Para Julio Ponce Lerou la privatización de Soquimich, después de los peripecias que debió pasar en los ochenta, fue un logro fundamental. Desde que estaba en los directorios de las ex empresas del Estado y en la Corporación de Fomento (Corfo) detectó las posibilidades que estas presentaban. Por eso, el hecho de que la Sociedad Química y Minera de Chile fuera su elegida no es algo casual. Con ella se hacía de un botín constituido por riquezas naturales provenientes del norte de Chile, que muchos creían despreciable, pero él y sus lugartenientes sabían que el porvenir sería promisorio. Solo tenían que organizar en forma «eficiente» la extracción de las materias primas, bajar costos —lo que fue casi sinónimo de despidos de trabajadores—, hacer algunas inversiones y desplegar una red de ventas para incursionar en los mercados.
Antes de la privatización había avanzado. Se hablaba de Soquimich como «empresa quebrada» —al menos deficitaria—, con lo que le resultó más fácil quedarse con ella, con sus extensos territorios, y explotar las pertenencias mineras.
Con el apoyo de sus amigos de la Escuela de Chicago, encabezados por el entonces ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y bajo la pantalla del «capitalismo popular» le fue fácil a Julio Ponce Lerou tomar el control, quedarse con la empresa pública y tener acceso a los primeros estudios que inició la Corfo. Después, en la década de los noventa, amarró las bases de su negocio. En un clima en que el argumento de la falta de recursos económicos del Estado era un límite para la inversión, los directivos de la Corporación de Fomento en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle firmaron contratos con el ex yerno de Pinochet en condiciones más que favorables para el avezado negociante.
Cuando privatizaron Soquimich, Julio Ponce Lerou y su grupo de empleados de confianza conocían parte de los secretos que encerraban esas pampas nortinas ricas en minerales. Sabían que la crisis del salitre no había puesto punto final a las posibilidades de los nutrientes naturales y que, además del caliche, que se continuaba explotando en el norte chileno, existían otros recursos que llegaron a tener gran acogida en el mundo.
Como ingeniero forestal familiarizado con los campos y los ganados, Ponce Lerou captaba la importancia de la industria de fertilizantes y lo que estos significan en la producción de alimentos. En los amplios territorios de la Sociedad Química y Minera de Chile, en la Segunda Región de Antofagasta, quedaron las históricas oficinas salitreras de Pedro de Valdivia y María Elena, donde se obtenían nutrientes a partir del procesamiento del caliche. También Soquimich estaba ya en ese entonces a la cabeza de la producción de yodo a nivel planetario, y empezaba a trabajar el potasio que es hoy un producto de alta venta en los mercados de América Central y del Sur.
En medio del vendaval de informaciones que en los últimos meses aluden al holding Soquimich, el 22 de septiembre el gerente general Patricio de Solminihac —a través de un comunicado— anunció el cierre de las faenas de explotación de salitre y yodo en la legendaria planta Pedro de Valdivia. En adelante, la producción de yodo de Soquimich —dijo— se concentraría en Nueva Victoria, cerca de Iquique en el extremo norte, por una razón de costos, según argumentó. La decisión le significaría la pérdida del empleo a más de setecientos trabajadores.
Pauline de Vidts, vicepresidenta de personas y sustentabilidad de SQM, señaló en entrevista al diario Pulso: «Pedro de Valdivia opera con un diseño tecnológico que data de principios del siglo pasado, de 1931, y que tiene sus rigideces […] Y, en contraste, en Nueva Victoria tenemos una operación mucho más moderna y que tiene todos esos atributos que permiten dar flexibilidad operacional y mayores eficiencia y productividad».
Según la ejecutiva, el proceso en Nueva Victoria permite producir el yodo a un costo muy inferior al de Pedro de Valdivia y recalcó que los precios del yodo han sido «significativamente inferiores en el último par de años». No obstante, en la Memoria de 2014 de Soquimich no hay referencia a problemas en la Oficina de Pedro de Valdivia, donde a partir del caliche se extraen nitratos y yodos.
La decisión aparece como una curiosa señal en un escenario revuelto y cargado de tensiones entre Soquimich, el Estado de Chile y la justicia.
LOS CHICAGO BOYS EN EL DIRECTORIO
Junto con completar la privatización, en 1988 se inició la retirada de los militares del directorio de Soquimich. Ingresaron en su reemplazo connotados civiles cercanos a Pinochet, como el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro, que acompañó a Julio Ponce Lerou hasta 1992. Además, De Castro fue también en esa época director de la filial Industrias Químicas del Yodo (Inquim S.A.). También se incorporó el ex director de Presupuesto Juan Carlos Méndez y el economista José Pedro Donoso Pinto, que formó parte de la plana ejecutiva del grupo Cruzat-Larraín. Otros civiles que estuvieron muy presentes en esos años fueron el ex ministro de Minería Enrique Valenzuela Blanquier, quien presidió Soquimich en dictadura, y Abel Valdés Sáenz, vicepresidente del directorio que presidía Julio Ponce Lerou.
En 1990 entró al cuerpo directivo de Soquimich, que ya empezaba a ser conocida por su sigla SQM, otro connotado Chicago boy de la primera generación: Ernesto Fontaine Ferreira-Nóbriga, amigo de Sergio de Castro y profesor durante décadas de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Fontaine, quien participó además, al comenzar los noventa, en el directorio de la filial SQM Fertilizantes, era el padre del economista Paul Fontaine, uno de los asesores del equipo programático de Marco Enríquez-Ominami en su campaña de 2009 y que después respaldó la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. De menos perfil público que Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, otro de los «gurúes» del modelo neoliberal, murió en enero de 2014.
El vicepresidente en esa época era el actual gerente general, Patricio de Solminihac Tampier, ingeniero comercial de la Universidad Católica y máster en Chicago, otro de los históricos hombres de confianza de Ponce Lerou. Había llegado a Soquimich en 1988 y fue gerente general hasta 1990, cuando llegó a ese cargo Patricio Contesse. De Solminihac pasó a ser vicepresidente y desde enero de 2000, subgerente del holding, hasta que en marzo de 2015 sustituyó a Contesse.
Patricio de Solminihac es hermano de Hernán, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y ex ministro de Sebastián Piñera, primero de Minería y luego de Obras Públicas.
Cuando el 9 de abril fue a declarar como imputado ante los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias, Patricio de Solminihac dijo que la relación entre el presidente y el gerente general era frecuente. Y señaló: «Nuestras oficinas están las tres juntas en el piso seis de Los Militares o el Trovador 4285 y ellos se juntaban de manera periódica. Por supuesto, lo que pasaba al interior de las oficinas yo lo desconozco. Pero evidentemente Patricio Contesse era una persona de confianza de Julio Ponce Lerou […] desde que yo llegué a la empresa».
El directorio era muy similar en 1991, y en Soquimich Nitratos, una de las filiales, se incluyó al ex ministro de Economía Pablo Baraona Urzúa. En 1992 aparecieron Juan Hurtado Vicuña y Hernán Büchi, quienes estuvieron en el directorio junto a Julio Ponce Lerou durante casi toda la década de los noventa. Büchi se mantuvo desde esa época como uno de los puntales del ex yerno de Pinochet en el directorio de la matriz del holding. A su vez, Eugenio Ponce Lerou, el hermano que ha acompañado a Julio Ponce en sus negocios por décadas, era gerente general de Soquimich Fertilizantes y miembro del directorio de otras filiales. El compadre de Julio Ponce, Carlos Stutz Neveu, con quien trabajó en tiempos de la Conaf, tenía el mismo cargo en Soquimich Comercial.
EN MIRAFLORES 222
Al empezar la transición a la democracia, Julio Ponce Lerou, con Soquimich en sus manos, puso todo el empeño en la producción de salitre y yodo y en algunos otros nutrientes como sales potásicas. En la Memoria de la empresa de 1991, en su calidad de presidente del directorio, destacaba que SQM era «líder mundial en la producción de yodo», que en ese año «aumentó un 25 por ciento respecto al anterior». Declaró en esa oportunidad que la empresa «tiene el firme propósito de serlo también en el de nitrato de potasio», y anunció la construcción de una planta de sulfato de sodio en Pedro de Valdivia.
La sede central de Soquimich a principios de los noventa estaba en el piso 11 del edificio de Miraflores 222, en el centro de Santiago. Una coincidencia que hoy toma ribetes de escenario de política-ficción: esa torre de 35 pisos fue la primera construcción que emprendieron Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano a fines de los ochenta. La bautizaron como edificio Las Américas. En ese lugar los Penta instalaron también su sede hasta su traslado a la avenida El Bosque Norte.
El directorio de Soquimich —que tenía oficinas en sus territorios nortinos en las plantas María Elena, Pedro de Valdivia y en la ciudad de Antofagasta— y de prácticamente todas las relacionadas lo presidía en 1990, muy en su estilo, el mismo Ponce Lerou. El gerente general era Patricio Contesse González, mientras que Patricio de Solminihac, sucesor de Contesse desde marzo de 2015, ocupaba la vicepresidencia. A su vez, Jaime Contesse, el hermano de Patricio, quien reemplazó a Ponce Lerou en la dirección de la Conaf en los ochenta, fue en los noventa gerente general de Chilean Nitrate Corporation y de SQM Iodine Corporation USA, ambas con domicilio en Estados Unidos.
Varios de los ejecutivos que aún se mantienen y han aparecido en torno a los problemas de las cascadas y de las evasiones tributarias están en Soquimich desde los noventa. Es el caso de Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de SQM, desde 1994, empleado de Soquimich desde hace 24 años. Entre 1995 y 1997 fue vicepresidente de Pampa Calichera, y después pasó a ser miembro del directorio de otras sociedades claves del holding como Soquimich Salar y Soquimich Comercial, la que preside hasta 2015.
Desde esa época también el fiscal de Soquimich era el abogado egresado de la Universidad Católica Matías Astaburuaga Suárez, quien continúa en ese cargo hasta hoy.
En esos años entre los abogados de la empresa estaba Alberto Ayala Gutiérrez, ex fiscal de la zona oriente de Santiago, quien empezó a asesorar al Sindicato de Profesionales Universitarios, Técnicos y Supervisores de Soquimich en 1985. Después cruzó a la vereda de la empresa y entre 1989 y 2000 trabajó directamente para el holding de Ponce Lerou. Por esa razón se inhabilitó cuando en enero de 2015 surgió lo que en un comienzo se denominó la «arista Soquimich» del caso Penta. En agosto de 2015 Ayala fue nombrado por el fiscal nacional Sabas Chahuán fiscal regional de Antofagasta, lo que ha causado críticas en el Ministerio Público y en medios de comunicación, no solo por el hecho de que ha tenido sucesivos cambios de sedes, sino porque su radio de acción está en las cercanías de la controvertida empresa del ex yerno de Pinochet, donde él trabajó más de once años.
UNA INTRINCADA RED
Por ese entonces, la compañía no se había multiplicado en las más de cincuenta empresas relacionadas que llegó a tener el holding después. Pero destacaban algunas que siguen presentes, como Soquimich Comercial, SQM Nitratos, SQM Yodo, Nitratos Naturais Do Chile (Brasil), Nitrate Corporation of Chile (Inglaterra) y SQM Corporation N.V. en Antillas Holandesas. Detrás de la red de empresas operativas seguían las originales sociedades de inversiones Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, mediante las cuales tomó el control y ha seguido manejando los hilos del poder del holding. Después, esa malla se hizo mucho más compleja.
Al 31 de diciembre de 2014, el grupo controlador —es decir, Julio Ponce Lerou— tenía alrededor de un 30 por ciento de las acciones de la matriz del holding SQM, a través de la sociedad Pampa Calichera (19,69 por ciento), Potasios de Chile (6,91 por ciento) e Inversiones Global Mining Chile Limitada (3,34 por ciento), según datos de la Memoria anual.
A su vez, su socio internacional, la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan Incorporated, la mayor productora de potasio en el mundo, tiene tres sociedades: Inversiones El Boldo Limitada, con casi un 18 por ciento; Inversiones Rac Limitada, con 8,13 por ciento, e Inversiones PCS Limitada, con un 5,9 por ciento. Así, mediante esas sociedades supera el 30 por ciento. Pero «el grupo Pampa y Kowa suscribieron el 21 de diciembre de 2006 un Acuerdo de Acción Conjunta que les permite, actualmente, controlar un 32 por ciento de la totalidad de las acciones de SQM y tal circunstancia les permite tener la calidad de controlador de la misma», indica la Memoria. Ese pacto se ha mantenido desde esa fecha y le ha permitido a Ponce Lerou ejercer el control.
La relación entre Ponce Lerou y la compañía canadiense ha estado cargada de tensión desde sus orígenes, cuando en 2001 entró a la propiedad después de una venta de acciones de las AFP. Los socios lograron tener unos años relativamente calmados hasta que a partir de 2006 se agudizó la disputa por el control del preciado botín. Los avatares del caso cascadas aumentaron la presión. La disputa tuvo un punto culminante el 18 de marzo de 2015, cuando los directores que representaban a Potash abandonaron el directorio. Algo más de un mes después eligieron en esos cargos a tres ejecutivos de la compañía canadiense.
Dentro de esa intrincada red de poder aparece también The Bank of New York Mellon, depositario de los ADRs, que son los bonos vendidos por SQM en la Bolsa de Nueva York, con un 23,5 por ciento del holding. Con todos los problemas legales que el grupo enfrenta, esta arista es una las más delicadas para Ponce Lerou y su grupo.
Detrás de las denominadas «cascadas» hay otras sociedades de papel. De acuerdo a un organigrama que ilustra la Memoria, la situación de control la encabeza Inversiones SQ Limitada —de Ponce Lerou— que, a su vez, es dueña del 99,9 por ciento de Inversiones SQYA Limitada. Y SQYA controla el 67,5 por ciento de Norte Grande, la matriz de las cascadas. Por su parte, Norte Grande tiene más del 76 por ciento, tanto en Sociedad de Inversiones Oro Blanco como en Nitratos de Chile S.A., y esta, a su vez, es la «dueña» de Potasios de Chile, con el 98,9 por ciento de las acciones. La intrincada red continúa y, en resumen, se puede decir que Pampa Calichera pertenece en un 88,6 por ciento a Oro Blanco y en más de un 10 por ciento a Potasios de Chile S.A. Finalmente, se llega a SQM S.A., donde —como indicaba antes— el control de Ponce Lerou se expresa a través de Pampa Calichera, Potasios de Chile e Inversiones Global Mining Chile Limitada.
JUNTO AL VALLE DE LA LUNA
Las formas de extracción y las posibilidades de aplicaciones que se vislumbraban para los minerales no metálicos de los salares eran analizadas por profesionales en la Corfo, cuando apenas se conversaba sobre su existencia y las posibles aplicaciones entre científicos y especialistas.
Bajo dictadura, en los años setenta, la entonces empresa estatal encabezada por Ponce Lerou siguió de cerca los pasos que se daban. Un representante de Soquimich, o SQM, como se le conoce hoy, tuvo un lugar en el Comité de Sales Mixtas que creó la Corfo precisamente para desarrollar investigaciones en un campo estratégico del que poco o nada se hablaba: la extracción del litio y del potasio en el salar de Atacama.
El salar pertenecía en esa época a la comuna de El Loa, en la región de Antofagasta. Después pasó a ser parte de la comuna de San Pedro de Atacama. A una altura de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, a 1.700 kilómetros de Santiago, y a poco más de cien kilómetros de la ciudad de Calama y del mineral de Chuquicamata, está uno de los centros turísticos de Chile más concurridos por turistas de todo el mundo. Los visitantes se sienten atraídos por la historia de pueblos ancestrales, por el Museo Arqueológico del padre Gustavo Le Paige, los espectaculares paisajes del Valle de la Luna, las reservas de flamencos, los géiseres del Tatio, en medio de la majestuosidad de los salares.
A la derecha, en una ruta solitaria, un letrero verde rectangular da indicaciones: «Camino a Soquimich Salar», clavado en las arenas claras que se extienden por kilómetros. Más allá están las lagunas altiplánicas, precedidas por las pampas, desde donde se extraen los preciados minerales no metálicos a partir de las salmueras.
LA «MAGIA» DEL LITIO
El litio había sido descubierto en 1817 por el científico sueco Johan August Arfwedson, y desde comienzo del siglo XX se empezó a usar en farmacología para el tratamiento de algunas enfermedades mentales, como la depresión y el síndrome bipolar. Pero en ese tiempo aún no se le conocían las especiales propiedades que fueron apareciendo después con el transcurrir de los años y el avance de las investigaciones.
Cuando se reformó el Código de Minería en 1983, el litio, el tercero de la tabla periódica de los elementos, que lleva el símbolo «Li» y es el más liviano de todos, quedó en una categoría muy especial: «No concesible», a diferencia de los demás minerales. Es decir, el litio en Chile no puede ser entregado a un particular en concesión. El cobre y el petróleo, por su carácter estratégico, quedaron resguardados en la Constitución de 1980. Aunque el litio no fue incorporado en la Constitución en esa oportunidad, quedó en esa situación excepcional. Y quienes se jugaron para que eso fuera así fueron altos mandos de las Fuerzas Armadas, en particular de la Marina.
Pero la historia tiene sus vueltas. Y aunque Julio Ponce Lerou no se quedó con el Salar de Atacama, cuando se consumó la privatización de Soquimich, el destino del litio y del potasio que se extraen desde el salar nortino, propiedad de la Corfo, quedaron ligados a los negocios del ex yerno de Pinochet y su grupo de incondicionales por una vía indirecta: el arrendamiento de las concesiones que tiene la Corfo en una parte del salar. Todo eso ocurrió tras una larga historia de compras de derechos a otra empresa y de firmas y reformas de contratos cada vez más favorables a SQM.
En los años ochenta ya se hablaba entre científicos e ingenieros en el país de la importancia del litio y del futuro que podía tener. En 1986, cuando era profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el ingeniero de minas Gustavo Lagos, quien actualmente es profesor titular de la Universidad Católica, editó un libro: El litio, un nuevo recurso para Chile. En el prólogo de ese texto sostiene: «Más que un metal, para muchos ha encerrado un significado casi mágico, conteniendo algunas de las esperanzas que el cobre ni el salitre nunca cumplieron en la vida nacional».
Luego venía una descripción: «De consistencia blanda, de color blanco y con propiedades sorprendentes, el litio abre las puertas a aplicaciones de gran complejidad y sofisticación, que se extienden desde el mundo físico e impersonal de los viajes espaciales hasta los confines de la mente humana, en el tratamiento de los maníaco-depresivos». Y agregaba: «El desafío resulta de las futuristas aplicaciones del metal, más que de su extracción actual en nuestro país».
Si la mirada de Lagos era demasiado optimista está por demostrarse, pero las aplicaciones han ido aumentando y la extracción hoy le representa a Soquimich cerca del 10 por ciento de sus ingresos, a un costo muy bajo.
MUCHO MÁS QUE PILAS
Gonzalo Gutiérrez es doctor en Física, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y fue presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear desde junio de 2009 hasta agosto de 2010; después ha sido asesor de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrante de la Comisión Chilena del Litio, que funcionó por encargo de la presidenta Michelle Bachelet entre julio y diciembre de 2014.
Como en muchos otros temas, la discusión sobre el litio llegó tarde a Chile y pocos saben cuál es la real importancia que puede tener este mineral no metálico. Hay quienes creen que uno de los motivos de Ponce Lerou para «invertir en política» después de terminada la dictadura se relaciona con este blanco mineral no metálico, así como con el potasio y los nutrientes que durante años han incrementado su fortuna.
Explica Gutiérrez que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar en las grandes potencias del uso industrial del litio, que es un componente importante como combustible de la bomba de hidrógeno. «El átomo del litio se parece al del hidrógeno. A esta conclusión llegaron las cinco potencias nucleares —Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, Inglaterra y China— en los años cincuenta. En esa lógica, empresas de Estados Unidos empezaron a buscar litio y detectaron su existencia en el salar de Atacama en Chile.» De ahí se podría decir que surgió la posibilidad de extraer el litio en el país.
Al término de la guerra fría, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los tratados de no armamentismo hicieron imposible fabricar bombas atómicas —como las que se habían lanzado en Hiroshima y Nagasaki— y bombas de hidrógeno. Chile firmó en 1995 el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo que no se podía pensar en ese tipo de utilización.
Pero, entretanto, otros usos «pacíficos» se abrían para el litio. Los que se consideran tradicionales, aparte del farmacológico, son la fabricación de pilas, a los que se agregaron los celulares, los computadores y las cerámicas. En algunos artefactos domésticos se usa el litio, como en las fuentes de vidrio tipo pyrex, los hornos microondas o el aire acondicionado.
Cada vez más operaciones industriales aparecen asociadas al uso del litio, entre otras la de los autos eléctricos.
El físico Gonzalo Gutiérrez distingue tres aspectos fundamentales: «El almacenamiento de energía en pilas y baterías, que ya estaba claro en 1980. La eficiencia energética en aleaciones livianas con litio aluminio, no solo para usos militares, sino para trenes y aviones. Y como combustible en la fusión nuclear, aunque todavía no se hace, pero se prevé para un futuro».
En energía nuclear el uso se relaciona con la «fusión de reactores comunes; se rompe un átomo de uranio, y la otra manera es la fusión nuclear. El combustible para esa fusión sería el litio. Aún eso no se ha logrado, pero están avanzadas las investigaciones a nivel internacional, como el ITER europeo (International Thermonuclear Experimental Reactor) y NIF (National Ignitions Facilities) de Estados Unidos», indica Gutiérrez. Esas investigaciones, que están en fase experimental, serían «para lograr producir energía limpia, y eso también estaba muy claro en los años setenta y ochenta». Aunque los posibles resultados no se esperan para un futuro próximo.
La Comisión Nacional del Litio se constituyó en julio de 2014 y tuvo como objetivo estudiar la situación del mineral y proponer políticas públicas para abordar el tema de los salares.1 En el diagnóstico, el informe entregado el 27 de enero de 2015 a la presidenta Bachelet, destaca las propiedades físicas y químicas del litio «de carácter singular, principalmente por su alto potencial electroquímico y su bajo peso específico». Por eso, explica, se ha convertido «en un elemento clave en numerosas aplicaciones, algunas de ellas de alto nivel tecnológico, como baterías, aleaciones, cerámicas, y como generador de tritio en reactores de fusión nuclear, así como en medicamentos». Y agrega que su demanda ha crecido de modo exponencial, principalmente debido a sus aplicaciones energéticas.
De acuerdo a la conclusión unánime de la Comisión, «los salares del norte de Chile, que se ubican entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, tienen un gran potencial, puesto que constituyen el mayor depósito del recurso litio en salares y permiten su extracción con los menores costos a nivel mundial».
El mismo documento señala: «Sus salmueras contienen sodio, potasio, litio, magnesio, calcio, cloruros, sulfatos y boratos, principalmente». Pero advierte que «debido a que no se han llevado a cabo los estudios correspondientes, el país no cuenta con un conocimiento actualizado e integral de información pública acerca del potencial existente en la totalidad de los salares preandinos y andinos».
En Chile, el salar de Atacama, «que corresponde al yacimiento más importante de litio a nivel mundial, es el único en explotación por compuestos de litio y potasio, además del boro».
EL HALLAZGO DE LA ANACONDA
En el informe de la Comisión Nacional del Litio entregado a la presidenta Michelle Bachelet, se señala que fue la Anaconda Company, que desde 1923 explotaba el mineral de Chuquicamata, de la gran minería del cobre chileno, la primera en tener la información comprobada en la década del sesenta.
Gustavo Lagos Cruz-Coke, profesor del Centro de Estudios Mineros de la Universidad Católica, en un documento escrito en 2012 indica que en 1962 la Anaconda «exploraba el salar de Atacama en búsqueda de agua, pero encontró, en cambio, agua salada».
Al analizar el contenido químico del agua, indica Lagos, «surgieron las primeras evidencias de la presencia de altas concentraciones de litio, potasio, magnesio y boro en dicho salar». Muchos años más tarde se concluiría que este salar es el más importante yacimiento de litio en el mundo. Explica Gustavo Lagos que el salar de Uyuni en Bolivia, ubicado a solo 250 kilómetros de distancia, es mucho más extenso y sus recursos de litio son más cuantiosos que los de Atacama, pero más caros de extraer. El hecho de que el litio chileno esté en un clima seco y asoleado facilita la evaporación para poder extraerlo.
En 1969 el Instituto de Investigaciones Geológicas —entidad del Estado hoy inexistente, que se fundió con el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin)—, que dependía de la Corfo, realizó estudios y ratificó que el salar de Atacama contenía salmueras con niveles interesantes de litio, potasio, ácido bórico y magnesio. Posteriormente, se efectuaron más estudios preliminares que desembocaron en certezas y en exploraciones.
PREOCUPACIONES DE LA MARINA
En el Gobierno de Jorge Alessandri, en abril de 1964, se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Y en 1965, Eduardo Frei Montalva la transformó en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). El Gobierno militar la reformuló en 1976 y señaló que dependería «exclusivamente del presidente de la República y se relacionaría con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Minería». Desde 2010, cuando se creó el Ministerio de Energía, la Comisión pasó a relacionarse con el Ejecutivo a través de ese ministro.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene siete miembros. De ellos, tres son uniformados: un representante del Ejército, uno de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. Actualmente la preside el ex ministro Jaime Tohá González, como representante de la presidenta de la República.2
En la ley que modificó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el 16 de septiembre de 1976, se estableció «la reserva de ciertos materiales atómicos naturales en favor del Estado». Y agregó que era conveniente «promover decididamente la exploración, explotación y beneficio» de ellos. En el mismo texto se señala que «es conveniente entregar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, organismo autónomo especializado», la facultad de celebrar los contratos.3
En noviembre de 1979, otro decreto ley abrió la posibilidad de la explotación por parte de particulares de fertilizantes que hasta ese momento estaban en manos del Estado, pero estipuló «que el interés nacional exige, en cambio, reservar para el Estado el litio, con las excepciones necesarias para resguardar debidamente los derechos de los particulares». Eso implicó la modificación del antiguo Código de Minería vigente en esa época y reiteró ese carácter en el de 1983.4
El uranio no quedó con el mismo estatus del litio —tampoco el boro—, sino que en categoría «de libre disposición pero con primera opción de compra para Chile». El litio, en cambio, fue catalogado como «no concesible». Esto significa que el Estado determina qué se hace con él. Pero eso no se incluyó en la Constitución.
Este carácter excepcional que rodea al litio ha sido, cada cierto tiempo, objeto de debate entre los partidarios de darle mayor libertad de explotación. Algunos argumentan razones económicas por sobre las estratégicas.
Cuando se estudiaba la nueva Constitución Política de 1980 en la comisión que presidía el ex ministro de Alessandri Enrique Ortúzar Escobar, la Marina —incluso se cuenta que más que el Ejército— presionó para que se resguardara el litio en función del desarrollo posible de la energía nuclear. «En ese tiempo mandaron a quince oficiales de la Marina a doctorarse en energía nuclear. Al parecer, el interés se relacionaría con la fabricación de un submarino nuclear», comenta el doctor en Física Gonzalo Gutiérrez.
Hubo, asimismo, en ese tiempo una fuerte disputa entre los Chicago boys, encabezados por el entonces ministro de Hacienda, Sergio de Castro, y sectores militares liderados por el general de Ejército Gastón Frez. Estos últimos ganaron la mano en aquella oportunidad y lograron mantener el carácter estratégico del cobre y del petróleo en la Carta Fundamental. Pero no se especificó un tratamiento especial como «riqueza no concesible» para el litio.
No obstante, en diciembre de 1981, tras asumir como ministro de Minería el economista José Piñera Echenique —después de dejar el Ministerio del Trabajo—, el Gobierno dictó la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, promulgada en enero de 1982. Fue elaborada bajo la conducción de Piñera y Hernán Büchi. Esta «ley minera» apuntó a dar un carácter casi equivalente a la propiedad privada a las concesiones, y liberalizó y desreguló el sector, con el objeto de fomentar la inversión extranjera. Como se ha visto después, se transformó en el resorte legal para permitir las concesiones incluso en cobre y diversos minerales. No obstante, el litio —que en ese entonces aún no se explotaba en el país— quedó en un régimen excepcional: fue declarado no susceptible de concesión minera, salvo en el caso de las concesiones constituidas con anterioridad, lo que fue reiterado en el Código de Minería de 1983.
ENTRE ARCHIVOS OLVIDADOS
El edificio administrativo del Archivo Nacional (Arnad) queda en la calle Matucana 151, con Agustinas, frente a la Biblioteca de Santiago, limita con Quinta Normal y parte del sector conocido como barrio Yungay. El archivo es un edificio antiguo, de color damasco, de cuatro pisos, que podría pasar inadvertido si no fuera por las letras metálicas que luce afuera. En el costado derecho del primer piso hay una sala a la que el público no tiene acceso, donde se almacenan los documentos. Solo pueden ingresar ahí los funcionarios que llevan y traen gruesos volúmenes en carros especiales. No alcanza a verse mucho más, excepto cuando dejan la puerta abierta y se pueden observar altos estantes atiborrados de documentos. Hasta ahí llegamos para encontrar una parte de la historia reciente del litio en Chile.
La sala de investigadores es silenciosa y generalmente está vacía. Los documentos de la Corfo fueron llevados al archivo el año 2005 y, según cuentan los mismos funcionarios, pocas veces han sido consultados, especialmente los relacionados con el Comité de Sales Mixtas, que era uno de nuestros objetivos.
Los archivos del desaparecido Comité están guardados en carpetas blancas, lo mismo que los del Complejo Maderero Panguipulli (Cofomap), mencionados en el capítulo anterior. Atadas con un cordel las carpetas vienen de a cinco en las cajas. Hay en ellas informes, inventarios, actas de directorios de las empresas, estados financieros y diversos estudios que Victoria Ramírez, ex alumna egresada de Periodismo, me ayudó a desentrañar. El polvo sobre las cajas denota que han sido consultadas en escasas oportunidades. Uno de los funcionarios advierte que podrían tener arañas.
Supe de esta pista documental gracias al bibliotecario Rolando Sáez Mora, quien trabaja en el Instituto Nacional del Deporte. Un día de abril de 2015 me escribió para contarme sobre la existencia de esos archivos. Cuando nos reunimos, me dijo que esos documentos estuvieron «inubicables en bodegas desconocidas durante mucho tiempo, hasta que la empresa MORI S.A. nos llamó para trabajarlos en una bodega en calle Lourdes, en la comuna Quinta Normal, en dependencias de un terminal granelero de Cotrisa». Sáez no sabe en qué momento fueron a parar a las dependencias de la antigua Cotrisa, la Comercializadora de Trigo, que es una de las pocas empresas públicas que subsiste como tal. Él solo tiene la pista a partir de 2003, cuando trabajó por cerca de dos años junto a un pequeño equipo en la clasificación y organización de los documentos correspondientes a ex empresas de la Corporación de Fomento.
EL COMITÉ DE SALES MIXTAS
Entre los documentos que encontramos está la resolución de la Corfo que creó el Comité de Sales Mixtas, el 13 de junio de 1977. La finalidad principal se especificó así: «Programar, dirigir y realizar investigaciones, reconocimientos, estudios y trabajos en las zonas que existan recursos de sales y fertilizantes inorgánicos, encaminados a establecer las posibilidades más adecuadas de explotación de los mismos».
Integraban el Comité el gerente de desarrollo de la Corfo presidido por el subgerente de desarrollo industrial, el secretario ejecutivo del Instituto Tecnológico (Intec), un representante de Soquimich, el director regional de la Corfo de Antofagasta y un abogado de la misma Corfo. El primer secretario ejecutivo fue el ingeniero químico de la Universidad Santa María, Martín Laborde Etchepareborde, quien fue nombrado en febrero de 1978.
Más de 37 años después, Martín Laborde precisa: «Más que una “creación”, lo que hizo ese decreto fue “oficializar una situación”, porque en el Departamento de Minería de la Corfo un grupo de profesionales encabezado por el ingeniero Rodrigo Donoso Herrera venía, por lo menos desde 1975, efectuando estudios sobre sales y fertilizantes. En esa etapa contaron con la asesoría de la compañía estadounidense Saline Processors Inc., la que fue financiada por un crédito del Banco Mundial».
Una de las líneas de trabajo del Comité apuntaba a efectuar estudios en torno al potasio existente en el salar de Atacama que permitieran obtener mejores resultados en su elaboración, agrega el ingeniero. Al juntar cloruro de potasio con el nitrato de sodio —proveniente de las salitreras—, se forma nitrato de potasio. «Con eso se reducía a la mitad el valor de los fletes para exportar, porque el potasio asociado al nitrato tiene un valor un 60 por ciento mayor que el que está presente en el cloruro de potasio», explica Martín Laborde. Además, el nuevo procedimiento disminuiría —como ocurrió— las importaciones de cloruro de potasio que debía hacer Soquimich.
Tanto Gonzalo Gutiérrez como Gustavo Lagos coinciden en que la investigación sobre litio se inició en Chile con el Comité de Sales Mixtas. Así también lo registra el Informe de la Comisión del Litio. Pero el Comité fue disuelto antes del término de la dictadura, en la misma época en que Julio Ponce Lerou avanzaba en la privatización de Soquimich.
El 16 de octubre de 1986 la Corfo tomó la decisión de poner término al Comité de Sales Mixtas, considerando que la función principal para la cual fue creado —realización de estudios para el desarrollo de los recursos minerales del salar de Atacama— ya se había cumplido. Esos estudios en los que el Estado de Chile invirtió esfuerzos y recursos terminaron, junto a las riquezas básicas, en manos del ex yerno de Pinochet.
Hoy el ingeniero químico Martín Laborde no se entusiasma con la «magia» del litio. A su juicio, hay que aterrizar las cosas, porque señala que el país exporta alrededor de trescientos millones de dólares en litio. Si bien el monto ha ido en aumento en los últimos años y es importante considerando que se partió de cero, la suma no le parece significativa comparada con el cobre e incluso, dice, con otros minerales no metálicos como el yodo y el potasio. Admite, sí, que obtener el litio en el salar de Atacama resulta de poco costo si se considera que en el proceso se extrae junto con el potasio. Y eso naturalmente favorece a quien lo está explotando.
LA SOCIEDAD CON FOOTE MINERAL
En junio de 1975 aparecieron en Chile representantes de la Foote Mineral Company de Estados Unidos interesados en el litio, recuerda Martín Laborde, quien estuvo hasta 1978 en el Comité de Sales Mixtas. Después de un tiempo de conversaciones llegaron a un acuerdo con la Corfo para explorar el salar de Atacama. En esa época, dos empresas producían litio en Estados Unidos: Foote Mineral y Lithium Corporation of America. Debido al aumento de sus costos, esas compañías iniciaban una búsqueda de nuevas fuentes y tenían la experiencia en extracción.
En las carpetas olvidadas se encuentra también el certificado de la primera patente de invención para explotar en el país el invento titulado «Nuevo procedimiento para extraer el litio contenido en las salmueras del salar de Atacama, en forma de sulfato de litio cristalizado, monohidrato». La patente la tramitó el mismo Martín Laborde, quien en el documento dirigido al Ministerio de Economía describe los pasos que se debían seguir para obtener el litio, «que junto a otras sales solubles están contenidas en las salmueras del salar de Atacama». El 5 de junio de 1980 fue otorgada finalmente la patente al Comité de Sales Mixtas de la Corfo.
El 12 de agosto de 1980 la Corfo y Foote Mineral Company formaron la Sociedad Chilena del Litio Limitada (SCL) para explotar parte del mineral del salar de Atacama. La corporación del Estado de Chile tendría el 45 por ciento y la compañía estadounidense un 55 por ciento. Se estipuló que la Corfo aportaría «las pertenencias» y los estudios que había contratado sobre el litio en el salar. Foote Mineral se haría cargo de las instalaciones y equipos. La SCL podría producir hasta «doscientas mil toneladas de litio metálico equivalente» en el tiempo que se estipuló duraría el contrato: un plazo de treinta años prorrogable automáticamente por períodos de cinco años hasta cumplir la producción autorizada.
El mineral se extraería de las salmueras existentes en el área de concesión que se le asignó a la sociedad. El resto quedaba en poder de la Corfo, que podría «negociarlas a corto o mediano plazo con otras empresas interesadas».
Según el acuerdo suscrito entre la Corfo y Foote Mineral, durante los primeros ocho años ninguna otra empresa podría recuperar litio de las pertenencias de Corfo en el salar.
En un estudio titulado «El desarrollo de litio en Chile 19802012», Gustavo Lagos señala: «En esa época el Estado de Chile no tenía recursos frescos para colocar en SCL, por lo que Corfo colocó la fracción del salar de Atacama que asignaba a SCL como pago por el 45 por ciento de las acciones. Ello consistió en 3.343 pertenencias de un total de 32.768 que tenía en el salar. De esta manera, Foote obtuvo un trato ventajoso por la explotación del litio en el salar a cambio de instalar la tecnología que había desarrollado y que era exclusiva en ese entonces. Tampoco se le cobró un royalty, como sería asignado a Amax unos años después».
CAMBIOS DE DUEÑO Y GANANCIAS
En 1984 la Sociedad Chilena del Litio empezó la producción de carbonato de litio. Más tarde, en 1987 la Corfo autorizó a esta empresa a producir sales de potasio, por las «que deberá pagar una regalía de 2 por ciento durante los primeros seis años y de 3 por ciento a partir del séptimo año», indica el Informe de la Comisión del Litio. Pero la sociedad entre el Estado de Chile y Foote fue de corta vida. En 1989, el último año de la dictadura, mientras culminaba la privatización de las empresas que fueron del Estado, la Corfo vendió en 15,2 millones de dólares su 45 por ciento de participación en SCL a su socio estadounidense.
La ex Sociedad Chilena del Litio cambió, a su vez, de dueño en tres oportunidades, aunque siempre el control se ha mantenido en manos estadounidenses. En 1998, la empresa Chemetall adquirió la sociedad a Foote, y después fue comprada por Rockwood Holdings. En enero de 2015, la compañía Albermale Corporation, que tiene su sede en Luisiana, Estados Unidos, compró la empresa y heredó el histórico contrato firmado en 1980.
Así, la explotación del litio en el salar de Atacama la tienen SQM y Albermale, que no paga royalty por las exportaciones de este mineral. SQM, por su parte, está en abierto conflicto con la Corfo por el no pago de lo que se comprometió a cancelar. Además, la estatal Codelco también tiene concesiones en el salar Pedernales, pero hasta ahora no lo ha explotado.
En 2014 el ingreso por exportaciones de litio fue de 269 millones de dólares entre las dos compañías, de acuerdo a los registros del Banco Central, y se estima que alrededor de un 57 por ciento correspondería a SQM. Si bien la suma no es comparable a la de otras exportaciones, ha venido aumentando en los últimos años y para 2015 podría bordear en total los trescientos millones de dólares.
Se calcula que para SQM los ingresos por el litio equivalen a un 10 por ciento del total de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, mientras que el nitrato de potasio, que también se origina en el salar de Atacama, significa un 34 por ciento; los fertilizantes representan cerca de un 30 por ciento y el yodo sobre el 21 por ciento. En Chile, a la vez, según las memorias de Soquimich, se genera del orden del 60 por ciento de la producción mundial de yodo, y el 37 por ciento proviene de SQM.
De acuerdo a los datos de la Memoria de la matriz SQM, durante el año 2014 los ingresos fueron 2.014,2 millones de dólares, con una «ganancia bruta de 583 millones de dólares y ganancia atribuible a participantes controladores de 296,4 millones de dólares».
NEGOCIACIONES Y LÍMITES
Bajo el título «Bases para una política de desarrollo del litio en Chile», Pedro Pavlovic, Felipe Vergara y Carlos Silva, del Comité de Sales Mixtas, junto a Luis Iracabal y Miguel Córdoba, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entregaron a la Corfo en mayo de 1982 un documento en que señalan: «Dentro de las nuevas aplicaciones en desarrollo destacan, entre otras, baterías, aleaciones y reactores de fusión nuclear». Según los autores, «estas aplicaciones potenciales podrían generar grandes consumos de litio a largo plazo». En ese momento indican que la salmuera del salar de Atacama «constituye un 42,5 por ciento de las reservas mundiales».
Con posterioridad, la Corfo siguió viendo posibilidades de negociación con otras compañías estadounidenses para establecer algún tipo de alianza. Una de las propuestas incluidas en el documento del Comité fue licitar un proyecto de sales potásicas y ácido bórico en el salar de Atacama durante 1983.
El entonces vicepresidente de la Corfo, coronel de Ejército Francisco Ramírez Migliassi, le envió un oficio al director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, coronel Juan Mir Dupuy, en el que habla del proyecto y de la eventual licitación que ya contaba con la aprobación de Odeplan (Oficina de Planificación Nacional). Y le solicitó «fijar el límite de recuperación de litio que se permitirá a la empresa que se adjudique el proyecto».
En su respuesta, el presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear fijó la posición de esa entidad, señalando los puntos que debían ser incluidos en la licitación. La primera condición fue: «No se podrá vender en forma alguna productos de litio destinados a la creación de energía nuclear por fusión». Anotó después que «la Comisión tendrá la primera opción de compra del litio para fines energéticos al precio internacional vigente», y que «podrá revocar la autorización dada a la empresa en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para ella, el Estado de Chile o sus organismos, si a su juicio exclusivo la empresa no da cumplimiento íntegro y estricto a las condiciones bajo las cuales la autorización se otorgue».
Además, le señaló que la Comisión se «reserva la facultad de fiscalizar el cumplimiento […] de las condiciones que rigen la autorización», y que las exportaciones de litio deberán «ser autorizadas en cada caso por la Comisión, la que podrá denegarla a su juicio exclusivo». Agregó que «es imperioso buscar zonas de retorno de las salmueras que aseguren la preservación de los recursos del litio».
DE AMAX A SOQUIMICH
El proyecto planteado por los profesionales de la Corfo concitó interés en compañías extranjeras que se presentaron a la licitación, a pesar de los límites puestos por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. A partir de eso nació una sociedad que, al cabo de un tiempo y varias peripecias, terminaría en manos de Julio Ponce Lerou.
La favorecida con la licitación fue la minera estadounidense Amax y en 1986 se formó la Sociedad Minera Salar de Atacama Limitada (Minsal), en la que Amax quedó con un 63,75 por ciento; la empresa chilena Molibdenos y Metales, Molymet —controlada por las familias Gianolli y Mustakis—, con un 11,25 por ciento, y la Corfo, con un 25 por ciento. Además de los estatutos de la sociedad, se suscribió el denominado «Contrato de Proyecto en el Salar de Atacama, con vigencia de 33 años», como señala el Informe de la Comisión del Litio de 2014, que tiene vigencia hasta hoy. En ese contrato se fijó un pago de royalty con la forma de canon de arrendamiento —6 por ciento para el litio— y una venta máxima para ese metal de 180 mil toneladas en el período contratado.
Siete años después de la constitución de la sociedad Minsal, en 1993, Amax decidió vender a SQM Potasio, una de las principales filiales del holding controlado por Julio Ponce Lerou, su participación en la Minera del Salar; otro tanto hizo Molymet.
La operación es curiosa, porque en un mismo día Amax «vendió, cedió y transfirió» a Amsalar —una aparente filial de esa compañía— sus derechos, equivalentes al 63,75 por ciento de Minsal. Y en ese momento Amsalar vendió a su vez a SQMK (Soquimich Potasio) su participación, y otro tanto hizo Molimet.
Fue así como el 75 por ciento de la Sociedad Minera Salar de Atacama quedó en manos de Soquimich, y el resto se mantuvo en poder de la Corfo. Efectuaron esa operación el vicepresidente de la Corporación de Fomento, René Abeliuk, en representación de la entidad estatal, y por parte de Soquimich estuvieron presentes su gerente general, Patricio Contesse González, y el gerente de SQM Potasio S.A., Bernard Descazeaux Arabit; además, participaron el estadounidense Robert L. Oliverio, representante de Amax y Amsalar, y Luis Eduardo Figueroa Rengifo, por Molymet.5
Soquimich se convirtió en socio mayoritario de Minsal y se embarcó en el mayor proyecto minero no metálico llevado a cabo en Chile, con el objetivo de producir cloruro de potasio, carbonato de litio, sulfato de potasio y ácido bórico, mediante la extracción de las salmueras ricas en estos minerales desde los subsuelos del salar de Atacama.
A su vez, la Corporación entregó entonces en arriendo exclusivo a Minsal las 16.384 pertenencias seleccionadas por todo el período que debería durar el contrato. A través de la misma escritura pública se firmaron en noviembre de 1993 los tres contratos modificados. Estos ratificaron el arriendo de las 16.384 pertenencias que son de propiedad de la Corfo. Según se indica en la escritura: «Ha quedado demostrado que al término del año 2030» —cuando terminaría el arriendo— «quedará en el salar de Atacama un volumen suficiente de salmueras para permitir alguna explotación comercial futura del litio contenido en ellas».
MÁS FACILIDADES
Un aumento de capital suscrito en 1994 entre SQMK y la Corfo dejó a la empresa controlada por Julio Ponce Lerou con el 81,82 por ciento de la compañía minera del salar y esta se transformó en sociedad anónima. Ese año partió también con la construcción de una planta de cloruro de potasio, que se puso en marcha a fines de 1995. En diciembre de ese año, Soquimich adquirió en la Bolsa Electrónica las acciones preferentes que estaban en poder de la Corfo, con lo que la minera privada obtuvo la totalidad de la compañía, que pasó a llamarse Soquimich Salar.
En ese entonces el vicepresidente de la Corfo era el ingeniero Felipe Sandoval Precht, quien el 21 de diciembre de 1995, junto al gerente general de SQM Potasio S.A. (SQMK), Felipe Anguita Garretón, suscribieron reformas a los contratos de arriendo de las pertenencias, todas favorables a la minera privada. Estuvo también presente en la firma de escrituras el gerente general del holding Soquimich, Patricio Contesse González.
Los contratos explicitaron en esa oportunidad todo lo que podía hacer la compañía de Ponce Lerou en las pertenencias arrendadas en el salar: «Sociedad Minera Salar de Atacama S.A. ha decidido desarrollar el Proyecto Salar de Atacama […] con el propósito esencial de poder producir y comercializar todo y cualquier compuesto de potasio, boro, litio, sodio y, en especial, sales potásicas o de potasio, ácido bórico, litio, productos de litio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de sodio, sulfato de potasio y cualquier derivado compuesto de los mismos y demás sustancias minerales económicamente recuperables de una o más salmueras, acuíferos, terrenos, pertenencias mineras y demás bienes […] que se encuentren ubicados o constituidos dentro de los límites de la comuna de San Pedro de Atacama, provincia del Loa, Segunda Región de Antofagasta […] y en especial, de las 16.384 pertenencias mineras OMA que son de propiedad de la Corporación y que forman parte esencial del Proyecto Salar de Atacama».6 Más adelante detallan en los contratos todas las formas de cada uno de los minerales que SQMK —a través de Minsal— podría extraer y comercializar.
En el caso del litio y sus productos se lee: «Toda forma comercial de litio, sus derivados y compuestos, incluyendo, por vía de ejemplo, litio metálico, carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y bromuro de litio». Otro tanto se puede ver con el potasio y el boro.
El contrato de 1995 tiene una serie de reformas que contribuyen a hacer más fácil la explotación a Soquimich. Por ejemplo, en una parte dice: «La Corporación y la Sociedad se obligan a no tomar ninguna acción que pueda obstruir o frustrar el logro por la Sociedad [se refiere a Minsal] de la intención, propósito y términos del contrato de arrendamiento ya individualizado y del Proyecto Minsal».
La ex Minsal, que pasó a ser Soquimich Salar, ha estado en la palestra en 2015 como una de las filiales más controvertidas en el escándalo de boletas y facturas que ha remecido al mundo político y empresarial. Desde esa empresa se efectuaron los pagos investigados por la fiscalía al operador Giorgio Martelli y a Cristián Warner, el ex asesor de Marco Enríquez-Ominami.
Los contratos ratificados y mejorados llenaron de entusiasmo a Julio Ponce Lerou para explotar el litio, el potasio y el boro en el salar. «Entre 1994 y 1999 invertimos aproximadamente trescientos millones de dólares en el desarrollo del Proyecto Salar de Atacama en el norte de Chile, el que nos permite producir cloruro de potasio, carbonato de litio, sulfato de potasio y ácido bórico», indica la Memoria 2014 en la parte de historia de la empresa.
Veinte años después de esa «negociación», el holding Soquimich entrega un retrato de lo que llegó a ser, gracias a los sucesivos apoyos que recibió del Estado de Chile: «Creemos que somos el productor mundial más grande de nitrato de potasio y químicos de yodo. También producimos nutrientes vegetales de especialidad, yodo y sus derivados, litio y sus derivados, cloruro de potasio, sulfato de potasio y ciertos químicos industriales (incluyendo sales solares y nitratos industriales). Vendemos nuestros productos en más de 110 países a través de nuestra red mundial de distribución, con un 89 por ciento de nuestras ventas realizadas en el extranjero en 2014».
Describe también la Memoria: «Nuestros productos se derivan principalmente de yacimientos minerales encontrados en el norte de Chile. Desarrollamos la minería y procesamos caliche y depósitos de salmueras. El mineral caliche en el norte de Chile contiene los únicos depósitos de nitrato y yodo conocidos en el mundo y es la fuente mundial de explotación comercial más grande de nitrato natural. Los yacimientos de salmueras del salar de Atacama, una depresión de sal que se encuentra en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, contienen altas concentraciones de litio y potasio, así como concentraciones significativas de sulfato y boro».
Explica en qué consisten los productos que obtienen: «Desde nuestros yacimientos de mineral caliche, nosotros producimos una amplia gama de productos basados en nitrato, usados como nutrientes vegetales de especialidad y aplicaciones industriales, como también yodo y derivados de este. En el salar de Atacama extraemos salmueras ricas en potasio, litio, sulfato y boro para producir cloruro de potasio, sulfato de potasio, soluciones de litio, ácido bórico y bishofita (cloruro de magnesio). Producimos el carbonato de litio e hidróxido de litio en nuestra planta cerca de la ciudad de Antofagasta, Chile, a partir de las soluciones traídas desde el salar de Atacama». Y agrega: «Comercializamos todos estos productos a través de una red mundial de distribución establecida».
Más adelante entra en detalle y especifica algunas características de los productos que «se dividen en seis categorías: nutrientes vegetales de especialidad, yodo y sus derivados, litio y sus derivados, cloruro y sulfato de potasio, químicos industriales y otros fertilizantes commodity».
Los nutrientes vegetales de especialidad «son fertilizantes premium que permiten a los agricultores mejorar sus rendimientos y la calidad de ciertas cosechas», continúa. Anota que «el yodo y sus derivados se usan principalmente como medio de contraste de rayos X e industrias de biocidas y en la producción de película polarizante, que es un importante componente de pantallas de cristal líquido […] El cloruro de potasio es un fertilizante commodity que producimos y vendemos en todo el mundo. El sulfato de potasio es un fertilizante de especialidad usado principalmente en los cultivos tales como hortalizas, frutas y cultivos industriales».
Explica que «los químicos industriales tienen una amplia gama de aplicaciones en ciertos procesos químicos, tales como la producción de vidrio, explosivos y cerámica, y más recientemente los nitratos industriales se están usando en plantas de energía solar como medio de almacenamiento de energía».
Lo que no se dice en la Memoria es que en el caso de las sales mixtas, toda la estructura de costos de SQM se desarrolla sobre la base de extraer el potasio de la salmuera. Esta contiene potasio, litio, bromo, magnesio, entre otros minerales. Al hacer la decantación, el litio y los otros minerales quedan separados y son parte del residuo; por lo tanto, no tienen que gastar nada y obtienen un buen precio por el potasio. Y las ventas de litio entonces resultan con un mínimo costo. Incluso, queda un pequeño residuo de sales de los otros minerales que —según los especialistas— contendrían un 2 por ciento de litio que debieran reinyectarlo al salar, pero en la práctica no lo hacen.
ALERTAS DE LA COMISIÓN DEL LITIO
En su informe la Comisión del Litio destaca que desde el inicio, sus integrantes pudieron constatar la «ausencia del Estado en las actividades relacionadas con la producción de litio, y, por ende, la necesidad de un Estado presente y garante del recurso mineral y de su explotación sostenible e inclusiva que maximice y capture su renta económica con una mirada de largo plazo».
A través del documento se prende una alerta respecto de las condiciones de explotación del litio, ya que —según los especialistas que participaron en esa instancia— este recurso natural «forma parte de un sistema dinámico y frágil, como son los salares».
Más adelante indica que su extracción en un determinado punto del salar «puede afectar el comportamiento hidrogeológico de las salmueras […] en pertenencias contiguas». Y a esa particularidad de explotación se suma el eventual impacto en el salar en su conjunto, «dado que el principal riesgo ambiental de la extracción de salmueras es que pueda afectar a la disponibilidad de recursos hídricos de su entorno». Eso, señala, además de «afectar al ecosistema podría afectar negativamente a los grupos humanos asentados en el ámbito de la cuenca del salar».
En las recomendaciones de la Comisión se advierte una mirada de conjunto que propone generar políticas públicas que aborden el litio como parte de un sistema para lograr una explotación óptima del material. A la vez, plantea la situación de los salares con una visión de territorio, que incluye la relación con los pueblos originarios, y de un Estado garante de derechos más que de uno subsidiario.
La Comisión reafirma el carácter estratégico del litio «dado su alto potencial de uso en aplicaciones energéticas y recomienda mantener el carácter de no concesible del mineral, por el hecho de que el sistema de concesiones mineras vigente no se adapta a la particularidad y complejidad del aprovechamiento de los salares». Además, plantea «elevar a rango constitucional la no concesibilidad del litio».
Como medida de corto plazo, la Comisión recomienda la revisión de los contratos existentes —es decir, con SQM y con Alberdale— y propone la creación de una corporación pública de salares, controlada por el Estado.
Al observar con detención sus conclusiones, se percibe que para llevar adelante los cambios propuestos se hace necesaria una nueva Constitución que oriente y fije los marcos, muy difíciles de lograr sin esos cambios fundamentales.
NUEVOS INTENTOS
Pese a las favorables condiciones de los contratos de arriendo con la Corfo, Julio Ponce Lerou y su grupo quisieron ir más allá en su afán por obtener más litio y potasio del salar de Atacama. Desde 2007 emprendieron un denodado intento por aumentar los límites de la cantidad de litio permitido en el contrato de arrendamiento a Corfo hasta el año 2030. Pretendían saltar de las 180 mil toneladas permitidas en ese plazo hasta un millón de toneladas.
Para eso se acercaron nuevamente a la Corfo, esta vez a la directora ejecutiva, la ingeniera comercial Mónica Singer González, una profesional de perfil más bien técnico —actualmente trabaja en la Universidad Católica en proyectos e integra el directorio de Educa UC—, quien tuvo una mirada favorable a las aspiraciones del ex yerno de Pinochet.
El Sistema de Empresas Públicas (SEP) es un comité de la misma Corfo que coordina la conducción de las empresas que aún quedan en manos del Estado. Se supone que «representa los intereses del Estado de Chile, a través de las empresas que le pertenecen», como indica su definición oficial. Y las principales funciones y atribuciones del SEP tienen relación con el gobierno corporativo de las empresas que forman parte del sistema; opera como organismo técnico asesor del Estado en determinadas materias. En este caso es directamente la Corporación de Fomento la dueña de las pertenencias que se arriendan a Soquimich Salar.
Un ilustrativo intercambio de cartas da cuenta de los intentos de SQM de multiplicar la explotación de las sales, y por cierto, aumentar más la fortuna de los controladores.
El 8 de abril de 2008, Mónica Singer, como directora ejecutiva del SEP, en una carta conjunta con el entonces subgerente de Soquimich, Patricio de Solminihac —hoy gerente general del holding—, se dirigieron al secretario ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de quien depende en última instancia el «permiso», en estos términos: «De acuerdo a lo conversado en nuestra reunión del 28 de marzo recién pasado, confirmamos a ustedes que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM han en principio acordado modificar el “Contrato de Arrendamiento” y el “Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama” que las partes pertinentes suscribieron el 21 de diciembre de 1995, con el propósito de aumentar los límites de las cantidades de litio metálico equivalente durante la vida del proyecto».
En la carta de Mónica Singer y De Solminihac, a nombre del SEP y del holding SQM, especifican la petición: «Que el total hasta el año 2030 sea un millón de toneladas, cifra acorde con los permisos ambientales ya obtenidos y que representa menos del 50 por ciento de las reservas conocidas».
Precisan los remitentes que «la modificación indicada está sujeta, entre otros aspectos, a la aprobación previa de la Comisión Chilena de la misma por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear».
La pretensión era audaz: SQM intentaba saltar de las 180 mil toneladas estipuladas en los acuerdos originales —y ratificadas en 1993 y 1995— a un millón de toneladas. Pero además adjuntaban un estudio ambiental financiado por quien se beneficiaría con el descomunal aumento: la propia empresa Soquimich.
En un oficio dirigido al vicepresidente de la Corfo, Carlos Álvarez Voullieme, en junio de 2008, Mónica Singer trató de relativizar el asunto al aludir a la carta enviada por ella y por Patricio de Solminihac: negó que en ese momento hubiera «un acuerdo alcanzado entre SQM y Corfo de modificación o aumento del límite máximo de extracción de litio metálico equivalente», pero admitió que había «una manifestación de voluntad de parte del SEP, para prospectar y analizar la posibilidad de eventualmente concordar dicha modificación».
Señaló también Mónica Singer que para llegar a aceptar el aumento se requería de estudios técnicos y por eso «fue contratada la empresa Enviros, previa conformidad del SEP, cuyo costo fue cubierto por Soquimich». Y agregó que una copia de ese estudio fue entregada al SEP en enero de 2008.
Informó también la ex directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas a Carlos Álvarez que «el Consejo del SEP acordó en una primera instancia contratar un estudio independiente que determine las condiciones económicas necesarias de exigir a SQM para eventualmente aprobar su petición de aumentar el límite de extracción de litio a un millón de toneladas». Reconoció asimismo que había enviado la solicitud en forma conjunta por SQM y SEP a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Otra comunicación interesante en este episodio es la que envió Mónica Singer al director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Fernando López Lizana —recibida según timbre de CCHEN el 27 de junio de 2008—, en la que le entrega más antecedentes: copia del Estudio de Impacto Ambiental encargado por SQM con una «calificación favorable», una minuta elaborada por la empresa y un informe de una visita a terreno realizada por el SEP a las plantas de Soquimich en el salar de Atacama. En todo caso, reiteró, «aún no existe acuerdo entre SQM y Corfo para una modificación o aumento al límite máximo de extracción de litio metálico equivalente, sino que se trata solo de una manifestación de voluntad de parte del SEP que supone evaluaciones técnicas, económicas, jurídicas y administrativas de factibilidad, en el entendido de las posibles ventajas que para nuestro país traería aumentar nuestra participación en el mercado mundial del litio».
ROTUNDO FRENO
La respuesta de la Comisión de Energía Nuclear fue un contundente no. El presidente de la Comisión en ese momento, el doctor en Física Roberto Hojman, en respuesta a Mónica Singer señaló, en carta del 27 de noviembre de 2008: «Producto del análisis de todos los antecedentes entregados por la empresa y, además, los recabados por la CCHEN para mejor resolver, este Consejo Directivo concluye que no hay argumentos que justifiquen hoy volver a incrementar la cantidad de litio para el mismo período de tiempo, por lo que por Acuerdo de Consejo Nº 1803 de noviembre 30 de 2008, se ha acordado no conceder la modificación solicitada a la autorización vigente».
Por otra parte, advirtió en la misma carta que «de los documentos y expertos consultados resulta evidente concluir que se requiere un estudio tendiente a establecer el manejo sustentable del salar, con el objeto de que pueda comprobarse empíricamente el comportamiento del salar, como consecuencia de la explotación de las salmueras, lo que permitiría determinar la explotación que mejor resguarde los intereses nacionales».
Insiste también en un punto que en el último tiempo empieza a plantearse: «Otro aspecto en el que este Consejo Directivo desea reiterar su posición es que para sustentar futuras decisiones sobre la explotación de este recurso, se incrementen los conocimientos sobre el litio y el salar, para lo cual deben crearse las instancias que permitan que una entidad nacional tenga la responsabilidad de estudiar estas materias».
Roberto Hojman adjuntó a su comunicación el Acta de la Sesión del Consejo Directivo de la Comisión de Energía Nuclear que acordó «no dar lugar a la solicitud de modificación». Todos esos documentos fueron con copia a la empresa SQM. A la vez, informó al ministro de Minería, Santiago González Larraín, las razones de la negativa, quien solo tomó conocimiento, ya que, de acuerdo a la ley, la última palabra la tiene la CCHEN.
LA LICITACIÓN FRUSTRADA
Los intentos de SQM por abarcar más pertenencias en las que explotar el litio continuaron tras ese revés. «Es el único país en el mundo que aún trata al litio como un material estratégico», alegaba Patricio de Solminihac, entonces vicepresidente de SQM, hoy gerente general del holding, en una publicación de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio el 18 de marzo de 2011.
Durante el Gobierno de Sebastián Piñera se acordó una nueva modalidad administrativa para manejar la explotación del litio: llamar a licitaciones para acordar lo que denominaron en su Gobierno Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL); es decir, otra forma de entregar a empresas privadas parte de la explotación del mineral no metálico. Desde el Parlamento surgieron voces que argumentaban que cualquier cambio en ese sentido debía ser a través de una ley, pero el Gobierno siguió adelante con su plan y, a través de un decreto supremo firmado por Sebastián Piñera el 2 de abril de 2012, se hicieron posibles los llamados a subasta pública nacional e internacional. Fue así como en junio de ese año se convocó a la primera licitación de CEOL para explotar litio por un período de veinte años, con un tope de cien mil toneladas, en pertenencias que no fueran las que ya estaban en arriendo a Reedbock y a SQM.
En ese entonces el hoy formalizado Pablo Wagner era subsecretario de Minería. Y fue precisamente él quien tuvo que encabezar el comité de expertos encargado de la licitación, porque como Hernán de Solminihac es hermano de Patricio, el actual gerente de Soquimich, el ministro se inhabilitó.
Pero la licitación resultó un fiasco. Ganó SQM, que ofreció cuarenta millones de dólares. El problema es que mantenía litigios pendientes con el Fisco de Chile, y los ocultó cuando postuló, lo que era impresentable de acuerdo a las bases. Tras una polémica pública, Pablo Wagner tuvo que renunciar y, además, afrontó una querella del Consejo de Defensa del Estado. Todo un bochorno que fue la antesala de lo que dos años después vendría para él y su cuñada Carolina de la Cerda, quien a través de una de sus boletas ideológicamente falsas abrió la «arista Soquimich» del caso Penta, como se la llamó en un comienzo.
Los litigios presentados por SQM contra el fisco eran por pertenencias mineras y por derechos de agua. Pero había otra controversia que ya por esa fecha empezaba a tomar forma: las operaciones del denominado caso Cascadas, que escapan al negocio de explotación de los minerales y se adentran en los manejos financieros tras bambalinas ejercidos por Julio Ponce Lerou.
Entre 2008 y 2011 gestionó, a través de las sociedades relacionadas Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande —las Cascadas— y Potasio, operaciones que le significaron millonarias ganancias extra. La Superintendencia de Valores y Seguros y los accionistas minoritarios que se sintieron afectados, incluyendo las AFP, se transformaron en acusadores de una causa que tiene como principal protagonista a Julio Ponce Lerou. Por lo que se ha indagado después, ya por ese tiempo el ex yerno de Pinochet estaba de lleno involucrado en las cuestionadas operaciones que constituyen uno de los flancos más sensibles para él, por las implicancias que tiene tanto administrativas como judiciales.
LA DISPUTA CON LA CORFO
El «párele» de la Comisión de Energía Nuclear en 2008 y la anulación de la licitación de 2012 fueron así el preámbulo que marcaría un nuevo escenario para las aventuras del sexto hombre más rico de Chile, según la revista Forbes. Ese mismo año se inició la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que en 2013 derivó en un condenatorio informe y elevadas multas.
Las cosas se complicaron más aún para el ex yerno de Pinochet cuando Corfo inició una investigación que llevó a la demanda —presentada ante el tribunal arbitral— en mayo de 2014, por incumplimiento de los arrendamientos del salar de Atacama. Ya en el Gobierno de Piñera el entonces vicepresidente de la Corfo, Hernán Cheyre, advirtió a SQM sobre diferencias en los pagos y solicitó a la empresa controlada por Ponce Lerou devolver dos millones de dólares a la Corfo. SQM se negó y Cheyre convocó a un arbitraje a fines de 2013. Fue designado árbitro el abogado Héctor Humeres.
Con el Gobierno de Michelle Bachelet asumió Eduardo Bitrán como vicepresidente de la Corfo y el ingeniero Rodrigo Azócar como gerente corporativo. Azócar siguió adelante con la investigación sobre los contratos y las anomalías que presentaban. En noviembre de 2014 Azócar fue designado presidente del Metro, pero mantuvo su colaboración con la Corfo para continuar a cargo de la controversia con SQM.
En enero de 2015 la Corfo estimó que las pérdidas por no pago de SQM sumaban diecisiete millones de dólares, por lo que indicó se le debía cancelar esa suma, y una indemnización de dieciocho millones de dólares.
Cuando arreciaba el escándalo de la boletas y facturas falsas, en junio de 2015, se conoció el rechazo al fallo arbitral por parte de la Corfo y la disposición de la entidad apoyada por la unanimidad de su Consejo de poner fin a los contratos en forma anticipada. Las razones son que se ha detectado que Soquimich no ha pagado lo que corresponde por la extracción del litio y del potasio. «La Corfo dispone de abundante e indesmentible evidencia de que SQM ha vendido sistemáticamente producción de potasio y carbonato de litio a precios por debajo de los de mercado, afectando a la Corporación», indicó en un comunicado de prensa el vicepresidente de la entidad estatal, Eduardo Bitrán, el 25 de junio.
Explicó en la oportunidad que esos antecedentes los proporcionará en «la etapa probatoria del juicio arbitral, sin perjuicio de ponerlos en conocimiento de la SVS, del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de AFP y de la SEC de Estados Unidos, para que esas instituciones evalúen eventuales infracciones a las leyes de valores y tributarias y afectación a los fondos de pensiones chilenos y tenedores de ADR de la compañía».
Tras rechazar la fórmula conciliatoria que propuso el árbitro, el abogado Héctor Humeres, la Corfo le pidió designar un interventor para SQM, con el objetivo de «velar por el cabal cumplimiento de las responsabilidades de cuidado de este activo estratégico del Estado, además de asegurar el acceso a la información fidedigna y verificar el cumplimiento del contrato».
Entre las cosas que hizo ver Bitrán en esa oportunidad es que el precio al que vende SQM el litio a la sociedad Kowa —accionista de la empresa— es más barato que el de las ventas a Argentina, China y otros países. Y recordó un dato: «En la junta ordinaria de accionistas del 24 de abril de 2015, el representante legal de Kowa fue Luis Eugenio Ponce Lerou, que es hermano del controlador de SQM».
Sin duda que esta situación pendiente respecto de los contratos con la Corfo, así como las investigaciones por el caso Cascadas en la Superintendencia de Valores y Seguros y en la Fiscalía Norte de Santiago, marcan un escenario nada fácil para el otrora todopoderoso ex yerno de Pinochet. Y que el estallido de las boletas y facturas que dejaron en evidencia sus «inversiones en política» son la otra gota que está rebalsando un vaso que lo llevó a renunciar el 8 de septiembre de 2015 a la presidencia de las sociedades Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios. Una movida táctica, como las que suele hacer, en busca de que los costos sean los menores posibles.