Cuando los Panamá papers se hicieron públicos, el país estuvo inmediatamente bajo la mira, y su reacción fue rápida y contundente. La Procuraduría había abierto una investigación sobre la firma y ordenado el ya famoso allanamiento a las oficinas; el presidente Varela defendió al país en un artículo de opinión publicado por el New York Times.
Sin embargo, la medida más dramática que tomó Panamá fue aceptar las normas sobre reportes e intercambio de información fiscal creadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Mi primer contacto con la OCDE, que tiene su sede en París, fue en 2002, mientras vivía en Islas Vírgenes Británicas, cuando ésta exigió a los territorios de ultramar que adoptasen los estándares propuestos por la organización en materia de intercambio de información fiscal, para evitar ser incluidos en su lista negra. Islas Vírgenes Británicas respondió que adoptaría cualquier medida que todos los países europeos hubiesen también adoptado, y específicamente Suiza, país conocido por ser el artífice del secreto bancario.
Esto tomó a la OCDE por sorpresa, pero me sirvió para descubrir que no estaba realmente interesada en la cooperación o el desarrollo económico sino más bien en salvaguardar los intereses de los Estados miembro. A pesar de que los integrantes de la OCDE podían incorporar a los territorios de ultramar a su lista negra, ésta tenía mucho menos influencia en Europa, en Suiza, por ejemplo.
Con el tiempo, las más importantes filtraciones de datos de la industria offshore, que alcanzaron a entidades bancarias como UBS, hicieron que Suiza realizara cambios legales y por tanto abriera la puerta a una mayor transparencia, sin embargo, la experiencia estableció la pauta para conflictos futuros entre la OCDE y los países más pequeños.
Más de una década después, la OCDE se había volcado hacia Panamá, y estaba ejerciendo mayor presión día tras día para que el país hiciera cambios en sus políticas de servicios financieros. Y en efecto se adjudicó una victoria importante cuando forzó a Panamá a renunciar a las acciones al portador, sin duda el instrumento financiero del que más se abusa en el mundo: virtualmente resulta imposible argumentar que éstas tienen algún propósito útil, siendo su eliminación o al menos su inmovilización ciertamente un paso en la dirección correcta cuando se trata de hacer cambios positivos en la industria.
Panamá había sido de los últimos países en inmovilizar el uso de las acciones al portador; tal vez fue así porque otras jurisdicciones aún seguían ofreciéndolas a sus usuarios, y muy a pesar de las recomendaciones internacionales no terminaban de hacer los cambios que la mayoría ya habían efectuado. Sí, se trataba nada más y nada menos que de algunas acciones operadas desde Estados Unidos como Liberia y las Islas Marshall, ambas administradas desde firmas de abogados en Virgina y Maryland, respectivamente.
El que Panamá inmovilizara las acciones al portador, entre otras medidas que tomó, le permitió salir de la lista gris de las jurisdicciones no cooperadoras creada por el GAFI, el cual era más o menos lo mismo que la OCDE pero con un nombre diferente; esto ocurrió dos meses antes de que los archivos de Mossack Fonseca se hicieran públicos. La FATF había hecho una revisión completa de la legislación del país, y consideró que estaba a la altura de las normas internacionales. En retrospectiva, estoy seguro de que les hubiera gustado reconsiderar un poco dicha decisión.
Mientras tanto la organización hermana, la OCDE, presionaba a Panamá para que firmara las normas internacionales sobre intercambio de información fiscal. Panamá, haciendo uso del libro de jugadas creado en las islas del Caribe hacía ya más de una década, acordó implementarlas siempre y cuando cada miembro de la OCDE también las hubiese adoptado: esto creó un problema para la OCDE debido a que, una vez más, Estados Unidos, uno de sus miembros, se había rehusado a adoptarlas.
Parecía que la OCDE estaba a punto de ser derrotada con respecto a este asunto, el cual era clave para muchos de los países más pequeños, los que deseaban acceso a los registros de sus ciudadanos que escondían bienes detrás de compañías panameñas.
Estados Unidos tenía su propia razón para no firmar el acuerdo, y era que permitiría que otros países pudiesen examinar los registros de sus ciudadanos en ese país. Esto es importante porque se estima que la inversión extranjera en Estados Unidos sobrepasa los 2.5 billones de dólares; de repente permitir a gobiernos extranjeros examinar quiénes y por qué habían invertido en ese país podría conllevar a que se hicieran algunas preguntas difíciles que tendrían que contestar los estadounidenses, de forma que simplemente se rehusaron a firmar el acuerdo de la OCDE a pesar de ser un miembro de ella.
Antes de que aparecieran las historias sobre Mossack Fonseca, Panamá se había negado a seguir a la OCDE; sin embargo, los Panama Papers hicieron que esto cambiara. Frente a una presión internacional intensa, el presidente Varela se comprometió a adoptar las normas a pesar de que Estados Unidos no lo hubiese hecho.
Esto fue realmente el final de la línea en términos de reformas regulatorias que cualquiera pudiese demandar del país. La OCDE había pregonado estas reformas como un paso importante en la prevención global de la evasión de impuestos; teniendo a Panamá a bordo, ya no quedaba ningún reducto importante excepto Estados Unidos, habiendo la OCDE admitido más o menos que ellos harían lo que quisieran.
Por eso todos se sorprendieron cuando Varela anunció la formación de la comisión, que incluía a Stiglitz, el economista estadounidense: los actores de la industria no podían esconder su asombro con la incorporación de este personaje, ya que la decisión de adherirse a las normas de la OCDE era más o menos el final del juego. La opinión popular era que la integración del panel no era otra cosa que una maniobra de relaciones públicas; después de todo, el sistema financiero panameño había sido totalmente revisado por la OCDE y por la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera. Desde el punto de vista regulatorio, no había ningún otro cambio que pudiera hacerse, por lo que la comisión de Stiglitz no tenía más opción que llegar a dicha conclusión, ya que no había ninguna otra respuesta.
Creo que fue por esto por lo que Stiglitz, al igual que Mark Pieth, su colega suizo, renunciaron a la comisión, y lo hicieron de la forma más dramática posible: una vez que se percataron de que solamente estaban allí para sellar los cambios que Panamá ya había hecho, decidieron sabotear el proceso.
Fuentes cercanas a los miembros restantes del comité dijeron que Stiglitz había hecho peticiones al grupo, entre ellas financiamiento para realizar la investigación para un libro sobre el tema. También dijeron que desde el principio tuvo choques con Alemán Zubieta, el ex administrador del canal, que había sido nombrado presidente.
Soy consciente de que esto en gran medida es una conjetura, sin embargo, la renuncia de Stiglitz parece haber sido diseñada para atraer tanta atención como fuese posible. Ni siquiera notificó formalmente su renuncia a nadie en Panamá, optando en cambio por bombardear a los medios de comunicación del mundo, comenzando con la agencia Reuters, e incluso Vanity Fair. En sus entrevistas nadie tocó el punto de que él había estado de acuerdo con los parámetros de la investigación cuando decidió sumarse al comité, y tampoco nadie escarbó hondo en la historia desde el ángulo de Panamá, citando el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores; simplemente aceptaron la palabra de Stiglitz y obviaron escuchar a la contraparte.
Coincidentemente, poco después de su salida Stiglitz publicó su libro El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. ¡Qué gran maniobra publicitaria! Aun cuando tal vez pudiese argumentar que su decisión de renunciar a la comisión en Panamá no le ayudó a promocionar su obra, puedo decir que ciertamente no le causó ningún daño.
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Mi molestia con acciones como las de Stiglitz y el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York no era por proteger a Panamá o la forma de ganarse la vida de mis mejores amigos, mi preocupación se debía a que sabía que existían problemas dentro de la industria que no habían sido expuestos por la investigación y que debían ser enfocados, pero permanecían ignorados frente a la escandalosa conclusión de que: “Los centros offshore como Panamá son perjudiciales para la economía mundial y deben ser clausurados”, impulsada por personas como Stiglitz.
No podía perdonar a aquellos periodistas que trabajaron en el proyecto y dejaron de ver este punto; pienso que muchos de ellos se vieron abrumados por la cantidad de información y simplemente estaban luchando por contar una historia que tuviera sentido para sus lectores. Puedo entender cómo esa situación podía conllevar a historias como la que se enfocó en Leticia Montoya.
Sin embargo, lo que me perturbaba era que las personas que se supone comprenden los temas de fondo que deben ser subsanados, y no sólo en Panamá sino en todas las jurisdicciones offshore, como el ganador del Premio Nobel de Economía o aun los candidatos presidenciales, cayeron en esa misma trampa.
Por ejemplo, Bernie Sanders trató de usar los Panama Papers para recuperar apoyo durante su campaña. Cuando Panamá y Estados Unidos se encontraban negociando el tratado de libre comercio en 2011, criticó el acuerdo en un discurso ante el Senado: “Resulta, señor presidente, que Panamá es un líder mundial cuando se trata de permitir que las grandes corporaciones y los estadounidenses ricos evadan impuestos en Estados Unidos, al esconder su dinero en paraísos fiscales offshore”, dijo. “Y el tratado de libre comercio con Panamá habrá de empeorar mucho más esta situación.”
Posteriormente utilizó su discurso como evidencia de que estaba en lo cierto al oponerse al tratado de libre comercio, y según él, los documentos de Los Panama Papers lo habían probado. Estoy seguro de que para sus seguidores, e incluso para el estadounidense promedio, había tocado un punto legítimo, sobre todo porque si dicho proyecto se llamó así, es porque algo debía andar mal en este país, ¿cierto?
Pero mirando más de cerca, su argumento muestra que estaba totalmente equivocado en su evaluación de 2011: los archivos de Mossack Fonseca no habían mostrado un aumento en el número de estadounidenses que usaban a Panamá como paraíso fiscal, sino que difícilmente alguien lo usaba como tal tanto antes como después del acuerdo de libre comercio.
No obstante, los medios de comunicación apenas si lo presionaron con respecto a este tema; más bien difundieron ampliamente la idea de que Sanders había predicho de alguna forma las revelaciones surgidas en la investigación de los Panama Papers, como un Nostradamus moderno. En realidad dejó de notar que Panamá era un aliado clave de Estados Unidos, lo que era especialmente importante en 2011, cuando el acuerdo de libre comercio estaba siendo debatido. En ese momento Estados Unidos tenía muy pocos aliados en Latinoamérica, y necesitaba el apoyo de Panamá en temas como el tráfico de drogas y el control del flujo migratorio de indocumentados, algunos de los cuales, en su mayoría de América del Sur o de países musulmanes de África, estaban llegando hasta su frontera sur.
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Mientras la atención del mundo se enfocaba en las declaraciones de personas como Sanders y Stiglitz, que atacaban a Panamá, se dejaba de reclamar acción contra los problemas reales resaltados por la filtración. El uso de accionistas nominativos (opuesto al uso inofensivo de directores nominativos) era un abuso escandaloso del sistema; era como permitir nuevamente las acciones al portador. El incumplimiento inmediato por parte de la firma legal hacia las solicitudes de información sobre beneficiarios finales era otra de las faltas expuestas por los archivos.
Pero, tal vez aún más importante, estos habían mostrado que en la mayoría de las infracciones serias, los bancos y las demás instituciones financieras eran responsables por las faltas en la debida diligencia, sin embargo, esos bancos quedaron indemnes en gran parte de las publicaciones; casi no había propuestas de mayor regulación para el sector bancario a raíz del escándalo, ya que la meta era eliminar los llamados paraísos fiscales.
Panamá, Islas Vírgenes Británicas y demás lugares con exitosos sectores de servicios financieros fueron nuevamente forzados a cerrar la escotilla, bajar la cabeza y esperar hasta que el huracán pasara sobre ellos, tal como lo habían hecho docenas de veces antes.
Aparentemente Panamá se mantuvo imperturbable ante los retos que se le presentaron. En un extraño giro que dejaría a los especialistas maravillados, rascándose la cabeza: la economía del país de hecho había crecido más rápido durante los tres meses siguientes a que se divulgaran los Panama Papers, que en los tres meses anteriores.
En Gran Bretaña la atención se dirigió hacia la división interna acerca de si seguir o no en la Unión Europea, y cuando por un corto margen el país decidió abandonar el mercado único, fue inminente la caída del primer ministro Cameron, quien había sobrevivido a su propio escándalo en los Panama Papers.
Los Panama Papers nunca llegaron a capturar la atención del público en Estados Unidos, por lo que cualquier conversación sobre posibles reformas pasó rápidamente a segundo plano. En un país que no puede ponerse de acuerdo sobre qué baño pueden usar algunas personas, resulta dudoso que cualquier legislación significativa sobre problemas financieros complejos sea aprobada alguna vez.
Este punto fue tratado a principios de mayo, cuando Barack Obama dio una conferencia de prensa para discutir los Panama Papers y las severas medidas propuestas para los paraísos fiscales. El presidente señaló los pasos de su propuesta, dentro de los cuales estaba la creación de un registro federal de propietarios de compañías fantasma. Las regulaciones planteadas languidecían desde 2012 porque habían encontrado la oposición de la industria bancaria.
Cuando los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas, tenía la esperanza de que cuestionaran por qué Estados Unidos no había adoptado las normas de reporte de la OCDE, lo cual para mí era un gran problema que requería ser afrontado; por lo menos, que lo presionaran acerca de las donaciones que los grandes bancos hacen a los candidatos a puestos de elección popular, un hecho que me hace dudar de que alguna vez se aprueben controles al respecto. Pero no hubo un solo cuestionamiento sobre las reformas financieras propuestas; en cambio, la mayoría estuvo relacionada con Donald Trump, incluso la de alguno que le preguntó al presidente lo que pensaba sobre un tuit donde el precandidato republicano comentaba sobre su almuerzo en un restaurante de comida mexicana llamado Cinco de Mayo.
De modo que si me preguntan cuál fue el peor momento de este proyecto, yo señalaría que la conferencia de prensa dada a principios de mayo. No digo que entiendo a cabalidad el sistema financiero global, o que sé cómo abordar temas como la pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza o la equidad en materia de impuestos, pero lo que sí sé es que cuando el almuerzo de Donald Trump es más importante que enfocar estos problemas globales, es claro que no van a desaparecer a corto plazo.