer.
Con todo, en el primer Parlamento al inicio de la transición surgió la inquietud por esclarecer lo ocurrido con las privatizaciones durante el período dictatorial. Para tratar de establecer los hechos desde una perspectiva histórica y económica se constituyó en la Cámara de Diputados una comisión que tuvo un largo nombre y una corta vida: «Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatizaciones de las Empresas Filiales». Esa primera comisión la presidió el ex diputado y hoy presidente de la Asociación de Notarios, Armando Arancibia.
El objetivo era «investigar la pérdida patrimonial experimentada durante el Gobierno militar, y causada por la privatización de las empresas estatales, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantías, las donaciones de patrimonio físico, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que allí se desarrollaron», según dice el informe de la segunda comisión, la que años más tarde presidió el entonces diputado socialista Carlos Montes. La primera se disolvió, sin entregar un resultado público. Se guardaron los documentos recopilados y pasó más de una década hasta que volvieran a ser analizados.
«Lamentablemente, ruido de sables impulsados por el general Augusto Pinochet Ugarte obligó a dicha comisión a interrumpir abruptamente su cometido», indica el texto del informe de la segunda comisión constituida más de una década después. Esta heredó diecisiete volúmenes de fotocopias, documentos probatorios y análisis en los archivos de la Cámara de Diputados, en los que había avanzado la primera, «algunas conclusiones valiosas y muchas interrogantes», según el informe.
Los documentos recopilados en 1991 fueron desclasificados en 2004 y 2005, cuando se inició el trabajo de la comisión presidida por Carlos Montes, elegido en 2013 senador por Santiago Oriente. De nuevo fue precedida de un largo título: se la llamó «Comisión encargada de investigar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas antes de 1990». Sesionó hasta 2005.
Entre otros, participaron en ella los diputados Jorge Burgos, actual ministro del Interior; Adriana Muñoz, hoy senadora del Partido Socialista por la región de Coquimbo y vicepresidenta del Senado; el ex diputado DC y hoy presidente del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Eduardo Saffirio, y el ex diputado de la UDI Julio Dittborn Cordua, ex subsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera y ex presidente de ese partido de la derecha.
Fui invitada a esa comisión para aportar antecedentes a partir de lo que había publicado en el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, editado en 2001. La exposición quedó consignada en el informe final de esa instancia parlamentaria.
En total fueron casi veinte personas las que desde distintas ópticas colaboraron con el panorama que pudo llevar a la comisión a sus conclusiones.9 Asimismo, se requirió información documental y estadística a organismos públicos, tales como la Contraloría General de la República, la Corporación de Fomento de la Producción, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Valores y Seguros.
En la ocasión se convocó también a entregar su testimonio a los principales privatizadores: Hernán Büchi, Julio Ponce Lerou, Roberto de Andraca. Ninguno de ellos acudió.
Como señala en sus conclusiones el informe de esa comisión investigadora que no fue aprobado por los parlamentarios de oposición, «el objetivo estratégico de los sectores que dirigieron el proceso 73-90 fue imponer un cambio estructural que transfiriera el poder a un nuevo grupo que se conformaría con los grupos económicos que habían venido formándose en Chile».
Agrega el documento, dado a conocer en agosto de 2005, que esa nueva clase se forjó con «los tecnócratas del régimen que diseñaron las privatizaciones y también se apropiaron del patrimonio público, como dueños de las empresas o ejecutivos poseedores de paquetes controladores de acciones». En otras palabras —dice—, durante el período 1973-1990, en Chile se desarrolló «una revolución capitalista radical que transformó estructuralmente la sociedad chilena, llevándola a romper de raíz con la historia republicana y la tradición democrática que la habían caracterizado hasta 1973».
Coincidieron los diputados de la Concertación en que «el proceso privatizador implementado es totalmente inviable en una sociedad democrática con instituciones sólidas».
La «gran obra» de Pinochet provocó el mayor traspaso de poder y de recursos desde el Estado al sector privado del que se tenga memoria en la historia republicana.
BAJO LA LUPA
La concentración de la propiedad en pocas manos y la desigualdad en la distribución del ingreso se advertían ya hace algún tiempo como agudos problemas del panorama socioeconómico de Chile en el siglo XXI. Esa controvertida realidad no se puede desligar de lo que fue la política económica y financiera aplicada por Pinochet y sus boys de Chicago. La corrupción que ha aflorado en los últimos meses y que es posible conjeturar que venía carcomiendo el sistema político chileno desde hace algunos años sería otra cara de este legado. Todo eso ha empañado, sin duda, el equilibrio de las grandes cifras y los avances económicos logrados después de la dictadura que llevó a presumir por los éxitos alcanzados en las ligas internacionales.
El documento final de la comisión de las privatizaciones habla de la creciente concentración de la propiedad en grupos económicos poderosos, «algunos de los cuales se encuentran en los rankings de Forbes entre los más ricos del mundo». Mientras, la distribución del ingreso en el período —destacan los parlamentarios— «fue la más desigual de la historia de Chile». La participación del quintil más pobre de la población en el gasto se redujo de 7,6 por ciento en 1969, a 4,4 por ciento en 1988. Por eso, aseguran en el informe, «el nuevo modelo no solo se construyó a costa del patrimonio público, sino sobre la base del despojo de amplios sectores medios y populares, cuya situación ha sido imposible de superar hasta hoy».
El mismo documento resume que entre 1973 y 1990 se enajenaron y devolvieron 725 empresas. Dentro de ellas había 124 «calificadas como las más grandes» —precisa el texto— y 46 eran estatales desde antes de 1973. Anota también que 25 empresas fueron «enajenadas con urgencia después del plebiscito de 1988». Señala que 43 del total pertenecían a la denominada «área rara», esto es las que volvieron al Estado tras la debacle de 1983. Y según el informe de la comisión, 35 de ellas fueron «doblemente subsidiadas por el Estado al ser dos veces privatizadas».
El documento cita también a la Contraloría General de la República, que estimó que gran parte de las empresas fueron vendidas a «un precio inferior a su valor libro, lo que implicó una pérdida en su patrimonio público». Esas pérdidas habrían sido —según sea el método de cálculo— «entre un 27, un 42 o un 69 por ciento del capital vendido en el período 85-89», y el monto neto que informa esta entidad, a través de cifras parciales, llega a más de 2.223 millones de dólares.
EL DESTINO DE LAS VENTAS
El 30 por ciento de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a las arcas de la Corfo, según el informe, y se destinó a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas. El 70 por ciento restante «fue a Fondos Generales de la Nación, es decir, no hubo un ítem específico en el Presupuesto Fiscal para los ingresos provenientes de las privatizaciones».
Pero hay algo más que detectó la comisión presidida por Carlos Montes: «Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que también significó pérdida patrimonial. Fueron destinados, básicamente, a reducir el déficit fiscal que venía del período anterior» y, posteriormente, a compensar las pérdidas derivadas de la reforma tributaria que disminuyó los ingresos tributarios y «por la creación de las AFP, que también fue financiada por el Estado».
Explica el documento que en 1990 «la Corfo fue entregada en crisis al nuevo Gobierno. Se le debían ochocientos millones de dólares», y la corporación debía mil millones de dólares. Señala que gran parte de su deuda externa «provenía de la privatización de Endesa, ya que asumió una deuda externa de quinientos millones de dólares y una deuda con Endesa por la compra de Edelnor por ciento cincuenta millones de dólares». Y eso sin considerar las deudas por préstamos vencidos Corfo-Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También anota el informe que «no solo hubo subsidios a través del precio de venta de las empresas, sino de créditos blandos, rebajas de tributación, castigos a préstamos, donaciones, incentivos y comodatos urbanos».
Destaca entre las donaciones la entrega de Inacap al sector privado que «implicó una pérdida patrimonial fiscal de cuatro mil millones de pesos —en moneda de 1988—. De la misma manera —dice el informe— se traspasó la administración de 76 institutos de enseñanza técnico-profesional». Inacap quedó en manos de la Confederación de la Producción y del Comercio y fue clave en su dirección durante varios años el ex ministro de Educación Juan Antonio Guzmán Molinari, el mismo que hoy preside Soquimich y la junta directiva de la Universidad Andrés Bello del grupo Laureate.
Aparte de los «castigos» de préstamos de la Corfo que beneficiaron a los nuevos dueños de Entel, a empresas eléctricas y a Soquimich, entre otras, entre 1987 y 1990, hubo otros favores cuantiosos otorgados por el Estado al sector privado a partir de la crisis de 1982, confirmó el informe.
GARROTE Y ZANAHORIA
Para llevar a cabo las privatizaciones, aparte de contar con el clima propio de la dictadura, los artífices de este gigantesco despojo al Estado utilizaron también el método del «garrote y la zanahoria» para silenciar críticas e incluso atraer a los trabajadores. En muchas de las empresas los despedían si levantaban la voz, pero a la vez los tentaban con la zanahoria del denominado «capitalismo popular» para tomar el control de las ex empresas del Estado. Casos como Soquimich y Enersis con los nombres de fantasía de sus empresas de papel, a las que bautizaron con sugerentes nombres como Pampa Calichera, Oro Blanco o las Chispitas, son elocuentes ejemplos de esa forma de apropiarse de los bienes del país que utilizaron los civiles de Pinochet que fueron pieza clave de esta historia.
Así, los más conspicuos hombres del dictador, aquellos que hicieron junto a él posible su revolución económica o contrarrevolución según el cristal con que se mire, los protagonistas del saqueo del país, han gozado y la mayoría sigue gozando de elevadas posiciones en el mundo de los negocios y las finanzas. Muchos de sus ex ministros y colaboradores encabezan grupos económicos y financieros, son parte de directorios de bancos, AFP y compañías de seguros. Y son dueños o participan de las juntas directivas de algunas de las más importantes universidades privadas. A través de su accionar y de los amarres constitucionales y jurídicos que instalaron junto a Pinochet, estos personajes lograron perpetuar y acrecentar en la transición el poder económico conquistado en la dictadura.
Jugaron en esas situaciones roles protagónicos, además de Julio Ponce Lerou, otros que partieron siendo funcionarios públicos, como José Yuraszeck, quien llegó a erigirse como «el zar de la electricidad» durante unos años. O como Roberto de Andraca Barbás, el ex gerente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), que se privatizó con la empresa siderúrgica y después de transformarse en dueño y controlador, continúa hoy como presidente del holding. Al lado de ellos y de la misma época, de aquellos años ochenta, data el comienzo del enriquecimiento de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los hoy formalizados constructores de Penta.
Otros nombres que se favorecieron en forma ostensible con las privatizaciones que son socios de esta red y están muy cerca de los más «contaminados» son personajes como Eduardo Fernández León, el supernumerario del Opus Dei y gran mecenas de la Universidad de los Andes. Fernández León, accionista de Entel y de Chilquinta y dueño de empresas inmobiliarias, es el socio principal de empresas Banmédica, y, por lo tanto, socio directo de Délano y Lavín, a quienes fue presuroso a visitar al penal de Capitán Yáber cuando estuvieron presos.
Compañero de ruta y amigo de Fernández León es también Juan Hurtado Vicuña, presidente de Entel, otro de los privatizadores que después se benefició —junto a Fernández León— con las privatizaciones de Chilquinta —una de las compañías distribuidoras eléctricas que nació de la división de la Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra)—, de la propia Entel y de la minera Punta del Cobre (Pucobre).
Junto a sus hermanos, Hurtado ha levantado uno de los principales grupos económicos de Chile en el siglo XXI. Juan Hurtado, ingeniero y compañero en la Universidad de Chile de Hernán Büchi Buc, fue quien presentó al ex ministro de Hacienda a su «colega» Sergio De Castro a principios del régimen militar. Entre otras actividades, desde 2009 Juan Hurtado es el presidente de la Corporación Santo Tomás, que reúne a la universidad de ese nombre, un instituto profesional y un centro de formación técnica que están entre los más numerosos de la educación superior privada.
EL PODER DE LAS MINERAS
A pesar de que la comisión que encabezó el hoy senador Carlos Montes logró profundizar en lo ocurrido en los años de dictadura, su foco tenía fechas precisas y se limitó a analizar ese saqueo ocurrido a espaldas de la ciudadanía hasta marzo de 1990.
Sin embargo, a partir de los años noventa se ha consolidado un escenario en el que se abrieron de par en par las puertas para que las riquezas básicas de Chile fueran explotadas por compañías privadas extranjeras y chilenas. Bajo dictadura del Gobierno de Pinochet se había promulgado el Estatuto de Inversiones Extranjeras en 1974, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de enero de 1982, que dio a las concesiones un carácter similar a la propiedad privada, y el nuevo Código de Minería de 1983. Pero los inversionistas extranjeros se resistían a llegar.
La avalancha de compañías extranjeras a la minería, y en especial al cobre, apareció con la transición a la democracia. Este escenario daba más tranquilidad que la dictadura a los grandes inversionistas foráneos.
Codelco, la principal empresa del país que logró permanecer en manos del Estado porque algunos generales exigieron a Pinochet resguardarla en la Constitución, representaba hasta hace 25 años más del 90 por ciento de la producción del cobre de Chile. Eso se había logrado después de los procesos de chilenización en tiempos de Eduardo Frei Montalva, quien se refería al cobre como «la viga maestra» de la economía, y la nacionalización que aprobó el Congreso Pleno en el Gobierno de Salvador Allende. Para él era «el sueldo de Chile» y la gran minería del cobre, como se la llamaba, quedó en manos de Corporación del Cobre de Chile (Codelco).
A partir de los noventa, la situación cambió. Y la producción de Codelco representa cerca del 30 por ciento de la producción cuprífera. El resto, es decir, el 70 por ciento aproximadamente, está en manos de compañías privadas, aunque en algunas de ellas la estatal conserva cierta participación.
Cerca de una decena de empresas, la mayoría filiales de transnacionales, inició actividades en el norte del país en yacimientos que pertenecían al Estado de Chile. Entre las que hoy obtienen mayores toneladas de producción al año está BHP Billiton, que explota la minera Escondida en Antofagasta y otras minas de menor tamaño; Anglo American Chile, en sociedad con Xstrata Cooper, que explota Doña Inés de Collahuasi en el extremo norte. A su vez, Codelco ha intentado recuperar para el Estado de Chile las minas que explota Anglo American Sur en la zona central, cerca de Santiago —El Soldado y Los Bronces—, aunque por ahora solo alcanza a un 25 por ciento de la propiedad.
Otra de las grandes es Freeport-McMoRan, que está asociada con Codelco en proporción de 51 por ciento para la transnacional y 49 por ciento para Codelco, que explota la mina El Abra en Calama, que antes era un ciento por ciento de Codelco.
INSUNZA Y ANTOFAGASTA MINERALS
Párrafo aparte merece Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, que explota Los Pelambres en la comuna de Salamanca, en la región de Coquimbo, epicentro del terremoto del 16 de septiembre pasado. La producción de cobre recorre 120 kilómetros en un ducto especial para ser embarcado en el puerto Punta Chungo en la bahía de Los Vilos. Además, en la región de Antofagasta explota la Minera Centinela —que nació de la fusión de El Tesoro y la Esperanza—, en sociedad con la japonesa Marubeni. Y en la misma región, al sur de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, tiene el proyecto Antucoya, que vendió Soquimich a Antofagasta Minerals.
Uno de los más impactantes episodios de esta historia se relaciona con Antofagasta Minerals. La gota que rebosó el vaso para que el ex diputado PPD Jorge Insunza tuviera que abandonar el gabinete en el que apenas estuvo 28 días la constituyeron las asesorías que prestaba a la minera de Luksic mientras era nada menos que presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados durante 2014. Lo sorprendente es que a él no le pareciera evidente el conflicto de interés ni le contara a la presidenta Bachelet cuando lo convocó a su equipo sobre esta actividad de su pasado reciente.
Ni eso ni su asesoría a Soquimich pareció poco adecuado al ex ministro que se quedó sin pan ni pedazo, ya que no pudo volver al Parlamento. Su situación contribuyó a sembrar más dudas sobre el ya vapuleado Congreso.
Cuando se ve la magnitud del poder económico privado en el Chile de los últimos años y situaciones como esa de políticos que se manifestaron en sus tiempos jóvenes contra la dictadura pero que no advierten o dicen no advertir los límites entre política y dinero, entre su rol de servidor público y de asesor privado, se puede percibir que lo de la democracia hipotecada es un juicio con fundamentos.
Tampoco parece ya muy extraño que sigan apareciendo nombres de poderosas empresas en este baile. Un caso elocuente es el de Endesa, la que fue la segunda empresa del Estado más grande después de Codelco, y que hoy se encuentra en manos de la estatal italiana Emel. Su ahora ex presidente Jorge Rosenblut —quien está en calidad de imputado— figura como uno de los más importantes contactos para el financiamiento de las campañas de la ex Concertación y la Nueva Mayoría. Los pasos de Rosenblut que quedaron en evidencia en esta investigación le costaron dejar la presidencia del holding de generación eléctrica.
La lista continúa dejando a la vista problemas en la relación dinero y política con otras privatizadas, como Aguas Andinas, o con empresas de grandes grupos locales, como Corpesca y Copec, de Angelini o Luksic.
No ha escapado al vendaval el grupo Luksic, el más poderoso del país. Además de verse involucrado por el ex ministro Insunza, ha tenido que hacer frente a otra historia controvertida que si bien tiene una lógica particular —diferente a la de Penta y Soquimich— lo ha tocado muy de cerca: el denominado caso Caval, protagonizado por la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y el primogénito de la mandataria, Sebastián Dávalos, que han dejado al descubierto los problemas que suscita la especulación inmobiliaria y el tráfico de influencias. Algo inesperado para Andrónico Luksic, el hombre que según la revista Forbes es el más rico de Chile, quien ha tenido que ir también a prestar declaración a la fiscalía en Rancagua, en la que reconoció haberse reunido en ocho oportunidades con Natalia Compagnon.
Desde luego, el caso Caval —que se destapó en febrero de 2015— ha sido lo más duro y negativo para la primera mujer presidenta de Chile, cuya imagen se ha visto golpeada por las andanzas mercantiles de su nuera y su hijo.
RESTABLECER CONFIANZAS
La instalación hace diez años de la reforma procesal penal y con ello la existencia en Chile del Ministerio Público y los fiscales es, sin duda, uno de los elementos cruciales que vino a remecer el tablero. Lo sucedido a partir de mediados del año 2014, cuando el hilo del escándalo del FUT llevó al fiscal Carlos Gajardo hasta Penta y después a Soquimich, se ha convertido en un hecho con todavía impredecibles consecuencias que debieran llevar a cambiar las relaciones entre dinero y política si se quiere construir de verdad una democracia.
El equipo encabezado desde febrero directamente por el fiscal nacional Sabas Chahuán alentó una esperanza dentro de todo este complejo juego que habla de incestuosas relaciones entre dinero y política.
Lo que ha estado pasando con la información en los medios de comunicación —incluida la internet y redes sociales— en el oxigenado ambiente posterior a 2011 ha significado también un avance inédito.
Hay que esperar que el tesón de fiscales y periodistas se mantenga para limpiar todo lo necesario y llegar a esclarecer hechos, detectar verdades y problemas y sancionar lo que corresponde. Y que diputados, senadores y dirigentes no persistan en defensas corporativas tan fuertes como las que se han visto en los últimos meses. Sin eso será imposible pretender construir una democracia sobre bases sólidas y recuperar las confianzas perdidas.
Tal vez si todo eso ocurriera se podría llegar a estar algún día tan orgullosos por el país como ese sábado 4 de julio cuando todo Chile vibró celebrando el gran triunfo que ungió a la selección chilena como campeona de América. Un título que nunca antes había logrado.
Hasta en las declaraciones de los jugadores recién después del partido contra Argentina se deslizaban frases que aludían a los difíciles momentos que ha vivido el país en estos meses.
Se echa de menos en la política ese espíritu transparente y no contaminado. Con sentido de equipo y dispuestos a protagonizar grandes proezas, con la serenidad del capitán Claudio Bravo, el mejor arquero de la copa y del fútbol español. Con la solidez y la garra de Gary Medel y la visión de conjunto y el saber jugar de todo el equipo dirigido por Jorge Sampaoli.
Un poco de todo eso se requiere para romper las cadenas del pasado.