Falta para escribir el punto final de esta historia. Son muchas las situaciones «en desarrollo» que están pendientes y que el fiscal nacional Sabas Chahuán no alcanzará a dejar cerradas cuando entregue su mandato este 1 de diciembre.
Así, el caso Penta, aunque está bien avanzado, no se espera que entre en etapa de formulación de cargos y juicios antes del primer semestre de 2016. Además de los interrogatorios, de las formalizaciones y situaciones referidas al «holding de los Carlos» y a Soquimich, están los de otras empresas que van saliendo a la luz a medida que se va abriendo el cofre que ha escondido en estos años la relación entre dinero y política. Desde luego Corpesca, que hasta ahora se ha mantenido en reserva, aunque ya a mediados de octubre se vislumbraba que el Ministerio Público tendría elementos como para pedir el desafuero del senador de la UDI Jaime Orpis con el objeto de formalizarlo.
Los fiscales han avanzado, además, en sus indagaciones sobre el grupo Angelini, que complican a Celulosa Arauco y Empresas Copec, y a Cruz del Sur, la que en junio de 2013 fue vendida al grupo Security. Al menos esas tres empresas habrían efectuado «negocios» por más de doscientos millones de pesos en tiempos de campaña, con AyN, la sociedad de Giorgio Martelli. Por lo demás, Jorge Rosenblut reconoció en su testimonio ante los fiscales su contacto con el abogado José Tomás Guzmán, hombre clave del grupo Angelini, para la obtención de recursos.
Además de Corpesca, apareció en el radar de las investigaciones de los fiscales la Sociedad de Inversiones Siemel, del mismo grupo. El hilo conductor fue Eduardo Montalva, un asesor del senador Iván Moreira, que «boleteó» por casi ocho millones de pesos en 2013 y también tenía conexiones con Penta. Pero habría muchos más «contaminados» con boletas ideológicamente falsas entregadas a Siemel. Entre otros, el presidente del PRI Humberto de la Maza, favorecido también por SQM. Y habrá que ver cuántos más.
Entretanto, las diferentes estrategias de las muy bien pagadas defensas de las decenas de profesionales que representan a los imputados en estos «delitos de cuello y corbata» buscan todo tipo de resortes y resquicios para aminorar responsabilidades y posibles culpas. Y mientras se repiten, por ejemplo, algunas respuestas y argumentos, como el «no me acuerdo», abundan los gerentes o altos empleados que guardan silencio; cunden las licencias médicas reales o no tanto, los intentos de postergaciones y los lobbys de alto vuelo.
ROLES Y LIBRETOS
En esta suerte de obra de teatro realista se pueden apreciar algunos actores que reproducen guiones con ciertas similitudes: el gerente o el empleado que guarda las espaldas al mandamás, amparado en su silencio; el que sigue un ritual previamente concertado de frases hechas; o aquel otro que prefirió confesarse a medias o —tal vez— decir la verdad. Y están las secretarias, los júniors, los funcionarios o los parientes que dieron alguna boleta sin mucha conciencia y no tienen demasiado que perder o ganar en este juego de poder y dinero. Algunas y algunos prefirieron, simplemente, hablar con franqueza y sus testimonios han sido, en muchos casos, de alto valor para la investigación.
Al cerrar estas páginas surge, asimismo, la reflexión sobre el rol de los abogados penalistas, las influencias que tratan de ejercer en fiscales y autoridades, en diferentes niveles.
En medio de los ajetreos previos a la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet para elegir al sucesor del fiscal nacional Sabas Chahuán, se tuvo que suspender un foro organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con los cinco postulantes incluidos en la quina que presentó la Corte Suprema a la mandataria. Se iba a realizar el martes 13 de octubre.
El encuentro se «cayó» cuando algunos de los postulantes empezaron a excusarse. Organizaba el departamento de Derecho Penal que dirige el abogado Gonzalo Medina Schulz, quien moderaría el foro. Pero resulta que Medina es el defensor del ex subsecretario Pablo Wagner, formalizado por el caso Penta, por cohecho y delitos tributarios. Además, Medina es abogado de la empresa Siemel, del grupo Angelini, también involucrada en controvertidos pagos. Y varios de los integrantes de ese Departamento están entre los defensores de importantes imputados. Sin ir más lejos, uno de los más connotados es el ex presidente de la Comunidad Israelita de Chile Gabriel Zaliasnik, defensor de Roberto Guzmán Lyon, de Jorge Rosenblut y del senador Iván Moreira. Y el dueño de casa era el propio Davor Harasic, quien tuvo que comprometerse a dejar la defensa de los dueños de Penta para contar con el apoyo de los profesores que le dieron la mayoría para ser elegido decano en abril pasado.
Pero en su estudio es socio de Julián López —profesor también de Derecho Procesal Penal—, quien defiende a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
ASUNTOS PENDIENTES
Más allá de los consejos, alegatos y declaraciones que pretenden blindar a algunos personajes de esta historia, a la luz de todo lo ocurrido y tras analizar números y declaraciones, parece absurdo imaginar, por ejemplo, que las dádivas y premios concedidos a tan variopinto contingente político no estuvieran en conocimiento de Julio Ponce Lerou, el principal controlador del imperio Soquimich y el más beneficiado con la privatización y posteriores negocios de la empresa minera. Y también resulta poco creíble que todo esto haya sido una simple decisión unipersonal de su ex gerente y amigo de toda la vida Patricio Contesse. Más bien da la impresión de que las acciones del dos veces formalizado ejecutivo son el resultado de pensadas estrategias decididas en el cuartel general del grupo, donde siempre la opinión y voluntad de Julio César Ponce Lerou ha sido clave y definitiva.
La Superintendencia de Valores y Seguros dictaminó, entretanto, una multa de mil unidades de fomento a Ponce Lerou —que en marzo aún presidía el directorio del holding—, al actual presidente, el ex ministro de Educación de Pinochet, Juan Antonio Guzmán Molinari, y a los directores Hernán Büchi, Wolf von Appen y Patricio Contesse Fica. La razón fue no haber entregado oportunamente a la SVS las listas cargadas de millones de pesos con las operaciones sin respaldo.
El castigo de la Superintendencia, en estricto rigor, no es elevado ni aborda el problema de fondo; pero quizá esa multa sea un anticipo de responsabilidades mayores que un directorio no debiera soslayar.
Y ya hay una señal en torno al caso Penta cuyos ejecutivos tendrían que concurrir a declarar, en otro plano: la posible formalización de las corporaciones en cuanto tales —y de sus representantes—, de acuerdo a la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que Chile aprobó en 2009 como condición para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tanto importa en ambientes económicos y empresariales. Esta ley persigue los delitos de cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y si se establecen responsabilidades penales puede implicar multas y en caso de reincidencia hasta la cancelación de la personalidad jurídica de una sociedad.
Así también, entre los muchos asuntos pendientes está el desenlace del caso Cascadas. Los resultados del peritaje elaborado por el Centro de Estudios y Asesorías Legislativas (CEAL) de la Universidad Católica de Valparaíso —entregado el 25 de septiembre— no deben haber aportado tranquilidad a Julio Ponce Lerou y al nuevo presidente de las cascadas, Rafael Guilisasti. El informe determinó que las controvertidas operaciones le significaron pérdidas a las cascadas por 688 millones de dólares. Y la ganancia para Ponce Lerou —a través de sus sociedades «aguas arriba»— y sus asociados directos, entre los que está su asesor y amigo Roberto Guzmán Lyon, serían de 341 millones de dólares, según el peritaje. Este documento ya se encuentra en manos de la Fiscalía Norte.
Para que las investigaciones en desarrollo avancen y lleguen a puerto será muy importante una actitud más decidida de Impuestos Internos, que no obstaculice la labor del Ministerio Público sino que, al contrario, facilite el rol investigador de los fiscales de manera que se logre llevar los casos a la justicia.
DESAFÍOS PARA EL NUEVO FISCAL
Más decisivo aún será lo que ocurra con el nombramiento del nuevo fiscal nacional. Cuando este libro entraba a imprenta, estaba por definirse esa incógnita.
El fiscal José Morales —que apareció por unos días como el favorito del establishment político—, además de conversaciones con senadores, mantenía muy fluidas relaciones con sus colegas defensores de causas de alta connotación pública, según criticaban con preocupación quienes han seguido estos casos.
El hecho de que en el caso Cascadas no llegara más allá de la formalización del ex gerente Aldo Motta y de la abogada del directorio fue un argumento suficiente para que los accionistas minoritarios pidieran su remoción. Fue una de las razones que tuvo el fiscal nacional Sabas Chahuán para entregarle directamente esa causa al jefe de la Fiscalía Norte, Andrés Montes. Pero en el currículo de José Morales hay también otros dos casos de delitos «de cuello y corbata» en los que no alcanzó significativos resultados, pese a que miles de personas se vieron afectadas: la colusión de las farmacias y el caso de la tienda La Polar.
Aunque sea una contradicción, tal vez esos antecedentes primaron en la favorable mirada que tuvieron con él dirigentes y senadores de todo el espectro político que preferirían poner punto final a las investigaciones de Penta, Soquimich y otros «grandes contribuyentes» o, al menos, irse con calma. Además, Morales proyectaba una imagen crítica a la gestión de Chahuán.
Pero el acuerdo «cocinado» por los senadores de prácticamente todos los partidos le resultó al final contraproducente al fiscal de Alta Complejidad de la zona Norte de Santiago, y lo dejó fuera de la carrera.
La opción de la presidenta Michelle Bachelet al elegir a Jorge Abbott Charme, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, como su carta para el importante cargo, sorprendió al mundo político y marcó una señal de autonomía necesaria para los tiempos que corren. El anuncio efectuado personalmente por la mandataria desde Ecuador, donde estaba de visita, abría la esperanza para que se siga avanzando en la investigación y esclarecimiento de «los delitos de cuello y corbata» —como los ha llamado el fiscal Sabas Chahuán—. Un tema clave para el verdadero fortalecimiento de nuestra democracia que ha sido tan hipotecada, y también para avanzar de verdad en el camino al desarrollo.
En la Memoria de los ocho años de mandato del fiscal nacional se puede leer: «El fiscal nacional Sabas Chahuán estableció como uno de los pilares estratégicos de su gestión, la investigación y sanción de los hechos de corrupción». Y también se lee: «Para el Ministerio Público no solo es sumamente importante investigar aquellos delitos que afectan a la gran mayoría de los chilenos, en que se afecta su vida, su salud o sus bienes, sino que también se ha relevado a un máximo nivel la persecución penal de los delincuentes de cuello y corbata».
Tal como dice la publicación, «los hechos de corrupción provocan un gran impacto en la comunidad y, por tanto, la rigurosidad y severidad exigidas por el fiscal nacional, dan cuenta del compromiso de la fiscalía con el principio de la igualdad ante la ley, investigando a todos aquellos que resulten responsables sin importar la investidura de quienes cometen los ilícitos».
LA CORRUPCIÓN LLEGÓ
Al recordar lo vivido y lo observado en estos meses; al repasar lo indagado y lo escrito, después de mucho entrecruzar datos, leer y releer, analizar y reflexionar, la conclusión es fuerte, es dura, pero es ineludible afrontarla. Como decía el ex contralor Ramiro Mendoza hace un tiempo, la corrupción llegó. Y aunque ha estado instalada casi ante nuestros ojos, cerca de nuestros oídos, no la habíamos visto ni escuchado. Hasta que poco a poco el velo se empezó a levantar.
Sin duda el panorama nacional no es el mismo que hace un año y medio o dos, cuando tenues indicios daban cuenta de estas investigaciones que remecerían al país. Y en buena hora. Porque por lo que hemos ido viendo, muchos de los amarres y de los límites que tenía —y todavía mantiene— nuestra democracia hipotecada se relacionan con el poder y las malas prácticas de grupos económicos que —a su vez— han invertido en política para dominar la escena y las voluntades de la ciudadanía.
Pero como he mencionado, Penta y Soquimich no son los únicos grupos que han contaminado a políticos, politiqueros y aprendices de diferente rango y exposición, mediante prácticas retorcidas para desvirtuar la ley y la voluntad ciudadana. Pero ambos grupos tienen algo particular que los ha hecho decisivos, como hemos podido ver, y es que han generado «dependencias» que no han contribuido para nada al desarrollo democrático del Chile postpinochet ni a una convivencia sana. Y eso será necesario encararlo si se quiere cambiar el rumbo.
En un país que se creía libre de corrupción y de malos hábitos, el estupor ha sido grande y el golpe, fuerte. Pero lo claro es que no se puede dejar que esto quede en nada. Es imprescindible evitar que los arreglos bajo cuerdas o los consensos tapados que esconden turbios intereses primen sobre las decisiones realmente democráticas. Las ansias de transparencia y de justicia que se sienten en las generaciones más jóvenes están ahí, con una ciudadanía más alerta y atenta, con más sentido ético y con ansias de cambio. Esa misma transparencia que anhelan con nostalgia los mayores. Es por eso posible esperar que el pragmatismo barato sea derrotado. Que los miles de millones de pesos que destinan los magnates a sus inversiones políticas sean descubiertos a tiempo y sus delitos sancionados. Que las riquezas básicas usurpadas sean devueltas al Estado, es decir, a todos los chilenos.
Sin embargo, no deja de ser inquietante cómo todavía muchos dirigentes políticos parecen no entender lo que está ocurriendo. Y se ven más preocupados de armar sus futuras plataformas presidenciales y parlamentarias para así proteger sus intereses corporativos a cualquier precio.
LOS PARÁMETROS CAMBIAN
En ese sentido, los escasos avances para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Presidencial Anticorrupción que preside el ingeniero Eduardo Engel pueden ser interpretadas como una desalentadora señal. Las desafortunadas palabras contra Engel del senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión del Senado ocupada de esas materias, retrataron, en cierto modo, esa falta de comunicación de una buena parte de los políticos con el sentir de la gente: «Estoy cansado de los Catones de la moral, de aquellas personas que pontifican desde el pizarrón. La política es algo demasiado serio para dejársela a intelectuales que desconocen la historia de Chile y que no alcanzan a entender la importancia que tiene el desarrollo de los partidos políticos en el sistema chileno», sentenció Walker y mandó a leer a Engel el libro de Francisco Frías Valenzuela, el antiguo texto de historia que viene en los programas escolares desde 1933.
Pero el desaliento puede quedar atrás si se considera el rechazo generalizado a los dichos del ex presidente de la DC, que fue cuestionado desde todos lados, incluso por sus colegas y camaradas cercanos. Una muestra más de que los parámetros y los barómetros están cambiando. Y de que ese tipo de enojos no tienen cabida en el Chile que se quiere construir. Está claro que no será la denominada «clase política» la que saque —no al menos sola— al país de este atolladero en que muchos de sus representantes la han metido.
Las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales nos están mostrando que no estamos solo ante delitos tributarios, sino frente a botines que se gestaron con malas artes, a punta de consensos, acuerdos, arreglos y ocultos pagos. Quienes ayer se ampararon en los fusiles y la botas militares pasaron a ser «prósperos empresarios» que han reinado en estos años a vista y paciencia de todo un pueblo, gracias a sus bien articulados lobbys, tráficos de influencias y ocultos movimientos que afectaron a muchos de los que debían ser en democracia representantes de los electores, es decir, de todos nosotros.
Detrás de los frenos y retrasos a los cambios constitucionales, a la reforma educacional, a la reforma laboral, a la de la salud, y a tantas otras medidas necesarias para la estabilidad democrática y el desarrollo del país, están también esas maniobras y esas deudas de muchos de los que recibieron dádivas de los pocos que controlan el producto nacional bruto del país.
Pero después de estos descubrimientos dolorosos —dolorosos sobre todo porque implican que esos sectores que se creían democráticos fueron financiados por grupos económicos que los digitaban en función de sus intereses— los que no están dispuestos a que estos «delitos de cuello y corbata» pasen «colados» empiezan a levantar la voz. Lo que antes era desatendido, hoy es enjuiciado y condenado por una gran mayoría.
MANTENER LA ALERTA
Es fundamental, por eso, en este tiempo confuso e incierto mantener la alerta y la capacidad de asombro y no tranquilizar conciencias con el cuento de que «siempre ha sido así» o que este «era el único camino posible».
El destape que se ha producido no es consecuencia de la casualidad ni de un extraño milagro que haya hecho ver de repente lo que no se percibía. Hay causas de fondo —y en buena hora— que permiten explicar al menos en parte los cambios que estamos viviendo.
Hasta hace poco, a muchos les podía sonar muy intangible y lejano hablar de reforma procesal penal —que en la Región Metropolitana se empezó a aplicar recién en 2005—, pero cuando se aprecia en acción lo que ha ido construyendo y haciendo el Ministerio Público, se puede tener un poco más de ánimo, a pesar de ver y aquilatar lo que ha ido desenmascarando. Fiscales independientes y rigurosos con un alto sentido ético en la investigación y en la búsqueda de la justicia, son los que han tenido la responsabilidad de destapar estas cajas de Pandora. Y han actuado contra viento y marea, desafiando presiones y descalificaciones.
Vapuleado en forma directa o indirecta, el fiscal Carlos Gajardo, a quien incluso las presiones lo intentaron sacar en dos oportunidades del caso, dejó instalado un lema: «No hay que tenerle miedo a los poderosos». Su fotografía junto a la de sus colegas Pablo Norambuena, Emiliano Arias, Carmen Gloria Segura y Ximena Chong ilustran las Memorias del período del fiscal nacional Sabas Chahuán. Todo un símbolo con el que el fiscal nacional saliente quiso marcar parte importante de su legado.
El propio Chahuán, quien tomó en febrero de 2015 los casos Penta y Soquimich en sus manos, marcó con valentía una senda que su sucesor tendrá que continuar a pesar de los intentos por frenar al Ministerio Público que han acompañado el desarrollo de estas investigaciones.
Lo que han hecho los fiscales molesta y hasta provoca ira entre quienes no quieren que cambie el statu quo. Entre esas piezas dignas de tener presentes hubo una columna de Andrés Benítez, ingeniero comercial y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, publicada en La Tercera, que sintetiza muy bien lo que ha impregnado editoriales y opiniones vertidas por otros también en el diario El Mercurio. «¿Cuánto vale el show?», así tituló Benítez, haciendo recuerdo de un viejo programa de la televisión. Su artículo apareció publicado después de los alegatos de formalización a los dueños de Penta, el 7 de marzo de 2015.
«Los fiscales del caso no han escatimado argumentos para lograr aquello, entregando razones jurídicas, pero también políticas, como la esgrimida por Carlos Gajardo, al calificar al grupo Penta como “una máquina para defraudar al Fisco”», escribió Benítez, quien, como otros personajes entrevistados por la prensa convencional en esos días, alegaba contra «una suerte de show mediático que no corresponde a quienes deben velar por la justicia».
Incluso fue más allá Andrés Benítez con sus apreciaciones: «Algunos creen que en su actuar, dicho organismo tiene el deber de considerar el alto impacto mediático que rodea el caso y dar una señal clara a la ciudadanía en orden a que las personas que comenten delitos de cuello y corbata pueden ir a la cárcel. Esto no deja de ser peligroso; lo que se espera es que la justicia cumpla su deber sin presiones de ningún tipo».
En la misma oportunidad y en franca contradicción con el derecho a acceder a la información, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez atacó las audiencias transmitidas en vivo dispuestas por el Poder Judicial, lo que llevaría —según él— «a buscar un cierto despliegue comunicacional de los abogados. Claro, como saben que están dirigiéndose no solo al juez, sino también a las cámaras, su comportamiento se ve alterado».
HORA DE CAMBIOS
Esos fiscales que han hecho un notable recorrido en el último año y medio, han despertado la admiración de muchos, mientras se está produciendo un recambio en la sociedad chilena, donde los estándares de transparencia y tolerancia se hacen más exigentes. Se pierde el miedo y se condena el abuso en todas sus formas. La crisis que enfrenta, por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia Católica apunta en la misma dirección. El rechazo a los privilegios y a los oscuros contubernios lo abarca todo. Se puede hablar, ya que se empieza a vivir un cambio cultural en Chile.
Otros factores inciden positivamente en la tarea del Ministerio Público. Los avances tecnológicos los han acompañado. Las policías especializadas van haciendo lo suyo y las incautaciones de computadores y análisis de los correos electrónicos se han convertido en una pieza fundamental en las indagaciones.
Se respira, asimismo, un clima diferente en los tribunales. El Poder Judicial ha dado pasos, que eran inimaginables hace algunos años, en pos de la transparencia y de la justicia. Aunque todavía le falta camino por recorrer y se verá cómo van respondiendo a las responsabilidades que les tocará asumir en estos casos, ya se ha visto a jueces de garantía y a salas de las Cortes de Apelaciones ir en la misma línea de transparencia, poniendo los puntos sobre las íes que han planteado los fiscales ante los alegatos de abogados que tratan de decir que lo cometido por sus clientes nada tiene de delictual.
EL REGRESO DEL «PERRO GUARDIÁN»
Los periodistas y ciertos medios de comunicación han tenido también un papel protagónico. Aunque nos hemos topado al revisar las listas y las querellas con mucho periodista «boletero» en medio del carnaval de millones, da la impresión de que, con el fragor de los acontecimientos, ha vuelto a buena parte del periodismo chileno un sentido profesional y ético que creíamos perdido. Incluso se ha visto a noticiarios y espacios televisivos buscar innovaciones para seguir estos casos y entregárselos a las audiencias de la mejor forma, cuando hasta hace poco los temas económicos no eran objeto siquiera de una nota breve. El ojo está hoy puesto en asuntos que antes parecían no interesar.
Desde fines de 2014 se ha podido comprobar cómo decenas de colegas en diarios convencionales y —muy en especial— en medios digitales, en radios y en televisión, han estado siguiendo en el día a día los hechos en busca del esclarecimiento de las situaciones ocultas. Mantener esa alerta, volver a tener el rol de «perro guardián» de la sociedad —como dicen en Estados Unidos— o de «cuarto poder» —como lo han bautizado más de alguna vez— es clave en la construcción de una verdadera democracia y de una sociedad que quiere transitar hacia el desarrollo sobre parámetros dignos y éticos.
Ese es el gran desafío de hoy. Pero parece indispensable no aflojar. Es una tarea pendiente desarrollar un periodismo que no solo vaya detrás de las investigaciones del Ministerio Público y la justicia, sino que trate de buscar e indagar en lo ocurrido más allá de las prescripciones legales y de los silencios impuestos, de las presiones y de los resabios de autocensura. Será a la vez un acicate para que todos los poderes del Estado, a su vez, cumplan fielmente con lo que la sociedad les debe exigir. Y es sobre todo parte de nuestro compromiso y nuestra obligación.