CAPÍTULO XII

RTVE, entre el botín y la propaganda

propaganda

Del lat. mod. [Congregatio de] propaganda [fide] ‘[Congregación para] la propagación [de la fe]’, congregación de la curia romana encargada de las misiones, que fundó Gregorio XV en 1622.

1. f. Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.

2. f. Textos, trabajos y medios empleados para la propaganda.

3. f. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.

4. f. Rel. En la Iglesia católica, organismo de la curia romana encargado de la propagación de la fe.

 

El 21 de septiembre de 2014, domingo, Leopoldo González Echenique, presidente de RTVE por la gracia de Soraya Sáenz de Santamaría, reunió a sus más estrechos colaboradores en un afamado restaurante, sito en la calle Francisco de Sales, y especializado en catering para gente de alta alcurnia, para más señas. Allí, entre viandas que se adivinan exquisitas, este abogado del Estado comunicó a sus más fieles su firme decisión de abandonar la presidencia de la corporación. No aguantaba más, superado por la perenne ruina del ente público, asfixiado por las luchas internas del Gobierno, que se traducían en la presión del Ministerio de Hacienda y en las críticas de una parte del PP que esperaba una televisión pública aún más favorable a sus intereses partidistas, apenado por su fracaso. Había fracasado en su intento de reflotar en lo económico RTVE. Y, en una práctica muy habitual en la democracia borbónica, le habían pedido o sugerido que se hiciera el haraquiri con esta marcha por la puerta de atrás.

Echenique llegó al cargo en 2012 gracias a un decreto del Gobierno del PP, que, en la mejor tradición bipartidista, utilizó la apisonadora de su mayoría absoluta. Conviene recapitular cómo Mariano Rajoy y los suyos tomaron por asalto RTVE valiéndose del poder que le tributaron los españoles en las elecciones generales de noviembre de 2011. El Ejecutivo se sacó de la manga una treta para dilapidar el consenso al que se había llegado en la época de Zapatero y que se había materializado mediante la aprobación de una ley, en 2006, que obligaba a que hubiera acuerdo para nombrar a la dirección. Gracias a aquel cambio del zapaterismo, la radiotelevisión pública había pasado a ser algo más equilibrada y al menos la elección de su presidente ya no dependía de los gobernantes de turno, porque era necesario el apoyo de dos tercios del Parlamento. Algo es algo.

Cuando Santamaría y sus muñecos llegaron al Gobierno, pusieron en el punto de mira el control de RTVE. Alberto Oliart había dimitido en julio de 2011 como presidente de la corporación. Rajoy había pactado con el entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que muñirían un acuerdo para elegir a un nuevo presidente. Como pasaba el tiempo y no llegaba el pacto prometido con sus tradicionales socios del PSOE, en abril de 2012 el Ejecutivo aprobó por real decreto una modificación legal por la que ya no haría falta una mayoría reforzada para elegir al presidente de RTVE, ya que en segunda votación sería suficiente una mayoría simple. Un decretazo hecho a la medida que se necesitaba.

Echenique, un inteligente abogado del Estado que había trabajado en banca y en la CNMV, desembarcó en la presidencia de RTVE gracias a su amistad con Sáenz de Santamaría, que lo colocó allí con la vitola de poseer suficientes capacidades de gestión para arreglar el agujero de las cuentas. Era un profesional que utilizaría sus altos conocimientos para dedicarse a sanear la corporación y que huiría de cualquier tipo de manipulación. Por supuesto, esas promesas eran vanas y el Ejecutivo del PP, en especial la vicepresidenta, empezó a manipular a su antojo. Cambiaron a los responsables de los informativos, ficharon a otros profesionales afines a pesar de que había 6.200 personas en plantilla y aparecieron nuevos presentadores para los programas estrella. Nihil novum sub sole en RTVE. La vieja costumbre de poner a los suyos para quitar a los otros, como si la radiotelevisión pública tuviera que ser una prolongación de la propaganda gubernamental.

Las órdenes sobre qué periodistas podían acudir o no a las tertulias de RTVE provenían directamente del Palacio de la Moncloa. Sin que se les pueda responsabilizar con pruebas, porque estas cosas siempre se hacen de forma sutil, el caso es que allí, en el complejo presidencial, siempre cerca de Rajoy y Santamaría, habitaban personajes que quizá tendrían mucho que decir sobre este particular. Allí estaban la otrora temida María Pico, jefa de Gabinete de la vicepresidenta, y Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación. Si cualquier informador que se preciase mantenía malas relaciones con estas personas o se pasaba de la raya en los ataques al Ejecutivo, de repente, por pura casualidad y no por causalidad, está claro, pasaba a estar vetado en las tertulias. O si había algún medio dirigido por cualquier periodista molesto que osase atacar al Gobierno, simplemente dejaba de existir en RTVE, de forma que sus exclusivas jamás aparecerían citadas en los telediarios.

Así funciona la censura en los medios públicos en España en el siglo xxi. No existe, como en tiempos pretéritos, aquella censura previa que consistía en revisar lo que se iba a publicar y cambiarlo antes de que viera la luz. Tampoco se lleva aquella censura a posteriori, que suponía poner multas o hasta encarcelar a quienes incomodasen al poder. Lo que funciona en 2018 es convertir en invisible, mediante vetos nunca reconocidos, a la persona o al medio en cuestión. Se trata de seguir la máxima de que «lo que no aparece en televisión, no existe». Los medios ninguneados denuncian estas prácticas detestables a voz en grito, mientras los medios beneficiados callan y otorgan. Cuando cambia de color el Gobierno y en RTVE varían las tornas, los mismos medios que antes proferían ataques guardan un estruendoso silencio y los mismos medios que antes no decían ni mu se presentan como mártires de la libertad denunciando la manipulación. Roles de quita y pon según sopla el viento.

Manipulaciones aparte, aunque sea mucho apartar, el caso es que el presidente nombrado por Santamaría no logró reflotar los números rojos y pronto se vio inmerso en una trinchera a la que llegaban disparos de distintas posiciones, porque en el Gobierno del PP había muy distintos intereses que colisionaban entre sí. Así, en el Ministerio de Hacienda que encabezaba Cristóbal Montoro querían más recortes en la corporación, el Ministerio de Industria que dirigía José Manuel Soria pretendía contentar a los editores privados y a las telecos, y, para colmo, un sector del PP, el más duro, consideraba que hacía falta meter más mano en la información, porque no entendían cómo en la televisión y la radio controladas por Santamaría se hablaba tanto de los escándalos de corrupción que les afectaban. Esto último evidencia una forma de entender la función de los medios públicos que deja mucho que desear, pero ese sentimiento estaba muy extendido en filas populares, en el contexto de la sempiterna batalla entre los partidarios de Santamaría y de su enemiga íntima María Dolores de Cospedal. Eran estos últimos, los más cercanos a la entonces secretaria general, quienes susurraban su descontento con las informaciones de RTVE.

El gestor de los gestores que era Echenique tuvo que lidiar con los brutales recortes que le impuso Montoro, como los 200 millones de reducción presupuestaria para 2013. No pudo o no supo contener las pérdidas millonarias, que en 2014 eran de 700 millones de euros acumulados. La corporación entró en causa de disolución. Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tuvo que inyectar una aportación extraordinaria de 130 millones a RTVE para evitar su quiebra inminente. A Echenique le pedían más recortes, despidos mediante, pero él sólo ofrecía un plan para ahorrar 50 millones. Había voces en el consejo que pedían la vuelta de la publicidad como única forma de salvación, pero el Gobierno, siempre aliado con el duopolio televisivo, no quería ni oír hablar de ello. La gestión fue, en suma, un desastre colosal.

Por perder, Echenique perdió hasta el respaldo de su amiga la vicepresidenta. Su situación se volvió insostenible tanto dentro como fuera de la casa. Algo más de dos años después de llegar al cargo, este distinguido sorayo ya había sido achicharrado. Mucho se escribió sobre su salida. La realidad, como acostumbra, quizás era más cruda. Porque, según explicaban diversas fuentes de RTVE cuando se produjo su dimisión, el verdadero motivo por el que este abogado del Estado fue fusilado al amanecer tenía que ver con su negativa a adelgazar la plantilla[1]. Los hombres de negro de Hacienda afirmaban que sólo a base de un tijeretazo en condiciones se arreglaría el paquidérmico agujero en las cuentas de RTVE y esta pasaría, de una vez por todas, a ser sostenible. Por incapacidad en la gestión, por miedo a las movilizaciones de los trabajadores, por convicción ideológica o por lo que diantres pasase por su cabeza, el presidente saliente no quiso dar esa batalla. Así, se fue apaleado, vilipendiado, solo, sin grandes ni pequeños honores, en una muerte tan sangrienta y tan anunciada como la de Santiago Nassar que fabuló Gabriel García Márquez.

Quienes están en las elites siempre se echan cables entre sí. Los sorayos se quieren y no se olvidan unos de otros. Así, Echenique, pese a esta salida poco honrosa de RTVE, llegó poco después a Acuamed. ¿Les suena esta empresa? Sí, es la compañía estatal de aguas que da nombre a un escándalo de corrupción que se investiga por un fraude millonario. Federico Ramos de Armas, entonces presidente de Acuamed y después subsecretario de Presidencia con Santamaría, contrató a Echenique como abogado de cabecera de la empresa pública. Todo queda en casa. El ex presidente de RTVE duró allí sólo cinco meses, el tiempo que tardó en colocarse en la consultora Everis. Mientras los sorayos Ramos de Armas y Echenique estaban allí, ya funcionaba la trama corrupta presuntamente dirigida por Arcadio Mateo, director general de la empresa, y presuntamente dedicada a amañar e inflar contratos con gigantes como FCC, Acciona y Abengoa[2].

El regreso del hijo pródigo

Fenecido Echenique, que se fue con unos 300.000 euros de la pública en el zurrón y pronto encontró ese asiento tan apetecible, había que nombrar a un sucesor en RTVE. Y al Ejecutivo de Rajoy y Sáenz de Santamaría no se le ocurrió mejor idea que elegir y colocar a José Antonio Sánchez, ex director general de RTVE en tiempos de Aznar, cuando la televisión pública alcanzó quizá las mayores dosis de manipulación en su historia, y ex presidente de Telemadrid en la etapa final de Esperanza Aguirre y de Ignacio González como presidentes de la Comunidad, donde acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) contra 800 periodistas que, después, los tribunales tildaron de «no ajustado a derecho». Por decirlo claro, tal vez no existiera sobre la faz de la tierra un candidato con peores características. Con el tiempo, se supo que había sido una malísima decisión. O, en otras palabras, fue peor el remedio que la enfermedad.

El ínclito Sánchez se formó periodísticamente en ABC de la mano de Luis María Anson, a quien acompañó después, como columnista, en su aventura de La Razón. En 2002 fue elegido director general de TVE gracias, entre otras cosas, a la fantástica relación que mantenía con un tal Eduardo Zaplana, ese ex dirigente del PP y ex ministro en el aznarismo que, cuando se escribe este libro, sigue encarcelado por su presunta responsabilidad en una trama de corrupción. Con este personaje zaplanista al frente, la radiotelevisión pública se convirtió en un órgano más del Gobierno, en aquellos tiempos en que Alfredo Urdaci dirigía todos los informativos y presentaba los telediarios. Las manipulaciones antológicas acerca del «No a la guerra» o el caso Prestige y, sobre todo, en los días posteriores al 11-M están en el imaginario colectivo de los españoles. Tras salir de la cadena pública, Sánchez recaló en Telefónica, cómo no, esa empresa donde, como se ha explicado en otro capítulo, siempre hay hueco para gentes de la más dudosa credibilidad.

Después, en 2011, desembarcó como director general en Telemadrid, donde mantuvo los mandos en la época en que la cadena autonómica adquirió una mayor fama de sectarismo a favor del PP madrileño dirigido por Aguirre. Fueron tiempos oscuros, en los que la televisión madrileña se convirtió en un apéndice del partido que gobernaba la región. Las tertulias, los informativos y hasta los programas de entretenimiento tenían como único objetivo aplaudir al aguirrismo. Cualquier atisbo de libertad fue secuestrado. Una etapa tenebrosa que, dicho sea de paso, por fin cambió con la llegada de José Pablo López a la dirección en 2017. Como también desaparecieron de la cosa pública, por suerte, muchos seres tenebrosos que durante años controlaron la formación y se forraron, presuntamente, robando a todos los madrileños.

Volviendo al hilo narrativo, con el fichaje de José Antonio Sánchez, que nunca en su vida ha escondido sus simpatías políticas por el PP, el Ejecutivo de Rajoy consumaba un giro a la derecha en su política mediática. Para ello, contaba con un señor que, para más inri, aparecía en los papeles de Bárcenas como presunto receptor de sobres llenos de dinero negro. Según la contabilidad oculta del ex tesorero del PP, Sánchez habría percibido 800.000 pesetas en 1994 y otras 300.000 en 1995, cuando era cronista de ABC en el Congreso de los Diputados. Pese a todos estos mimbres, el Gobierno le designó como nuevo presidente de RTVE.

Justo al final de su mandato, en mayo de 2018, Sánchez se refirió a su presencia en los apuntes de Bárcenas. Durante una comparecencia ante la comisión mixta de control de RTVE, el diputado de Podemos Miguel Vila preguntó al presidente por el particular. La respuesta, de aurora boreal, ocupa un lugar de privilegio en los desatinos de la corporación e incluso de toda la profesión: «En cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho. Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle, como en Caracas [...]. Yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré». Ese era el nivel.

Después del regreso de este hijo pródigo a RTVE, estaba claro que ocurriría lo que ocurrió: en la televisión pública, en especial en los informativos, se impusieron las peores prácticas periodísticas para servir al partido en el poder. El nivel de manipulación aumentó por encima de lo soportable y superó las muchas barbaridades que en el pasado perpetraron otros dirigentes de RTVE que también sirvieron a sus amos de forma descarada. Quienes más y mejor denunciaron los atropellos a la libertad y al pluralismo fueron los miembros del Consejo de Informativos, un organismo que representa a los trabajadores y que elabora con asiduidad dictámenes sobre los errores, voluntarios o involuntarios, que acontecen en la forma de cubrir las noticias y abordar la actualidad en RTVE.

En uno de esos informes, el Consejo de Informativos se quejaba amargamente de cómo en abril de 2017 los telediarios informaron con notables errores sobre el caso Lezo, un escándalo de corrupción por el que Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, estuvo en prisión preventiva. En concreto, en dicho dictamen se recogía que los noticiarios de TVE apenas habían dedicado tiempo a varias informaciones donde se mencionaba a Eduardo Zaplana. ¿Por qué? No puede olvidarse que el presidente de la corporación es un «amigo entrañable», según sus propias palabras, del político valenciano. De hecho, en la redacción de la televisión pública ya se formó un fuerte revuelo en 2016, cuando trascendió el fichaje por TVE de Elena Sánchez, que fue directora de Comunicación del Ministerio de Trabajo que dirigía Zaplana y también ocupó un cargo similar durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid.

Entre la enorme maraña de informaciones sobre la trama Lezo, había al menos dos que relacionaban directamente a Zaplana con Ignacio González y, sí, lo han adivinado, con el propio José Antonio Sánchez. En una de las grabaciones que hizo la Guardia Civil en el despacho de González, su amigo Zaplana le proponía esto: «Hay dos vías ahora para hacer lo de los terrenos, uno eres tú, que te llevas bien con María Dolores [de Cospedal], y la otra, que no he hecho nada todavía, es José Antonio Sánchez, que es íntimo amigo del marido de María Dolores»[3]. Para entenderlo: el ex presidente de la Comunidad de Valencia propone al ex presidente de la Comunidad de Madrid la «vía» de contactar con el presidente de RTVE para que este hable con Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, a fin de allanar el camino «para hacer lo de los terrenos». Precioso. Pero hay más.

Porque en otra grabación de esta misma trama se escucha a Zaplana y González hablando del papel que desempeñaría José Antonio Sánchez como «intermediario» entre el citado López del Hierro y el en aquel momento fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quien, como se recordará, tuvo que dimitir del cargo al conocerse que tenía el 25 por 100 de una sociedad offshore radicada en Panamá. En la conversación citada, González explica a Zaplana que días atrás desayunó con Moix y que este fiscal le contó que iba a comer con López del Hierro y con Sánchez. Ante esto, Zaplana añadía: «Es que José Antonio es el que hace de intermediario»[4]. Con estas conexiones, no es de extrañar que nuestro hombre reconociera públicamente, en una comparecencia en el Congreso, que votaba al PP. Claro, votaba a sus amigos.

Con estos datos en la mano sobre Sánchez y sus colegas, no resulta extraño que, en su etapa como presidente de RTVE, los informativos fueran tan amables con el PP. La verdad es que, en estos años, el mencionado Consejo de Informativos se puso las botas al denunciar en numerosos informes los ejemplos de manipulación perpetrados en RTVE para favorecer al partido gobernante. Claro, tenían material de sobra con el que elaborar esos documentos. Porque en esta segunda etapa de Sánchez ocurrió lo mismo que en la primera, quince años atrás: la pluralidad brilló por su ausencia y la desvergüenza brilló por su presencia. Sobre todo, en los programas puramente informativos, como los noticiarios y el histórico Informe Semanal, que emitió reportajes impublicables por tendenciosos.

Uno de los últimos coletazos de esta forma de manosear RTVE al antojo del Gobierno aconteció en los primeros días de mayo de 2018. La antes citada Carmen Martínez Castro andaba en Alicante junto a su inseparable Mariano Rajoy. A la entrada de un acto, el presidente del Gobierno recibió pitos y abucheos por parte de un grupo de pensionistas que se habían concentrado en el lugar para expresar su protesta. La secretaria de Estado de Comunicación, jocosa ella, comentó a otra persona esta frase lapidaria sobre las personas allí congregadas: «Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: “Pues os jodéis”». No fueron, desde luego, sus palabras más afortunadas ni más educadas, y tuvo que disculparse admitiendo que «muy fina no quedé» y poniendo en valor que era una conversación privada que, una vez hecha pública, mostraba unas formas nada ejemplares.

Alguien grabó esa conversación tan poco edificante y subió el vídeo a las redes sociales, donde pronto se viralizó. La encargada de la comunicación en el Gobierno aparecía ciscándose en los pensionistas. Una imagen sin precedentes. Los españoles conocieron estas palabras de la ilustre Martínez Castro contra los manifestantes gracias a varios medios digitales y a alguna televisión privada que sí se hicieron eco de lo sucedido mostrando las imágenes. Pero en Televisión Española se consideró que el asunto no era noticioso y, por ello, se eludió emitir el controvertido vídeo. O, mejor dicho, los mandamases de TVE decidieron no publicar el vídeo, contra el criterio de los profesionales del telediario territorial, que intentaron mostrarlo.

La realidad es que la dirección estatal de informativos y la dirección del centro territorial ordenaron que no se mostrase ni un solo fotograma del vídeo en cuestión. Como se ha dicho, en televisión lo que no se ve no existe. La no emisión de los comentarios de la secretaria de Estado constituye un ejemplo de censura que parece inconcebible, pero que sucedió tal cual, hasta el punto de que tanto la editora como el director del informativo territorial acabaron presentando sus dimisiones por lo ocurrido. Por supuesto, la secretaria de Estado no dimitió. Tal vez ni le pasó por la cabeza.

En esta sensible materia sobre la propaganda también está claro que las intenciones y acciones del PP o el PSOE no distan demasiado. Es una constante de la democracia borbónica que el bipartidismo trate de controlar la televisión pública mediante la colocación de afines que garanticen felices telediarios al partido gobernante. Vale cualquier treta para conseguirlo. Sin remilgos ni complejos. El fin justifica los medios, nunca mejor dicho. Toca desembocar, llegados a este punto, en el intento de renovación del consejo de RTVE que acometió el Gobierno de Pedro Sánchez al poco tiempo de llegar al poder.

Podemos quiere el control y el PSOE le tiende una trampa

Una de las primeras cosas que hizo el nuevo Gobierno salido de la moción de censura que acabó con Rajoy fue publicar un decreto por el que anunciaba la renovación del consejo de administración de RTVE. En puridad, era más que necesario acelerar dicho cambio, porque, de sus nueve miembros, cuatro de ellos llevaban varios años en funciones –¡desde 2013!– por la falta de acuerdo para acometer la renovación. Además, el mandato de otros cuatro, entre ellos el propio presidente, José Antonio Sánchez, expiraba en junio de 2018. Aunque el Congreso de los Diputados ya había dado pasos, con acuerdos transversales, para poner en marcha un nuevo mecanismo, un concurso público, para renovar el citado órgano, al PSOE le entraron las prisas. Entre otras cosas, porque PP y Cs acordaron en la Mesa del Congreso, donde gozaban de mayoría, una normativa para dicho concurso que no contaba con el apoyo de los grupos de izquierda. Un galimatías, en suma, que el Gobierno quiso solucionar por decreto.

El decretazo del PSOE de 2018, casi tan lamentable como el decretazo del PP de 2012, permitía que el Congreso y el Senado renovasen a los diez miembros del consejo y eligiesen a un nuevo presidente, con mayoría absoluta en segunda votación y en el plazo máximo de un mes. En román paladino, la nueva mayoría salida de la moción de censura y encabezada por el PSOE se aseguraba renovar a su antojo la cúpula de la corporación. Los socialistas y los podemitas empezaron una negociación para ver quién debería presidir el ente público. Los propios Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estaban al frente de la misma y hablaron en varias ocasiones, antes de delegar las conversaciones en personas de su total confianza. El diálogo, que parecía ir por el buen camino, derivó en un desastre sin paliativos.

Gracias a las explicaciones que dio en Twitter la periodista Ana Pardo de Vera, directora de Público y protagonista involuntaria de lo sucedido, se supo cómo se cocinó ese intento de cambio[5]. Iglesias la llamó para comunicarle que Sánchez había accedido a que los nombramientos dependieran de Podemos y para informarle de que él la proponía a ella como presidenta. El jefe del Ejecutivo se inclinaba por Arsenio Escolar, ex director de 20 minutos y tertuliano en varios programas, donde siempre ha dejado claras sus afinidades progresistas. Aquí entra en escena Iván Redondo, el jefe de Gabinete de Sánchez, experto en comunicación política y al que muchos consideran gran artífice de la moción de censura contra Rajoy. Para empezar, por arte de magia, el diario El País publicó que Escolar era el mejor situado, lo que dinamitaba la negociación. Para continuar, en las negociaciones Redondo se opuso frontalmente a que Pardo de Vera fuera la elegida. ¿Por qué? Porque este hombre era el asesor de cabecera del entonces presidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago cuando Pardo de Vera destapó el escándalo de los viajes del político a Canarias.

Una vez quemados Escolar y Pardo de Vera, los negociadores de PSOE y Podemos encontraron a otro periodista que podría desempeñar las funciones del cargo: Andrés Gil, jefe de Política de eldiario.es. Al conocerse su candidatura acordada por Sánchez e Iglesias, la suerte del candidato ya estaba echada. Por un lado, sus buenas relaciones con Iglesias fueron utilizadas por los medios para arremeter contra su profesionalidad y contra sus capacidades; el PP llegó a decir que dicha elección suponía «regalarle la televisión pública a Podemos». Por otro, con exageración y sin freno se recopilaron sus artículos para mostrar que era un hombre demasiado peligroso para el puesto a tenor de su ideología de izquierdas. Los trabajadores de RTVE también se quejaron de que se eligiera a alguien que era ajeno a la casa y mediante una negociación entre dos líderes políticos. Ahí estuvo la clave del naufragio. Ante semejante presión, Gil renunció a ser presidente, porque «se requieren consensos más amplios». Así, un buen profesional, del periodismo y un buen tipo –quien esto escribe puede dar fe– acabó asaeteado.

Descartado el nombre de Gil, el PSOE y Podemos acordaron a otro candidato para presidir la corporación: Tomás Fernando Flores. Era un veterano de Radio Nacional que dirigía Radio 3. Su nombre contentaba a la mayoría de la plantilla, si bien se le acusó de ser el responsable del cierre de Carne Cruda, famoso programa radiofónico. Javier Gallego, director de dicho espacio, le acusó de haberlo suprimido de la parrilla mediante una «puñalada trapera»… En todo caso, era el elegido y, en los mentideros del Parlamento, se especuló con que su nombre se puso sobre la mesa para que el PP pudiera aceptar un pacto con PSOE y Podemos. Sí, han leído bien, PP, PSOE y Podemos en un mismo acuerdo para repartirse los diez sillones del consejo de administración de RTVE.

Llegó a haber conversaciones entre PSOE y PP a tal efecto, si bien los populares se bajaron de la negociación «porque no nos quieren dar ni el control del Canal 24 horas», en gráficas palabras de una fuente de dicha formación. Nótese el tamaño del esperpento de lo que se está contando. Pero viene lo mejor. Porque después, una vez fracasada dicha negociación, PSOE, Podemos y el PNV presentaron los nombres que habían acordado para el nuevo consejo de administración. El PP lanzó críticas furibundas contra los elegidos –entre ellos, Fernando López Agudín, Cristina Fallarás o Rosa María Artal–. Así es el teatro político donde tan bien se maneja el bipartidismo. Una farsa.

Tras este proceloso proceso previo, se iniciaron las votaciones en el Congreso y el Senado para elegir a los nuevos consejeros. Y, por fin, llegó el día en que se votaba en el Congreso la renovación de varios miembros del consejo de administración de la corporación y, por consiguiente, la elección del nuevo presidente. Era el 16 de julio de 2018. Una jornada para el recuerdo. El Ejecutivo había conseguido los apoyos necesarios para completar la renovación de los consejeros y elegir a Tomás Fernando Flores como presidente, merced al acuerdo entre PSOE, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. El desbloqueo llegaba para quedarse. La oposición de PP y Ciudadanos no podría con los hacedores del cambio. Entonces ocurrió lo que nadie podía esperar. De los 84 diputados del PSOE, dos no identificados –es imposible saber quiénes fueron, salvo que lo confiesen– votaron nulo, de forma que el Gobierno y sus socios perdieron la votación. Hacían falta los 176 votos de la mayoría absoluta y sólo obtuvieron 175. Así, el consejo no se pudo renovar en sede parlamentaria. Las caras de los diputados de Unidos Podemos eran un poema aquella tarde. Entre los nacionalistas no daban crédito a lo sucedido. En la calle Ferraz y en Moncloa, sin embargo, todavía resuenan los ecos de las carcajadas.

Era una derrota parlamentaria para el Gobierno, en teoría, pero el derrotado fue su socio preferente, en la práctica. Porque el Ejecutivo de Sánchez evitó esa imagen tan criticada de que entregaba el control de la corporación a Podemos. Iglesias y los suyos se quedaron sin lo que se les había prometido, compuestos y sin tele. Y el PSOE volvía a tener la sartén por el mango para controlar en solitario RTVE. Porque, según lo previsto en la ley de la corporación, tras esa derrota parlamentaria al Gobierno sólo le quedaba la opción, pobrecito, de elegir a un administrador único que ocupase temporalmente la presidencia, justo hasta que concluyese un incierto proceso de concurso público. La elegida fue la veterana y reputada periodista Rosa María Mateo, entre cuyos méritos estaba, aparte de su innegable profesionalidad, su afinidad al PSOE. Ella participó, sin ir más lejos, en una campaña de 2011 a favor del entonces candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ni a este tahúr de la política española se le hubiera ocurrido un guion tan positivo para el Gobierno.

Con Mateo como administradora única, poco a poco fueron desapareciendo algunos personajes nocivos que habían convertido RTVE en el cortijo del PP, eso es cierto, si bien también cayeron otras personas que no eran precisamente talibanes favorables a Rajoy. Llegó la purga esperada, en suma. Y, como manda la tradición de la radiotelevisión pública, pasaron a mandar los unos en detrimento de los otros. Los responsables de informativos cambiaron tanto en la televisión como en la radio. Los rostros de los principales programas cambiaron. Algunos tertulianos desaparecieron de la parrilla. Se reestructuraron los equipos de trabajo y, con todo ello, se degradó a determinados profesionales como si fueran mercenarios. Algunos lo merecían, porque habían manipulado hasta la saciedad, pero no todos. La nueva administradora llegaba para poco tiempo, en teoría, pero se apresuró en acometer estos cambios. ¿Por qué había tanta prisa si en pocos meses se iba a constituir un nuevo consejo de administración, basado en las recomendaciones de expertos, que podría cambiar las cosas de forma más justa? ¿Por qué no esperar?

En su primera visita al Congreso para participar en la comisión de control de RTVE, Mateo negó cualquier purga –«en lugar de purga quiero hablarles de ceses y cambios, que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales, porque no tolero que se ponga una cruz a nadie por su creencia, raza o ideología»–, insistió una y otra vez en su independencia, remarcó que había llegado el cargo «para dos meses» pero la cosa se estaba alargando contra su voluntad, y arremetió contra los políticos, a los que acusó con estas palabras rotundas: «Sólo les interesa RTVE cuando pueden controlarla».

«No soy partidista, aunque podría serlo como ciudadana. Creo en la independencia, no tengo argumentario, ni recibo telefonazos. No soy podemita ni socialista, soy una ciudadana que cree en la libertad». El vídeo no tardó en hacerse viral. Mateo pareció una heroína de la libertad. No es oro todo lo que reluce. Porque la verdad es que, como ella mismo reconoció, desde su llegada hasta el momento de la comparecencia se había destituido a 38 cargos directivos. También admitió que, en el área de informativos, «se ha prescindido de dos personas contratadas y se ha relevado a 25 cargos, todos con un destino de acuerdo con su cualificación profesional». No fue una purga tan descarada, en eso tenía razón, como cuando llegó el PP, que cambió a 47 de 49 cargos en los informativos. Pero hubo hasta 77 cambios en las diferentes áreas de la televisión pública. Y la pregunta es por qué había que hacer todas esas modificaciones en tiempo récord.

El botín, a manos llenas

Cuando se habla sobre RTVE, a todo el mundo le viene a la cabeza la manipulación de los diferentes gobiernos a través de sus periodistas afines. Lógico, es lo más polémico y lo más evidente. Es eso que está en las líneas que anteceden y que demuestra cómo se las gasta el bipartidismo. No obstante, los principales problemas de fondo de la corporación, esos que han provocado su ruina, son otros. Problemas que los gestores conocen pero ocultan y que tienen mucho que ver precisamente con el maridaje entre las elites políticas y económicas de la democracia borbónica que se aborda en este libro. Porque la radiotelevisión pública es, antes que un órgano de propaganda, un negocio, un gigantesco negocio. Y con dinero público, ese que «no es de nadie», ese que aportamos todos pero sólo dilapidan algunos.

La madre del cordero en RTVE se llama «producción externa». Pese a contar con miles de trabajadores, 9.000 antes del ERE de la época de Zapatero y 6.200 después, en la Corporación es costumbre, desde siempre pero más desde que se alzó como presidente Luis Fernández, allá por 2007, contratar a multitud de productoras para que ofrezcan productos propios que luego se emiten en la televisión pública[6]. Históricamente, la plantilla no ha parado de reclamar que se apueste por la producción propia, o sea, por los programas hechos por gente de la casa, y se deje la ajena sólo para los casos imprescindibles. Pero la ciclópea estructura de directivos sigue erre que erre. Pasan el tiempo y los gobiernos, pero las externalizaciones se repiten. Se trata, en realidad, de una privatización encubierta de los servicios públicos. Incluso se desmantelan las estructuras que servirían para la producción interna, como demuestra el derribo de los míticos Estudios Buñuel en 2015; en los antiguos Estudios Chamartín, renombrados en recuerdo al cineasta en 1988 por decisión de Pilar Miró, sitos en la madrileña Avenida de Burgos, se grabaron decenas de programas y no pocas películas. Eran un símbolo que se vendió por 35 millones de euros y fue derruido. Ahora allí se levantarán viviendas.

Los costes son altísimos debido a la apuesta por esa producción manufacturada fuera de RTVE y comprada a precio de oro. Esto provoca, a su vez, que haya presentadores que trabajan para la televisión pública pero obtienen sueldos propios de televisiones privadas, con cifras tan desorbitadas como opacas. El descontrol en el gasto es surrealista. Así, por ejemplo, se explica que El pueblo más divertido, un lamentable programa que duró sólo tres emisiones en prime time en 2014, costase 3,5 millones de euros, con la friolera de 13.000 euros por cada una de las 13 entregas para su presentadora, Mariló Montero; el espacio estaba producido por Cuarzo, la productora de Ana Rosa Quintana. En aquellos momentos, en 2014, Quintana y Montero eran, al mismo tiempo, competidoras en la franja horaria de las mañanas, como recordó el sindicato de TVE que denunció estas cifras.

Otro ejemplo de este estado de cosas es que Toñi Moreno se embolsaba 175.000 euros, a razón de 1.400 euros por cada día de emisión de Entre todos, un programa que costó a las arcas públicas 3,68 millones de euros y que estaba producido por Proamagna. El espacio era una copia de Tiene arreglo, emitido antes por Canal Sur y dirigido por la misma presentadora. Concitó numerosas críticas negativas porque consistía en pedir ayuda para gente con problemas económicos, de forma que se hacía espectáculo con la solidaridad. En Francia se le llamó «el programa de los pobres». Era, en verdad, un formato lacrimógeno que consistía en mostrar las peores desgracias imaginables para generar lástima en el televidente y pedirle dinero, sin ningún asomo de intención de denunciar o combatir las enormes desigualdades e injusticias que aparecían en pantalla.

Además de estos costes surrealistas, los sindicatos se han hartado de denunciar que lo más curioso es que muchos de los productores contratados son amigos de algunos directivos de la corporación o, lo que es peor, esos directivos pasaron antes por esas productoras. Se trata, en suma, de un escándalo permanente y silenciado. RTVE convertida en la gallina de los huevos de oro para las empresas privadas. Para colmo, desde 2009 ya no hay ingresos por publicidad, porque se impidió por ley, en beneficio de los grandes grupos de comunicación, que ahora tienen más porciones del pastel para repartirse. Por último, existe una total opacidad sobre los salarios que perciben todos esos directivos de la corporación que no se sabe bien a quién sirven. Como también es completamente opaco saber cuánto dinero se dedica a las tertulias y cuánto percibe cada uno de los tertulianos. Puro despilfarro. La enorme y desconocida factura de todo esto la pagan los ciudadanos.

Buen ejemplo de estos manejos es lo que ocurrió en marzo de 2015, ya con Sánchez como presidente de RTVE, cuando se estrenó el espacio La alfombra roja palace, emitido las noches de los sábados y producido por José Luis Moreno. En la primera edición, reapareció, como venida de ultratumba, la voz de ese ventrílocuo eterno que tanto nos deleitó con sus Monchito y Macario. Escuchar de nuevo a Moreno fue como hurgar en los recovecos de la memoria en busca de un ser mesiánico que llega a nosotros para salvarnos del infierno en estos tiempos confusos y cambiantes. Redivivo en un sonido inolvidable, como guiño a un pasado que parecía sepultado para siempre: «Os deseamos que vuestra alfombra sea mágica y os lleve a todas partes», decía el productor antes de sentenciar: «Que empiece el espectáculo». El espectáculo consistía en una sucesión absurda de sketches sobre parejas, actuaciones musicales y hasta desfiles de moda. Un bodrio con tintes machistas[7]. Duró cuatro emisiones y no era más que un remedo del viejo Noche de fiesta, el famoso programa de Moreno entre 1999 y 2004. El coste del bodrio fue de 3 millones de euros.

Desde hace años, las auditorías anuales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los informes del Tribunal de Cuentas coinciden en alarmar sobre lo que está ocurriendo. Los auditores denuncian que RTVE incurre en malas prácticas en la contratación, con evidentes favores a determinadas productoras y con gastos desmesurados. Por ejemplo, en su auditoría de 2015, la IGAE exponía, respecto al citado El pueblo más divertido que producía Quintana y presentaba Montero, que en teoría RTVE podía suspender la emisión si había mala audiencia y dejar de pagar, pero en la práctica no tuvo esa opción, porque la productora entregó todos los programas de una tacada y antes de empezar a emitirlos. El Tribunal de Cuentas decía, en su informe de fiscalización de 2010 y 2011, que en muchas ocasiones se contrata a productoras sin que esté justificado, porque se podrían utilizar «recursos internos». Las denuncias existen, pero nadie hace nada para remediar el problema, por lo que el agujero crece y crece. Las elites siguen a lo suyo, las políticas manipulando y las económicas extrayendo dinero, todos felices y contentos, en perfecta armonía, saqueando y destrozando lo público, lo que pagamos todos, a manos llenas.

[1] A. Lardiés, «De cómo un 'sorayo' distinguido quedó al pairo por no adelgazar la plantilla», Vozpópuli, 25 de septiembre de 2014.

[2] B. Montaño. «El Gobierno cobijó a Echenique en Acuamed en la época de los amaños», Vozpópuli, 22 de enero de 2016.

[3] J. M. Olmo, «González y Zaplana intentaron sin éxito llegar a Cospedal: “Hay que esperar que aterrice”», El Confidencial, 27 de abril de 2017.

[4] M. Paradinas, «El presidente de RTVE, señalado como “intermediario” en las grabaciones de Lezo», El Plural, 20 de noviembre de 2017.

[5] M. A. Uriondo, «Ana Pardo de Vera admite que Sánchez delegó la renovación de RTVE en Pablo Iglesias, que le ofreció la presidencia», El Español, 29 de junio de 2018.

[6] A. Lardiés, «Cinco potentes minas que convierten RTVE en un campo intransitable», Vozpópuli, 28 de septiembre de 2014.

[7] A. Lardiés, «“La alfombra roja palace” de TVE y José Luis Moreno: un bodrio sin audiencia ni talento», Vozpópuli, 23 de marzo de 2015.