Desde marzo de 2015 empezaron a aparecer nombres de personajes políticos contaminados con boletas o facturas, en apariencia para campañas políticas, y ya a fines de marzo y comienzos de abril la olla se destapó con más fuerza. Primero se habló de unos cinco mil millones de pesos, luego la suma fue subiendo a siete mil, a diez mil y hasta bordear los quince mil millones. Asimismo, al comienzo los pagos sin respaldo, o con dudosa justificación, parecían venir solo desde SQM, la matriz del holding. Después empezaron a aparecer filtraciones que hablan de las filiales: Soquimich Salar, Soquimich Industrial, Soquimich Comercial.
Hasta ahora no hay una sola cifra que englobe todo lo que fueron esas inversiones «en política» o en «influencias» o traspasos de recursos a su círculo que se efectuaron desde el imperio del ex yerno de Pinochet. De lo que él dice saber poco o nada.
En esos días de abril de 2015 La Tercera, El Mostrador, The Clinic on line y Ciper anunciaban montos y nombres como en una ola que no tenía fin. Entre estos apareció un reportaje en Canal 13.cl —la versión digital de la estación televisiva— de la periodista Catalina Rojas, que en esa época trabajaba en ese canal.1 Me llamó la atención porque el artículo entregaba un resumen de más de veinte de los principales favorecidos —o implicados— con boletas y facturas, que presentaba algunos datos distintos. Me reuní un tiempo después con ella y me contó que los antecedentes para esa información los obtuvo de una base de datos que llegó a sus manos bajo el sugerente nombre de Pandora.
Al parecer, esa lista no había pasado en ese momento por el filtro de Impuestos Internos ni había sido entregada a la fiscalía. Eso lo verifiqué después al tener acceso a la lista de pagos que elaboró un comité de la misma empresa en marzo.
Pandora es una larga base de datos con más de cuatro mil quinientas entradas referida solo a la empresa Soquimich; no incluye a ninguna de las filiales. Los antecedentes son más precisos que los que se conocían por aquel entonces en los medios, pero abarca solo desde 2009 a 2013, con los respectivos meses en que fueron emitidas las boletas o facturas y los RUT (Rol Único Tributario) de los contribuyentes. Catalina Rojas había obtenido algunos de esos RUT y entregó un resumen de los que advirtió como los principales. Por mi parte, seguí identificando nombres de personas naturales y sociedades, a través de distintos procedimientos: Servicio de Registro Civil, para dar con el nombre de las personas a partir del RUT, Diario Oficial u otras informaciones aparecidas en internet.
La mayor parte de los RUT coincide con lo que ha aparecido desde abril en los medios de comunicación, aunque en algunos casos los montos son superiores y también figuran algunos nuevos «boleteros», no solo los que tienen evidentes conexiones políticas, sino también personas y personajes del entorno de Ponce Lerou. Pero si bien aquí estaría la parte principal de la inversión efectuada por el ex yerno de Pinochet y Patricio Contesse en asesorías y contactos políticos, no está todo. Como señalaba, en esta lista no está considerado el año 2014. Y tampoco están las donaciones y gastos efectuados a través de las filiales, en particular Soquimich Salar, que ha sido la más bullada por las platas políticas que habrían estado destinadas a campañas y precampañas, donde aparecen las figuras de Giorgio Martelli, y su conexión con el ex ministro Rodrigo Peñailillo, y de Cristián Warner, el ex brazo derecho de Marco Enríquez-Ominami.
Al revisar el largo Excel Pandora, llama la atención que en muchas oportunidades aparece cero (0), en lugar de la cifra por la posible boleta. Esto podría significar que fueron documentos anulados, pero resulta extraña tanta acción de esa índole. Cabría la pregunta también de si se borraron las cifras con algún propósito antes de enviarlas al SII o de entregarlas al Ministerio Público.
Otra cosa que no se puede saber con certeza es si había contratos de honorarios o de servicios por esos pagos. En muchos casos se puede concluir que se trata de dineros para campañas políticas entregados por la empresa matriz del imperio del ex yerno de Pinochet. En otras situaciones son pagos por algún tipo de servicio o «asesoría» que ha permitido a Ponce Lerou mantener su poder o armar mejor sus negocios. Por eso, se puede observar que no todos los receptores de esos dineros son parlamentarios o recaudadores.
Lo que es común a todas esas boletas o facturas ideológicamente falsas o con insuficientes respaldos es que SQM cargaba esos pagos a gastos, con lo que —lo mismo que Penta— pagaba menos impuestos. Es decir, la máquina para defraudar también operaba a todo motor.
Pude verificar también al revisar las Memorias de SQM de los últimos años que en ninguna de ellas hay referencia a estos servicios reales o supuestos, a estos RUT ni a las sumas involucradas. Ni siquiera cuando se trata de elevadas cantidades, como las pagadas en forma constante —aunque con montos diferentes en algunos casos— a algunos personajes que serían «asesores» habituales que han desempeñado un papel clave en los últimos años para Julio Ponce Lerou: el ex ministro secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin y lobbysta Enrique Correa Ríos; el estudio de abogados Calderón & Asociados, encabezado por su amigo de décadas Darío Calderón, y los suculentos pagos al filósofo DC Marcelo Rozas y su familia, quien desde que en 1990 junto a su esposa se compró la revista Hoy dio tribuna y consejo al principal dueño de Soquimich.
Todos ellos tienen en común su influencia y amistades en sectores de la antigua Concertación. Y por diferentes razones han sido durante años muy cercanos a Julio Ponce Lerou. Constituyen —sin duda— puntales clave en el cerco de protección que construyó paso a paso para blindar sus empresas y su botín, aunque no hayan formado abiertamente parte de las decenas de directorios del holding.
Pero las dádivas de Ponce Lerou también han sido muy significativas para la derecha, partiendo por el círculo más estrecho del propio Ponce Lerou o de personajes como el abogado Roberto Guzmán Lyon, que a través de sus sociedades también ha obtenido buenos dividendos. Las figuras del ex diputado de la UDI Cristián Leay y del ex ministro y senador del mismo partido Pablo Longueira sobresalen entre los beneficiados con los generosos aportes del principal dueño de Soquimich, pero también están las boletas entregadas a empleados, secretarias y júniors de sus círculos. Y aunque hasta ahora lo ha negado, entre los beneficiarios estaría el propio ex presidente Sebastián Piñera.
Un caso llamativo, asimismo, ha sido el del ex vicepresidente de Renovación Nacional Claudio Eguiluz, quien hizo todos los intentos de rebelión contra el Ministerio Público y los tribunales de justicia, pero al final tuvo que afrontar su formalización.
Tuve también acceso al Informe del Comité Ad hoc de Gastos de Gerencia General de SQM elaborado en marzo de 2015. En ese documento se señala que se abarca el período 2009-2015, pero en realidad la información solo llega hasta 2014 por razones obvias: recién empezaba el año 2015 cuando fue elaborado. En general hay similitud con la base Pandora, sobre todo respecto de los nombres de los involucrados. El trabajo de ese Comité, que advierte su condición de «borrador», incluye 276 casos y la suma total llega a casi trece mil cuatrocientos millones de pesos en boletas y facturas sin suficientes respaldos. De estos, el informe calificó más de cuatro mil millones y medio como de «alto riesgo». Dejó aparte sin analizar cerca de dos mil millones de pesos distribuidos a una docena de estudios de «abogados conocidos por SQM».
PAGOS A ENRIQUE CORREA
El más suculento pago que logré descifrar en la larga lista de Pandora, que incluye 4.865 boletas o facturas que no aparecen en memorias ni otros registros de la empresa SQM, corresponde a la empresa Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa (RUT 77.902.230-7). Se trata de la empresa de asesoría del lobbysta y poderoso ex ministro secretario general de Gobierno Enrique Correa Ríos, creada en 1996. Las modernas y elegantes oficinas están ubicadas en el piso 24 del edificio de Providencia 1760, con la avenida Carlos Antúnez.
Según esta nómina, la sociedad de Enrique Correa recibió entre 2009 y 2013 un total de 877 millones de pesos brutos. De esa suma, la mayor parte se facturó en 2013, cuando aparece con 545 millones de pesos.
Aunque la suma a simple vista se ve excesiva para una asesoría, no está claro si corresponde a un servicio estable que mantiene Correa con Ponce Lerou desde los años noventa. O si incluye sumas extra por una mayor dedicación a partir del caso Cascadas. O incluso podría tratarse de algún aporte político para candidatos de confianza del ex ministro. El total de facturas sería 107, pero de ellas 38 aparecen con valor cero, lo que aumenta los interrogantes.
En la lista del Informe Ad hoc de SQM a la que también accedí, Imaginacción Asuntos Públicos aparece con algo menos, pero siempre con sumas elevadas: 832 millones de pesos por «servicios entre abril de 2009 y noviembre de 2015». No se especifica si es bruto o líquido, y se le califica como «de bajo riesgo». En una tabla se lee al lado: «Empresa conocida, servicio permanente a don P. Contesse».
EXPLICACIONES PARA EL LOBBY
La periodista Lenka Carvallo entrevistó a Enrique Correa en mayo de 2014 en revista Caras. «Hoy la relación más complicada para Correa no estaría en lo familiar sino en su vinculación con SQM. Incluso se comenta que él y Julio Ponce Lerou serían supuestamente amigos», sostiene la periodista, quien recuerda un comentario de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, a propósito del caso Cascadas, en un debate televisivo efectuado en octubre de 2013. En aquella oportunidad la ex candidata planteó: «Me llama la atención que todos los parlamentarios de la Concertación hayan enmudecido frente a este caso. ¿Tendrá que ver con que, aparentemente, la persona que lleva las relaciones en el caso Cascadas es Enrique Correa?». Lenka Carvallo recuerda que después de esas palabras fue Carlos, el hijo del ex ministro, que era el gerente de Imaginacción hasta ese momento, quien reconoció que tenía la cuenta de SQM, aunque precisó: «Pero SQM y cascadas son empresas distintas».2
El propio Enrique Correa insistió en la entrevista de Caras en esa diferencia: «Es necesario hacer una distinción. Efectivamente una de nuestras empresas (Imaginacción Asuntos Públicos) tiene un contrato con SQM. Trabajamos en sus comunicaciones y hemos sido muy rigurosos “y así también nos lo ha pedido el propio gerente general” en distinguir la asesoría a SQM respecto de los desarrollos de Julio Ponce, el controlador, y sus sociedades cascadas. Ahí no tenemos nada que ver».
Le preguntó también la periodista a Correa sobre la relación de amistad que tendría con Ponce Lerou: «Tengo relaciones muy cordiales con todo el mundo, tanto en la política como en las empresas. Ahora, si usted quiere saber, yo hago una separación bastante precisa entre esas relaciones profesionales y mis amigos, que son un asunto más personal, con los que tengo una larga historia en común, como José Miguel [Insulza] o José Antonio [Viera-Gallo]», respondió.
—Llama la atención que aceptara asesorar a una empresa como SQM considerando la historia que hay detrás. Julio Ponce ha sido muy criticado por cómo hizo su fortuna: el yerno de Pinochet era gerente general de la Corfo, y según investigaciones periodísticas, fue así como se fue apropiando de Soquimich —le planteó Lenka Carvallo.
—O sea, nuestra relación profesional es con SQM. Firmamos los contratos según el mérito de los trabajos que nos piden y nadie nos ha hecho nunca un encargo impropio —argumentó Enrique Correa en esa oportunidad.
—Mi pregunta es otra. Me refiero a cómo usted aceptó representar a una empresa cuyos orígenes no son muy claros —insistió la periodista.
—SQM es una empresa chilena que funciona con apego a la ley y a las regulaciones, tiene a sus directores constituidos, está abierta a la Bolsa. Así que le repito: recibimos a nuestros clientes y resolvemos los contratos de acuerdo al mérito de los encargos que nos hacen —respondió el ex ministro.
EL MÍTICO LOBBYSTA
Enrique Correa Ríos, nacido en Ovalle y ex alumno de una escuela pública y de liceo en su ciudad de origen, estudió Filosofía en la Universidad Católica, después de pasar un tiempo en el Seminario. Ingresó a la Democracia Cristiana a los doce años y fue presidente de la JDC en los sesenta; integrante del grupo fundador del MAPU al comenzar los setenta, estuvo exiliado en la Unión Soviética y en Alemania Oriental después del golpe; volvió clandestino a Chile al comenzar los ochenta hasta que el 83 fue autorizado oficialmente para volver. Acérrimo opositor a la dictadura, fue el coordinador general del Comando del No para el plebiscito de 1988 y el primer ministro secretario general de Gobierno de la transición a la democracia.
Cuando terminó el Gobierno de Patricio Aylwin, siguió cultivando su rol de nexo y hombre clave en diferentes áreas. Su inteligencia —que le reconocen amigos y adversarios— y sus contactos lo llevaron por otras aguas. Fue así surgiendo el personaje del lobbysta por excelencia, sumido entre las bambalinas de los intereses privados, pero —y ese es un rasgo curioso— sin abandonar parte de sus afinidades políticas de aquellos años de rebeldía. Dicen, por ejemplo, que junto con recibir grandes sumas de los grupos económicos y empresas que asesora, realiza también «actividad pro bono» —es decir sin cobrar— a sus amistades políticas. Entre otros y otras, se le considera cercano a la ex senadora democratacristiana Soledad Alvear y a la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende. A ambas las ha apoyado en sus campañas.
Un cuarto de siglo después del comienzo de la transición, Correa se ha convertido en un personaje mítico. En un símbolo del poder fáctico, omnipresente en todos los campos de la vida chilena donde se deciden cuestiones de interés nacional. Consejero de señores y señoras de alta influencia, de cardenales, obispos y empresarios, sus redes parecen no tener límites.
Aunque su firma ni él abundan en detalles sobre los clientes que tiene Imaginacción, se ha conocido que mantiene sus asesorías al imperio Soquimich y también al grupo Penta. Asimismo, es consejero de Rodrigo Peñailillo, a quien apoyaba en su gestión en La Moneda durante el año que permaneció en el Ministerio del Interior.
La empresa de Enrique Correa se ha esmerado en mantener bajo confidencialidad a su clientela, «pero sus nombres se han filtrado en diversas investigaciones periodísticas: Blanco y Negro, la Asociación de Clínicas, Anatel, Universidad Santo Tomás, Aguas Andinas, Claro, el grupo Mall Plaza, el Banco Central, TVN, el Puerto de Antofagasta, Nextel, SQM, Cruz Blanca, Consalud, CCU y Tecnorec», anotaba en octubre de 2014 un reportaje de Nicolás Sepúlveda en El Mostrador.3 Se pueden agregar también otras empresas que han sido sus clientes como Almacenes París, la AFP Habitat, Colbún y Córpora Tres Montes, entre otras de las más connotadas.
El trabajo de su empresa lo realiza con un equipo de periodistas, sociólogos y analistas. Su hijo Carlos Correa Bau fue el gerente general hasta que fue nombrado subdirector de Comunicaciones y Cultura (Secocu) de La Moneda en marzo de 2014. Después incluso estuvo como director interino desde marzo de 2015 —cuando renunció la periodista Paula Walker— hasta julio pasado. En reemplazo de Correa Bau asumió como gerente de Imaginacción el ex secretario general de la DC Moisés Valenzuela, quien es muy cercano a Gutenberg Martínez y a la ex senadora Soledad Alvear. El ex director de la Secocu Juan Carvajal, militante socialista y conocido de Correa desde los tiempos del exilio en Alemania Oriental, es hoy uno de los más influyentes integrantes de Imaginacción.
ENTRE CARDENALES
El papel que ha tenido Enrique Correa con sus asesorías al ex yerno de Pinochet y su staff directivo parece clave en esta historia, como al parecer lo es para los cardenales cuando quieren influir ante el Gobierno, como quedó en evidencia en septiembre cuando El Mostrador dio a conocer el insólito intercambio de e-mails entre el ex arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz y el actual Ricardo Ezzatti.
Los altos jerarcas de la Iglesia católica recurrieron a Correa antes que a nadie para frenar el nombramiento como capellán de La Moneda del sacerdote jesuita Felipe Berríos y dejar sin participar en una comisión vaticana a Juan Carlos Cruz, víctima del cura Fernando Karadima.
Con similar óptica, Julio Ponce Lerou, Patricio Contesse y los directivos de SQM han visto en el ex ministro de la transición un hombre de alta influencia que puede darles protección y apoyo para que sus negocios resulten a su manera. Parece claro que el trabajo de Enrique Correa en torno a este y otros holdings va mucho más allá de un apoyo comunicacional. Ha sido un consultor político cercano y un nexo entre los grandes grupos económicos y el en un principio esquivo mundo de los que fueron opositores a la dictadura.
Nunca Enrique Correa ha figurado en un directorio de las empresas de papel o de las operativas controladas por Julio Ponce Lerou, pero se ha mantenido cerca, más aún en tiempos críticos. Tras estallar el caso Soquimich propiamente tal, trascendió que habían cortado sus servicios, pero todo indica que estos han continuado.
MARCELO ROZAS Y SU FAMILIA
Entre los democratacristianos encabeza la lista de proveedores de boletas entregadas a Soquimich un personaje que los antiguos DC conocen muy bien: Marcelo Abraham Rozas López.
De acuerdo a lo revisado en las bases de datos de SQM, Rozas habría recibido 436.666.653 pesos bruto entre 2009 y 2013. Cada uno de esos años le pagaban dos boletas al mes: una por un monto de cinco millones de pesos y otra por 2.222.222 pesos bruto para dar un líquido de dos millones. En total, tenía un virtual «sueldo» mensual de más de siete millones de pesos, durante esos años, como lo denotan 122 boletas.
Pero eso no es todo. Michelle Reymond Larraín, la señora de Marcelo Rozas, ha sido otra emisora importante de boletas de SQM: en el período observado, ella emitió 66 boletas por un total de 144.444.430 pesos. Recibía por este ítem un «sueldo» de 2.222.222 pesos en forma estable, de la empresa matriz controlada por Julio Ponce Lerou. El mayor de sus hijos, Daniel Rozas Reymond, periodista y documentalista, ha sido también parte de este fructífero negocio: figura con ciento cincuenta millones de pesos de ingreso en esos años y sesenta boletas de dos millones y medio cada una, también entregadas cada mes, como si fuera un sueldo.
En total los Rozas Reymond suman en solo cuatro años un ingreso «boleteado» de 729.222.194 pesos. Es decir, más de un millón de dólares, entre los años 2009 y 2013. Y respecto al pasado, como se recordará, la fiscalía solo ha investigado hasta 2009, ya que los delitos tributarios anteriores estarían prescritos. Pero hay pistas que indican que los pagos pueden ser bastante anteriores y habrían continuado en 2014.
«A Marcelo Rozas López lo conozco hace muchos años, porque era director de la revista Hoy. Me hice amigo de él, tengo permanentes conversaciones con él», dijo Julio Ponce Lerou a la fiscalía en su declaración del 23 de marzo de 2015. La afirmación es una excepción respecto a la gran mayoría de los otros casos de los cuales el ex yerno de Pinochet dijo no saber nada. La pregunta es qué servicio le prestaba Rozas y su familia a Ponce Lerou para merecer tan elevada retribución sin aparente justificación.
En las declaraciones que el mismo Marcelo Rozas efectuó ante la fiscalía en marzo puede estar parte de la respuesta. Según lo consignó el diario La Tercera en una crónica de Sebastián Labrín,4 el propio Rozas habría señalado que con el correr del tiempo «fue creando una cierta amistad y confianza profesional» con Ponce Lerou.
Las asesorías de Rozas a SQM habrían comenzado en 1997, de acuerdo al mismo artículo, «debido al proceso de adaptación que presentaba la empresa con el retorno de la democracia». Explicó ante la fiscalía que «al principio fue un contrato verbal, que se transformó en escrito».
«Mi trabajo se traduce en la obtención de información y poder transmitirla a los controladores de la empresa. Esto se informa de manera verbal al gerente general y al presidente del directorio», indicó en su declaración en fiscalía. Años más tarde, su esposa y su hijo Daniel también se sumaron a la beneficiosa relación con SQM.
Marcelo Rozas agregó —refiriéndose a Ponce Lerou y a Patricio Contesse— que «una vez a la semana iba a conversar con «cada uno de ellos […] a su oficina. Así también tengo contacto telefónico a diario en, al menos, tres ocasiones, los siete días de la semana».
Por lo que se desprende de sus declaraciones y de los números que aparecen en la base de datos Pandora y en el informe del Comité Ad hoc de la empresa, él, su esposa y su hijo Daniel emitían, cada uno, una boleta mensual a SQM en los últimos años. En algunas ocasiones entregaban más de una. Rozas agregó que a partir de este año 2015 su esposa Michelle Reymond decidió no emitir más boletas, «por lo que yo mismo he debido emitir por ella», y que solo a partir de 2014 Soquimich le pidió acompañar sus asesorías con informes.
El mismo 27 de marzo cuando declaró Marcelo Rozas, acudió también su hijo Daniel, quien —como consta en su currículo— afirmó en la fiscalía que trabajó como asesor del Ministerio del Interior y en la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. Después en 2005 viajó a España a cursar un máster y en 2009 colaboró con el diario La Nación. «Ese año —dijo en su declaración— recibí una oferta de mi padre para que, en conjunto con mi madre, realizáramos consultorías intelectuales para SQM.» Según explicó, su trabajo consistía «en realizar informes diarios de prensa, recopilar y evaluar a los medios de comunicación en materia social, política y cultural. Dichos informes eran canalizados en reuniones diarias realizadas con mis padres».
La Tercera indica que la versión de Daniel Rozas coincide con la del padre, quien también afirmó que estos «servicios» eran «entregados por mi padre, constantemente de manera verbal». Daniel Rozas actualmente vive en Santiago y declaró no tener militancia política ni haber participado en campañas. Marcelo Rozas también aseguró que «todos los dineros obtenidos son destinados a gastos de la familia, en ningún caso para terceros o campañas políticas».
PLUMONES NEGROS EN LA RADIO BALMACEDA
No es primera vez que Marcelo Abraham Rozas López está en el foco de la polémica. Su trayectoria en la DC ha sido controvertida.
Hijo de Abraham Rozas Hechenheitner y de María Victoria López Alcayaga, estudió Filosofía en la Universidad Católica, de donde egresó al comenzar la década de los setenta.
Muchos testigos de esa época lo recuerdan a él y a su entonces «polola» Michelle Reymond Aldunate como guardaespaldas del ex senador Renán Fuentealba, quien fue presidente del Partido Demócrata Cristiano hasta mediados de 1973, cuando lo sucedió en el mando Patricio Aylwin.
Cuando se formó el MAPU, con fuerte raigambre en la Universidad Católica, Marcelo Rozas fue de los que se quedó en la Democracia Cristiana Universitaria, DCU, y en la Juventud Demócrata Cristiana, JDC, siempre en la misma senda que su amigo Gutenberg Martínez y la ex ministra Soledad Alvear, que estudiaron Derecho en la Universidad de Chile.
En los años duros, la imagen de Marcelo Rozas López no queda bien parada en la memoria de los periodistas. Menos aún para los que vivieron la historia de la Radio Balmaceda, del Partido Demócrata Cristiano, que jugó un rol fundamental en la denuncia de los atropellos a los derechos humanos en los primeros años después del golpe. Fue la primera en hablar de detenidos desaparecidos, y los presos políticos han contado después que la escuchaban en sus lugares de reclusión. Sus comentarios y sus notas económicas y laborales ponían un acento crítico que causaba las iras del Gobierno militar.
En ese contexto entre clausura y amenazas, Belisario Velasco Baraona, su gerente, quien después llegaría a ser ministro del Interior en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, fue relegado a la localidad de Putre, en el extremo norte del país, en abril de 1976. El director de prensa era el periodista Ignacio González Camus, quien después fue el primer presidente nacional del Colegio de Periodistas elegido bajo dictadura en 1984.
«Rozas fue nuestro censurador en la radio desde mediados de 1976 hasta octubre de ese año, cuando nos echaron a todos los periodistas del equipo que dirigía Ignacio González. Finalmente la radio fue clausurada en enero de 1977, no por alguna información en particular, sino que la dictadura se basó en un Decreto Ley que puso fin a la legalidad de todos los partidos políticos, y la concesión de onda de Balmaceda estaba a nombre del PDC», recuerda Patricio Vargas, uno de los periodistas de la radio en ese entonces. «A nosotros como equipo de prensa se nos acusó de querer estrellar la radio y provocar su cierre», anota Vargas. «Nos echaron el 11 de octubre de 1976 y tres meses después la cerraron.»
Según Patricio Vargas, Rozas era un tipo «amatonado»; esa fama la arrastra desde la Universidad Católica. «El día que nos echaron de la radio —en carta firmada por él y por José Miguel Fritis, quien murió en 2009—, en un pasillo, frente a los teletipos, casi se agarra a combos con Ignacio [González]. Giacomo Marasso y yo los separamos», dice Vargas.
«Rozas usaba unos plumones negros para censurar nuestros libretos antes de salir al aire, iban en un original con dos copias, para dos locutores y el radiocontrolador. A veces, la cosa se complicaba cuando censuraba las “cuñas” o grabaciones de entrevistados», recuerda Patricio Vargas.
Ignacio González Camus entrega más detalles de esa época negra para los periodistas en una historia de esa emisora entre el golpe militar y su clausura definitiva, que acaba de publicar en internet.5 Marcelo Rozas llegó a hacerse cargo de la radio, encabezando lo que Ignacio González define en su libro como «el asedio de los guatones», como era conocido el sector más moderado de la DC.
Junto con cambiar la línea editorial de la radio —dice González—, «Rozas, que examinaba y autorizaba la salida del material que el Departamento de Prensa entregaba para los informativos, hacía funcionar sin asco el plumón y el canasto de la basura […] desde el momento de su llegada».
El ex director de prensa que fue degradado por Rozas a jefe de prensa a secas anota una bitácora de censuras efectuadas por quien después llegó a ser cercano asesor de Julio Ponce Lerou. Entre las noticias censuradas, Ignacio González describe: «Eliminó numerosas crónicas sobre problemas de trabajadores […] Descartó noticias emanadas de gobiernos occidentales que resultaban adversas para la dictadura de Pinochet y que eran reproducidas por otros medios […] Eliminó la información sobre la asistencia del ex ministro Jaime Castillo Velasco, vicepresidente de la DC en el exilio, a los funerales del ex canciller Orlando Letelier, en compañía del vicepresidente de la Social Democracia chilena, Eugenio Velasco, también exiliado».
Asimismo, indica González que Marcelo Rozas censuró discursos de altos dirigentes de la DC que no eran «guatones», por ejemplo del ex vicepresidente del Senado Ignacio Palma —el padre del economista Andrés Palma y de la actriz Ana María Palma—, del ex senador Rafael Moreno, y del dirigente sindical y ex diputado Manuel Bustos.
En otro pasaje relata que tras el despido de siete reporteros le informó que ya no sería más jefe de prensa, sino solo un periodista. Ignacio González Camus lo increpó. «El director responsable me cogió la muñeca izquierda con su mano derecha y comenzó a apretarla, con una suerte de sonrisa, en una demostración de sus habilidades de karateca, incluso sin mover el cuerpo. Cuando estábamos a punto de trenzarnos en una pelea, Giacomo Marasso y Felipe Pozo nos separaron». La Radio Balmaceda fue silenciada en 1977.
LOS «SALVADOREÑOS»
«En 1978, de la mano de su entonces amigo José Miguel Fritis, Rozas empezó una nueva aventura de diez años que marcaría a fuego su biografía humana y política. Ese año, la DC Internacional le ofreció a Fritis y a su grupo apoyar al Gobierno democratacristiano de Napoleón Duarte en El Salvador. Pero esta misión incluía trabajar con la embajada norteamericana y soterradamente con la CIA, lo que alimentó el mito de que eran pagados por ese organismo de inteligencia»,6 señala una crónica publicada en la revista Cosas sobre Marcelo Rozas y su relación política con Soledad Alvear en mayo de 2007, cuando la ex senadora era una posible carta presidencial.
El artículo se refiere a los «salvadoreños», el grupo que encabezaba Rozas junto a José Miguel Fritis y que asesoraba al Gobierno de Duarte en El Salvador. «Rozas se encargaba de asesorías políticas y comunicacionales; así, mientras creaba medios de comunicación y daba consejos a los partidos políticos salvadoreños, se reunía con representantes norteamericanos y viajaba a Washington». Según la versión de Fritis —recogida por la revista—, «los análisis políticos de Rozas en muchas ocasiones convencieron a los norteamericanos. En un momento, el joven chileno se empecinó en demostrarles que la guerrilla que luchaba en contra del Gobierno sandinista en Nicaragua tenía nexos con el narcotráfico y que escondía muchas de las armas que les pasaba Estados Unidos. Para comprobarlo, el mito dice que Rozas se hizo pasar por periodista y recorrió el cuartel de los “contras”, chequeando de esta forma su teoría».
Pero Marcelo Rozas continuó su ruta de comunicador. Justo al comenzar la transición, él y su mujer Michelle Reymond compraron la revista Hoy a Emilio Filippi, Juan Hamilton y a los periodistas que quedaban como socios de ese semanario, que había nacido en junio de 1977, el mismo año que moría la radio Balmaceda. Estuvo al timón de Hoy hasta mediados de los noventa, cuando la traspasó a un grupo empresarial en el que estaba el ex ministro de Pinochet Sergio Melnick. En esa época se originó su amistad con Julio Ponce Lerou, quien avisaba en la revista.
En el año 2000 Ricardo Lagos nombró ministra de Relaciones Exteriores a Soledad Alvear y juntos designaron a Marcelo Rozas como director de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI). «Si Soledad Alvear llegara a La Moneda y armara su equivalente al segundo piso —sector que reunía a los asesores más escuchados por el presidente Ricardo Lagos—, sin duda el integrante más importante de ese grupo sería Marcelo Rozas. Las personas en las que la “Chol” más confía son Gutenberg y Marcelo», afirma, sin temor a equivocarse, un conspicuo miembro del círculo alvearista, decía Cosas en 2007. Pero eso no ocurrió y llegó a la Presidencia Michelle Bachelet.
Marcelo Rozas fue nombrado embajador en la República Checa. Estuvo ahí hasta marzo de 2009, cuando después de una polémica columna que escribió en la revista Capital, con una crítica frontal a la «Cumbre progresista» que se efectuaba en esos días en Viña del Mar, la presidenta Bachelet le pidió la renuncia. «El mundo político-económico, que desde la caída del muro son la misma cosa, tiene dos eventos, dos espectáculos. Uno es Davos y el otro la reunión de líderes progresistas que antes se llamaba La Tercera Vía y ahora lleva el pomposo título de Gobernanza Progresista […] No vamos a avergonzar al lector con los lugares comunes de esta decadente izquierda sin ideas, que quiere conciliar el liberalismo con un cierto buenismo, cuyo mejor resultado podríamos llamar socialismo de balneario», había escrito Marcelo Rozas.
Cuando el periodista Mario Gálvez, de El Mercurio, le preguntó sobre el hecho, Rozas respondió enfático: «Me parece algo intolerante que saquen a una persona del cargo porque opina en forma distinta».7
EN LAS PROFUNDIDADES DEL IMPERIO
Hay nombres poco conocidos entre los que la prensa filtró desde el verano de 2015 como favorecidos con pagos por debajo de la mesa de Soquimich. Algunos son operadores de alto vuelo que han permitido al ex yerno de Pinochet diseñar fórmulas y ejecutarlas para que siguiera incrementando su fortuna y la de sus hijos. Son los que saben de sus secretos financieros y de sus inversiones en sociedades y fideicomisos de ultramar.
Luis Saldías Varas es uno de ellos. Contador de profesión, aparece muy comprometido con las boletas y facturas que firmó en los últimos años, en provecho propio y de su familia, además de haber sido un personaje fundamental en los manejos de las cascadas y de otras sociedades más recónditas. Fue formalizado el 30 de abril de 2015, junto al ex gerente del holding SQM Patricio Contesse y al abogado Roberto Guzmán Lyon. Era la primera formalización referida al caso Soquimich propiamente tal.
El trío era parte del grupo de extrema confianza de Julio Ponce Lerou. Guzmán y Saldías colaboraban en las secretas operaciones de sus sociedades que se movían tras las bambalinas de SQM; participaban en las cascadas e incluso más allá de ellas, bajo la conducción de su dueño principal. Por lo que se advierte, eran los custodios de mantener a buen resguardo y acrecentar la fortuna que Ponce Lerou fue acumulando desde los tiempos en que su suegro era el dictador.
«Salpicado por las cascadas», tituló en 2013 la revista Capital una crónica sobre Roberto Guzmán. La frase hoy parece suave al aludir a este abogado de casi setenta años, amigo de Ponce Lerou que disfruta o disfrutaba de la vida y su gran fortuna, hasta que le cayeron las investigaciones de la Superintendencia y del Ministerio Público sobre su cabeza y lo atrapó la avalancha de cargos y acusaciones. Hoy, sin dudas, está mucho más que salpicado.
Ex alumno del San Ignacio de Alonso Ovalle y de la Universidad Católica, Roberto Guzmán Lyon fue compañero de curso en los años sesenta de Jaime Guzmán Errázuriz, de Jovino Novoa y de Máximo Silva Bafalluy, como recuerda Capital.8 Pero él no optó por la política, como los fundadores del gremialismo. Su ruta fue la de los negocios, de las sociedades de papel y de los paraísos tributarios, donde se pierde la pista de los socios y se pagan menos impuestos.
Gran señor en Zapallar, el apreciado balnerario de la costa norte de la región de Valparaíso, Roberto Guzmán Lyon mantiene un espectacular parque junto a su casa en esa comuna. La propiedad de dos hectáreas y media fue antes de la familia Ossandón y él la transformó a su gusto, como señala el artículo aludido. «En sus jardines hay varias especies nativas e introducidas, que conviven con diferentes tipos de aves exóticas, entre pavos reales y gallinetas.»
Levantó, además, «una construcción de estilo contemporáneo, tipo loft, en hormigón revestido en piedra, que fue remodelada por el arquitecto Nicolás Lipthay». En ese pabellón instaló su biblioteca «de más de seis mil ejemplares que ha coleccionado a lo largo de su vida y que antes tenía en el fundo familiar que habitó hasta 1978 en Villa Lo Campino, en Quilicura», dice Capital. Es una de las aficiones comunes del abogado Guzmán con Augusto Pinochet. Él fue cercano al dictador y su familia, y en los ochenta conoció a Ponce Lerou.
PAGOS «ATÍPICOS»
Roberto Guzmán Lyon, protagonista castigado por el caso Cascadas, recibió casi 142 millones de pesos con dudoso respaldo, según el informe de marzo de 2015 del Comité Ad hoc de SQM, a través de la sociedad Guzmán y Manríquez Limitada (RUT 78.893.5501). La suma es similar a la que se observa en la lista de Pandora, que alcanza a 155 millones de pesos en boletas entregadas entre enero de 2009 y octubre de 2013. Un mes antes la SVS le aplicó una fuerte multa, debido a las operaciones en las cascadas.
Sus servicios fueron considerados en la revisión de SQM «atípicos» y de «mediano riesgo» por el comité de la empresa. En las observaciones, el informe agrega que la «sociedad de Roberto Guzmán Lyon pasó a Grandes Contribuyentes en el marco del caso Cascadas». Y lo califica como «abogado conocido». Los honorarios fueron todos por la misma cantidad, como que si se tratara de un sueldo fijo de tres millones trescientos mil pesos mensuales, de acuerdo al archivo Pandora.
No queda claro —ni se especifica— si esos pagos se originaron en servicios personales prestados por Guzmán Lyon a su amigo Ponce Lerou, a su familia, a las cascadas o al holding. Lo cierto es que aparecen en estas listas de Soquimich, pero sin ninguna alusión a ellos en las memorias de la empresa.
El ex yerno de Pinochet ha dicho más de una vez que Roberto Guzmán ha sido abogado personal suyo. Su amistad es antigua y cercana. Guzmán comenzó a asesorar a Ponce Lerou antes de la privatización de Soquimich en los ochenta. Y continuó junto a Julio Ponce Lerou en el submundo de las operaciones financieras de las sociedades de papel que contribuyó a forjar.
El documento que bajo el rótulo de Reservado 635 emitió la Superintendencia de Valores y Seguros el 6 de septiembre de 2013, en el que formuló cargos contra Roberto Guzmán Lyon por el caso Cascadas, revela los alcances de esa estrecha relación de Ponce Lerou con Guzmán y Luis Saldías Varas.
LOS «APODERADOS»
Además de las sociedades de inversiones SQYA e Inversiones SQ, propiedad de Ponce Lerou, y a través de las cuales controla las cascadas e indirectamente SQM, «el señor Julio Ponce Lerou es el controlador de las sociedades Inversiones del Sur S.A. (antes Inversiones del Sur Limitada) e Inversiones Hoca S.A. (antes Inversiones Hoca Limitada)», indica la SVS en su informe.
Según la Superintendencia, al menos hasta octubre de 2009, Roberto Guzmán Lyon y Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe —quien también ha sido director de algunas sociedades cascada— eran los «apoderados» de Holywell Corporation y Cardiff Management Incorporated, pertenecientes a Julio Ponce Lerou y sus hijos, constituidas «bajo las leyes de la República de Panamá». Ambas serían dueñas de Inversiones del Sur, cuyo directorio estaba integrado, según acta del 3 de agosto de 2010, por Julio César, Francisca y Daniela Ponce Pinochet, junto a Luis Saldías Varas, quien era su gerente general.
Según el documento de la Superintendencia, los apoderados de Inversiones del Sur eran Luis Saldías, Claudia Morales y Roberto Guzmán Lyon, de acuerdo al acta de una sesión de 2010, y sus poderes no se habrían revocado. Otro dato: cuando constituyeron Hoca e Inversiones del Sur, las sociedades Holywell Corporation y Cardiff Management registraron como domicilio la oficina del abogado Roberto Guzmán en la calle Moneda 920, en el centro de Santiago.
A su vez, en julio de 2012, Hoca e Inversiones del Sur, representadas por el contador Luis Saldías Varas, crearon otra firma: World Finance Corporation S.A., «lo que permitiría entender que aquel es, al menos, apoderado con poder para constituir sociedades», dice la SVS en su documento.
En paralelo, al menos hasta 2007, de acuerdo a informaciones de la Security and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, recogidas en el informe de la Superintendencia, Roberto Guzmán Lyon era el gerente general de SQ Grand Cayman, domiciliada en las Islas Caimán; de Pacific Atlantic Trading y de The Pacific Trust, el «fideicomiso» de Ponce Lerou y sus hijos, localizada en las Islas Vírgenes.
Para aquilatar el peso de Guzmán en el aparataje del imperio de Ponce Lerou, hay que recordar que The Pacific Trust sería la sociedad que «alberga» el legado de los nietos de Pinochet, de acuerdo a la declaración en fiscalía del propio Julio Ponce Lerou; a la vez, Pacific Atlantic Trading deriva de la primera, y SQ Grand Cayman es «hija» de Pacific Atlantic Trading.
La Superintendencia consigna que la multiplicación de sociedades continuó en los últimos años. En 2010 Inversiones del Sur adquirió la mayor parte de las acciones de Ikom Integración y Comunicación Limitada, dedicada a las tecnologías de la información. Poco después la transformó en sociedad anónima y designó entre sus directores a Alejandro Augusto Ponce Pinochet, quien ejerció el cargo hasta diciembre de 2011. Como directores estuvieron entre 2011 y 2012 Luis Saldías Varas, Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe —quien antes fue director de la cascada Norte Grande— y Rafael Parot Donoso. A la vez, Saldías era el gerente general, según la SVS.
Por su parte, Roberto Guzmán Lyon declaró ante la Superintendencia de Valores y Seguros ser dueño de las sociedades Jaipur S.A., Inversiones Silvestre S.A. e Inversiones del Parque S.A. Los nombres de todas ellas nacieron bajo la inspiración de algo especial: Jaipur tras un viaje a la India, Silvestre es el nombre de un caballo al que quiso mucho, y el Parque alude a su propiedad en Zapallar.
Otra curiosa empresa de ambigua propiedad que aparece ligada a Roberto Guzmán es SAC S.A. Según él, se trata de una sociedad que no perseguía ganancias. «Yo la creé y tenía por objeto prestar servicios administrativos y de registro de accionistas del grupo Cascada, y también a clientes individuales», dijo el abogado en su declaración ante la Superintendencia.
Explicó así las razones de la formación de SAC: «Con anterioridad, todo el peso administrativo de la Cascada lo soportaba Calichera, entonces me pidieron que creara una entidad que no fuera lucrativa, sino operacional, que le prestara servicios a Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, y las demás empresas del grupo cobrando una tarifa proporcional». Según él, su participación era «como accionista, pero nunca tuve retiro, ni participé en el funcionamiento, en primer lugar, porque soy abogado y no auditor. Han pasado varios gerentes, el último es Luis Saldías Varas».
Guzmán insistió: «No he tenido participación, remuneraciones, solo soy propietario nominal (pero es sin fines de lucro, ya que es una sociedad operacional). Dicha sociedad funciona en la calle El Trovador… Yo soy el accionista, ya que se debía dejar a alguien de confianza».
Pero la Superintendencia encontró «inconsistencias» en todo eso y lo dejó anotado en su documento de formulación de cargos. Según los antecedentes que recogió, SAC S.A. habría sido constituida bajo la razón social de Inversiones La Compañía Limitada en 1983, y de acuerdo al Registro de Comercio de Santiago experimentó una modificación en 1998. En esa oportunidad quedó como socia prácticamente única Inversiones del Sur Limitada, con el 99,9 por ciento de los derechos sociales. Después en 2002, indica la SVS, se modificó la razón social por SAC S.A.
En todo caso, en otra anotación del Conservador en el año 2009, el directorio de SAC S.A. estaba integrado por Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán y Claudia Morales —la abogada formalizada por el caso Cascadas—. Y su gerente general era Luis Saldías Varas, como indica la SVS. Asimismo, señala que la sociedad SAC «prestaba servicios a Inversiones SQ e Inversiones SQYA» —las dos sociedades madres de Ponce Lerou—, y también a las cascadas.
Otra cosa que llamó la atención a la Superintendencia de Valores y Seguros es que coincidieran los domicilios de estas sociedades, las que aparecen indistintamente ubicadas en El Trovador —sede de SQM y de las cascadas— y en Moneda 920, en la oficina de Guzmán Lyon.
SECRETOS DE CONTADORES
Luis Saldías es un contador que —como se ha visto— oficiaba de gerente de la sociedad Inversiones del Sur y de SAC, y se desplazaba por las cascadas y por otras sociedades «aguas arriba», de esas que no se transan en la Bolsa, que no se ven mucho en los diarios y de las que se habla poco. Estrecho colaborador de Ponce Lerou y de Guzmán, además de haber facilitado, lo mismo que Patricio Contesse, las operaciones que están en la mira de la fiscalía, se benefició, a través de sus sociedades, con manejos cuestionados.
La principal de ellas, de acuerdo a los montos que aparecen en las listas es Inversiones Enjoy S.A. —que no tiene que ver con las sociedades Enjoy de los casinos—, fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada por Luis Saldías en 2008, junto a su hijo Diego Saldías Cofré.
Inversiones Enjoy Limitada (RUT 76.029.118-8) es uno de los nombres que en la base de datos Pandora aparece con mayores pagos: alcanza a 458 millones de pesos en facturas entre 2009 y 2013. La misma cifra aparece en la lista que revisó el Comité Ad hoc de SQM que la calificó con «riesgo alto». Señala que se trata de diecinueve pagos de seiscientas UF mensuales, entre junio de 2011 y noviembre de 2012. Como giro tiene «sociedad de inversiones y rentistas de capitales inmobiliarios, actividades de contabilidad, asesoramiento empresarial y en materia de gestión». El informe de SQM la califica de factura «atípica» y señala que «podría corresponder a trabajos no habituales de la GG (gerencia general), y los pagos son muy altos». Indica también que la sociedad fue pasada a Grandes Contribuyentes en el marco del caso Cascadas. La formalización de Luis Saldías por el caso SQM en abril se relaciona con estos pagos.
Enjoy figura con una similar suma en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos. Pero además, la esposa de Luis Saldías, María de las Mercedes Cofré Pino, de profesión contadora como su marido, reúne según la lista Pandora más de 81 millones de pesos en 32 boletas entre los años 2010 y 2012. En total, la pareja Saldías Cofré suma casi 540 millones de pesos en facturas y boletas sin aparente respaldo justificado. En la denuncia del SII ella «solo» registra algo más de 73 millones de pesos, aunque también fue calificada con «riesgo alto».
UN BUFFET ESPECIAL
Entre las profesiones preferidas de muchos de los «boleteros» que han resultado vinculados a los casos Penta y Soquimich sobresalen los periodistas y los abogados. Las asesorías comunicacionales parecen estar a la orden del día, tanto como las legales. Al parecer resultaron adecuadas a los proveedores de boletas para utilizarlas como una suerte de «comodín» que disfraza otras actividades o simples reembolsos de dinero sin que medie algún servicio.
En particular el de las asesorías legales ha sido en los últimos años para SQM un ámbito por donde corren decenas de millones. Al revisar las listas de boletas y facturas sin respaldo —o con poco asidero— aparecen estudios o sociedades familiares de abogados que han recibido cuantiosas sumas en los últimos años, y que los contadores cargaban a gastos, con toda soltura. Ni los departamentos jurídicos ni los directorios nada decían.
Ya mencionábamos el caso de Darío Calderón, un consejero cercano del ex presidente del holding y principal dueño, Julio Ponce Lerou. Al igual que Enrique Correa o que Marcelo Rozas, Darío Calderón ha sido un influyente «ministro» sin cartera. No figura ni ha figurado en directorios de las empresas del holding, ni de las cascadas. Menos aún ha sido un ejecutivo o un alto empleado del grupo. Sin embargo, su estudio Calderón y Compañía Abogados es uno de los grandes destinatarios de pagos.
Calderón y Compañía Abogados aparece con una cifra de 487 millones de pesos entre 2010 y 2013 (bajo el RUT 76.199.9885). Pero hay, además, facturas por 362 millones de pesos que corresponden a otro RUT (79.837.410-9) que también pertenece a «Calderón y Compañía». La dirección es la misma: Rosario Sur Nº 555 en la comuna de Las Condes. Si se suman ambas cantidades, se llega a casi 850 millones de pesos entre 2009 y 2013.
El estudio Calderón y Compañía Limitada lo encabeza Darío Calderón González y lo integran su señora, Ana Musalem Aiach, su hija María José Calderón Musalem, y su yerno Gonzalo Guerrero Yamamoto, quien a la vez es miembro del directorio de Oro Blanco. Los otros socios del estudio son Alfredo Ugarte Soto y Rodrigo Hernández Perchero. Formaba parte también de ese buffet hasta su muerte el abogado y ex vicepresidente de la Corfo René Abeliuk. A su vez, tiene otra sociedad con el abogado Alfredo Ugarte bajo la firma Calderón, Ugarte y Guerrero.
En 2011 Darío Calderón invitó a incorporarse a esa oficina al ex ministro del Interior de Patricio Aylwin, el DC Enrique Krauss Rusque, quien se encargaría del seguimiento de temas legislativos y políticos. En el informe del Comité Ad hoc de SQM figuran durante el segundo semestre de ese año cuatro boletas —dos en julio, una en agosto y otra en septiembre— en las que aparece el ex ministro con todos sus nombres: Juan Enrique Fernando Krauss Rusque. Están calificados como pagos atípicos, y se señala que «ve estados jurídicos de proyectos en el Congreso». Por cada boleta cobró aproximadamente dos millones de pesos. Pero era solo el principio de su colaboración.
La firma Asesorías Legislativas CKU Limitada fue constituida en julio de 2011 por Enrique Krauss Rusque, Darío Calderón González y Alfonso Ugarte Soto. La modificaron en 2012, cuando salió Ugarte y entró José Gabriel Krauss Valle, hijo del ex ministro, y Calderón y Compañía Limitada. De acuerdo al informe del Comité Ad hoc, CKU emitió facturas a SQM por noventa millones de pesos en el período revisado. Como giro de los pagos figura «asesoría en materia jurídica, legal y otros», y esos fueron calificados como atípicos con «riesgo mediano». Entre las anotaciones del Comité, se observa: «No se usó la sociedad Calderón y Abogados». La dirección de CKU es la misma de la oficina de Calderón en Rosario Norte 555.
Estos antecedentes muestran que los dos ministros claves de gabinete político del primer Gobierno de Aylwin, Enrique Correa y Enrique Krauss, prestan asesorías y consejos al ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou y su empresa, y reciben por ello importantes retribuciones económicas.
LOS ABOGADOS GUERRERO
Algunos abogados han prestado también apoyo en la gestión de los negocios de Julio Ponce Lerou. Esa podría ser la explicación para que otra de las grandes sumas en la lista larga de SQM haya sido para Guerrero y Compañía Limitada (RUN 86.592.300-7), una sociedad de corte familiar formada por los abogados Roberto y Pablo Guerrero Valenzuela, hijos del abogado Roberto Guerrero del Río. Integran también la sociedad su hija Luz María y su segunda señora, María Elena Comandari García. La firma se transformó en sociedad limitada el 13 de diciembre de 2005.
De acuerdo a las listas del archivo Pandora, Guerrero y Compañía Limitada aparece con 120 facturas entre 2009 y 2013 por un total de más de 760 millones de pesos. La suma es algo superior a la del informe del Comité Ad hoc, que indica 720 millones de pesos. Tal como en el caso de Enrique Correa, se advierten bajo este RUT 43 boletas con valor cero.
Pablo Guerrero es socio del estudio Barros y Errázuriz que encabeza Fernando Barros Tocornal, el abogado que efectuó el fideicomiso de Sebastián Piñera y que encabezó a los profesionales que defendieron a Augusto Pinochet en el juicio en Londres.
Pablo Guerrero fue miembro del directorio de las tres cascadas entre 2010 y 2011: de Pampa Calichera, de Norte Grande y vicepresidente de Oro Blanco. Se le consideraba un asesor cercano a Ponce Lerou, pero a raíz de la investigación de las cascadas se habría distanciado. Uno de los puntos de roce se relaciona con las declaraciones efectuadas por Pablo Guerrero ante la fiscalía a propósito de la fecha en que se efectuaron unas reuniones de directorio en marzo de 2012. La versión de Pablo Guerrero contradijo la del ex gerente de Pampa Calichera y Norte Grande Aldo Motta, quien fue formalizado por falsificación de firma en enero de 2015, y por segunda vez, por las operaciones mismas de las cascadas, en julio.
Aparte de su actividad profesional remunerada, Pablo Guerrero es presidente de la Fundación Pro Bono. Su hermano Roberto fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y miembro del Consejo de Transparencia. Es socio del estudio de su padre, Roberto Guerrero del Río —ex rector de la Universidad Finis Terrae—, Guerrero y Olivos, al que debió renunciar Jovino Novoa al estallar el caso Penta.
EL DEFENSOR DE CONTESSE
Extraño personaje es Samuel Donoso Boassi, quien en esta historia pasó a ser el abogado defensor de Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM. Donoso intentó frenar su formalización jugando todas las cartas imaginables. Incluso llegó a presentar un recurso al Tribunal Constitucional, pero no le resultó y aunque dilató las acciones de los fiscales por unos días, tuvo que dar su brazo a torcer y su cliente fue formalizado. Sostienen diferentes versiones que en esos días, mientras Rodrigo Peñailillo aún era ministro del Interior, Samuel Donoso continuaba entrando y saliendo de La Moneda como Pedro por su casa. Michel Jorratt, el ex director de Impuestos Internos, contó que se había sentido presionado y que había ido a una reunión con la jefa de gabinete del entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en la que había un abogado. Y ese no era otro que Samuel Donoso Boassi.
Donoso militó durante años en el PPD y llegó a ser el presidente del Tribunal Supremo hasta 2003, cuando dejó esa función para hacerse cargo de la defensa de Héctor Peña Véliz, el dueño de la empresa GATE, la que dio el nombre al conocido caso MOP-GATE. Era cercano al ex presidente del PPD Sergio Bitar, y después fue más próximo al senador Guido Girardi y al ex embajador en Paraguay Alejandro Bahamondes, recuerda El Mostrador.
Pero sus amistades iban más allá de la ex Concertación. Hasta comienzos del siglo XXI era socio del estudio de abogados del senador de RN Alberto Espina. Después instaló su propia oficina «Donoso, Abogados Asociados y Cía.».
Según consigna El Mostrador,9 el PPD siempre lo tuvo en mente para sugerirlo como figura para integrarse a los gobiernos de la Concertación. En esa línea, la publicación señala que en el primer Gobierno de Bachelet su nombre fue una de las cartas para ocupar el cargo de subsecretario del Interior, en reemplazo de Felipe Harboe. También el PPD habría nominado a Donoso como opción para la Intendencia Metropolitana y para asumir como subsecretario de Justicia.
Además, el mismo medio remarca que Donoso «tiene un perfil penalista, pero su mayor fortaleza, aparte de lo jurídico, son sus redes políticas, que llegan hasta La Moneda». En ese tiempo se le veía cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo. También recordó El Mostrador que «en 2011, en medio de las tratativas para conformar el próximo equipo del Consejo para la Transparencia, su nombre fue propuesto por el entonces presidente Sebastián Piñera». En ese entonces, Donoso —quien fue parte clave del Tribunal Supremo del PPD— presentó su renuncia a la militancia en el PPD ante el Servel. No obstante, frente a los reparos que despertó en el mundo jurídico su nominación, el propio abogado pidió al mandatario que retirara su nombre de la lista.
«Quiero agradecerle la confianza y expresarle que me siento honrado de ello, no obstante quiero solicitarle que retire mi nombre de la propuesta», le expresó en una carta. Posteriormente, el jurista habría responsabilizado a Carolina Tohá por su fallida designación: «Ella vetó mi nombre… Eso es un retroceso en la manera de hacer política», dijo entonces, de acuerdo a la versión de El Mostrador.
La relación con su actual cliente Patricio Contesse data de algún tiempo. Al menos, los pagos recibidos en los últimos años dan cuenta de eso. Su sociedad SDB Abogados Limitada (RUT 78.199.700-5) aparece recibiendo pagos por 150 millones de pesos de SQM entre 2009 y comienzos de 2015. Su caso no alcanzó a ser analizado por el Comité Ad hoc, cuando elaboró su informe en marzo, por lo tanto no hay detalles sobre a qué responderían las facturas o boletas entregadas. En la lista de Pandora aparece con 95 millones de pesos, todos registrados en 2013, por lo que es posible imaginar que el resto del «boleteo» haya sido en 2014, y por eso la suma es más elevada en la lista revisada por la empresa. En Pandora se observan, además, una docena de esas insondables boletas con valor cero.
CRISTINA BITAR Y LA CAMPAÑA DE LAVÍN
La boleta por siete millones y medio de pesos que emitió el 21 de julio de 2009 María Carolina de la Cerda, la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, fue clave para que a partir del caso Penta se destapara la caja de Pandora de Soquimich. Fue una de las pistas que guió a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en enero de 2005 a otros hallazgos.
A principios de 2015, la ingeniera comercial Cristina Bitar Maluk tuvo que ir a la fiscalía a declarar en calidad de imputada. La conocida lobbysta había sido generalísima de las campañas presidenciales de Joaquín Lavín en 2005 y en 2009. Un pago que le hizo la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, la comprometía: un cheque por dos millones y medio de pesos, sin respaldo de servicios prestados, entró en la categoría de factura ideológicamente falsa.
La ingeniera comercial «nacida y criada en Perú» estudió en Estados Unidos y se instaló en Chile en los noventa. Cristina es sobrina del ex senador y ex ministro de Ricardo Lagos Sergio Bitar Chacra, y se casó con Juan Pablo Solís de Ovando Lavín, primo hermano del ex ministro y ex candidato presidencial Joaquín Lavín Infante.
En pocos años, sus contactos se mostraron eficientes y evidentes. Cristina Bitar es dueña de la sociedad Azerta, la que fundó con el periodista Felipe Edwards, ex subdirector de Economía y Negocios de El Mercurio, y con el abogado Gonzalo Cordero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Trabajan también en Azerta el abogado de la UDI Miguel Flores, ex subsecretario de Desarrollo Regional en el Gobierno de Sebastián Piñera, y el periodista Mauricio Lob, que fue subdirector de la Secretaría de Comunicación y Cultura, entre otros de los alrededor de veinte profesionales que constituyen su equipo.
«Nunca hasta ahora había visto ese cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata que me debía.» La frase de la declaración de Cristina Bitar ante el fiscal Carlos Gajardo fue parte de la información entregada el 25 de enero de 2015 por 24 Horas de TVN y recorrió rauda los medios de comunicación.
Ella reconoció el pago que recibió: «Solicité a mi banco información y he podido confirmar que el 7 de agosto de 2009 se depositó a mi cuenta corriente personal un cheque por dos millones y medio de pesos, emitido por Carolina, a quien no conozco», declaró.
No obstante, la ex generalísima de Lavín no solo dijo que no conocía a Carolina de la Cerda, sino que negó saber algo sobre el origen de los recursos obtenidos. «No recuerdo qué gastos me fueron reembolsados», señaló al fiscal. «Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de la campaña de Joaquín Lavín. Esos temas los veía Ernesto Silva Bafalluy», indicó, aludiendo al ex rector de la Universidad del Desarrollo, que murió en 2011. «Tampoco supe que esos fondos tuvieran su origen en la empresa Soquimich. Nunca participé en una reunión con los controladores de Soquimich ni con ninguna otra empresa para pedir fondos para la campaña de Lavín ni para ninguna otra», insistió.
Agregó en su declaración: «Todo el tema de la rendición de los dineros yo lo veía con Ernesto Silva Bafalluy. Yo le acompañaba a Silva Bafalluy los comprobantes de todos los gastos y Ernesto me reembolsó cada uno de esos gastos».
Pero no era la única conexión de Cristina Bitar con los casos Penta y Soquimich. Hay otra situación que involucra un monto mucho mayor que ocurrió mientras ella era la jefa de campaña senatorial de Joaquín Lavín por la Quinta Región Costa, donde resultó derrotado.
Asesorías e Inversiones Lima Limitada (RUN 77.347.270-K) es una empresa de asesorías comunicacionales, económicas y financieras ligada por años a Cristina Bitar Maluk. En la lista de Pandora figura con ocho boletas por un total de 215 millones de pesos, además de algunas con valor cero. El Informe de la Comisión Ad hoc de SQM entrega una suma de 185 millones de pesos y la califica dentro de los contribuyentes con «riesgo alto». Esa cantidad aparece también en la denuncia que presentó en su contra el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ese informe del Comité entrega dos datos adicionales: son pagos «atípicos», efectuados «en el período en que fue encargada de la campaña de Joaquín Lavín», en 2009. Y precisa la fecha de las boletas que fueron entregadas por Cristina Bitar, gerenta de la sociedad, entre agosto de 2009 y marzo de 2010. También ese antecedente se puede comprobar en la lista Pandora.
El 25 de abril Cristina Bitar fue citada a declarar de nuevo. Ella optó por el silencio. Su situación sigue pendiente.
MOVIMIENTOS EN INVERSIONES LIMA
Cristina Bitar estudió economía y sociología en Dartmouth College, Estados Unidos. También tiene un título de máster de Tulane University y de magíster en Administración de la Universidad de Chile. En 1996, junto al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett —formalizado por el caso Penta— fundó la empresa de comunicaciones Captiva. En 1999 esta sociedad la fusionaron con Hill & Knowlton, empresa internacional de comunicación estratégica, y formaron Hill & Knowlton Captiva S.A., hasta que en 2004 Cristina Bitar y Zalaquett vendieron su parte.
Después Cristina Bitar fundó Azerta Comunicaciones, junto a Felipe Edwards y Gonzalo Cordero. Esta empresa y Extend Comunicaciones fueron las dos primeras que se inscribieron en el registro de lobbystas.
En el Diario Oficial se puede observar una veintena de sociedades vinculadas a Cristina Bitar, varias de ellas en sociedad con su padre, Lorenzo Bitar Chacra. Es el caso de Asesorías e Inversiones Lima Limitada, la que recibió 215 millones de pesos en tiempos de la frustrada campaña senatorial de Lavín.
Asesoría e Inversiones Lima fue constituida en noviembre de 1999 por ella y su padre.10 Curiosamente, la firma manifestó una serie de movimientos legales —registrados en el Diario Oficial— el 8 de enero de 2015, justo cuando el caso Soquimich empezaba a ser investigado. Hasta esa fecha, la dueña y gerenta general de esa sociedad era Cristina Bitar, a través de la sociedad Oxo Chile Limitada. Ese día ella y su padre —socio minoritario— se salieron de Oxo y quedaron como personas naturales y luego traspasaron sus acciones a Augusta Asesorías Legales Limitada, una firma que tiene domicilio en Américo Vespucio Norte 1090, que los habría reemplazado en la propiedad.
Casi en forma simultánea se produjeron unos extraños movimientos en torno a esta sociedad de papel que dejaron su huella en las escrituras públicas: se produjeron retiros significativos —cercanos a los trescientos millones de pesos—, así como un aumento de capital aún superior.11 Esos movimientos en Inversiones Lima podrían estar relacionados con una estrategia frente a los posibles cargos por los pagos de SQM.
En forma consecutiva, Oxo Chile —de los mismos Bitar— trasladó sus fichas hacia Asesorías e Inversiones Macri Limitada, también sociedad de papel de Cristina Bitar y su padre.12 Cristina Bitar quedó así en Inversiones Lima con un muy reducido porcentaje, pero es socia y representante legal de Inversiones y Asesorías Macri Limitada, constituida en 1998.
Otra de las empresas vinculadas a Cristina Bitar y su familia es Convergia Comunicaciones, creada en 2000 con el ingeniero civil Eduardo Benhke Concha, en el área de las telecomunicaciones. Y en agosto de 2004, Cristina Bitar junto a Telecom Investment Incorporated constituyeron la sociedad Convergia Telecom S.A., con el objeto de «prestación de servicios de telefonía celular dentro de Chile». A su vez, Telecom es una «sociedad constituida y vigente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas», según dice la escritura que da cuenta del nacimiento de Convergia Telecom.13
La dirección de Cristina Bitar que aparecía en esa fecha y la de la firma de las Islas Vírgenes era la misma: Providencia 1760, oficina 2601. Es el mismo edificio, dos pisos más arriba del que actualmente ocupa el lobbysta Enrique Correa. Simple coincidencia. Pero ya Cristina Bitar cambió de barrio. La sede de Azerta está en Américo Vespucio Norte 1561, en la comuna de Vitacura.
LOS NÚCLEOS DE LA UDI
Los más de doscientos millones de pesos pagados a la empresa de Cristina Bitar, cuando era generalísima de la campaña senatorial de Joaquín Lavín, no son una excepción. El estupor provocado por la contaminación de personas y personajes del mundo político de lo que fue la oposición a Pinochet puede hacer olvidar a ratos que el apoyo entregado por Julio Ponce Lerou, Patricio Contesse y su «equipo» a la derecha ha sido cuantioso y sistemático en las campañas y —probablemente— hacia los partidos del sector desde que se formaron a fines de la dictadura. También a centros de pensamiento y otras actividades que les interesaba respaldar.
Como hemos recordado, es un hecho reconocido que Ponce Lerou colaboró con la campaña presidencial de su amigo Hernán Büchi en 1989. Y de ahí en adelante todo indica que el apoyo a la UDI se mantuvo.
No se puede precisar por cuánto, cómo y a quiénes ha ayudado entre esa fecha y 2009, porque la investigación del Ministerio Público y las informaciones entregadas por SQM a Impuestos Internos solo consideran lo ocurrido desde ese año, debido a la prescripción que oculta el comportamiento tributario anterior. Pero la revisión profunda de listas y cifras de los últimos cinco años permite observar que los recursos destinados a la derecha, sus políticos y sus centros de pensamiento son contundentes. Y no hay fundamentos para pensar que esto sea una novedad. Por el contrario, sería casi natural —de acuerdo a la «lógica» que se ha visto— que se hubiera producido durante toda la transición a la democracia.
Lugar de honor tiene en el ranking de los favorecidos por SQM la Fundación Instituto Libertad y Desarrollo, ligada a la UDI. Preside el Instituto desde hace un cuarto de siglo el ex ministro de Interior y Hacienda de Pinochet Carlos Cáceres y el director ejecutivo es el ex ministro Luis Larraín.
El Instituto Libertad y Desarrollo fue creado en 1990 por Cáceres y Hernán Büchi, y durante veinte años su director ejecutivo fue Cristián Larroulet, quien dejó ese cargo cuando asumió como ministro secretario general de la Presidencia de Sebastián Piñera. Libertad y Desarrollo tiene un consejo asesor que, además de Büchi —desde años director de Soquimich—, lo integran conspicuas figuras de la derecha chilena, varios de ellos vinculados a la Universidad del Desarrollo, partiendo por el propio Büchi y por Larroulet.
Considerado el principal centro de estudios de ese sector y de fuerte influencia en particular en los parlamentarios de la UDI, integran también su consejo asesor algunas figuras cercanas a RN, como la historiadora Lucía Santa Cruz. La vicepresidenta del Instituto es la ex directora de Presupuesto de Sebastián Piñera Roxana Costa. En el consejo participan el ex ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet Hernán Felipe Errázuriz y los ex ministros de Piñera Juan Andrés Fontaine —de Economía— y Cristián Larroulet. También es consejero de LyD Alfredo Moreno, el hombre de confianza de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, que se transformó en mandamás de todos los negocios de Penta, mientras ellos afrontan la investigación. A la vez, está Eugenio Guzmán Astete, cuñado de Joaquín Lavín y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Completan el Consejo de LyD dos señoras pendientes de los temas educacionales, Patricia Matte Larraín y la supernumeraria del Opus Dei Lily Ariztía.
Con el peso específico de ese directorio, no es extraño que Libertad y Desarrollo (RUT 71.819.700-7) sea el centro de estudios más favorecido con las platas provenientes de SQM: casi cuatrocientos millones de pesos, según la base de datos Pandora. Sus pagos se concentraron en 2012 y 2013, repartidos en 69 boletas con montos superiores a los once millones de pesos cada una. De acuerdo a esa lista aparecen, en el período analizado, 34 boletas con un cero, sin cantidad anotada. Por alguna razón, su nombre aparece en la lista del comité Ad hoc de SQM, como «sin revisar», apenas con una suma de 12.410.000 pesos. Es posible que los pagos se sustenten en informes que el Instituto elabora sobre variados temas que inciden en la agenda pública. En todo caso, el suculento aporte ha servido en estos años a Libertad y Desarrollo para solventar sus propios gastos y desplegar tareas que le permiten influir en parlamentarios y actores que toman decisiones.
Esos aportes se suman a los que Libertad y Desarrollo recibió de Penta entre 2010 y 2012, que superarían los 82 millones de pesos, de acuerdo a las facturas entregadas.
LA «CASA DE LOS SENADORES»
Soquimich efectuó, asimismo, importantes aportes a la Corporación de Asuntos Públicos (RUT 70.635.400-K), la que recibió entre 2009 y 2013 casi 129 millones de pesos. Emitió 91 boletas y 32 de ellas con valor cero. Todas las demás superan los dos millones de pesos. Impuestos Internos califica a esa Corporación como «un caso especial», debido a que «no declaró ingresos por ventas exentas en ninguno de los 44 períodos mensuales que emitió facturas por servicios que habría prestado a SQM S.A.».
La Corporación es dueña de «la Casa de los Senadores», una propiedad en calle Lota próxima a la sede del partido en la avenida Suecia, en la comuna de Providencia, como indica el diario La Segunda.14 En ella funciona la sede metropolitana de la UDI.
Pero su vínculo con el gremialismo es mucho más estrecho. Uno de sus representantes legales es el abogado Andrés Serrano Gutiérrez, eterno miembro del Tribunal Supremo del partido gremialista, desde 1989, cuando este nació, hasta hoy. Asimismo, Serrano ha sido parte de la Corporación desde hace más de dos décadas. Él es una figura central en el núcleo duro de la UDI, aunque de bajo perfil público. Fue socio fundador de Copra, una sociedad neurálgica del gremialismo, creada por él, junto a Andrés Chadwick y Pablo Longueira, en octubre de 1986.
Copra estuvo detrás de la propiedad de la Universidad Andrés Bello en los noventa, y después se mantuvo en la Inmobiliaria del mismo nombre para luego ingresar a la propiedad de la Universidad San Sebastián. En ambas instituciones la influencia de la UDI se ha hecho notar. En 1990 eran socios de Copra Luis Cordero Barrera, hoy presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián y en otros tiempos brazo derecho de Pablo Longueira; Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz Pérez —quienes murieron en un accidente de avión en 2011—, y las esposas de los fundadores iniciales de la sociedad: Cecilia Brinkmann Estévez, casada con Pablo Longueira; Victoria Costa Vega, la esposa de Andrés Chadwick, y Gabriela Bascuñán Jiménez, la señora de Andrés Serrano, como relaté en libros anteriores referidos a universidades.15
Además de Andrés Serrano, en el directorio de la Corporación de Asuntos Públicos están, según el diario electrónico Ciper, Jovino Novoa, el ex ministro del Trabajo de Pinochet Vasco Costa, Ignacio Astete, Raúl Lecaros y Gonzalo Molina Ariztía, quien es el otro representante legal de la Corporación junto a Andrés Serrano.16 El abogado Gonzalo Molina es, desde 2013, miembro del consejo del Servicio Electoral (Servel).
LOS ROSTROS DE ENTONCES
Al indagar detrás de estas entidades favorecidas por las boletas y facturas de los casos que han remecido a Chile en 2015, se aprecia que están muy presentes los nombres de aquellos jóvenes que, junto a Jaime Guzmán, forjaron el que llegó a ser el principal partido político de la derecha en el pospinochetismo.
Ignacio Astete Álvarez, ingeniero agrónomo, uno de los fundadores de la UDI, encabezó a los 77 jóvenes que subieron el cerro Chacarillas, al costado del San Cristóbal, el 9 de julio de 1977, para rendir tributo a Pinochet y comprometerse con sus ideas y su proyecto. Astete presidía el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Después fue director de la Dinacos (Dirección Nacional de Comunicaciones). En la actualidad es director ejecutivo de Conar, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, y desde 2006 integra, junto a Andrés Serrano, el Tribunal Supremo de la UDI.
En 1980, el año fundacional en que nació la Constitución que hasta hoy impera en Chile, surgió un movimiento precursor de la UDI: Nueva Democracia. Un encuentro congregó a 650 jóvenes profesionales, entre los que se encontraban los líderes del gremialismo de entonces. Sus nombres están hoy muy vigentes, y varios de ellos entremezclados con boletas y donaciones de Penta y Soquimich. Entre esos rostros de entonces participaron en la reunión de la «nueva democracia» que aspiraban a crear Ignacio Astete, el ex ministro Cristián Larroulet, el hoy senador y ex presidente de la UDI Juan Antonio Coloma, el ex ministro Andrés Chadwick, el abogado Andrés Serrano, Javier Leturia, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica —en 1973—, y Luis Cordero Barrera, quien el año anterior había sido secretario nacional de la Juventud, como recordé en el libro La privatización de las universidades,17 y el ex diputado Cristián Leay.
Juan Antonio Coloma, actual senador y ex presidente del partido, era en ese momento consejero de Estado, en representación de los jóvenes; Chadwick presidía el Movimiento Juvenil de Unidad Nacional, y Pablo Longueira encabezaba el centro de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la «U». Al año siguiente, Longueira presidió la Fecech, la organización que aglutinaba a los dirigentes de los centros de alumnos designados con la venia del rector delegado de la Universidad de Chile, que pretendía reemplazar a la FECH. También integraba el grupo el senador Jaime Orpis, imputado por cohecho por haber recibido dinero de Corpesca. En ese tiempo Orpis se estrenaba como presidente de la FEUC.
CRISTIÁN LEAY Y EL CENTRO MINERO
Cristián Leay Morán es un militante UDI de primera generación pero atípico: estudió Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado —antes que la convirtieran en Universidad de Santiago— y no conoció las aulas de la UC sino de visita. Fue diputado entre 1989 y 2006, y presidió durante largo tiempo la Comisión de Energía y Minería de la Cámara. Intentó ser senador en 2005, pero le fue mal. Se dedicó entonces de lleno a los negocios mineros. Comparte esa actividad con el directorio de Televisión Nacional de Chile, donde fue nombrado en representación de su sector. Fue miembro del directorio de la sociedad Oro Blanco, de las cascadas, entre 2010 y 2012.
Entre sus «propiedades» —además de unas minas de concentrado de cobre en el norte— está el Centro de Estudios Nueva Minería Limitada. Originalmente participó también William Díaz, el socio de Ernesto Silva Méndez, en la firma que apareció vinculada con Penta, pero solo estuvieron dos años juntos. Leay siguió con el Centro de Minería y designó en él un comité asesor ad honórem con figuras que iban más allá de sus compañeros de la UDI vinculadas al ámbito minero: el ex vicepresidente de Codelco Marcos Lima; el ex ministro de Economía DC Jorge Rodríguez Grossi —nombrado en septiembre de 2015 presidente del Banco del Estado—; el ex ministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín; Gustavo Lagos, ingeniero en minas y profesor de la Universidad Católica, y el abogado Carlos Bombal, formalizado en el caso Penta.
El Centro de Estudios Nueva Minería Limitada (RUT 76.615.320-8) destaca por las elevadas sumas que recibió de Soquimich: casi 260 millones de pesos, entre 2009 y 2013, de acuerdo a la lista de Pandora. Emitió 29 boletas, pero nueve de ellas con valor cero.
A su vez, María Alejandra Bórquez Cousiño, la pareja de Cristián Leay, aparece en la denuncia del SII con ocho boletas, que suman cincuenta millones de pesos, según el cálculo basado en Pandora.
Y la nuera de Cristián Leay, Trinidad Subercaseaux Alessandri, emitió una boleta por cinco millones de pesos. Según el Comité Ad hoc de SQM, es directora de Admisión en Universidad Finis Terrae, y aparece con asesoría en «otras actividades de servicio personal». Fue calificado como pago «atípico» y de «riesgo alto».
Trinidad Subercaseaux fue una de las primeras interrogadas por el Servicio de Impuestos Internos, antes de presentar la primera denuncia contra contribuyentes de SQM en abril de 2015. Su confesión es ilustrativa: «La verdad no me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido, Cristián Leay Cabrera, quien tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de veinte días de nacimiento».
La falta de memoria de la nuera de Cristián Leay respecto a quién le pidió la boleta o factura ideológicamente falsa es una frase que se ha repetido después en numerosas declaraciones, aunque sus palabras denotan cierta franqueza mezclada con un dejo de ingenuidad: «No conozco a nadie de la empresa Soquimich, yo declaré mi boleta de honorarios como corresponde y Soquimich S.A. fue quien retuvo el impuesto del 10 por ciento. La verdad es que pensé que era para una buena causa». Para ella, al parecer, emitir una boleta de honorario a una empresa a la que no le había prestado ningún servicio ni efectuado trabajo alguno es «lo que corresponde». Lo que no explicó es qué sería para ella una «buena causa». Probablemente una campaña política de un candidato de sus preferencias. Al menos, se supone que fue ese el destino de la plata.
LONGUEIRA Y SUS PARIENTES
Cristián Leay es muy cercano a Pablo Longueira, el ex senador y ex ministro que había sido proclamado candidato a la Presidencia en 2013, tras el retiro de Laurence Golborne. Pero tras caer en una profunda depresión, según explicó su familia, tuvo que abandonar la contienda a fines de julio de 2013 y en diciembre de ese año anunció que abandonaría la política. Volvió, eso sí, a su oficina en Nueva Los Leones 0281, donde comparte negocios en común con Cristián Leay. Formaron la Sociedad Comercial LyL —con sus dos iniciales—, a través de Inversiones y Asesorías Santa Mané —de Leay— e Inversiones Las Azaleas —de Longueira—. Así también, Leay fue presidente de la Fundación Chile Justo creada por Longueira, la que se ha mencionado en medio de las indagaciones del Ministerio Público.
El nombre de Longueira, esta vez contra su voluntad, ha vuelto a aparecer en el escenario político, en medio del vendaval, contaminado con facturas y boletas de parientes y amigos.
Pero aun después de su aparente retiro, Pablo Longueira Montes ha sido otro beneficiario importante de las dádivas de Julio Ponce Lerou. Su empresa Asesorías e Inversiones LB SpA,18 formada un mes antes de que anunciara que no seguiría en política, junto a su esposa, Cecilia Karen Brinkmann Estévez, recibió 65 millones de pesos de SQM. Se los hicieron llegar en trece pagos de cinco millones de pesos cada uno entre enero de 2014 y enero de 2015. La primera factura entregada a Soquimich lleva el nº1. La empresa de Longueira fue catalogada en la lista del Comité Ad hoc como de «riesgo alto».
En la lista hay más cercanos. El hijo de la pareja, José Tomás Longueira Brinkmann, emitió una boleta por cuatro millones de pesos en septiembre de 2009. A eso se suman montos percibidos por otros parientes. Loreto Undurraga Castelblanco, profesora de educación básica dedicada a la banquetería, casada con Francisco José Brinkmann Estévez, es concuñada de Longueira, y recibió pagos en período electoral en 2012 y 2013 por catorce millones de pesos.
Alfonso Agustín Mora Domínguez aparece con «parentesco con Longueira» en el informe del Comité Ad hoc de SQM. Entregó boletas por doce millones de pesos en 2011 y 2012, bajo el giro servicio jurídico. El comité lo catalogó de «atípico» y anotó en el informe: «Se tituló el 30 de octubre de 2013. Muy caro el servicio, si se considera que no tenía título». Quedó calificado con «riesgo alto», lo mismo que su hermana María Loreto Mora Domínguez, quien también emitió boletas, por dieciséis millones de pesos. Asimismo, aparecen con boletas de SQM el ahijado de Longueira, Raúl Carvacho, y su esposa, Loreto Chamorro.
Otro «boletero» que se vincula a Pablo Longueira es Patricio Lazcano Silva, director jurídico de Lo Barnechea, ex jefe de gabinete del ex alcalde Pedro Sabat en Ñuñoa, quien recibió de Soquimich once millones de pesos. Lazcano, quien fue concejal RN por San Joaquín, declaró que hizo un trabajo para la Fundación Chile Justo, de Longueira. Indicó que Carmen Luz Valdivieso —la «Titi»—, conocida como asesora del ex senador, le habría pedido que emitiera las boletas a SQM. Similar declaración hizo Solange Hermosilla Chandía, quien entregó boletas ideológicamente falsas por cinco millones y medio de pesos.
Otro ángulo que podría complicar al ex ministro de Economía se relaciona con boletas entregadas por personas de su entorno que estuvieron vinculadas a la discusión de la Ley de Pesca, cuando él era ministro de Economía. El diario digital El Mostrador tocó el asunto en abril, cuando se conocían los nombres de los implicados en boletas.19 «Los vínculos con el tema pesquero y las boletas falsas con Longueira también llegan a través de un ex asesor suyo en el Ministerio de Economía, Carlos Feres Rebolledo, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Su hijo, José Carlos Feres Ducci, recibió dos boletas de honorarios presumiblemente falsas por un total de doce millones de pesos.»
Por otra parte —señala—,«Alejandro Arias Edwards, que fue abogado asesor del gabinete de Longueira y trabajó en la Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca durante el Gobierno de Piñera, entregó una boleta por 4.999.999 pesos a la minera no metálica». Esta arista podría tener más alcances vinculados al caso Corpesca.
LOS NEXOS DE ZALAQUETT
Al revisar las listas, también están algunos nombres que se repiten con el caso Penta. Además de Carolina de la Cerda —la cuñada de Pablo Wagner— está el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, cuya sociedad Asesoría e Inversiones La Manada —de la que es dueño junto a sus hijos— aparece en el informe del Comité Ad hoc de SQM con pagos por 68 millones de pesos en boletas emitidas entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014. Se indica, sí, que Zalaquett «tiene contrato y asesoró un plan de comunicación estratégica».
Por otra parte, su mano derecha, Carmen Luz de Castro, aparece también con una boleta de cinco millones de pesos a SQM. La «Coca» fue formalizada por el caso Penta el 1 de octubre, junto a Carolina de la Cerda —quien también boleteó para SQM— y a otros once imputados. A ambas se les dispuso medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.
A la vez, Zalaquett está involucrado en el caso Soquimich porque dos empresas que trabajaron para su frustrada campaña senatorial hicieron boletas sin haberle prestado servicio a SQM: Reactor S.A., que emitió boletas por siete millones y medio de pesos, y Asesorías Comunicacionales Cristina Zúñiga E.I.R.L., que recibió pagos y entregó facturas por diecisiete millones de pesos. De acuerdo a lo que han declarado algunos de los socios de esa firma, también habrían «boleteado» a Corpbanca, por alrededor de diez millones de pesos.
ENGRANAJES DE LA MÁQUINA
La máquina para defraudar que denunció el fiscal Carlos Gajardo cuando solicitó las formalizaciones a los dueños de Penta en marzo, venía operando también en Soquimich de manera «eficiente», al menos en los últimos años, que son los que hasta ahora se pueden conocer. La máxima expresión de estas operaciones se puede advertir en las triquiñuelas para sacar platas negras empleadas por dirigentes de la UDI a través de sus empleados de máxima confianza. Ninguno de ellos —por lo que se deduce y avala el informe de la propia compañía— prestó algún servicio de asesoría a la empresa controlada por Ponce Lerou, pero eran utilizados como engranajes para estas operaciones. Seguramente por obligación o tentados por el «premio» de la devolución del 10 por ciento de impuestos por sus retenciones, los empleados y sus cónyuges entraron en la máquina, sin sopesar sus consecuencias.
La secretaria histórica de la UDI, Marisol Cavieres Romero, y su familia fueron un eje de «boleteo» que podría relacionarse con el rol de «recaudador» que se le asigna al ex presidente del partido Jovino Novoa. Marisol Cavieres emitió cinco boletas por un total de 24.555.553 pesos desde 2009 a 2012. Su marido, José Hormazábal López, por lo menos emitió boletas por diecisiete millones de pesos. Y el hijo José Tomás Hormazábal Cavieres, quien fue candidato a concejal de la UDI, aparece con boletas por casi 85 millones de pesos entre 2010 y 2013. En el recuento de Pandora, José Tomás Hormazábal suma 23 boletas, bastante parejas en los montos, aunque algo más elevadas las de 2013. Además, hay una de Matías Hormazábal Cavieres por cuatro millones cuatrocientos mil pesos. En total, la familia Hormazábal Cavieres suma más de 130 millones de pesos. Todos fueron calificados como de «riesgo alto» por el Comité Ad hoc de SQM.
Tanto o más insólito es el honorario que Soquimich le pagó entre 2009 y 2013 al júnior de la UDI, Carlos Gustavo Sepúlveda Espinoza, quien según la base de datos de Pandora emitió 35 boletas por 104.833.322 pesos. Pero además, su esposa, Mónica Beatriz Gajardo Córdova, entregó veinte boletas por 101.333.328 pesos, en el mismo período. Las última es por cinco millones y medio, según la lista de Pandora.
Sus nombres aparecieron en la primera denuncia de Impuestos Internos y en la nómina revisada por el Comité Ad hoc que las calificó de «riesgo alto», aunque las cifras incluidas en la primera denuncia del SII son algo inferiores. El total da —según la lista de Pandora— 206.166.650 de pesos recibidos por esta vía por el júnior y su señora.
En la lista del Comité Ad hoc, Carlos Gustavo Sepúlveda aparece con 82.250.000 de pesos. Y se anota que «no se encuentra información del proveedor». A Mónica Beatriz Gajardo se le atribuyen 67 millones de pesos, y sus boletas fueron bajo el giro de «asesoría legal». En las anotaciones el Comité indica que se trató de pagos «atípicos», de «asesoría legal y no es abogado titulado». Agrega que «no se encontró información del prestador». Indica el documento que son quince boletas, en promedio por cuatro millones y medio de pesos. Por esto, de acuerdo al cálculo más conservador, la suma obtenida por esta pareja sería 142 millones de pesos. Todo indica que se trataría de boletas ideológicamente falsas, cuyos montos están hablando de platas que derivarían para campañas políticas.
La periodista Lily Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, emitió dos boletas en 2012 por casi siete millones de pesos en total. Ella había dejado el cargo en 2014, cuando llegaron Ernesto Silva y Javier Macaya a presidir el partido, pero siguió siendo militante. Sin embargo, se separó de la línea de defensa del partido y reconoció ante la fiscalía cómo eran las operaciones. Después de cuatro meses se decidió a contar a los medios sus diferencias. En el programa El Informante de Televisión Nacional admitió a Juan Manuel Astorga que las boletas falsas eran «una práctica muy común, todos sabíamos al respecto, cuando pregunté para qué eran las boletas, me dijeron: “Don Jovino las solicitó”», refiriéndose a Novoa.20 En la misma oportunidad reconoció que quien le había pedido la boleta era Marisol Cavieres, la secretaria histórica. Dijo también que la plata nunca pasó por sus manos. Que todos consideraban que era una práctica «normal» y que la motivación para efectuar las boletas era la devolución del 10 por ciento.
MÁS BOLETAS EN FAMILIA
En la lista revisada por el Comité Ad hoc de SQM entre los calificados con «riesgo alto» destacan más de veinte personas vinculadas a la UDI que emitieron boletas ideológicamente falsas. La mayoría de ellas en período de campaña electoral. Además de los ya mencionados, aparece con elevadas sumas Juan Pablo Aguerreberry Tesler, abogado y ex vicepresidente de la Juventud de la UDI en 2001, quien obtuvo 46 millones de pesos con trece boletas en 2010 y 2012. «Experiencia política y pocos años de trabajo al comenzar asesorías en SQM», dice el informe.
Su esposa, Laura Andrea Toledo Cruz, figura en la lista del Comité Ad hoc de SQM con catorce millones ochocientos mil pesos por «asesorías jurídicas» —entre 2009 y 2011—. Según el documento, «no es abogado y los antecedentes no son consistentes con el valor del servicio». Octavio Andrés Azócar Simonet, cuñado de Aguerreberry y ex socio en una empresa que presta asesorías legales, figura con dos boletas de 2012, por un total superior a los once millones de pesos en la lista Pandora.
Gustavo Alessandri Bascuñán, concejal de la UDI por Puente Alto —hijo de Gustavo Alessandri Balmaceda, militante RN—, emitió boletas por un total de 23 millones de pesos, entre octubre de 2010 y febrero de 2012, bajo el giro «otros servicios personales».
El informe del Comité Ad hoc calificó estos pagos como «atípicos» y consigna que Alessandri «solo tiene experiencia política». Su hermana Antonia Alessandri Bascuñán, que fue su jefa de campaña para esa elección, recibió a su vez diecisiete millones de pesos entre octubre de 2011 y noviembre de 2012. También «boleteó» bajo el giro de «servicios personales», y sin respaldo de algún contrato, por lo que indica SQM.
Las conexiones familiares continúan. Tatiana Araceli Aránguiz Palacios, técnico en enfermería del Instituto AIEP —según publica en su Facebook—, emitió boletas en mayo y junio de 2013 por más de catorce millones de pesos en total. Viviana Pavone Ferrer, cuñada de Felipe Salaberry Soto, diputado UDI por el distrito 25, aparece con diez millones de pesos en lista Pandora. Emitió dos boletas por cinco millones cada una.
OTROS PAGOS DE «RIESGO ALTO»
Enrique Javier Óscar Gillmore es abogado, hijo del general de Ejército (R) Enrique Gillmore Callejas. El Comité Ad hoc de SQM lo identifica como ex consejero general de la UDI y vicepresidente en el distrito 29 —La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo—. Emitió boletas por trece millones de pesos. Entre los comentarios indica: «Giro asesoría legal. Titulado el 16 de marzo de 2013, pagos en período electoral en 2009». Además, de acuerdo a otras informaciones conocidas después, «boleteó» a SQM Salar, por otros diez millones, con lo que sus pagos superarían los 23 millones de pesos. Gillmore ha trabajado en diversas campañas de la UDI. Hasta marzo de 2015 era director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián. También quedó consignado como de «riesgo alto».
César Humberto Muñoz Ramírez recibió once millones doscientos mil pesos. «Trabaja en municipales 2010 para la UDI». Figura con asesoría en computación y pagos en período electoral. Francisca Wiegold Herrera trabajó en campaña municipal de la UDI en 2012, según el informe de SQM, y tiene boletas de diciembre de 2009 y enero y febrero de 2010 por un total de nueve millones de pesos. La misma suma recibió Patricio Alejandro Contreras Martínez, con boletas entregadas en marzo y octubre de 2011 y septiembre de 2012. Figura como «otras actividades de servicios personales». El informe lo señala como «atípico» y «no hay información de su carrera profesional y el giro muy amplio». Pero indica que es «jefe nacional de convocatoria de la Juventud de la UDI».
Unos meses después entregó boletas también por nueve millones de pesos Boris Alejandro Rocha Medina, según el Comité Ad hoc de SQM. Sobre él indica: «Jefe de gabinete de la Secretaría General de la UDI. Fue asesor en el gabinete de subsecretario del Interior» del Gobierno de Piñera. Sus boletas las entregó en noviembre de 2012 —por cinco millones de pesos— y abril de 2013 —cuatro millones de pesos—. Como giro se consigna «otras actividades en servicios personales, asesorías comerciales». El comité lo calificó de «atípico» y destaca «solo enseñanza media, no tiene título. Pagos en períodos de elecciones».
MÁS CENTROS Y ESTUDIOS
Calificado también como de «riesgo alto» por la propia SQM está el Centro de Investigaciones Sociales de Chile Limitada (RUT 76.161.980-2). En la lista Pandora figura con 155 millones de pesos en 42 boletas emitidas en 2009, 2012 y la mayor parte de ellas en 2013. El informe del Comité Ad hoc de SQM indica una cifra de 135 millones en similar período y hasta febrero de 2014. Agrega que el Centro tiene «experiencia en estadísticas, estudios de mercado, y que podría corresponder a trabajos no habituales» en la gerencia general. Pero esos servicios los señala como «atípicos» y plantea que se trataría de «pagos en períodos electorales». Anota que los recursos pudieron ir a campañas políticas de Ena von Baer en 2013 y para campañas de alcaldes y concejales de la UDI en 2009.
El Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS) fue creado en 2004 por el analista político Gonzalo Müller Osorio, casado con la diputada y jefa de bancada de la UDI María José Hoffman, y su padre, Gilberto Müller Corvalán. En 2010 Gonzalo Müller, director del Programa de Opinión Pública en la Universidad del Desarrollo, vendió su parte a su hermano Mauricio. El gerente general es Esteban Gal Oliva.
También en la larga lista de personas y entidades vinculadas a la UDI se encuentra la Universidad del Desarrollo, con cincuenta millones de pesos, y la Fundación Jaime Guzmán, con veinte millones. Además, hay algunos estudios de abogados que también figuran en las listas de pagos de dudoso respaldo. La más favorecida sería la oficina del ex ministro de Vivienda y secretario general de Gobierno de Pinochet, Miguel Ángel Poduje Sapiaín, quien murió en septiembre de 2011. Poduje Abogados S.A. figura con más de 67 millones de pesos y Poduje Abogados Limitada, con casi 45 millones y medio de pesos. En total, ciento doce millones y medio.
El estudio ahora está a cargo del hijo del ex ministro Ignacio Poduje Carbone, asociado entre otros con Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta y su hijo Manuel Díaz de Valdés Herrera. Otro estudio de abogados cuyos socios principales son cercanos a la UDI, Barros Errázuriz Abogados Limitada, también facturó por 52 millones y medio de pesos.
APOYO CONTUNDENTE
En medio de la irrupción de boletas saltó una que fue incómoda para el diputado Javier Macaya, quien se desempeñaba en ese momento como presidente subrogante del partido: su esposa, la abogada Constanza del Pilar Farías Prieto, está entre los nombres que en abril aparecieron en los medios de comunicación, con una asesoría a SQM por cuatro millones y medio de pesos. Aunque la suma no era abrumadora, en medio de la lluvia de millones que saltaban a la mesa, la situación no fue agradable para Macaya. Menos aún después de que su colega Ernesto Silva Méndez había tenido que dejar el cargo en medio de las críticas por la contaminación generalizada de los integrantes de su partido que incluso lo tocaba a él.
Tampoco se libró de ser aludida en el caso SQM la senadora Ena von Baer. En su caso la «contaminación» viene a través de Soquimich Salar, que pagó 35 millones a la sociedad Asesorías IMBC Limitada, cuyo representante legal es Jorge Maximiliano José Bussenius Gatica, quien la creó junto a su esposa, Ximena Carbacho. Bussenius fue administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer en Valdivia hasta septiembre de 2013. El 22 de septiembre de 2015, el SII mencionó a Bussenius en la querella contra SQM Salar.
Según el diario digital Ciper la suma total de aportes recibidos por la UDI de Soquimich entre 2009 y 2014 sería 923 millones seiscientos mil pesos.21 Es posible que sea eso y aun más. Porque no es fácil identificar, una a una, las decenas de personas involucradas en este torbellino de boletas.
En particular en el caso de la UDI, se advierte que hay mucho militante de base poco conocido públicamente, por lo que establecer las relaciones es tarea intensa. Lo que sí está claro es que, además del constante apoyo que recibió el partido de Jaime Guzmán de Penta, no fue ese grupo su único soporte material. Por el contrario, como se puede percibir, el apoyo concreto de SQM ha sido sólido y bajo diversas fórmulas. Asimismo, las informaciones que empiezan a aparecer referidas a otras empresas, muestran que también desde ellas ha habido este tipo de financiamiento bajo cuerdas. Y eso sin considerar que la UDI ha sido el partido más favorecido con el financiamiento legal que se hacía a través del Servicio Electoral en forma reservada desde 2003.
BANCORP Y EL SILENCIO DE PIÑERA
Pero dentro de la derecha, los favores de Ponce Lerou no iban solo para la UDI. Pese a las tensiones vividas entre el ex yerno de Pinochet y el ex presidente Sebastián Piñera Echenique en torno a las sociedades cascada, Soquimich fue pródiga en los aportes a Bancard S.A., la administradora del ex mandatario y su familia. Bancard, la misma empresa que está vinculada en las operaciones de los forwards con Penta y que fue señalada por el fiscal Carlos Gajardo en esa histórica sesión de marzo de 2015, aparece también dentro de los receptores de platas incluidos en las denuncias de Impuestos Internos y en las listas de SQM.
Entre 2009 y 2010 se concentran quince facturas entregadas por Administradora Bancorp (RUT 99.534.380-0), controlada por el ex presidente Sebastián Piñera, por un total de 340 millones de pesos. De acuerdo a la base de datos de Pandora, se advierten diez extrañas facturas por cero pesos. Los documentos fueron suscritos entre agosto de 2009 y octubre de 2010, antes de que se abriera la investigación en la Superintendencia de Valores y Seguros por las cascadas.
Piñera ha dicho que en esa época sus bienes se encontraban en «fideicomiso ciego» y sus ejecutivos argumentan que los trabajos fueron realizados. No obstante, el vicepresidente de finanzas de SQM, Ricardo Ramos, en su declaración ante la fiscalía el 10 de abril negó esas asesorías. «La única explicación plausible es que esa asesoría nunca existió».
Carlos Peña, columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, en una columna de opinión publicada en agosto de 2015, trató de responder a una interrogante latente sobre el por qué no se veía opacada la imagen del ex presidente Sebastián Piñera, tan contaminado por los casos Penta y Soquimich.22 «Hay gente que es incombustible como resultado de la virtud que cotidianamente exhibe. Nada les hace mella porque nada desmiente lo que proclaman. Otros son invulnerables porque han ejercido casi toda la gama de virtudes y han rozado casi todos los defectos de lo humano. Nada los daña porque nada en ellos resulta sorprendente. Este último parece ser el caso del ex presidente Sebastián Piñera.» El rector de la UDP lo definió como «un pícaro oportunista» que estaría «vacunado contra el desprestigio».
Santiago Valdés, su ex brazo derecho, hijo de uno de sus mejores amigos, Fabio Valdés Correa, que en el período de las «anomalías» era gerente de finanzas de Bancorp y administrador de su campaña presidencial, ha protegido a Piñera con su silencio. El periodista Mario López anotó en el semanario Cambio 21 que la formalización del administrador de la campaña —el 1 de octubre— «transforma en evidente lo que el ex presidente ha tratado de obviar con su silencio». Y en un reportaje que consulta fuentes cercanas del ex mandatario asegura que en su propio sector ha cundido la preocupación y lo llaman «a dar la cara».23
Recuerda López en esa crónica las fraudulentas operaciones en torno a los forwards con Penta, y añade que «con Soquimich son muchos más los vínculos acreditados. Desde luego, los bonos pagados al ex director de Chilevisión Jaime de Aguirre, a través de la empresa La Música, de su propiedad, por SQM Salar». De Aguirre emitió boletas por 45 millones de pesos a SQM, 15 millones a Pampa Calichera, además de una por 30 millones a Aguas Andinas y otra por 20 millones a Inversiones Illihue —vinculada a José Cox, otro de los hombres de confianza de Piñera—. Todo esto, según declaró Jaime de Aguirre en la fiscalía, cuando era director ejecutivo de Chilevisión, fue pagado a cuenta de un «bono de desempeño». La operación, según el ex ejecutivo, habría sido ordenada por Bancard que, a la vez, era la socia mayoritaria de la estación de televisión.
Piñera está complicado también con otras facturas entregadas a SQM por la sociedad Vox Pópuli —que es de su propiedad a través de Bancard— entre agosto de 2009 y abril de 2010. Estas suman 28 millones de pesos. José Cox —también imputado— declaró en la fiscalía que se había tratado de unos estudios sobre el mercado de fertilizantes y sobre la marca SQM. En todo caso, el Comité Ad hoc de la empresa calificó esa sociedad como de «riesgo alto».
En resumen, entre Penta y Soquimich las platas investigadas de Piñera serían del orden de los quinientos millones de pesos, según la estimación de Cambio 21.
CONSULTORES BAJO LA LUPA
Encabeza la lista de sociedades con facturas «atípicas» y «con riesgo alto», de acuerdo al informe del Comité Ad hoc de marzo de 2015, Consultores de Administración Asociados (RUT 76.870.050). Esta firma, incluida en una de las listas que entregó el SII, fue creada el 14 de junio de 2007 por Felipe Heiremans Etcheberry, dueño del 99 por ciento, y su hijo Bernardo Heiremans Velasco, que tiene el uno por ciento. Aparentemente sería, como su nombre lo indica, una consultora. El único dato que agrega el informe del Comité Ad hoc de SQM es que un hermano de Felipe Heiremans trabajaba durante el Gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como ministro consejero de la secretaría de Relaciones Exteriores hasta marzo de 2012. La revista Cambio 21 señala que esta firma estaría bajo investigación de la fiscalía por su eventual conexión con el ex presidente.24
Según la lista de Pandora, el monto total que recibió Consultores de Administración Asociados entre 2009 y 2014 sería 477.777.763 pesos, con 44 facturas emitidas a Soquimich en ese período; en el Informe del Comité figura con 447 millones de pesos. El documento de Soquimich lo califica como una relación «atípica», y el giro es «servicios financieros y empresariales», pero no tienen —al menos en marzo no tenían— más antecedentes ni respaldos.
EL CÍRCULO DE EGUILUZ
En Renovación Nacional quien más ha recogido platas provenientes del ex yerno de Pinochet es el ex vicepresidente de ese partido, Claudio Eguiluz, candidato a diputado sin éxito por el distrito 44 —Hualpén y Talcahuano en la región del Biobío—, quien después de muchas escaramuzas en las que llegó hasta la Corte Suprema, fue formalizado el 14 de septiembre de 2015. De acuerdo a la base de datos de Pandora, Eguiluz, quien congeló su militancia, tendría 33 boletas por un total de 161.111.112 pesos, entre 2009 y 2013. En su formalización el fiscal nacional Sabas Chahuán indicó que eran 125 millones de pesos por «servicios inexistentes», emitidos en 25 boletas de honorarios.
El fiscal estableció, además, que Eguiluz «facilitó» boletas por otros 340 millones de pesos. Esto daría un total cercano a los quinientos millones de pesos. Según Chahuán, el perjuicio fiscal contabilizado es de 179 millones de pesos.
A la salida del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, después de su formalización, el ex vicepresidente de RN reiteró que «nunca en mi vida he tenido problemas con Impuestos Internos». Sin embargo, de las declaraciones del círculo de personas conectadas con él se desprende que habría montado un sistema radicado en Concepción en torno a la Junta de Jardines Infantiles (Junji).
En la denuncia del SII del 2 de abril de 2015 aparece Alex Javier Cañete Valenzuela, militante de RN y ex jefe de gabinete de la Junji de Concepción, con boletas por ochenta millones de pesos. La lista de marzo del Comité Ad hoc de SQM le atribuye 72 millones de pesos y lo califica con «riesgo alto».
Con dos boletas por veinte millones de pesos cada una emitidas en 2013 aparece en la lista de Pandora Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo, contadora, funcionaria de la Junji. En el informe del Comité Ad hoc figura con un total de 36 millones de pesos, bajo el giro de «asesorías personales». En las anotaciones, ese informe indica que su sueldo como técnica en la Junji era de 850 mil pesos mensuales en esa época, lo que marca un fuerte contraste con los honorarios percibidos. A su vez, María Pilar Torres Machuca, empleada de la misma oficina, emitió una boleta por 18 millones de pesos, según el informe de SQM. Ninfa Delfina Gatica Espinoza, ex funcionaria de la Junji del Biobío, entregó una boleta por igual suma. Todos ellos aparecen calificados como de «riesgo alto».
Daniel Esteban Gutiérrez Fariña, quien trabajó como coordinador de la División de Organizaciones Sociales del Biobío, «boleteó» por cuarenta millones de pesos. Aseguró que en 2014 prestó una asesoría informática a SQM, pero negó que se haya tratado de financiamiento para campañas políticas.
Una sociedad en la que participa Eguiluz y que también entregó facturas por 45 millones de pesos entre octubre de 2013 y junio de 2014 es KTZ, como consigna el diario electrónico Ciper.25
Pero Eguiluz y su círculo no son los únicos RN involucrados con boletas de Soquimich. El ex diputado Alberto Cardemil, quien, como hemos visto, fue formalizado por el caso Penta, lo mismo que el ex alcalde Pablo Zalaquett, está vinculado también a la investigación de SQM. Cardemil aparece con pagos por doce millones de pesos bajo el giro de «asesorías jurídicas», con ocho boletas emitidas a SQM entre abril y diciembre de 2014. Pero advierte el Comité Ad hoc que Cardemil «no está titulado», y lo identifica como empresario agrícola y político RN. Lo califica como «riesgo alto».
LOS MISTERIOS DE ASETEC
En esa lista de SQM figura una sociedad de la que no se había oído hablar antes de abril, cuando se conoció en parte la denuncia del Servicio de Impuestos Internos. Así al menos lo expresaron militantes y hasta dirigentes de Renovación Nacional que decían desconocer su existencia. Se trata de Asesorías Técnicas S.A. (Asetec), que entregó 69 boletas entre 2009 y 2013 por 182 millones de pesos. «Presta servicios para RN en campañas electorales», señala la anotación del Comité Ad hoc de SQM, y la cataloga con «riesgo alto».
Pero en realidad se trata de una sociedad histórica de RN que recibe recursos de diversas empresas, según han dicho sus dirigentes, y les ayuda a mantener el Instituto Libertad y otras actividades. Asetec habría entregado informes a SQM a cambio de sus aportes y se calcula que nació en 1990, y desde 1994 la empresa de Julio Ponce Lerou les habría colaborado con quinientos millones de pesos.
El diario electrónico The Clinic on line la definió así: «Una máquina recaudadora ligada íntimamente con Renovación Nacional y el Instituto Libertad —centro de estudios del mismo partido— es considerada la empresa Asesorías Técnicas S.A. (Asetec), sociedad que cambiaba la composición de su directorio según las directivas de RN y por la cual se habrían girado boletas a SQM por trabajos supuestamente realizados para la minera».26
La irrupción de las facturas de Asetec provocó un remezón en Renovación Nacional. Así resumió ese momento The Clinic on line: «Tras la “aparición” de boletas a nombre de la senadora de Amplitud, ex RN, Lily Pérez, como gerente general de esa empresa, las alarmas se encendieron en el partido y revelaron la estrechísima relación comercial entre las tres instituciones».
Como describe The Clinic, Asetec es dueña de varias propiedades en la calle Galvarino Gallardo en Providencia. Partió funcionando junto al Instituto Libertad en Galvarino Gallardo 1521, y ahora tiene su sede en el 1509. A unos metros, en el 1531, está la oficina parlamentaria del senador Andrés Allamand, que es arrendatario de Asetec, de acuerdo a la versión de The Clinic on line.
EL ABOGADO RODRÍGUEZ
Ambrosio Rodríguez Quiroz, un antiguo rostro del pinochetismo duro, que después se integró a Renovación Nacional y preside su Tribunal Supremo desde hace más de diez años, figura también entre quienes han prestado servicios a Julio Ponce Lerou. Su estudio de abogados Rodríguez y Compañía Limitada emitió boletas por asesorías legales desde 2013 a principios de 2015, según la lista del Comité Ad hoc de SQM.
De triste memoria en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde ofició de fiscal después del golpe, Ambrosio Rodríguez fue un consejero cercano de Pinochet, quien le creó el especial cargo de «procurador general de la República», que desempeñó entre 1986 y 1990.
Terminada la dictadura y en tiempos en que se abrieron procesos para juzgar los crímenes de ese tiempo, Rodríguez mantuvo su incondicionalidad a su antiguo jefe y fue uno de los abogados que defendió a Augusto Pinochet en los casos como la Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor, y los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires. Asimismo, colaboró en los juicios por las cuentas del Banco Riggs. Antes fue el defensor del hijo del dictador, Augusto Pinochet Hiriart, en el proceso por la empresa Valmoval, conocido como el caso de los «pinocheques». Ha sido, además, abogado de otros connotados uniformados en causas de derechos humanos.
Desde el año 2000, Ambrosio Rodríguez es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Desarrollo, donde el decano es Pablo Rodríguez Grez, el fundador del movimiento Patria y Libertad.
EL NIDO DE LOS SEREY
Entre las curiosidades que muestran los registros de «boleteros» está —como se ha visto en algunos casos— el contagio familiar de esta epidemia. Llama la atención, por ejemplo, el clan Serey, que a simple vista no manifiesta vínculos políticos conocidos ni ha sido detectado por los medios de comunicación. La situación es más confusa por las repeticiones de apellidos dentro de la familia, ya que padre e hijo son Tobar Serey.
Juan Alberto Tobar Serey (RUT 8.126.200-4), nacido el 6 de febrero de 1970, es accionista de menos de un uno por ciento de la sociedad de Inversiones Oro Blanco. Y aparece con 27.733.329 pesos, con boletas por una suma estable (2.133.333 pesos), durante 2011 y 2012. Según el informe del Comité Ad hoc de SQM, es funcionario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En realidad, era el jefe de contabilidad de la Facultad, y cuando salió a la luz su nombre fue sometido a sumario y se encontraría suspendido por la Universidad.
Según los datos que entrega el sitio de Transparencia, Juan Tobar —como se le conoce en la U—, tenía en agosto de 2015 un sueldo bruto de 1.516.431 pesos, por su desempeño a contrata, y figura como ingeniero comercial. En todo caso, la diferencia de su sueldo estable con los pagos por estos «servicios» desde SQM es muy notable. Pero el asunto va más allá.
La esposa de Juan Alberto Tobar Serey, Rosa Katherine Serey Serey, nacida el 7 de agosto de 1971, es hija de Ramón Serey y de Rosa Emilia Serey. Ella también es funcionaria de la Facultad de Derecho. Rosa Katherine se desempeña en el Instituto de Argumentación y está contratada por un sueldo bruto de algo más de un millón de pesos: 1.047.665 pesos, incluyendo horas extraordinarias. Y participó en el mismo «negocio» que su marido por montos todavía superiores.
Según la base de datos de Pandora, Rosa Serey (RUT 14.403.977-7), alcanza un monto bastante más alto: 50.166.663 pesos, en dieciocho boletas emitidas entre 2010 y 2012, todas por más de dos millones doscientos mil pesos. Como se puede apreciar, el «suple» de Rosa Serey resulta descomunal si se compara con el sueldo que percibe en la Universidad de Chile.
En la denuncia del SII Rosa Serey figura con doce boletas a SQM por un total de 26.350.000 pesos. Las efectuó bajo el giro «Servicios profesionales de secretaría, servicios de traducción y traducción de textos». Pero el Comité Ad hoc indica: «Servicios mencionados no están de acuerdo con los montos cobrados».
A su vez, la hermana de Juan Alberto Tobar, Inés Angelina del Carmen Tobar Serey (RUT 9.473.138-0), nacida el 8 de febrero de 1963, figura en la lista de SQM con 14.560.000 pesos, por «asesorías contables». Ambos son hijos de Juan de Dios Tobar Acevedo y de Inés del Carmen Serey Sibulka.
El negocio llegó a la nueva generación: Claudio Alberto Tobar Serey (RUT 17.919.972-6), nacido el 17 de septiembre de 1991, hijo de Juan Alberto Tobar Serey y de Rosa Serey Serey, aparece en la denuncia con boletas ideológicamente falsas por 17.280.000 de pesos. En el giro «Servicios profesionales de interpretación, traducción y labores de oficina», emitió siete boletas de casi dos millones de pesos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012.
Y su tío, Hugo Claudio Serey Serey (RUT 9.807.061-3), hermano de Rosa Katherine, aparece con 4.888.888 pesos en la lista de Pandora. El informe del Comité Ad hoc de SQM lo señala con dos millones 200 mil pesos.
Las boletas de toda la familia fueron calificadas de «riesgo alto», de acuerdo a los criterios del Comité Ad hoc de SQM. La suma de esas platas implicaría un aumento de sus ingresos en casi ciento quince millones de pesos entre 2010 y 2012. Pero la pregunta es si fue para ellos o solo pasó por sus manos para desembocar en otros destinatarios.
MISTERIOS SIN RESOLVER
Las ganancias del «nido» de los Serey abarcaron también a los amigos. Es así como otro funcionario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Carlos Sepúlveda Ibacache, encargado de inventario, quien estudia Contabilidad en las noches y trabaja en la misma área que Juan Tobar Serey, está también contaminado. En agosto de 2015, Sepúlveda ganaba en la universidad 893.477 pesos brutos, incluyendo horas extras. El honorario que obtuvo por parte de SQM, según lo que registran las boletas, alcanzó a 18.680.000 pesos entre fines de 2010 y 2012, de acuerdo al informe del Comité Ad hoc.
La fiscalía tendría que esclarecer si el dinero obtenido a través de esas boletas fue a los bolsillos de este clan o si solo les llegó el diez por ciento de la devolución de impuestos —o algún porcentaje mayor de «comisión»—. No se sabe aún tampoco quién fue el contacto que vinculó a los Serey y a Juan Carlos Sepúlveda con SQM, y si el motivo último del «boleteo» es político o se trató de alguna maniobra de la red de empresas de Ponce Lerou para aumentar los costos y disminuir impuestos. Pero las desproporcionadas sumas hablan de boletas falsas y sugieren que sus emisores pueden haber sido utilizados dentro del engranaje de la máquina para defraudar, tal como lo fueron los empleados de la UDI. Es probable que el extra que obtuvieron los Serey y compañía haya sido considerado un «pituto» simple de realizar. Pero lo que parece poco probable es que estos «servicios» tuvieran algo que ver con trabajos efectivamente realizados y con gastos operacionales del holding.
LA PUBLICIDAD DEL EX INTENDENTE
La magnanimidad del ex yerno de Pinochet alcanzó a los políticos que se fueron de la Democracia Cristiana y emprendieron otros rumbos. Tanto en la base de datos Pandora como en la lista revisada por el Comité Ad hoc de SQM destacan los ex «colorines» —denominados así por el color del pelo de su líder, el ex senador Adolfo Zaldívar—, que se fueron de la DC y formaron el Partido Regionalista Independiente (PRI).
Junto a ellos están otros personajes que tras pasar por esas aguas siguieron un camino propio, como Waldo Mora Longa. Nacido en Tocopilla, ex funcionario de la Policía de Investigaciones y de la Dirinco antes del golpe, se dedicó a las comunicaciones y llegó a ser presidente metropolitano del Colegio de Periodistas y consejero nacional del mismo durante los ochenta, y próspero empresario radial, con una cadena de emisoras a lo largo del país; además, tiene una inmobiliaria y sociedades de inversiones junto a sus hijos. En la década del noventa Mora Longa inició una carrera política que lo llevó a ser diputado por el distrito Nº3, Calama, María Elena y San Pedro. Dejó la DC en 2009 porque rechazó la alianza con el Partido Comunista, se fue al PRI, pero también se retiró. En el último año del Gobierno de Sebastián Piñera fue nombrado intendente de la región de Antofagasta en calidad de independiente.
Su empresa Sociedad Productora de Programas Periodísticos S.A. (RUT 79.542.760-0) aparece con 107 facturas de SQM por 286 millones de pesos entre 2009 y 2013 en la lista Pandora. Hay dos de más de cuarenta millones cada una y el resto son por montos variables entre un millón seiscientos mil pesos y más de tres millones, además de 33 boletas con valor cero. A través de entrevistas en medios de prensa él ha dicho que esos pagos provenían de publicidad en sus radios.
En la misma ubicación de la radio Santiago —de propiedad de Mora— en la calle Triana 868, en la comuna de Providencia, aparece domiciliada Sitar Consultores S.A., una sociedad de Waldo Mora Longa y Manuel Gutiérrez Cáceres. La actividad de esta firma son las «investigaciones privadas» y figura como director gerente Óscar Gutiérrez. Sitar Consultores (RUT 76.197.838-1) habría recibido, de acuerdo a la base de datos de Pandora, 170.277.768 pesos; aparece con 54 boletas, pero seis de ellas con valor cero. Las otras con cantidades sobre los dos millones y medio de pesos y varias de las correspondientes a 2013 son de cinco millones de pesos. En la lista revisada por el Comité Ad hoc de SQM Sitar figura solo con setenta millones y con «riesgo bajo». La explicación es que «realizaron una investigación respecto a posible espionaje en SQM».
RECURSOS PARA EL PRI
Al revisar las listas con nombres y boletas se observa que el Partido Regionalista de los Independiente (PRI) se sustentó en forma importante con los aportes de Soquimich. Es uno de los más jóvenes partidos chilenos y tiene más de una fecha de nacimiento. El PRI formalmente fue fundado en 2006 tras la fusión de dos grupos: la Alianza Nacional de los Independientes y el Partido de Acción Regionalista de Chile, pero fue unos años después cuando mostró más energía. Se define a sí mismo como «centrista y regionalista». Entre sus primeros militantes estuvo la ex diputada Marta Isasi —después se retiró y se acercó por un tiempo a la UDI—, quien se ha visto envuelta en el escándalo por la Ley de Pesca que actualmente se investiga en forma reservada dentro del caso Corpesca.
En el año 2007, el senador Adolfo Zaldívar Larraín —hermano del senador Andrés Zaldívar— fue expulsado de la Democracia Cristiana después de cuarenta años de militancia, por divergencias reiteradas con la línea del PDC, según explicó en esa época la directiva presidida por la ex senadora Soledad Alvear. Cinco diputados del sector de «los colorines» decidieron abandonar junto a él la DC y entrar al PRI. A poco andar, Adolfo Zaldívar fue elegido presidente del Partido Regionalista en 2009 y desplegó un gran esfuerzo por todo el país para afianzarlo. En junio de 2010 «el colorín» fue nombrado por Sebastián Piñera embajador en Argentina. Su misión diplomática se vio truncada por un cáncer, y murió en febrero de 2013.
Entretanto, el PRI se había extendido y competía en elecciones parlamentarias y municipales. Su ex presidente Adolfo Zaldívar Larraín habría sido un importante contacto con Soquimich. Él personalmente aparece con boletas por veinte millones de pesos entre abril y junio de 2010. Además, según el testimonio ante el Ministerio Público de Patricio Purcell Avendaño, quien recibió quince millones de pesos de la empresa de Julio Ponce Lerou, el nexo para él fue Adolfo Zaldívar.
Pero a diferencia de algunas otras tiendas en las que la «inversión» en política del ex yerno de Pinochet fue más desperdigada, en el PRI los recursos apuntaron hacia los jefes. Ellos dicen que por servicios prestados. Pero el comité Ad hoc de SQM que revisó las boletas las calificó de «riesgo alto» y el Servicio de Impuestos Internos en su denuncia las clasificó como «presumiblemente falsas».
El presidente del Partido Regionalista (PRI) Humberto de la Maza Mallet figura con 66.666.670 pesos en la lista de Pandora. El informe del Comité Ad hoc de SQM habla de 45 millones de pesos, en nueve boletas entre enero de 2012 y enero de 2013. El informe señala, en los comentarios: «Atípico, experiencia política, pagos en período de elecciones». Humberto de la Maza es hermano del ex intendente DC de Valparaíso durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Iván de la Maza.
A su vez, el secretario general del PRI Eduardo Edmundo Salas Cerda figura en la denuncia del SII con nueve boletas por un total de 45 millones de pesos, catalogadas dentro del cuadro de «presumiblemente falsas».
Marco Antonio Peñaloza Villalobos es yerno del presidente del PRI, Humberto de la Maza, y emitió dos boletas en julio de 2012 y enero de 2013, en total, por diez millones de pesos, bajo el giro «servicios de arquitectura», como consigna el informe del Comité Ad hoc de SQM. Y señala que es «atípico» y podría corresponder a «trabajos no habituales de la GG». Y agrega que se trata de «pagos en período electoral». Lo mismo que las boletas de su suegro y de Salas, son calificadas de «riesgo alto».
Marcia Elena Peñaloza Villalobos, hermana de Marco Antonio, recibió veinte millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2012. El informe menciona «muy poco antecedente laboral, pago en período de elecciones».
Una suma importante obtuvo Leticia Angélica Olavarría Cárcamo, ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella fue democratacristiana y, en esa calidad, se desempeñó en el Gobierno de Ricardo Lagos como seremi de Agricultura en Valparaíso, entre 2002 y 2006. Actualmente, es consejera general del PRI, y fue candidata a diputada en 2013, por el distrito 10 de esa región, pero no resultó electa. En la denuncia del SII y en la lista de SQM figura con boletas por 36 millones de pesos. El informe del Comité Ad hoc consigna «gastos en período de elecciones».
Similar situación presenta María Fernanda Correa Lasa, quien entregó boletas por treinta millones de pesos. Los pagos se efectuaron entre junio de 2012 y enero de 2013. De acuerdo al informe del Comité Ad hoc, «no hay información» sobre su eventual trabajo, pero indica también que las boletas corresponden a «pagos en período de elecciones». Las mismas anotaciones recibe su hermana Carola Mónica Correa Lasa, quien emitió boletas a SQM por quince millones de pesos.
Desde que en abril de 2015 se conocieron los nombres de los «boleteros» del PRI, la vicepresidenta de ese partido, Alejandra Bravo, ha desmentido la militancia de algunos involucrados. Uno de ellos es Cristián Daniel Brito Gajardo, ex asesor parlamentario de Adolfo Zaldívar y ex administrador electoral general del PRI. Cristián Brito recibió pagos por veinte millones de pesos. Su hermano Jorge Osvaldo Brito Gajardo fue candidato por el distrito 42 en la Región del Biobío, en 2009. Entregó boletas por cuarenta millones de pesos. Aunque postuló en la lista del PRI, él ha aclarado que no milita en el Partido Regionalista.
Entre dirigentes y cercanos, el PRI habría recibido por lo menos 250 millones de pesos con boletas difíciles de justificar, la mayor parte durante 2012 y comienzos de 2013.
En la lista hay más nombres vinculados con el PRI con montos «menores». Los cálculos indican que en el período analizado el PRI y sus cercanos habrían recibido de Soquimich alrededor de 330 millones de pesos.
HIJOS Y EXPLICACIONES
Por el lado de la DC, lejos quien más dinero ha obtenido de SQM es Marcelo Rozas y su familia, como veíamos antes. Él encabeza la lista de los receptores personales, y junto a su señora Michelle Reymond y a su hijo Daniel totalizaron más de setecientos millones de pesos entre 2009 y 2013. Y probablemente esa suma se elevaría bastante si se develaran los pagos anteriores al año 2009. Pero —como hemos señalado— no queda claro si lo de Rozas solo fue para su hogar, como él ha dicho, o derivó en platas a sus camaradas de un sector de la DC, como algunos especulan.
Sigue en este en este «anti ranking» de las boletas Roberto Javier León Araya, hijo de Roberto León Ramírez, diputado DC por el distrito Nº 36, que reúne las comunas de Curicó, Vichuquén, Licantén, Hualañé y Teno. León Araya, de profesión ingeniero agrónomo, recibió pagos por ciento cincuenta millones de pesos, de acuerdo a la lista de Pandora, con 59 boletas entre 2009 y 2013. En la lista del Comité Ad hoc figura con 141.750.000 pesos.
Aparentemente, Roberto León Araya obtenía de SQM un «sueldo» en forma regular de dos millones y medio de pesos al mes. Los primeros pagos son de junio de 2009. El informe de marzo del Comité Ad hoc de SQM indica que serían 63 boletas, entre julio de 2009 y agosto de 2014. Pese a que León Araya es ingeniero agrónomo y entre sus descargos ha planteado que serían servicios profesionales de su especialidad, en ese documento de marzo el Comité Ad hoc de SQM lo calificó como de «alto riesgo».
Una de las situaciones más comentadas en la prensa ha sido la de los hijos del senador Jorge Pizarro Soto, presidente de la DC y ex presidente del Senado. Jorge Pizarro, uno de políticos determinantes en la constitución de la Nueva Mayoría como alianza de Gobierno, es considerado uno de los DC que más ha apoyado a la presidenta Bachelet y su programa.
Las ya famosas boletas de la sociedad Ventus Consulting han concentrado mayor número de críticas que otros pagos más suculentos. Son siete facturas de tres millones de pesos cada una, emitidas entre abril y noviembre de 2011, y cuatro de seis millones de pesos entregadas entre diciembre de 2011 y agosto de 2012, en el giro «asesoría y consultoría en comunicación y marketing». El informe del Comité Ad hoc los calificó también de «riesgo alto», y anotó: «Atípico; página web se refiere a coatching, se constituyó el 14 de enero de 2010, el año anterior a comenzar los servicios».
El problema no estaría en el rubro o en la posible competencia de la asesoría comunicacional, ya que los Pizarro Cristi estarían preparados para ese tipo de trabajo: Jorge es licenciado en Historia y cientista político, Sebastián es periodista y Benjamín, sociólogo. El asunto es que no había respaldo ni informes escritos y sus declaraciones que aludieron a «asesorías verbales» no fueron la mejor explicación en un ambiente donde todos los acontecimientos vividos han llevado al reino de la sospecha.
Jorge Pizarro Cristi, casado con la socióloga Paula Pacheco Matte, hija del ministro de Energía del actual Gobierno Máximo Pacheco, vivió hasta 2013 en Nueva York, junto a su esposa, que estudiaba un máster en la Universidad de Columbia. En ese tiempo Michelle Bachelet presidía ONU Mujeres y fueron cercanos. Al llegar al Gobierno, la presidenta nombró a Jorge Pizarro Cristi como vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras. No obstante, en junio de 2015, en medio del vendaval desatado por el caso SQM, Pizarro Cristi renunció a su cargo. Por su parte, Sebastián Pizarro, quien trabajó en TVN y después en Minera Escondida de BHP Billiton, es casado con Catalina Pacheco, hermana de Paula Pacheco. Esta última ha sido jefa de gabinete del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy desde marzo de 2010.
EL ADIÓS DE CLARA BENSAN
Clara Bensan es contadora y postulaba en la lista que se opuso a la de Jorge Pizarro en la elección a la presidencia de la DC. Esa lista la encabezaba el abogado y ex senador Ricardo Hormazábal, quien había sostenido en todos los tonos que Pizarro no debía ser el candidato de su partido por la situación que atravesaban sus hijos. Después de la elección en la que Pizarro triunfó por más del setenta por ciento, Hormazábal lo interpeló para que renunciara. Pero el asunto dio una vuelta que lo complicó cuando se supo que la denuncia de Impuestos Internos también incluía a Clara Bensan, militante de más de 32 años en la DC que había integrado su lista.
En el informe del Comité Ad hoc, la sociedad de Clara Bensan, Asesores en Gestión Integral Limitada, aparece con facturas falsas por más de 92 millones de pesos, en solo tres boletas emitidas en octubre de 2009 y febrero de 2010, justo en período electoral, bajo el giro «Asesoría en gestión empresarial y asesoría en gestión financiera y tributaria».
«El 8 de octubre de 2009, un mes antes de que oficialmente empezara la campaña presidencial de Eduardo Frei, Clara Bensan extendió una factura de su compañía Asesoría en Gestión Integral Limitada por 34 millones de pesos. En la glosa puso que el destinatario era SQM y que el pago era por una asesoría tributaria y financiera. El trabajo, sin embargo, era simulado. Un día antes, Giorgio Martelli le había escrito un correo electrónico con los datos que debía ocupar en el documento», describió The Clinic on line un tiempo después de esos hechos.27 Después Clara Bensan confesó que repitió la maniobra con boletas de su madre.
La contadora declaró a los fiscales que Giorgio Martelli, el operador político de la Concertación y de la Nueva Mayoría, le pidió las facturas para financiar la campaña presidencial de la Concertación. «SQM me dio un vale vista que Martelli me entregó. Yo fui al banco con la escritura de la sociedad, lo cobré y le entregué el dinero a Martelli en efectivo», sostuvo. Y confesó que «no hubo ningún servicio que yo o mi empresa le entregara a SQM».
Clara Bensan contó que había conocido a Martelli «en las campañas de 2005 y 2009». Pero Asesoría en Gestión Integral Limitada no solo entregó facturas a Soquimich. También emitió documentos falsos a la sociedad Caburga del grupo Said. En su declaración Clara Bensan manifestó: «Estoy arrepentida de haber hecho esto. Estoy consciente de que esto que hice no es correcto y lo hice porque tengo un alma política y creí que era necesario en ese minuto en beneficio de los ideales que la candidatura de Eduardo Frei salieran adelante».
Pocos meses después de que estallara el escándalo, Clara Bensan renunció a la DC, donde había militado durante 32 años. El 14 de septiembre fue formalizada por el Octavo Juzgado de Garantía, el mismo día que Giorgio Martelli y el radical Alejandro Sule.
YACONI Y LOS SALAZAR
Otra sociedad que aparece con platas de Soquimich destinadas a la campaña de Frei en 2009 es Renta Inversiones Servicios y Asesorías Limitada, de Pedro Yaconi Valdebenito y su entonces señora Mónica Urzúa Frei —hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle, hermana del ex senador—. Yaconi fue recaudador de esa campaña presidencial. De acuerdo a la denuncia del SII y a la lista del Comité Ad hoc lo obtenido fueron treinta millones de pesos, en una factura girada en mayo de 2009. Lo mismo que los pagos a la sociedad de Clara Bensan, fueron calificados por la empresa como de «riesgo alto».
Pedro Yaconi es abogado de la Universidad Diego Portales y ha sido muy cercano a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, aunque no milita en la DC. Integró el comité de finanzas de la campaña del ex presidente en 2009. También estuvieron en ese equipo el periodista Gonzalo Mehech, y el geógrafo Giorgio Martelli, el abogado Alfredo Ugarte y la ingeniera civil Francisca Contreras, como recuerda un reportaje de Ximena Pérez Villamil en El Mostrador,28 «aunque el grupo afirma que sólo administraba recursos de la campaña entregados por el Servicio Electoral y un crédito solicitado por Frei». En 2009, según El Mostrador, a través de tres sociedades, Yaconi facturó 282 millones de pesos a Endesa, Aguas Andinas y Soquimich.
Otro nombre ligado a la DC es el de Magdalena Sofía Salazar Sánchez, hija de Miguel Salazar, que fue jefe de gabinete de Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando era presidente. Ella es socia del Centro de Estudios Legislativos que presta asesorías legales a parlamentarios de ese partido. Aparece con ocho boletas emitidas a SQM por cinco millones de pesos, de mayo de 2014 a enero de 2015. A su vez, su padre, Miguel Salazar Beltrán, es asesor parlamentario del diputado Roberto León y figura con cuatro millones y medio de pesos pagados por Soquimich, por asesorías jurídicas en octubre y diciembre de 2014. Padre e hija aparecen como contribuyentes con «riesgo alto» en la lista del Comité Ad hoc de SQM.
LA APUESTA DE GIRO PAÍS
La siembra de Soquimich también incluyó a Ediciones Giro País, la sociedad que publica desde fines de 2010 el diario digital El Dínamo.
Aunque no es una empresa propiamente de la DC, entre los accionistas fundadores de Giro País figuran la ex ministra Mariana Aylwin, el empresario de colegios subvencionados y consejero nacional de ese partido Walter Oliva, junto a Juan José Santa Cruz y Sebastián Sichel, ambos ex DC que emigraron hacia el movimiento Fuerza Pública del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco.
Según la revista Capital,29 en 2014 se sumaron a Giro País los empresarios Juan Claro, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio; Jorge Errázuriz, fundador de Celfin Capital y socio de BRG Pactual, y Rafael Guilisasti, el actual presidente de las cascadas, y el ya mentado abogado Darío Calderón.
Ediciones Giro País (RUT 76.098.979-7) recibió durante 2013, de acuerdo a la lista de Pandora, pagos por 36 millones de pesos, en facturas por 3.611.000 cada una. Además, tiene una docena con valor cero. No está claro si en 2014 siguió recibiendo esa contribución porque la base de datos de Pandora no abarca ese año.
LOS CONTACTOS DE CEGADES
En marzo de 2015, cuando recién irrumpía la «arista Soquimich», como al comienzo se la denominó, la Fundación Ciudadano Inteligente solicitó a la Fiscalía que citara a declarar a representantes del Centro de Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades) por la «existencia de boletas o facturas de servicios supuestamente prestados a SQM entre 2009 y 2014». Y pidió que detallara los montos involucrados, los servicios prestados y «el destino de los dineros recibidos», según informó el diario La Tercera.30
Cegades respondió en esa oportunidad con un comunicado ante las interrogantes de Ciudadano Inteligente: «Nuestra corporación de derecho privado sin fines de lucro creada el año 1991, ha realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, ha publicado variados libros sobre estos temas y ha realizado múltiples asesorías». Explicó que «entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios […] la cual se financia y distribuye solo por medio de suscripciones».
Cegades no es una entidad con imagen pública muy conocida. Su domicilio es Teatinos 251, oficina 1006, en el centro de Santiago. Ligada a la Democracia Cristiana, y en particular al sector que encabeza Gutenberg Martínez, es una de las sociedades que presta asesoría a los parlamentarios de ese partido. Su directora ejecutiva es la alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta del PDC Carolina Leitao Álvarez-Salamanca.
Entre los DC que han pasado por el directorio de Cegades en el último tiempo figuran el ex ministro de Salud y ex intendente de Santiago Álex Figueroa, el ex secretario general Moisés Valenzuela, hoy gerente de Imaginacción, y el empresario José Luis Moure Oportot.
Agrega Cegades en el comunicado que la entidad «centra su atención en acciones tendientes a perfeccionar el sistema democrático, a generar mayor equidad e igualdad de oportunidades y a promover un modelo de desarrollo que conjugue la satisfacción de las necesidades de la gente con una utilización adecuada del medio ambiente natural y construido en que la sociedad se inserta».
No se refirió la respuesta a posibles servicios prestados a la empresa controlada por Julio Ponce Lerou ni a ingresos provenientes de ella. Sin embargo, en la lista de Pandora, Cegades (RUT 71.927.000-K) aparece con ocho facturas emitidas a Soquimich entre 2010 y 2013; de las ocho, cinco registran montos por sobre los tres millones de pesos, y tres aparecen con valor cero.
Pero Cegades ha tenido otras fuentes de financiamiento empresarial. Cuando se empezó a levantar el velo sobre Aguas Andinas, la compañía privatizada que hoy pertenece al consorcio franco-hispano Agbar Suez, surgieron datos sobre platas recibidas por Cegades desde esa fuente: 128 millones de pesos obtenidos entre 2009 y 2011, según publicó el periodista Nicolás Sepúlveda en El Mostrador en mayo.31 Agregó el diario digital que el senador DC Andrés Zaldívar suscribió también un contrato de prestación de servicios con Aguas Andinas, en su condición de abogado.
Explicó Zaldívar que su tarea consistía en «hacer un seguimiento a toda la tramitación, en el Senado y la Cámara, en comisiones y en Sala, de iniciativas del Gobierno en general, de todos los proyectos de ley que pudieran interesarle a la empresa. Entregué un informe mensual, con un resumen ejecutivo más anexos. Resúmenes de la discusión en Sala, de los acuerdos que se tomaban, y así hasta que los proyectos se promulgaban. Eso lo cumplí durante todo el período que estuve fuera del Senado».
LOS LAZOS DE SUR
Entre las tantas cosas que provocan asombro al revisar el contenido de la caja de Pandora que encerraba Soquimich, está el apoyo que le entregó a una ya antigua sociedad creada por opositores a la dictadura: Sur Profesionales, que fue muy importante por sus estudios críticos desde fines de los setenta y durante los años ochenta y que hoy está más dedicada a la «recuperación del espacio público», como indica en su sitio web.32
En medio de la lluvia de ceros a la derecha que ha caído en estos meses, la cantidad facturada por Sur no es elevada: «solo» veinte millones de pesos. Lo que llama la atención es que, según el testimonio del representante legal, el arquitecto Alfredo Rodríguez Arranz, ante el Ministerio Público, el contacto con Soquimich para obtener un contrato fue el ex subsecretario de la Presidencia Rodrigo Egaña Baraona, quien desde marzo de 2014 es el presidente del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Explicó Alfredo Rodríguez que la relación con la empresa surgió a principios de mayo de 2013, «cuando el señor Rodrigo Egaña me llamó para conversar conmigo y nos reunimos en mi oficina». Contó que Egaña «me dijo que Soquimich le había solicitado un estudio de seguimiento del Convenio 169. Rodrigo Egaña es un especialista en el tema». Se refería al Convenio de la OIT sobre pueblos originarios, que es ley en Chile desde 2009. «No sé qué relación tiene Rodrigo Egaña con Soquimich», agregó el arquitecto Alfredo Rodríguez ante el Ministerio Público. Contó también que Egaña les dio las instrucciones de cómo presentar los informes. Después —dijo— se entendieron con la secretaria de Patricio Contesse Katherine Bischof, a quien entregaban los informes.
El cientista político Cristián Egaña del Valle, hijo del presidente de la ADP, trabajó en el equipo de Sur Profesionales que efectuó el estudio a Soquimich, según el testimonio de Rodríguez, aludido en una crónica de La Tercera 33 en junio de 2015. Además, el diario incluyó parte de la declaración de Pauline de Vidts, vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM ante la fiscal Carmen Gloria Segura. La ejecutiva desconoció esos trabajos y los respectivos pagos: «La temática de estas facturas es de mi área, sin embargo yo no conozco la empresa ni contraté este servicio», afirmó Pauline de Vidts. Y agregó: «Patricio Contesse nunca me dijo que había contratado este servicio ni me mostró el informe, y no puedo tener una opinión del precio, ya que no conozco el trabajo; además, nunca he contratado estos servicios, ya que no he estimado necesario externalizarlos, ya que tenemos capacidad interna para desarrollar estos temas en la gerencia de sustentabilidad».
El testimonio de Pauline de Vidts podría dar una pista de cómo funcionaban las cosas en SQM al contratar servicios y efectuar operaciones bajo la mesa. Apunta, por lo demás, en la misma línea que las declaraciones del vicepresidente de Finanzas Ricardo Ramos sobre las asesorías de Bancard, la empresa de Sebastián Piñera. Es posible que sea una estrategia de blindaje de la dirección de SQM decir que nada supieron, pero también sus palabras pueden ser verídicas. Uno de los pocos que podría clarificar el punto es el ex gerente general Patricio Contesse, quien hasta ahora ha guardado silencio.
LA ASESORÍA DEL TESORERO
El destape de las cuentas de SQM ha causado polémica en diferentes ámbitos. Incluso cuando se trata de trabajos efectivamente realizados, como ocurre con los estudios de algunas consultoras. El punto es que lo que para algunos ya parecía «normal», y Soquimich era asumida como una empresa más a la que se le prestaba un servicio, hoy es visto con otros ojos.
En esa óptica, resultó llamativo que el actual tesorero general de la República Hernán Frigolett efectuara un estudio para Soquimich hace no mucho tiempo sobre el mercado del litio. Dueño de la sociedad Aserta que creó en 2003 —junto al economista Rodrigo Pizarro y a su colega y ex candidato presidencial Marcel Claude, quienes después se retiraron—, recibió entre septiembre de 2010 y febrero de 2011 más de 83 millones de pesos en cinco boletas de 16 millones cada una. Frigolett confirmó a Canal 13 que efectuó ese estudio y que colaboraron con él los economistas Enrique Dávila y Gonzalo Martner.
Las facturas pagadas a Aserta figuran en el informe del Comité Ad hoc de SQM dentro de la categoría «riesgo bajo», lo que hace pensar que el trabajo se entregó, y se señala el título: «Estudio acerca de las condiciones presentes y futuras para la explotación del litio en Chile».
Con la mirada de hoy, y considerando la importancia que tiene el litio para el país —y la controversia que al respecto se ha desatado entre la Corfo y Soquimich— parece un tanto contradictorio que un destacado economista —alto ejecutivo de Gobierno desde 2014— haya efectuado hace poco tiempo un trabajo para SQM sobre un tema tan delicado. En cierto modo, reflejaría también ese sentido de «normalidad» con que consultores, abogados, algunos economistas y muchos políticos percibían a Soquimich, la «exitosa empresa minera». Su pasado y el de Julio Ponce Lerou, su principal controlador, parecían ser ya parte de la historia.
EL PESO DE LOS THINK TANK
Al observar las listas de platas gastadas por Soquimich en asuntos ajenos a su giro, llama la atención el sustantivo apoyo a los denominados think tank —tanques de pensamiento en su traducción literal—, es decir, centros de estudios, ideas y propuestas. Y Ponce Lerou, con la aguda asesoría del ex gerente Patricio Contesse y con el consejo de sus asesores cercanos, se preocupó de «sembrar» en esta área, donde se fabrican las ideas, los proyectos y las iniciativas que pueden transformarse en opiniones, en políticas, en leyes y acciones de toda índole que afectan a la ciudadanía.
SQM apuntó a casi todo el abanico político, con la excepción de los comunistas o de movimientos que van más allá de lo que hoy es la Nueva Mayoría, aunque incluyó a algunas personas que no militan en ella. Aunque los aportes más generosos han sido para los de corte derechista, a varios de los otros les han llegado sumas significativas. En este plano, se podría decir que la siembra es más generalizada que entre los parlamentarios a los que la influencia de los puntos de vista de SQM ha llegado quizá de manera más indirecta, a través de algunos puentes como asesores y lobbistas.
Poco se ha hablado en los medios de comunicación de la relación del conocido centro Cieplan (Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina) con Soquimich. No obstante, en la lista de Pandora figura con un total de diez boletas entregadas en 2011 y 2013. Para los que conocimos los orígenes de Cieplan, en la Universidad Católica bajo la rectoría de Fernando Castillo Velasco, como un centro de estudios económicos alternativo a la Escuela de Economía comandada por los Chicago boys, suena curioso que en los últimos años tenga alguna relación con recursos provenientes de Julio Ponce Lerou.
En la lista de Pandora, Cieplan (RUT 70.00243830-5) figura con diez facturas por un total de 56.283.485 pesos entre 2011 y 2013. Pero cinco de ellas tienen valor cero. Las otras son por más de diez millones de pesos cada una. En la lista revisada por el Comité Ad hoc de SQM la suma es algo inferior: 44.670.000 pesos. La glosa que se consigna es «Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión». No obstante, se podría tratar de entrega de informes periódicos del centro de estudios a SQM.
Preside el directorio de Cieplan el ingeniero y ex senador democratacristiano Alejandro Foxley Rioseco, ministro de Hacienda de Patricio Aylwin y de Relaciones Exteriores de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y presidente del PDC. Su director ejecutivo es Pablo Piñera Echenique, también DC y hermano del ex presidente Sebastián Piñera. Otros connotados economistas de la ex Concertación y actual Nueva Mayoría integran también su cuerpo directivo. El director de proyectos es Patricio Meller, profesor de la Universidad de Chile, y entre los «investigadores seniors» hay tres ex ministros de Estado: el ex ministro del Trabajo y de Obras Públicas René Cortázar, el ex ministro de Educación José Pablo Arellano y el ex ministro de Hacienda Manuel Marfán.
Con ese plantel directivo, no es raro que SQM se haya interesado en contratar algún tipo de servicio del think tank, o que al menos pague bien por sus publicaciones.
PLATAS PARA CHILE 21
En todo caso, los pagos de Soquimich a Cieplan son menores que los efectuados a otros think tank. El aporte al Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, que obtuvo entre 2010 y 2013 alrededor de cuatrocientos millones de pesos, según la lista de Pandora, solo es comparable con el de la Fundación Chile 21, que logró 380 millones de pesos en ese período. Y el informe del Comité Ad hoc de SQM lo sitúa en 410 millones de pesos entre 2009 y 2014.
La Fundación Chile 21 (RUT 73.074.500-1) emitió 108 facturas entre 2009 y 2013, de acuerdo a la lista de Pandora; 36 de ellas con valor cero. El 24 de marzo, pocas horas después de que surgiera la información, esta fundación difundió un comunicado en el que indica: «Chile 21 es un centro de pensamiento con una trayectoria de 20 años. Son conocidos los aportes en el ámbito de la calidad de la política, el desarrollo económico, las relaciones internacionales, las políticas sociales, los estudios indígenas y el medio ambiente, para solo citar los principales».
Agrega que «sus contribuciones han sido reconocidas tanto nacional como internacionalmente» y que «Chile 21 ocupa una destacada posición en los rankings internacionales correspondientes». Explica que «la Fundación se financia sobre la base de un sistema de suscripciones que están regidas por un contrato que establece con precisión las obligaciones de las partes». Por lo que se desprende, los pagos se originarían en los documentos que la entidad entregaría a SQM, ya que Chile 21 «se obliga a presentar: un informe mensual sobre política nacional, economía y coyuntura social, ambiental e internacional; los resúmenes de los trabajos de los distintos talleres; monografías sobre temas específicos; estudios de opinión pública e invitar a los distintos eventos que organiza la Fundación».
Ese ámbito de actividad es parecido al giro que anotó el informe del Comité Ad hoc de SQM: «Investigación, estudios y capacitación científica tecnológica, en ciencias económicas, políticas y sociales del arte y la cultura», y lo califica con «riesgo bajo», igual que a Cieplan.
En la declaración de la entidad, su directorio aprovechó de especificar: «Chile 21 no participa como institución de campañas políticas y no ejerce ninguna actividad de lobby o gestión de intereses privados. Las opiniones institucionales de la fundación, así como de sus miembros, son completamente autónomas y bajo ningún concepto responden a los intereses específicos de sus suscriptores».
CON LOS OJOS CERRADOS
El ex ministro secretario general de Gobierno Francisco Vidal señaló el 24 de marzo en entrevista en la radio Duna que el contrato con Soquimich venía desde 2007. Se podría estimar entonces que los montos con que el ex yerno de Pinochet ha favorecido al think tank de centro-izquierda son todavía mayores. Ante la pregunta sobre la discordancia que había en que una fundación como Chile 21 le pidiera recursos al ex yerno de Pinochet, Vidal afirmó: «Con ese criterio tendríamos que dedicarnos (a trabajar) con el Hogar de Cristo». Y en un intento de explicación justificó: «Le fuimos a pedir plata a una empresa que tiene veinticinco años de funcionamiento».
El ex vocero —quien dijo que nunca recibió llamados de Ponce Lerou cuando estaba en el Gobierno— trató de explicar en los siguientes términos esta controversia entre las platas y la política: «Sé que es difícil, pero es la realidad. Las fundaciones tienen un rol clave, tienen un papel… ¿Qué haces tú en un país como Chile, donde el grado de concentración económica es enorme, donde una pyme no va a financiar un centro de estudios? Hay que acudir a una empresa grande». Y lanzó una frase que quedó en la antología de los dichos en torno a estos casos: «Hay que cerrar los ojos (…) el límite tiene que ver, por ejemplo, con cosas delincuenciales absolutas».
Actualmente el presidente ejecutivo de Chile 21 es el ex ministro y ex senador Carlos Ominami Pascual, uno de sus fundadores de la institución. Ominami fue militante del MIR y de regreso del exilio se integró al Partido Socialista, al que renunció en junio de 2009 para apoyar la opción presidencial de su hijo adoptivo Marco Enríquez-Ominami. Fue el primer ministro de Economía de la transición, en el gabinete de Patricio Aylwin.
Preside el consejo el economista socialista Enrique Dávila, ex gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), y encabeza el consejo ampliado de Chile 21 el senador del PPD Guido Girardi.
Para Carlos Ominami este asunto no es nada fácil, ya que además del financiamiento de SQM a Chile 21 hay otra situación que lo compromete directamente, sin considerar el lío que envuelve a su hijo adoptivo con los recursos entregados por Soquimich Salar a Cristián Warner, su ex brazo derecho.
CARLOS OMINAMI Y MILTON LEE
Pocos días después de que se conocieran los importantes aportes de la empresa controlada por Ponce Lerou a Chile 21, se supo que Soquimich había contribuido de manera importante a la campaña senatorial de Carlos Ominami en 2009. Al comienzo se habló de unos cuarenta millones de pesos, pero después resultaron ser al menos ciento cincuenta millones de pesos, que SQM pagó a la sociedad de Milton Lee Guerrero, Talleres Gráficos Alerce (RUT 96.539.820-1), a través de ocho facturas emitidas durante el año 2009 y los dos primeros meses de 2010.
Milton Lee fue tesorero del Partido Socialista y antes había pertenecido también al MIR. Era un proveedor habitual de muchas campañas y de trabajos de imprenta de diversa índole para el sector público y privado. Aunque la mayoría de sus clientes en tiempo de elecciones eran candidatos socialistas y del PPD —incluidos trabajos hechos en la campaña presidencial— hay también en su lista otros clientes, incluido el senador Iván Moreira. El problema no serían los trabajos de imprenta efectuados, sino que la triangulación de platas referidas a la campaña senatorial de Ominami por la Región de Valparaíso interior. En esa ocasión, el ex senador no logró ser reelecto —perdió frente al DC Ignacio Walker de la misma lista de la Concertación—, pero implicó que Milton Lee apareciera en la contabilidad de SQM sin haber efectuado trabajo alguno para esa empresa.
Cuando Milton Lee, quien además fue apoderado de la campaña de Ominami ante el Servel, fue citado a declarar como imputado el 31 de marzo de 2015, explicó ante los fiscales en qué consistían sus trabajos y quién se los había encargado. De acuerdo a su testimonio, Soquimich financió a Ominami, y le pagaron como si hubiera efectuado el trabajo a esa empresa, lo que nunca ocurrió. Se trataba de facturas ideológicamente falsas, como presumían los fiscales.
«Yo le dije que iba a necesitar mucho dinero para que la campaña fuera competitiva, le hablé de alrededor de doscientos millones de pesos», señaló refiriéndose a su antiguo amigo Carlos Ominami, como informó el Canal 13 el 17 de abril de 2015. «A la semana me dijo que el tema de la imprenta lo había resuelto, me dijo que todo lo de la imprenta lo iba a pagar Soquimich», declaró Milton Lee en fiscalía.34
Contó también el dueño de Talleres Alerce que lo llamó una persona pocos días después y le ofreció 150 millones de pesos, que pagarían en ocho cuotas de veinte millones cada una. Para hacer efectivos los pagos —contó— la secretaria de SQM se conectaba con la suya, Betsy Inostroza. Las facturas las llevaba un chofer hasta las oficinas del holding en calle El Trovador 4285, en la comuna de Las Condes. «El vale vista se retiraba en el banco directamente y luego yo lo depositaba en nuestra cuenta», explicó.
Con esa plata —indicó— se pagaban los gastos de la campaña de Carlos Ominami. Aunque la campaña era para el ex senador, «en las palomas también aparecía junto a él Marco Enríquez-Ominami y su familia, y los candidatos a diputados que iban en la lista de Carlos Ominami. Esto es, Marcelo Trivelli, Esteban Maturana y Leonardo Véliz».
Según Milton Lee, el contacto con Soquimich fue para él excepcional: «La única vez que recibí facturas de Soquimich para pagar campañas políticas fue en esta ocasión para Carlos Ominami, y por los lazos de amistad que teníamos. Yo me daba cuenta que esto no se ajustaba a derecho, no sabía la magnitud, pero lo hice por ayudarlo».
Carlos Ominami y Milton Lee eran amigos desde hace mucho tiempo. Juntos militaron en el MIR y después se encontraron en el PS. «La relación de Milton Lee con el ex senador Carlos Ominami es antigua y muy estrecha. Se conocieron en el exilio en Italia hace más de cuarenta años. Quienes han conversado con ellos en los últimos días afirman que se han peleado varias veces en sus años de amistad, pero la última discusión fue la más grande y SQM fue el detonante», señalaba The Clinic on line al comenzar abril.35
Milton Lee declaró que cuando el Ministerio Público lo citó se reunió con su antiguo amigo y le anticipó que «tenía que contar toda la verdad».
El 17 de octubre, a través de una información de La Tercera, Carlos Ominami reconoció aportes de Soquimich para su última campaña senatorial. Ante la consulta acerca de los antecedentes que tenía la fiscalía sobre esos 150 millones de pesos, facturados a Soquimich por Talleres Alerce, la sociedad de Milton Lee, el ex senador respondió: «En mayo o junio de 2009 concurrí a las oficinas de SQM y me entrevisté con el gerente general Patricio Contesse, quien comprometió un aporte a mi campaña senatorial de 2009 en torno a sesenta millones, que podrían ser ampliables; creo que ese monto fue ampliado en algunas condiciones que fueron convenidas con mi administrador electoral Milton Lee».36
Ominami señaló que Lee se encargó de todo el asunto de los recursos que provenían de la minera no metálica. «Desde esa reunión todos los aportes y la forma de materialización fueron resueltas por Milton Lee. Parto de la base que SQM hacía aportes de acuerdo a la legislación vigente». Y agregó el ex senador a La Tercera: «En ningún momento pensé que la concreción de estos aportes pudiera hacerse de manera maliciosa».
LOS ARGUMENTOS DE SULE
Dentro de todo lo que se ha escuchado en torno a estos casos, algunas imaginativas razones esgrimidas por las defensas de los imputados, o por estos mismos, podrían competir en un concurso de originalidad para tratar de escapar a las formalizaciones de los fiscales. Un candidato a encabezar ese ranking es el ex diputado del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) Alejandro Sule, quien involucró a otros tres «correligionarios», entre ellos al ex subsecretario General de Gobierno Rodolfo Baier, que entregaron boletas a Soquimich por una supuesta asesoría realizada por Sule.
La explicación que el abogado de Sule, Andrés Sepúlveda, entregó a La Tercera en entrevista con Javiera Matus, en la víspera de la formalización en septiembre, es de antología: el ex diputado no sabía hacer boletas de honorarios ni tenía clave en el Servicio de Impuestos Internos. «En definitiva, lo que él señala es que le resultaba muy engorroso hacerlo y por eso pide el favor de que le emitan una boleta a un tercero. Le pregunta primero a la empresa si le van a pagar si él entrega boletas de terceros y la empresa le dice que no hay ningún problema», manifestó Sepúlveda.37 El argumento suena un tanto raro para un profesional de 55 años.
Según su abogado, Sule prestó servicios a SQM en noviembre de 2012, «directamente a la gerencia general de SQM en calidad de experto». Dijo Sepúlveda que Sule fue por 48 horas «a terreno» y le pagaron 22 millones de pesos. Estuvo en Antofagasta los días 6 y 7 de noviembre de 2012 —indicó—, «siempre con Contesse, quien durmió en la habitación de al lado de Alejandro. Siempre la asesoría era con Contesse, quien iba rodeado de asesores a hacer visitas de inspección». Para dar énfasis a sus palabras explicó: «Contamos con antecedentes de que todo lo que estoy diciendo es cierto, de que el viaje existió. Un viaje por 48 horas», reiteró Andrés Sepúlveda.
Alejandro Sule Fernández es hijo del senador radical Anselmo Sule Candia, quien en democracia representó al Parlamento por la región de O’Higgins y Colchagua. Después del golpe de 1973 Anselmo Sule estuvo prisionero en la Isla Dawson, y más tarde en centros de detención en Santiago. En 1975 fue expulsado del país y vivió el exilio en Venezuela, México y Uruguay. Volvió a Chile en los ochenta y en 1990 fue elegido senador por O’Higgins y estuvo en la Cámara Alta hasta 1998. Connotada figura del radicalismo, el ex senador presidió el Partido Radical Social Demócrata desde agosto de 1994 hasta su muerte en 2002.
Su hijo vivió en los noventa un largo tiempo en Cuba, donde se dedicó a los negocios. Después fue diputado por el distrito 33 en la misma región que el padre, entre 2005 y 2009. Ese año postuló por el distrito 28, compuesto por las comunas de San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, pero no logró ser elegido.
En la Cámara, Alejandro Sule —ingeniero eléctrico, según su currículo— integró la Comisión de Minería y Energía. Y desde 2010, preside un consejo consultivo en esas áreas, financiado por una fundación alemana. A la vez, desde enero de 2015, Alejandro Sule era asesor de la ministra de Minería, su correligionaria Aurora Williams. Tenía un contrato a honorarios por tres millones de pesos brutos al mes, cuando estalló el escándalo de las boletas de Soquimich. En medio del vendaval tuvo que abandonar el Ministerio, y el 22 de junio fue obligado a renunciar como segundo vicepresidente del Partido Radical y debió congelar su militancia.
A la denuncia de Impuestos Internos se sumó otro detonante: la declaración ante la fiscalía del periodista y subsecretario general de Gobierno Rodolfo Baier, quien declaró en calidad de imputado por haber entregado una boleta por seis millones de pesos, emitida en enero de 2013. «Un solo pago en año electoral, pero es un periodista conocido», anotó el Comité Ad hoc de SQM en su informe. «La historia de esta boleta es sencilla, quiero ser claro en esto. A mí, quien me solicita una colaboración en materia de una asesoría comunicacional en temas de energía, comunitarios, es el ex diputado Alejandro Sule. Él fue presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Yo no tenía por qué dudar de que este servicio se fuera a realizar como tal», señaló en una entrevista del diario El Mercurio en julio.38
Explicó el ex subsecretario que Sule había prestado una supuesta asesoría comunicacional, pero «él no tenía ese rubro», por eso le pidió en su calidad de periodista entregar esa boleta.
Rodolfo Baier admitió sentirse engañado por el ex vicepresidente de su partido. «Yo soy víctima, pequé de confiado, que es lo principal. Entendiendo que esta boleta tenía un respaldo técnico (…) que se había hecho el trabajo. Y ahí yo pido disculpas y reconozco el error, porque no tenía todos los antecedentes en ese minuto».
UN AMIGO SECRETO
Una situación similar vivió el periodista Ignacio Rojas, asesor del Ministerio de Economía, quien entregó una boleta por la misma cantidad que Baier y con el mismo objeto, según se pudo establecer.
Más elevada fue la suma de una boleta del abogado Carlos Domenico Descalzi Contreras, consejero nacional del Partido Radical Socialdemócrata. La emitió en junio de 2014, por diez millones de pesos, bajo el giro «Asesoría en Investigación y Desarrollo. Giro Servicios Jurídicos». El Comité Ad hoc de SQM lo calificó como contribuyente «atípico». Anota que es abogado desde el 25 de abril de 2005. Y al lado un comentario: «Muy caro el servicio, comparado con renta en servicio público».
El periodista Víctor Carvajal, en un reportaje de Ciper publicado en julio de 2015, profundizó en estos episodios que afectaron al radicalismo: «Sule envió una carta de renuncia a la segunda vicepresidencia del PR, en la que señala su deseo de no dañar al partido por la investigación de las platas políticas. El escrito está dirigido a la secretaría general de la colectividad y a su Tribunal Supremo (TS) que abrió una investigación sobre los testimonios —por momentos dramáticos— que se escucharon en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PR, realizada el 22 de junio y que contó con la presencia de Sule, Baier y Descalzi».39
Continúa el relato de Ciper: «La tensión en el CEN subió varios niveles en el momento en que se le exigió a Sule que revelara quién era su contacto en Soquimich. El ex diputado solo respondió: “Un amigo”. Y rechazó entregar el nombre a pesar de la dura insistencia de los consejeros del CEN».
El abogado Carlo Descalzi reconoció ante la fiscal Carmen Gloria Segura —en agosto— que entregó una boleta de servicios a SQM por diez millones de pesos en 2014 «para justificar un informe en derecho que realizó». Sin embargo, explicó que él fue solo un intermediario, pues era un favor para el ex diputado de su partido Alejandro Sule, según informó la periodista de Televisión Nacional Carolina Acuña.40 De acuerdo a esa versión, Sule le pagó cuatrocientos mil pesos por el trabajo y «se quedó con el resto del dinero que, según le dijo, era una deuda que la empresa tenía con él desde el año anterior».
Alejandro Sule fue formalizado el 14 de septiembre y quedó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
EL EX EMBAJADOR BAHAMONDES
Su nombre resulta extraño a primera vista: Kyballion. Los «iniciados» podrán contar que se trata de un documento del siglo XIX, rodeado de misterios e historias ocultas que habla de los principios del «hermetismo». Libro de secretos, de mutaciones y de autores ignorados que quisieron permanecer anónimos. Pero en esta historia es simplemente el nombre de una sociedad enredada en las boletas con Soquimich. La formó Alejandro Bahamondes, un activo dirigente del PPD, que cuando estalló el escándalo era el embajador de Chile en Paraguay.
Hasta partir a Asunción en abril de 2014, Bahamondes fue director ejecutivo de su sociedad Kyballion Consultores Limitada. La firma recibió veintidós millones de pesos según el informe del Comité Ad hoc de SQM, que la calificó como contribuyente de «riesgo alto». Emitió dos facturas, en marzo y mayo de 2012, por diez y doce millones de pesos respectivamente. En los comentarios señala: «Empresa realiza consultoría en la Municipalidad de San Miguel y participa en una licitación para capacitación de docentes; experiencia no podría estar de acuerdo con requisitos para asesorar a GG».
Alejandro Bahamondes Saavedra estudió Contabilidad en la Universidad Técnica del Estado. De joven fue democratacristiano, luego hizo la trayectoria hacia el Mapu, para después integrarse al MIR, donde fue parte de su directiva en el exilio. De vuelta a Chile, y ya en la transición a la democracia, se incorporó al PPD. En ese partido milita desde hace más de veinte años y llegó a ser secretario general, tesorero y vicepresidente. Se le identifica con el sector de Guido Girardi.
Los lazos de Bahamondes con Soquimich se extienden más allá de Kyaballion, en una compleja malla de relaciones y posibles influencias. Su hijo Luis Alejandro Bahamondes Fuentealba, ingeniero, es el jefe del departamento de Planificación de Tecnologías de la Información de SQM Industrial, una de las filiales del holding. Su nuera, la abogada Malaki del Pilar Sepúlveda Eljatib —casada con Luis—, es jefa del departamento de Propiedad Minera del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), donde recibe un sueldo bruto mensual de 4.463.511 pesos.
Y sucede que —como hemos visto en un capítulo anterior— Soquimich es la empresa que más pertenencias mineras concesionadas tiene en el país. Quien esté en ese puesto no es indiferente para la compañía controlada por Julio Ponce Lerou.
En el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Malaki Sepúlveda fue seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana. Su marido, Luis Bahamondes, también se desempeñó antes en la administración pública, según consignó en abril el periodista Gustavo Orellana en Pulso: fue subdirector intendente de la Superintendencia de Seguridad Social entre septiembre de 2008 y febrero de 2010.41 Después trabajó junto a su padre en la Consultora Kyballion hasta que entró a Soquimich Industrial.
CONEXIONES Y RENUNCIAS
La hija del ex embajador, Adela Bahamondes Fuentealba, también militante del PPD, es la gobernadora de la provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana, desde marzo de 2014. Durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Adela Bahamondes también trabajó en el aparato público: fue jefa de gabinete del abogado del PPD Rodrigo Álvarez Seguel, quien se desempeñaba como director ejecutivo del Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), dependiente del Ministerio de Agricultura.
Rodrigo Álvarez Seguel fue director del Ciren entre 2008 y principios de 2010. Antes había sido asesor jurídico de la Comisión Nacional de Riego. En octubre de 2014 fue nombrado director de Sernageomin, el servicio que debe supervisar la actividad minera. La nuera de Bahamondes, Malaki Sepúlveda, fue ascendida por Álvarez a su jefatura actual.
Rodrigo Álvarez tiene cuarenta años y se tituló de abogado en la Universidad La República en 2005. Fue militante del Partido Radical hasta 2001 y después ingresó al PPD. Se le considera un «ahijado» político de Alejandro Bahamondes.
Según Nicolás Sepúlveda del diario El Mostrador, su cercanía se remonta a la época en que «el actual director de Sernageomin quedó “huérfano” en la política, después del alejamiento de Fernando Flores y Jorge Schaulsohn del partido».42 De acuerdo a esa versión, Álvarez era parte de ese sector. «Quienes lo conocen de ese tiempo, mencionan que fue ahí cuando decidió acercarse al sector liderado por el senador Guido Girardi, del cual Alejandro Bahamondes forma parte. De hecho, el jefe de gabinete de Álvarez, Émerson Segovia, es un reconocido girardista», anota Nicolás Sepúlveda. Y agrega que Álvarez, ex militante del PR contaría con «la confianza de la ministra de la cartera, la militante radical Aurora Williams».
El Sernageomin depende del Ministerio de Minería, y su director Rodrigo Álvarez resultó contaminado por Soquimich, por haber recibido un pago de cinco millones de pesos, como lo comprueba una boleta de marzo de 2012, consignada en el informe de SQM. Quedó calificada como de «riesgo alto». Pero pese a que hubo un reclamo de la Asociación de Funcionarios del Servicio, cuando recién se conoció la situación que afectaba al director, este hecho no ha tenido repercusión mayor.
Junto a Rodrigo Álvarez y Alejandro Bahamondes apareció en las listas de boletas cuestionadas otro personaje del PPD muy cercano al ex embajador: el abogado Juan Marcos Moreno, quien se desempeñaba como asesor legislativo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde había sido contratado en marzo de 2014, con un honorario bruto de tres millones y medio de pesos. Su rol principal era el seguimiento de los proyectos legislativos. Pero a diferencia de Álvarez, a Moreno le pidió la renuncia el ex ministro Jorge Insunza en su fugaz paso por el gabinete.
Juan Marco Moreno había recibido quince millones de pesos de SQM, y emitió tres boletas de cinco millones cada una entre enero y marzo de 2010. Además de dejar su asesoría al Gobierno, Moreno tuvo que renunciar a un importante cargo partidario: era el presidente del Tribunal Supremo del PPD.
La relación de Juan Marco Moreno con Soquimich no se limitaba a esas boletas. Moreno es socio de la consultora Altercom, que recibió pagos en el período analizado por diez millones de pesos, según la lista revisada por el Comité Ad hoc de SQM. «La experiencia principal es en recursos humanos. Pago en período electoral«, indica el comentario en ese documento. También fue calificada como de «riesgo alto».
Los contactos entre estos dirigentes del PPD involucrados en las boletas dieron para comentarios en corrillos políticos y en artículos de prensa. «El mismo Bahamondes fue quien encumbró a Moreno en la interna del PPD hasta convertirlo en presidente del tribunal supremo de la colectividad, según comentaron en la comisión política del PPD celebrada el pasado lunes. El PPD necesitaba un abogado para el cargo y Moreno se hizo de él, pese a no ser considerado por algunos de sus camaradas abogados como “un gran jurista”», señaló Pedro Pablo Ramírez en El Mostrador.43 Se comentaba también en esos días de abril, mientras el entonces embajador Bahamondes seguía en su puesto en Paraguay, que él habría sido el nexo con Soquimich para sus otros compañeros de partido.
En agosto, la Cancillería anunció la renuncia de Alejandro Bahamondes a su cargo diplomático y dio a conocer una carta en el que el ex embajador expuso los motivos que lo hicieron regresar a Chile. Su decisión —escribió— se debe «a la ola de rumores y trascendidos publicados por algunos sectores de la prensa de nuestro país, relacionados con la investigación que actualmente se realiza en la empresa SQM, frente a los cuales he guardado riguroso y respetuoso silencio, teniendo en claro que jurídicamente no se condicen con la verdad». Agregó que con su renuncia busca «velar por la tranquilidad de mi familia tan injustamente tratada, e igualmente por mi salud que se ha visto afectada por lo sucedido».
LOS ASESORES DE FULVIO
Los hechos que complicaron a Fulvio Rossi Ciocca, senador socialista por las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, fueron in crescendo a medida que transcurría la investigación del Ministerio Público. Los primeros en aparecer en escena fueron sus asesores y una concuñada. Después se conocieron los correos electrónicos que lo comprometen a él directamente.
María Valentina Martínez Zaror es hermana de la cuñada del senador Rossi. Aparece en la lista del Comité Ad hoc de SQM con cinco boletas por cuatro millones de pesos cada una, emitidas entre julio y diciembre de 2009. A esos veinte millones se suma una boleta de cinco millones trescientos mil pesos de septiembre de 2012. El informe la califica de contribuyente «atípico» y señala que «no hace ninguna referencia a aspectos laborales», además de ser un pago correspondiente al período de elecciones.
Al revisar las listas de pagos de SQM con boletas ideológicamente falsas o sin justificar abundan las asesorías comunicacionales. En la red cercana al senador Fulvio Rossi aparece René Lorenzo Madariaga Carmona, asesor comunicacional del senador, quien emitió boletas por dieciséis millones de pesos. Según el documento de SQM, Madariaga es periodista de la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta desde 2010. Entregó cuatro boletas de cuatro millones de pesos cada una entre enero y abril de 2009. Fue llamado a declarar por la fiscalía y guardó silencio.
La periodista Mariela Loreto Molina Aguilera, jefa de gabinete del senador Rossi entre 2005 y 2012, emitió boletas en 2009 por cuatro millones cuatrocientos mil pesos y una boleta en 2012 por dos millones.
Fulvio Rossi negó en un primer momento la relación con su campaña de las platas recibidas por sus cercanos. Sin embargo, con el correr de los meses el cerco de las sospechas se cerró, con nuevos antecedentes.
CORREOS Y PEDIDOS
Los correos electrónicos en poder de los fiscales añadieron más pruebas sobre su relación con Soquimich. «Estimado Patricio: de acuerdo a lo conversado te envío la lista de candidatos y candidatas. Te reitero mis sinceros agradecimientos», escribió en la madrugada del 15 de agosto de 2012 Fulvio Rossi al entonces gerente general de Soquimich, Patricio Contesse. En el mismo e-mail el senador incluyó una lista con 32 nombres de candidatos para la elección municipal de las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota para quienes demandó la «generosidad» de la empresa.
El miércoles 2 de septiembre de 2015, cuando La Tercera divulgó ese e-mail, que es parte de la carpeta investigativa de la fiscalía, se produjo estupor en el ambiente político, pese a que los rumores de la «contaminación» de Fulvio Rossi circulaban desde comienzos de año. La nómina fue develada por el propio fiscal nacional Sabas Chahuán en una presentación al Octavo Juzgado de Garantía en la que solicitaba averiguar si había aportes a esos candidatos a través del Servel.
Fulvio Rossi, que estaba con licencia médica después de una operación de cáncer a la tiroides, reaccionó a través de un comunicado. Según él, no había nada ilícito en sus actuaciones. «Quisiera aclarar que se trata de una solicitud de apoyo para el financiamiento de campaña a través de los mecanismos que la ley establece vía Servicio Electoral de nuestros candidatos y candidatas». No obstante, como indicaron en un reportaje dominical en el mismo diario Víctor Cofré y Francisco Artaza, «otro intercambio electrónico deja en evidencia que el senador electo en 2009 y cuyo período termina en 2018, también pidió a SQM dineros irregulares».44
Pero hay otro antecedente: una semana después del pedido que hizo Fulvio Rossi a Patricio Contesse, el senador socialista recibió un correo del abogado de Soquimich Enrique Olivares, quien le señalaba: «Por encargo del señor Patricio Contesse, agradecería pudiéramos hablar, o con quien me indiques para los efectos de revisar algunos aspectos de lo señalado en tu mail de más abajo».
En su respuesta a Olivares, al día siguiente de recibir el correo del abogado de SQM, Fulvio Rossi redujo el número de personas «favorecidas» a 19, y bajó el pedido total de veinte a diecisiete millones de pesos. «Agradezco el apoyo y te pediría que al menos lo de Flavio Rossi, que es mi padre, pudiese salir luego. Un abrazo, Fulvio», decía el mail en que cerraba el acuerdo. Un mes después de ese correo en septiembre de 2012 —como recuerda el reportaje de La Tercera—, Flavio Rossi, concejal de la Municipalidad de Iquique, murió de cáncer.
Un detalle que une estas peticiones con las boletas de los colaboradores de Fulvio Rossi es que el martes 28 de agosto de 2012, cuatro días después del correo del senador a Enrique Olivares, la periodista Mariela Molina Aguilera emitió a SQM su única boleta de ese año, por la suma de tres millones de pesos. «El mismo monto que el senador pidió justificar con una supuesta asesoría comunicacional. Ese documento fue incorporado por SQM a la rectificación de impuestos presentada en marzo por falta de respaldos», indicaron Víctor Cofré y Francisco Artaza, en el reportaje de La Tercera.
El 30 de marzo de 2015, Enrique Olivares declaró como imputado ante el fiscal Emiliano Arias. Llegó hasta la fiscalía acompañado de su abogado Luis Hermosilla. Ahí reveló que era él quien distribuía en el Servel los aportes legales a campañas políticas que autorizaba el directorio y que luego definía en detalle Patricio Contesse. Según Olivares, esos aportes se «hicieron a muchos candidatos», pero se amparó en que estaba legalmente impedido para decir a quiénes.
Los pagos al círculo de Rossi, sus correos y pedidos están en el foco de los fiscales.
LOS CONTAMINADOS DEL SALAR
Los suscriptores de boletas y facturas brujas —o al menos sin sustento lógico— dirigidas a la empresa matriz del holding Soquimich y a sus filiales muestran no solo la amplitud del espectro político que abarcó con sus favores el ex yerno de Augusto Pinochet. El abanico que va de derecha a izquierda da cuenta de una habilidad para trabajar en escenarios que podían ser adversos y contaminar con su influencia y sus pesos puntos neurálgicos del poder que inciden en el funcionamiento de la sociedad.
Como se ha visto, el grupo encabezado por Julio Ponce Lerou se preocupó en estos años —no se sabe con exactitud durante cuántos— de dar plata para campañas municipales y parlamentarias. Pero fue más allá. Mucho más allá de lo imaginado. Y contribuyó al financiamiento —al margen de la ley— con sus boletas y facturas ideológicamente falsas, según se puede desprender de las acusaciones de los fiscales, al apoyo a las campañas de casi todos los últimos candidatos presidenciales.
Además de los ya mencionados pagos que se vinculan con Sebastián Piñera, a través de Bancard, y con la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en 2009, el correr de los meses trajo nuevas sorpresas, cuando se abrió el telón sobre las dádivas de Soquimich Salar. Estos dineros no estaban incluidos en la base de datos de Pandora ni en el informe del Comité Ad hoc de SQM. Tampoco aparecieron en las primeras denuncias de Impuestos Internos.
SQM Salar había sido la elegida por el holding para las polémicas operaciones tributarias que contribuyeron a dos precandidaturas presidenciales del último tiempo: la de la actual presidenta, conducida en esa fase por el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y la de Marco Enríquez-Ominami. Es lo que se puede concluir, de acuerdo a los antecedentes que se han ido conociendo a partir de listas y «rectificaciones» de SQM ante Impuestos Internos, y a través de declaraciones ante la fiscalía de los imputados y testigos.
En ese escenario, aparecieron en primer plano las figuras del geógrafo y operador Giorgio Martelli, del economista y ex presidente de Enersis Jorge Rosenblut y del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
El otro gran contaminado por Salar es el precandidato Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista (PRO), aunque hasta ahora no la ha querido admitir, pese a los comprometedores e-mails que lo aluden, y a las declaraciones de la secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof.
QUERELLA «NOMINATIVA»
Los pagos de SQM Salar fueron excluidos en las presentaciones iniciales de Impuestos Internos. Pero, tras la «rectificación» efectuada en agosto por la empresa, el SII presentó una querella ante el Ministerio Público. Esto ocurrió después de meses de tensiones y tiras y aflojes entre Impuestos Internos y la Fiscalía y tras la polémica salida del ex director Michel Jorratt y del ex subdirector Cristián Vargas. Finalmente, el nuevo director de Impuestos Internos, el ingeniero Francisco Javier Barraza Luengo, presentó el 22 de septiembre una querella criminal contra Soquimich Salar. Esta apunta al ex gerente Patricio Contesse y llega hasta Giorgio Martelli y el periodista Cristián Warner, el ex brazo derecho de MEO.
El SII planteó esta vez una querella «nominativa» y omitió expresamente la frase «contra quienes resulten responsables», aunque los fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, a propósito de los intentos por frenar la investigación por parte del ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz, habían dado una señal interesante: se deben investigar los hechos, sin poner límites a la acción del Ministerio Público, que tiene como rol investigar y perseguir los delitos. Lo que argumentan juristas y fiscales es que ellos investigan hechos y no cabe, entonces, poner límites de nombres, porque la propia indagatoria puede llevar a otros responsables. Asimismo, los delitos tributarios no solo generan daño material al fisco, sino que —como se ha visto en estos casos— repercuten negativamente en la oscura relación entre dinero y política y, al final de cuentas, en toda la sociedad.
En todo caso, la querella «nominativa» de septiembre del SII, dirigida contra SQM Salar y su gerente de entonces, Patricio Contesse, alcanzó también a Martelli y Warner y a otras personas que resultaron comprometidas, según el SII, en calidad de «autores de delito tributario»: Patricio Alejandro Rodrigo Salinas, PPD, representante legal de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, que emitió diez facturas a SQM Salar entre 2011 y 2012 por un total de 57 millones de pesos; y Carlos Tudela García —hijo del embajador DC de Chile en Singapur, Carlos Tudela Aroca—, con cuatro boletas por un total de más de trece millones brutos en 2013.
En los años 2012, 2013 y 2014 —indica la querella— existían «desembolsos que primitivamente se imputaron como gastos necesarios para producir la renta, a pesar de no cumplirse íntegramente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta para ser deducidos como tales». Esto provocó —señala— «una disminución indebida de la base imponible del tributo que debía satisfacer, perjudicando en ello el interés fiscal, al enterar un monto de impuestos inferior a que se encontraba obligada a pagar la empresa».
En el relato de hechos, incluye declaraciones juradas del vicepresidente del holding y de SQM Salar, Patricio de Solminihac, y del vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos, quienes señalaron que no sabían «si se trata de servicios prestados». De Solminihac dijo: «Nadie de las personas a las que yo pregunté conocía de estos servicios, yo no conozco a los prestadores». Señaló también que un comité especial del directorio le preguntó a Contesse «y él dijo que no hablaría porque era su estrategia legal. Lo que sí dijo es que estos pagos eran de su exclusiva responsabilidad y conocimiento».
Ricardo Campos declaró ante el SII en la misma línea: «Me parece improbable que en muchos de los casos se hayan prestado los servicios, podría tratarse de una estrategia legal por parte de ellos». Ramos, que también ocupa el mismo cargo en el holding, fue quien se refirió en similares términos a los presuntos servicios financieros de Bancard.
LA CAÍDA DE LA G90
Para Asesorías y Negocios SpA, la sociedad de Giorgio Martelli, fueron destinados casi 246 millones de pesos que se distribuyeron en un grupo de asesores conocidos como los G90 —nombre que alude a la generación de los años noventa—, capitaneados por Rodrigo Peñailillo. El ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet en su anterior Gobierno llegó a La Moneda en marzo de 2014 como un promisorio y entusiasta ministro del Interior. Junto al respaldo total de la Presidenta tenía a su alrededor a un equipo de profesionales, la mayoría militantes del PPD como él, y de su misma generación, que lo acompañarían en sus tareas de Gobierno.
Pero los sueños de Peñailillo, que «pintaba» incluso como un sucesor de la presidenta para un futuro Gobierno, se truncaron, en medio del escándalo de las boletas y las informaciones que día a día golpeaban en los medios de comunicación.
«El estilo de la G90 se coronó el 14 de marzo de 2014 cuando Rodrigo Peñailillo asumió a los 40 años como ministro del Interior y Seguridad Pública, el más joven jefe de gabinete desde el regreso a la democracia. ¿Qué hizo entonces?», se preguntaba un reportaje de Ciper en mayo de 2015. «No sólo instaló a personas de confianza en su propio equipo, sino que desplegó una red de funcionarios en puestos secundarios pero clave de los principales ministerios. Ahí los anónimos integrantes de la G90 se transformaron en protagonistas, aunque siempre en la tercera línea, con una fuerte presencia en las jefaturas de gabinete ministeriales y otros cargos estratégicos», describía esa publicación.45
Flavio Candia trabajaba junto a Peñailillo en el Ministerio del Interior y fue el primero en dejar el cargo. También tuvieron que abandonar La Moneda Robinson Pérez y Héctor Cucumides. Harold Correa, el ex jefe de gabinete del ministro de Educación, se acogió a una licencia y después fue reemplazado por la ministra Adriana del Piano. Gabriel Sepúlveda se mantuvo en el gabinete del ministro de Energía Máximo Pacheco hasta octubre, pero luego fue destinado a otro puesto. Cristián Riquelme permaneció en la administración de La Moneda, y Adolfo Galindo sobrevive en Minería, aunque dejó de ser el jefe de gabinete.
LA VERSIÓN DE MARTELLI
La querella de Impuestos Internos confirmó las cifras de boletas cuestionadas que ya manejaba la fiscalía. Se trataba de 22 facturas emitidas por AyN a Soquimich Salar entre enero de 2012 y octubre de 2013. El total de 2012 ascendió a una suma de noventa y seis millones de pesos y en 2013 alcanzó a ciento cincuenta millones de pesos.
Pero antes que las nuevas autoridades del SII presentaran esa demorada querella, la fiscalía había seguido avanzando en sus indagaciones. Tanto Giorgio Martelli como Jorge Rosenblut comparecieron en calidad de imputados. Después de alrededor de treinta horas de declaración en cuatro días, entre el 27 de mayo y el 4 de junio, Martelli expuso al fiscal Sabas Chahuán su visión de los hechos. Martelli involucró directamente al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo como autor del diseño que llevó a la creación de Asesorías y Negocios SpA.
A través de esa firma, cuyo único socio era Martelli, se pagó a más de una docena de profesionales. SQM Salar le cancelaba a la firma de Giorgio Martelli y, a su vez, el geógrafo pagaba a los profesionales que le elaboraban informes.
Martelli señaló que el nexo para la obtención de los recursos con Soquimich y con empresas del grupo Angelini fue el economista y empresario Jorge Rosenblut, quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente de Enersis, la matriz de Endesa. «Jorge Rosenblut me llamó para pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc., para una nueva opción de gobierno de la Concertación», indicó Martelli al fiscal Chahuán.
Según Martelli, como consecuencia de estos acuerdos, «constituí a fines de 2011, la sociedad Asesorías y Negocios (…) Estas decisiones, tanto de ayuda a estos profesionales como de constitución de una sociedad para este fin, se adoptaron por un conjunto de personas: Rosenblut, Rodrigo Peñailillo, (Cristián) Quinzio, quien dio su aporte legal como abogado y yo. Todos participamos de esas reuniones», afirmó en su declaración.
Contó además que Jorge Rosenblut lo contactó también con el abogado José Tomás Guzmán, «y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini». Explicó que Guzmán «estableció la distribución del financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut». Y reiteró: «Esto me lo comunicó Rosenblut, la asignación de los montos sería a partir del año 2012».
LOS DICHOS DE PEÑAILILLO
En la tarde del 17 de junio, al día siguiente del accidente carretero del seleccionado nacional Arturo Vidal, mientras se disputaba la Copa América, Rodrigo Peñailillo Briceño declaró como imputado. Alrededor de las cinco de la tarde de ese miércoles, el ex ministro del Interior concurrió hasta la sede central del Ministerio Público, donde lo recibió el fiscal nacional Sabas Chahuán. Lo acompañaron los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias y estuvieron presentes también dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, el comisario Manuel Castillas Meléndez y el subcomisario Edson Figueroa Espinoza, además del abogado del imputado, Rodrigo González Soto.
Contó Rodrigo Peñailillo a los fiscales que conocía a Giorgio Martelli desde 2005, cuando era el administrador electoral y Peñailillo jefe de gabinete de la candidata presidencial. «Me encontraba con él habitualmente», señaló, pero precisó que después de la campaña lo dejó de ver en forma frecuente.
Rodrigo Peñailillo es ingeniero de la Universidad de Concepción y estuvo en Madrid, entre abril de 2010 y septiembre de 2011, realizando estudios de postgrado. De regreso se encontró de nuevo con Giorgio Martelli. Pero —dijo— no recordaba quién lo volvió a contactar, a fines de 2011. «Y para explicar el contexto dentro del cual lo volví a ver, quiero decir que había un grupo de personas sin trabajo y que, al mismo tiempo, pensábamos desde el punto de vista político colaborar en el futuro de un proyecto político de una candidatura futura». Y a continuación señaló: «Giorgio plantea la idea de tener una empresa real y que efectivamente pudiera vender servicios y contratar personas que pudiesen trabajar, jóvenes profesionales universitarios, a las personas que en su mayoría tenían una inclinación política ideológicamente afín».
INSUMOS POLÍTICOS
Más adelante Peñailillo volvió sobre la misma idea. Según él, era importante «producir insumos políticos y trabajar de forma adelantada. Para personas que no estaban en la elite política era una buena posibilidad de trabajar en AyN. Se produjo una sinergia entre un grupo de personas que elaboraron un proyecto de futuro político de transformaciones que el país fuera a tener, y la actividad empresarial de AyN». Agregó que en ese momento no estaba claro cuál sería la candidatura dentro de la coalición: «Los insumos podrían haber terminado en una u otra candidatura, pero lo más probable era que fuera la candidatura de Bachelet», señaló.
Aunque admitió que conocía al abogado Cristián Quinzio, quien —dijo Peñailillo— «actualmente trabaja en Codelco», declaró que no sabía «si él participó en la formación de la empresa de Giorgio Martelli Asesorías y Negocios». Pero negó haber estado en una reunión con Martelli y Quinzio «para definir cómo se iba a constituir la empresa». Tampoco participó —como había dicho Martelli— en «ninguna reunión con Rosenblut, Martelli y Quinzio en esa época para efectos de la conformación de la empresa AyN SpA». Y reiteró que la sociedad se constituyó «para que los profesionales pudieran tener trabajos e ingresos propios para trabajar y vender los productos».
Ante la pregunta de los fiscales, admitió que «una vez constituida la empresa, yo sugerí los nombres para la contratación de determinadas personas». Mencionó a Gabriel Sepúlveda, Robinson Pérez, Flavio Candia, Héctor Cucumides, Harold Correa, Sergio Torres, Alicia Galdames. Pero insistió en que él no decidió ni las rentas ni los contratos de los profesionales. «Yo solo sugerí a Martelli nombres y eventuales rentas… Martelli decidía financieramente cuánto pagarles».
Cuando le señalaron que Martelli dijo que, en general, «usted decidió la contratación de algunas personas y él se limitó a firmar los contratos», Peñailillo insistió: «Yo sugerí algunos nombres y algunos montos, pero la decisión final fue de él». En cuanto a su relación en la elaboración de informes, indicó: «Yo presté servicios de enero a mayo de 2012 a AyN». Y cuando le preguntaron por el destino final de los informes, aseguró que no sabía. «No era mi tarea». Explicó que Gabriel Sepúlveda «organizaba el trabajo de las minutas colectivas y me las consultaba a mí también».
«A sugerencia de mi abogado, no voy a contestar esa pregunta», fue la respuesta recurrente que Peñailillo dio cada vez que le preguntaron si Michelle Bachelet sabía algo respecto a AyN y sus acciones.
DUDOSA CALIDAD
Según señala el director del SII Francisco Barraza en la querella, la sociedad requerida «no logró acreditar satisfactoriamente la prestación de esos servicios», por lo que la acusa de «delitos tributarios». Agrega que esa afirmación «queda corroborada con la declaración prestada por Giorgio Martelli Robba ante el Ministerio Público, quien manifestó que los servicios prestados a SQM Salar S.A. habrían consistido en informes que contenían resúmenes noticiosos extraídos de distintos medios de prensa, tales como Emol, Wikipedia, América Economía y La Tercera».
La calidad de los informes o la pertinencia de ellos fueron aspectos que estuvieron en las discusiones desde que se destapó este capítulo. «Revisados los informes entregados a este Servicio, se ha podido constatar la existencia de antecedentes que ponen en duda la veracidad de lo declarado», señala la querella. En ese sentido, señala que hay «incongruencias entre las fechas de emisión de los informes y las de ocurrencia de los hechos de los cuales dan cuenta». Y da un ejemplo: «El informe correspondiente al mes de marzo de 2012, contiene noticias que fueron publicadas en el mes de octubre de 2013».
Indica el SII que aunque fuera efectiva la prestación de los servicios por parte de Asesorías y Negocios SpA, «no se advierte la relación que guardan con el giro desarrollado por SQM Salar S.A., siendo dable considerar, finalmente, que en el mismo sentido apuntan las declaraciones de Patricio de Solminihac Tampier y Ricardo Ramos».
ENTRE VIAJES Y CAMPAÑAS
El economista y empresario Jorge Rosenblut, señalado como el contacto con Patricio Contesse por Giorgio Martelli, declaró ante los fiscales Sabas Chahuán, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias el 10 de julio. En la oportunidad, Rosenblut reconoció que en 2012 «tuve una reunión con Patricio Contesse, gerente general de SQM a quien conocía con motivo de mis obligaciones profesionales, y sí le consulté si estarían disponibles. La recepción fue positiva y así se lo informé a Martelli telefónicamente, indicando de qué empresa se trataba». Dijo que no era efectivo que él hubiera presentado a Martelli y Contesse. «Desconozco la forma y la oportunidad en que Martelli contactó luego al señor Contesse», señaló.
En la cita con los fiscales, Jorge Rosenblut aludió también a los contactos que tuvo con el grupo Angelini a través del abogado José Tomás Guzmán, «a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría». Contó que la consulta fue bien recibida y se lo informó por teléfono a Giorgio Martelli.
Le preguntaron también por su relación con Martelli y la creación de AyN. El empresario manifestó que lo había conocido en 2005 a través de Guillermo del Valle. Explicó que Martelli «se integró al trabajo de la campaña ese año y, dada su experiencia previa como director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, asumió como administrador electoral de la campaña presidencial».
Contó Rosenblut que después, en alguno de sus viajes, se toparon y se juntaban a tomar un café, y que en alguna oportunidad en 2012 le contó que estaba «nuevamente colaborando con el proyecto de una alternativa de gobierno de la entonces oposición». Y le pidió —dijo— «si podía intentar averiguar la disponibilidad de algunas personas que habían ayudado en el pasado para apoyar nuevamente este proceso político». Las palabras de Rosenblut dejan dudas respecto a anteriores ayudas de Soquimich a otras campañas de la Concertación.
DE REGRESO A MIAMI
El lunes 14 de septiembre la atención estaba puesta en el Centro de Justicia de Santiago. Era un día especial para la investigación del caso Soquimich. Los diarios anunciaban esa mañana las primeras formalizaciones para integrantes del oficialismo. Había llegado una hora decisiva para la investigación del operador Giorgio Martelli, gestor de la sociedad AyD, quien tras su formalización fue sometido a arresto domiciliario total. El geógrafo, imputado de entregar boletas ideológicamente falsas a un conjunto de personas que habrían sido parte de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013, se veía nervioso ante el juez de garantía. Más acostumbrado ya a estos avatares, el ex gerente del holding Soquimich Patricio Contesse González fue formalizado por segunda vez y se mantuvo con la misma medida cautelar privativa de libertad.
El economista Jorge Rosenblut, que ya había tenido que renunciar a la presidencia de Enersis, como informó una breve nota en El Mercurio, decidió radicarse en Miami, donde tiene importantes negocios inmobiliarios.
Según explicó a El Mercurio su abogado, Gabriel Zaliasnik, «no tiene contemplado venir a Chile, pues, como lo expresó en su declaración ante la fiscalía (el 10 de julio pasado), su vida profesional y familiar está desde hace años en Estados Unidos. A Chile solo venía por los directorios de Enersis y al renunciar a ese cargo (el 30 de junio) ya no mantiene razones para venir».46 En agosto se había sabido también que había terminado su relación de pareja con la ministra del Trabajo Ximena Rincón, que se había hecho pública a fines del año pasado.
A ello se suma —agregó El Mercurio— que «el ex presidente de Enersis está “sentido” con ejecutivos de ese grupo. Rosenblut piensa que ensuciaron su nombre y nadie lo defendió, comenta un profesional que lo conoce». Recordó también la nota que en su declaración ante el Ministerio Público Rosenblut informó que en Miami viven su ex esposa, la arquitecta Liora Haymann, y su hijo menor. La hija mayor de Rosenblut también está radicada en Estados Unidos, agregó el diario.
Zaliasnik, por su parte, ha acumulado defendidos en este caso. A la vez, es el abogado del formalizado Roberto Guzmán Lyon, del senador Iván Moreira en el caso Penta y ha entregado consejos a Rodrigo Peñailillo por recomendación de Enrique Correa.
PRESIONES EN EL SII
El asunto involucró también al entonces director de Impuestos Internos, Michel Jorrat, quien había entregado boletas a AyN, aunque asegura que él efectuó informes sobre temas tributarios de su especialidad. Otros asesores del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas sufrieron también la contaminación de Salar. Arenas tuvo que comparecer en calidad de testigo para dar explicaciones por su participación en esta inusual precampaña, ya que había sido quien tomó contacto con el ex director de Impuestos Internos y otros profesionales.
Los problemas más delicados de Jorrat fueron por otro lado, como señalé en el capítulo primero. Le tocó soportar la máxima tensión que se generó en Impuestos Internos en torno a estos casos. Y en medio del fragor de las disputas se lesionó su relación con su segundo de abordo, el entonces jurídico Cristián Vargas, quien también tuvo que dejar Impuestos Internos.
En una entrevista en CNN Chile el 20 de agosto, Cristián Vargas reconoció a los periodistas Daniel Matamala y Mónica Rincón parte de las presiones experimentadas en el SII.47 Le preguntaron cuándo empezaron a sentir presiones políticas sobre las investigaciones que estaban llevando a cabo. «Diría que ese tipo de presiones empezó gradualmente, a raíz del denominado caso Penta. De ahí en adelante empezaron a darse estas denominadas presiones, intentos de injerencia en el SII para que las decisiones del Servicio en esta materia de delitos tributarios se hiciera sobre la base de consideraciones que no eran propiamente institucionales», respondió Vargas.
Y admitió que esas presiones se intensificaron «con la denominada arista Soquimich del caso Penta».
—¿El origen de las presiones era Rodrigo Peñailillo? —preguntó Daniel Matamala.
—Los antecedentes que yo tengo indican que sí —fue la respuesta del ex subdirector jurídico.
Y más adelante afirmó: «Hubo una estrategia orientada a limitar las investigaciones que desarrollaba la fiscalía en relación con Soquimich».
LOS PAGOS DE CRISTIÁN WARNER
El suculento monto que facturó a Soquimich Salar el periodista Cristián Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami y ex secretario general del PRO, a través de su empresa Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL, constituyó una nueva sorpresa. En la lista de Pandora esta sociedad (RUT 76.810.780-7) ya aparecía con veintiocho millones y medio de pesos. Pero la suma que le llegó por SQM Salar fue a otra escala: 362 millones de pesos, de acuerdo a la querella del SII, con lo que resulta más de cien millones de pesos por encima, por ejemplo, del monto obtenido por la sociedad de Martelli.
De acuerdo al Informe de Recopilación de Antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (Nº45-GR2), «durante los períodos comerciales comprendidos entre los meses de marzo de 2011 y diciembre de 2013, ambos incluidos, la sociedad Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Markenting EIRL emitió 34 facturas a SQM Salar, por un monto total que asciende a la suma de 362 millones de pesos».
Las cuotas mensuales que facturaba Warner según el informe del SII fueron de cuatro millones el primer año y de catorce millones trescientos mil pesos entre febrero de 2012 y diciembre de 2013. Indica el SII que los supuestos servicios prestados a SQM Salar S.A. por la sociedad de Warner consistían «una asesoría comunicacional (…) que se trataba de un análisis comunicacional (…) sugerencias de consejos publicitarios, y de todo lo que tenía que ver con las comunicaciones de la empresa».
Explica que el 8 de junio Warner le entregó los «respaldos relativos a los trabajos realizados». Pero tras la revisión por parte del SII de «la documentación aportada por el señor Warner Villagrán, ha podido constatarse que el contenido de los informes no coincide con el señalado por este, toda vez que únicamente incluyen resúmenes de hechos noticiosos publicados en medios de comunicación de circulación nacional de carácter escrito, tales como El Mercurio, LUN, Diario Financiero, Estrategia, La Segunda y La Tercera, sin realizar ningún análisis de los mismos, ni formular tampoco sugerencias o consejos».
Más aún, dice el SII en su informe que no se ha podido establecer «que los informes efectivamente hayan sido entregados a SQM Salar S.A., y que aún en el evento de haberse realizado, no guardan relación alguna con la actividad desarrollada por dicho contribuyente». En este caso, tampoco los supuestos informes fueron reconocidos por los vicepresidentes De Solminihac y Ramos, quienes «manifestaron desconocer la efectividad de los servicios referidos en la factura», según anota el SII.
Hasta octubre, Warner guardaba riguroso silencio ante la fiscalía, no está claro si para no autoimputarse o para proteger a su antiguo amigo y socio Marco Enríquez-Ominami, con quien colaboró en la formación del PRO y en todo su trabajo político.
UNA CONVERSACIÓN NADA TRIVIAL
El 9 de abril de 2015, tras ser aludido por primera vez en la declaración de Katherine Bischof, MEO trató de restarle importancia a un encuentro que según la secretaria había ocurrido hacia fines de 2011. Dijo que había ido hasta la oficina del ex gerente —en la calle El Trovador— a conversar sobre litio. El tema podía en ese momento sonar como algo técnico, lejano y sin mayor importancia política. Pero conversar sobre litio no era ni es algo trivial. Tampoco hablar a puertas cerradas sobre potasio, yodo, salitre y los demás fertilizantes que constituyen las materias primas con las que ha multiplicado su fortuna el ex yerno de Pinochet.
A medida que se han ido conociendo los alcances de la megaoperación política de SQM, tendiente a asegurar su botín y sus influencias, se puede observar que los juegos y artimañas que efectuó tras bambalinas apuntaron a objetivos estratégicos clave previamente diseñados. Y entre estos consideraron también la apuesta por MEO, visto por muchos como una joven carta presidencial de futuro.
Y en lo contingente, Soquimich Salar, la empresa que extrae las sales de las pampas nortinas, enfrenta un escenario sensible y complejo por la disputa con la Corfo, a propósito de los arriendos de las concesiones, y los críticos planteamientos sobre las condiciones en que SQM extrae y vende el litio.
Ni Cristián Warner ni Marco Enríquez-Ominami contaban con que los correos intercambiados con Katherine Bischof saldrían alguna vez a la luz pública. Pero tras la incautación de computadores de Soquimich, los fiscales han tenido mucho material para analizar.
En junio de 2015, el periodista Víctor Cofré a través del diario La Tercera impactó con una crónica sobre dos correos electrónicos que fueron contemporáneos a la aludida reunión. «Tras la cita entre el candidato y el máximo ejecutivo de la minera no metálica, Katherine Bischof informó a Cristián Warner en un correo electrónico fechado el 16 de enero de 2012 sobre un “nuevo aporte”. La secretaria de Contesse precisó el monto: doscientos cincuenta mil dólares en doce pagos mensuales. Además, pidió a Warner gestionar los cambios al contrato de servicios vigente».
En todo caso, Warner quiso estar seguro y a través de un nuevo correo le preguntó a la secretaria de Contesse si los doscientos cincuenta mil dólares serían adicionales a los cuatro millones de pesos que ya estaba facturando. Katherine Bischof al parecer no sabía. «Don Marco debe tenerlo claro, ¿o no?», le respondió.
En otro e-mail, Cristián Warner le confirmó a la secretaria que eran extra: «Marco me comentó claramente que eran adicionales». Eso explica el notable aumento de la mensualidad que SQM Salar pagó a la firma de Warner a partir de 2012, cuando esta se elevó a más de catorce millones de pesos. Al ver las tablas de la querella de Impuestos Internos se puede comprobar que la misma suma se repitió con exactitud hasta diciembre de 2013.
Un dato que entrega Víctor Cofré: «Desde 2011 un tercio de las facturas emitidas por la firma de Cristián Warner tuvieron como contraparte al grupo SQM». Y en 2013 se advierte una situación muy especial: Warner emitió facturas correlativas a SQM Salar, desde la nº 83 del mes de febrero a la nº 94 que corresponde a diciembre. Eso indica que Warner no emitió en 2013 facturas a otras empresas. Por lo tanto, todos sus ingresos provinieron por esa vía de Soquimich.
En septiembre de 2015, TVN anunció la existencia de otro e-mail comprometedor para Marco Enríquez-Ominami. De nuevo el mensajero era Cristián Warner, su ex brazo derecho, y la destinataria Katherine Bischof. El correo del 29 de octubre de 2012 lleva por asunto «un favor». Y ahí Warner escribe: «Estimada Katherine, hágame un favor, si fuese posible, le puede pasar este recado a don Patricio de parte de Marco. Que le agradece enormemente su ayuda y que terminando la gira nacional lo pasará a ver para agradecerle en persona. Se lo agradece de antemano».
La secretaria reenvió el e-mail a Contesse bajo el asunto «MEO agradece».
La revista Qué Pasa también aportó otro e-mail que parece ser el más antiguo de la serie. «Fue enviado por Warner el 27 de diciembre de 2010 —un año después de su primera elección y mientras se estaba rearmando para su segunda campaña— con el asunto “saludos”». Este correo marcaría el inicio de la relación, como indica la periodista Paula Comandari.48
El martes 1 de septiembre el periodista Cristián Warner fue a la fiscalía en calidad de imputado, pero se acogió al derecho a guardar silencio.
«NUNCA VENDIMOS NUESTRA CONCIENCIA»
Algo más de un mes después, en la tarde del viernes 9 de octubre, en vísperas de un fin de semana largo, La Segunda informó que el fiscal nacional citaría a Marco Enríquez-Ominami a declarar en calidad de imputado. El aludido fue sorprendido con la noticia en un encuentro en Buenos Aires. Aunque hasta ese momento seguía punteando en las encuestas como figura presidenciable, ya el cerco de las investigaciones lo estaba rozando. Desde mayo no daba entrevistas en el país, y esta vez tampoco lo hizo. Se limitó a responder a través de un comunicado en el que sostuvo: «Es evidente que aquellos interesados en demoler nuestro proyecto de cambio y mayor justicia social van a tratar de usar lo que sea para intentar bajarnos».
Desde los partidos oficialistas surgieron voces que lo llamaron a explicar su situación. La presidenta del partido Socialista Isabel Allende fue categórica: «Más que victimizarse, lo que corresponde es que aclare (…) Si está siendo convocado a que se presente, tendrá que ir y hacer todas las declaraciones. Aquí no corresponde solo un comunicado». Similar fue la reacción del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier: «Si hubo gente ligada a él que recibió fondos, tiene que decir si sí o si no, porque está la duda en el ambiente. Es importante que clarifique, y lo tiene que hacer con detalle».
Días después lo entrevistó en Buenos Aires el corresponsal del diario El País, el periodista español Carlos E. Cué, quien se reunió con MEO en la Universidad de San Andrés, una entidad privada donde el ex candidato había ido a dar una conferencia. En la entrevista publicada el 15 de octubre, Carlos E. Cué le hizo ver el contrapunto por la posibilidad de haber recibido platas de la empresa del ex yerno de Pinochet, una persona con la historia suya «como hombre de izquierda». A la vez, intentó obtener la respuesta del líder del PRO sobre la legalidad del financiamiento de sus campañas.
—¿No reconoce haber ido más allá de la ley? Porque está usted imputado —preguntó el periodista después de recibir una respuesta muy general sobre el mismo asunto.
—Nosotros sostenemos que este es un tema de país muy complejo. Nos llama la atención que ahora después de haber presentado decenas de leyes alguien se conmueva. Hemos propuesto el financiamiento público estatal —dijo el ex diputado con su característico uso del plural.
—¿No reconoce haber ido más allá de la ley? —insistió Carlos Cué.
—Reconocemos que las campañas son extremadamente complejas y que nosotros nunca vendimos nuestra conciencia —afirmó MEO.
El pasado de su familia —«tengo el check list del horror», señaló— y las condiciones que, según él, harían ineludible tener que pedir recursos a los empresarios sin distinguir a quién para emprender sus acciones políticas, fueron ideas reiteradas en sus respuestas a las inquisitivas preguntas del corresponsal español.
«Nosotros hemos dicho que el financiamiento de las campañas es muy complejo. Y que efectivamente es muy difícil competir contra el duopolio», argumentó MEO, refiriéndose a los dos bloques políticos principales. Y «nosotros tuvimos, como todos los demás, que recurrir a la ley. Y la ley está pensada para que las empresas financien las campañas. La ley creó las condiciones para que las empresas privadas incidan en los procesos electorales».
Ante otra pregunta en la misma línea, insistió: «Había dos opciones, o me dedicaba a las comedias, cosa que no hice, o entraba, y entré. Fui electo en la ley electoral de Pinochet. Fui financiado en la ley electoral de Pinochet. Fui diputado en un sistema parlamentario pensado por Pinochet. Legislé en un edificio encargado por Pinochet. Creo en Hegel, la contradicción es inherente al ser humano. Chile es el país de las contradicciones», argumentó.
Al cierre de estas páginas estaba pendiente la declaración de Marco Enríquez-Ominami ante los fiscales en calidad de imputado. Su destino judicial y político puede ser incierto.