La pesadilla no terminaba para las víctimas de Karadima con el solo alejamiento de la parroquia. No únicamente por los malos recuerdos, sino que también por los dardos que les lanzaban a los «traidores» que tenían el «demonio adentro», según cuentan sus ex discípulos.
Los tentáculos del ex párroco, que seguía siendo el dueño de El Bosque, perseguían al doctor James Hamilton hasta su trabajo, durante esos días en que dentro de la Iglesia se filtraba su relato personal escrito para su proceso de nulidad. Y se comentaban con sigilo las denuncias entrampadas en carpetas reservadas en los escritorios obispales. En forma simultánea, el médico empezó a tener problemas en la Clínica Alemana, donde operaba a sus pacientes y tenía su consulta. El camino se le hacía aún más cuesta arriba mientras cundían por los pasillos del recinto de Vitacura rumores que apuntaban a lesionar su prestigio profesional, que —aparte de sus hijos— era lo único que le iba quedando.
Con su característico estilo directo, James Hamilton acusa al doctor Juan Schiller: «Un médico muy cercano a Karadima, que encabezó una campaña de denostación a full, que contrastaba con mi desempeño profesional; incluso llegaron a decir que yo no tenía título», dice el médico gastroenterólogo, titulado en la Universidad de Chile, que en ese tiempo era el jefe del servicio de Cirugía del Hospital Padre Hurtado. «Karadima influyó directamente en la Clínica Alemana a través de Schiller», afirma Hamilton.
«El doctor Juan Hepp, también cirujano, que era el subdirector de la Clínica Alemana, me dio su respaldo, pero a los seis meses el jefe de servicio de Cirugía, Jorge León, del Opus Dei, me echó. Cuando le pregunté por qué, me dijo:“La clínica no da explicaciones”».
El doctor Hamilton tuvo que dejar de atender en consulta, y preguntó cómo tenía que hacer para seguir operando a sus pacientes en la clínica. «Te tienes que recertificar», fue la respuesta. «Tuve que recertificarme, entregar un currículo que fue el mismo que entregué al concurso de cargos del Hospital San José y en otros lados, que me gané en primera instancia.» Lo absurdo —cuenta— fue que «de la Clínica Alemana me mandaron una carta en la que me dijeron que no fuera más a consulta y después me enviaron otra tras la recertificación en la que lo único que hacen es alabarme».
En agosto de 2009, Juan Carlos Cruz viajó a Santiago para acompañar a su madre, que debió someterse a una operación, y a testificar para la nulidad matrimonial de Jimmy Hamilton. Aprovechó para presentar su propia denuncia ante la Iglesia. Fue el primer encuentro con quienes se convertirían en sus inseparables compañeros en los meses siguientes. José Andrés Murillo ya había formulado años antes su denuncia y se había conectado con Jimmy Hamilton, a quien conocía de los tiempos de El Bosque, aunque Murillo es mucho menor.
Fueron los tres a comer al restaurante Venezia, en el barrio Bellavista. «Estábamos Jimmy, Murillo y yo. A él no lo conocía. Nos dimos un gran abrazo, fue realmente emocionante. Conversamos y nos contamos lo que nos había pasado», recuerda Juan Carlos Cruz.
—¿No estaban en ese momento decididos a ir por la vía legal?
—Queríamos hacerlo por la Iglesia. Darle una chance de sacar la investigación adelante, pero cuando vimos que ni nos pescaban y era una chacota, empezamos a evaluar presentar la denuncia a la justicia. Analizamos que sería duro, pero ya veíamos qué era lo que había que hacer. Todos dijimos sí. Y nos contactamos constantemente por teléfono y por e-mails —señala Cruz.
Tras el encuentro se reabrieron heridas, quedaron muchas inquietudes, pero también ideas que daban vueltas: había elementos comunes en todas las historias y surgía la necesidad de hacer algo en conjunto en vista de la pasividad que veían en las autoridades de la Iglesia.
—¿Y Fernando Batlle cuándo se sumó?
—Se unió a nosotros en enero o febrero de 2010. Él es amigo de Murillo. Entre ellos hablaron y Batlle al comienzo no quería; después se unió y nos planteó la idea de consultar al abogado Juan Pablo Hermosilla —recuerda el periodista.
A Juan Carlos Cruz, viviendo en Estados Unidos, le habían impactado los casos de abusos en distintas partes del mundo que salían a la luz, y en particular la historia de Marcial Maciel. Y justo por esos días, Televisión Nacional difundió el programa Informe Especial sobre el fundador de los Legionarios de Cristo que se proyectó en agosto de 2009. Karadima aparecía a los ojos de Juan Carlos Cruz como «el Maciel chileno». Conversó el asunto con la periodista Paulina de Allende Salazar y con la editora Pilar Rodríguez, amiga de su infancia.
«En noviembre —creo— me junté con ella y con Murillo. Cuando vine para la Navidad, ellas me filmaron. Eso fue en enero en mi casa. Querían tener mi testimonio por si el caso explotaba. Y estaban trabajando en el reportaje como para julio o agosto, pero cuando esto reventó entrevistaron a los demás», cuenta Juan Carlos Cruz.
«Nosotros habíamos compartido los testimonios y nos habíamos dado cuenta del modus operandi. Percibimos que se trataba de una situación siniestra de un tipo perverso», señala Juan Carlos.
Juan Pablo Hermosilla estaba fuera de su oficina ese día de la primera semana de abril de 2010, cuando su secretaria le informó: «Lo llamó el abogado Fernando Batlle». Hermosilla dice que hubo algo en el tono de la secretaria que lo hizo pensar que se trataba de un asunto especial. «Ella me dijo que lo notó tenso. El llamado había sido como a las doce. Tipo dos de la tarde lo llamé de vuelta.»
—¿Me llamaste? Soy Juan Pablo Hermosilla —se identificó el abogado.
—Ah, qué bueno que me devuelvas el llamado tan rápido. Estoy con un problema —respondió Fernando Battle, por el otro lado de la línea.
«Al notar su voz —cuenta Hermosilla—, le dije:“tengo media hora a las tres de la tarde”». Y, al poco rato, Fernando se instaló en mi oficina. Estaba muy nervioso y me contó en veinte minutos su situación y la de las otras tres víctimas. Me describió abusos que son propiamente delictuales y otros personales, psicológicos gravísimos. Después me preguntó si los defendería.
»Cuando le respondí afirmativamente, se paró y me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Entendí que eso reflejaba el desamparo que ellos habían tenido durante tanto tiempo, golpeando puertas sin que nadie los pescara. Sintió probablemente que era el primero que no solo les creía sino que les daba el apoyo incondicional y modesto que uno puede dar en un caso así», recuerda el abogado penalista.
«Cuando nos juntamos al día siguiente con Jimmy y él y, comunicándonos por cámara, con Juan Carlos, que estaba en Estados Unidos, se emocionaron», relata.
Antes de ese contacto con Hermosilla, Jimmy Hamilton había conversado con otros abogados. Le hablaron de sumas importantes de dinero que debían poner sobre la mesa. Siguieron buscando hasta dar con quien consideraron la persona adecuada. «Lo asumí como un caso de derechos humanos y lo tomé con un compromiso propio de una causa de esa índole. Son personas abusadas en sus derechos básicos por otro con un poder tremendo», señala el profesional.
La primera conversación con Juan Pablo Hermosilla sobre Karadima la sostuve en agosto de 2010, cuatro meses después de que fueran presentadas las denuncias en la Fiscalía, y todavía el abogado se manifestaba sorprendido por lo que sucedía en El Bosque. Le extrañaba que hubiera germinado ese extraño «reino» sin que en apariencia nadie se hubiera dado cuenta.
No obstante, dice, «este tipo que había montado una organización tan perfecta, tan ordenada, tuvo la mala suerte de cruzarse con cuatro personas que se apoyan unas con otras a partir de las tragedias tremendas que ha vivido cada una, y se provocó un círculo virtuoso que las fortalece; eso sí, con costos personales indecibles», sostiene Hermosilla.
Menciona el abogado que, al contactarse y conversar entre ellos, hicieron un análisis y aprendieron de la experiencia de lo ocurrido en torno a Marcial Maciel. «Ellos se dieron cuenta de que plantear su denuncia de a uno los fragmentaba. Todas las denuncias contra Maciel mientras fueron individuales daban bote. Y solo colapsa el sistema de Maciel cuando se juntan. Porque ahí ya no aparece creíble el que le digan a uno que está mintiendo.
«Los hechos se precipitaron —recuerda Hermosilla— cuando el diario La Tercera gatilló este tema, antes de tiempo para nosotros. Tuvimos que salir corriendo, y por suerte apareció en un contexto adecuado, porque fue cuando hicieron la declaración los obispos.»
Según Juan Pablo Hermosilla, la reacción de los defensores de Karadima «fue de manual», porque salieron a atacar y a descalificar a los denunciantes. «Ese ha sido el estándar siempre que se habla de abusos. Pero aquí ya se toparon con problemas.»
Cree Hermosilla que si los denunciantes hubieran efectuado las denuncias de a uno, habrían sufrido un embate desde el punto de vista de su imagen pública.
Los medios de comunicación, sin duda, han jugado un rol importante en esta historia desde el comienzo. Y eso que la defensa de Karadima y algunas voces de la Iglesia llaman «publicidad excesiva» no ha sido otra cosa que ejercicio del periodismo.
«El impacto que provocaron las entrevistas de Jimmy Hamilton y Juan Carlos Cruz en el New York Times, y el reportaje de Informe Especial contribuyeron a las credibilidad de los testimonios, desde el primer momento», señala Hermosilla. «Nadie iba a creer que el New York Times les iba a dar el espacio que les dio sin chequear que la historia era verosímil antes. Por lo tanto, a ellos los ayuda legítimamente la credibilidad que inspira ese diario. Y a su manera, en Chile, lo que ocurrió con el programa Informe Especial de Televisión Nacional.»
Destaca el abogado: «La notable valentía, la lucidez de darse cuenta de que esto había que pararlo por razones éticas profundas, no solo por reivindicaciones de sus proyectos de vida, sino de evitar que siguiera pasando a otras personas. Ellos intuyeron que si no salían y no pagaban estos costos, esto iba a seguir sucediendo. Porque además sabían que había herederos de Karadima. Y se podía morir él, pero vendrían otros».
Desde la primera conversación con sus defendidos, Juan Pablo Hermosilla tuvo más o menos claro que el problema era doble: «Por un lado, la existencia de esta organización de poder comandada por Karadima, montada hace muchos años, destinada a generar espacios para abusar de personas frágiles, porque él era muy hábil para encontrar ese tipo de personas. Y dos, que existiera una estructura que hiciera que cuando alguien se arrancaba y saliera a denunciar, diera bote».
—¿Crees tú que al comienzo las víctimas le tenían miedo al propio Karadima? —le pregunto.
—Sí, por supuesto. Es que es lógico, porque si uno ve el poder en forma cruda desde el lado penal, y no lo define en forma romántica o política, sino como la capacidad de hacer daño, Karadima tiene una capacidad gigantesca. He visto a pocas personas en la historia con tal capacidad de hacer daño. Porque si uno mira a los delincuentes comunes que pueden ser particularmente agresivos, ellos producen un impacto biográfico enorme, tremendo, pueden matar personas, pueden violar personas, dejarlas muy traumadas, pero son momentos de entrada y salida. Este otro se instalaba en tu proyecto de vida, y era capaz de mantener el control por el temor hasta el día que fuera. Hasta hoy eso se percibe.
Al escuchar y leer los testimonios en el proceso indagatorio realizado por el fiscal Xavier Armendáriz —señala Hermosilla—, se advierte «el poder y el susto de la gente ante Karadima», dice. Por eso, considera que «se parece tanto a lo de derechos humanos, porque al final la verdad nunca aparece de golpe, sino que va saliendo de a pedacitos. Y muchas personas que dicen “no he visto” o “no me ha pasado nada”, no es porque sean malas personas, sino que ¡le tienen pánico a este caballero!».
El miedo va incluso más allá, según Hermosilla. «Creo que le tienen pánico a una cuestión simbólica que es la que él representa: la impunidad de hechos graves cometidos al interior de la Iglesia Católica, que indudablemente es atávica.»
«Cuando me vinieron a ver los cuatro, me contaron que habían querido que operara primero la institucionalidad religiosa. Y me contaron de las denuncias efectuadas. Yo les he dicho que soy ateo, ex comunista, pero valoro la fe. Creo que es algo muy humano. Y les dije: «Ustedes tienen fe y a mí me parece increíble regalarle a este perverso, a este psicópata, la fe. Pierdan la fe por otras razones, pero no por este tipo que se les montó arriba de sus vidas». Sería el colmo del daño que alguien le puede hacer a otra persona. Quitarle su dignidad, producirle crisis biográficas, en su identidad sexual, en su mundo emocional y, además, quitarles la fe» —continúa Juan Pablo Hermosilla.
—¿Cómo describirías a Karadima? —pregunto.
—No encuentro otra forma de describir a este personaje que decir que es la maldad misma. Piensa en el caso de Jimmy, a quien no dejaba espacio para su relación de matrimonio, con tal de poder él descargar su erotismo en Jimmy. A uno se lo cuentan o lo ve en la televisión o en una película y dice «¡no, esto no puede ser, es una exageración!». Y todo esto lo aplica con distintas personas, con menores de edad, con gente que era un poco mayor, controlándolos de una forma tremenda y poniéndolos al servicio de lo que era su hedonismo perverso, y dañando y destruyendo a todo el mundo.
Sostiene Hermosilla que «hay algunos casos que hasta el día de hoy están atrapados. Son como Jimmy Hamilton antes de salir. Personas que están adentro, que aún están controlados, que no tienen salida, y que llevan veinte años...» .
—Uno suele encontrarse con algunas personas que dicen que los abusos de curas siempre han existido… ¿Qué opinas?
—Mi impresión es que un caso como este puede haber existido antes en la historia de Chile, pero no con las características y la persistencia en el tiempo de este… es muy singular. Porque no es un abuso estrictamente puntual del cura que perdió el control. Es sistemático. Y vuelvo al tema de los derechos humanos, porque es una estructura de poder que se monta para realizar abusos...
El fiscal regional Xavier Armendáriz Salamero tomó el caso personalmente el 21 de abril de 2010 y, tras una acuciosa e intensa investigación de casi tres meses, debió dejarlo el 15 de julio del mismo año.
Los antecedentes que entregó Armendáriz al juez de garantía implicaron un avance significativo en la investigación; tanto, que lo que después desarrolló el juez suplente Valdivieso fue simplemente ratificar las principales declaraciones. En el informe de Armendáriz se leen una serie de conclusiones que forman parte del expediente que desde marzo ha sido analizado en detalle por la ministra en visita Jessica González.
Según el fiscal Armendáriz, «el referido sacerdote es una persona de carácter fuerte, carismático, de gran llegada e influencia hacia las personas jóvenes que concurrían a su parroquia, la cual dirigía y determinaba sus cursos de acción en los ámbitos pastorales y sociales en forma absoluta y exclusiva».
Indica Armendáriz que durante su permanencia en la parroquia «los cuatro denunciantes fueron objeto de reiteradas tocaciones de índole sexual en sus genitales y boca por parte del sacerdote Karadima, permitiéndose a través de sus relatos el configurar una forma característica y común en su forma de abordar a sus víctimas para someterlas a sus deseos».
«Estas acciones —afirma— se realizaron mientras el señor Batlle era menor de edad y posiblemente también el señor Cruz. Además, los afectados indican que sufrieron subyugación emocional y espiritual de parte del sacerdote denunciado.»
En otro párrafo, el fiscal advierte sobre la posibilidad de que estuvieran ocurriendo estos hechos en el momento en que se hacía la investigación: «Dado que el entorno y las características de la dinámica de la parroquia de El Bosque que les tocó vivir permanece inalterable hasta hoy, especialmente en cuanto a que su figura central y eje es el denunciado Karadima, es altamente probable que los actos que sufrieron se hayan repetido y se estén repitiendo hasta el día de hoy». Anota también que «la interacción sexual con el denunciante Hamilton se prolongó hasta principios de 2004, es decir, en fecha ya próxima a la entrada en vigencia en la Región Metropolitana de la Reforma Procesal Penal».
Agrega el fiscal Xavier Armendáriz en su informe: «Refuerzan la credibilidad de los dichos de los denunciantes los testimonios de numerosas personas, entre ellas cuatro sacerdotes formados en la parroquia de El Bosque (Hans Kast Rist, Andrés Gabriel Ferrada Moreira, Eugenio de la Fuente Lora y Fernando José Ferrada Moreira), que dan cuenta, en síntesis, de la efectividad que el imputado Karadima es la figura central y sin contrapeso alguno de dicha parroquia en cuanto fuente de decisiones y poder; con una muy fuerte personalidad, capaz de someter a sus designios a sus dirigidos y manipularlos a su antojo, además de mantener conductas invasivas en los espacios corporales de los jóvenes que asisten al recinto, impropias de un sacerdote».
El fiscal señala que «en esto debe hacerse presente que uno de los sacerdotes referidos, Hans Kast Rist, solicitó formalmente al Ministerio Público que al imputado se le aislase de personas menores de sesenta años y se adopten lo que llamó “medidas de protección” respecto de los jóvenes que asisten a la parroquia».
Armendáriz anotó también en su informe que, asimismo, «se ha establecido que una persona de nombre Óscar Osbén Moscoso ha solicitado y obtenido del sacerdote Diego Ossa Errázuriz una suma de dinero de entre ocho y diez millones de pesos sobre la base de recordarle una eventual interacción sexual con él en 2003. Este pago fue hecho en conocimiento del imputado [se refiere a Karadima]. Se hace presente que el sacerdote señor Ossa que expresamente declaró (en sus palabras) que no deseaba reclamar de esta situación, es una de las dos personas de mayor confianza del imputado y también está domiciliado en la parroquia de El Bosque».
En el párrafo siguiente, Armendáriz anota: «Lo anterior lleva a considerar que las conductas del imputado pueden estar siendo imitadas o repetidas por personas religiosas de su entorno más cercano, algunas de las cuales han recibido su influencia literalmente desde su primera juventud».
Por lo que se desprende de su informe, la intención de Armendáriz era avanzar más en la investigación, porque consideró necesario «establecer o descartar la efectiva ocurrencia actual o próxima en el tiempo pasado, de conductas de carácter sexual que podrían revestir visos de delito, respecto de menores o jóvenes en proceso de formación».
Según el fiscal, su conclusión se basa en que así «lo demuestra la experiencia común al respecto y expresamente es sostenido por varios testigos, en especial el señor Hans Kast Rist y las propias víctimas; es altamente posible que en lo que constituye un espacio de formación espiritual, la existencia de una figura central de autoridad, fuerte y dominante, pueda ser un foco inmediato de peligro para las personas menores de edad o jóvenes en etapas iniciales de desarrollo de la personalidad, si es que esa figura central adopta la costumbre de interactuar sexualmente con sus discípulos, todo lo cual es el caso observado en esta investigación».
Tras emitir su informe, Armendáriz dio otro paso: solicitar al abogado y amigo del cura Juan Pablo Bulnes Cerda, «los documentos que el imputado Karadima expresamente indicó —en su declaración— no tener inconveniente en facilitar». Se refiere a los documentos por «la causa que lleva la Iglesia Católica en su contra». Armendáriz pidió «la copia de su declaración escrita, el documento de los cargos que se le presentaron y de los descargos respectivos».
Sin embargo —dice Armendáriz en una constancia adjunta al expediente—, «el señor Bulnes manifestó entender no poder entregar lo solicitado, pues le pareció que debía guardar secreto al respecto. Se le consultó secreto respecto de quién o quiénes, y su motivo, y mencionó a su representado en la causa eclesial Fernando Karadima; cuando se le representó que este dio su consentimiento expreso para la entrega y que se trataba de documentos de su cliente, el señor Bulnes indicó que era también un secreto hacia las víctimas; y al indicarle si, entonces, un acuerdo de estas permitía la entrega, señaló que también el secreto era por el Tribunal Eclesiástico, y quedó de contestar en forma definitiva el día viernes 2 de julio, lo que no hizo».
Relata Armendáriz que el viernes 5 de julio se presentó en persona Bulnes en su oficina. En esa oportunidad, indicó que «por un deber de secreto profesional definitivamente no podía hacer entrega de lo que se le había solicitado».
Estos documentos y el fallo del Vaticano están de nuevo en primer plano, tras la negativa del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y del nuncio apostólico, Giusseppe Pinto, de facilitarlos a la justicia chilena, a solicitud de la ministra en visita Jessica González.
El 18 de julio de 2010, el fiscal Xavier Armendáriz Salamero se declaró incompetente «en atención al mérito de los antecedentes y lo resuelto por el Octavo Juzgado de Garantía con fecha 15 de julio último».
El juez de garantía de ese Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Antonio Valderrama Martínez, decidió que «de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en sus presentaciones aparece de manifiesto que los hechos investigados habrían tenido su principio de ejecución con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana», por lo que «el Ministerio Público carece de facultad para llevar adelante la investigación».
Tras declarar la incompetencia de ese tribunal, el propio Xavier Armendáriz tuvo que remitir los antecedentes al Décimo Juzgado del Crimen de Santiago. En ese momento se abrió una segunda causa y Armendáriz se quedó durante un tiempo únicamente con la referida a los pagos efectuados por el círculo de Karadima al personal de la parroquia y a Óscar Osbén, que habían ocurrido después de 2005, cuando empezó a aplicarse la reforma.
Ocho meses después de que presentara su denuncia ante la fiscalía en contra de Karadima, el 10 de diciembre de 2010, nos volvimos a encontrar con Jimmy en la Clínica Santa María. Ha bajado más de diez kilos sin proponérselo, como consecuencia —con seguridad—, de lo que ha vivido en estos meses. La barba que ahora luce y el pelo más corto contribuyen a hacer más delgadas sus facciones. Cubierto con su delantal blanco, el médico se instala detrás del escritorio en la sala de la consulta. Su ayudante nos interrumpe una vez mientras iniciamos la conversación sobre la situación ante la justicia. El juez suplente Leonardo Valdivieso había cerrado el caso sin efectuar careos ni avanzar en la investigación.
—¿Cómo ves el escenario? —le pregunto.
—Mi impresión es que desde un punto de vista legal la justicia tiene recursos para llegar a establecer la verdad. Y se empezaron realmente a utilizar todos esos recursos cuando el fiscal Xavier Armendáriz hizo una investigación seria, a fondo, en la cual se formó una clara opinión a través de los testimonios y también en conversaciones con los testigos. Y probablemente las conversaciones personales fueron aún más crudas e impactantes que lo que quedó por escrito de los testimonios de los testigos.
Según Jimmy Hamilton, hay «sacerdotes abusados por varios años que son párrocos y no se atrevieron a entregar su testimonio porque mencionaron que les podían destruir su carrera. Me impresiona, porque ser un Cristo en la Tierra es justamente morir por la verdad, morir por los otros, morir por el prójimo. Y destruir una carrera, si eso lleva a imitar a Cristo en el calvario y en la cruz, no debería importar…».
Sus palabras hablan de verdades ocultas, de compromisos y exigencias. «Me impresiona mucho que haya sacerdotes que no tienen idea lo que significa ser sacerdote, compenetrarse en Cristo y en lo que son los Evangelios… Espero que recapaciten, porque, si no, realmente creo que no van a poder dormir tranquilos.»
Con firmeza agrega: «Hay personas de las que sabemos, con las que hemos conversado incluso, pero que no se atreven, simplemente. Hay una especie de temor generalizado. Hay gente joven que también dio testimonios verbales que no quedaron registrados. Testimonios actuales de personas que habían visto los toqueteos y esas cosas, pero optaron por no dejar su firma».
Dos meses después, en pleno verano, pocos días antes de conocerse el fallo del Vaticano, la fiscal de la Corte de Apelaciones, Loreto Gutiérrez, estableció que no correspondía cerrar ese juicio. Su informe, que apunta en la línea de los antecedentes entregados por Armendáriz e incluso va más allá con la propuesta de líneas concretas de investigación, fue tenido en cuenta por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, que en marzo decidió reabrir el caso.
Al final, unas horas después de la intervención de Jimmy Hamilton en Tolerancia Cero, el lunes 21 de marzo, la Corte Suprema designó a la ministro en visita Jessica González, para hacerse cargo del proceso. Desde que lo asumió, no ha descansado. Y ha ido dando uno a uno los pasos sugeridos por la fiscal Gutiérrez.
En esa conversación en la Clínica Santa María, Jimmy Hamilton me señaló, asimismo, que le parecía «muy terrible ver que a gente con poder económico como Eliodoro Matte le dan una audiencia con el fiscal nacional, y que a las semanas se interrumpe la investigación del fiscal Armendáriz y esta llega a la justicia antigua». Alude a la reunión que Eliodoro Matte Larraín sostuvo con el fiscal Chahuán el 12 de mayo de 2010, y que casi un año después ha generado una fuerte polémica y hasta las inusitadas disculpas del hombre fuerte de uno de los principales grupos económicos del país.
—Armendáriz ha asegurado que no ha sido presionado —le planteo a Hamilton.
—Pero el hecho es que pasó a la justicia antigua y llegó la causa a un juez suplente de treinta y ocho años de edad, que aunque fuera buena persona no creo que haya tenido la experiencia ni la madurez para aquilatar este tipo de circunstancias. Ni siquiera él nos tomó los testimonios. Nunca lo conocí, por lo menos a mí la actuaria me tomó el testimonio. Creo que la justicia tiene los instrumentos, pero no los ha utilizado. Solicitamos una serie de diligencias que el juez no permitió. Como por ejemplo los careos. Podría haber mandado a hacer un peritaje a Karadima sobre su salud y habría comprobado que podría tener careos. Todos sabíamos que podría tenerlos.
»El caso es difícil, duro para cualquiera, y personalmente creo que las influencias de Matte con el fiscal nacional pueden pesar, y que también esas presiones pueden influir en las decisiones del juez. Si me preguntan por la independencia del juez Valdivieso, debido a la falta de entrevista personal a los afectados, puedo decir con los hechos que me parece que sí ha habido influencias.»
—¿Valdivieso habría llevado ese proceso solo por cumplir, sin ponerle el interés que requería?
—Creo que para él este proceso es un problema. Para casos como este, la justicia debería tener preocupación y tratar de que sean llevados por personas idóneas. La justicia debería tener un poquito de delicadeza y haber puesto un ministro en visita o al menos una persona idónea.
Meses después y tras otros acontecimientos decisivos, la Corte Suprema acogió sus palabras.
Entretanto, no fue la reunión con el fiscal Chahuán el único intento de la familia Matte —amiga y benefactora de Karadima— por influir en este proceso. Otro miembro del clan de los dueños de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones llamó después de la aparición de Hamilton en Informe Especial al doctor Juan Pablo Allamand, por entonces director de la Clínica Santa María. El motivo era indisponer a Hamilton con su jefe. Este episodio, que me contó Hamilton al día siguiente de haber ocurrido, en abril de 2010, lo relató también en Tolerancia Cero del 21 de marzo pasado. A la semana siguiente, el doctor Allamand envió una carta a ese programa en la que negaba haber sido presionado. Pero no decía que no lo habían llamado.
Más atención periodística mereció la carta a El Mercurio del presidente de la Papelera Eliodoro Matte —«El Rucio», como le decían desde su juventud igual que a su padre—, publicada el 5 de abril de 2011. Allí pide disculpas públicas por haber solicitado la entrevista con el fiscal. «Se ha suscitado un debate respecto de una entrevista que le solicité al fiscal nacional señor Sabas Chahuán. Carlos Peña, en su columna del domingo 3 de abril, tiene razón al cuestionarla. Su línea de argumentación es correcta, lo cual no es efectivo porque se utilizó el mecanismo regular de audiencias. Solicitar dicha entrevista fue un error y aprovecho de pedirle disculpas al fiscal nacional», señaló Matte.
Más adelante, reconoció que como hombre influyente no debía haber hecho lo que hizo. Algo inusual, dentro de la sucesión de hechos que desencadenó el caso Karadima, pero donde a la vez Matte da cuenta pública de su conciencia de quién es: «Formulo mis excusas en perfecta conciencia de que los que ostentamos de una u otra forma alguna autoridad o poder, debemos ser extremadamente cuidadosos al ejercerlo». Nada dijo de Karadima y menos de las víctimas.
Ya las alusiones de James Hamilton al poderoso grupo en Tolerancia Cero habían incomodado con seguridad a la familia Matte. Pero la gota que rebasó el vaso de Eliodoro fue la citada columna de Carlos Peña en El Mercurio que, bajo el título «Matte y Chahuán», recordó el incidente de la visita del poderoso empresario al fiscal nacional en mayo de 2010.
Carlos Peña escribió que «Eliodoro Matte tomó el teléfono, pidió una entrevista con el fiscal nacional y le hizo saber que él y su familia estaban personalmente preocupados del procedimiento que se ejecutaba respecto de Karadima». Según el abogado, Matte «habría explicado que él y su señora tenían vínculos de amistad con Karadima, así que esperaba, por el bien de todos desde luego, que el asunto se tramitara con prontitud».
Sostiene Peña en su columna que Chahuán, «al recibir a Eliodoro Matte sin otra consideración que su nombre, lesionó los modales que se esperan de un funcionario a su altura». Agregó que «hay miles de ciudadanos que, con más razón que los amigos de Karadima, querrían entrevistarse con el fiscal, pero como su nombre no invoca nada, esperan en vano».
Terminaba 2010 y Jimmy Hamilton me comentaba con cierta desazón ante lo que ocurría con la justicia y la incertidumbre sobre el veredicto del Vaticano, que aún no llegaba, que ya ellos —las víctimas— habían hecho su parte. Se sentía conforme con haber detenido a Karadima en El Bosque. «Al menos logramos frenarlo a él y a sus secuaces para evitar que nuevos jóvenes, nuevas víctimas, caigan en sus manos. Hemos tratado de crear conciencia en los padres, en los mismos jóvenes y niños que las personas que están investidas de poder no significa que sean perfectas. Que hay que tener prudencia ante ellos y la confianza se gana. No es algo que esté implícito porque sea un sacerdote o un profesional destacado.»
»La responsabilidad ahora es de la sociedad. Nosotros ya hicimos nuestra pega. El costo personal ha sido enorme y no hay cómo compensarlo. Y por lo menos yo tengo la esperanza de que esto haya servido para algo», señala.
Esta vez, no calculó la «pega» que vendría después con la reapertura del caso, con el impacto de sus palabras y la ola que se ha desatado que no se sabe hasta dónde llegará. Tampoco se sabía en esos días de diciembre quién sería el nuevo arzobispo de Santiago. Su designación se había postergado durante el año como consecuencia —se especulaba— de lo ocurrido con Karadima.
Tuve la oportunidad también de conversar con Juan Carlos Cruz cuando vino a pasar la Navidad y el Año Nuevo con su familia. Recordamos lo que había vivido. «Cuando ya reventó todo, ver mi cara en los diarios y en las noticias fue muy fuerte. Era algo que yo tenía muy compartimentalizado en una parte donde nadie me podía molestar ni nadie me lo podía sacar en cara. Había hecho mi vida de ejecutivo internacional. Me ocupo de cuidarle la reputación a las compañías más grandes del mundo. El hecho de que esto se pudiera poner en jaque, me complicaba. Y me decía: “A lo mejor Dios me eligió a mí, alguien nada espectacular, para decir esto y que a otra gente no le pase”.»
»Ahora me siento contento de haber sido un faro y de haber puesto luz en algo tan oscuro y que tantos encubrían. Y ojalá que gente que no se atreve a hablar, lo haga, porque por no hablarlo no tienen herramientas para combatirlo. Creo que después de todo, quienes son abusadores van a pensarlo dos veces antes de hacerlo, porque ahora hay consecuencias, y los que eran jóvenes vulnerables como lo era yo se van a dar cuenta y van a decir “este tipo se está tratando de aprovechar de mí, ya sea sexual o psicológicamente”».
»Quizá mi caso ha ayudado a otros a evitar el infierno que yo viví. A pesar del costo que esto ha tenido», me comenta. Y eso le compensa —dice— los «dolores de estómago, las noches sin dormir, las idas al psiquiatra».
—¿Has sentido apoyo?
—Mucho… De todo tipo. El otro día, una señora en el Parque Arauco a quien no conocía, se me acercó, me dio un beso y me dijo «gracias, salvaste a mi hijo». Esto es el mejor premio que me pueden dar. El triunfo mayor: evitar que haya nuevos Karadimas.
»El que me manden e-mails contándome “a mí me abusó tal persona” significa que la gente empieza encarar este problema de otra manera. Por haber hablado de este tema la gente tiene más herramientas y más confianza, y sabe que habrá consecuencias y que los delitos no van a quedar impunes. Porque salvar aunque sea a una persona de Karadima, vale la pena.
En esa conversación hablamos del sentido de lo vivido por él junto a Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo. «Cada uno tenemos historias tan distintas... Estoy orgulloso de ellos y que Dios nos haya juntado», dice Juan Carlos Cruz, quien reafirma que sigue siendo católico, a pesar de todo. «Ver a Jimmy, a José Andrés Murillo, cómo han afrontado todo esto... Nos hemos sentido muy apoyados entre nosotros. Y hemos logrado buscar la verdad, poner luz donde no la había. Desenterrar lo que tenían enterrado y exponer a los encubridores. Esto para mí ha sido lo mejor de todo este proceso, que tiene un costo tremendo, incluso si sale bien es muy fregado y difícil. Pero no me arrepiento de nada.»
Durante los primeros días de marzo de 2011, mientras en tribunales de justicia se reabría el caso Karadima —antes incluso de que la Corte Suprema designara a la ministra en visita Jessica González—, en forma subterránea había movimientos que afectaban a la Pía Unión de El Bosque y a la jerarquía eclesiástica.
Por esas fechas, el periodista Juan Carlos Cruz recibió una serie de e-mails provenientes de sacerdotes que conocía del Seminario y con los que no se veía hacía años. Por el tenor de sus dichos, los remitentes trataban de retomar el contacto. El primero fue de su antiguo amigo, el vicario Cristián Precht, quien le pedía perdón por no haberlo «sabido acompañar en este tiempo».
Más sorprendentes le resultaron a Cruz otros dos mensajes que provenían directamente de connotados sacerdotes de la Pía Unión de El Bosque: Samuel Fernández, el ex decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, donde ejerce como profesor y director del Centro de Estudios Alberto Hurtado; y el actual vicedecano de la misma facultad, Rodrigo Polanco, su antiguo formador en el Seminario, a quien Juan Carlos Cruz veía como el representante de Karadima1.
Los e-mails de ambos discípulos del ex párroco de El Bosque, que reflejan un estilo común, estaban orientados a hacerse presentes y a manifestar aprecio, como si nada hubiera pasado. Fernández, quien fue compañero de Juan Carlos Cruz en el Seminario y desde agosto de 2010 quedó en la directiva de la Pía Unión tras la salida de Andrés Arteaga, se dirigió al periodista el 7 de marzo en estos términos: «Te escribo brevemente solo para decirte que después de todos estos años, en que no nos hemos visto, te sigo considerando mi amigo y te tengo presente en mi oración. Un abrazo en Cristo, Samuel».
Algo más elocuente es el mensaje de Rodrigo Polanco, fechado el 10 de marzo, dos días después de que el abogado Juan Pablo Hermosilla alegara ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, solicitando la reapertura del proceso:
«Te escribo para saludarte y decirte que en todos estos meses te he tenido muy especialmente presente. En recuerdo de los años de amistad te mando un gran abrazo de cercanía y aprecio.
»Con los mejores deseos para ti y todos tus proyectos, te envío un abrazo de amistad, comprensión y unidad.
»Con afecto, Rodrigo Polanco.»
«Esto me dejó mal», me escribió Juan Carlos, comentando el saludo del vicedecano de Teología.
Lo curioso es que Polanco fue uno de los primeros en hacer fuertes declaraciones de apoyo a Karadima tras la denuncia pública en abril y después —durante casi un año— no se retractó de esos dichos en que descalificó en duros términos a las víctimas: «Es una calumnia sin fundamento y grosera», dijo en una entrevista para El Mercurio.2
Juan Carlos Cruz me comentó que esa noche le costó dormir. Al día siguiente, le contestó a Polanco en fuertes términos: «No sé si has estado al tanto de todo lo que ha pasado en los últimos años. No sé si te acuerdas de los años de tortura psicológica a la que me sometiste. El año de tortura en el Propedéutico, cuando lo único que hacías era acusarme al “padre Fernando” para que él me retara, cuando lo único que hacías era retarme tú también y hacerme sufrir al punto de dejarme absolutamente quebrado», le respondió el periodista, tras manifestarle su sorpresa por el saludo.
Le planteó que «quizás algún día lograría perdonarlo a él y a varios que me hicieron sufrir lo indecible». Pero, según Juan Carlos Cruz, «es difícil cuando en sus mentes siguen siendo inocentes palomas; así que más que hacerme sentir bien con el e-mail que me envía, es casi un insulto».
El director de Mensaje, Antonio Delfau, también supo por Juan Carlos Cruz de este intercambio de e-mails. Conversando con él en su oficina de calle Cienfuegos, Delfau me comenta: «Estoy tratando de entender por qué Polanco le escribe este email a Juan Carlos. Qué razón tiene para acercarse después de todos estos años con ese mensaje tan ambiguo. ¿Qué significa?».
Le comento a Delfau que Juan Carlos Cruz también recibió un e-mail de Samuel Fernández, y reflexiono:
—¿Será que están recibiendo instrucciones del arzobispo? ¿O tal vez están tratando de neutralizar a Juan Carlos, que tiene muchos contactos con medios internacionales o están pensando en el riesgo de que la justicia los considere encubridores?
—Al leer lo de Polanco me dije en qué forma alambicada está tratando de reconstruir una relación absolutamente enferma, que destruyó a Juan Carlos Cruz. ¿Qué significa esto ahora? ¿Habrá a lo mejor alguna implícita caída en la cuenta de que realmente actuaron mal? No lo sé —agrega Delfau.
—Porque las palabras de esas seis líneas no denotan arrepentimiento. ¿O puede haber algo? —le consulto.
—No pues, más bien rescatar alguna hipotética amistad pasada, como si nada hubiera ocurrido entremedio. Es como pasar por la Segunda Guerra Mundial y volver al año 39 como si no hubiera sucedido nada.
Juan Pablo Hermosilla, durante la conversación del 25 de marzo, en su oficina, casi al cierre de este libro, manifiesta: «Tengo la impresión de que aquí hay una transacción flotando en el aire, donde se dice:“ok, nosotros entregamos a Karadima, lo sancionamos, pero a cambio de que no se persiga a los otros”».
Sostiene el abogado de las víctimas que «hay algo justo en eso, desde el punto de vista de que él es el principal responsable de todo este núcleo de actos perversos, pero también es injusto, por el lado de que no se puede explicar todo el daño sin que hubiese gente al lado cubriéndole las espaldas (...) Sobre todo, gente en la jerarquía —señala Hermosilla—. Sabemos de dos cardenales que tuvieron conocimiento de esto: Errázuriz y Fresno. Este último recibió las primeras denuncias a inicios de los años ochenta, efectuadas por algunos jóvenes de la época, y que terminaron en el tacho de la basura, según cuenta un testigo».
Con todo, Hermosilla cree que si existiera «esa transacción, no va a funcionar. Hay un problema cultural, además de jurídico». Porque aquí, dice, aparte de lo que puede estar pasando en la Iglesia, «hay dos fenómenos en marcha paralelos: uno en la parte jurídica, que a estas alturas creo que va a resultar bien, y otro en el ámbito social y cultural».
De nuevo en la casa de Percival Cowley, junto al colegio Manquehue, la tarde del 11 de marzo, le pregunto al sacerdote de los Sagrados Corazones:
—¿Qué pasa en la Iglesia Católica como para que esto pudiera suceder?
—Ese es el tema de fondo. Un aspecto importante se relaciona «con los lugares que generan vocaciones ante la escasez». De repente surgen vocaciones y todos miran con admiración, porque faltan sacerdotes. Parece ser que la cantidad de vocaciones que provenían de El Bosque era una de las razones por las que aparentemente nadie intentaba meter mano.
—¿Cuál crees tú que era el objetivo final de Karadima con estas vocaciones? —le pregunto.
—Es un tema de poder, de una persona que quiere manejar la voluntad de otros —afirma Percival Cowley.
—Él mantenía el contacto directo y era guía espiritual de todos —le comento.
—De todos; todos tenían que llegar ahí a rendirle cuentas.
—¿Con qué objeto? —reitero mi pregunta.
—El tema de fondo está en un manejo del ministerio sacerdotal que no busca la libertad del otro, el desarrollo del otro como persona, sino que busca al otro como forma de manejar situaciones. Y eso es enfermo. Yo no me atrevería a juzgar la conciencia de Karadima ni de nadie; gracias a Dios, son esas dos cosas del Evangelio que son tan claras. Una, no juzgues para no ser juzgado; dos, por los frutos los conocerán.
—Algunos consideran las vocaciones como frutos positivos de Karadima —le señalo.
—Pero hay que ver cómo y con qué consecuencias. Y ahí entra todo el tema de las víctimas.
—Mucha gente señala que El Bosque y la Pía Unión tienen las características de una secta —agrego.
—Sí, claro. Yo estoy preocupado por los curas que vienen y vinieron de ahí; me preocupan como personas, qué ha pasado con ellos, qué han vivido, cómo lo han vivido. No tengo contacto con ninguno, pero uno quisiera poder acompañarlos, poder ayudarlos a ser libres, que hagan un discernimiento profundo de su fe, de su vida, de su encuentro con el Señor, no con Karadima, ni tampoco conmigo.
Para Percival Cowley es fundamental estar del lado de las víctimas. «Lo primero en este sentido es que no se puede culpar a alguien porque decide acusar», afirma.
Cuenta que la primera vez que lo fue a ver Jimmy Hamilton, le dijo: «“Aquí hay dos opciones. Y frente a ello no te voy a decir lo que tienes que hacer, eres tú el que tiene que tomar la decisión. Por un lado, está tu persona, tu profesión, tus hijos, tu familia, tu prestigio. Y esto se puede escapar. Por otro lado, está el bien común, porque si a ti te pasó esto, no hay por qué no pensar que no puede seguir ocurriendo. Tomar esta última opción es muy difícil, yo no la puedo tomar por ti, tienes que hacerlo tú mismo”. Y en algún minuto Jimmy la tomó, fue a hablar ante notario, con los juramentos correspondientes».
Y revisando los pasos que le correspondería dar a quien recibe una denuncia de ese tipo, señala: «Si se produce algo de esa índole y hay personas que juran delante de Dios que lo que están diciendo es verdadero, ¿qué hace el obispo ante el cura concreto? Para empezar, llama al cura. Lo segundo, le dice:“Ha llegado esto, con juramento”. Tercero:“Te voy a pedir algo, mientras esta cuestión no se aclare, tú deja el ejercicio ministerial como ejercicio libre y público, mientras aclaramos la figura. Entretanto, estamos cerca, cuenta conmigo”».
—Y nada de eso sucedió.
—Nada… Y junto a las víctimas, la Iglesia también ha sido tremendamente dañada. Mira cómo apareció la cuestión de Karadima porque no se hizo lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Y el responsable de eso no es Karadima, sino la autoridad eclesiástica. Las cuentas claras y el chocolate espeso.
—Antonio Delfau me manifestaba su inquietud de que el fallo del Vaticano, pese a ser contundente e importante, tendiera a cerrar el caso, al estilo de los Legionarios de Cristo, sin investigar encubrimientos ni complicidades —le digo.
—Hay que esperar que venga el visitador de Roma. No tengo idea de qué va a pasar, pero sería fatal cerrar el caso con eso y decretar que se acabó el cuento. Por una razón muy simple: hay mucha gente que ha sufrido las consecuencias y hay que poner siempre primero a las víctimas. Y, por otro lado, está todo este lote de curas que también son seres humanos y que a lo mejor muchos de ellos —no todos, no sé— lo están pasando pésimo y no se los puede dejar botados.
—¿En qué pie ves el caso desde que partió en abril del año pasado hasta ahora? —le pregunto a Juan Pablo Hermosilla, en la citada conversación del 25 de marzo.
—Estamos en un buen momento, en que uno siente que las instituciones se han ido poniendo al día. Por un lado, la Iglesia en forma clara, con el fallo que salió en febrero, tan duro en contra de Karadima, en que lo acusa de las dos cosas que cometió: los abusos a menores y el abuso ministerial.
»Por otro lado, después de que tuvimos un momento muy oscuro, donde la justicia y un juez en particular habían decidido cerrar el caso sin investigar mayormente y aplicar la prescripción, se han logrado dos avances importantes: reabrir la investigación y el nombramiento por el pleno de la Corte Suprema de la ministra en visita Jessica González, que se hace cargo de esto en forma preferente. Y que ha dicho que va a revisarlo hasta el fondo, que efectuará las diligencias señaladas por la fiscal Loreto Gutiérrez.
Para Hermosilla, llegó el momento en que «el Estado cumpla con lo primordial, que es que se investiguen los hechos de verdad a fondo y se resuelvan las interrogantes:“¿Ocurrieron estos abusos? ¿Con qué gravedad y reiteración? ¿Cuántas personas fueron?”», plantea.
Y lo otro, dice el abogado, «es saber por qué se pudo hacer esto de esta forma». Tal como lo expresó en el alegato de principios de marzo, Hermosilla sostiene que «lo que se ha descubierto no son los abusos puntuales, aislados, como es la delincuencia normal. Aquí lo que hay es un patrón de conducta permanente durante los últimos cuarenta años, y eso es importante, porque es inimaginable que eso haya ocurrido sin que existiera una estructura que lo protegiera».
Esa estructura —señala Hermosilla— «va más allá de El Bosque, porque sin duda en la jerarquía de la Iglesia existía gente, que, poniéndolo en el mejor escenario para ellos, miraron para el lado. O si no, supieron y, con conocimiento, toleraron que siguiera ocurriendo».
En resumen, dice el abogado, «tenemos estas dos áreas: el saber cuántas personas hay, con qué profundidad fueron afectadas y, sobre todo, hasta cuándo ocurrieron los hechos más graves. Tengo antecedentes que indican que esto fue hasta hace muy poco tiempo atrás, pero eso hay que acreditarlo en el juicio, y para eso no hay que recibir información por el lado, sino que tiene que haber personas que estén dispuestas a declarar. Además, está el tema de la gente que lo ha protegido».
—La percepción que uno tiene es que hay más personas abusadas y que incluso habría casos por lo menos hasta 2010 —le comento.
—Esa es mi opinión también, pero lo importante aquí no es que valga mi opinión, sino que el Estado chileno, precisamente para que no quede entregado a cosas subjetivas, sea responsable y diga que investigó esto hasta el fondo, revisó todos los antecedentes, interrogó a todas las personas que tenía que interrogar y pudo concluir. Y que diga lo que tenga que decir. Yo tengo claro el tema, pero soy una persona, que me represento a mí mismo nomás.
—Y como persona, ¿qué piensas?
—Creo que estos abusos continuaron hasta la época del escándalo, quién sabe si después, pero al menos hasta comienzos de 2010. Esa es mi opinión fundada.
El abogado Hermosilla no da detalles.
Los trascendidos del informe del Vaticano señalan que hay más víctimas de abusos. Uno sería un sacerdote cuyo testimonio lo habría recogido el ex arzobispo Errázuriz. Otro, un profesional cuya experiencia de abuso sería de fines de los años setenta, consignado en el informe del promotor de justicia Fermín Donoso3. Se habla, asimismo, de otros jóvenes abusados por Karadima, incluso unos en su propia casa. En la «opinión fundada» de Hermosilla, en efecto habría más situaciones críticas. Pero hasta ahora esos casos no se han presentado a la justicia.
En la oficina del abogado, la conversación cambia de giro ante la imposibilidad de ahondar en identidades y circunstancias de nuevas víctimas. El secreto profesional asoma sobre la mesa.
Hermosilla destaca, entretanto, el papel jugado por los medios de comunicación y los periodistas en el transcurso del caso. «Tengo la sensación de que ya pasaron los tiempos en que los chilenos hablaban con eufemismos, porque nada de esto hubiera podido ocurrir si los medios, sus periodistas y editores no se hubieran alineado con su vocación de cuarto poder o de contrapoder… esto era inimaginable hace un tiempo atrás. Hace no mucho, cuando se tocaba a personas poderosas, se inhibían y esperaban las sentencias condenatorias, y mientras tanto no pasaba nada», indica.
Sostiene Hermosilla, que se está generando «un cambio cultural mayor». Y señala que también eso se expresa «en la sensación tras la entrevista de Jimmy Hamilton en Tolerancia Cero, con esta especie de shock, pero al mismo tiempo de catarsis colectiva; fue notable la cantidad de personas que se sintió interpretada por lo que él dice, por su actitud y su tono. Por esto de que fuera un ciudadano común y corriente, un ciudadano desarmado; no tiene ningún cargo, no es un político, nada y se lanza contra personas con el máximo poder histórico en Chile, de la oligarquía tradicional chilena, y sale con un solo respaldo: su credibilidad».
—Se lanzó en cierto modo contra la oligarquía y contra el poder fáctico de la Iglesia. Por eso es que en términos de comunicación ya ha sido comparado con el efecto que produjo el dedo de Ricardo Lagos antes del Plebiscito de 1988...
—Creo que esto es incluso más poderoso, porque Lagos era un dirigente político importante y, además, no era el único que en ese momento estaba por el restablecimiento de la democracia. Acá ha habido un espectáculo de soledad de las víctimas que ha conmovido a muchas personas comunes y corrientes. Solas, estas cuatro personas salen a enfrentar a estos tremendos poderes con costo personal tras costo personal, sin ninguna ganancia. Costos familiares, profesionales, psicológicos, y creo que eso les ha dado una credibilidad grande.
Apunta Hermosilla que «no solo reclaman por los abusos, sino que en este gesto de prender la luz sobre lo que está ocurriendo señalan con el dedo a las instituciones que no están cumpliendo con su labor, y que en mi opinión, en esta área, no la han cumplido nunca».
—Tú has hablado de «estructura de apoyo». ¿Puede derivar eso en problemas legales para quienes la integran?
—Es evidente que aquí no se trata de hechos aislados, sino que de un patrón de conducta permanente y persistente en el tiempo. Por lo tanto, aquí tiene que haber habido una estructura de apoyo. Desde el punto de vista técnico, esto puede tratarse de coautores, cómplices o encubridores. Depende; por ejemplo, si una persona le llevaba a un joven para ser abusado, eso sería coautor. Si, sin concierto previo, le presta el lugar para ser abusado, ese es un cómplice. Y si la persona no participa directamente en los abusos, pero ayuda a proporcionarle impunidad a esa persona, dolosamente, podemos estar frente a un caso de encubrimiento, a lo que se denomina en términos legales «favorecimiento personal».
—¿La figura del encubrimiento puede afectar a autoridades eclesiásticas?
—En mi opinión, y esto va a ser un tema jurídico relevante —aunque muy técnico—, los arzobispos de Santiago en relación con los sacerdotes están en posición de «garantes». Esto significa que ellos, al nombrar sacerdote a una persona le dan un poder sobre la comunidad; y ellos tienen que estar mirando que ese poder no sea mal usado. Porque los obispos tienen cómo desarticular el abuso de un sacerdote.
»Desde ese punto de vista, siempre el obispo tuvo la posibilidad de desactivarlo. Porque si lo suspendían no podía seguir cometiendo esos abusos. Parte de los abusos tuvieron lugar bajo la dirección espiritual o en la confesión. Eso es lo que queremos que se investigue, es un tema jurídicamente complejo, pero nosotros vamos a sostener que las autoridades de la Iglesia estaban en posición de garantes, no eran terceros ajenos, ellos tenían la responsabilidad y, por lo tanto, cuando omites puedes incurrir en delito. Pero en todo esto quiero ser bien responsable, hay que investigarlo.
—¿Podría haber coautores y cómplices también?
—Nosotros vamos a instar y a colaborar con la ministra en visita para que se investigue el ala de la coautoría, de la existencia de cómplices y si hubo posible encubrimiento. Todo esto no en un afán de persecución, pero uno necesita una explicación para entender cómo esto fue posible durante tanto tiempo, con tantas personas, con gestos muchas veces públicos, y que nadie haya dicho nada ni haya detenido esta cuestión. Si esto se hubiera detenido hace veinte años, la historia de muchas personas sería bastante más grata y menos dura de lo que es hoy.
La queja hacia la falta de acogida por parte de la jerarquía es directa: «La Iglesia no ha tenido ningún gesto de acercamiento ni siquiera de preguntar cómo están nuestras familias, cómo están nuestros hijos que, además, están en colegios católicos. No ha habido ningún mecanismo ni siquiera de contención», me señalaba en una conversación en junio de 2010 Jimmy Hamilton. Y en esto «ha habido despreocupación, por llamarlo de una manera suave, que lo único que hace es confirmar el terror frente a la verdad de parte de la jerarquía, que es indesmentible».
—¿Hablas de cero apoyo de la Iglesia?
—De la jerarquía, cero. Pero hemos tenido apoyo de sacerdotes que han sido realmente importantes. Como te decía, Percival Cowley es tal vez el que más ha apoyado… Algún otro, a José Andrés, pero el resto, nada —señalaba Hamilton en esa oportunidad.
Y de los obispos de la Pía Unión solo recibieron descalificaciones, incluso públicas. Por eso, era esperable que las víctimas no reaccionaran positivamente frente a la tardía declaración que los cuatro obispos «creados» por Karadima emitieron desde la Asamblea de Punta de Tralca, el 7 de abril último. Ese comunicado surgió tres días después de la carta de quince sacerdotes de la Pía Unión que fue entregada al arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, al inicio de la reunión de los obispos.
En su declaración, Andrés Arteaga, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela señalaron: «Con gran dolor hemos asumido la sentencia que declara su culpabilidad en graves faltas sancionadas por la Iglesia». Los cuatro obispos dan cuenta de que «como tantos, hemos conocido con profundo asombro y pena esta situación y sus diversos y múltiples efectos», en una nota que hace presente que fue emitida «en comunión con nuestros hermanos obispos de la Conferencia Episcopal de Chile».
Además, manifiestan su «filial, permanente y plena adhesión a todo lo que la Santa Sede ha dispuesto o pueda disponer en relación con el padre Fernando Karadima».
Dedicaron también un párrafo a las víctimas al expresar «solidaridad y cercanía con ellos, sus familias y con todas las personas que por estos tan tristes acontecimientos han sufrido y se han escandalizado».
Hacen ver, asimismo, que «cada uno de nosotros ha sido duramente impactado por esta tan lamentable situación y hemos también vivido jornadas muy tristes. Nos ha confortado la oración y el apoyo fraterno de muchos».
En otro de los párrafos expresan su más absoluto rechazo y dolor «por cualquier actitud impropia de un consagrado». Y piden «humildemente al Señor que nos ayude a sanar estas heridas tan dolorosas, especialmente para las víctimas y para tantos hermanos y hermanas afectados».
La declaración de Punta de Tralca del 7 de abril de 2011 puede interpretarse como parte de un estudiado plan comunicacional para enfrentar la crisis, que contó con la asesoría de expertos extranjeros que estuvieron presentes. Así lo entendió el periodista Juan Carlos Cruz, especialista en estas materias, quien reaccionó indignado desde Milwaukee, Estados Unidos, donde reside. «¿De qué sirve todo esto? Son expertos en darse vuelta con las palabras al más puro estilo de El Bosque», me dijo cuando lo llamé a las pocas horas de conocer la declaración de los obispos.
«Es una declaración en que pretenden blanquearse, pero no muestra arrepentimiento ni perdón», sostiene Cruz. «No reconocen haber visto nada y ellos estaban ahí y vieron lo que vimos nosotros, como se lo declaramos al fiscal. No manifiestan en ese escrito voluntad de colaborar con la justicia. Creo que no sacan nada con seguir haciendo declaraciones si no se ponen a disposición de la justicia», señala Cruz, porque «Tomás Koljatic, Andrés Arteaga y Juan Barros vieron las mismas cosas que yo vi. Toqueteos y besos», reitera Cruz.
Para él, los obispos de El Bosque «al menos son encubridores, e incluso podrían ser cómplices de los abusos de Karadima. Ellos eran parte de su red de protección. No pueden, por una simple declaración, blanquearse». Similares palabras expresó Cruz a Televisión Nacional el mismo día.
José Andrés Murillo, entretanto, manifestó a radio ADN: «Esa carta de los cuatro obispos no tenía como finalidad pedir perdón a las víctimas, sino que “salvarse y estar dentro de la Iglesia”. Lo que quisieron hacer los cuatro obispos es decir “no nos dejen fuera del Arca de Noé”, porque el Vaticano los había dejado absolutamente fuera». Según Murillo, ellos «buscan salvarse y estar dentro de la Iglesia». Indicó que la declaración era «un paso importante», sin embargo, manifestó que le gustaría «que en algún momento hubiera una declaración pública en la que pidan perdón no solo a la comunidad, sino a las personas con nombre concreto».
El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, numerario del Opus Dei, salió al paso de Murillo: «Pedir cosas así, extralimitarse en peticiones, puede hacer mal a la gran causa que se quiere, que es evitar esto (los abusos) y que todos nosotros nos curemos de este mal, sobre todo ellos que han sido víctimas», indicó González a Radio Bío-Bío.
La defensa del obispo del Opus Dei estuvo en línea con la del arzobispo Ezzati, quien les tendió un salvavidas a los cuatro obispos de El Bosque. Al término de la reunión de Punta de Tralca, monseñor Ezzati puntualizó: «Cuando hay acusaciones, el que acusa tiene que probar también sus acusaciones y entonces yo quisiera pedirles a estas personas que acusan a estos hermanos obispos que no solamente lancen acusaciones, sino también que las prueben»4.
Las palabras de Ezzati en esas oportunidades contrastan con el silencio que mantuvo ante los dichos a la revista Caras del cardenal Jorge Medina Estévez, quien días antes apareció calificando de «actos de homosexualidad» a los abusos de Karadima, porque «un muchacho de diecisiete años sabe lo que está haciendo»5. Aunque el octogenario cardenal se retractó en parte, su investidura no fue rozada con un llamado de atención público de las autoridades de la Iglesia.
Conversé también al cierre de estas páginas con Jimmy Hamilton. «Todo esto me deja un gran aprendizaje. Lo primero que veo es que la sociedad estaba viviendo en una época de oscurantismo, cegada, creyendo en que estas instituciones que parecían funcionar bien y acogernos en nuestras vulnerabilidades y sufrimientos como seres humanos, no lo estaban haciendo», dice refiriéndose a la Iglesia Católica chilena.
«Uno tiene su propia verdad, una verdad incontestable y que está entrelazada en la piel y el alma. Que la confirmen o no, solo cambia el vivirla acompañado o en soledad; la justicia, la Iglesia, la sociedad no cambian, ni el dolor ni el trauma; le dan un poco más de sentido, porque se puede compartir. Pero eso no logra el fin último que es la reparación…»
En particular critica la actitud de los obispos: «Que los obispos esperen las órdenes del Vaticano demuestra lo minúsculo de su actitud de andar solo preocupados de lo que dice el jefe de la “Sede Santa” —así entre comillas, precisa—. Muestran que no tienen una capacidad de ver y tomar una opción. El asunto es si creen o no en el ser humano».
Según Jimmy Hamilton, «el que esperasen que viniera una orden confirma una actitud corporativa, militarizada, completamente disonante del Evangelio de Cristo, que apunta a la persona humana… Cristo no esperaba que vinieran los sacerdotes o los fariseos a decirle lo que estaba bien o mal».
Reconoce, después de escuchar las voces que salieron a acatar después del fallo, «una actitud no solo lejana sino contraria al Evangelio, una actitud que no corresponde a la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, bautizados o no, la Iglesia de Jesús. La Iglesia del camino comunitario y de la “salvación” comunitaria».
En este momento, que muchos han definido como la hora de las víctimas, Jimmy Hamilton en lo personal siente que «lo más importante es que cada uno tiene el deber de repararse». Y explica el alcance del concepto que utiliza: «Esto consiste en transformarse en una persona útil para la sociedad, rehabilitada en su corazón, en su autoestima, en condiciones de amar y ser amado. Porque esto que te reconfirmen —dice— no tiene tanta importancia. Lo que sí importa es que la persona se pueda sanar. Y eso es un proceso de años».
Agrega que él espera que estos «ciudadanos rehabilitados sean personas mejor plantadas ante la vida. En capacidad de acoger y ayudar al que sufre… porque han vivido en carne propia lo que esto significa».
Por eso, para él, «no solo se trata de establecer esa verdad, sino lograr la reparación que es el fin último de este proceso». Así, estima, se podrá «recuperar a un grupo de valor social inigualable y evitar que el abusado repita las conductas con sus semejantes». Al final —insiste— se trata de «velar por la salud de las víctimas, evitar más victimarios, porque eso significa salud para la sociedad».
Jimmy Hamilton, en una de las primeras conversaciones en abril de 2010, me dijo una frase de la que me he acordado en estos días de abril de 2011. Los hechos en estos momentos se han precipitado en una vorágine que parece no detenerse y sus palabras adquieren un sentido que un año atrás podría haber parecido exagerado: «El caso Karadima no es solo el caso Karadima. Es el caso Iglesia chilena», porque para que haya sido posible que esto ocurriera durante tanto tiempo, «han estado funcionando redes de protección».
Además, el mismo caso Karadima ha hecho detonar otras situaciones que complican por estos días a la Iglesia de Santiago. Por ejemplo, la referida a los abusos de diferente índole que habría perpetrado Isabel Margarita Lagos Droguett, la superiora de las Monjas Ursulinas, conocida como «Sor Paula». Aunque la monja no era dirigida espiritual de Karadima, comparte con el ex párroco de El Bosque algunos rasgos: su autoritarismo, el permanecer por años en el cargo y una estrictez en materias familiares y sexuales propias del conservadurismo religioso.
La cuestionada monja ursulina prohibía a las alumnas del colegio usar poleras con escotes y tirantes delgados; e impedía al ingreso a su establecimiento a hijas de padres separados. Curiosamente, el tradicional colegio de Vitacura cuenta entre sus alumnas a varias hijas de ex integrantes de la Acción Católica de El Bosque.
Cabría suponer, por lo tanto, que era uno de los establecimientos que Karadima consideraba adecuado para que sus discípulos pusieran a sus hijas. Y quizás escribió más de alguna carta de recomendación a la «madre Paula», a quien conoce.
La declaración de la Asamblea Episcopal en pleno, con sus anuncios del viernes 8 de abril, confirmó la importancia que le estaba dando la jerarquía al caso. De hecho, aunque originalmente esa no era la pauta previa, toda la semana la dedicaron los obispos a analizar y reflexionar sobre el crítico momento en que se encuentra la Iglesia chilena. En un documento que se ha considerado un «histórico mea culpa», el pleno de la Conferencia Episcopal reconoció «que no siempre hemos actuado con prontitud»; subrayó que la Iglesia debe estar en continua «purificación» para no cometer los «errores del pasado», y destacó que «entre lo más repudiable en la vida y ministerio de un sacerdote están el abuso de poder y el abuso sexual». A la vez, los obispos ofrecieron «humildemente nuestra petición de perdón y el apoyo que podamos darle» a las víctimas.
Los prelados anunciaron medidas que pondrían en práctica en los próximos meses: hacer más expeditos los procedimientos de investigación sobre abusos; otorgar atención psicológica y espiritual a los denunciantes; y crear un organismo dependiente de la Conferencia Episcopal para orientar las políticas de prevención de abusos sexuales. En esa línea se inserta el viaje que realizó en febrero a Estados Unidos el canciller del Arzobispado, Hans Kast, para estudiar la situación y las fórmulas para generar «ambientes sanos y seguros».
La «reformulación de los protocolos para enfrentar los casos de abusos» que implicaría acelerar las investigaciones quedó en manos de una «comisión jurídica» constituida a fines de 20106. En esa instancia tienen importante presencia dos abogados del Opus Dei: Hernán Corral Calciani, profesor de la Universidad de Los Andes, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Los otros dos integrantes son Jorge Precht Pizarro y Ana María Celis, profesores de la Universidad Católica.
Pero el Opus Dei no ha estado presente únicamente en el ámbito jurídico en esta hora de tan profunda crisis de la Iglesia Católica chilena. La Asamblea Episcopal reciente contó con el aporte de especialistas comunicacionales españoles de la Obra de Dios. Uno de ellos, Juan Manuel Mora, vicerrector de Comunicación Institucional de la Universidad de Navarra del Opus Dei, fue el experto que estuvo a cargo de encarar la crisis que provocó en ese movimiento la película y el libro El Código da Vinci, de Dan Brown. Otro de los invitados es Diego Contreras, decano de Comunicación de la Universidad de la Santa Croce, entidad del Opus Dei en Roma, creada por José María Escrivá de Balaguer. El tercero, también miembro del Opus, es el sacerdote José María Gil Tamayo, director del secretariado de la comisión episcopal de medios de la Conferencia Episcopal Española.
El desafío para los expertos y para las máximas autoridades de la Iglesia es que esta vez —a diferencia del El Código da Vinci— no se trata de una obra de ficción, aunque a ratos lo parezca.
La puesta en escena de la lectura de las conclusiones de la Conferencia Episcopal vino acompañada de algunos gestos. El documento lo leyó uno de los obispos de la Pía Unión, Horacio Valenzuela.
Terminada la reunión, todos los obispos aparecieron con una actitud más abierta, hablando con los periodistas que querían entrevistarlos. Hasta Andrés Arteaga, en conversación con La Tercera, admitió su «responsabilidad», reconoció que estaba enfermo de Parkinson y anticipó que próximamente se iría a España a efectuar un tratamiento7. Se supo también que Arteaga cambió de domicilio; dejó la parroquia de Santa Marta, donde vivía con el párroco Javier Barros desde hace más de diez años, y se trasladó al centro de la ciudad, a la parroquia de El Sagrario, en la Plaza de Armas, junto a Francisco Javier Manterola, el sacerdote de la Pía Unión que retiró su firma de la carta de los quince.
Tomás Koljatic admitió haber sido portador de un sobre, pero solo eso, pero nada sabía de cheques, a propósito del pago a Óscar Osbén, del que fue portador. E invocó a Dios para asegurar que no tenía conocimiento de «actos indebidos graves que uno pudiese recordar». Juan Barros Madrid afirmó que «la Santa Sede ha dicho y yo he dicho que es culpable», refiriéndose a Karadima, pero aseguró que «no presencié actos indebidos». Hasta Felipe Bacarreza, actual obispo de Los Ángeles, sacó la voz para señalar que hace muchos años se había ido de El Bosque y ni siquiera reconoció haber sido alguna vez parte de la Pía Unión Sacerdotal. «Yo dejé de participar en el año 79», pero no dio las razones de su alejamiento8.
El cierre de la Asamblea incluyó una fotografía oficial de todos los obispos de Chile vestidos con chaquetas negras o gris oscuras y pantalón.
Al ver la fotografía y los intentos por mejorar la imagen tras el impacto de la debacle generada por Karadima, recuerdo las palabras que me dijo Jimmy Hamilton hace unos meses en una de nuestras conversaciones: «La situación de la Iglesia Católica es sumamente compleja, llena de secretismos, de falta de transparencia, que hace ver que los grupos que están moviendo a la Iglesia en Chile la transforman en una organización llena de pecados ocultos, de daños, de gente afectada y de personas empoderadas que se sienten dueñas de la verdad y del perdón. Se perdonan entre ellos, se guardan secretos entre ellos en vez de estar acogiendo a posibles víctimas, como le dije a Fermín Donoso».
Puede ser muy positivo que los procesos eclesiales vayan en el futuro más rápido. Que se tomen las medidas para examinar mejor a quienes van al Seminario y que se cree el centro de atención de víctimas a partir de las investigaciones que el sacerdote Hans Kast y el director del Seminario, Fernando Ramos, hicieron en Estados Unidos en febrero. Pero nada de eso es suficiente en una crisis como la desatada por la acción de este «señor de los infiernos», que actuó a vista y paciencia de la jerarquía eclesiástica durante cuarenta años.
Hoy por hoy, parece indispensable la colaboración real y efectiva con la justicia. Mientras los obispos y sacerdotes de El Bosque no digan la verdad de lo que vieron y vivieron a la ministra en visita Jessica González, todos sus otros intentos por mejorar la imagen ante la opinión pública quedarán solo en eso. O serán interpretados como acciones tendientes a un marketing eclesial para limpiar imagen.
La sociedad chilena, después de lo ocurrido en torno a Fernando Karadima, tras las denuncias de Jimmy Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Fernando Batlle, en abril de 2010, está viviendo en otra dimensión que parece necesario captar. El «cambio cultural» del que se empieza a hablar está en desarrollo. Es parte de «los signos de los tiempos» que tendrá que apreciar la Iglesia si quiere prevalecer.
Justo el día que terminaba de entregar este libro a la editorial, el mismo viernes en que la Conferencia Episcopal cerraba su reunión, viví un episodio que me hizo ver con especial nitidez el impacto que había tenido en personas muy diversas la valentía de las víctimas de Fernando Karadima.
Iba saliendo a la universidad y le conté a Carmen, quien trabaja en mi casa, que por fin esa tarde terminaría de escribir. Ella me ha visto en intensas jornadas frente al computador y algunas veces intercambió unas palabras con mis entrevistados. Mientras me despedía y le hacía los habituales encargos domésticos, le dije que por fin culminaba la entrega de los originales del libro. Tomó el diario que estaba sobre una silla, me comentó la nueva denuncia sobre la «madre Paula», la superiora de las Ursulinas, y a los pocos instantes, me miró y me dijo con una voz especial: «Que le vaya bien, señora, que le vaya muy bien con el libro».
Me extrañó un poco el tono algo enronquecido de Carmen, que suele ser una persona alegre. Levanté la vista y la miré. Vi sus ojos que se llenaban de lágrimas y rompió en llanto.
—¿Qué le pasa, Carmen? —le pregunté— ¿Tiene algún problema?
Sacó de nuevo la voz y me dijo emocionada:
—Es que yo estoy tan agradecida de don Jimmy, de don Juan Carlos y de los otros jóvenes que han sido tan valientes. Ellos también hablan por mí.
—¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
—Señora, es que yo fui abusada por un familiar, cuando era una niña de nueve años; comprendo lo que les ha pasado a ellos. Pero yo nunca me atreví a denunciarlo. Por eso los admiro y estoy tan agradecida.
Escuché su relato. Estaba impactada. Percibí, de esa manera tan cercana de nuevo, que aquella historia que se inició —para mí— con ese e-mail de Jimmy Hamilton y con su confidencia en el living de mi casa hace un año, ha estremecido no solo a la Iglesia chilena, sino que a toda la sociedad.