La fraudulenta reelección de Hamid Karzai agravó una avalancha de corrupción que arrasó Afganistán en 2009 y 2010. El dinero negro se extendió por todo el país. Los blanqueadores cargaban con maletas cargadas con un millón de dólares, o más, en vuelos que salían de Kabul para que empresarios y políticos corruptos pudieran esconder sus fortunas ilícitas en el extranjero. Gran parte del dinero aterrizó en el emirato de Dubái,1donde los afganos podían comprar villas de lujo en el golfo Pérsico en efectivo sin que nadie les hiciera demasiadas preguntas.
En casa, de los escombros de Kabul surgieron las mansiones conocidas como «palacios de la amapola» para albergar a los reyes del opio y los señores de la guerra.2Estas estridentes propiedades tenían granito rosa, mármol de cal, fuentes en los tejados y piscinas interiores climatizadas. Los arquitectos ocultaban pequeños bares privados en los sótanos para que los moralizantes mulás no los detectaran. Algunos palacios de la amapola se alquilaban por 12.000 dólares al mes, una suma incomprensible para los empobrecidos afganos que vivían con lo justo.
En agosto de 2010, el mayor banco privado de Afganistán se convirtió en la cloaca del fraude. Casi 1.000 millones de dólares en préstamos falsificados —el equivalente a una doceava parte de la producción económica del país ese año— desaparecieron en los bolsillos de inversores con conexiones políticas que habían gestionado el banco como un sistema piramidal. El pánico se instaló cuando ciudadanos afganos de a pie acudieron en masa a las sucursales bancarias para retirar sus ahorros.
Washington se había mostrado preocupado durante años por la influencia de la corrupción en Afganistán, pero cuando el chanchullo se convirtió en moneda corriente, los funcionarios de la administración Obama temieron que su estrategia de guerra peligrara en el peor de los momentos, con el aumento de la presencia de tropas estadounidenses en el país. En público, los funcionarios estadounidenses prometieron arrancar de raíz el problema y exigir responsabilidades a los líderes afganos.
«Voy a ser claro: no podemos hacer la vista gorda ante una corrupción que hace que los afganos pierdan la fe en sus propios líderes», declaró Obama en marzo de 2009 cuando anunció la ampliación de la guerra. «Buscaremos un nuevo pacto con el gobierno afgano para tratar con mano dura el comportamiento corrupto.»
Unos días más tarde, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: «La corrupción es un cáncer tan peligroso para el éxito a largo plazo como los talibanes o Al Qaeda».
En agosto de 2009, el general del Ejército Stanley McChrystal advirtió: «Las acciones malévolas de los agentes del poder, la corrupción generalizada y el abuso de poder [...] han dado a los afganos pocas razones para apoyar a su gobierno».3
Pero era una retórica hueca. Los funcionarios estadounidenses se echaron atrás y miraban a otro lado mientras el robo se consolidaba más que nunca. Toleraban a los peores delincuentes —políticos, señores de la guerra, narcotraficantes, contratistas de la industria de defensa— porque eran aliados de Estados Unidos. Al final llegaron a la conclusión de que limpiar la ensuciada estructura de poder de Afganistán era una misión imposible.
Al igual que la Casa Blanca de Bush, la administración Obama no se enfrentó a una realidad más angustiosa. Desde la invasión de 2001, Estados Unidos había alimentado la corrupción repartiendo enormes sumas de dinero para la protección y reconstrucción de Afganistán sin tener en cuenta las consecuencias. Surgieron oportunidades ilimitadas para el soborno y el fraude porque el gasto estadounidense en ayudas y contratos de defensa superaba con creces lo que el hambriento Afganistán podía digerir.
«La premisa básica era que la corrupción es un problema afgano y nosotros somos la solución», dijo Barnett Rubin, el asesor del Departamento de Estado, en una entrevista de Lessons Learned.4«Pero hay un ingrediente indispensable para la corrupción, el dinero, y nosotros éramos quienes lo teníamos.»
Ryan Crocker, que fue el principal diplomático de Estados Unidos en Kabul tanto con Bush como con Obama, dijo que la avalancha de contratos para apoyar a las tropas de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán prácticamente garantizaba que la extorsión, los sobornos y las comisiones ilegales echaran raíces. Y que la corrupción se extendió tanto que representaba una amenaza mayor para la misión de Estados Unidos que los propios talibanes.
«Nuestro mayor proyecto, desgraciadamente y sin quererlo, por supuesto, puede que haya sido el desarrollo de la corrupción masiva», dijo Crocker en una entrevista de Lessons Learned.5Lo llamó «la pieza fundamental del fracaso de nuestros esfuerzos». Lo fácil era culpar a los afganos de aceptar mordidas, pero los funcionarios estadounidenses también tenían las manos manchadas. Tan pronto como comenzó la guerra en 2001 adoptaron el soborno como táctica cuando les convenía. Para comprar lealtad e información, la CIA canalizó dinero en efectivo a los señores de la guerra, gobernadores, parlamentarios e incluso líderes religiosos. En una búsqueda desacertada de la estabilidad, las fuerzas armadas estadounidenses y otras agencias también fomentaron la corrupción repartiendo pagos o contratos a los indeseables agentes del poder local.
En 2002 y 2003, cuando los líderes afganos convocaron una asamblea tradicional para redactar una nueva Constitución, el gobierno de Estados Unidos entregó «bonitos paquetes»6—pilas de billetes— a los delegados que apoyaron la postura preferida por Washington en materia de derechos humanos y derechos de la mujer, según un funcionario alemán no identificado que prestó sus servicios en Kabul en aquella época. «En ese período comenzó a imponerse la percepción de que si ibas a votar por una posición que les gustaba más [a los de Washington], eras un estúpido si no recibías un paquete por hacerlo», dijo el funcionario alemán en una entrevista de Lessons Learned.7
Cuando Afganistán celebró elecciones en 2005 para elegir a los 352 miembros de su parlamento, esa percepción se había asentado. Los legisladores se dieron cuenta de que sus votos podían valer miles de dólares para los estadounidenses, incluso para leyes que estos habrían apoyado de todos modos, según el funcionario alemán.
«Alguien contaba que fulano acababa de ir a la Embajada de EE. UU. y había conseguido tanto. Entonces iba otro y decía: “Vale, ahora me toca a mí”», explicó el funcionario alemán.8«Desde el comienzo, su experiencia con la democracia fue que el dinero estaba profundamente arraigado en ella.»
En 2006, el gobierno afgano se había «autoorganizado en una cleptocracia» bajo la cual las personas en el poder podían saquear la economía sin limitaciones, según Christopher Kolenda, un coronel del Ejército que asesoró a varios comandantes estadounidenses durante la guerra.9
«Con el tiempo, la cleptocracia se fortaleció hasta el punto de que la prioridad del gobierno afgano no fue la buena gobernanza, sino el mantenimiento de esa cleptocracia», dijo Kolenda en una entrevista de Lessons Learned.10«Fue por pura ingenuidad, y quizá por descuido, que ayudamos a crear el sistema.»
Kolenda dijo que los funcionarios estadounidenses no reconocieron la amenaza letal que suponía la corrupción para su estrategia de guerra. «Me gusta utilizar una analogía con el cáncer», dijo. «La corrupción a pequeña escala es como el cáncer de piel; hay formas de tratarla y probablemente te cures. La corrupción en los ministerios, en un nivel más alto, es como el cáncer de colon; es peor, pero si lo detectas a tiempo, probablemente te cures. La cleptocracia, sin embargo, es como el cáncer de cerebro; es letal.»11
Al permitir que el tumor de la corrupción se reprodujera, Estados Unidos contribuyó a destruir la legitimidad del tambaleante gobierno afgano que estaban intentando apuntalar. Con jueces, jefes de policía y burócratas exigiendo sobornos, muchos afganos se cansaron de la democracia y recurrieron a los talibanes para imponer el orden.
En 2009, los mandos militares estadounidenses iniciaron con retraso una campaña de erradicación de la corrupción y limpieza del gobierno afgano como parte de la ampliación de la estrategia de contrainsurgencia del Pentágono. Esta reacción desanimó a muchos funcionarios civiles estadounidenses que sintieron que los mandos uniformados habían restado importancia al problema desde el inicio de la guerra. «Era como si acabaran de descubrir algo nuevo sobre los efectos perniciosos de la corrupción», dijo un antiguo miembro no identificado del Consejo de Seguridad Nacional en una entrevista de Lessons Learned.12Durante años, «la gente sobre el terreno se quejaba de las concesiones que hacían los militares al trabajar con los actores corruptos, pero se les hacía callar».
El gobierno de Estados Unidos reclutó a un pequeño ejército de abogados, asesores, investigadores y auditores anticorrupción para ir a Kabul. Lo que encontraron los abrumó.
El mayor generador de corrupción era la desbocada cadena de suministro de los militares estadounidenses. El Pentágono pagaba a contratistas afganos extranjeros para que llevaran cada mes a la zona de guerra entre 6.000 y 8.000 camiones llenos de combustible, agua, munición, alimentos y otros suministros.13Los gastos de transporte eran exorbitados. La mayoría de los convoyes tenía que recorrer los cerca de 1.500 kilómetros que separaban el puerto marítimo más cercano, en Karachi, Pakistán, de Torkham, el principal cruce fronterizo del Paso del Jáiber. Después tenían que atravesar las áreas de territorio afgano hostil para llegar a las bases estadounidenses repartidas por todo el país.
Un convoy de 300 camiones necesitaba una media de 500 guardias armados como protección básica.14Además, las empresas de transporte pagaban generosos sobornos a los señores de la guerra, a los jefes de policía y a los comandantes talibanes para garantizar un paso seguro por su territorio. Un informe del Congreso de 2010 calificó el sistema de «inmenso chanchullo de protección» financiado por los contribuyentes estadounidenses. Gert Berthold, un contable judicial que sirvió en un grupo de trabajo militar en Afganistán entre 2010 y 2012, participó en el análisis de 3.000 contratos del Departamento de Defensa por valor de 106.000 millones de dólares para determinar quiénes eran los beneficiarios. El grupo de trabajo concluyó que alrededor del 18 % del dinero iba a parar a los talibanes y otros grupos insurgentes.15«Y a menudo era un porcentaje mayor», dijo Berthold en una entrevista de Lessons Learned.16«Hablamos con muchos ex ministros [afganos] y nos dijeron: “Estáis contando por lo bajo”.»
El grupo de trabajo estimó que los funcionarios afganos corruptos y las organizaciones criminales se llevaron otro 15 %.17Berthold dijo que las pruebas eran tan incriminatorias que pocos funcionarios estadounidenses querían oír hablar de ellas. «Nadie quería rendir cuentas», dijo. «Si vas a luchar contra la corrupción, alguien tiene que asumirla. [...] Nadie está dispuesto a asumirla.»
Thomas Creal, otro contable judicial del grupo de trabajo militar, dijo que las agencias estadounidenses dudaron en tomar medidas por diferentes razones. La CIA no quería enemistarse con los contratistas afganos ni con los hombres fuertes que estaban en la nómina de la agencia de espionaje. Los mandos militares tenían sentimientos encontrados a la hora de buscar pelea con los aliados afganos corruptos.
Creal dijo que llevó casos a la Embajada de Estados Unidos en Kabul para ver si el Departamento de Justicia podía iniciar procedimientos judiciales civiles para incautar los activos de los contratistas de defensa corruptos, pero rara vez se tomaron medidas. «Cuando teníamos la visibilidad de los flujos de dinero, la pregunta era: ¿qué hacemos ahora?», dijo en una entrevista de Lessons Learned. «Los políticos se iban a interponer.»18
Incluso los intentos de imponer castigos leves a los implicados topaban con reticencias. Un año, durante el primer mandato de Obama, los diplomáticos elaboraron una lista negra de «villanos afganos » y propusieron quitarlos de la lista de invitados a la fiesta anual del 4 de julio en la Embajada de EE. UU. Algunos funcionarios se opusieron. Siempre había «un motivo por el que no se podía incluir a alguien en la lista», dijo un funcionario estadounidense no identificado en una entrevista de Lessons Learned.19Al final, la Embajada solo excluyó de la fiesta a una persona. «Era demasiado tarde, el sistema estaba demasiado arraigado», dijo un alto diplomático estadounidense no identificado en otra entrevista de Lessons Learned.20
En enero de 2010, agentes anticorrupción afganos formados por Estados Unidos hicieron una redada en la sede de la New Ansari Money Exchange, una de las mayores instituciones financieras del país, y se llevaron decenas de miles de documentos.
Las autoridades estadounidenses sospechaban que la red con conexiones políticas blanqueaba dinero para narcotraficantes e insurgentes transportando montones de dinero en efectivo a Dubái y otros destinos extranjeros. Los investigadores calcularon que los mensajeros de New Ansari sacaron del país hasta 2.780 millones de dólares entre 2007 y 2010. Según el teniente general del Ejército Michael Flynn, jefe de la inteligencia militar de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán en ese momento, las fuerzas estadounidenses desempeñaron un papel fundamental en la redada y examinaron minuciosamente los documentos y datos incautados.
«Fuimos literalmente allí, rodeamos el banco y no hubo ningún enfrentamiento. Tomamos todos los datos», dijo Flynn en 2015 en una entrevista de Lessons Learned.21«Fue increíble. Me pareció un éxito enorme. Llevamos a cabo la redada y en tres días aprovechamos muchos datos. Con mucha calma trajimos como a cuarenta y cinco personas de todo el país.»
«New Ansari era increíblemente corrupta», dijo. «Tenían doble contabilidad y nos estaban robando a manos llenas.»22
Los funcionarios estadounidenses supusieron que el enorme cúmulo de pruebas incriminatorias daría lugar a enjuiciamientos, pero la investigación criminal afgana pronto se topó con un muro. «¿Rindió alguien cuentas?» preguntó Flynn.23«No, nadie rindió cuentas.»24
Ese muro estaba dentro del propio palacio presidencial.
Meses después de la redada, los investigadores grabaron una conversación en la que un alto asesor de Karzai supuestamente accedía a bloquear la investigación de New Ansari a cambio de una mordida. Las fuerzas del orden afganas detuvieron al asesor, Mohammad Zia Salehi, en julio de 2010. Sin embargo, a las pocas horas, Karzai intervino personalmente y ordenó la puesta en libertad de Salehi alegando que los investigadores se habían extralimitado en sus funciones. Posteriormente, el gobierno afgano retiró todos los cargos. Una vez más, la administración Obama se echó atrás mientras la campaña anticorrupción impulsada por Estados Unidos se tambaleaba.
«El punto de inflexión fue el caso Salehi», dijo un funcionario anónimo del Departamento de Justicia, destinado en Kabul en aquella época, en una entrevista de Lessons Learned.25Explicó que la detención había provocado «la reacción de un avispón» por parte del palacio presidencial, que ordenó a los agentes de las fuerzas del orden afganas que dejaran de cooperar con los estadounidenses. Gert Berthold, el contable judicial, añadió: «Después de Salehi parecía que el interés y el entusiasmo se habían desvanecido».26
El presidente afgano planteaba un problema aún mayor. Karzai estaba resentido por la ofensiva anticorrupción de Estados Unidos y la veía como una intromisión extranjera. Tras su lucha por la reelección, no estaba de humor para apaciguar a los estadounidenses. El fiscal general afgano, nombrado por Karzai, bloqueó numerosas investigaciones públicas sobre corrupción. Varios funcionarios estadounidenses pusieron el grito en el cielo y dijeron que había llegado el momento de ajustar cuentas. Otros argumentaron que era más importante ablandar a Karzai y conservar su menguante apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos y la OTAN.
El coronel Kolenda dijo que algunos funcionarios de la administración Obama consideraban la corrupción como algo «molesto»27y menos preocupante que la necesidad de reforzar las fuerzas de seguridad afganas y diezmar a los talibanes. Pero poco después de la captura y liberación de Salehi, un escándalo aún mayor puso a prueba la postura dudosa de la administración Obama sobre la corrupción.
Un día de ese verano, un jugador de póquer de talla mundial llamado Sherkhan Farnood brindó una visita clandestina a la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Más allá de su talento para el juego, Farnood era el presidente del Kabul Bank, la mayor institución financiera privada del país. Este hombre de 49 años había creado la entidad seis años antes, cuando Afganistán era un páramo bancario y carecía de prestamistas regulados.
El Kabul Bank creció rápidamente gracias a una brillante campaña de marketing. En vez de pagar intereses, el banco repartía billetes de lotería. Los clientes que depositaban 100 dólares recibían una oportunidad única de ganar premios que iban desde lavadoras hasta coches y apartamentos. La rifa mensual se convirtió en un éxito sin precedentes y el Kabul Bank abrió sucursales en todo Afganistán.
El negocio bancario convirtió a Farnood en un magnate. Derrochó en propiedades inmobiliarias en Dubái, adquirió una aerolínea privada afgana y se convirtió en un asiduo de los casinos de Las Vegas, Londres y Macao. «Lo que hago no es correcto, no es exactamente lo que debería hacer. Pero esto es Afganistán», se jactó una vez ante un periodista de The Washington Post.28
Pero cuando Farnood entró en el recinto de la Embajada de Estados Unidos aquel día del mes de julio de 2010, llevaba consigo un alijo de documentos que revelaban que el Kabul Bank era un castillo de naipes a punto de desmoronarse.29Unos cuantos accionistas de la empresa —Farnood entre ellos— se habían prestado a sí mismos cientos de millones de dólares a costa de los depósitos de sus clientes, cegados por la lotería.30La mayor parte del dinero había desaparecido y el banco estaba a punto de quebrar. Farnood se había visto envuelto en una lucha de poder con los copropietarios del banco.31Dijo a los diplomáticos estadounidenses que quería denunciar toda la operación.
Los funcionarios estadounidenses entraron en pánico ante las revelaciones de Sherkhan Farnood. Si el banco quebraba, las pérdidas podrían hacer zozobrar el sistema financiero afgano y provocar una revuelta popular, ya que el Kabul Bank, que ejercía de agente pagador de las nóminas del gobierno afgano,32gestionaba las cuentas de 250.000 soldados, policías y funcionarios. Mucha gente podía perder todos sus ahorros.
También existía el riesgo de un derrumbe político. Los documentos de Farnood ponían de relieve hasta qué punto la familia Karzai y otras élites afganas estaban profundamente vinculadas a las operaciones y la estructura de propiedad del Kabul Bank.
El tercer mayor accionista del Kabul Bank era Mahmoud Karzai, el hermano mayor del presidente.33Otro accionista importante era Haseen Fahim, hermano del general Mohammed Fahim Khan, señor de la guerra tayiko y compañero de fórmula de Karzai en las elecciones presidenciales.34
Farnood acusó a ambos de conspirar con él para saquear los activos del banco. Además, afirmó que el banco había desembolsado veinte millones de dólares para la campaña de reelección de Karzai.
«En una escala del uno al diez, fue un veinte», dijo un alto funcionario no identificado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una entrevista de Lessons Learned.35«Tenía elementos que eran de novela de espías, había conexiones entre la gente que poseía el Kabul Bank y los que dirigen el país.»
En pocas semanas, Farnood y el director general del Kabul Bank se vieron obligados a dimitir. Las noticias que ponían en duda la solvencia de la empresa provocaron un aluvión de personas hacia el banco. Decenas de miles de afganos acudieron a las sucursales para rescatar sus ahorros.
El presidente Karzai ofreció una rueda de prensa e intentó mitigar el pánico. Declaró que su gobierno garantizaría la totalidad de los depósitos del Kabul Bank cuando el banco central asumiera el control de sus operaciones. Sin embargo, lo que el gobierno hizo entre bastidores fue salir en desbandada a buscar dinero para cumplir la promesa de Karzai. Los funcionarios afganos hicieron gestiones de emergencia para enviar por avión 300 millones en divisa estadounidense desde un banco alemán en Frankfurt para aliviar la crisis.36
Al principio, tanto en público como en privado, la administración Obama se apoyó en Karzai para investigar a fondo el escándalo del Kabul Bank, y lo hizo no solo para recuperar el dinero robado, sino también para demostrar al pueblo afgano que nadie estaba por encima de la ley. Los funcionarios estadounidenses consideraron el episodio un momento crucial en la campaña anticorrupción y en la propia guerra.
«Había millones de cosas que intentábamos hacer, y todas dependían de que el régimen de Karzai fuera un socio eficaz», dijo en una entrevista de Lessons Learned un ex alto funcionario estadounidense no identificado.37«Pero si se permitía que aquello [el escándalo del Kabul Bank] continuara, ¿significaba que lo demás era irrelevante? Había mucha rabia e indignación personal. Sentir que no podíamos hacer nada.»
El escándalo también avergonzó al gobierno estadounidense. Había desplegado legiones de asesores y consultores financieros en Kabul para ayudar a los funcionarios bancarios afganos a regular su incipiente industria financiera, pero pasó por alto el gigantesco esquema Ponzi que se desarrollaba en sus propias narices.
Era difícil no darse cuenta de las señales de alarma. En octubre de 2009, la Embajada de Estados Unidos envió un cable al Departamento de Estado para informar de que los repartidores de efectivo estaban transportando grandes sumas de dinero a Dubái con la aerolínea de Farnood. Las agencias de espionaje estadounidenses sabían de las actividades ilícitas en el seno del Kabul Bank aproximadamente un año antes del colapso, según explicó en una entrevista de Lessons Learned un alto funcionario estadounidense no identificado.38Según contó, los funcionarios de inteligencia estadounidenses habían rastreado los flujos de dinero del banco hacia los talibanes y otros insurgentes, y habían compartido la información con sus homólogos de los servicios de información afganos. Pero ninguna de las agencias de inteligencia alertó a las fuerzas del orden39«porque no estaba en su mandato», añadió el funcionario.40
En febrero de 2010, los funcionarios estadounidenses y afganos se dieron cuenta de la necesidad de actuar después de que The Washington Post publicara su entrevista con Farnood en un reportaje sobre las sospechosas operaciones del banco. Las conclusiones del artículo conmocionaron a Abdul Qadeer Fitrat, gobernador del banco central de Afganistán.41Como los organismos reguladores afganos tenían un poder y unos recursos limitados, Fitrat pidió a los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realizaran una auditoría judicial del Kabul Bank.
Los estadounidenses dijeron que necesitaban que Karzai aprobara la petición, pero este se negó durante meses a reunirse con el gobernador del banco central para discutir el asunto alegando que estaba demasiado ocupado.42Cuando el presidente afgano aceptó la auditoría, ya era demasiado tarde.
El gobierno de Estados Unidos no se percató del alcance del fraude del Kabul Bank a pesar de haber contratado a numerosos consultores del sector privado para incorporarlos como asesores en el banco central de Afganistán.
Un segundo funcionario anónimo del Departamento del Tesoro dijo que, poco después de llegar a Afganistán en el verano de 2010, se reunió con un ciudadano estadounidense que había trabajado contratado por el banco central durante al menos tres años. El funcionario del Tesoro quería recabar más información sobre el Kabul Bank. Ninguno de los dos tenía la menor idea de que la entidad estaba al borde de la quiebra.43
«Tuvimos una conversación de una hora», dijo este segundo funcionario en una entrevista de Lessons Learned. «Le pregunté: ¿crees que es un banco financieramente sólido? Me contestó que sí. Y, literalmente, treinta días después, el castillo de naipes se vino abajo. Fue uno de los mayores fracasos de mi carrera. Un banco de mil millones de dólares se había derrumbado y el asesor de Estados Unidos me había jurado que era financieramente sólido.»44
La absorción del banco por parte del gobierno afgano desencadenó una guerra de recriminaciones entre los reguladores y los inversores de la empresa, los cuales tenían conexiones políticas. Las reuniones para desentrañar las finanzas del banco subieron de tono y los participantes llegaron a lanzarse platos y sillas. Fitrat, el gobernador del banco central, dijo que su oficina tuvo que dejar de servir té caliente para que los beligerantes no se escaldaran unos a otros.45
En abril de 2011, Fitrat declaró ante el parlamento afgano que los préstamos dudosos del Kabul Bank ascendían a casi mil millones de dólares. Afirmó que muchos legisladores y funcionarios del ejecutivo habían recibido pagos cuestionables del banco, pero que los funcionarios afganos encargados de hacer cumplir la ley se habían negado a perseguirlos. También anunció que el banco central intentaría congelar los activos de los accionistas del Kabul Bank.
Los agentes del poder afgano se rebelaron ante los intentos de recuperar el dinero desaparecido. Dos meses después, temiendo por su vida, Fitrat huyó a Estados Unidos. En sus memorias escribió que Afganistán era «rehén de un grupo de políticos controlados por la mafia que saqueaban la valiosa ayuda internacional destinada a mejorar la vida de la población».46
Durante aproximadamente un año después de que el escándalo se hiciera público, la Embajada de Estados Unidos en Kabul, dirigida por Karl Eikenberry, dio prioridad al caso y presionó a Karzai para que tomara medidas, según explicaron tres ex funcionarios estadounidenses en entrevistas de Lessons Learned. Pero dijeron que la embajada dio marcha atrás después de que Ryan Crocker sustituyera a Eikenberry en julio de 2011.
«Fue un caso de estudio de lo frágil y precaria que puede ser la política de Estados Unidos. Toda nuestra política cambió, literalmente, de la noche a la mañana», dijo el segundo funcionario del Departamento del Tesoro.47«La actitud de Crocker fue hacer desaparecer el tema, enterrarlo lo más hondo posible y silenciar cualquier voz que, desde dentro de la embajada, quisiera convertirlo en un problema.»
Crocker, el general David Petraeus y otros funcionarios de la administración Obama no querían arriesgarse a ofender aún más a Karzai porque necesitaban su apoyo en el momento álgido de la oleada de 100.000 soldados estadounidenses en el país. Crocker y sus aliados tampoco querían que el Congreso o los donantes internacionales utilizaran el escándalo bancario como excusa para cortar las ayudas a Kabul.
«Estados Unidos empezó a aflojar la presión debido al cambio en la dirección de la embajada», dijo un ex funcionario no identificado del Fondo Monetario Internacional en una entrevista de Lessons Learned. «Vi cómo cambiaron las tornas cuando la situación se puso difícil.»48
En una entrevista de Lessons Learned, Crocker dijo que estaba de acuerdo en que la corrupción era un enorme problema que había saboteado la guerra. Pero cuando se produjo el escándalo del Kabul Bank, dijo que ya era demasiado tarde. También se mostró comprensivo con el argumento contrario del presidente afgano, que repartió la culpa de la ola de corrupción de forma más amplia.49
«Me llamó la atención algo que Karzai dijo y repitió varias veces durante mi mandato, y es que Occidente, liderado por Estados Unidos, en su clara opinión, tenía una importante responsabilidad en todo el tema de la corrupción», dijo Crocker.50
Después de que Karzai dejara el cargo en 2014, su sucesor, Ashraf Ghani, reabrió una investigación sobre el escándalo del Kabul Bank. En ella se descubrió que aún no habían sido devueltos 633 millones de dólares en préstamos indebidos.
Farnood, el fundador del banco y tahúr del póker, fue condenado a quince años. Murió en prisión en 2018.
Pocos más se enfrentaron a la justicia. La sentencia para el director general también fue de quince años, pero la condena se hizo cumplir con poco rigor; el gobierno le permitió salir de la cárcel a diario para ocuparse de un gran proyecto de inversión inmobiliaria. Otros nueve acusados pagaron multas o cumplieron menos de un año de cárcel.