CAPÍTULO V

La tesis cum laude de Sánchez y el máster fake de Casado

regalo

De regalar1.

1. m. Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre.

2. m. Gusto o complacencia que se recibe.

3. m. Comida o bebida delicada y exquisita.

4. m. Conveniencia, comodidad o descanso que se procura en orden a la persona.

 

Tres periodistas de El País estaban emocionados. Habían encontrado una exclusiva de esas que pueden marcar época, una información que hace tambalearse a un Gobierno, una noticia para marcar la agenda pública durante días. Habían descubierto que el libro escrito por Pedro Sánchez y Carlos Ocaña, La nueva diplomacia de la economía española, obra basada en la polémica tesis doctoral del primero, contenía plagios de conferenciantes, artículos y estudios varios. Seis ejemplos de copia fraudulenta. Seis pasajes de la obra que demostrarían que el presidente del Gobierno plagió, fusiló o copió –elijan ustedes– en su libro. Seis plagios, seis. Corrían los primeros días de septiembre, en plena controversia por la tesis de Sánchez y tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad por haber plagiado numerosos párrafos en el Trabajo Fin de Carrera (TFM) del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, la misma donde regalaron sendos posgrados a Cristina Cifuentes, también dimisionaria por esto, y Pablo Casado.

Presos de ese sentimiento especial, entre regodeo y orgullo, alegría y nerviosismo, que siente un periodista cuando descubre una información de tal calibre, los informadores trasladaron el hallazgo a sus superiores. Desde El País telefonearon al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ex presentador de Noticias Cuatro, llegado al cargo por decisión de Sánchez, curtido en mil batallas, para hacerle saber que el periódico de Prisa tenía esa información, pensaba publicarla y quería la versión de Moncloa. La reacción gubernamental no se hizo esperar. Lo primero fue concertar una reunión entre el propio Oliver y personas de El País para abordar el asunto que podía acabar con Sánchez.

El encuentro se produjo al día siguiente en el Hotel Ilunión Alcalá Norte, sito a dos minutos andando de la mítica sede de la redacción de El País, ubicada en la calle Miguel Yuste, número 40. Hasta allí se desplazaron, por parte del Gobierno, el propio Oliver y varios colaboradores de la Secretaría de Estado. Por parte del periódico asistieron dos de los tres periodistas que habían encontrado el plagio de Sánchez y Ocaña en su libro. La conversación se antojaba tensa, porque sobre la mesa estaba una información que podría tumbar al presidente del Gobierno. Tenía ese material inflamable precisamente el periódico que un año antes era el gran enemigo de Sánchez y que, sin embargo, tras su llegada a La Moncloa, había virado en su línea editorial. Acabada la reunión, lo segundo que hizo el Gobierno fue pedir tiempo para contestar. Una respuesta que se demoró más de 24 horas.

Hay versiones contrapuestas de las consecuencias de dicha reu­nión. Algunos dicen que fue un encuentro de cortesía, la habitual diligencia informativa, pero que El País no cedió un ápice a presión alguna. Otros aseguran que el Gobierno movió ficha, puenteó a los redactores, llamó a los dirigentes del diario y, con ellos, pactó hasta el titular y la forma de la noticia que publicaría el periódico. Como no hay micrófonos ocultos en los teléfonos de unos y otros –que se sepa, pero, cuidado, en España todo es posible–, sólo queda repasar la información publicada. La noticia se publicó en la tarde noche del 20 de septiembre. Este dato ya resulta un tanto extraño, porque lo lógico en estos casos es que el diario espere a su portada del día siguiente para soltar la exclusiva y sorprender a sus lectores, marcando además la agenda política.

El titular de la información era el siguiente: «El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático»[1]. El subtítulo decía así: «La Moncloa sostiene que se trata de “un error involuntario” y los coautores se comprometen a subsanarlo “en el plazo más breve posible”». Firmaban el texto los tres tipos que habían descubierto la noticia cuando hicieron lo que a nadie se le había ocurrido: cotejar si había plagio en el libro de Sánchez y Ocaña, no sólo en la tesis, como estaban haciendo el resto de colegas de profesión.

El primer párrafo contaba la noticia y ya incluía la versión de Moncloa:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el economista Carlos Ocaña reproducen en su libro de 2013, sin entrecomillar ni citar la fuente original, párrafos de cinco de las siete páginas de una conferencia que el diplomático español Manuel Cacho pronunció en un simposio de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) el 25 de febrero de 2013. En total, citan sin referir 454 palabras. Cacho, actual embajador en Australia, ha confirmado a este periódico que nadie le consultó para usar este material. «Es la primera noticia que tengo», respondió en conversación telefónica. La Moncloa ha asegurado a El País que se trata de «un error involuntario». «Los coautores únicamente pueden lamentar este hecho y comprometer su subsanación en el más breve plazo. En las siguientes ediciones de la obra se incluirá correctamente la cita», precisan. Ocaña, coautor de la obra, no ha querido hacer declaraciones.

En la formidable exclusiva de El País se detallaba que en la obra de Sánchez y Ocaña había «al menos 18 páginas con pasajes de fuentes ajenas sin citar ni referenciar». En el caso más relevante, el de la copia al citado embajador, se daba la circunstancia, además, de que fue el propio Sánchez quien organizó las jornadas, llamadas Marca España y la diplomacia económica, en las que Manuel Cacho pronunció su conferencia. En el colmo de la torpeza de los plagiadores, calcaron hasta una errata –«ente» en vez de «entre»– que había en la transcripción de las palabras del diplomático recogida en la página web de la universidad.

Formalmente hablando, los datos de la noticia eran irreprochables. Ni un solo error. Otra cosa es el titular que se eligió y algún otro detalle llamativo. Después de los siete primeros párrafos de la información, un ladillo rezaba «copias de otros textos». Y a continuación, en el octavo párrafo, se decía que «el libro de Sánchez y Ocaña echa mano de otros textos ajenos, sin atribuir la fuente ni incluirla en la bibliografía final». «Los más destacados, por su extensión, son cinco: un discurso en el pleno del Congreso del entonces ministro Miguel Sebastián (páginas 55 y 56 del libro); una respuesta parlamentaria (página 154 y 156); un informe del Ministerio de Economía (páginas 87 y 88); un teletipo de agencia de un acto oficial (páginas 146 y 147), y un comunicado de prensa del Consejo de Ministros (páginas 57 y 59)». O sea, Sánchez y Ocaña no sólo plagiaron al citado embajador, sino que plagiaron sin contemplaciones al menos otros cinco textos. Seis plagios, seis.

Respecto a estas otras copias, harto relevantes aunque aparecieran al final de la noticia, la versión de Moncloa, también incluida, era que «todo está en orden». Porque «está permitida la utilización de iniciativas y documentos de carácter parlamentario, que son de uso público», y porque «se trata de documentos que no generan derechos de autor por no tener la consideración de obras, ya que son de uso público al formar parte del debate político, el cual debe ser difundido a todos los ciudadanos».

En toda la información, compuesta por 1.060 palabras, no aparecía ni una sola vez, ni como contexto ni de rondón ni de ninguna manera, el término «plagio»; sólo se habla de una «herramienta antiplagio». Curioso. En todo caso, lo más sorprendente, por si no lo habían notado, es el propio titular de esta historia: «El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos...». No hace falta ser un académico de la RAE para reparar en que los libros no copian, ya que quienes copian son las personas. El recurso de la personificación no parecía ser la construcción lingüistica más adecuada para este caso. ¿Por qué no se eligió colocar a los sujetos de la acción? ¿Por qué el titular, sin duda decidido por los jefes del periódico, no decía «Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copian/copiaron en su libro» en lugar de «El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia»?

¿Por qué un periódico de referencia como este dio tanto crédito a la versión risible y patética de que se trataba de un «error involuntario»? ¿Por qué un diario como El País decidió publicar esta impactante noticia al ocaso del día y no unas horas después como exclusiva en su edición de papel? ¿Por qué en la portada en papel del día siguiente, 21 de septiembre, esta noticia era la cuarta en importancia cuando durante esos días no se hablaba de otra cosa en España que de los supuestos plagios de Sánchez? ¿Por qué, y perdonen la insistencia, no aparecía la palabra «plagio» en toda la noticia? ¿Por qué no se dio más relevancia al hecho, sin duda muy relevante, de que en el libro hubiera otros cinco ejemplos de plagio? ¿Por qué todo se contó en una sola pieza y no se escribieron más sobre el caso, precisamente sobre esas otras cinco copias? ¿Por qué el periódico de Prisa no editorializó sobre semejante exclusiva para pedir explicaciones a Sánchez? ¿Por qué tiene toda la pinta de que ocurrió lo que en el argot periodístico se conoce como «voladura controlada» para evitar más daños de los deseados?

Quienes estuvieron en la reunión celebrada en el Hotel Ilunión y quienes intercambiaron llamadas esos dos días de infarto tienen las respuestas más precisas. Pero estamos ante un buen ejemplo de cómo se publican en la democracia borbónica algunas informaciones sensibles que afectan a las elites. En todo caso, pese a las añagazas de Moncloa y la supuesta ayuda de los jefes de El País, la noticia aportada por sus redactores era potente y relevante. Quedaba aún más claro, para quien no lo tuviera ya con las múltiples evidencias publicadas, que en la tesis doctoral de Sánchez, por un lado, y en su posterior libro conjunto con Carlos Ocaña, por otro, había algo sucio, inexplicable, algo que hasta para los enfermos de anosmia, esas personas que carecen de la capacidad de oler, olía y huele a chamusquina.

La célebre tesis de Pedro Sánchez era algo así como una bomba durmiente que alguien, tarde o temprano, detonaría. Ya en 2017 se había publicado que el ex ministro de Industria Miguel Sebastián había comentado, en un ambiente de confianza junto a periodistas y políticos palentinos, que la tesis de Sánchez era obra, en realidad, de personas del Ministerio. «Le hicimos el 90 por 100 del libro»[2]. Aquella polémica se había desvanecido como esas lágrimas en la lluvia que derramaba un replicante en Blade Runner. Pero la bomba seguía ahí, latente. Activó del detonador Albert Rivera, líder de Ciudadanos, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

La tesis de Sánchez: el plagio, el negro y el cum laude

A mediados de septiembre de 2018, la convulsa actualidad política estaba irremediablemente marcada por la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón, obligada a marcharse una vez que se descubrió que había plagiado su trabajo fin de máster, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, como se detalla más adelante. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento, el presidente de Ciudadanos tenía que preguntar a Sánchez sobre otra cuestión, pero aprovechó su turno para espetar al presidente del Gobierno que «hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral; usted es una de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta; si usted quiere disipar dudas, haga pública su tesis». El jefe del Ejecutivo acusó el golpe y, visiblemente enfadado y nervioso, como fuera de sí, culpó a su oponente de convertir «en un lodazal» la política. Palabras gruesas aparte, la bomba había explotado.

La pregunta del millón era si Sánchez había plagiado o no su tesis doctoral, cursada en la Universidad Camilo José Cela, presentada en noviembre de 2012 y titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012). Un Gobierno dependía de la respuesta. Porque el listón se había puesto alto con los casos de Montón, aún reciente, y de Cristina Cifuentes. Máxima tensión. Numerosos periodistas hicieron cola en la biblioteca de la citada universidad para tener acceso durante una hora al documento. Algunos incluso consiguieron una copia del trabajo. Varios medios, en especial ABC, con una portada demasiado atrevida, aseguraron que, en efecto, el presidente del Gobierno había plagiado su trabajo. El centro universitario negó ese extremo tras someter la tesis a análisis de herramientas informáticas que miden si los trabajos son o no un plagio.

No había quorum entre los periodistas, porque algunos medios insistían con vehemencia en que no había plagio alguno. Sin embargo, Okdiario defendía con igual o más virulencia que Sánchez había plagiado y, además, había utilizado a un negro que le escribió la tesis, que sería el citado Carlos Ocaña, ex jefe de Gabinete de Sebastián en Industria y coautor del libro posterior que se basaba precisamente en la tesis.

La duda y la confusión sobre el tema eran crecientes. La presión, asfixiante. Las presuntas palabras de Miguel Sebastián publicadas tiempo atrás volvieron a resonar con fuerza. Son presuntas porque el propio ex ministro las desmiente categóricamente. «Desde hace casi dos años vengo desmintiendo que la información que se publicó en un digital sobre mi presunta manifestación de que esa tesis se había hecho con la colaboración mía o la colaboración del Ministerio de Industria es rotundamente falsa. Lo cierto es que la tesis la hizo Pedro Sánchez, la tesis es original y no hay ningún plagio»[3]. Otra cosa, según matiza Sebastián, es que Sánchez utilizase para su trabajo documentación de Industria. En todo caso, personas presentes en aquella reunión con periodistas y políticos palentinos aseguran a quien esto escribe que Sebastián sí dijo aquellas palabras. Opuestas versiones sobre unos mismos hechos.

El mencionado Carlos Ocaña, coautor del libro basado en la tesis doctoral de Sánchez, emitió un comunicado donde desmentía cualquier participación en la elaboración del trabajo universitario. «Posteriormente a dicha tesis colaboré junto a Pedro Sánchez en la publicación del libro La nueva diplomacia económica española, tal como figura en esa publicación.» Un libro, según este economista, que «está basado en la tesis del presidente del Gobierno» y en el que «yo me limité a escribir partes de algunos capítulos». Más en concreto, detallaba que su trabajo consistió en «la incorporación de cuestiones que no se abordaban directamente en la tesis o que podían servir de ejemplo para explicar algunas ideas del texto universitario»[4].

Pese a todos los desmentidos, no era suficiente. Como siempre sucede en España cuando estalla cualquier escándalo, pronto se invirtió la carga de la prueba, de manera que nadie tenía que demostrar que Sánchez había plagiado, sino que él mismo tendría que demostrar que no lo había hecho. Por ello, el jefe del Ejecutivo, vapuleado por noticias serias y también por unas cuantas fake news, todo hay que decirlo, se vio abocado a hacer pública su tesis doctoral. El Gobierno difundió que había sometido a análisis el texto y que el nivel de plagio era del 0,96 por 100. Las herramientas informáticas antiplagio independientes del Ejecutivo detectaron porcentajes de copia bastante mayores, del 13 por 100 (según Turnitin) y del 21 por 100 (según Plagscan); unas cifras no escandalosas y hasta relativamente habituales en este tipo de trabajos, pero que distaban muchísimo de la gubernamental. En todo caso, la versión más extendida y que caló en más medios de comunicación era que el presidente del Gobierno no había plagiado su tesis doctoral. O, al menos, con la publicación el Ejecutivo había conseguido que el escándalo se difuminase en gran medida. Prueba superada.

No obstante, cualquiera que haga un análisis pormenorizado y desapasionado del caso concluirá que hay al menos tres elementos a tener en cuenta pese a que no se haya evidenciado totalmente el plagio. El primero es que siempre quedará, es indefectible, la sombra de la sospecha sobre el trabajo que le sirvió para convertirse en doctor en Economía, porque la posibilidad de que Ocaña fuera realmente su negro y decidiera después no traicionarle es más que plausible; de hecho, parece lo más lógico y probable, porque, de no ser así, carecería de sentido que luego ambos firmasen un trabajo común tan similar a la tesis originaria. Ocaña, Cocana para los amigos, y Sánchez se conocían porque ambos pertenecían al grupo de jóvenes socialistas Economistas 2004, formado por personas afines a los ministros económicos del Ejecutivo de Zapatero que se reunían por aquel entonces. Mantenían una buena relación, y, en los partidos y su entorno, las lealtades son sólidas cuando se trata de garantizarse el pan.

El segundo elemento, igualmente impepinable, es que Sánchez y Ocaña sí plagiaron, hasta en seis ocasiones, una de ellas especialmente escandalosa porque fusilaron la conferencia de un diplomático, en el libro que coescribieron basándose en la tesis, como demostró la información de El País, rotunda pese a las maniobras para rebajarla que se cuentan al inicio de este capítulo. Y, en tercer lugar, y lo más importante con diferencia, a raíz de todo esta polvareda mediática y política quedó claro, por encima de opiniones interesadas, que Sánchez sí obtuvo más facilidades que el resto de estudiantes para lograr su doctorado por la Universidad Camilo José Cela. Esto último merece una explicación más amplia.

El trato de favor al presidente del Gobierno se vislumbra en varios hechos incontrovertibles sobre su tesis doctoral. Lo primero, como detalle que no resulta baladí, ni mucho menos, es que Sánchez logró su doctorado en una universidad cuyo rector era, por aquel entonces, Rafael Cortés Elvira, socialista de renombre y ex director general y ex secretario de Estado en los gobiernos de Felipe González. De hecho, tal como cuenta Jesús Maraña en su libro Al fondo a la izquierda, Sánchez intentó colocarse a toda costa cuando en las elecciones generales de 2011 no logró escaño como diputado en el Congreso. Al no tener asiento parlamentario, le dio por la docencia. Primero, recurrió a Sebastián para que lo enchufase como profesor en la Universidad Complutense y, al no lograrlo, lo intentó con Cortés Elvira, que sí lo colocó en la universidad privada que regía, la Camilo José Cela[5]. Endogamia y enchufismo, comportamientos muy propios de las elites.

Además, el tribunal que calificó al doctorando estaba formado por algunos amigos y compañeros de departamento, que, en varios casos, llevaban tan poco tiempo como doctores que carecían de la experiencia que se requiere legalmente para formar parte de este tipo de tribunales; de hecho, hay quienes sostienen que el propio tribunal era ilegal por este motivo. Tres de los cinco miembros del tribunal que juzgó la tesis se habían doctorado muy poco tiempo antes. Más en concreto, Santiago Pérez Pérez-Camarero, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y secretario del tribunal, defendió su tesis sólo dos meses antes que Sánchez, el 28 de septiembre de 2012. Alejandro Blanco Fernández se doctoró el 24 de julio de 2011, quince meses antes. Juan Padilla Fernández-Vega presentó su tesis doctoral el 21 de septiembre de 2011, once meses antes de juzgar a Sánchez[6]. El caso de este último es especialmente relevante, porque, además, firmó conjuntamente con Pedro Sánchez dos artículos de investigación que después fueron la base de la tesis doctoral. Es decir, juzgó la tesis de un amigo y compañero cuyos conceptos le había ayudado a elaborar previamente. Raro, cuando menos.

Estas conexiones explican por qué el presidente del Gobierno restringió durante años el acceso a su trabajo y, sobre todo, permiten comprender el gran misterio de la calificación que obtuvo Sánchez, un cum laude, nota reservada a los trabajos de gran excelencia académica. Esta puntuación asignada al líder del PSOE es una broma de mal gusto, en opinión de la multitud de expertos que han leído y analizado la tesis doctoral desde que explotó el caso. En realidad, el célebre documento de Sánchez, con o sin plagios pero sin duda con trato de favor, es un trabajo de baja calidad y que se limita, en gran medida, a reproducir estudios o informes inconexos de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Que semejante texto obtuviera una calificación excelsa evidencia que, como concluyeron varios catedráticos, nada o casi nada es normal en el caso de esta tesis doctoral. La primera gran investigación sobre este trabajo universitario, obra de Sebastiaan Faber en La Marea y que ya contenía buena parte de la información que años después se presentó en muchos medios como exclusiva, concluía diciendo que el doctorado y el posterior libro de Sánchez fueron utilizados como meras herramientas para construir la imagen de un candidato[7]. Puro márketing. Pura vacuidad intelectual.

La Universidad Rey Juan Carlos: el caso Cifuentes y el caso Montón

Lo peor de la democracia borbónica es que durante mucho tiempo los ignominiosos manejos de las elites han pasado inadvertidos, peor que en segundo plano, como si no existieran, a pesar de que estaban ocurriendo a la vista de todos, justo al lado de la gente honesta y legal, que es la enorme mayoría de la sociedad. Una sociedad narcotizada por hartazgo, que ya no distingue entre tantas corruptelas y que prefiere mirar para otro lado y evitarse las arcadas. A nadie en España le importaban un comino los títulos universitarios de los políticos hasta marzo de 2018, cuando eldiario.es desveló que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid había regalado un máster a Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que, tras más de un mes de huida hacia delante, tuvo que dimitir.

Cifuentes era algo así como la esperanza blanca del Partido Popular, del madrileño y hasta del nacional. Había estado muy cerca de la ciénaga de corrupción en su partido, pero se presentaba como una mujer intachable, enemiga de los usos y costumbres de compañeros de siglas que dieron con sus huesos en las cárceles, como Francisco Granados e Ignacio González, los lugartenientes de Esperanza Aguirre, que se largó abochornada –y sin responsabilidad penal, todavía– por no haber vigilado a estos tipos. Pese a que llevaba toda una vida en el PP y podría ser catalogada como una política profesional, siempre cerca de los personajes mencionados, Cifuentes conseguía vender una imagen diferente, más moderna, abierta y cercana al electorado, alejada de la derecha conservadora, casposa y corrupta. Una imagen cultivada y transmitida gracias al trabajo de la eficaz Marisa González, jefa de prensa de Cifuentes, que logró algo parecido durante años con su anterior construcción mediática: Alberto Ruiz-Gallardón.

Siempre amable con los medios, incluso con los que criticaban sus políticas con más denuedo, Cifuentes, todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid y, para muchos en el PP, posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno y del partido, había convertido la fuerte crítica a la corrupción en el leitmotiv de su quehacer político. No dudaba en atacar a sus correligionarios enfangados por los múltiples escándalos que se iban conociendo. Hasta llevó a la Fiscalía varios casos, como el saqueo del Canal de Isabel II y la nonata Ciudad de la Justicia. Quizás ahí se cavó su propia tumba, porque algunos en su partido no se lo perdonaron nunca. Y esperaron su momento para acabar con ella de la forma más dolorosa posible.

El 21 de marzo de 2018, eldiario.es removió los cimientos de la política nacional con una exclusiva de premio periodístico: «Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas»[8]. En concreto, una funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos habría entrado en el sistema informático para falsificar las notas de Cifuentes en una asignatura y en el trabajo fin de máster (TFM). Muchos en el PP y no pocos españoles entraron en shock. No era posible. Tenía que tratarse de un error o un bulo. Pero las informaciones del periódico dirigido por Ignacio Escolar, una tras otra, fueron demostrando desde ese día que la mencionada universidad le regaló un máster en Derecho autonómico a Cifuentes. En concreto, a través del Instituto de Derecho Público, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, epicentro del asunto.

Aquella mañana frenética, el propio Álvarez Conde y el catedrático Pablo Chico de la Cámara, profesor de la asignatura con la nota falsificada, flanquearon al rector de la Universidad, Javier Ramos, en una rueda de prensa a tres que se hizo, básicamente, para defender a Cifuentes. Aquella noche, además, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid se grabó en su despacho un vídeo bochornoso que publicó en las redes sociales, donde decía, con tono de canción infantil, aquello de «no me voy, me quedo, me voy a quedar». En esas imágenes, que anidarán para siempre en las memorias por su cutrez, Cifuentes exhibía, además, un acta firmada por tres profesoras que aseguraban así haber conformado el tribunal que examinó el TFM de la política. Días después, la presidenta de la región llegó a dar detalles de cómo había sido aquella presunta exposición de su trabajo ante el supuesto tribunal: «Lo defendí en el campus de Vicálvaro. [...] Una defensa que pudo durar 10 o 15 minutos».

Con el paso de los días y el goteo de informaciones, se fue conociendo la verdad. Aquel tribunal no existió. Cifuentes no presentó su trabajo ante aquellas profesoras. El acta fue una burda falsificación urdida la misma tarde de autos para intentar salvar a la presidenta. Las rúbricas de al menos dos de las tres profesoras eran falsas. El Gobierno de la Comunidad presionó aquel día a la Universidad para que negasen a toda costa las irregularidades. Los conjurados a tal efecto mantuvieron una reunión en la que incluso acordaron dar algunos detalles de lo sucedido en el examen para que pareciera creíble, como afirmar, en el colmo del surrealismo y la desfachatez, que todos recordaban que Cifuentes vestía de rojo cuando se examinó. El plan, que a posteriori parece endeble, podría haber funcionado de no ser porque dos de las profesoras, sabedoras de que se la estaban jugando, confirmaron que el acta estaba falsificada. Se acabó la coartada.

Estoica o quizás a la espera de algún milagro, Cifuentes aguantaba y aguantaba sin dimitir aunque existía un clamor, incluso en el PP, para que se marchase. Era evidente que había mentido. Y era peor que sospechoso que siguiera sin encontrar una copia de su TFM. Su entorno aseguraba, aunque no sea posible probarlo, que su plan era marcharse tras los actos de celebración del 2 de mayo, día de la Comunidad. No pudo esperar tanto.

El 25 de abril, el periódico Okdiario publicó el vídeo que remató a la mujer que se había convertido en azote de la corrupción. En las imágenes, grabadas el 4 de mayo de 2011, se veía cómo Cifuentes, entonces número dos de la Asamblea de Madrid, era retenida por vigilantes de seguridad de un supermercado Eroski ubicado en Vallecas, muy cerca del parlamento regional[9]. El motivo de la retención era que había sustraído unas cremas que había ocultado en su bolso. Jaque mate. En las redes sociales no pocos compararon a la política con Tippi Hedren en su papel protagonista de Marnie, la ladrona. Pero esto no era una película de suspense de Hitchcock, era la realidad, sin tantas trampas como las que ponía el director. Horas después de conocerse el vídeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cariacontecida, superada por lo sucedido, como desnortada, anunció su dimisión. Definitivamente, el mito de Cifuentes se había desvanecido para siempre.

La caída de la ministra de Sanidad Carmen Montón fue mucho más rápida, fulgurante en comparación con el caso precedente. Fue también eldiario.es el que abrió la caja de los truenos con una rigurosa exclusiva. «La ministra de Sanidad obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos plagado de irregularidades»[10]. Zasca. Terremoto político. Una hipotética renuncia por este caso podría erosionar sobremanera al Gobierno de Sánchez, que ya había vivido un disgusto similar con la tempranera dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura por sus problemas con Hacienda acontecidos en el pasado. Además, nadie podía esperar que en el Ejecutivo del PSOE, ese que llegó tras una moción de censura y al que se llamaba «Gobierno de la dignidad», pudiera haber alguien que hubiera hecho lo mismo que Cifuentes. Si se confirmasen dichas irregularidades, el discurso del partido gobernante sobre los másteres universitarios caería como fruta madura.

¿En qué consistían las acusaciones del periódico dirigido por Ignacio Escolar? Para empezar, el máster había sido organizado por el Instituto de Derecho Público de la URJC, esa suerte de chiringuito que se montó Enrique Álvarez Conde, el catedrático que lo dirigía y que, curiosamente, había otorgado un sobresaliente a Montón en su posgrado. Sólo por estos vínculos, el máster de Montón ya era sospechoso. Pero había más. Por ejemplo, una profesora le había convalidado una asignatura, pero ella negaba haber solicitado tal convalidación. En su expediente académico figuraba que había terminado todas las materias en el curso 2010-2011, pero no le concedieron el título hasta 2012. Además, durante una reunión de varias horas que mantuvo con los periodistas que habían investigado el caso en la sede del Ministerio, se contradijo sobre si había asistido a clase o no y en cuántas ocasiones. Y, para colmo, cuando los informadores le preguntaron dónde se impartían las clases a las que decía haber acudido, Montón titubeó antes de acertar el lugar: Vicálvaro. Achacó este error a que no conduce y siempre la llevaron otras personas, familiares o taxistas.

El sinfín de irregularidades descritas por el primer artículo rozaba lo grotesco. Porque casi nadie, ni profesores ni alumnos, la recordaba en las clases y el máster era presencial, con la obligatoriedad de asistir a un 80 por 100. Porque Montón inició el máster en enero de 2011 cuando las seis primeras asignaturas, que ella aprobó, se impartieron de septiembre a enero. Porque pagó la matrícula del posgrado en diciembre cuando el plazo para dicho pago había terminado en septiembre. Porque aseguraba que aprobaba las asignaturas de este «máster poco exigente» entregando trabajos en mano al finalizar las clases y dichos trabajos eran «de 40 o 50 líneas», mientras que otras alumnas aseguraban que los trabajos se entregaban a través de una plataforma on line y eran bastante más largos, hasta «de 17.000 palabras», en un caso. Porque era metafísicamente imposible que ella hubiera entregado los trabajos de las seis asignaturas del primer cuatrimestre si decía haberlos dado en mano y nunca fue a esas clases. Porque en una de las materias logró un sobresaliente pero el profesor de la misma ni siquiera la recordaba como alumna. Y porque Montón logró ese 8,43 en un máster presencial que compatibilizó con varios de los cargos que ocupó como diputada del PSOE y partícipe de varias comisiones del Congreso. O dormía poco, o era muchísimo más inteligente que el resto de alumnos.

Pese a la gravedad de estas acusaciones, en un primer momento Montón y sus colaboradores reaccionaron con cierta entereza, como rezan los manuales de comunicación en situaciones de crisis, dando la cara y negando la mayor con datos, con papeles. La ministra de Sanidad dio una rueda de prensa en la sede del Ministerio para justificar su 8,43 de nota en el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Su principal frase, que después se convertiría en antológica, fue: «No todos somos iguales». La repitió en varias ocasiones, para enfatizar su limpieza frente a «otros desgraciados casos que hemos conocido en España». Con esas palabras mataba dos pájaros de un tiro, porque negaba cualquier irregularidad y, de paso, zarandeaba a la derruida Cifuentes y al oponente Pablo Casado –de su caso se habla largo y tendido líneas más abajo–, con los que se comparaba para diferenciarse como alguien honesta frente a ellos.

Crecida, al día siguiente Montón concedió una entrevista en la Cadena Ser, donde presumió de tener en su poder el trabajo final de máster –no como Cifuentes– y donde responsabilizó a la Universidad de las supuestas irregularidades en su expediente académico. Aumentaban las sospechas y una parte del Gobierno quería que su compañera dimitiera, pero los portavoces del PSOE la defendieron con ahínco en el Congreso de los Diputados. Hasta el propio Pedro Sánchez afirmó en los pasillos del Parlamento que «Montón está haciendo un extraordinario trabajo y seguirá haciéndolo». Un par de horas después, La Sexta dio la puntilla: el trabajo final de máster de Montón estaba lleno de copias de otros autores a los que no citaba, con plagios en 19 de las 50 páginas del documento, incluidos extractos de la Wikipedia y párrafos completos. La ministra de Sanidad dimitió aquella tarde. No, no todos los políticos son iguales. Hay algunos peores que otros.

El Supremo salva el máster fake de Pablo Casado

Si Cifuentes y Montón fueron dos alumnas ilustres, aún más lejos ha llegado otro alumno excepcional de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata, claro está, del presidente del partido más votado en España y líder de la oposición, Pablo Casado, ahijado político de José María Aznar. Todo un fenómeno que también cursó un máster a través del chiringuito de Álvarez Conde, el Instituto de Derecho Público. En abril de 2018, en plena ebullición del caso Cifuentes, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid ya se había convertido en un cadáver político pero todavía no se había dado cuenta y deambulaba como un zombi de The Walk­ing Dead, nuevamente eldiario.es desveló que el vicesecretario de Comunicación del PP había cursado un máster en la URJC en 2008. Un máster que aprobó sin asistir nunca a clase y gracias a unas generosas convalidaciones, porque la universidad le eximió de matricularse en 18 de las 22 asignaturas de las que constaba su posgrado[11]. Todo un récord.

Casado siempre bate récords en sus estudios. Porque, amén del caso del máster, el más controvertido, resulta que el presidente del PP terminó Derecho con unos guarismos más propios de un superdotado. Eso sí, no siempre le ha ido tan bien, porque lo cierto es que inició sus estudios universitarios de Derecho en el centro privado Icade en 1999, donde estuvo hasta 2004 y sólo superó un puñado de asignaturas. En el curso siguiente se trasladó al Cardenal Cisneros, un centro semiprivado adscrito a la Universidad Complutense y tutelado por la Comunidad de Madrid que gobernaba el PP de Aguirre. Le faltaban 18 asignaturas para conseguir la licenciatura. Sólo entre las convocatorias de junio y septiembre del curso 2007 aprobó 12 de esas asignaturas y terminó la carrera[12]. Todo ello cuando presidía las Nuevas Generaciones del PP y era asesor del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, justo antes de convertirse, en las elecciones de mayo de 2007, en diputado autonómico. Otro que, o bien dormía poco, o poseía una inteligencia superior a la de todos sus compañeros y a la del resto de seres humanos.

El gran acierto de Casado, cuando estalló el caso de su máster, consistió en conceder una rueda de prensa en la que enseñó a los periodistas los trabajos, cuatro que sumaban 92 páginas, que le sirvieron para superar las únicas cuatro asignaturas que le hicieron cursar. Todas ellas con sobresaliente, por cierto. Enseñó esos trabajos al principio, como evidente contrapunto a lo que hacía Cifuentes, que decía no encontrar su TFM. Pero, pasado el tiempo, una vez desatada la polémica por los plagios que, como se ha visto, acechaba a Sánchez o Montón, Casado eludió una y otra vez volver a enseñar esa misma documentación. Sospechoso. Una jueza, Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, se puso a investigar el posgrado del vicesecretario de comunicación del PP.

En paralelo a esa investigación, los meses de verano de 2018 estuvieron trufados de buenas noticias para Casado. Una vez consumada la moción de censura que aupó a Sánchez y desalojó a Rajoy, este joven político logró vencer en la contienda interna del PP a Soraya Sáenz de Santamaría para convertirse, así, en el nuevo líder de la formación conservadora. Además, la Universidad Complutense archivó la investigación interna que había abierto ante los indicios de que había algo extraño en su licenciatura de Derecho, esa obtenida en tan poco tiempo. El flamante líder de la oposición sólo tenía un problema: en agosto, Rodríguez-Medel había enviado su investigación sobre el máster al Tribunal Supremo, que, al ser el investigado un político aforado, tendría que decidir si continuaba o no con las pesquisas sobre un caso que para la jueza estaba claro, ya que tildaba el título como ««un regalo por su relevancia política e institucional» y veía indicios de los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Todo estaba en manos del Tribunal Supremo, incluido el puzle de la política española. Porque una imputación por este caso provocaría que Casado cosechase otro récord, en este caso negativo, como el político con el liderazgo más efímero en un partido. Como a veces ocurre en el teatro, había cierta tensión entre el público, expectante ante las sorpresas, pero no entre los actores, conocedores del final. Porque en el Madrid del poder, donde las elites confluyen y retozan sin ambages ni disimulo, todo el mundo sabía de antemano lo que iba a ocurrir. El TS no iba a permitir que el recién nombrado líder del PP cayese por un asunto que se consideraba menor. Sólo había que ver quiénes conformaban la sala de admisión del Supremo: cinco magistrados, cuatro de ellos considerados conservadores, entre los cuales Manuel Marchena y Pablo Llarena, a quienes no se les conocen demasiadas simpatías por la izquierda política.

Llegados a este punto, toca recordar, para quien desconozca cómo funciona el cotarro, que los políticos del PSOE y del PP eligen, por el tradicional sistema de cuotas, según quién tenga más votos en el Congreso en ese momento, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y estos, a su vez, eligen después a los jueces del Tribunal Supremo. Es el mismo mecanismo que las dos grandes formaciones del bipartidismo emplean desde hace años para repartir los cargos en el Tribunal Constitucional y en los organismos reguladores de la economía como la CNMC, la CNMV y el Banco de España.

Los diputados y senadores colocan a los miembros del CGPJ y estos sitúan en sus puestos a los jueces del Supremo. Como resulta que esos mismos diputados y senadores están aforados, los jueces del Supremo tienen la última palabra sobre las investigaciones que les afecten. Este sistema de elección, aprobado, por cierto, en tiempos de Felipe González, provoca que se produzcan situaciones como las de Casado: cuatro jueces conservadores, algunos de ellos asistentes como ponentes a cursos de FAES, donde trabajaba en su día el líder del PP, tienen que decidir sobre su futuro. El resultado está cantado. Como lo estuvo, por ejemplo, en aquellas dos querellas por cohecho que llegaron en 2010 al Supremo contra José Bono a raíz de las permutas de pisos. ¿Alguien recuerda ya aquel caso Bono por el abultado patrimonio del político socialista? ¿Alguien recordará mañana el caso del máster fake de Casado? Son las consecuencias nefastas de un sistema perverso que permite que existan unos ciudadanos de primera, los políticos a los que juzgan sólo en el Supremo, y unos ciudadanos de segunda, la gran mayoría de españoles.

Volviendo al meollo de la cuestión, se confirmaron las sospechas. Primero, la Fiscalía del Supremo pidió el archivo de la causa, rapapolvo contra la jueza incluido. Ya estaba aún más claro por dónde iban a ir los tiros. Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta los mimbres del asunto, la Sala Segunda del TS decidió unos días después, a finales de septiembre, que no aceptaba los datos enviados por la jueza Rodríguez-Medel y archivaba la causa porque no existían «indicios consistentes» de delito alguno, si bien destacaba que sí existían «indicios» de que Casado recibió un «trato de favor» que «pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho penal». Una forma de decir «está claro que esto es raro, pero no nos vamos a comer el marrón».

En los cuatro casos descritos en este capítulo, el trato de favor de las universidades a los políticos es tan obvio que hasta resultaría humorístico que alguien lo discutiera con argumentos que no fueran bromas. A los cuatro, tres de ellos en la controvertida Universidad Rey Juan Carlos y otro en la Universidad Camilo José Cela, los trataron mejor que al resto de alumnos porque eran miembros del PP y el PSOE. Ni más ni menos. Porque tenían los contactos necesarios. Al menos, Cifuentes y Montón tuvieron la decencia de dimitir, aunque fuera más tarde de lo debido y por obligación. Sin embargo, cuando estas líneas se terminan de escribir, en octubre de 2018, Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno pese a haber plagiado en su libro y pese a las enormes sombras de su tesis doctoral, y Pablo Casado es el líder de la oposición pese a su máster fake y al ominoso favor que le hizo el Tribunal Supremo. Así son las cosas en la democracia borbónica.

[1] I. Domínguez, K. Llaneras y J. Galán, «El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático», El País, 20 de septiembre de 2018.

[2] S. Sanz, «Sebastián revela que Industria hizo el 90 por 100 del libro-tesis de Pedro Sánchez», Vozpópuli, 16 de abril de 2017.

[3] E. Padula, «Sánchez hizo la tesis con datos públicos del Ministerio cuando no era nadie», El Independiente, 13 de septiembre de 2018.

[4] Efe, «El economista Carlos Ocaña niega haber elaborado la tesis de Pedro Sánchez», 13 de septiembre de 2018.

[5] J. Maraña, «Los estudios de Pedro Sánchez y una tesis doctoral con ayuda», Infolibre, 12 de septiembre de 2018.

[6] M. Espartero y B. Cedeira, «Juan Padilla, el hombre orquesta de la tesis de Sánchez, y otras 7 sombras sobre el doctorado», El Español, 13 de septiembre de 2018.

[7] S. Faber, «Pedro Sánchez: la construcción de un candidato a través de su tesis doctoral», La Marea, 14 de diciembre de 2015.

[8] R. Ejerique, «Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas», eldiario.es, 21 de marzo de 2018.

[9] M. Cerdán y M. A. Ruiz, «Cifuentes robó en un híper en 2011 siendo la n.º 2 de la Asamblea de Madrid», Okdiario, 25 de abril de 2018.

[10] L. Galaup, R. Ejerique e I. Escolar, «La ministra de Sanidad obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos plagado de irregularidades», eldiario.es, 10 de septiembre de 2018.

[11] G. Cortizo, «Pablo Casado nunca fue a clase y sólo cursó cuatro de las 22 asignaturas de su máster gracias a las convalidaciones», eldiario.es, 10 de abril de 2018.

[12] Q. Alsedo y P. Herraiz, «Pablo Casado aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño», El Mundo, 17 de mayo de 2018.