El 20 de abril Rita compareció ante el fiscal Javier Caraballo, la persona que ordenara el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca y quien estaba a cargo de la investigación de la firma de abogados.
La citación para la comparecencia fue entregada directamente en las oficinas de La Prensa: había llegado en un sobre sencillo de color blanco con el membrete del Ministerio Público y estaba dirigida a Rita.
También el fiscal citó al reportero Luis Burón y a Rolando Rodríguez, jefe de la unidad de investigación. Yo era el único miembro del equipo original del proyecto que no había sido llamado, lo cual probablemente era bueno tanto para mí como para el fiscal: sin duda lo hubiese confundido con mis ideas alocadas, o tal vez habría terminado enviándome a la cárcel. La verdad es que no sé cuál de los dos resultados hubiera sido el más probable.
Ésta era la segunda vez que el fiscal citaba a Rita. La primera citación era para las dos de la tarde del 12 de abril, pero esa reunión nunca se llevó a cabo, por dos razones: la primera, a Rita nunca se le notificó de forma apropiada que debía comparecer, y la segunda, que en esa misma fecha y hora los fiscales y la policía se encontraban en medio de las veintisiete horas del allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca.
A Luis lo entrevistaron unos cuantos días antes que a Rita, irónicamente, el mismo día en que me reuní con los agentes del IRS. Tanto Rita como los directivos del periódico esperaban con ansias que la reunión terminara: bajo las leyes del país, no tenía derecho a ser representado por un abogado ni tampoco a llevar con él a alguien del periódico, ya que se trataba de una declaración jurada en calidad de testigo, y no de procesado.
En esos momentos la Procuraduría estaba llevando a cabo dos investigaciones: la primera a Mossack Fonseca, y la segunda estaba relacionada con la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón, también conocida como La Reina del Sur, actualmente en prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Chacón había resultado ser cliente de la firma, por lo que no teníamos forma de saber sobre qué investigación sería cuestionado Luis.
La entrevista demoró varias horas. Una vez terminada, Luis mandó un mensaje al grupo que se había creado para que los integrantes del proyecto nos comunicáramos más fácilmente: decía que el fiscal había decidido arrestarlo y enviarlo a prisión. Esto hizo que Lourdes, Rolando y Rita se asustaran, por lo que Luis, avergonzado, de inmediato debió decir que todo era una broma, por lo que recibió los reproches de sus jefes.
Reprendí a Rita por ser tan tonta y haberse creído aquello; después de todo, en prisión normalmente no te dejan hablar por celular. Sin embargo, ella no estaba de humor para bromas y me culpó por la de Luis, alegando que yo había sido una mala influencia para él: “Aprendió a hacer ese tipo de cosas por andar contigo. Antes no era así”.
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Unos días después, Luis habría de contar que su experiencia no fue otra cosa sino un asunto aburrido. “Se demoró tanto”, dijo, haciendo notar que la mujer que tomaba notas escribía en la computadora sólo con dos dedos.
Dijo que las preguntas que le hicieron estaban principalmente relacionadas con las notas que habíamos publicado, por lo que no tuvo problema en contestarlas, ya que obviamente habían aparecido en el periódico; en todo caso, lo que lo sorprendió es que los fiscales pudieron haberlas leído.
Tal vez se trató de una estrategia para hacerlo hablar antes de que ellos preguntasen lo que realmente querían saber, que era cómo La Prensa había obtenido los datos y quién era la fuente original. Luis contestó citando convenios internacionales que protegen el ejercicio del periodismo y de los cuales Panamá es signatario, pero aun si hubiese deseado resolver las dudas del funcionario de la fiscalía, no habría podido, ya que realmente no sabía más que el resto de nosotros con respecto a la filtración. A pesar de que los fiscales pudieron no haber creído la historia de que los datos fueron filtrados anónimamente a un par de periodistas alemanes, eso era lo que se nos había dicho y, por lo tanto, eso fue ampliamente reportado. La Prensa no podía revelar ninguna otra información relacionada con la filtración, ya que estábamos tan a oscuras como cualquier otro.
Sin embargo, no tenía sentido que nos presionaran con respecto a los hallazgos en la base de datos ni haciendo mención de la Procuraduría, ya que los fiscales tenían básicamente la misma información, y tal vez más, como resultado del allanamiento que habían llevado a cabo.
A diferencia de los fiscales en los otros países, que en gran medida aún no habían podido verificar lo publicado en los medios de comunicación alrededor del mundo, los de Panamá tenían en su poder los archivos; no necesitaban que nosotros verificáramos ninguna información que se hubiese publicado, ya que estaban en capacidad de buscar ellos mismos.
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Cinco días después de Luis, Rita compareció en las oficinas del fiscal Caraballo para ser interrogada; antes de la entrevista oficial, sostuvieron una conversación informal, fuera de registro. Más tarde habría de contar: “Él estaba más nervioso que yo. Tan pronto comencé a hablar con él, comprendí la difícil situación en la que estaba”.
Los fiscales se habían llevado una enorme cantidad de datos de la firma de abogados la semana anterior, y ahora no tenían idea de qué hacer con ellos; una de las razones por las que citaron a Rita era para ver si ella les podía ofrecer alguna ayuda a fin de comenzar a procesar la información.
“Les dije que si yo estuviera en su lugar, crearía una base de datos, leería las historias publicadas y luego buscaría los documentos que mencionaban dichas historias”, aseveró. “También dije que buscaría términos que pudiesen definir alguna acción que la firma quisiese ocultar.”
A medida que la reunión avanzaba, Rita comenzó a sentir que los fiscales estaban irremediablemente superados por los millones de documentos que habían confiscado a la firma legal, por lo que sería muy difícil encontrar en unos cuantos meses la información necesaria para procesar judicialmente a los abogados de la firma.
La poca experiencia de los fiscales panameños en asuntos relacionados con delitos financieros no ayudaba en esta delicada situación, de hecho éste era el primer expediente que Caraballo tenía bajo su tutela sobre estos temas. Esto lo colocaba en la difícil posición de tener que investigar algo de lo cual no sabía nada y hacerlo muy rápido, ya que los ojos del mundo entero estaban puestos en él.
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La situación con el fiscal nos brindó una imagen bastante buena de lo que pasaba tanto en Panamá como a escala global. Las publicaciones sobre las actividades de la firma de abogados sin duda expusieron graves fallas de la industria, ¿pero habían descubierto algo ilegal o simplemente no ético?
El 5 de septiembre Ramón Fonseca envió el siguiente mensaje en Twitter: “El día de hoy marca el quinto mes de aniversario del ataque perpetrado por La Prensa y los medios de comunicación de izquierda de los otros países. Y aún no se ha hecho ninguna acusación formal contra nosotros”.
Ése era un punto legítimo. Los fiscales habían allanado los archivos de su firma, movimiento que generó titulares alrededor del mundo. ¿Pero con qué fin?
Esto era algo que me preocupaba desde el inicio. El torrente de información había conmocionado al mundo y a los medios de comunicación nos correspondía advertir que era poco probable que hubiese algún caso criminal significativo, por lo menos no inicialmente.
Por ejemplo, el equipo de McClatchy enfocó sus principales historias en el hecho de que Jürgen Mossack mintió bajo juramento en un juicio civil que se realizaba en Nevada con respecto a la conexión de la firma con esa oficina. ¿Pero qué tan serio es un delito como éste? ¿Cómo se compara con el hecho de que, a sabiendas, la General Motors vendió carros con interruptores de encendido defectuosos, lo cual condujo a cierto número de muertes? En dicho caso, a ningún individuo se le hicieron cargos penales, al final la compañía simplemente terminó por pagar una multa por su transgresión.
Al explicar la decisión de no hacer responsable a ningún individuo por las acciones de la compañía, el fiscal Preet Bharara le dijo a CNN: “Técnicamente, no es ilegal vender un carro con un defecto que puede llegar a matar a alguna persona”; “Nosotros aplicamos las leyes como las vemos, y no como deseamos que las leyes sean.”
Utilizo el ejemplo de la General Motors por dos razones. La primera es porque cuando Ramón Fonseca defiende a su firma legal, con frecuencia compara las compañías que su firma ha vendido con el carro utilizado por los ladrones de banco para escapar. El argumento consistía en que su firma no era más responsable por los actos ilegales de los propietarios beneficiarios de las compañías fantasma de lo que lo es un fabricante de autos por las personas que los usan para robar bancos.
La segunda razón es que Bharara, el fiscal en ese caso, era el mismo que decidió abrir una investigación sobre los archivos de Mossack Fonseca poco después de que el proyecto se hiciera público en abril. La decisión fue tomada a mediados de mes y llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diera un gran discurso sobre los Panamá papers en el que dijo:
En las noticias de los dos últimos días, los archivos de datos que provienen de Panamá nos recuerdan que la evasión de impuestos es un gran fenómeno global, no sucede sólo en otros países, ya que francamente tenemos gente aquí en Estados Unidos que está tomando ventaja de esta misma situación. Mucho de esto es legal, sin embargo, ése es exactamente el problema: no es que estén quebrantando la ley, sino que las leyes están tan pobremente diseñadas que permiten que las personas, cuando tienen suficientes abogados y cuentas bancarias, puedan zafarse de las responsabilidades que los ciudadanos comunes tienen que cumplir.
Las declaraciones del presidente resumen bastante bien los sentimientos que yo tenía sobre el proyecto, especialmente en vista de cómo manejó el IRS la información que les di: al final todo se convirtió en una mezcolanza de posibles trucos legales y detalles sutiles. Lo que no tomé en cuenta es que las leyes, especialmente aquellas relacionadas con impuestos y transacciones financieras, tienden a ser extremadamente complicadas.
Así pues, juzgar los casos de delitos en estas materias tiende a ser igualmente complejo; y si es difícil para el IRS y para el gobierno de Estados Unidos, imaginémonos cuánto habrá de serlo para un fiscal panameño que hasta ese momento había pasado su vida lidiando con personas que vendían kilos de cocaína.
De hecho, la reacción inicial del IRS con respecto a los Panama Papers no fue exactamente la de una agencia que enjuiciará a todos los involucrados con todo el peso de la ley, sino más bien un llamamiento para que las personas se entregaran; el mensaje que envió era, en pocas palabras, que los delincuentes pueden salirse del problema. Imagínese si a los traficantes de drogas se les ofreciera el mismo trato: ¿los atrapan y pagan una multa? Estoy seguro de que todo narcotraficante en el país aceptaría la oferta.
Sin embargo, pareciera que tratos como estos solamente están al alcance de los ricos y poderosos. Si cualquiera robara una licorería, iría a la cárcel, pero si son millones de dólares de obligaciones fiscales o, aún peor, de la venta de algún producto que mata a las personas, todo lo que tiene que hacer es pagar una multa.
Mi dicho favorito durante el proyecto había sido: “Si la multa por robar un carro es tener que regresarlo, la gente no va a dejar de robar carros”, y es una posición que mantengo hasta el día de hoy. Hasta que la gente no comience a ir a prisión por delitos financieros, estos continuarán.
Lo único que uno tiene que hacer es mirar a Messi jugar futbol para darse cuenta de que es poco probable que esto suceda, a no ser que cada país, y no solamente los lugares como Panamá, examinen sus leyes y hagan cambios fundamentales. Corresponde a las sociedades exigir a sus líderes que consideren estos delitos seriamente.
El caso de Messi es interesante porque de lo que mucha gente probablemente no se da cuenta es que los delitos de evasión de impuestos de los que se declaró culpable no tienen nada que ver con la compañía que creó a través de Mossack Fonseca; de hecho, ésta se creó después de que se le había acusado de evasión de impuestos. Aun así, el gobierno español se rehusó a investigarlo, conociendo muy bien que era la única opción que tendría para darle básicamente una segunda tarjeta amarilla por sus infracciones.
Por supuesto que Messi no es la única persona que ha evitado un proceso penal, ya que al 5 de septiembre, día en que Ramón Fonseca envió su tuit sobre la falta de cargos contra él y su firma, los únicos arrestos que se habían reportado ampliamente como consecuencia de los Panama Papers fueron en Brasil y Venezuela.
Los arrestos realizados en Brasil fueron de empleados de Mossack Fonseca a los que se acusó de obstruir una investigación de corrupción que había iniciado incluso antes de la publicación de los Panama Papers, mientras que en Venezuela la persona arrestada era considerada un opositor al gobierno de ese país.
Después de esa fecha, no ha habido ningún arresto en Europa ni en Estados Unidos.