EL ESTADO FEDERAL EN EL PSOE: DE SURESNES A LOS PACTOS AUTONÓMICOS

Vega Rodríguez-Flores Parra
Universitat de València

La reflexión acerca del federalismo en el Partido Socialista Obrero Español se mantuvo viva durante todo el proceso de la transición democrática. Y decimos viva porque no se teorizó sobre esta problemática desde una posición estática que desarrollara fielmente unos dogmas bien aprendidos y extendidos entre la militancia del partido. Podríamos decir que esto ni siquiera sucedía entre la élite dirigente encargada de conducir y alentar el debate. La discusión estaba viva, pero también se aprecia la inexperiencia entre la mayoría. Pese a todo, vivo no implicaba masivo, de hecho no parece que entre las preocupaciones más importantes del grueso de los miembros del PSOE estuviera esta cuestión. Probablemente por todo esto sabían de la necesidad de apresurarse en la elaboración de una alternativa meditada que ofreciera una respuesta lo más coherente y consecuente posible.

Cuando nos referimos a que reflexionaban en torno al federalismo quizá deberíamos matizar, ya que no abundaban sesudas teorizaciones sobre este complejo concepto de forma abstracta, sino que durante esta etapa se esforzaron por dotar de contenido concreto su opción federal para España. Pese a que la defensa de un Estado federal no era en absoluto una novedad para los socialistas, se impuso en estos momentos la necesidad de ahondar en esta alternativa, entre otras cosas por el protagonismo creciente que esta formación tenía en la elaboración de la infraestructura del nuevo Estado democrático, y por la intensidad, cada vez más acusada, con la que la izquierda española se solidarizaba con las reivindicaciones de autonomía de las nacionalidades y regiones. No debe ignorarse que a partir de los años setenta, desde los partidos considerados como de izquierda radical y especialmente desde los partidos socialistas que tenían su origen en las propias nacionalidades o regiones, se había generado un discurso cada vez más preocupado por su identidad diferenciada y los derechos que de esta se generaban. Esta tendencia, que se fue haciendo más fuerte conforme nos acercamos al inicio de la Transición, se contagió a los partidos de la izquierda mayoritaria, representados fundamentalmente por el PCE y el PSOE, que aunque de obediencia española no debían ni podían quedarse atrás en estas cuestiones. Ciertamente esto estaba influido por la solidaridad con unas aspiraciones que se consideraban justas, entendidas como parte de la lucha antifranquista por la democracia; pero sin lugar a dudas también ejerció un papel importante en este cambio la competencia entre los partidos de izquierda, que una vez se iniciaba la democracia no podían quedarse atrás con ninguna de las reivindicaciones que pudieran arrastrar tras de sí las aspiraciones de parte de la población.

El PSOE quedó definido como federalista en 1974, como sucedió también en 1981, pero muchas cosas cambiaron entre estas dos fechas. Cambió el contexto y el propio partido y con ello cambiaron, evolucionaron o se adaptaron los presupuestos y el discurso en torno al «problema nacional» y a su solución, lo que implicaba necesariamente al federalismo del que se hacía gala. En el primer supuesto se trataba de una apuesta decidida por esta forma de Estado, al menos en teoría y en el marco del «programa máximo», por lo que en la Resolución sobre nacionalidades y regiones del Congreso de Suresnes en octubre de 1974 se afirmaba como uno de los principios fundamentales: «El PSOE se pronuncia por la Constitución de una República Federal de las nacionalidades que integran el Estado español…».¹ En 1981, la Constitución no había sancionado un Estado federal y los socialistas ya no se referían a ello más que de una forma secundaria, casi en un tono idealista, que además muy poco tenía que ver con el contenido del resto de las Resoluciones sobre política territorial de este congreso. De forma escueta, se mencionaba el federalismo como una forma futura y deseable, pero sin olvidar que la necesidad del momento requería un paso previo, el Estado de las autonomías, que centraba por el momento todo su interés:

… siempre hemos creído que la viabilidad política del federalismo exigía una fase previa de devolución de los poderes centralizados a las nacionalidades y regiones (la fase de construcción de las autonomías). Que constituye en sí misma un proceso histórico cuyo desenlace lógico y político puede y debe ser el Estado Federal. De ahí nuestra defensa de las autonomías y también del carácter político de toda autonomía…²

Como estamos viendo, la apuesta federalista de los socialistas sufrió un cambio importante, al menos aparentemente, de 1974 a 1981. El saber cómo se produce este cambio, o si supuso un giro radical de sus presupuestos iniciales, son algunas de las cuestiones que trataremos en las siguientes páginas. Ya hemos mencionado que el debate sobre el federalismo dejaba ver un partido en el que se pretendía ahondar en una materia no consensuada, más aún, sobre la que no se tenían opiniones claras ni muy formadas. En cualquier caso, estuvo siempre marcado por el deseo de permitir la convivencia de unos pueblos, nacionalidades o regiones en una unidad superior estatal y española, clave que nos permitirá entender la lógica del pensamiento socialista en estas materias. El concepto en el PSOE de la estructura de Estado no puede desligarse del concepto de España y de nación española que imperaba en el partido. Partimos de la tesis de que se compartía de forma mayoritaria un nacionalismo plural y distinto al nacionalismo centralista y excluyente que el franquismo había impuesto y contra el que reaccionaba la izquierda española; pero no puede por ello ignorarse que era heredero de una determinada manera de pensarse y construirse como partido español y así se observa en sus prácticas y discursos. El hecho de que el socialismo promulgara el internacionalismo no impide en absoluto reconocer que, tanto en la práctica como de forma teórica, la relación con el nacionalismo ha sido siempre muy estrecha, pese a que haya suscitado intensos debates e incluso aparentes contradicciones sobre las que la historiografía ha reflexionado.³ Si bien es cierto esto, el problema de la izquierda y el nacionalismo español, sobre todo si hablamos del periodo que comprende la transición democrática, no ha sido tratado en profundidad, pese a que en los últimos años parece que esta dinámica está cambiando.⁴

Precisado el referente nacional del socialismo, estableceremos algunos criterios muy básicos sobre el federalismo, no con el ánimo de definirlo, cosa que se aleja por completo del objetivo de este artículo, ni siquiera con la intención de plantear el complejo debate que acerca de tal término existe entre los especialistas. En realidad vamos a tratar de contextualizar la opción federal o federalizante de los socialistas para la incipiente democracia española. Qué es un Estado federal no supone una pregunta sencilla, ya que no existe un modelo aceptado universalmente para definirlo. El propio Estado de las Autonomías podría pasar, según muchos autores, por una especie de forma híbrida que demuestra la dificultad de encorsetar la realidad en unos paradigmas teóricos que se revelan demasiado estrictos. Según Ferran Requejo estaría a caballo entre un Estado regional, que lo abría inspirado constitucionalmente, con algún aspecto más propio de los modelos centralistas, y otros que lo acercarían más a los Estados federales, concluyendo que «és un model presidit per una lògica més “regionalitzadora” que genuïnament federal».⁵ Xosé M. Núñez Seixas, muy consciente de la polisemia de estos conceptos, califica a España como «Estado regionalizado»; «modelo federalizante», en lo que respecta a la distribución del poder pero no de la soberanía, o «Estado democrático ampliamente descentralizado».⁶ Otros autores, como Eliseo Aja, prefieren no prestar demasiada atención al nominalismo en la Constitución de 1978, de manera que, pasando por alto que no se define como federal, considera que en el Estado autonómico se dan los elementos esenciales que deben encontrarse en el federalismo, reconociendo sin embargo que existen algunas diferencias reseñables, por lo que lo califica como «sistema federal con hechos diferenciales».⁷ Miquel Requejo hablará de «estat compost», en el que «dues concepcions d’Espanya radicalment oposades es posaven d’acord malgrat mantenir el desacord de fons». Las dos posiciones nos son explicadas por este autor a través de las palabras del ponente constitucional Jordi Solé Tura: aquellos que compartían la visión de España como una nación única e indivisible y por otra parte quienes pensaban en un conjunto de pueblos, nacionalidades y regionalidades.⁸ Aquí subyace la cuestión de fondo y por ese motivo nos hemos detenido en describir qué se entiende en muchas ocasiones por el Estado de las Autonomías. En ningún caso pretendemos responder a esta pregunta, pero nos interesa remarcar que su indefinición se debe a que fue el producto de un compromiso entre diferentes concepciones y visiones que colisionaron, que dialogaron y que debieron converger, dando como resultado el Estado de las Autonomías. Entonces, ¿cuál fue la postura del Partido Socialista Obrero Español? ¿Se convirtió en el adalid de alguna de estas dos concepciones? Desde luego, Solé Tura tenía la intención de reducir al máximo un panorama que él sabía mucho más complejo, pero debemos tener cuidado de no descontextualizar una afirmación como esta, ya que existe el riesgo de que se simplifique tanto que tan solo se muestre la anécdota o la caricatura. El propio PSOE, en su XXIX Congreso de octubre de 1981, una vez que el proceso autonómico ya estaba encauzado, hacía su interpretación de qué concepciones sobre el Estado habían intervenido en los trabajos constitucionales, estableciendo algún factor más en juego:

Se ha dicho, con razón, que en el Título VIII de la Constitución concurren tres tradiciones políticas diferentes: 1) la liberal conservadora, utilizada por Alianza Popular y la mayoría de UCD, partidaria de un simple proceso de descentralización regional del Estado, combinado con el reconocimiento de la autonomía política para Cataluña y el País Vasco. 2) Los nacionalismos burgueses, de raíz tradicionalista, orientados al reconocimiento de su autogobierno particular sobre la base del pacto y hacia su desarrollo sobre la base de un proceso de negociación bilateral permanente. 3) La democrática y federalizante asumida por el socialismo español.⁹

En las siguientes páginas trataremos de observar cuál fue la postura federal o federalizante de un partido que fue clave y decisivo en el diseño de la estructura estatal con la que se dotó a la nueva democracia. Es decir, pretendemos ver cómo se defendió el principio federal que esgrimían de forma muy evidente en los inicios de la Transición y de una manera más sutil hacia finales del proceso; si se sufrieron renuncias importantes debido a la coyuntura histórica, a la necesidad del pacto constitucional o al mero oportunismo; o si por el contrario existió una evolución lógica de este pensamiento dentro de las dinámicas propias del momento, del partido y de la ideología que siempre habían defendido. Nos ocupa por tanto, también, la cuestión de si en el PSOE se situaban con los de la España única e indivisible; con los que preferían una España plural de nacionalidades y regiones, o si se trataba más bien de una postura híbrida, como el Estado de la Autonomías, del que se convirtieron en fervientes defensores. Aunque no se trataba de un partido en el que la visión fuera, ni mucho menos, homogénea, esto se hace especialmente evidente cuando se analizan las diferentes federaciones territoriales, sobre todo si nos referimos al PSC. Pese a que no ignoramos la influencia de estas en la Ejecutiva federal y los matices que un estudio más pormenorizado de ellas aportaría, escapa de los objetivos que perseguimos en este artículo, a causa de los límites lógicos que el espacio nos impone. Por ello, hemos preferido dedicar el estudio a las directrices generales que se establecían y se discutían desde la Ejecutiva federal.

DEL FEDERALISMO AL SISTEMA FEDERALIZANTE: LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA SERÁ PLURAL PERO SERÁ UNA

Como ya hemos adelantado, durante el Congreso de Suresnes se sentaron las bases que marcarían los inicios de la transición en el PSOE. A través de la Resolución sobre nacionalidades y regiones se apostaba por primera vez por el «pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación», siempre «dentro del contexto de la lucha de clases», y se reafirmaba ante su preferencia por un Estado federal, ya que reconocía los derechos de las nacionalidades a su auto-gobierno mientras que se salvaguardaba «la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integren el Estado Federativo».¹⁰ A priori parece que en el partido se había decidido apostar por una fórmula federalista que estableciera el doble nivel de gobierno, entre el Estado federal y los estados federados, con el reconocimiento previo de la soberanía de las nacionalidades. Si bien lo habitual habría sido que la construcción del nuevo Estado se realizara de arriba abajo –dado que se partía de una unidad previa que iba a proceder a su descentralización–, en este caso, si se consideraba la plurinacionalidad del Estado y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades que debían decidir integrarse voluntariamente en una unidad superior, lo lógico era suponer que eran estas quienes cedían parte de su soberanía en favor del Estado federal, configurando un modelo de federalismo construido de abajo arriba.

Veamos, pues, si esta afirmación del «programa máximo» se siguió mante-niendo o si las consecuencias que parecían extraerse de este eran sostenidas en los debates que el grupo fue produciendo. Acudamos, pues, al «documento de trabajo para uso interno» de la Secretaría de Formación «Jornadas de estudio sobre el problema de las nacionalidades y regiones en el contexto del Estado español», de abril de 1976, en el que intervinieron Luis Gómez Llorente (como secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva), Francisco Rubio Llorente, Enrique Moral Sandoval, Carlos Solchaga, Baltasar Aymerich, José Félix Tezanos y algunos delegados de varias de las federaciones del partido. En estas jornadas se advertía de que se trataba de desarrollar los supuestos de la resolución del Congreso de Suresnes para disponer de «elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre los diversos aspectos que plantea su definición de principios sobre el tema federal» ante la inminencia del XXVII Congreso del PSOE.¹¹ Esta manifestación de falta de una respuesta bien elaborada y fundada se observa en varias de las intervenciones de las jornadas, en las que se reclamaba una postura unívoca por parte del partido, pero que estuviera exenta de oportunismo. En este sentido incidía la ponencia de Félix Tezanos, «Actitudes ante el regionalismo: las Regiones y las clases sociales»,¹² en la que su autor advertía de que el «rótulo federalista» no era muy popular entre los españoles y especialmente entre la clase trabajadora, exceptuando, claro está, a catalanes y vascos. Sin embargo, admitía la necesidad de recoger las inquietudes federalistas y sobre todo las regionalistas –a las que sí reconocía una mayor aceptación entre la población– a través de la elaboración de una fórmula «no amedrentadora en la denominación» que de paso aumentara la popularidad y la implantación del partido. Cabe pensar que comenzaran a plantearse la posibilidad de que el término Estado regional fuera más adecuado para el momento, ya que este supone la dinámica dominante entre las ponencias. Quien lo expresaba de una forma más clara era Rubio Llorente, decantándose abiertamente por esta fórmula para concluir una ponencia que había mantenido hasta ese momento un tono formativo y bastante aséptico, tratando de describir las características de un Estado federal y de un Estado regional (al que también llama Estado de nacionalidades o Estado plurinacional):

Personalmente, entiendo que en nuestras circunstancias actuales la única opción posible y deseable es la del Estado Regional o Plurinacional. La opción Federal no sólo me parece producto del oportunismo, sino de un oportunismo torpe, por estar destinado al fracaso.¹³

A pesar de esta conclusión, no se observaban grandes diferencias entre un modelo y otro, sino que se subrayaba que los objetivos finales que se obtendrían serían muy similares pero a través de diferentes métodos. Lo cierto es que se desprendía de estas jornadas la necesidad de una descentralización, que bien podía ser ofrecida por un Estado simplemente regional; pero en el que el carácter unitario no fuera cuestionado, pues la redistribución interregional, necesaria para la igualdad de la clase trabajadora en toda España, debía ser asegurada por un plan de desarrollo coordinado y supervisado por el Estado central. Estaba presente la defensa de la descentralización y del autogobierno, pero se mantenía la cautela ante situaciones que pudieran atentar contra principios como la igualdad o la solidaridad de clase. Parece como si prefirieran dejar para otro momento las fórmulas plenamente federales, como expresaba Aymerich Corominas cuando apostaba por:

Una profunda descentralización a través de la constitución de un Estado regional, definido por su carácter unitario, con situaciones de autonomía a nivel nacional y regional, como punto de partida para que, en el futuro, se pueda crear, si se considera oportuno, un Estado federal.¹⁴

Pese a que de momento no se trataba de una postura tajante, es obvio que al menos amplios sectores tenían algunos recelos respecto a radicalizar unos planteamientos federalizantes que pudieran erosionar intereses más acuciantes para el socialismo. No sería sin embargo el caso de los firmantes¹⁵ de las Conclusiones de los delegados de las nacionalidades y regiones, quienes ratificaban plenamente tanto el principio federal como el derecho a la autodeterminación, poniendo de relieve las diferentes sensibilidades existentes en el partido sobre una materia acerca de la cual no se había definido sin fisuras la línea de actuación. Así lo demostraban estas jornadas de las que se esperaban «líneas generales de orientación» y no «conclusiones de carácter programático».

Poco después, en agosto de 1976, se celebró en el partido la Escuela de Verano, donde uno de los temas tratados fue el de la «cuestión nacional». La conferencia Las nacionalidades y regiones del Estado español, de carácter colectivo, fue elaborada por muchos de los que participaron también en las jornadas anteriores. En ella se mantuvo el carácter formativo que indicaba de nuevo la inexistencia de una posición definida y homogénea a este respecto. Sin embargo, sin observar ninguna voz que destacara por su radicalidad en la defensa de los principios que regían el partido desde su último congreso, sí se apreciaba una tendencia, al menos entre algunos ponentes, a rectificar la posición que el PSOE había hecho oficial en 1974, si así lo requería la coyuntura y el proyecto estatal democrático, unitario y solidario, que era una prioridad en el partido. Por lo tanto, sin abandonar las reivindicaciones de autogobierno de las nacionalidades y regiones, uno de los ponentes expresaba:

Hay que tener ojos críticos para nuestras ideas establecidas […] el espíritu de la resolución del Congreso anterior sigue siendo el mismo espíritu que nos anima. Pero refleja unos estados de reflexión sobre el asunto de hace dos años. Y la política española ha cambiado tremendamente […] hay que replantear el problema federal, no ya simplemente como la defensa de la libertad de unas nacionalidades oprimidas, sino de una manera mucho más rica, como una reorganización de todo el Estado, de tal manera que se pueda potenciar esta acción de masas que hemos estado describiendo anteriormente.¹⁶

Estas palabras de Gómez Llorente enlazan con un principio asociado al federalismo que siempre había estado en la ideología del PSOE, pero que irá tomando cada vez más fuerza, hasta acabar siendo hegemónico en el discurso oficial –aunque no todavía–. Cuando mencionaba la acción de masas, se estaba refiriendo a las ventajas que desde esta perspectiva ofrece el federalismo en cuanto a instrumento democratizador, ya que al descentralizar el poder lo acerca al pueblo, facilitando así la política de masas. Se trata del principio de subsidiariedad, que propugna la aproximación del poder a los ciudadanos, incidiendo en una mayor democratización y en un aumento de la eficacia y el desarrollo de la gestión administrativa y política. La vinculación de estos objetivos con el federalismo no es extraña, ya que en ambos casos la descentralización es necesaria, pero en cambio no se persigue el mismo resultado, por lo que, como señala Ferran Requejo, esta confusión en los conceptos «pot, fins i tot, revertir en l’erosió del principi federal […] En altres paraules, l’equiparació de les lògiques implícites en el federalisme i en la subsidiarietat no repara en el fet que la separació de poders constitueix el punt de partida del federalisme i no pas el seu punt d’arribada».¹⁷ Esta erosión y contradicción se manifiesta en la tendencia que ejemplificaba Gómez Llorente en su intervención, en la que anteponía una política de masas que tuviera su fuerza en la unidad de la clase trabajadora a los objetivos genuinos de un federalismo que reivindicaba los derechos de las nacionalidades. Se demonizaba el centralismo uniformizador y antidemocrático de la derecha, del franquismo, pero no la unidad. De hecho, según este pensamiento, la clase trabajadora tenía la obligación y la necesidad de luchar unida por unos objetivos comunes, y por tanto esta unidad no podía ser socavada en aras de la libertad de las nacionalidades oprimidas. En este punto, la contradicción es evidente: siempre que los derechos de la clase trabajadora y los propios de las nacionalidades no colisionaran, no tenían por qué ser incompatibles, de hecho, podían favorecerse mutuamente, pero si se atentaba contra la solidaridad, la igualdad y la unidad, el federalismo debía hacerse a un lado.

Las prioridades entre la élite dirigente estaban claras y marchaban por este camino, como lo demuestra Felipe González en el mismo encuentro de la Escuela de Verano, pero en su conferencia, «Línea política del PSOE», en la que decía hablar sin limitaciones porque estaba en un acto interno del partido. Arengando al público en favor de la unidad y estableciendo de forma clara los objetivos principales del partido que lideraba, afirmaba:

El socialismo tiene que fundamentarse en la lucha de clases, tiene que responder a los intereses de unas clases y tiene que unir solidariamente a esas clases por la base. […] A veces creemos que hay quienes sucumben a la tentación de crear su propio grupo y buscar justificación para la creación de su propio grupo. Y no estamos dispuestos a caer en esa demagogia […] porque esa demagogia centrífuga, que tiene una explicación, pero no una justificación, por la existencia de un aparato burocrático centralizador y dictatorial, puede conducir en estos momentos históricos, en esta coyuntura histórica, a una grave involución política […] Autonomía, toda la que sea necesaria; solución autonómica de los problemas específicos de cada regionalidad y de cada nacionalidad, pero a la vez alternativa socialista para el Estado de todo el conjunto de los socialistas.¹⁸

Se debe seguir incidiendo, sin embargo, en el hecho de que las posturas no estaban plenamente definidas en el partido y que la problemática estaba en proceso de maduración. Las voces que reclamaban unidad –siempre dentro de una España plural y tendente al autogobierno, recogiendo el testigo de cualquier lucha que se revelara ante la opresión– eran mayoritarias pero no eran las únicas. El PSOE se caracterizó en la Transición por un nacionalismo español plural, muy condicionado por la tradición de su cultura política y por la asimilación de las reivindicaciones de los nacionalismos no estatales en el contexto de la solidaridad surgida en la lucha antifranquista. Pero además no hay que pasar por alto la influencia de los socialistas catalanes, que introdujeron la perspectiva más consciente y firme ante el federalismo, la autodeterminación y la defensa de los derechos de las nacionalidades. Nos centraremos en José Antonio González Casanova, uno de los personajes cuya autoridad sobre estas cuestiones era muy tenida en cuenta dentro de la Ejecutiva del PSOE.¹⁹

Aunque compartía en gran medida la mayor parte de los presupuestos ya expuestos, podría incluirse en una tendencia distinta a la que representa el discurso concreto que hemos analizado en González y Gómez Llorente. González Casanova, aun decantándose por una especie de sistema de autonomías en lugar de preferir un Estado federal, se alejaba de la lógica de la subsidiariedad, al menos en gran medida, y ponía en un lugar destacado los derechos de las nacionalidades o de lo que prefería denominar como «regiones autónomas» –por ser una fórmula jurídica que permitiría dar una respuesta común tanto a nacionalidades como a regiones–. ¿Significa esto que uno de los socialistas catalanes que más incidieron en el PSOE no estaba de acuerdo con el derecho de autodeterminación o con el principio federal en sí? Pese a que renunciara en la práctica a ellos, esta conclusión sería a nuestro parecer precipitada y simplificadora.

Como hemos comentado, un posible Estado federal en España partiría de la problemática de cómo establecer el pacto de cesión de soberanía, si como un Estado unitario que se descentraliza y concede a los Estados miembro el derecho al autogobierno; o como un Estado que por el hecho de ser plurinacional otorga a las nacionalidades o regiones la plena soberanía y estas, a través del ejercicio del derecho de autodeterminación, decidirían libremente ceder parte de esta soberanía al Estado. En principio, esta última fórmula se adecuaría bastante bien al concepto que González Casanova tenía en mente cuando a finales de 1976 escribía lo siguiente:

…el Estado democrático futuro sólo puede surgir –para ser verdadero, para no ser una ficción jurídica y superestructural–de esa realidad popular, plural y específica, que pasa por los pueblos y regiones de España […] De ese modo, la ló-gica culminación de un proceso federativo de abajo arriba sería la Constitución democrática de un Estado español que reconociera y consagrara simplemente la realidad: la autonomía de unas fuerzas políticas que son carne viva del esqueleto estatal.²⁰

Tres años más tarde, cuando la Constitución española había descartado la posibilidad de cualquier Estado federal, incluso uno construido de arriba abajo, este autor auguraba un final feliz a Cataluña y a esa España real de la que hablaba tiempo atrás: «el final feliz de una justicia histórica que habría tardado casi una vida pero que, al fin, se habría cumplido. Con tal justicia, España y su Estado habrían empezado a ser de verdad y en plenitud por primera vez, según mis tesis».²¹ Pese a lo que pudiera parecer a primera vista, esta declaración no significaba la acomodación a una situación impuesta que ofrecía claras mejoras frente a tiempos pasados; no se puede tampoco hablar de oportunismo; ni tan siquiera podríamos referirnos a una evolución propia del transcurso de los acontecimientos. La declaración de 1979 estaba acorde con el pensamiento que este autor desarrollaba tres años antes. Lo que se nos escapa a simple vista es la profunda convicción de González Casanova de que España era real a través de su pluralidad y de que Cataluña había tenido siempre una vocación española; de que España no era sin Cataluña y de que Cataluña quería permanecer en España, siempre desde la libertad, desde una unidad real y no ficticia. La unidad para este autor era un referente tan importante como lo era para González o Gómez Llorente. Y lo cierto es que la antepuso al reconocimiento formal de la soberanía de las nacionalidades, quizá porque la daba por supuesta y no imaginaba un Estado en el que no se encontraran unidos todos los pueblos de España. Ante el peligro de disgregación de un Estado centralizado que tuviera que ceder, previamente a constituirse en federal, su plena soberanía, no se planteó tal opción. Las consecuencias de esto no eran únicamente simbólicas, sino que los entes autonómicos habrían perdido así la oportunidad de reservarse para sí y garantizarse las atribuciones que decidieran otorgarse. Pese a ello, el autor ofrecía dos posibilidades que le parecían asegurar «la autonomía genérica de las regiones y nacionalidades»: el Estado federal constituido de arriba abajo y un sistema de autonomías regionales.

Entre las dos opciones se decantaría por la segunda, pero lo haría para evitar que el principio de la subsidiariedad erosionara los derechos de las nacionalidades que, contando con una voluntad de autogobierno mayor, pudieran haberse arrogado unas prerrogativas más amplias en otro sistema. Aunque reconocía que las dos estructuras podían garantizar constitucionalmente los derechos de las autonomías, y admitía que en los dos casos se corría el peligro de que se cedieran pocas competencias o de poca importancia –al ser el Estado federal o central el que debía decidir qué derechos otorgar–, observaba una diferencia que le hacía decidirse por el segundo sistema. Creía que este sería más abierto, dejando más opciones a los pueblos para que, si querían, fueran más lejos con sus propios estatutos de autonomía. En este sentido escribía:

Este sistema podría lograr, de paso, la autonomía uniforme de los Estados miembro y el máximo poder para el Estado federal. Se trataría, en suma, de una racionalización escrita de lo que suele ser hoy práctica centralizadora de los Estados federales de capitalismo altamente desarrollado o de socialismo muy centralizado.

Es verdad que un sistema de autonomías regionales […] en cambio, podría permitir a las regiones y nacionalidades que, de «abajo arriba», crearan e integraran en el Estado común sus estatutos específicos…²²

Quería evitar una mayor centralización y uniformización que podría darse a través del acceso de la derecha al poder, y, por qué no, del de una izquierda demasiado preocupada en la unidad –pese a que esto no llega a manifestarlo abiertamente–.²³ Trataba de impedir que se renunciara a los derechos reales a cambio de una mítica situación jurídica en la que, gracias a una soberanía reconocida, se garantizaran las pocas competencias que el Estado decidiera conceder.

EL ESTADO AUTONÓMICO, ¿ÉXITO O FRACASO PARA EL PSOE?

Es común la referencia a un oportunismo inicial del Partido Socialista Obrero Español ante la denominada «cuestión nacional», oportunismo que se haría patente ante la renuncia de los principios guía sobre esta problemática, especialmente en la coyuntura del debate constitucional y con la conformidad respecto a la organización del Estado que se impuso finalmente. Negar con rotundidad lo anterior sería no analizar el todo, pero aceptar que no se trataba más que de una de las partes –y no la más importante–simplificaría la explicación histórica, que es mucho más compleja. Hay que admitir que en el PSOE no existía una postura ni homogénea ni totalmente definida a este respecto, pero del mismo modo debe reconocerse que se observa un hilo conductor en unos planteamientos en construcción, que respondían a su herencia ideológica y política y a la influencia que ejercía la coyuntura. Aquellos que se aferran al oportunismo lo hacen desde el presupuesto de la renuncia de unos principios que se habrían formulado en los inicios de la Transición. ¿Pero qué principios eran estos?, ¿los del Congreso de Suresnes en 1974 o aquellos que hemos estado desgranando a través de una trayectoria más amplia? No existe una línea que delimite una postura de otra, ya que todas se entremezclan, al mismo tiempo y entre los militantes del mismo partido, produciéndose a la larga una evolución que irá decantando las posturas y aclarando el panorama, por estrategia y por exigencias del pacto constitucional, pero también y sobre todo por la dinámica interna del PSOE, en el que ideológicamente se irían clarificando las ideas y jerarquizando los principios que defender.

En la Constitución aprobada en 1978 no se hicieron grandes concesiones o renuncias respecto al debate que se producía en el partido. El Estado de las Autonomías configuraba un sistema descentralizado pero unido y basado en un texto fundacional lo suficientemente abierto para que se generalizaran las autonomías a todo el territorio estatal, respetando el principio de igualdad. Asimismo, concedía un margen de libertad a los pueblos y nacionalidades para que concretaran los límites de su autogobierno en la elaboración de sus estatutos de autonomía. Visto en estos términos no parece que se pueda afirmar que se tratara de una estructura completamente ajena a la diseñada desde el proyecto socialista. Se salvaguardaba un grado de autonomía suficiente y no se sacrificaban los valores que querían representar, la igualdad, la solidaridad y la democratización, favoreciéndose también la eficacia y la racionalización.

Esta dinámica fue haciéndose cada vez más patente, pese a que en el XXVII Congreso del PSOE en diciembre de 1976 la Resolución sobre nacionalidades²⁴ mantuviera en lo esencial lo establecido en 1974. Durante 1977 y 1978 se observa esta tendencia, y muestra de ella podría ser la publicación del libro La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones), desde la Secretaría del Equipo de Trabajo Jaime Vera y que pretendía ampliar y concretar algunos aspectos del programa del PSOE que nacía del último congreso. Nos interesa en este sentido el capítulo de Baltasar Aymerich «La transición al federalismo»,²⁵ en el que podría decirse que fusionaba la visión más cercana a unas autonomías vinculadas al principio de subsidiariedad, con un interés real por los derechos de autogobierno de las nacionalidades y regiones. En el texto, el sistema ideal era el federalismo, que tenía una significación política muy diferente a la de cualquier tipo de Estado unitario descentralizado, pese a que pudiera alcanzar un nivel de competencias muy similar al primero. Admitiendo que la diferencia fundamental estribaba en el reconocimiento de la soberanía de los Estados federados y en la constitución del poder central de abajo arriba, elegía sin embargo una «fase previa de un Estado integral descentralizado». El motivo era que en su táctica de conquista progresiva de parcelas de poder, y por tanto de niveles de democracia superior, se prefería «la disponibilidad inmediata de una capacidad de autonomía, quizá menos amplia, a la promesa de una constitución federal más perfecta pero que demoraría el ejercicio de autogobierno».²⁶

Sobre estas bases deben interpretarse las conclusiones de la Reunión de Sigüenza,²⁷ en la que el PSOE estableció las líneas maestras que debían seguirse en la redacción del proyecto constitucional, manteniendo la misma tónica comentada. El título destinado para la estructura del Estado recogía «como elemento fundamental la AUTONOMÍA contemplada como principio, como regla general y como derecho de las nacionalidades y regiones». Además, se diseñaba que los principios básicos del proceso de federalización serían: la democratización, la solidaridad, la autonomía y la racionalidad; y se establecía la directriz de un «procedimiento uniforme en cuanto a las posibilidades de llegar al resultado final y a su vez múltiple recogiendo las situaciones varias existentes en cuanto a la iniciativa autonómica y delimitación territorial». ¿Hasta qué punto podemos calificar como una derrota de los planteamientos del PSOE la forma de Estado que instauró una constitución especialmente abierta en estos aspectos? Como Luis Fajardo Spinola²⁸ afirma, Sigüenza proponía un sistema que coincidía sustancialmente con el esquema constitucional que se impuso.²⁹

Este mismo autor señala que fue en aquella reunión donde se decidió la estrategia constitucional del partido respecto al carácter federal del Estado. Allí se habría barajado la posibilidad de definirlo, desde el artículo primero, como Estado federal; la de que se limitara a responder a principios federativos, e incluso la incompatibilidad entre el concepto de Estado federal y el de otro organizado por estatutos de autonomía. Finalmente –según nos explica– sería el propio Felipe González el que propusiera el esquema aceptado, aludiendo a la estrategia que debían adoptar ante la batalla que se daría con UCD:

Consideraba González que bastaría con referirse al carácter federal en el preámbulo, y no definir expresamente como tal el Estado, pues esa caracterización constituiría más una meta que una base de partida […] «esa va a ser a mi juicio la batalla, presagiaba Felipe, saber si se incluye o no en el texto constitucional el marco genérico de las autonomías, porque ellos no quieren incluirlo. Por tanto la discusión con ellos no puede ser federal o no federal; lo fundamental va a ser cómo van a configurarse las autonomías, y va a ser una batalla muy dura. Por ello bastaría incluir en el preámbulo de la Constitución la aspiración a un Estado Federal».³⁰

Como es bien sabido, la Constitución de 1978 no mencionó el Estado federal en ninguno de sus apartados, aunque la referencia a este ideal –como lo describió Gregorio Peces-Barba– estuvo presente en el debate sobre el Anteproyecto constitucional, pero de forma muy retórica. Negándose a votar a favor de una enmienda del diputado de Euskadiko Ezquerra, Letamendía Belzunce, que suponía la supresión de la prohibición de la federación de comunidades autónomas, Peces-Barba decía:

… nosotros también estamos por el Estado federal. Lo que ocurre es que entendemos que esta Constitución no es una Constitución federal. […] nosotros tenemos que estar en contra; primero porque no tiene nada que ver con el Estado federal; segundo, porque supone un salto de soberanías y hacen acuerdos bilaterales desconociendo la estructura de la organización del Estado y produciendo una discusión que consideramos superada. Es, en definitiva, la vieja idea del pacto social en uno de sus aspectos, el pacto entre dos comunidades con soberanía propia, desconociendo la soberanía general del Estado, que está muy claramente reconocida en el título preliminar de nuestra constitución.³¹

El modelo de Estado del PSOE se basó finalmente en la unidad de España como comunidad superior o nación de naciones, en la autonomía y en la solidaridad, tal y como señalaba en 1981 su ponente constitucional.³² Acabaron negándose a incluir de forma explícita el derecho de autodeterminación en la Constitución³³ y prefirieron un Estado que se asegurara para sí la soberanía, salvaguardando una unidad que siempre habían antepuesto a los derechos de las nacionalidades. Al fin y al cabo, querían evitar caer en la demagogia, una demagogia que les impediría hacer realidad el proyecto que, en esencia, siempre habían defendido.³⁴ En definitiva, la defensa de la autodeterminación cobraba sentido para ellos dentro de una lógica de estrategia de clase, y aunque se defendiera como un derecho justo, nunca debería ejercerse en contra de los intereses de la clase trabajadora, que debía permanecer unida para luchar por su libertad e igualdad, para lo que la solidaridad interregional era indispensable y por lo que el separatismo no era viable.³⁵

Coherente con esta trayectoria, Gregorio Peces-Barba escribía que se debía otorgar un peso principal a los valores que coincidían con el principio de subsidiariedad en la elaboración de la Constitución. Resaltaba lo que calificaba como la «perspectiva racional y jurídica» que entendía la autonomía como «profundización de la democracia, limitación del poder y participación de los ciudadanos en la formación del mismo»;³⁶ aunque no dejaba de señalar la complementariedad del fundamento, podríamos decir identitario, que justificaba el Estado autonómico en el derecho de las nacionalidades y regiones a su autogobierno. La primera visión tenía además una virtud añadida, y era la de encajar mejor en los presupuestos de igualdad y solidaridad propios del socialismo, ya que era válida para todos los pueblos de España, incluidos aquellos que quizá no pudieran justificar una conciencia identitaria diferenciada. Casaba mejor, por tanto, con su estrategia de generalizar la autonomía como principio y no como excepción:

Se podría incluso decir que el fundamento que califica específicamente al Estado de las autonomías constitucionalmente garantizadas es el primero más que el segundo, porque es el único que permite la explicación racional y total de reorganización del Estado en base a las Comunidades Autónomas y como concepto integral o total del Estado y no sólo como excepciones autonómicas.³⁷

Así, cada vez se incidía más en estos aspectos, procurando representar el roll de partido que quería ser la alternativa real de gobierno y que para ello habría «encarado el proceso autonómico con una responsabilidad de Estado», por lo que, según creían, su camino sería «valorado históricamente como el camino más serio y consecuente hacia la nueva estructuración del Estado».³⁸ De todos modos, como veremos a continuación, el círculo no se cerraría hasta los Acuerdos Autonómicos entre UCD y PSOE, donde los socialistas acabaron por definirse y el sistema quedó finalmente diseñado.

Tras la promulgación de la Constitución se dio paso a un periodo en el que se debatió el modelo de Estado autonómico que debería imponerse finalmente, y en el que la coyuntura y el curso político determinaron la homogeneización de los procesos autonómicos por la vía del artículo 143 para todos, todos los que no fueran las tres nacionalidades históricas o Andalucía. Un periodo en el que el PSOE culminaría su viraje discursivo, llegando a unas posiciones que no le eran en absoluto ajenas y ayudando a conformar en la práctica un modelo de Estado que pondría el acento en la solidaridad, la democratización y la racionalización, más que en el respeto a la diferencia identitaria.

Con una Constitución ambigua en muchos aspectos, por lo que al Título VIII tocaba, fue necesario establecer un pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para sancionar de forma definitiva el modelo del Estado autonómico. Los Acuerdos Autonómicos del 31 de julio de 1981 supusieron el desbloqueo de un proceso que había llegado a un callejón sin salida, sobre todo tras el anuncio oficial por parte de UCD, en enero de 1980, de su intención de generalizar la vía lenta del artículo 143 para todos los territorios, a excepción de las tres nacionalidades históricas. En estos momentos, los socialistas mantenían en teoría su intención de posibilitar el acceso por la vía de la autonomía plena –del art.151– a todos aquellos pueblos cuya voluntad lo exigiera y lo hiciera por tanto posible; pero en la práctica ya habían iniciado el cambio estratégico que impedía en algunos territorios continuar con normalidad un proceso autonómico ya iniciado por la vía del 151. Era por ejemplo el caso del País Valenciano, en el que el bloqueo previo de UCD no había permitido que el proceso avanzara como debía y donde la Ejecutiva federal socialista, a diferencia de lo que sucedió en Andalucía, no iba a presentar batalla. Nos detendremos a detallar algunos aspectos del caso valenciano, ya que evidencian cómo fue imponiéndose el pragmatismo dentro de la Ejecutiva federal, pero también en las federaciones del partido, donde viejas promesas comenzaron a olvidarse. En este territorio el PSPV (PSOE) cedió posiciones desde finales de 1979, cuando abandonó el Consell Preautonòmic, no tanto como una maniobra para presionar a los centristas y denunciar la situación de bloqueo que se estaba produciendo –como alegaron tras los sucesos–, como a modo de uno de los primeros actos del viraje en materia autonómica. La «crisis del Consell» supuso la salida de los socialistas, el 18 de diciembre de 1979, del órgano que habían presidido desde su constitución y que debía dotar al País Valenciano de la autonomía. Se argumentaba desde las instancias oficiales como una medida para forzar la «autonomía plena», pero pronto se demostró que los planes de esta formación no concurrían exactamente en esa dirección. Son muchos los que advierten³⁹ de que la maniobra del Consell pretendía en realidad defenestrar a su presidente, José Luis Albiñana, quien por aquel entonces suponía un obstáculo en la política negociadora del PSPV (PSOE) y del propio PSOE. Los socialistas estaban en aquel momento deseosos de aliviar las tensiones que se estaban produciendo en el País Valenciano a raíz de la cuestión autonómica, con una gran parte de los dirigentes, de la militancia y de los votantes cansados de la crispación que la «Batalla de Valencia» estaba generando. Librarse de Albiñana era una solución para muchos entonces, como explicaba Fernando Millán:

el pueblo identificaba en él la autonomía. Pero en la situación presente lo que estaba identificado era la confrontación permanente y la falta de un discurso sosegado que permitiese avanzar a la autonomía. La permanencia en la presidencia de José Luis Albiñana no sólo imposibilitaba la pacificación del país, sino que impedía cualquier pacto con la derecha que vehiculara la finalización del proceso autonómico. Él era un nacionalista convencido y entendía que cualquier sacrificio era válido si con ello se lograban los objetivos previstos. Si el obstáculo era Albiñana, el obstáculo debía ser removido.⁴⁰

Se estaba asistiendo a un cambio estratégico en el que ciertos presupuestos, como el de la vía de acceso, comenzaron a ser prescindibles. En el socialismo valenciano, como en el estatal, se fue imponiendo la opinión de los sectores para los que la importancia de la autonomía residía en la racionalización y la democratización y no en afirmar una identidad cultural y nacional diferenciada de la española. Sectores que se habrían identificado sin problemas con la afirmación que el político socialista Ximo Azagra realizara a posteriori:

Incorporar la dreta al projecte autonòmic va esdevenir un objectiu prioritari. No en va l’Estatut Autonòmic era no tant una reivindicaciò identitaria en el nostre cas, com un element més d’avanç en l’eficàcia de la gestió i en la cohesiò social a través d’una profunda reestructuració de l‘Estat.⁴¹

Fue esta dinámica que comentamos la que hizo que, en el mes de diciembre de 1979, se aprobara con los votos socialistas la Ley Orgánica Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum, impuesta de forma retroactiva. Una ley que invalidaba la campaña de verano que J. L. Albiñana, a la cabeza del Consell Preautonòmic, había llevado a cabo para la petición de autonomía por parte de todos los ayuntamientos del País Valenciano. Tal y como explica Jesús Sanz, la ley escondía una carta trucada, la de imponer el requisito de la especificación de la vía deseada a posteriori, anulando incluso la voluntad de muchos municipios que se decantaban implícitamente por la fórmula del 151, al «pedir el mayor grado de autonomía en el menor tiempo posible».⁴²

A este respecto, un informe del Departamento de Derecho Político de la Universidad de Valencia, concluía a finales de junio de 1981 que la única salida legal posible a la situación del País Valenciano era la de convocar un referéndum, tal y como había sucedido en Andalucía, donde como señala Manuel Alcaraz,⁴³ se obvió el trámite de especificar la vía a la que se acogían los ayun-tamientos en su demanda de autonomía. Este es un detalle significativo, entre otras cosas, por la diferente actitud que adoptó el PSOE en uno y otro territorio. Las diferencias se hacen evidentes con la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, el 9 de mayo de 1980, sobre la «Modificación de la Ley Orgánica Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum», en la que únicamente se pretendía resolver problemas relacionados con los resultados del referéndum, y no se contemplaban los casos de los territorios en los que el bloqueo político no había permitido avanzar hasta la proclamación de este. Esta reforma estaba destinada a solucionar la situación andaluza, estableciendo por ejemplo la posibilidad de repetir la consulta popular en los casos en los que «el voto afirmativo de la mayoría del Censo de electores no se haya alcanzado en una sola provincia»,⁴⁴ como pasó con Almería. En el debate del congreso sobre esta proposición, el 12 de junio, se admitía que era una iniciativa realizada ad hoc para el problema andaluz, pero se señalaba que sin la solución de este «difícilmente puede vislumbrarse la solución del resto de las autonomías»,⁴⁵ para las que sin embargo no se tomaban medidas concretas. Más bien se rechazaban propuestas como las que el PSPV (PSOE) realizó a través de un informe interno, firmado por el responsable de Política Autonómica de la Federación valenciana el 14 de mayo. En él se pedía, para resolver el colapso del proceso autonómico en este territorio, retirar esta proposición de ley para presentar una nueva que incluyera la solución para el País Valenciano, o en su defecto una enmienda a la ya presentada. El texto que debería añadirse aludiría a que las iniciativas autonómicas «adoptadas con anterioridad, se considerarán formalizadas si […] reflejan expresa o implícitamente la voluntad de acceder a la autonomía por la vía del art. 151 de la Constitución».⁴⁶

Esta petición no tuvo un gran eco, pues no se planteó esta alternativa ni en el debate sobre la proposición de ley ni tampoco durante la moción de censura contra el Gobierno presentada por el PSOE y debatida en el Congreso los días 28, 29 y 30 de mayo. De hecho, al presentar la moción, Alfonso Guerra distinguió entre el caso de Andalucía y el de otros territorios como Aragón, Canarias o País Valenciano, a los que no les llega a reconocer total legitimidad para la vía del 151:

Suárez no ha ofrecido garantías fiables para dar satisfacción a las aspiraciones de Galicia y Andalucía; no resuelve democráticamente los casos en que la iniciativa se encuentra congelada por no haberse logrado la mayoría suficiente para ninguna de las vías de acceso, caso del País Valenciano, Aragón y Canarias.⁴⁷

La moción estuvo motivada en gran medida por los conflictos autonómicos y en ella los socialistas defendieron el derecho de los territorios a no ver socavadas sus aspiraciones; pero reflejaron también, a través del programa autonómico que presentó Felipe González, cómo la postura que se caracterizaba por priorizar el elemento racionalizador y democratizador del Estado de las Autonomías había ganado terreno frente a la reivindicación identitaria. En su exposición, la creación del Estado de las Autonomías venía justificada por: a) la eficacia y la racionalización administrativa que una descentralización acompañada de las medidas adecuadas debería aportar; b) las mejoras que se pondrían al servicio del pueblo y democratizarían el sistema, y c) la igualdad y solidaridad que primarían entre las regiones, acabando así con los desequilibrios territoriales.

Da la sensación de que en estos momentos se trataba de eliminar el contenido más sentimental, cultural e identitario que tras la constitución del Estado de las Autonomías existía. La sensibilidad que hacia estas cuestiones se mostraba en tiempos anteriores parecía querer diluirse en argumentos sobre una mayor racionalización, eficacia y democratización. Como venimos señalando, la estrategia del PSOE cambió y evolucionó, o, según se mire, se fue definiendo, como lo hizo su propia ideología. El partido no podía ser ajeno a su alrededor, y al calor de su propia experiencia como protagonista político del proceso adoptó nuevas actitudes ante los problemas que no divergían tanto de las que mantuvo antes. Así, en un documento formulado con la vocación de ser la guía del proyecto político del partido, «El PSOE, ante la situación política», de mediados de junio de 1981, y «que recoge las bases de acción que, a juicio de los socialistas, deberían presidir la actuación política española en la actual coyuntura», se decía:

En el campo autonómico, el entendimiento y el acuerdo han de ser un objetivo. La estrategia para su consecución ha venido siendo, en efecto, una aspiración de los socialistas desde la aprobación de la Constitución. Opera sobre esta base tanto la necesidad de posibilitar y desarrollar el Título VIII, como el carácter de todo proceso de transformación del Estado, y la propia experiencia de nuestra etapa de desarrollo constitucional, en la que la ruptura unilateral del consenso provocó el freno y bloqueo de un gran número de procesos autonómicos, con el consiguiente deterioro, inseguridad y desconfianza hacia las autonomías.⁴⁸

Se traslucía la voluntad de los socialistas de favorecer un ambiente de concordia, en el que se ejerciera por parte de los partidos implicados una «política de Estado», y esto suponía en este caso, renunciar a la libre elección de la vía de acceso autonómica. Para ello, qué mejor que alentar los principios de la subsidiariedad desde todos los ámbitos, también desde el órgano de prensa del partido, en el que se publicaron, coincidiendo con el momento de los Pactos Autonómicos tres números en los que la columna de opinión de Félix Grande iba dedicada a la cuestión autonómica, con el título de «¿Autonomía o Antinomia?».⁴⁹ En ellos el autor transmitía la idea de que tratar de ir demasiado lejos con el nacionalismo, que identificaba en ocasiones con el separatismo, era tan deplorable como el mantenimiento del centralismo, calificando estas actitudes como «imbéciles», «insolidarias» o «bárbaras», por poner algunos ejemplos. En cambio no dudaba en resaltar las bondades que un proyecto solidario, igualitario, democratizador y racionalizador podía ofrecer, siempre que en el respeto a la diversidad se tuviera muy claro que la unión hacía la fuerza: «autónomos pero juntos; orgullosos de nuestras diferencias, pero reunidos para defender cada uno incluso la diferencia de los otros; respetuosos con nuestra propia identidad y con la del vecino, y a la vez y por tanto solidarios». Sin esto claro, el Estado de las Autonomías podría llegar a ser como el «monstruo de Frankestein», como un «chichón moral» o como un «porrazo en la convivencia, que se caracteriza porque su lema reza así: “Maricón el último”». Consideraba insolidarios y antidemócratas a todos aquellos que no compartían esa visión de la unidad de España, los «políticos, funcionarios, cidcampeadores de la identidad, testaferros de los diversos y picapleitos de la diferencia», a aquellos que «toman la nacionalidad como un aperitivo previo a un festín de nación» y a la «progresía que por esos caminos tal vez un día decida que […] no habremos recobrado la verdadera personalidad si no volvemos decididamente a las cavernas». Creía pues que el éxito del Estado de las Autonomías estaba en edificar esa estructura «no para ser más “nuestros” sino para ser más demócratas».

Ciertamente se trata tan solo de un artículo de opinión, eso sí, al que dedicaron los tres números que salían previa, durante y tras los Acuerdos Autonómicos. Artículos que criticaban aquellas actitudes que habían salido perdiendo en los pactos y que ensalzaban la «filosofía política» que había guiado a Felipe González en este proceso –según explicaba la crónica sobre los pactos del último de estos tres números–: «la necesidad de introducir los principios de igualdad, eficacia, racionalidad y solidaridad en la configuración del nuevo Estado».⁵⁰

Finalmente se aceptó la uniformización por el 143, con la excepción del caso de Andalucía, que los socialistas primaron ante el resto. El sacrificio de territorios como el País Valenciano o Canarias, que era en definitiva el sacrificio de la opción de la libre elección de los territorios por su vía de acceso a la autonomía, se produjo sobre todo para cumplir con esa política de Estado que mencionaban y de paso, también, para conseguir que Andalucía entrara en el selecto grupo de aquellos que accedían desde el inicio al máximo grado de autogobierno. Pero en su estrategia de entendimiento no todos podían ser tenidos en cuenta y casos como el del País Valenciano no eran sencillos. Según hemos visto parece que sí se cumplían los requisitos para convocar un referéndum, pero la situación de crispación social y política que la derecha había creado tratando de identificar el socialismo nacionalista valenciano con el catalanismo y la propia situación de divisiones internas sobre estas cuestiones dentro del PSPV (PSOE) provocaron que el PSOE decidiera no desgastarse en esta lucha. Al fin y al cabo, el partido estaba apostando por el diálogo, pero también por un Estado de las Autonomías en el que la importancia recaía en otras cuestiones más racionalizadoras, de las que en la práctica no dependía la vía de acceso, pues a través del 143, como defendían, el proceso sería más lento pero con el mismo techo de competencias. De todos modos, aunque no pueda negarse la coherencia con muchos de sus principios, el PSOE traicionó aquí otros y sobre todo muchas otras declaraciones, como la que Felipe González hacía el 30 de mayo en el debate sobre la moción de censura, cuando afirmaba que facilitar el acceso por la vía del 151 significaba no confundir igualdad con uniformidad. Ellos, a diferencia de UCD, querían hacer una oferta en la que «la igualdad es, a su vez, el respeto a la diferencia».⁵¹

ESPAÑA, UNA ANTIGUA NACIÓN

La solidaridad no es un valor más del socialismo, sino el valor fundante del movimiento obrero y la matriz de la que emergen los demás valores. Por eso, los socialistas ponemos una fuerza especial en el desarrollo de las menciones constitucionales de la solidaridad, a las que la connivencia de fondo entre la derecha estatal y las derechas nacionalistas querría reducir a un mero nominalismo.⁵²

La cita anterior pertenece a las Resoluciones sobre política territorial del Congreso de 1981, que se realizó en un contexto en el que el aparato del partido planteaba abiertamente su defensa de la Constitución y de los acuerdos de julio de 1981, justificando la homogeneización como necesaria para el buen funcionamiento del sistema, ya que al fin y al cabo la igualdad de los ciudadanos y de los pueblos estaba garantizada, se siguiese la vía que se siguiese. Así pues, nadie encontrará la manifestación anterior disonante con tal periodo, más bien al contrario. Probemos ahora a pensar en ella como si la hubiéramos extraído de un texto previo a 1978, ¿podría alguien negar que estos principios se hubieran enunciado en esa coyuntura? Parece difícil afirmar que la solidaridad no guiaba los planteamientos que sobre el federalismo o los derechos de las nacionalidades y regiones se expresaban desde 1974. Y no es que el socialismo sea ante todo un movimiento de identidad de clase, es que nunca se ha cuestionado la separación territorial del conjunto del Estado o de la nación que es España. Como se afirmaba en el mismo texto:

… nuestra defensa de las autonomías ha tenido siempre también un sentido político del todo diferente al autonomismo de los nacionalismos particularistas burgueses o pequeño-burgueses. Estos han planteado la autonomía como una reivindicación particular frente al Estado Central sin pretender situar esta reivindicación en el contexto de una transformación general del Estado. Los nacionalismos burgueses y pequeño-burgueses han sido y son por ello particularistas, desestabilizadores e ilusorios. Son particularistas porque apuntan a objetivos exclusivos de su nacionalidad renunciando a todo proyecto político para España…⁵³

Los modelos de Estado que se enunciaban a principios de la Transición y que se impusieron y se defendieron al final no eran en absoluto irreconciliables, como hemos tratado de ir demostrando, pero queda otra pregunta por plantear: si tras la subsidiariedad se escondía algo más, si la solidaridad y la igualdad a la que se apelaba eran algo más que el intento de democratizar y racionalizar España. Si la unidad de los pueblos y regiones del Estado, si la unidad de la clase trabajadora, no escondía también la voluntad de la unidad nacional. En el documento «El PSOE ante la situación política», presentado por Felipe González ante la prensa en junio de 1981, se afirmaba en el inicio: «España, la más joven de las democracias europeas pero una de sus más antiguas naciones».⁵⁴ Este enunciado, que no supone en ningún caso un hecho aislado, demuestra que en el PSOE sí se pensaba en España y se pensaba en España como nación. En realidad estaban construyendo un concepto de nación opuesto al que se había heredado del Franquismo, una nación que los identificaba pero que no dejaba de verse a sí misma como un todo indivisible. En esa lucha contra la opresión y el centralismo uniformizador imaginaron un Estado federal en el que se respetaban las identidades diferenciadas, tal y como para ellos sucedería con ese Estado autonómico que contribuyeron a construir. En él trataron de acomodar la pluralidad, pero quizá jamás llegaron a pretender nada más que eso, seguramente jamás lo imaginaron plurinacional.

 

*La autora participa en el Proyecto de Investigación: «De la dictadura nacionalista a la democracia de las autonomías: política, cultura, identidades colectivas» (HAR 2011-27392), financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de Economía y Competitividad.

1Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Resoluciones. XIII Congreso, Fondo Biblioteca, Fbb 431.

2Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Acta y resoluciones. 29 Congreso del PSOE, Fondo Biblioteca, Fc 255, p. 107.

3Sobre la relación entre la izquierda y la cuestión nacional, véase H. Carrère: «Comunisme i nacionalisme», en Quaderns d´alliberament, 1, 1977, pp. 25-65; G. H. Haupt, M. Lowy y C. Weill: Los marxistas y la cuestión nacional: la historia del problema y el problema de la historia, Barcelona, Fontamara, 1982, o J. L. Martín Ramos: «Marxisme i qüestió nacional a Catalunya, de les formulacións doctrinals fins a la Guerra Civil», en J. Albareda et al.: Catalunya en la configuració política d’Espanya, Reus, Centre de Lectura de Reus, 2005, pp. 189-202; J. Moreno Luzón (ed.): Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea, Madrid, Pablo Iglesias, 2011.

4Para la Transición, véase A. de Blas: «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y PCE», Revista de Estudios Políticos, 4, 1978, pp. 155-170; J. M. Colomer: Espanyolisme i catalanisme: la idea de nació en el pensament polític català (1939-1979), Barcelona, L’Avenç, 1984; A. Mateos: «La Transición del PSOE durante los años setenta», en R. Quirosa-Cheyrouze (coord.): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007; A. Quiroga: «Amistades peligrosas: la izquierda y los nacionalismos catalanes y vascos (1975-2008)», Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, 20, 2008, pp. 97-127; D. Sánchez Cornejo: «De la república federal de las nacionalidades que integran el estado español a la idea de España como nación de naciones: el discurso del PSOE sobre la cuestión nacional entre el congreso de Suresnes y la Constitución de 1978», en C. Navajas y D. Iturriaga (ed): Crisis, dictaduras, democracia: I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, 2008, pp. 363-373; F. Archilés: «El “olvido” de España. Izquierda y nacionalismo español en la Transición democrática: el caso del PCE», Historia del Presente, 14, 2009, pp. 103-122; P. Ysàs: «Construcción democrática y construcción nacional en Cataluña», en I. Saz y F. Archilés (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, PUV, 2011, pp. 341-360; V. Rodríguez-Flores: «PSOE, PCE e identidad nacional en la construcción democrática», en I. Saz y F. Archilés (eds.): La nación, op. cit., pp. 323-339, o J. Pastor: Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, Madrid, La oveja negra, 2012.

5F. Requejo: Federalisme, per a què? L´acomodació de la diversitat en democràcies plurinacionals, Barcelona, 3 i 4, 1998, pp. 157-164.

6X. M. Núñez Seixas: «Proyectos federales de los nacionalismos subestatales en España, o el discreto encanto de la asimetría», en M. Chust: Federalismo y cuestión federal en España, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2004, pp. 200-217.

7E. Aja: El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, Alianza, 1999, pp. 36-39.

8M. Caminal: «L’Estat autonòmic espanyol: entre la resistència nacionalista y l´horitzó federal», en M. Caminal y F. Requejo: Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 2009, p. 486.

9Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Acta y resoluciones. 29 Congreso, op. cit., p. 108.

10Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Resoluciones. XIII, op. cit.

11Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Jornadas de estudio sobre el problema de las nacionalidades y regiones en el contexto del Estado español, Fondo Biblioteca, Fc 189, pp. 2-3

12Ibíd., pp. 19-20.

13Ibíd., p. 13.

14Ibíd., p. 14.

15Los delegados asistentes a estas jornadas fueron Josep Maria Triguiner, José Antonio Álvarez e Ignacio Planas por Cataluña; Enrique Iparraguirre por el País Vasco; Francisco López Peña por Galicia; José Luis Albiñana por el País Valenciano, y Jerónimo Saavedra por Canarias.

16Colectivo: «Las nacionalidades y regiones del Estado español», en F. González et al.: Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, pp. 251-252.

17F. Requejo: Federalisme, per a què?, op. cit., pp. 29-30.

18F. González: «Línea política del PSOE», en F. González et al.: Socialismo es Libertad, op. cit., pp. 39-40.

19Así lo señalan diversos autores como M. Caminal: «L’Estat autonòmic espanyol», op. cit., p. 485, o Luis Fajardo, quien explica que se le encargó un dictamen para la Comisión Ejecutiva Federal titulado Los socialistas frente al proceso de autonomización de las nacionalidades y regiones y de aprobación de los Estatutos de Autonomía, en L. Fajardo: ¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado autonómico, Navarra, Aranzadi, 2009, p. 64; o como lo explican Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra, que intervino como asesor en las reuniones para elaborar el proyecto socialista de Constitución, en S. Gallego-Díaz y B. de la Cuadra: Crónica secreta de la Constitución, Madrid, Tecnos, 1989, p. 31.

20J. A. González Casanova: ¿Qué son los Estatutos de Autonomía?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, pp. 14-15.

21J. A. González Casanova: Federalismo y autonomía. Cataluña y el Estado español (1868-1938), Barcelona, Curial, 1979, p. 365.

22J. A. González Casanova: ¿Qué son los Estatutos, op. cit., p. 64.

23Aunque en líneas generales demostraba una explícita y mayor preocupación por la derecha, hizo ciertas referencias que escondían sus recelos ante una izquierda potencialmente centralista. Esto se evidenció al hablar de los estados federales gobernados por un socialismo centralista; o cuando, concretando en el contexto español, señaló que en muchas ocasiones partidos de ámbito estatal que no mencionaban apenas los estatutos autonómicos se manifestaban en cambio plenamente federales y se preguntaba si no supondría esto una forma de prevenirse de la «autonomía real», cuando precisamente los partidos de las nacionalidades y regiones, que eran federalistas, preferían los estatutos de autonomía inicialmente, para pasar al federalismo más adelante, cuando este fuera posible.

24Resolución sobre nacionalidades del XXVII Congreso del PSOE de diciembre de 1976, en A. Guerra: XXVII Congreso PSOE, Barcelona, Avance, 1977, pp. 126-128.

25B. Aymerich: «La transición al Federalismo», en Equipo Jaime Vera: La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1977, pp. 41-68.

26Ibíd., p. 50. Véase cómo defendiendo el mismo sistema el motivo que alegaba este autor era opuesto al que esgrimía José Antonio González Casanova, quien creía que el nivel de competencias en un sistema autonómico podría ser mayor que un Estado federal.

27Archivo de la Fundación Largo Caballero: Reunión de Sigüenza, Sección Partidos políticos, Fondo PSOE, 00040059-001. En Sigüenza se reunieron Felipe González, Gregorio Peces-Barba, Alfonso Guerra, Luis Gómez Llorente, Javier Solana, Enrique Múgica, Luis Fajardo, Antonio Sotillo, Pablo Castellano, Enrique Barón, Joaquín Ruiz Mendoza, Virgilio Zapatero, Francisco Ramos, Plácido Fernández Viagas y Manuel Marín, miembros del Comité Permanente y de la Comisión Constitucional del Grupo Parlamentario Socialista; con Francesc Ramos y Rodolf Guerra del Grupo Parlamentario Socialista de Catalunya, y con Miguel Satrústegui, Alfonso Ruiz Miguel, Liborio Hierro y Larry Levene, del Gabinete Técnico.

28Este socialista canario tuvo un papel protagonista en la política autonómica del PSOE durante la Transición. Como miembro del CEF, encargado de la política municipal, participó en la mencionada Reunión de Sigüenza; pero además, tal y como él mismo señala, se encargó de dirigir el Gabinete del Secretario General que debía realizar el seguimiento de la presencia socialista en las reuniones preparatorias de las preautonomías, en L. Fajardo: ¿Hacia otro modelo?, op. cit, pp. 44-45; además, a él le fueron encomendadas, junto a otros diputados catalanes y vascos, las enmiendas constitucionales relacionadas con temas autonómicos, según se señala en S. Gallego-Díaz y B. de la Cuadra: Crónica secreta…, op. cit., p. 47.

29L. Fajardo: ¿Hacia otro modelo?, op. cit., p. 52.

30Ibíd., p. 53.

31Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Se trataba de la discusión sobre el título VIII, el 14 de junio de 1978, en F. Sainz: Constitución española. Trabajos parlamentarios. V. II, Madrid, Cortes Generales, 1980, pp. 1536-1537.

32G. Peces-Barba: La Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política, Valencia, Fernando Torres, 1981, p. 33.

33Ante la enmienda sobre el derecho de autodeterminación, propuesta por el diputado de Euskadiko Ezquerra Letamendía Belzunce, los socialistas votaron en contra, como puede verse en Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Se trataba de la discusión sobre el título VIII, el 16 de junio de 1978, en F. Sainz: Constitución española. Trabajos, op. cit., pp. 1695-1696.

34Coherente con su modelo de Estado, Felipe González defendía la opción del partido y su actuación en 1978 de la siguiente manera: «Los socialistas, que tenemos acreditadas pruebas históricas de respeto y servicio a la diversidad de los pueblos de España, ni nos sentimos obligados a hacer alarde de esa convicción, ni la postergamos a otras necesidades más acuciantes, sino que, para realizarla más plenamente, más eficazmente y más duraderamente, pretendemos cargarla de racionalidades, lo que nos salvará de la demagogia», en F. González y A. Guerra: Socialismo es Libertad y Notas para una biografía, Barcelona, Galba Edicions, 1978, p. 166.

35Véase a este respecto V. Rodríguez-Flores: «PSOE, PCE e identidad», op. cit., pp. 337-339.

36G. Peces-Barba: La Constitución española, op. cit., p. 173.

37Ibíd., p. 174.

38Archivo de la Fundación Largo Caballero: Discurso de Felipe González en el XXVIII Congreso, 17 de mayo de 1979, Sección Archivos Personales, Fondo Alberto Pérez García, 004006-005, p. 25.

39Entre otros, J. Sanz: La cara secreta de la política valenciana. De la predemocràcia al estatuto de Benicàssim, Valencia, Fernando Torres-Editor, 1982; B. Sanz y J. M. Felip: La construcción política de la Comunitat Valenciana, Valencia, Alfons el Magnànim, 2006, o F. Millán: Del PSOE al PSPV. Anatomía de una escisión, Valencia, Víctor Orenga, 1991.

40F. Millán: Del PSOE al PSPV…, op. cit., p. 271. El autor era militante del PSPV (PSOE) y formaba parte del círculo íntimo de Joan Pastor, poco sensibilizado con el nacionalismo valencianista.

41J. Azagra y J. Romero: País complex: canvi social i polítiques públiques en la societat valenciana (1977-2006), Valencia, PUV, 2007, p. 170.

42J. Sanz: La cara secreta, op. cit., p. 256.

43M. Alcaraz: Cuestión nacional y autonomía valenciana, Valencia, Instituto Juan Gil-Albert, 1985, p. 171.

44Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie B: Proposiciones de Ley, 83-I, 9 de mayo de 1980, p. 324.

45Boletín Oficial de las Cortes Generales. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 98, 12 de junio de 1980, p. 6464.

46Archivo Histórico de la Universidad de Valencia: Informe para el Comité Permanente sobre la posible modificación de la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, 14 de mayo de 1980, Fons Alfons Cucó, 029, p. 4.

47Boletín Oficial de las Cortes Generales. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 93, 28 de mayo de 1980, p. 6092.

48Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: El PSOE ante la situación política, Fondo de la Biblioteca, Fc 390.

49El Socialista, 29 de julio al 4 de agosto de 1981; El Socialista, 22 al 28 de julio de 1981; El Socialista, 5 al 11 de agosto de 1981.

50El socialista, 5, sic.

51Boletín Oficial de las Cortes Generales. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 95, 30 de mayo de 1980, p. 6262.

52Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Acta y resoluciones. 29 Congreso, op. cit., p. 105.

53Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: Acta y resoluciones. 29 Congreso, op. cit., p. 107.

54Archivo de la Fundación Pablo Iglesias: El PSOE ante la situación, op. cit.