CAPÍTULO XIV

Los villarejos, las cloacas y los paladines de la democracia

paladín

Del it. paladino, y este del lat. palatīnus ‘palaciego’.

1. ­m. Caballero fuerte y valeroso que, voluntario en la guerra, se distingue por sus hazañas.

2. m. Defensor denodado de alguien o algo.

 

Don Winslow es un escritor norteamericano que adquirió fama mundial gracias a su obra El poder del perro, donde se adentra, con un estilo tan sólido como crudo, en los peligrosos vericuetos de los narcos mexicanos. Los amantes de la novela negra conocemos de sobra a este autor especializado en dibujar las zonas oscuras de la sociedad. El último libro de Winslow se titula Corrupción policial y, como su nombre indica, se centra en las abundantes corruptelas de los agentes del orden, en este caso en la siempre novelesca ciudad de Nueva York.

El protagonista se llama Denny Malone, que es algo así como un superpolicía que se mueve en las alcantarillas de la sociedad, acostumbrado a utilizar cualquier medio para conseguir sus fines y quien, debido al lodazal que lo envuelve, decide junto a sus compañeros más cercanos acumular todo el dinero que pueden mediante negocios ilegales, turbios manejos y perversos chantajes. Toda la obra está jalonada, además, de micrófonos ocultos, chivatazos y delaciones, porque, como ya es de sobra conocido, la información es la mercancía más valiosa también en estas cloacas.

José Manuel Villarejo es, por así decirlo, la versión cañí de este agente Denny Malone que imagina Winslow. El veterano comisario de la Policía Nacional ha sido durante tres décadas el principal surtidor de grandes exclusivas de los principales medios de comunicación. Metido en mil y un charcos, incluidas operaciones de inteligencia relacionadas con el terrorismo yihadista, siempre al borde de la ilegalidad, Pepe o Villa, como le llaman algunos conocidos, acabó entre rejas en noviembre de 2017, en el marco de la investigación de la operación Tándem. Los agentes que llevaron a cabo la detención pusieron en marcha asimismo una serie de registros en varias viviendas del susodicho.

Los policías encontraron varias cajas fuertes ocultas donde el mitad comisario y mitad espía almacenaba horas y horas de grabaciones. Porque este hombre que ha disfrutado de total impunidad durante décadas con la anuencia o el respaldo de los diferentes ministros del Interior, sabe muy bien que la mejor manera para tener cogidos por sus atributos a unos y otros es grabar las conversaciones. Villa lo grababa todo. Y lo guardaba. Como particular arsenal que utilizar, llegado el caso, para defender sus intereses. A esto hay que añadir que utilizaba identidades falsas, como uno de esos agentes encubiertos de la DEA norteamericana.

Este Malone carpetovetónico es uno de esos tipos que se las saben todas y que frecuentan a los seres más extraños o peligrosos que alguien pueda imaginar. Un personaje de novela, en efecto, pero que tristemente no es de ficción, sino real como la vida misma. Sus actividades, que los tribunales decidirán si eran lícitas o ilícitas, estuvieron siempre permitidas por el poder y constituyen un síntoma más de las carencias de esta democracia borbónica. Porque la verdad es que las elites, siempre unidas por comportamientos tan poco edificantes, han coincidido en utilizar los servicios de este policía y empresario que se ha hecho millonario no se sabe cómo –o sí, pero da miedo saberlo–. En esa almendra central de Madrid donde se corta el bacalao, todos, ministros de PP y PSOE, periodistas de derecha o izquierda, empresarios del Ibex, jueces y fiscales, conocían de sobra las aventuras de Pepe. Cuando convenía, llamaban a su puerta para que, como si fuera el Señor Lobo de Pulp Fiction, solucionase los problemas que fuera menester.

La operación Cataluña y otros espionajes políticos

Una de las últimas andanzas en libertad de Villarejo fue su participación, como pieza clave, en la conocida operación Cataluña. Básicamente ocurrió que el Partido Popular quiso frenar el procés utilizando a un grupo de policías que se dedicaron a investigar por tierra, mar y aire a los políticos catalanes a fin de encontrar datos sensibles con los que desacreditarlos y, con ello, acabar con sus desbocadas ansias de independencia. Extremo que, por otra parte, no ha ocurrido, ni mucho menos, porque el independentismo sigue erre que erre aunque hayan caído algunos peces gordos del nacionalismo, como el ex molt honorable Jordi Pujol; de hecho, esta burda operación orquestada por el Ejecutivo del PP ha servido, a la postre, para reforzar los argumentos y el victimismo de los indepes.

El Ministerio del Interior que dirigía el catalán Jorge Fernández Díaz puso en marcha esta operación para atacar a los enemigos políticos del Gobierno. Así lo estipularon sendas comisiones de investigación que se celebraron tanto el Parlamento catalán como en el Congreso de los Diputados. Las conclusiones de ambas investigaciones parlamentarias, que pueden consultarse con facilidad en internet, suponen quizás el atropello a las libertades más grave acontecido en España desde los casos del terrorismo de Estado de los GAL. En esta ocasión el Estado no fue tan lejos, porque no mató ni secuestró a nadie, pero sí utilizó sus estructuras para intentar acabar con aquellos a los que consideraban peligrosos. El grupo parapolicial se financió en parte con fondos reservados y contó con la colaboración, además, de detectives privados.

En este contexto se enmarca uno de los acontecimientos más esperpénticos de los últimos años. En 2010, en el restaurante La Camarga de Barcelona, un detective de la agencia Método 3 grabó mediante un micrófono oculto la comida que mantuvieron en dicho local la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del matrimonio compuesto por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y Marta Ferrusola. El motivo de esta grabación, hecha pública por El Mundo en 2013, era conseguir de Álvarez información comprometedora sobre la familia Pujol. Pese a lo que se dijo en un principio y a lo que ella misma aseguró por activa, pasiva y perifrástica siempre que pudo, incluida una comisión de investigación, Sánchez Camacho sabía que estaba siendo grabada. En la dirección del PSC también estaban al tanto.

La grabación, además, incluye conexiones de lo más asombrosas. Porque en el ajo también estuvo Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Rajoy entre 2012 y 2017, que era amigo de Álvarez y la animaba para que diera el paso de denunciar al primogénito del ex president. «Si dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote», le escribió por Whatsapp Moragas en cierta ocasión. Ocho años después de la grabación, Sánchez Camacho es secretaria primera de la Mesa del Congreso y nadie le recuerda estos hechos luctuosos de su pasado reciente. Moragas es embajador de España en Filipinas. Quién sabe dónde estará Victoria Álvarez. La impunidad de las elites, otra vez hecha carne.

Al frente de este grupo de agentes desplegados en Cataluña para obtener bazofia que filtrar estaba el responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, Eugenio Pino, conocido como el DAO. Entre los policías que viajaron a tierras catalanas pululaba, no podía faltar, José Manuel Villarejo, dedicado a labores de «captación de fuentes». Pino y Villarejo mantenían una excelente relación. Aunque se suponía que todos debían hacer caso al director de la Policía, Ignacio Cosidó, lo cierto es que Pino despachaba sobre estos asuntos directamente con el ministro. Entre otras cosas, Villa utilizó varias identidades falsas, haciéndose pasar por periodista –Javier Hidalgo–, abogado –Manuel Pérez Villar– y agente del CNI, lo que le sirvió para obtener jugosos datos sobre las presuntas corruptelas de los independentistas. Por ejemplo, consiguió una famosa confesión del empresario Javier de la Rosa, que denunciaba las presuntas tropelías de Jordi Pujol.

La brigada patriótica, formada por unos 30 hombres dirigidos por Pino y cuya principal figura era este Pepe sin par, encontró unos cuantos puntos débiles de los nacionalistas. Alguien nunca identificado pero de esa órbita juntó todos esos ingredientes y, aunque no tuvieran nada que ver los unos con los otros, los salpimentó y los sofrió para que la opinión pública se diera un atracón. A este plato de sabores tan dispares que no hubiera cocinado ni Pepe Carvalho se lo llamó «borrador de la UDEF». ¿Cuáles eran las dos fuentes principales de ese documento sin firma? Las declaraciones de Victoria Álvarez y de Javier de la Rosa.

El diario El Mundo publicó este borrador pocos días antes de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2012, esas que Artur Mas convocó tras la sonora negativa de Rajoy a un «pacto fiscal» para Cataluña. El presidente de la Generalitat intentaba que la hegemónica CiU saliera reforzada. Los convergentes tenían 62 diputados en el Parlament y aspiraban a los 68 de la mayoría absoluta, para redoblar su presión al Gobierno central, porque por primera vez abogaban por el «derecho a decidir». El borrador, cuyo primer titular vinculaba a Pujol y Mas con cuentas en Suiza, dinamitó aquella campaña. Los líderes de CiU y otros muchos destacados nacionalistas, incluidos algunos empresarios punteros, aparecían señalados por corrupción en aquel documento que ni era oficial ni contenía datos indubitados, sino una mezcla de informaciones precisas y de burdas intoxicaciones. CiU no sólo no subió, sino que bajó hasta 50 escaños.

Simbólicamente hablando, la publicación de ese borrador fue algo así como la declaración de guerra del Estado a los nacionalistas catalanes. El pacto no escrito que funcionó durante varias décadas consistía en que Pujol y los suyos condicionaban los gobiernos centrales a cambio de prebendas de autogobierno para su comunidad, pero esa influencia se mantendría siempre y cuando no pisasen el acelerador independentista. El típico ten con ten entre elites. El falso borrador de la UDEF, que contenía gravísimas acusaciones contra la plana mayor del independentismo catalán, acabó con aquella prolongada luna de miel. De aquellos polvos surgieron los lodos del procés. Al final, el banquete acabó en indigestión.

Las filtraciones de datos sensibles sobre los políticos independentistas son las más conocidas, quizá, pero no las únicas durante la etapa de Fernández Díaz. Porque el Ministerio del Interior también utilizó a sus agentes especiales para actuar contra otros oponentes políticos. Quizás el mejor ejemplo sea la elaboración del famoso Informe Pisa (acrónimo de «Pablo Iglesias Sociedad Anónima») sobre la presunta financiación irregular de Podemos. A finales de 2015 y en 2016, la cúpula política del Ministerio del Interior controló y dosificó las filtraciones a medios de comunicación acerca de las investigaciones sobre la supuesta corrupción en las cuentas de Podemos. Los responsables del departamento dirigido por Fernández Díaz decidían cuándo se debía difundir cada bomba informativa y hasta qué medio debía hacerlo.

El objetivo de este control político, que además creó malestar en medios policiales e interferencias en varias investigaciones en curso, fue utilizar el impacto de estas noticias en la opinión pública en favor de la estrategia electoral del Partido Popular. Pasadas las elecciones del 20 de diciembre de 2015, se sucedieron varias informaciones sobre la financiación del partido liderado por Pablo Iglesias. Los medios se hicieron eco de pesquisas policiales que, por su naturaleza, evidentemente salieron del Ministerio del Interior. Unas filtraciones que se produjeron en momentos clave de las negociaciones para la formación de gobierno. Como la Fiscalía Anticorrupción no veía delitos en la documentación que manejaban los mandos de Interior sobre las cuentas de Podemos, se filtraban directamente desde el Ministerio para que después se judicializasen. Embarrar el terreno sin necesidad de que nada fuera verdad, claro.

El modus operandi de los responsables del Ministerio del Interior resulta escandaloso. Diversos mandos policiales que dependían jerárquicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, entonces dirigida por Francisco Martínez Vázquez, mantenían reuniones con periodistas de diversos medios. En dichos encuentros, los comisarios de turno mostraban a los informadores documentos con información pretendidamente sensible sobre la financiación de Podemos. Y a renglón seguido los mandos policiales daban a entender a sus interlocutores que la fecha de publicación de los documentos se fijaría por «órdenes de arriba». No importaba la verosimilitud de los datos, sólo se trataba de utilizarlos para erosionar lo más posible a Podemos y para impedir su entrada en el Gobierno.

Prueba de esta estrategia de filtraciones coincidente con la estrategia electoral del PP es que el famoso Informe Pisa no se publicó en la campaña electoral del 20-D. En los días previos a las elecciones generales, mandos de la Policía exhibieron ante varios periodistas este documento, fabricado en la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía. Los superiores habían decidido que no se publicase hasta después de los comicios, con la intención de no perjudicar al partido de los círculos para que obtuviera un buen resultado electoral; así, colateralmente, lastraría las opciones del PSOE y beneficiaría al PP. La Policía, al servicio del Gobierno de turno.

En esa luctuosa época de Rajoy en el poder, el Gobierno fue aún más allá en la utilización de las fuerzas policiales. Porque agentes encubiertos, los mismos enrolados en la «brigada patriótica» contra políticos catalanes y los mismos que traficaban con datos construidos contra Podemos, se dedicaron a espiar y sustraer documentación tanto a Bárcenas como a otros elementos que el Ejecutivo consideraba peligrosos. La operación Kitchen consistía en impedir a toda costa que aflorase la corrupción del PP. La Policía de Fernández Díaz y Cosidó utilizó fondos reservados para pagar, entre otros, a Sergio Ríos, el entonces chófer del ex tesorero del PP. Las cloacas, al cuadrado.

Una guerra policial sin cuartel

Por mucho que se hubieran estrujado las meninges, los periodistas de este país y, por ende, los ciudadanos no hubieran conocido ni la mitad de la información sobre la operación Cataluña de no ser porque en el seno de la Policía se desató una feroz guerra entre clanes. El comisario Villarejo y sus colaboradores, entre ellos Enrique García Castaño, alias El Gordo, frente al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y los suyos. En medio, el Centro Nacional de Inteligencia comandado por Félix Sanz Roldán, enemigo acérrimo de Villarejo. En puridad, todos los grandes escándalos policiales de los últimos años –la grabación de La Camarga, el caso Pujol, el ático de Estepona de Ignacio González, las andanzas del Pequeño Nicolás, el espionaje de Fernández Díaz al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, las grabaciones de Corinna o los audios de Dolores Delgado– provienen en mayor o menor medida de las puñaladas traperas que se han asestado miembros de estos clanes policiales.

Uno de los daños colaterales de esta guerra fue el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Quedó amortizado políticamente al filtrarse en 2015, poco antes de que Rajoy decidiera si era o no el candidato en las autonómicas, la grabación de un encuentro que mantuvo con Villarejo y García Castaño para abordar la problemática de su famoso ático en Estepona. Los tres se reunieron en La Mallorquina, establecimiento sito en la Puerta del Sol, a pocos metros de la sede de la Comunidad, donde González tenía su despacho. El Mundo dio cuenta del encuentro grabado y el entonces presidente quedó sepultado. Dos años después, en 2017, sería detenido en el marco de la investigación del caso Lezo, sobre el saqueo del Canal de Isabel II. Pagó 400.000 euros de fianza por salir de prisión. Vive alejado de los focos mientras prepara su defensa, aunque se le vio en un mercadillo de Santoña buscando gangas de imitación[1].

Martín Blas, cabeza visible de Asuntos Internos, empezó también a trabajar en esta brigada política a las órdenes del DAO Eugenio Pino, pero, cuando descubrió que las actividades del grupo eran ilegales, quiso poner coto a las actuaciones impunes de Villarejo. La pelea no iba a ser sencilla. Los de un bando y los de otro empezaron a filtrar y filtrar para erosionarse mutuamente. Gracias a tantas filtraciones, se conoció gran parte de la verdad de lo acontecido en diversos escándalos. Hubo daños inesperados, sí, pero la información también fue más abundante. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Pese a lo que aseveren los periodistas amigos de una parte o de otra, casi nadie es totalmente inocente en esta guerra, pero, como en cualquier ámbito, siempre ha habido clases. El documental Las cloacas de Interior, producido por Mediapro, con gran éxito en Cataluña y en el que aparecen el propio Martín Blas y el comisario Jaime Barrado denunciando las artimañas de sus oponentes, es una muestra fehaciente de que cómo funcionó la operación Cataluña y de cómo se desarrolló la guerra entre familias policiales.

La pelea era tan cruenta que se producían situaciones increíbles. En cierta ocasión, quien esto escribe publicó en Vozpópuli un artículo donde denunciaba los enfrentamientos entre Villarejo, El Gordo, Martín Blas y otros comisarios[2]. Uno de los susodichos, con el lenguaje tabernario y la baja catadura moral que lo caracterizan, telefoneó a Jesús Cacho, editor del periódico, para preguntar a voz en grito por «ese hijo de puta» que había descrito con pelos y señales algunas de las cuitas que enfrentaban a estos policías. Perdonen la batallita, amables lectores, pero, como decía Luis Cernuda, el insulto es la forma amarga del elogio. Es elogioso y muy reconfortante que estos individuos se acuerden de la madre de uno. Más reconfortante, eso sí, es acordarse de que algunos de estos sujetos pueden acabar donde merecen, entre rejas.

En el contexto de guerra entre dos bandos policiales, las cosas se empezaron a torcer para Villarejo con el caso del Pequeño Nicolás. En primer lugar, un informe elaborado por el equipo de Martín Blas señalaba y documentaba con fotografías una reunión mantenida en un parque de Madrid entre Villarejo y el famoso joven Francisco Nicolás. Luego se supo que los agentes de Asuntos Internos habían metido la pata hasta el corvejón, porque confundieron a Villa con un señor que sólo paseaba a su perro. Dicho error tampoco iba a salvar al veterano comisario, porque después fue señalado como posible autor de algo más serio: una grabación a agentes de la Policía Nacional y del CNI que charlaban sobre el caso Nicolay; la cinta podría servir para anular el caso del joven en los tribunales.

Una jueza investigó si Villarejo era el autor de dicha grabación, pero archivó la causa por falta de pruebas. Uno de los grabados era Martín Blas, que intentó personarse como acusación particular y al que el juez instructor de la causa contra el Pequeño Nicolás, Arturo Zamarriego, colocó al frente de las investigaciones del caso Nicolay. En las conclusiones de esas pesquisas, este comisario señalaba la existencia de una «organización criminal» liderada por su enemigo Villarejo y con la complicidad de otros policías y de periodistas. Un guirigay que no se le hubiera ocurrido ni a Dashiell Hammett para sus novelas.

El panorama se oscureció más para Villarejo a raíz de otro asunto turbio, el del presunto acoso que enfrentaba en los tribunales a la dermatóloga Elisa Pinto y al empresario Javier López Madrid. Este último es el «compiyogui» de los reyes, alto directivo del Grupo Villar Mir-OHL, creado y dirigido por su suegro, Juan Miguel Villar-Mir. Como ya se explica en otro capítulo, la alta sociedad madrileña se escandalizó sobremanera al conocer que López Madrid y Pinto se acusaban mutuamente de acoso en dos juzgados de la urbe. En las entrevistas que concedió para hablar de este asunto, una de ellas al autor, Pinto aseguraba que Villarejo era el autor del apuñalamiento que dijo sufrir en una ocasión mientras transportaba en su coche a uno de sus hijos; de hecho, lo reconoció en una fotografía como su atacante. Asimismo, la doctora aseveraba que López Madrid había contratado los servicios de Villarejo gracias a las indicaciones que le había dado su buen amigo Francisco Granados.

De estas afirmaciones de la citada dermatóloga se deducía que el mitad policía y mitad espía, o lo que quiera que fuera, también prestaba servicios a señores multimillonarios y con la connivencia de políticos de dudosa credibilidad. Elaboración de dosieres, arreglos de rencillas, pequeñas investigaciones, chantajes o protección. Quien tuviera dinero para pagar, gozaría de algunos de esos servicios o de todos al mismo tiempo. Y, por lo que parece, algunos pagaron grandes cantidades por estos trabajos en la sombra. Villa, eficaz solucionador de problemas, se valía para estos menesteres de una amplia red de contactos tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en otras instituciones públicas.

Arracimadas todas estas y otras muchas sospechas sobre Villarejo, fiscales de Anticorrupción y policías de Asuntos Internos se pusieron manos a la obra para cazar a este hombre tan audaz y tan bien relacionado que parecía imposible de capturar. A partir de noviembre de 2017, Villarejo y algunos de sus compinches, como su socio Rafael Redondo, el también comisario Carlos Salamanca o su gran amigo Enrique García Castaño fueron detenidos en el marco de las investigaciones de la operación Tándem. Desde entonces, la Audiencia Nacional investiga minuciosamente las mil y unas corruptelas que dormían, grabadas y almacenadas, en la guarida del veterano comisario caído en desgracia tras décadas de absoluta impunidad.

El Ibex 35 también contrata a Villarejo

Los trabajos de Villarejo para grandes empresarios dejaron de ser meras sospechas y se convirtieron en hechos incontestables gracias a las informaciones que El Independiente desveló en octubre de 2018[3]. Por fin se documentaba lo que muchos sabían pero ocultaban y lo que otros muchos no querían creer. El mitad policía y mitad espía había trabajado para a la flor y nata del Ibex 35. El grupo empresarial de Villarejo, llamado Cenyt (acrónimo de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) y con sede en la Torre Picasso, muy cerca de oficinas de estas grandes empresas, facturó por diversos conceptos al Santander, a Caixabank, a Repsol, a Mutua Madrileña y a Iberdrola. Ahí es nada. Pero, sobre todo, el holding creado por el ex comisario trabajó para el BBVA, su mayor pagador.

El banco entonces presidido por Francisco González, temido por casi todos y conocido en el mundo de los negocios como FG, pagó 5 millones de euros a empresas de Villarejo entre 2012 y 2017. Dos de las sociedades controladas por el agente encubierto emitieron hasta 21 facturas que pagó la prestigiosa entidad bancaria. Cuando se destapó semejante escándalo, desde el banco arguyeron que obligaban a su contratado a «cumplir la ley» en los trabajos que le encargaban. Uno de esos trabajos, por 175.000 euros, consistió en evaluar los riesgos de atentado yihadista que podrían sufrir los directivos del banco cuando viajasen a Turquía para hacer negocios. El enlace entre el BBVA y Villa era Julio Corrochano Peña, ex comisario de la Policía Nacional que abandonó el cuerpo en 2002 para convertirse en el responsable de seguridad de la entidad bancaria.

«Las aventuras de Pepe Villarejo» sería un nombre perfecto para una película o un libro que narrase todas y cada una de las peripecias de este comisario y empresario. La cantidad de información es apabullante. Y demuestra, aquí viene lo más duro, que Villarejo estuvo relacionado con casi todos los asuntos sombríos acontecidos en España en varias décadas. Sin ir más lejos, para terminar de entender su relación con el BBVA es decisiva otra información, esta aparecida en Vozpópuli, unos días después de las antes citadas[4]. Resulta que, en otra conversación grabada en 2005 entre Villarejo y García Castaño, dos tipos que, como en aquella película del Oeste, siempre cabalgan juntos, el primero le contaba al segundo que la entidad financiera le había encargado hurgar en asuntos personales del político Miguel Sebastián, al que culpaban de haber urdido la famosa operación que puso en marcha Luis del Rivero, presidente de Sacyr, para hacerse con el control del BBVA, con el visto bueno del Gobierno socialista de Zapatero. El BBVA quería esa información indiscreta destinada a «desestabilizar al enemigo».

De alguna manera, cualquiera que atesorase un poco de imaginación siempre había creído que estas cosas pasaban en España, sobre todo porque estaba claro que los poderosos tienen en todo momento más herramientas, gracias a su dinero, para cometer cualquier maldad que les venga en gana. Pero los referentes de las personas imaginativas se circunscribían a series de televisión o libros de más o menos éxito. Uno siempre quiere creer que estas barbaridades no ocurren, porque, como decía Machado, «confiamos / en que no será verdad / nada de lo que pensamos». Lo bueno de la fonoteca de Villarejo es que supone un prodigioso baño de realidad. Sonará tópico, pero esta realidad supera cualquier ficción imaginable. Gracias a las grabaciones que se han conocido –y a las que estarán por venir, porque había 40 terabytes de información oculta en las cajas fuertes de Villa–, se entiende mejor que nunca cómo funcionaban las maniobras más obscenas de los poderosos.

No sólo del Ibex 35 vive el hombre. Así que Villarejo hizo múltiples trabajos para otros empresarios y gentes de postín. Lo único importante era que pagasen bien. Porque él podía conseguirlo casi todo. Uno de sus clientes fue, al parecer, el empresario sevillano Juan Muñoz. Dicho así no suena relevante, pero el asunto coge fuerza al saber que es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Juan Muñoz y su hermano, Fernando Muñoz, se reunieron con nuestro hombre en febrero de 2017 en un restaurante de la capital andaluza. Y allí trataron de un asunto personal para el que necesitaban ayuda. Un tipo al que apodan «Pintor» debía dinero a los hermanos porque trabajó para ellos como asesor fiscal. El abogado de este sujeto era un ex juez inhabilitado. El plan para el que necesitaban al polifacético Villa era buscar las «debilidades» de este abogado y, así, intentar cobrar la deuda pendiente[5]. Una de esas flaquezas era, al parecer, que existía o podía existir un vídeo en el que se veía al personaje «farlopeando con dos periquitas». Traducido del lenguaje de Villarejo al de la gente normal, sería «consumiendo cocaína con dos prostitutas». Otra preciosidad para la colección.

Una de las primeras turbiedades que se recuerdan en el currícu­lo de Villarejo es su relación con el Informe Véritas, elaborado en los años noventa para acabar con la carrera del juez Baltasar Garzón, que entonces investigaba los crímenes de los GAL, mediante la falsa acusación de que participaba en orgías sufragadas por traficantes de armas. Curiosamente, años después de aquella operación, Garzón mantiene (o mantenía) una excelsa relación tanto con Villarejo como con García Castaño. En la edición del programa Salvados donde Jordi Évole entrevistó al mitad policía y mitad espía, también participó Garzón, que habló bien de su amigo. Además, defendía como abogado a El Gordo en la causa de la operación Tándem contra ambos comisarios. Relaciones inquietantes que sólo pueden explicarse en un universo, el de las elites de la democracia borbónica, donde casi todo es posible y casi nada es realmente como parece.

Otro de los audios para el recuerdo de Villarejo sirvió, de nuevo en el agitado otoño político de 2018, para poner contra las cuerdas a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y muy cercana a Garzón. Resulta que una web hasta entonces casi desconocida, Moncloa.com, donde, por cierto, trabajan buenos periodistas de investigación, desveló la grabación de una comida celebrada en 2009 a la que asistieron el propio Garzón, Delgado, Villarejo, García Castaño y otros comisarios relevantes[6]. Sólo faltaban un par de los hermanos Marx. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Rianxo de Madrid y el motivo fue celebrar precisamente la concesión de una medalla al inigualable Pepe.

La titular de Justicia negó en un primer momento cualquier relación con el mitad policía y mitad espía, si bien luego tuvo que rectificar y reconocer que sí se conocían. En la conversación, Delgado llamaba «maricón» al juez Fernando Grande Marlaska, que, cuando se publicó el audio, era ministro del Interior y, por tanto, compañero de Gobierno de quien así se refería a él. La ministra fue reprobada en el Senado y se multiplicaron las peticiones para que dimitiera, aunque ella, de fuerte carácter, no se amilanó y eludió renunciar.

De aquella comida, para más inri, se derivó otro escándalo, porque resulta que Villarejo le contaba a uno de sus interlocutores, cuando ambos iban al servicio, qué momento, los detalles de otra comida igualmente sospechosa. En el verano de 2008, seis meses antes del estallido del caso Gürtel, almorzaron el propio Villa, su amigo Garzón y otros dos comisarios: el entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y el entonces comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González. Éramos pocos y parió la abuela. Porque por las manos de estos dos últimos policías también han pasado informaciones de altísima sensibilidad y porque siempre se han vertido sospechas sobre sus conductas.

En el caso de Olivera, se le señala como uno de los responsables de poner en marcha la operación Cataluña. Como hay conexiones para todos los colores, no está de más recordar, varados en este puerto, que el propio Juan Antonio González, al que siempre se le ha atribuido una especial cercanía al PSOE, el propio Garzón y la propia Delgado estuvieron en aquella famosa cacería de febrero de 2009 en Quintos de Mora (Jaén), sólo un par de días antes de que empezasen las detenciones del caso Gürtel. La cacería es muy recordada porque en ella también estaba el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que tuvo que dimitir precisamente por haberse ido a pegar tiros con el juez instructor, la fiscal y el comisario.

La penúltima remesa de audios sobre la obra y milagros de Villarejo, alumbrada a finales de octubre de 2018 por varios medios, era de lo más completa. De nuevo gracias a Moncloa.com, se conoció que en 2009 la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió en su despacho de Génova 13, sede del PP, con el célebre personaje gracias a la mediación, claro está, de Ignacio López del Hierro, marido de la política y buen amigo del mitad policía y mitad espía; el motivo era que la número dos del PP quería información sobre la trama Gürtel que se estaba investigando[7]. El Mundo desveló que, en 2011, el ex comisario, polifacético, también espió una cena en la que se reunieron Rajoy y capos del Ibex 35[8]; el convite tuvo lugar en la casa del conde de Godó y entre los asistentes estaban, atención, Isidre Fainé, Antonio Brufau, Florentino Pérez, Borja Prado, José Manuel Lara, Rodrigo Rato y un distinguido etcétera. Vozpópuli reveló una conversación grabada en 2005 en la que Villarejo narraba que cobró 80 millones de pesetas –unos 480.000 euros– del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González como pago a servicios especiales, entre los que estaban seguir los pasos y espiar a los periodistas Pedro J. Ramírez, Jesús Cacho y Melchor Miralles[9].

Basta ya, por ahora, de tramas superpuestas y de ejemplos sobre los numerosos trances de nuestro Denny Malone castizo. Toca recuperar el resuello y la clarividencia. El juez Diego de Egea, instructor de la operación Tándem en la Audiencia Nacional, describía en un auto, fechado el 4 de junio de 2018, la forma de actuar de Villarejo. Este hombre era contratado «para elaborar informes de consultoría que, en realidad, eran informes de inteligencia y dosieres personales, utilizables en el ámbito de luchas personales, y que elaboró utilizando información de carácter confidencial a la que accedía debido a su condición policial». O sea, Pepe hacía negocios privados gracias a su acceso a información sensible por su condición de agente público.

Siempre según el escrito del instructor, Villarejo utilizaba, además, «un complejo entramado societario que le permitiría diluir el origen ilícito de los fondos para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias en el extranjero que suponían la repatriación de fondos ilícitamente obtenidos». «De este modo –agregaba el juez en su auto–, Villarejo simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de inteligencia para sus clientes.» Trabajos por los que recibió «importantes retribuciones económicas». Es decir, Pepe se estaba forrando con sus investigaciones parapoliciales y lavaba el dinero mediante ingeniería financiera. Todo un servidor del Estado. Y, sobre todo, del estado de su propio bolsillo.

La política, convertida en una ruleta rusa

Tal como se detalla en el tercer capítulo, el otro gran enemigo íntimo de Villarejo, aparte del comisario Martín Blas, es el director del CNI, Félix Sanz Roldán. El caso de las cintas de Corinna demuestra que ambos personajes han hecho todo lo posible por destrozarse las reputaciones. Para algunos, la grabación a la ex amante de Juan Carlos I constituye un claro chantaje a la Casa del Rey por parte de Villarejo, que buscaría así lanzar un aviso para navegantes a fin de que le sacasen de la cárcel, donde entró en noviembre de 2017, como se ha dicho. Según esa tesis, bastante verosímil, tanto esa grabación a Corinna como la mayoría de audios más impactantes –sobre Dolores Delgado, sobre el BBVA, sobre el marido de Ana Rosa Quintana, sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey, etcétera– serían munición de Pepe y sus socios para amenazar al Estado. Además, los secuaces de Villa tendrían material aún más potente, como las comunicaciones entre Felipe VI y su amigo López Madrid. Incluso hay sectores mediáticos y policiales que achacan a este grupo la filtración del célebre vídeo de las cremas que remató a Cristina Cifuentes.

«Si no sacáis a nuestro hombre de la cárcel, aquí va a arder Troya», dirían estos personajes con el revólver humeante y aún cargado. Lo cierto, por seguir con la metáfora, es que la política española, de por sí una ópera bufa, se ha convertido durante todo 2018 en una suerte de ruleta rusa. Nadie sabe quién va a ser el siguiente en aparecer en comprometidas conversaciones con Villarejo. Hay muchos candidatos, porque en las últimas dos décadas casi todos los que han sido algo en España en los ámbitos de los negocios, la política y el periodismo –sobre todo en este último– se han reunido con el incombustible Pepe, con García Castaño y con algunos otros de sus afines. Que cada palo aguante su vela, en todo caso, y que se publique todo lo que se tenga que publicar. Caiga quien caiga.

Para otros tipos informados, en cambio, las filtraciones provendrían de los policías que se incautaron de la documentación o de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban ese material incautado, dado que los escritos de los fiscales de la causa eran especialmente duros, al definir a los investigados como «clan policial mafioso» y «consorcio criminal» que «infectó a la Policía». Los entramados y los intereses son de tal calibre y se cruzan de tal manera que es casi imposible dilucidar el cui prodest de todo este montón de fango filtrado. Existe la posibilidad, en el colmo del enredo de la madeja del cordel, de que el único objetivo de estos audios que están llegando a las redacciones de casi todos los periódicos de Madrid sea lograr la nulidad de las actuaciones y la consiguiente puesta en libertad de Pepe y sus amigos. Poco importa, en realidad, quién sea realmente el filtrador de esta información tan sensible y con qué objetivos lo haga. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y la verdad, en esta democracia borbónica, apesta a cloaca.

No sólo los políticos de PP y PSOE o los periodistas que han bebido durante años de la fuente inagotable de Villa tienen razones para temer ser protagonistas de las grabaciones. Hay algunos empresarios muy poderosos, hombres discretos que casi nunca aparecen en los medios por voluntad propia, porque suelen tener a mamporreros que les hacen el trabajo sucio, que quizá también tengan miedo a aparecer en las cintas. Quienes más y mejor han investigado los vínculos entre el clan de Villarejo y el empresariado son Patricia López y Carlos Enrique Bayo, periodistas de Público, y Javier Ayuso, de El País. Entre la gavilla de nombres que han ido aportando en sus múltiples y muy documentadas informaciones aparecen algunos de estos señores del dinero que tienen muchas papeletas para aparecer vinculados al inimitable Pepe.

El nombre por excelencia es Mauricio Casals, presidente de La Razón, hombre fuerte del grupo Atresmedia en Madrid y adicto a las intrigas. El vínculo entre este hombre, conocido como «príncipe de las tinieblas», y el comisario aparece cristalino en diferentes escuchas telefónicas tanto del caso del Pequeño Nicolás como de la trama Lezo. Por este último caso llegó a ser investigado por las presuntas amenazas a Cristina Cifuentes; en las conversaciones intervenidas pronosticaba, respecto a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, que «esta señora las va a pasar putas» –vaya si las pasó–. También es conocido porque susurraba a las vicepresidentas, dada su estrecha relación con María Teresa Fernández de la Vega en tiempos de Zapatero y con Soraya Sáenz de Santamaría en tiempos de Rajoy.

Otro empresario del Ibex 35 al que conocía bien Villa era Manuel Delgado Solís, consejero de la constructora ACS, ex consejero de Unidad Editorial, investigado en el caso Gürtel y ex abogado del cabecilla de dicha trama, Francisco Correa. Un tipo que, por otra parte, fue socio de Ramón Blanco Balín, viejo amigo de Aznar, presunto cerebro de la Gürtel que conectó a Correa con Fasana en Suiza, experto en finanzas y en aflorar dinero, ex vicepresidente de Repsol y ex apoderado de la empresa con que los Albertos controlaban numerosas acciones de ACS.

Por último, lo mejor hay que dejarlo para el final, entre los empresarios interesantes que amistaron con Villarejo está Adrián de la Joya, un desconocido para el gran público que formó parte de no pocos negocios importantes en el pasado y que hace unos años recogió sus bártulos empresariales y se fue a vivir a Suiza[10]. Cercano a los Albertos y Mario Conde en los años noventa, relacionado con la Telefónica de Juan Villalonga, después, y gran amigo del propio Villarejo y de Casals. Entre otras propiedades, tiene a su nombre la Hacienda La Alamedilla, una finca de 40 hectáreas ubicada en Toledo. Dicha Alamedilla es el nexo que une cabos que aparentemente nada tienen que ver pero que quizás estén muy relacionados. Esta finca, que antes era propiedad de Mario Conde, es la misma con la que el Pequeño Nicolás pretendía presuntamente perpetrar una estafa. Eso explicaría por qué, cuando se detuvo al joven, Villarejo se puso tan nervioso y llamó unas cuantas veces a sus amigos Casals, Delgado Solís y De la Joya, así como a varios comisarios como su inseparable García Castaño y hasta al mismísimo secretario de Estado de Seguridad[11].

Amén de su amistad con Villarejo, este De la Joya se ocupa en tierras helvéticas de cosas como cobrar a OHL 1,4 millones de euros que en realidad eran una comisión para Ignacio González. El empresario admitió en sede judicial haber percibido esta cantidad pero dijo que se la quedó porque la empresa de López Madrid le debía dinero. Y así se podría seguir vinculando a unos y otros personajes ad infinitum. Estos tipos, los Casals, De la Joya, López Madrid o Blanco Balín, hacedores de enjuagues variopintos y depositarios de innumerables secretos, encarnan el verdadero poder en la democracia borbónica. Y tienen en común sus relaciones, de un tipo u otro, con Villarejo, sus vínculos con el poder político y, por supuesto, su pasión por Suiza.

En suma, por sus conexiones y sus quehaceres, Villarejo representa tal vez mejor que ningún otro policía la forma de proceder que durante décadas ha sido costumbre en la democracia borbónica y que más y mejor ha favorecido a las elites políticas y económicas. Pero no es, ni mucho menos, el único personaje de esta guisa. Al igual que se ha explicado en capítulos precedentes respecto a diferentes instituciones públicas, en la Policía se imponen los nombramientos por afinidad ideológica y no por los méritos del elegido. Invariablemente, cada nuevo Gobierno, en concreto cada ministro del Interior que jura el cargo, cambia a los principales dirigentes policiales a conveniencia de parte. Una actitud compartida por PP y PSOE que se ha normalizado a fuerza de costumbre pero que no es normal. Ni lógica. Ni justa.

La politización de la Policía, la utilización partidista de la misma y las consiguientes colocaciones a dedo de los mandos policiales han provocado monumentales insultos a la inteligencia de los ciudadanos, como aquel chivatazo a ETA en el bar Faisán para evitar la detención de terroristas y, así, fortalecer el llamado proceso de paz de Zapatero, como aquella repugnante manipulación en el 11-M y los días posteriores para achacar a los etarras el atentado yihadista, o como aquella chusca operación de espionaje entre políticos del PP de la Comunidad de Madrid, por citar algunos ejemplos execrables y recientes donde determinados policías sirvieron los intereses de ciertos políticos y no los intereses generales. Villarejo se ha convertido en el principal símbolo de eso que se ha dado en llamar las cloacas del Estado, pero hay otros muchos comisarios, algunos de ellos muy cercanos a los grandes partidos, que han pervertido y atrofiado las labores de los cargos que les ha tocado ostentar.

Con esos policías, corruptos, politizados o ambas cosas a la vez, han colaborado no pocos fiscales y algunos magistrados. Las pruebas más evidentes de esta connivencia entre los diferentes paladines de la democracia, que en teoría dan lecciones al personal pero en la práctica sirven a sus amos, están otra vez en la operación Cataluña que se narraba líneas más arriba. Lo decía, sin cortarse un pelo, el ministro Fernández Díaz en las conversaciones grabadas que mantuvo con el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, cuando hablaban de la posibilidad de publicar informaciones sobre un político independentista: «Esto la Fiscalía te lo afina»; «Puedo hacer la gestión con el fiscal general»; «Esto es un torpedo en su línea de flotación»; «Cuando lo publicas, generas una presión mediática que hace que se tomen interés por el tema»[12]. El ministro que maquinaba estas filtraciones para desprestigiar a sus rivales políticos nunca dimitió de su cargo ni ha pedido perdón, sino que se presenta como víctima de las grabaciones.

Al final, con Villarejo pasa como con Malone en Corrupción policial. Llega un momento en que cualquier observador cae en la cuenta de que todos los que rodean a Pepe, otros policías, los jueces, los fiscales, los empresarios y los políticos, están tan metidos en la mierda como él. Algo parecido a la célebre serie The Wire, que empieza narrando el mundo de las mafias dedicadas la venta de drogas y, según van pasando las temporadas, acaba contando la corrupción policial, judicial y política. Salvando las distancias, con las cloacas de estos villarejos de la villa y corte te ocurre lo mismo que cuando lees las andanzas de Malone o ves las aventuras de la serie ambientada en Baltimore: acabas dudando.

Aunque en ningún momento justifiques a estos policías, en algunos de esos instantes de tribulación ya no sabes si considerarlos seres perversos que deberían ser encarcelados a toda costa, o percibirlos como un mal necesario que conviene a las sociedades occidentales porque se encargan del trabajo sucio, ese para el que los demás no quieren mancharse las manos. Finalmente, cuando tienes la cabeza fría y observas los hechos con detenimiento, eludiendo prejuicios y siendo lo más honesto posible, eso que debe hacer todo periodista, concluyes que individuos semejantes no deben campar a sus anchas en una sociedad que quiera llamarse democrática.

[1] A. Lardiés, «El 'Black Friday' de Ignacio González: buscando gangas en un mercadillo de Santoña», El Español, 26 de noviembre de 2017.

[2] A. Lardiés, «El caso del ático de González destapa una guerra fratricida entre seis comisarios de Policía», Vozpópuli, 2 de marzo de 2015.

[3] A. Salvador y A. Martialay, «El BBVA pagó más de cinco millones al comisario Villarejo entre 2012 y 2017», El Independiente, 11 de octubre de 2018.

[4] T. Calleja y A. Requeijo, «Villarejo hurgó para el BBVA en la vida privada del exministro Sebastián», Vozpópuli, 24 de octubre de 2018.

[5] M. Recuero, «Así planeó un chantaje Villarejo con el marido de Ana Rosa: “No le interesa salir en YouTube farlopeando con dos periquitas”», El Mundo, 23 de agosto de 2018.

[6] A. Rodríguez, «Los audios que prueban la estrecha amistad entre Dolores Delgado y el comisario Villarejo», Moncloa.com, 24 de septiembre de 2018.

[7] J. Vidal, «Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en su despacho de Génova», Moncloa.com, 30 de octubre de 2018.

[8] C. Segovia, «Villarejo espió una cena de Rajoy con empresarios y usó los datos para lograr contratos en el Ibex», El Mundo, 29 de octubre de 2018.

[9] T. Calleja y A. Requeijo, «Villarejo reveló que espió a Jesús Cacho y Pedro J. Ramírez con fondos reservados», 30 de octubre de 2018.

[10] J. Ayuso, «Adrián de la Joya, el amigo de todos con casa en Suiza», El País, 28 de abril de 2017.

[11] P. López y C.E. Bayo, «Villarejo llamó a tres consejeros del IBEX y a dos comisarios para frenar el “caso Nicolás”», Público,12 de septiembre de 2017.

[12] C.E. Bayo y P. López, «Fernández Díaz: “Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”», Público, 22 de junio de 2016.